Indemnizaciones laborales: el lapso trabajado por los agentes como contratados ha constituido un término excesivamente prolongado

Partes: Guzmán Sonia Alejandra y otros c/ Municipalidad de La Plata y otro s/ despido

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 11-jul-2018

Cita: MJ-JU-M-113239-AR | MJJ113239 | MJJ113239

Se admite el reclamo indemnizatorio pues el lapso trabajado por los agentes en calidad de contratados ha constituido un término excesivamente prolongado, que refleja a las claras un desvío de poder por parte de la autoridad municipal.

Sumario:

1.-Corresponde casar parcialmente el pronunciamiento y admitir el reclamo indemnizatorio con sustento en el derecho público y administrativo local de aplicación, pues el lapso trabajado por los agentes en calidad de contratados ha constituido un término excesivamente prolongado, que refleja a las claras un desvío de poder por parte de la autoridad municipal, manteniendo a los agentes en una alongada situación de inestabilidad, mientras ejercían funciones administrativas comunes, vulnerando así, la garantía contenida en el art. 14 nuevo de la CN. y en los arts. 39 inc. 3 y 103 inc. 12 de la Constitución Provincial. (Del voto del Dr. de Lázzari, al que adhieren los Dres. Pettigiani, Negri y Kogan – mayoría).

2.-Si se entiende por personal transitorio o no permanente el que será destinado exclusivamente a la ejecución de servicios, explotaciones, obras o tareas de carácter temporario, eventual o estacional, que no puedan ser realizados por personal permanente, no debiendo cumplir tareas distintas a las asignadas, una duración prolongada del vínculo de empleo evidencia una irrazonable dilación que no se corresponde con la naturaleza temporal o no permanente asignada. (Del voto del Dr. de Lázzari, al que adhieren los Dres. Pettigiani, Negri y Kogan – mayoría).

3.-Debe revocarse parcialmente el fallo por vulnerar el principio de congruencia, debiendo declararse operado el cese de la vinculación con motivo del vencimiento de los respectivos contratos de locación de servicios, conforme la alegación contenida en la demanda y lo reconocido por las accionadas en sus respectivos respondes; ello, pues no fue un hecho controvertido que los contratos temporarios celebrados fenecieron en la fecha indicada, sino que la cuestión que quedó sujeta a discusión fue si la extinción de los respectivos vínculos era o no generadora de derecho a indemnización, reparación que los actores procuraron al amparo de la legislación laboral, cuya inaplicabilidad al caso de autos fue -a la postre- declarada por el órgano de grado. (Del voto del Dr. de Lázzari, al que adhieren los Dres. Pettigiani, Negri y Kogan – mayoría).

4.-El peculiar desarrollo del vínculo habido con los actores revela una aplicación desviada de las normas que habilitaban la contratación, en tanto se verificó una desavenencia entre la finalidad inspiradora de las designaciones (por las que se mantuvo a los agentes en una prolongada situación de inestabilidad) y la naturaleza transitoria que presupone la figura jurídica empleada por la entidad municipal, merced a la cual podía incorporar empleados por fuera de sus cuadros estables. (Del voto del Dr. de Lázzari, al que adhieren los Dres. Pettigiani, Negri y Kogan – mayoría)

5.-Debe rechazarse el recurso incoado, pues la pretensión por la cual se procura la reparación de la extinción contractual con sustento en la aplicación analógica de normas del derecho público local -a partir de la doctrina legal de este Tribunal y de los fallos de la Corte nacional-, pese a haberse definido en la sentencia impugnada la existencia de desviación de poder, importa una articulación por demás novedosa y extemporánea. (Del voto del Dr. Genoud, al que adhiere el Dr. Soria – disidencia)

Fallo:

En la ciudad de La Plata, a 11 de julio de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Pettigiani, Negri, Genoud, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 118.035, “Guzmán, Sonia Alejandra y otros contra Municipalidad de La Plata y otro. Despido”.

ANTECEDENTES

El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la demanda incoada, imponiendo las costas a los actores (v. fs. 1.135/1.151 vta.).

Se dedujo, por el letrado apoderado de estos últimos, con patrocinio letrado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.192/1.220 vta.).

Dictada la providencia de autos -llamamiento que fuera suspendido a fs. 1.249 por pedido del letrado apoderado de los accionantes y reanudado a fs. 1.303- y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

CUESTIÓN

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

VOTACIÓN

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

I. El tribunal de grado rechazó la acción entablada por Sonia Alejandra Guzmán, María Alejandra Higuera, Romina Gisel Martini, Dardo Raúl Ocampo, Ana Verónica Pane, Esteban Gabriel Ricci, Ana Romina Rojo, Héctor Marcelo Urquiza, María Inés Yamul y Alexis Joel Yeoman contra el Banco Municipal de La Plata (Ente Descentralizado Municipal y Autárquico) y la Municipalidad de La Plata, mediante la cual procuraban el cobro de indemnizaciones por despido y sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido, sanción contemplada en el art. 9 de la ley 24.013 (en subsidio, el recargo establecido en el art. 1 de la ley 25.323), rubros previstos en los arts.2 de la citada ley 25.323 y 16 de la ley 25.561, y la parte proporcional de la gratificación extraordinaria abonada anualmente.

Para así decidir, consideró que los demandantes estuvieron vinculados con el referido banco comunal mediante sucesivas contrataciones temporarias: algunos comenzaron como “personal eventual jornalizado” y luego continuaron como “personal contratado” mediante respectivos contratos de locación de servicios, y otros iniciaron su vínculo a través de esta última modalidad. Ello, hasta que el día 1 de julio de 2003, cuando tras disponerse la disolución y reestructuración de los activos y pasivos de la entidad bancaria accionada, y firmado entre ésta y el Banco de la Provincia de Buenos Aires un acuerdo marco con fecha 7 de abril de 2003, los actores continuaron prestando servicios para esta última institución.

En consecuencia, en virtud de la “continuidad laboral” que el tribunal a quo tuvo por verificada a partir de esas circunstancias y en vista a que la relación era de naturaleza jurídica pública, consideró que la pretensión por despido debía ser desestimada, al igual que el reclamo por diferencias salariales.

II. Contra el pronunciamiento de mérito se alza el letrado apoderado de los actores, con patrocinio letrado, denunciando absurdo y violación de la ley 10.149 y los arts. 163 inc. 5, 165 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. “d”, 47 y 48 de la ley 11.653; 9 inc. “b” y 24 de la ley 11.757; 12, 243, 245 y 247 de la Ley de Contrato de Trabajo; 16, 874 y 1.198 del Código Civil; 39 de la Constitución provincial; 14 bis y 18 de la Constitución nacional y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Asimismo, invoca infracción a la doctrina legal emergente de las causas A. 69.913, “Villafañe”, sent. de 13-XI-2012 y B. 64.315, “Carrizo”, sent. de 13-XI-2012, y a la jurisprudencia de la Corte Nacional (causas “Ramos”, Fallos: 333:311 , “Cerigliano”, Fallos:334:398 , y G.617.XLVI, “Gónzalez”, sent. de 8-X-2013).

Plantea los siguientes agravios:

II.1. Alega que el tribunal de la instancia de grado transgredió el principio de congruencia.

Sostiene que una de las conclusiones centrales del pronunciamiento consiste en calificar al proceso de ruptura del vínculo que unió a los actores con el Banco Municipal y el ingreso de éstos al Banco de la Provincia de Buenos Aires como una hipótesis de “continuidad laboral”, derivada de un “acto voluntario” de los trabajadores, que no genera derecho a indemnización alguna.

Indica que esa definición es equivocada, habiendo incurrido el juzgador en un palmario apartamiento de las reglas de la lógica y de la valoración racional de la evidencia, así como en una indebida calificación jurídica. También señala que la decisión configura una violación de la garantía de protección contra el despido arbitrario (arts. 14 bis, Const. nac.; 245 y 247, LCT y 24, ley 11.757), que impone -con fundamento en los fallos de la Corte nacional supra citados- indemnizar a los agentes municipales cuando la relación laboral es mantenida durante años en estado de precariedad y súbitamente extinguida sin derecho a reincorporación por la desaparición de los cargos respectivos.

Aduce que la conclusión impugnada se basa en dos yerros netamente jurídicos cometidos por el sentenciante de origen.

En primer lugar, argumenta que el tema de la “continuidad laboral” no fue articulado por los accionados al contestar la demanda, por lo que la decisión resulta lesiva del principio de congruencia y de la garantía de defensa en juicio.

En segundo término, afirma que en la hipótesis de considerarse que esa postulación fue introducida en los escritos de responde, su alegación resulta tardía por imperio del principio de invariabilidad que emana del art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo.

II.1.a.Con relación al primero de los planteos que formula, manifiesta que el tema no integró la estrategia defensiva de la parte demandada y, por ende, no pudo ser tenido en cuenta para resolver el litigio.

Asevera que la línea argumental de las accionadas se estructuró sobre la premisa de que los actores eran empleados de planta temporaria, que aceptaron un régimen carente de estabilidad y que, en consecuencia, no tienen derecho a indemnización alguna. Asimismo, sostiene que en los respectivos respondes se aludió a la contratación sobreviniente de los reclamantes como empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, mas -arguye- dicha alegación no importó introducir el supuesto de la “continuidad laboral”.

Concluye que la declaración del tribunal de grado resulta sorpresiva, pues tal continuidad con una persona jurídica distinta no se verificó en el caso, por lo que la decisión lesiona el postulado de la congruencia y la garantía de defensa en juicio, así como la doctrina legal que cita a fs. 1.201 vta.

También refiere que la Corte nacional se ha pronunciado respecto del fundamento constitucional del principio de congruencia, en cuanto éste “se vincula con la garantía de defensa en juicio, ya que como regla el pronunciamiento judicial que desconoce o acuerda derechos no debatidos es incompatible con las garantías constitucionales, pues el juzgador no puede convertirse en la voluntad implícita de una de las partes, sin alterar el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria (Fallos: 327:1607 [2004]).” (fs. 1.202).

Finalmente, sostiene que la conclusión atacada tampoco es fruto de la utilización del iura novit curia, puesto que su aplicación encuentra como límite el postulado de la congruencia, de raigambre constitucional, en cuanto invalida toda decisión que altere la causa petendi o introduzca planteos o defensas no articuladas.

II.1.b. Concerniente al segundo argumento (violación del art.243, LCT), afirma que, para el supuesto de considerarse que el planteo sobre la “continuidad laboral” fue introducido en las contestaciones de demanda, la alegación también resultaría tardía.

Se apoya en esta premisa porque, en lo esencial, entiende que, en el intercambio epistolar, al contestarse la intimación de los actores, se aludió al hecho de que el contrato de locación de servicios se extinguió con fecha 30 de junio de 2003 y, asimismo, que esa circunstancia traía aparejada la ausencia de indemnización por la ruptura.

Postula que, de interpretarse que las demandadas expusieron un planteo más amplio que el mero vencimiento del plazo contractual, la defensa sería sustancialmente distinta a lo que se expresara en el circuito telegráfico, variando sorpresivamente la causa de la extinción laboral y apartándose de lo normado en el citado art. 243.

II.2. Para el supuesto de no receptarse los cuestionamientos esgrimidos supra, continúa el desarrollo de la réplica denunciando que resulta absurda la conclusión con arreglo a la cual se estableció la existencia de “continuidad laboral”. Ello por cuanto alega que tal definición conduce a sostener, por un lado, que la relación nunca cesó y, por el otro, que los actores continuaron trabajando para el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las mismas condiciones en que lo hacían para el Banco Municipal.

II.2.a. En lo relativo a la ruptura del vínculo de los actores con la entidad bancaria comunal, plantea que esa circunstancia está acreditada en la causa.

Por ello, a su juicio, la declaración del a quo mediante la cual afirma que “resulta imposible afirmar que la relación existente llegó a su fin (v. fs. 1.149).” es palmariamente absurda (v. rec., fs.1.205).

El hecho concerniente a que la extinción del contrato que unía a los actores con el Banco Municipal concluyó el 30 de junio de 2003 por vencimiento del plazo fijado constituye una circunstancia no controvertida, reconocida por las demandadas desde el intercambio telegráfico.

Denuncia, por otro lado, que la decisión también vulnera los arts. 354, 358 y 423 del Código Procesal Civil y Comercial, que regulan sobre la admisión de los hechos alegados. Ello así, puesto que sostiene que más allá de la eficacia probatoria del circuito epistolar, las accionadas reconocieron expres amente el cese de la relación producido por el vencimiento de los contratos de locación de servicios en la fecha indicada precedentemente. A tal fin, cita un pasaje de la contestación de la demanda efectuada por el Banco Municipal (v. rec., fs. 1.205 vta./1.206).

En este orden, con mención de doctrina legal de esta Corte refiere que el sentenciante de grado prescindió de un elemento de juicio esencial o decisivo para definir la suerte de la litis.

II.2.b. En cuanto a la “continuidad” de los servicios a favor del Banco de la Provincia de Buenos Aires, alega que también esa definición es absurda, ya que -afirma- tal premisa indica el mantenimiento de una relación sin solución de continuidad, cuando -en rigor- se trató de una contratación ex novo por parte de aquél.

Argumenta que ello surge del acuerdo marco celebrado entre el Banco Municipal de La Plata y la Municipalidad de La Plata con la mencionada institución bancaria, a cuyo fin transcribe fragmentos de dicho convenio (v. fs. 1.206 vta./1.207).

Remarca la idea de que la contratación de los actores fue ex novo, “ajena a toda noción de continuidad en términos jurídicos, es decir, que se encontraba ausente toda decisión de transferir la relación de empleo (laboral o de empleo público) anterior” (fs.1.207).

A su modo de ver, está claro que cualquier invocación de “continuidad” importaría un apartamiento notable de las condiciones expresamente asumidas por las demandadas en el citado acuerdo. Ello vulneraría la doctrina de los actos propios, que encuentra fundamento en el principio de la buena fe, y resulta aplicable respecto del Estado, con la sola exigencia de que se explique en que consiste la ilicitud de la conducta fiscal anterior.

Plantea que ningún elemento de prueba permite afirmar que exista -en el caso- “continuidad” de tipo material o económica, ni tampoco que se hayan mantenido igualdad de condiciones laborales o que se hayan preservado los mismos puestos de trabajo y la misma remuneración. Por el contrario, afirma que del oficio contestado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires surge que a los actores, que ingresaron como personal de planta permanente y bajo un régimen estatutario distinto, no se les reconoció la antigüedad.

Entiende que el a quo confundió la noción jurídica de “continuidad” con el concepto político o gremial, puesto que -en rigor de verdad- la prestación de servicios por parte de los actores a favor de la nueva entidad bancaria no importó la transferencia de los contratos de trabajo (aspecto jurídico), sino la preservación de las fuentes de trabajo (plano político o gremial) tras el cierre del Banco Municipal de La Plata.

II.3. Agrega que la definición del tribunal por conducto de la cual postula que la “continuidad” laboral contó con la conformidad de los actores, quienes tuvieron la opción de continuar en la referida institución o en la entidad de la Provincia, está teñida de absurdo.

Aduce que no constituye un hecho controvertido que los accionantes accedieron voluntariamente a comenzar a prestar tareas para el Banco de la Provincia de Buenos Aires, pues efectivamente se les ofreció una nueva fuente laboral, que aceptaron.Sin embargo, esa circunstancia no implicó renuncia a ningún derecho.

Argumenta que teniendo en cuenta que el Banco Municipal fue disuelto, su estructura residual no podía albergar a todos los empleados cuyos cargos fueron suprimidos y, por ende, los actores pasaron a prestar funciones ex novo en otro banco. No obstante, alega, en ningún momento renunciaron a sus puestos de trabajo, ni a los derechos derivados de la extinción del vínculo con la entidad bancaria de la comuna.

En este contexto, alega que la conclusión es violatoria del art. 874 del anterior Código Civil, que prohíbe presumir la intención de renunciar. Más aún, asegura, cuando se trata de derechos de índole laboral, cuya renuncia requiere homologación ante la autoridad competente.

Imputa al tribunal haber incurrido en una confusión acerca de lo que cabe denominar “opción”. En concreto, considera que los actores decidieron dónde ir a trabajar luego de haber perdido su empleo. De allí que, reitera, es absurda la conclusión con arreglo a la cual el tribunal postula la aplicabilidad de la opción.

II.4. Luego, sostiene que habiendo quedado acreditado que el vínculo que unía a los actores con el Banco Municipal se extinguió por vencimiento del plazo contractual, éstos tienen derecho a ser indemnizados acudiendo analógicamente a las normas de la Ley de Contrato de Trabajo o al régimen indemnizatorio especial de derecho administrativo por reestructuración o supresión de los cargos (arts. 24, ley 11.757 y 10 y 30, inc. “b”, ley 10.430).

En este orden, plantea que el pronunciamiento de grado quebranta la doctrina legal de las causas “Villafañe” y “Carrizo”, y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Ramos”, “Cerigliano” y “González”. También invoca violadas las garantías de estabilidad y protección contra el despido arbitrario (art. 14 bis, Const.nac.).

En virtud del criterio judicial sentado en los casos señalados, el tribunal no pudo desestimar la demanda como derivación automática de la conclusión relativa a la naturaleza pública de la relación de empleo, pues debió reconocer alguna forma de indemnización por aplicación de normas análogas.

Seguidamente, desarrolla el contenido de los fallos dictados por la Corte nacional (v. fs. 1.213/1.215 vta.), explicando -en concreto- que frente al “desvío de poder” del Estado, configurado por la renovación sucesiva de contratos por tiempo determinado con el objeto de encubrir vinculaciones de carácter permanente, corresponde a los empleados una indemnización por la ruptura de la relación aplicando el régimen análogo vigente en el derecho administrativo específico.

A continuación, manifiesta que en los pronunciamientos recaídos en “Villafañe” y “Carrizo”, esta Suprema Corte decidió en similar sentido con relación a empleados contratados por el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 1.214 vta.).

En el caso, insiste en que mal pudo resolver el a quo del modo en que lo hizo, teniendo en cuenta que tuvo por acreditado el desvío de poder, por lo que en este punto -precisa- la sentencia contiene un nuevo yerro jurídico que debe ser corregido.

II.5. Por último, censura la decisión que condujo al rechazo de la demanda por diferencias salariales.

Alega que dicho rubro se reclamó en razón del pago indebido de las remuneraciones mensuales, motivado en la errónea registración de la fecha de ingreso de los accionantes.

Asegura que la primera fase de la relación durante la cual los actores se desempeñaron como verificadores, realizando tareas de pago a jubilados y otras de índole administrativa, no fue registrada por el Banco Municipal a los fines del cómputo de la antigüedad.De ello se derivó un perjuicio evidente, toda vez que no se abonó correctamente la bonificación de marras.

Refiere que el fallo es contradictorio en cuanto determina la real fecha de ingreso de los accionantes y desestima el reclamo por diferencias salariales. Agrega que la conclusión del a quo que afirma que su parte no acreditó “los hechos constitutivos del derecho que invoca” resulta una afirmación dogmática y arbitraria, ya que el tribunal tuvo por verificada la indebida registración del inicio del vínculo.

Con apoyo en doctrina de este Tribunal, alega que no era necesario que los reclamantes cuantificaran económicamente el daño producido por la deficiente consignación de la fecha de ingreso, en tanto bien pudo ser estimado judicialmente conforme lo previsto por el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial.

De seguido, peticiona que en esta instancia extraordinaria se haga lugar al rubro pretendido y se componga positivamente la litis, teniendo en cuenta la excepción de prescripción deducida por las demandadas y sin perder de vista que, tratándose de una relación de empleo público -como interpretó el juzgador de origen-, el plazo aplicable a dichos fines no es el bienal establecido por la legislación laboral, sino el decenal previsto en el art. 4.023 del antiguo Código Civil (v. fs. 1.219 y vta.).

III. El recurso ha de prosperar parcialmente.

III.1. Corresponde inicialmente advertir que habida cuenta que la presente guarda sustancial similitud con la causa L. 118.036, “Braillard” (sentenciada en la misma fecha), que tengo a la vista, para dar respuesta a la parcela del recurso destinada a controvertir el rechazo del reclamo por despido, preaviso, integración y sanciones previstas en las leyes 24.013, 25.323 y 25.561, he de reproducir -en lo que resulte pertinente- las consideraciones que plasmara al inaugurar el acuerdo en el aludido precedente.

III.1.a. Concerniente al reproche apontocado en la denuncia de violación del principio de congruencia, considero que asiste razón al recurrente.

III.1.a.i.En lo que aquí interesa destacar, en la demanda entablada contra el Banco Municipal de La Plata y la Municipalidad de La Plata, el letrado apoderado de los promotores del juicio invocó que sus representados fueron contratados por dicha entidad bancaria. Explicó que algunos de ellos se vincularon inicialmente por un contrato de servicio temporal jornalizado y luego -y hasta el distracto- mediante un contrato de locación de servicios. Expresó que otros, desde el comienzo, se unieron a través de esta última modalidad de contratación. En todos los casos, sostuvo, los acuerdos se celebraban por un plazo determinado, renovándose en forma sucesiva, y las tareas asignadas eran de cajeros u otras de naturaleza administrativa (v. fs. 159/161 vta.).

Refirió que ante la suspensión y posterior cese de la actividad de dicha entidad bancaria, los actores remitieron un telegrama por conducto del cual reclamaron los rubros adeudados con motivo del cese de la relación. Frente a ello, afirmó que la institución contestó que “.según surge del instrumento vinculante, la relación laboral de que da cuenta el contrato de locación de servicios respectivo finalizó el día 30 de junio de 2003.” (la cursiva me pertenece; v. demanda, fs. 162). También denunció que en la actualidad los demandantes se encuentran laborando a las órdenes del Banco de la Provincia de Buenos Aires mediante una contratación ex novo.

En el responde, el Banco Municipal relató que los accionantes firmaron contratos de locación de servicios. Asimismo, expresó que “.habiendo vencido el contrato de locación de servicios que unía al Banco Municipal de La Plata con los reclamantes con fecha 30 de junio de 2003, estos optaron por celebrar un contrato de empleo público con el Banco de la Provincia de Buenos Aires.” (la cursiva me pertenece; v. fs.351 vta.). Asimismo, expresó que los empleados de planta temporaria -como los promotores del pleito- carecen de derecho a la estabilidad.

En su escrito de contestación de la demanda, la Municipalidad de La Plata, tras interponer excepción de falta de legitimación pasiva, explicó que con fecha 16 de abril de 2003, el Directorio del Banco Central de la República Argentina dispuso la exclusión de activos y pasivos privilegiados del Banco Municipal de La Plata en términos de la Ley de Entidades Financieras, autorizando su cesión a favor del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Relató que entre este último y la institución bancaria disuelta se celebró un acuerdo marco, tendiente a la incorporación de agentes, por opción de éstos, en la planta permanente del Banco Provincia. Asimismo, sostuvo que el cese de los actores se produjo por vencimiento del plazo contractual acordado, el que no da derecho a la percepción de indemnización alguna (la cursiva me pertenece; v. fs. 385 vta.).

En el veredicto (v. fs. 1.135/1.141 vta.), en lo que posee relevancia para resolver el agravio ensayado, el tribunal de mérito juzgó probado: i) que los accionantes cumplieron funciones para el Banco Municipal de La Plata desde las fechas que indicó respecto de cada uno de ellos (v. fs.1.135 vta./1.136); ii) que los coactores Guzmán, Higuera, Martini, Pane, Yamul y Yeoman comenzaron como personal eventual jornalizado y, luego, con el resto de los reclamantes lo hicieron como personal contratado; iii) que las prórrogas contractuales fueron sucesivas en el tiempo y que la última se produjo mediante decreto emanado del Intendente de La Plata, por el término de noventa días a partir del 1 de abril de 2003; iv) que durante el año 2003 el Banco Municipal de La Plata debió reestructurarse en resguardo del crédito y los depósitos bancarios y consecuentemente debió enfrentar un saneamiento que lo llevó a transferir sus activos y pasivos al Banco de la Provincia de Buenos Aires, suscribiéndose un acuerdo marco el 7 de abril de ese año; v) que la vigencia de los contratos que vincularon a los actores con la entidad bancaria municipal “.llegó hasta el 30/06/03.” (v. fs. 1.140); vi) que los accionantes suscribieron con fecha 1 de julio de 2003 un contrato de empleo público por tiempo determinado con el Banco Provincia por un período de tres meses y luego pasaron a conformar la planta permanente; vii) que los actores no dejaron de prestar tareas, produciéndose el traspaso en el contexto del acuerdo-marco, pudiendo aquéllos ejercer la opción de continuar en la institución comunal o en la provincial; viii) que el referido traspaso se produjo con control sindical.

En la sentencia (v. fs. 1.142/1.151 vta.), tras puntualizar que los actores no se encontraban sujetos a la legislación laboral sino al régimen jurídico de derecho público (tópico sobre el que volveré luego), estableció que “.los accionantes a partir del 1/07/03 continuaron prestando las mismas funciones, pero para el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Que tal continuidad en las funciones, si bien para una persona jurídica distinta contó con la conformidad de los actores [.] Por consiguiente, resulta imposible afirmar que la relación existente llegó a su fin.” (fs.1.149). Seguidamente, entendió que por ello el reclamo por despido debía ser rechazado (v. fs. 1.149 y vta.).

III.1.a.ii. Tiene dicho esta Suprema Corte que el principio de congruencia se vincula, básicamente, con la forma en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las cuestiones sometidas a su decisión, teniendo en cuenta los términos en que quedó articulada la relación procesal, esto es, sin incurrir en omisiones o demasías decisorias. El destino de dicha directriz es conducir el proceso en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, imponiendo que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa (causas L. 94.807, “Iasevoli”, sent. de 1-XII-2010; L. 103.000, “Boyler”, sent. de 21-III-2012; L. 102.237, “Villate”, sent. de 5-IV-2013 y L. 117.223, “Santore” , sent. de 19-II-2015).

En el caso, como anticipé, acierta el recurrente en cuanto postula que la conclusión vinculada a la existencia de “continuidad laboral” lesiona el principio de congruencia (arts. 163 inc. 6, CPCC y 47, ley 11.653) y la garantía de la defensa en juicio (art. 18, Const. nac.), pues -en efecto- constituye una definición absurda, fruto de una equivocada lectura de los términos en que hubo de trabarse la litis.

Del contenido de los escritos constitutivos del proceso se advierte que las partes son contestes en que la desvinculación de los actores obedeció al vencimiento de los contratos de locación de servicios con fecha 30 de junio de 2003, en el contexto definido por la disolución y reestructuración de los activos y pasivos del Banco Municipal de La Plata.

La expiración del plazo contractual fue expresamente reconocida en el intercambio telegráfico cursado con el banco demandado y, posteriormente, en su escrito de responde, así como en la contestación presentada por la Municipalidad de La Plata. Ambas accionadas argumentaron, para repeler la pretensión:por un lado, la no aplicación de la legislación laboral que procuraron los actores y por el otro, la ausencia de derecho a indemnización derivada del tipo de vinculación regida por el derecho público y caracterizada por la carencia de estabilidad. No obstante, el municipio explicó detalladamente el proceso de reestructuración financiera a que se sujetó el Banco Municipal y el posterior ingreso de los actores como personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, a los fines de lograr la preservación de sus fuentes de trabajo.

De lo expuesto se colige con meridiana claridad que el capítulo que definió el rechazo de la pretensión por despido no fue propuesto a decisión de los jueces de grado, resultando violado el principio de congruencia porque el fallo valoró y decidió sobre circunstancias ajenas a la forma en que fue planteado el reclamo (causas L. 86.587, “Zaccardi”, sent. de 21-VI-2006; L. 111.319, “Dimotta”, sent. de 20-VIII-2014 y L. 116.380, “Baigorria” , sent. de 13-V-2015; arts. 163 inc. 6, CPCC; 47, ley 11.653 y 18, Const. nac.).

En efecto, no fue un hecho controvertido que los contratos temporarios celebrados fenecieron en la fecha indicada. La cuestión que quedó sujeta a discusión fue si la extinción de los respectivos vínculos era o no generadora de derecho a indemnización, reparación que los actores procuraron al amparo de la legislación laboral, cuya inaplicabilidad al caso de autos fue -a la postre- declarada por el órgano de grado.

De suyo, y sin más, corresponde revocar ese aspecto del fallo de grado y, en consecuencia, declarar operado el cese de la vinculación con motivo del vencimiento de los respectivos contratos de locación de servicios el día 30 de junio de 2003, conforme la alegación contenida en la demanda y lo reconocido por las accionadas en sus respectivos respondes (art. 289, CPCC).

III.1.b.En este contexto, y en virtud de los términos en que fue planteada la propia impugnación, considero que deviene abstracto el tratamiento de los cuestionamientos reseñados en el punto II.1.b., II.2.a., II.2.b. y II.3, relativos a la supuesta violación del art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, así como aquellos mediante los cuales se atribuye absurdo a determinadas definiciones fácticas del fallo.

III.1.c. Ahora bien, establecida la conclusión anterior corresponde ingresar en el tratamiento del planteo que, amparado en la doctrina legal de este Tribunal y el criterio de la Corte nacional, se dirige a obtener el reconocimiento del derecho de los actores a ser indemnizados.

Por las razones que explicaré seguidamente, el cuestionamiento merece ser recibido.

He de referir de modo previo que, en tanto la presente causa se formó a partir de la desacumulación ordenada en el ya citado expediente “Braillard Patricia Elena y otros c/ Municipalidad de La Plata y otro s/ despido” (v. resol., fs. 443), el relato que a continuación habré de exponer se completa y corrobora con los datos extraídos de dicha causa que -reitero- tengo a la vista.

III.1.c.i. En la demanda se postuló -en lo sustancial- la existencia de una relación de trabajo, invocándose la sujeción de los actores a la Ley de Contrato de Trabajo por resultarles aplicables el Convenio Colectivo de Trabajo 18/75, así como el fraude incurrido por las demandadas con motivo de la sucesiva renovación de contratos a plazo determinado (art. 14, ley cit.). Desde esta perspectiva, se fundó la competencia del fuero laboral. Las respectivas liquidaciones contienen el cálculo de los rubros de indemnizaciones por despido y sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido, sanción contemplada en el art. 9 de la ley 24.013 (en subsidio, el recargo establecido en el art. 1 de la ley 25.323), conceptos previstos en los arts.2 de la citada ley 25.323 y 16 de la ley 25.561, y la parte proporcional de la gratificación extraordinaria abonada anualmente (v. fs.158/181 vta.).

Por su lado, ambas coaccionadas contestaron la demanda entablada e interpusieron excepción de incompete ncia, alegando que debía entender en el caso el fuero contencioso administrativo. En esencia, negaron la aplicación del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo, a la par que invocaron -como se reseñó- la extinción de los contratos de locación de servicios con fecha 30 de junio de 2003, desconociendo el derecho de los actores a ser indemnizados en virtud del tipo de contratación (v. fs. 347/355 vta. y fs. 375/402 vta.).

En la etapa procesal oportuna, el juzgador de origen hizo lugar a la incompetencia opuesta (v. fs. 421/423 vta.). La decisión fue impugnada por la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 433/438 vta.) que, denegado en la instancia de grado (v. fs. 439 y vta.), fue declarado admisible por esta Corte y, oportunamente, acogido, revocándose el fallo atacado y declarándose -por mayoría- la competencia de los tribunales del trabajo atento el fundamento jurídico del reclamo.

Luego, ya en el veredicto, en lo que interesa, concluyó el sentenciante de mérito que los actores no se encontraban incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo 18/75, conforme lo alegado en la demanda (v. fs. 1.138 vta. y 1.139).

En la sentencia, puntualizó el tribunal que la relación no se regía por la Ley de Contrato de Trabajo, sino que aquélla revistió carácter administrativo, resultando aplicables las normas del derecho público local. Agregó que no advertía la existencia de acto alguno de inclusión en los términos del art. 2 inc.”a” de la ley citada.

Más adelante, con cita de las causas “Sánchez”, “Ramos” y “Cerigliano” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entendió verificado el supuesto de “desvío de poder”, toda vez que -enfatizó- los actores habían laborado entre cuatro y quince años, plazo que -consideró- resultaba excesivamente prolongado en el contexto definido por la prestación, por parte de aquéllos, de funciones administrativas comunes.

III.1.c.ii. He venido sosteniendo que los agentes de planta temporaria se hallan incorporados a un sistema de excepción que los aparta de las reglas generales previstas para los agentes públicos de la planta permanente, no teniendo más estabilidad en el empleo que la que surge del propio acto de designación (B. 57.364, “Capuano”, sent. de 31-VIII-1999; B. 62.513, “Gundín”, sent. de 22-X-2008 y B. 65.036, “Herrera”, sent. de 17-III-2010, e.o.).

Con todo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en las causas “Sánchez” (Fallos: 333:335 ), “Ramos” (Fallos: 333:311) y “Cerigliano” (Fallos: 334:398) -estos dos últimos referidos en el recurso-, valorando circunstancias particulares, ha abierto una nueva perspectiva al empleo público.

III.1.c.iii. Creo conveniente hacer una breve síntesis al respecto. La regla general ha sido establecida en el caso “Sánchez”, mientras que “Ramos” constituye una excepción a dicha regla general fundada en el particular encuadre jurídico que sustentaba su contrato.

En efecto, en el caso “Ramos” la Corte sostuvo que había existido una desviación de poder por parte del Estado nacional, ya que sólo podía renovar el contrato del trabajador por un máximo de cinco años.Ante la superación de este plazo legal, el alto Tribunal señaló que el trabajador tuvo una “.legítima expectativa de permanencia laboral que merece la protección que el artículo 14 bis de la Constitución nacional otorga al trabajador contra el ‘despido arbitrario'”. En efecto, la renovación del contrato más allá del plazo establecido en la reglamentación es calificada por la Corte como una conducta ilegítima, que generó responsabilidad del Estado frente a Ramos, y que justificó la procedencia del reclamo indemnizatorio.

En el voto de la mayoría se menciona que “.por el modo en el que se desenvolvió la relación a lo largo de los años, el tipo de tareas que desempeñaba el actor y las figuras contractuales utilizadas, las partes no tuvieron la intención de someter el vínculo a un régimen de derecho privado” (cons. 9°). O sea, es la voluntad de las partes el bien jurídico que la mayoría quiere proteger y es por esa razón que castiga la “.evidente desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado” (cons. 5°); “.el comportamiento del Estado pudo generar en Ramos una legítima expectativa de permanencia laboral.” (cons. 6°, los destacados me pertenecen).

Por el contrario, en “Sánchez” la Corte reafirmó que la tutela contra el despido arbitrario sólo puede ser alegada cuando existe una desviación de poder por parte del Estado nacional, pero redujo los alcances del concepto “desviación de poder” al incumplimiento de la legislación sobre contratación de personal.De esta manera, mientras en “Ramos” había existido tal desviación por la renovación del contrato más allá de los plazos establecidos en el decreto reglamentario, en “Sánchez” no habría existido tal desviación, por cuanto la reglamentación no establecía límites a la renovación periódica ni a la realización de tareas propias de la actividad de la dependencia donde desarrollaba sus tareas el trabajador.

Se sostuvo, entonces, como principio general, que el trabajador no tiene derecho a percibir una indemnización si el contrato no es renovado por el empleador (doctrina del fallo “Sánchez”). Excepcionalmente, expresó que dicha indemnización puede ser procedente si existe una desviación de poder, constituida por el incumplimiento de la regulación sobre contratación de personal de la Administración Pública (doctrina del fallo “Ramos”). Es decir, sólo procede la indemnización si la Administración Pública no se ajusta, en la contratación de personal, a las reglas que ella misma fija, independientemente de que dichas reglas sean compatibles o no con la Constitución nacional.

En el caso “Ramos”, la Corte rechazó toda posibilidad de consagrar la estabilidad de los trabajadores contratados cuando dichos contratos se renuevan aún por plazos muy largos (recordemos que se trataba de un trabajador cuyo contrato se renovó por más de veintiún años), “la solución propuesta [el pago de una indemnización] no significa que el mero transcurso del tiempo haya modificado la situación irregular del actor, que tiene derecho a la reparación de los perjuicios derivados del obrar ilícito de la demandada, pero no podría solicitar su reincorporación al empleo”. “Si se atribuyera estabilidad a quien no ha sido incorporado con los requisitos y medios de selección previstos para el ingreso a la carrera administrativa [.] se estaría alterando el monto autorizado por el legislador, en forma diferenciada, para financiar gastos correspondientes a personal contratado y personal permanente” (cons.8°).

Luego, en la causa “Cerigliano”, ha clarificado y ampliado la doctrina que surge del precedente “Ramos” entendiendo que la naturaleza jurídica de una institución debe ser definida por los elementos que la constituyen con independencia del nombre que le hayan puesto las partes y atendiendo a la intención que éstas tuvieron.

Además, la Corte puso de manifiesto que aunque no se someta explícitamente al empleado al régimen de la Ley de Contrato de Trabajo, igualmente “goza de la protección conferida por el art. 14 bis de la Constitución nacional” en tanto se desempeñe en “tareas materialmente subordinadas y permanentes a favor de la administración pública nacional o local” (cons. 6°); (Abdelnur, Miguel Ángel, “La protección de los trabajadores públicos no permanentes (los contratados) en la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”; Rev. El Derecho, Trabajo y Seguridad Social, nov. 2011, n° 11, pág. 863).

III.1.c.iv. Al ingresar en lo medular de la cuestión, empiezo por recordar que, según he expresado reiteradamente (v. mis votos en las causas C. 103.189, “Crudo”, sent. de 18-XI-2009; C. 103.420, “Rozitchner”, sent. de 14-IX-2011 y C. 112.791, “Langiano”, sent. de 5-XII-2012; e.o.), participo de la idea según la cual, en principio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo decide en los procesos concretos que son sometidos a su conocimiento, al igual que admito que las razones por las cuales dicta una sentencia en un caso no pueden, sin más trámite, ser usadas para resolver casos análogos.

Esta aseveración contiene una seria amonestación que tiene que ver con la realidad:no ignoro que, de hecho, una multiplicidad de argumentos (que empiezan con la simple alusión a la economía procesal, que pasan por la búsqueda de equilibrio entre los poderes del estado y que llegan a altas razones de política constitucional), hacen que la doctrina que emana del máximo Tribunal sea sentida, experimentada o vivida por los tribunales inferiores como si fuese obligatoria, aunque inmediatamente deba agregarse que el grado de esa sensación de constreñimiento puede variar con los tiempos, con las circunstancias sociales o políticas, y aun con la personalidad de los hombres.

No puedo excluirme ni del principio general ni de sus reparos: siento, sin duda, la poderosa influencia de los precedentes del máximo Tribunal de la Nación, pero no confundo tal ascendiente con un acatamiento incondicionado a sus pronunciamientos; por el contrario, siempre me he declarado partícipe de un sometimiento restringido (en el sentido usado por Sagüés, Néstor Pedro, “Eficacia vinculante o no vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, ED, Tomo 93, pág. 891; o por Ibarlucía, Emilio A., “Fallos plenarios y doctrina de la Corte Suprema”, LL, 2009-A-654), de manera tal de entender que la fuerza vinculante que fluye de las sentencias dictadas por la Corte Suprema -siendo sin duda significativa-, no se equipara a la obligatoriedad jurídica a la que quedamos supeditados por la legislación.

Dicho de otra forma: desde un punto de vista moral, pragmático o prudencial, los jueces nos vemos impelidos -en mayor o menor grado- a seguir los criterios rectores del máximo Tribunal de la Nación, porque es la forma en que se manifiesta nuestro reconocimiento a su autoridad y prestigio, y esa es también nuestra contribución a la seguridad del tráfico jurídico y a la coherencia del sistema normativo. Sin embargo, todo ello ocurre bajo ciertas condiciones y circunstancias que, de no hallarse presentes, afectan la robustez de tales lazos de respeto.

III.1.c.v.Formuladas estas aclaraciones, considero que los lineamientos ya reseñados, y que fluyen de los mencionados precedentes de la Corte nacional, deben ser aplicados al presente caso.

Siguiendo esa directriz, me pronuncié al sufragar en primer término en el aludido precedente B. 64.315, “Carrizo”, sent. de 13-XI-2012, cuya violación -como se indicó- se denuncia en la réplica.

Refuerza mi opinión el fallo dictado por el máximo Tribunal in re “Suvajdzic” (S.672.XLIX.RHE, sent. de 23-VI-2015), en la que revocó un pronunciamiento de esta Suprema Corte que, por mayoría, había desestimado las indemnizaciones pretendidas por un médico que prestaba servicios en un hospital municipal. Para resolver de ese modo, juzgó que el planteo encontraba suficiente respuesta en el criterio delineado en los mencionados casos “Ramos” y “Cerigliano”.

III.1.c.vi. Sobre este piso de marcha, en lo que interesa para resolver el caso, el tribunal de grado determinó que el supuesto de autos cae bajo la órbita de aplicación de normas de derecho público local, conforme fuera planteado por la demandada, conclusión esta que arriba firme a esta instancia de casación.

Luego, entendió configurada la existencia de una desviación de poder por parte del Estado municipal. Para concluir de este modo, expresó que: “.el lapso trabajado por los agentes en tal calidad, lo fue por períodos que oscilan entre los 4 y los 15 años, ha constituido un término excesivamente prolongado, que refleja a las claras un desvío de poder por parte de la autoridad municipal, manteniendo a los agentes en una alongada situación de inestabilidad, mientras ejercían funciones administrativas comunes, vulnerando así, la garantía contenida en el art. 14 nuevo de la Constitución nacional y en los arts. 39 inc. 3 y 103 inc. 12 de la Constitución Provincial” (v. sent., fs.1.148 y vta.).

No obstante que ese tramo del pronunciamiento no fue cuestionado por la demandada, que resultó triunfadora, pues considero ajustada a las circunstancias de la causa la declaración del a quo, en cuanto se compadece con lo que sostuve en el precedente “Carrizo” sobre el punto.

Conforme manifesté allí, y cabe reiterar, si entendemos por personal transitorio o no permanente el que será destinado exclusivamente a la ejecución de servicios, explotaciones, obras o tareas de carácter temporario, eventual o estacional, que no puedan ser realizados por personal permanente, no debiendo cumplir tareas distintas a las asignadas, una duración del vínculo de empleo como la que aquí se verifica evidencia una irrazonable dilación que no se corresponde con la naturaleza temporal o no permanente asignada.

En definitiva, incurre en una conducta ilegítima la Administración (en el caso, el Estado municipal) si las circunstancias fácticas indican que ha utilizado un sistema provisorio con un fin distinto al contemplado por el ordenamiento, desvirtuándose la transitoriedad que surge de los términos del contrato y generando responsabilidad frente a los actores (v. mi sufragio en “Carrizo”, cit.).

III.1.c.vii. Siendo así, en el citado precedente, indiqué que ante la ausencia de respuesta normativa para la indemnización en los casos de cese ilegítimo del agente temporario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Cerigliano”, estableció que el modo de reparación de los perjuicios deberá encontrarse en el ámbito del derecho público y administrativo con riguroso apego a las pautas razonables que garanticen el principio de suficiencia, solución que propongo adoptar en el presente caso.

III.1.c.viii. Por todo lo dicho, corresponde hacer lugar a este tramo de la impugnación, casar el pronunciamiento de grado en este aspecto y admitir el reclamo indemnizatorio de los promotores del juicio con sustento en el derecho público y administrativo local de aplicación.

III.2. En cambio, no puede prosperar el reproche vinculado a las diferencias salariales.

III.2.a.El tribunal de grado desestimó el referido reclamo por considerar que no resultaron acreditadas las evocadas diferencias. En tal sentido, evaluó que la parte actora dejó librada su determinación -para el caso de que existieran- al perito contador y que éste no las discriminó en su dictamen, el que, además, en este aspecto, quedó firme y consentido, por lo que resultaba improcedente su cuantificación ante la ausencia de pautas mínimas. Expresó que estaba a cargo de la interesada acreditar los hechos constitutivos del derecho que invocara y que ésta no lo había hecho (arts. 26, 29, 32, 44 y 63, ley 11.653 y 375, CPCC; v. vered., fs. 1.138 y vta.).

III.2.b. Tal decisión no es desvirtuada por los comparecientes.

Es sabido que determinar si al trabajador le corresponde -o no- percibir alguna suma de dinero en concepto de diferencias salariales es función privativa del tribunal de trabajo y las conclusiones que al respecto se formulen, por referirse a una típica cuestión de hecho, no son revisables en casación, salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 82.019, “Castillo”, sent. de 7-IX-2005; L. 93.883, “Iriarte”, sent. de 28-V-2008; L. 97.410, “Pérez”, sent. de 5-VIII-2009 y L. 108.316, “Peláez” , sent. de 3-IV-2014; e.o.).

En la especie, la prédica efectuada por los reclamantes para justificar el pretendido progreso de su reclamo, deja sin réplica las motivaciones expuestas en el fallo impugnado, en tanto sólo traduce una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado. En esta línea, ha declarado este Tribunal que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, para acreditar el error grosero y manifiesto configurante de absurdo, se limita a contraponer su particular visión de las circunstancias del caso en oposición a la valoración efectuada por el juzgador de origen (causas L. 102.987, “C., I.T. y o.”, sent. de 14-XII-2011; L.96.919, “Di Bastiani” y L. 100.611, “Castellani”, sents. de 21-XII-2011).

Pero, además, es dable destacar que la explicación que recién ahora introducen los comparecientes sobre el fundamento del reclamo por diferencias salariales no fue incluida en la demanda, lo que impide su consideración por esta Corte, pues resultan ineficaces para habilitar la instancia extraordinaria las razones introducidas en el recurso, producto de una reflexión tardía del recurrente quien, frente al fracaso de su pretensión, procura reconducirla con renovados fundamentos (causas L. 96.480, “González”, sent. de 26-VIII-2009; L. 98.496, “Berón”, sent. de 2-VII-2010 y L. 116.806, “S., J.P.”, sent. de 12-XI-2014).

Cabe finalmente agregar que el pronunciamiento de origen se ajusta a la doctrina de esta Suprema Corte, relativa a que todo reclamo por diferencias salariales requiere, como punto de partida y de modo indispensable, explicitar las pautas mínimas suficientes para que el juzgador pueda pronunciarse sobre la validez del pedimento (causas L. 85.543, “Franco” sent. de 5-IX-2007; L. 101.476, “Tedros” , sent. de 25-VIII-2010 y L. 104.792, “Bartolomeo” , sent. de 26-II-2014; e.o.).

IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto desestimó la pretensión indemnizatoria de los actores, la que se declara procedente en los términos establecidos en el presente.

Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, nuevamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda en virtud de lo que aquí se ha resuelto.

Costas de la instancia ordinaria a la vencida por el reclamo cuya procedencia se declara y las de esta instancia por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 19 y 63, ley 11.653; 68 segundo párr. y 289, CPCC).

Con los alcances expuestos, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

I. Adhiero al voto del doctor de Lázzari.Y, en lo que concierne al planteo dirigido a obtener el reconocimiento del derecho de los actores a ser indemnizados, teniendo en cuenta que las particularidades del caso evidencian un idéntico comportamiento ilegítimo de la autoridad municipal hacia los accionantes, configurativo de un desvío de poder más allá de los períodos de prestación de servicios de cada uno de ellos, comparto la solución propiciada por el distinguido colega que abre el Acuerdo, mas sustento tal temperamento en el siguiente desarrollo argumental que -en lo pertinente- he expuesto en las causas A. 69.913, “Villafañe” (sent. de 13-XI-2012) y B. 62.793, “Maza Vergara” (sent. de 29-X-2014), entre otras.

II.1. No soslayo, con esto, que en diversas oportunidades, en las que se debatían cuestiones afines a las de autos, suscribí la doctrina mayoritaria de esta Corte, según la cual, por regla, el personal de planta temporaria -v.gr., agentes mensualizados y jornalizados- participa de un estatus de excepción, no poseyendo más derechos que los previstos, en modo expreso o razonablemente implícito, en el régimen jurídico que ha disciplinado su incorporación y desempeño en la relación de empleo (causas B. 56.876, “Torres”, sent. de 24-XI-1999; B. 56.138, “Moya”, sent. de 29-VIII-2001; B. 62.513, “Gundín”, sent. de 22-X-2008 y B. 56.954, “Zorrilla”, sent. de 1-VI-2011; e.o.).

Mas en el caso ha de ponderarse, de un lado, la jurisprudencia del máximo Tribunal federal elaborada a partir de las causas “Ramos” (Fallos: 333:311); “Sánchez” (Fallos: 333:335) y “Cerigliano” (Fallos:334:398), de cuyos enunciados medulares se sigue el estableci miento de ciertos límites a los que ha de ajustarse el obrar estatal en relación a sus cuadros temporarios para estimarse legítimo.

Y, del otro, que también señalé en más de una oportunidad, que el tiempo de vigencia del vínculo con la Administración constituye uno de los elementos relevantes para juzgar la legitimidad de la actuación de esta última (conf. mis votos en causas B. 57.107, “Taglia” , sent. de 2-V-2007; B. 57.828, “Fleitas”, sent. de 28-V-2007 y B. 56.954, cit.). Ello, a fin de procurar una decisión que conjugue, del mejor modo posible, una pormenorizada evaluación de los distintos elementos que integran el sustrato fáctico del caso con los principios y normas jurídicas en juego.

II.2. En el contexto descrito en el voto que abre el Acuerdo, es posible advertir que la dilatada vigencia de las relaciones laborales que unieron a las partes, sumado a las restantes condiciones en las que aquéllas se ejecutaron, no se corresponde con la naturaleza temporal o no permanente del medio utilizado por el Estado municipal en su vinculación con los aquí accionantes.

De ese modo, el peculiar desarrollo del vínculo habido con los actores revela una aplicación desviada de las normas que habilitaban la contratación.Ello así, en tanto se verificó una desavenencia entre la finalidad inspiradora de las designaciones (por las que se mantuvo a los agentes en una prolongada situación de inestabilidad) y la naturaleza transitoria que presupone la figura jurídica empleada por la entidad municipal, merced a la cual podía incorporar empleados por fuera de sus cuadros estables.

Tal situación arrojó como resultado que las relaciones, cuyo devenir evidenció rasgos de permanencia (en orden al tiempo transcurrido y a las restantes circunstancias en las que aquéllas se desenvolvieron), fueron sostenidas por períodos extensos en un régimen de carácter no permanente, a la vez que, disueltas unilateralmente por la empleadora, no se reconocieron, a los agentes prescindidos, derecho a reclamo de ninguna índole.

Los sucesivos nombramientos temporales y la consecuente duración que registraron los vínculos desvirtuaron la transitoriedad que surgía de los términos de los contratos celebrados por las partes; importando, en los hechos, la cobertura de una vacante en forma permanente mediante una modalidad no apta para ello (CSJN, “Ramos”, cit.).

Para más, el accionar del Estado municipal, en los términos apuntados, tuvo aptitud suficiente para generar en los actores una legítima expectativa de permanencia laboral que no puede quedar desprovista de tutela jurídica efectiva (CSJN, “Ramos”, cit.).

Y la protección de la confianza generada en una determinada situación entraña, por cierto, la salvaguarda al principio de buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento -consistente en la necesidad de observar en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever- y torna inadmisible toda actuación incompatible con aquélla (cfr., González Pérez, Jesús; “El principio general de la buena fe en el derecho administrativo”, Ed. Civitas, Madrid, 1989, págs. 51/52). De allí la necesidad de conductas leales, honestas y que, por tal motivo, comprometen el valor de la confianza mutua.

II.3. En definitiva, no puede desconocerse que, en la especie, las circunstancias descriptas socavan la legitimidad de la conducta asumida por la entidad estatal.De allí la responsabilidad que a ésta le corresponde por los efectos negativos que de tal accionar se derivaron para los actores y la consecuente procedencia del reclamo indemnizatorio formulado a partir de ello. Cuya finalidad reparadora, en el marco del derecho público y administrativo, exige -al decir del máximo Tribunal- un riguroso apego a pautas razonables que garanticen el principio de suficiencia (CSJN, “Cerigliano”, cit.).

Propicio, entonces, acoger el planteo resarcitorio comprensivo del daño material en los términos señalados por el doctor de Lázzari en su voto, en tanto recepta la doctrina que sobre el punto emerge de las ya citadas causas de la Corte Suprema nacional.

III. Por todo lo expuesto, comparto la propuesta decisoria manifestada por el doctor de Lázzari en el punto IV de su voto.

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

I. El recurso debe prosperar, con el siguiente alcance.

El a quo juzgó que las relaciones existentes entre los actores y las demandadas -anudadas a través de sucesivos contratos de locación de servicios, pese a que esa modalidad fue observada mediante el decreto 61/96 (art. 5) y por ende estaba excluida de la promulgación de la ley 11.157- reflejan “.a las claras, un desvío de poder por parte de la autoridad municipal, manteniendo a los agentes en una alongada situación de inestabilidad, mientras ejercían sus funciones administrativas comunes, vulnerando así, la garantía contenida en el art. 14 nuevo de la Constitución Nacional y en los arts. 39 inc. 3 y 103 inc. 12 de la Constitución Provincial”, configurando una actitud de las accionadas que “.ha resultado violatoria del derecho a la estabilidad que se había consolidado en la persona de los actores [.], resultando ésta, una garantía de inmediata operatividad conforme lo establecido en el art. 14 bis de la Carta Magna” (sent., fs.1.148/1.149).

Si bien tal definición no ha sido cuestionada por las accionadas toda vez que llegan ganadoras a esta instancia, no puedo sino coincidir con esa conclusión del tribunal de origen en relación a vínculos que se prolongaron por períodos que variaron, según los actores, entre cuatro y quince años, y en virtud de los cuales quienes hoy reclaman revistaron como auxiliares y prestaron servicios administrativos y de cajeros en los días y horarios habituales de la actividad bancaria.

Al respecto he dicho en otra oportunidad que cuando las funciones desarrolladas por un agente de planta temporaria (también, como en este caso, por un agente contratado) son actividades normales de una entidad bancaria, que pueden ser prestadas con personal estable de la misma, la conducta de la demandada al designar al actor en forma sucesiva e ininterrumpida por un lapso de diez años deviene carente de razonabilidad, pues se manifiesta como un ejercicio abusivo de las facultades que el ordenamiento jurídico le otorga para designar agentes de planta temporaria, que intenta frustrar, de manera ilegítima, el derecho a la estabilidad que asignan a los empleados públicos las cláusulas constitucionales en vigencia (arts. 14 bis, Const. nac. y 103 inc. 12, Const. prov.) y que tienen carácter operativo (v. mi voto en minoría en A. 70.896, “Martínez” , sent. de 20-V-2015). Si bien no cabe duda que el derecho a la estabilidad en el empleo no posee carácter absoluto, cuando la relación laboral se ha consolidado en mérito del desempeño efectivo de tareas propias del personal permanente y de la continuidad en ellas durante plazos como los que se verifican en la especie, la garantía de estabilidad no puede ser desconocida mediante una conducta irrazonable y abusiva de la autoridad administrativa (conf. mis votos en minoría en la causa más arriba citada y en B. 49.890, “Villalba”, sent. de 11-VIII-1987; B. 50.547, “Zaragoza”, sent. de 31-V-1998; A. 69.913, “Villafañe”, sent.de 13-XI-2012; B. 64.315, “Carrizo”, sent. de 13-XI-2012; A. 72.082, “Delgado” , sent. de 20-V-2015; y A. 72.381, “Zerbini” , sent. de 24-VI-2015; e.o.).

II. Aclarado ese primer aspecto de la cuestión, y previo a definir la solución para el caso, estimo necesario precisar que coincido con los fundamentos expuestos en el voto del colega que abre el Acuerdo, en punto a que el tribunal de origen incurrió en violación del principio de congruencia y de la garantía de defensa en juicio cuando concluyó acerca de la continuidad laboral de los actores (aunque para una empleadora diferente) y derivó de ello la imposibilidad de afirmar que las relaciones de trabajo hubieran finalizado y la de hacer lugar a reparación por despido (arts. 47 y 63, ley 11.653; 163 inc. 6, CPCC y 18, Const. nac.).

Concuerdo también con que corresponde revocar ese aspecto del fallo de la instancia anterior y, en consecuencia, declarar operado el cese de la vinculación con motivo del vencimiento de los respectivos contratos de locación de servicios el día 30 de junio de 2003, conforme la alegación contenida en la demanda y lo reconocido por las accionadas en sus respectivos respondes (art. 289, CPCC), a la vez que no tratar, por haber devenido abstractos, los cuestionamientos relativos a la supuesta violación del art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo así como aquellos mediante los cuales se le atribuye absurdo a determinadas definiciones del fallo.

III. Resta entonces determinar, primero, si los peticionarios tienen derecho a una indemnización por ese cese y, si así fuera, en qué debería consistir esa reparación.

En ese esquema, cabe poner de relieve que los actores que ahora recurren no han solicitado la reincorporación sino una “tutela sustancial [.] alguna forma de indemnización” que ampare su derecho a la estabilidad contemplada en el art. 14 bis de la Constitución nacional (v. fs.1.212 y vta.).

Los accionantes en su demanda reclamaron indemnizaciones con fundamento en normas del derecho laboral. Sin embargo, llega firme a esta instancia que dichas normas no les resultan aplicables.

Al respecto ha señalado esta Corte que el art. 2 inc. “a” de la Ley de Contrato de Trabajo sólo abre la posibilidad de la aplicación de sus normas a los dependientes del Estado nacional, provincial o municipal cuando por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo (causa L. 80.133, “Paoletti”, sent. de 8-IX-2006, con voto del suscripto en primer término).

Desde esta perspectiva, luce acertada la decisión del tribunal de grado en cuanto resolvió que no resulta aplicable en la especi e el texto legal indicado, toda vez que el Convenio Colectivo de Trabajo 18/75 -invocado por la parte actora al demandar- no rigió las relaciones laborales de autos (v. fs. 1.138 vta.).

Empero, por las razones que seguidamente enunciaré, no corresponde deducir de ello que los accionantes no tengan derecho a recibir reparación alguna por la extinción de aquellos vínculos que -pese a haber sido instrumentados a través de sucesivos contratos por tiempo determinado- denotan relaciones de plazo indefinido constituidas a fin de atender necesidades permanentes de la entidad bancaria municipal. Y esto es así, aun en el caso de que los ceses se hayan concretado en el contexto del acuerdo marco celebrado entre el Banco Municipal de La Plata y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, toda vez que, como quedó definido más arriba, dicho acuerdo no supuso la continuidad de las relaciones laborales que concluyeron el 30 de junio de 2003.

No es un dato irrelevante que la modalidad de contratación escogida por los demandados para hacerse de los recursos humanos necesarios fuera el contrato de locación de servicios, previsto en el art. 95 de la ley 11.757, pero observado por el Poder Ejecutivo provincial, y, por lo tanto, excluido de la promulgación de dicha ley (conf. art. 5 del dec.61/96) “.en virtud de ser la relación de empleo público, básicamente, una relación de estabilidad, y habida cuenta que la locación de servicios supone un vínculo contractual para el cual la administración municipal debe ponderar adecuadamente la idoneidad y especialización para la prestación de la tarea por personal ajeno a su ámbito cuando no cuente con recursos humanos propios para ello.” (v. cons., dec. cit.).

En ese contexto, se torna necesario despejar la situación de los accionantes, quienes, de modo personal e insustituible, prestaron servicios que evidentemente no respondían a la necesidad de satisfacer necesidades temporarias o extraordinarias (conf. mis votos en minoría en B. 58.690, “Fernández”, sent. de 4-X-2006 y L. 94.962, “Suvajdzic”, sent. de 11-III-2013, revocada por la CSJN). Queda a la vista que fueron las propias características de la prestación las que permiten explicar las razones por las cuales la accionada no podía recurrir a la modalidad del “personal temporario” (art. 92, ley 11.757), resultando del mismo modo indudable que la situación de los actores no podría haber encuadrado en las restantes categorías previstas en el Estatuto para el Personal de las Municipalidades (“personal reemplazante” y “personal destajista”).

En autos, tengo para mí que -aun cuando, desde el punto de vista formal, los contratos suscriptos tenían una duración limitada- la situación de los actores, que se desempeñaron en virtud de sucesivas designaciones por tiempo determinado, generaron relaciones asimilables a la del personal de planta permanente con estabilidad, desde que el lapso desempeñado por el interesado como personal temporario fue útil a los efectos de adquirir derecho a permanecer en su respectivo empleo (conf., en similar sentido, mis votos en las causas B. 49.890, “Villalba”, sent. de 11-VIII-1987; B. 50.547, “Zaragoza”, sent. de 31-V-1988; B. 56.138, “Moya”, sent. de 29-VIII-2001; B. 57.369, “Oliva”, sent. de 10-IX-2001; B. 57.741, “Iori”, sent. de 18-II-2004; B. 61.553, “Díaz”, sent.de 10-VIII-2005; B. 57.235, “De la Faba”, sent. de 2-XI-2005; B. 61.215, “Zocchi”, sent. de 1-III-2006; B. 57.828, “Fleitas”, sent. de 23-V-2007; B. 57.551, “Portillo”, sent. de 19-IX-2007 y L. 94.962, cit.; e.o.).

Por otra parte -como lo sostuve en la causa B. 58.690, citada- cuando el empleador es el Estado, que además de autoridad pública es custodio del interés general, debiera ser un empleador modelo sujeto al principio de legalidad en todas las áreas, incluida, obviamente, la de contratación del personal. No obstante ello, desde la óptica de la demandada, el primer apartamiento de las normas en que incurrió (acudiendo a una modalidad contractual que no estaba siquiera vigente atento el veto del Poder Ejecutivo, y que no se adecuaba, además, al tipo de tareas que con ella se pretendía abastecer), estaría en condiciones de justificar un segundo alejamiento: ahora del derecho al trabajo protegido “cualquiera sea su forma” que consagra el art. 14 bis de la Constitución nacional.

Es claro que el Estado municipal, en ejercicio de sus facultades discrecionales, puede decidir incorporar a un trabajador a los planteles de la Administración o no hacerlo.Pero no puede pretender, como en el presente, que la efectiva prestación de servicios por parte de los actores para el Banco Municipal de La Plata durante períodos que, según los casos, oscilaron entre los cuatro y los quince años no genere obligaciones a su cargo en materia de extinción contractual.

En ese orden de ideas y toda vez que, en una relación de trabajo por tiempo indeterminado (como las de autos, desde que no puede extraerse otra conclusión a partir de la naturaleza de los servicios prestados), pertenezca ella al ámbito del derecho público o privado, la estabilidad es un derecho constitucionalmente garantizado (a través de las cláusulas que prevén la estabilidad de los empleados públicos y la protección contra el despido arbitrario), el reclamante no puede quedar al margen de tal protección (conf. mi voto en la causa B. 58.690, cit.).

Resultando indudable, a tenor de los señalado, que los accionantes adquirieron derecho a la estabilidad en el empleo, corresponde ahora elucidar las circunstancias en las cuales se extinguieron los vínculos.

Como quedó dicho en el punto II. de este voto el cese de las vinculaciones bajo análisis ocurrió con motivo del vencimiento de los respectivos contratos de locación de servicios el día 30 de junio de 2003. Ello aconteció luego de que se dispusiera la disolución y reestructuración de los activos y pasivos de la entidad bancaria accionada, lo que supuso su disolución y la imposibilidad de que su estructura residual albergara a todos los empleados cuyos cargos fueron suprimidos.

Se observa, entonces, que existió un motivo para no renovar los contratos (o, para ponerlo en términos más realistas, para extinguir las relaciones de empleo), sin embargo, no se trata de una causa oponible a los trabajadores quienes, en mi opinión, no pueden quedar al margen de la protección constitucionalmente garantizada, pese a la inaplicabilidad de la norma en que se fundó el reclamo, y que debe traducirse en un resarcimiento equitativo (conf.mis votos en minoría en las causas B. 58.690 y L. 94.962, cits.).

Por lo tanto, aun cuando no acertó la recurrente en cuanto postuló la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo, sí le asiste razón, en cambio, al afirmar que la conclusión del sentenciante importó privar a los actores de la tutela de todo régimen legal y dejarlos sin amparo alguno frente a la vulneración del derecho a la estabilidad consagrado en el art. 14 bis de la Constitución nacional.

Con ese alcance, considero que este tramo del recurso debe prosperar.

En esta línea debo decir, finalmente, como tantas veces lo he hecho, que si bien por regla los fallos de la Corte de Justicia de la Nación no son vinculantes, pues sus alcances se encuentran limitados a los casos en los que se dictan, su contenido puede, no obstante, ser receptado en orden a su validez conceptual, como sucede en la especie en relación a las causas “Ramos” (Fallos: 333:311), “Cerigliano” (Fallos: 334:398) e in re “Suvajdzic”(S.672.XLIX.RHE, sent de 23-VI-2015) -en la que la Corte Suprema revocó la sentencia de este Tribunal dictada por mayoría que no integré-, sosteniendo que cuando el comportamiento del Estado tuvo aptitud para generar en la actora una legítima expectativa de permanencia laboral, corresponde reconocerle la protección que el artículo 14 bis de la Constitución nacional otorga al trabajador contra el despido arbitrario.

IV. Por último, adhiero a los fundamentos expuestos en el punto III.2. del voto del colega que abre el acuerdo para rechazar el agravio relativo a las diferencias salariales que fueran rechazadas en la instancia anterior.

V. Por lo expuesto, correspondería hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto y revocar la sentencia en cuanto rechazó “el reclamo por despido”. Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que cuantifique el resarcimiento que le correspondería percibir a cada uno de los actores como consecuencia de la desvinculación dispuesta por las accionadas (art. 14 bis Const.nac.)

Atento el progreso parcial del recurso, las costas se imponen en el orden causado (arts. 19 y 63, ley 11.653 y 68 segundo párr. y 289, CPCC).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada el señor Juez doctor Genoud dijo:

I. El recurso no prospera.

I.1. Adhiero a los fundamentos expuestos por el doctor de Lázzari en el punto III.2 de su voto para desestimar el agravio que concierne al rechazo de las diferencias salariales reclamadas.

I.2. Coincido también en que, dado los términos de los escritos constitutivos de la litis y el intercambio postal, las partes fueron contestes en señalar que la desvinculación de los actores se produjo el 30 de junio de 2003 con el vencimiento de los contratos de locación de servicios celebrados con el ex Banco Municipal de La Plata, en un contexto definido por la disolución y reestructuración de los activos y pasivos de esa entidad.

Establecido lo anterior, corresponde analizar la pretensión indemnizatoria de los aquí accionantes.

En su demanda, los actores plantearon que su vinculación se hallaba regida por el Convenio Colectivo de Trabajo 18/75 y las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, a cuyo amparo peticionaron los resarcimientos que dan cuenta la liquidación practicada a fs. 158/181 vta.

Empero, el tribunal interviniente concluyó que tales contrataciones no se hallaban regidas por las normas individualizadas en sostén del reclamo (sexta cuestión del veredicto; fs. 1.138 vta. y sigs.), puesto que el Banco municipal no había suscripto el señalado convenio (conf. art. 4) ni se había verificado el ulterior sometimiento a sus previsiones.

En definitiva, estableció que la relación contractual revistió carácter administrativo, encontrándose sujeta a las normas del derecho público local.

Esta Corte ha señalado que el art. 2 inc.”a” de la Ley de Contrato de Trabajo sólo abre la posibilidad, frente al carácter estatutario de la relación de empleo público, de la aplicación de sus normas a los dependientes del Estado nacional, provincial o municipal, cuando por acto expreso se los incluyera en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo (causas L. 80.133, “Paoletti”, sent. de 8-XI-2006 y L. 104.194, “Ortiz”, sent. de 30-X-2013).

Y, más específicamente, declaró que si el vínculo que medió entre las partes fue una relación de empleo público, ésta no se halla regida, en ninguno de sus aspectos, por la Ley de Contrato de Trabajo que, de modo expreso, excluye de sus previsiones a los empleados públicos (causas B. 55.909, “Armendáriz”, sent. de 30-III-2005 y L. 90.779, “Alzaga”, sent. de 11-II-2009).

En orden a lo expuesto, resulta dirimente -en el caso- que el a quo resolviera que no se había constatado la existencia de acto alguno de inclusión en los términos de la normativa indicada (art. 2 inc. “a”, ley cit.), como fue planteado en la demanda bajo el pedido de aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo 18/75 (v. fs.158/181 vta.), conclusión que arriba incólume a esta instancia extraordinaria por no mediar a su respecto cuestionamiento alguno por el aquí recurrente.

Así las cosas, la pretensión que ahora se introduce en el recurso por conducto de la cual se procura la reparación de la extinción contractual con sustento en la aplicación analógica de normas del derecho público local -a partir de la doctrina legal de este Tribunal y de los fallos de la Corte nacional-, pese a haberse definido en la sentencia impugnada la existencia de desviación de poder, importa una articulación por demás novedosa y extemporánea.

Semejante planteo no puede ser atendido por esta Corte so riesgo de incurrir en abierta violación del principio de congruencia y de la garantía constitucional de la defensa en juicio (art. 18, Const. nac.), desde que la cuestión no fue puesta a conocimiento de los jueces de grado en el momento oportuno con los alcances que se le confieren en la postulación bajo examen, lo que conduce a su desestimación.

En este sentido, cabe recordar que no es eficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que en su desarrollo exhibe un discurso absolutamente novedoso y extemporáneo, en la medida que innova en su posición inicial contenida en la demanda, trocando así el enfoque fáctico-jurídico desplegado en la etapa procesal oportuna (causas L. 117.041, “Gorosito”, sent. de 27-XI-2013; L. 117.399, “Rivera”, sent. de 10-IX-2014 y L. 116.936, “Scarpa”, sent. de 24-IX-2014).

Ello importaría aceptar el intento de modificar en sede extraordinaria el alcance, enfoque y dimensión del pedimento, implicando resignar la garantía del debido proceso, en el sentido que las partes ejerzan su plena y oportuna defensa (causas L. 117.153, “Di Benedetto”, sent. de 10-XII-2014; L. 116.160, “Franganillo” , sent. de 17-XII-2014 y L. 116.882, “Lozano” , sent.de 6-V-2015).

En otras palabras, frente a la suerte adversa de la pretensión introducida ante el órgano de grado, procura el recurrente obtener en esta instancia casatoria una solución favorable a sus intereses a partir de la interpretación de un factum que -en rigor- no se compadece con aquélla que conformó el esquema de su pedimento.

Y no puedo dejar de señalar que en ese cometido, y a lo largo de toda su presentación, el impugnante abreva -si bien con renovado alcance- en argumentos que fueron esgrimidos en ocasión de peticionar la ampliación de su original demanda (v. fs. 192/198), iniciativa que fue rechazada en la instancia de origen por su falta de tempestividad (v. fs. 404), en resolución que devino firme una vez agotada la vía recursiva impulsada por la parte actora (v. fs. 405/415 y 416); ello, conforme los datos complementarios de la causa “Braillard, Patricia Elena y otros c/Municipalidad de La Plata y otro s/Despido” (sentenciada en la misma fecha; v. fs. 1.062/1.066 vta.; 1.068/1.070; 1.072/1.073 y 1.078/1.079 vta.); a partir de la cual se originó la presente, luego de ordenada la desacumulación en el ya citado precedente (v. resol., fs.443) que tengo a la vista.

De todos modos, y ante la invocación de los precedentes de la Corte nacional individualizados en el recurso, estimo oportuno resaltar que, si bien los demandantes cesaron en sus vínculos el día 30 de junio de 2003 y fueron contratados bajo el régimen del estatuto del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde el 1 de julio de 2003 en forma temporaria y a partir del 1 de octubre de 2003 en la planta permanente, su incorporación tuvo fundamento en el acuerdo marco celebrado entre ambas instituciones bancarias, en el que se resolvió que el ex Banco municipal destinaría en comisión al BAPRO hasta doscientos trabajadores por el término de ciento ochenta días, “a los efectos de no suspender la relación de empleo público” (v. anexo I, apdo. III inc. “c”).

En ese particular escenario, no advierto configurados los presupuestos de hecho que pudieran justificar el reconocimiento de una indemnización en las condiciones y con los alcances que expresé en las causas B. 62.793, “Maza Vergara” (sent. de 29-X-2014), B. 64.176, “Gorgoglione” (sent. de 22-VI-2016) y B. 64.177, “Acosta” (sent. de 22-VI-2016).

II. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).

Voto por la negativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. El recurso no prospera.

I.1. En cuanto al agravio vinculado con el rechazo dispuesto por el a quo de las diferencias salariales reclamadas, comparto lo expuesto por el colega doctor de Lázzari en el punto III.2 de su sufragio.

I.2. En lo tocante a la denuncia estructurada en torno al principio de congruencia, coincido con lo dicho por el ponente en idénticos términos en que lo hace el colega doctor Genoud en el primer párrafo del punto I.2 de su voto.

I.3.Ya en lo referido al reclamo indemnizatorio, acompaño las consideraciones que despliega el doctor Genoud en su opinión, en tanto agudamente evidencian que en este aspecto el medio de impugnación en análisis contiene un pedimento que no se identifica con aquel efectuado en el escrito de demanda.

I.4. Adicionalmente, cabe destacar que las circunstancias de este caso difieren sustancialmente de las discutidas y resueltas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas “Ramos” (Fallos: 333:311) y “Cerigliano” (Fallos: 334:398), cuyos lineamientos he seguido al dar mi voto en distintas oportunidades (causas A. 69.913, “Villafañe” y B. 64.315, “Carrizo”, sents, de 13-XI-2012; e.o., cits. por el recurrente).

Es que, aun cuando pueda constatarse que no hubo controversia en el litigio en orden a que el vínculo que ligó a los actores con el Banco Municipal de La Plata finalizó el día 30 de junio del año 2003, lo cierto es que producto del acuerdo marco celebrado por dicha entidad, la Municipalidad de La Plata y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, al siguiente día (1 de julio del mismo año) la totalidad de los accionantes pasaron a desempeñarse en esta última institución bancaria firmando un “contrato de empleo público por tiempo determinado”, incorporándose posteriormente a la “planta permanente” el día 1 de octubre del 2003 (ver -en definiciones que no fueron motivo de agravios- lo expuesto en la sentencia de grado a fs.1.146 y vta.).

Luego, y más allá de las objeciones que pudieren realizarse -a modo de ejemplo- en torno a un eventual perjuicio derivado de la pérdida de la antigüedad de la relación inicial de los trabajadores que dieron inicio a estas actuaciones (específico aspecto sobre el cual, ni aun en subsidio se ha formulado un concreto reclamo resarcitorio), resulta evidente que en un contexto ciertamente atípico, la situación de éstos luce claramente disímil de aquélla en la que quedaron inmersos los empleados involucrados en los precedentes antes referidos.

II. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).

Con el alcance indicado, voto por la negativa.

A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

I. Adhiero a lo manifestado por el doctor Negri en los puntos I, II, III, IV y V de su voto.

A ello, agrego que tal como lo expuse en la causa L. 94.962, “Suvajdzic” (sent. de 11-III-2013, revocada por la CSJN), la doctrina que emana de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Ramos” y “Sánchez” (sents. de 6-IV-2010), que debe ser valorada, en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias allí consideradas, me persuaden que en el presente son enteramente aplicables.

En efecto, la doctrina aludida, en lo que interesa, encuentra sustento en dos circunstancias fundamentales:por un lado, la relativa a que la naturaleza jurídica de una institución debe ser definida, fundamentalmente, por los elementos que la constituyen, con independencia de las denominaciones que se le otorguen; por el otro, lo atinente a que resulta una evidente desviación de poder la contratación de servicios por tiempo determinado con el objeto de encubrir relaciones laborales de carácter permanente.

Dicha doctrina fue aún más precisada por el Alto Tribunal en la causa “Cerigliano, Carlos Fabián c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sentencia de 19-IV-2011, donde señaló que “.quienes no se encuentran sometidos a la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto desempeñen tareas materialmente subordinadas y permanentes a favor de la administración pública nacional o local gozan de la protección conferida por el art. 14 bis de la Constitución nacional” (cons. 6°).

II. Con ese alcance, doy mi voto por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

SENTENCIA

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia de grado en cuanto desestimó la pretensión indemnizatoria de los actores, la que se declara procedente en los términos establecidos en la presente. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, nuevamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda.

Las costas de la instancia ordinaria se imponen a la vencida por el reclamo cuya procedencia se declara, y las de ésta, por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 19 y 63, ley 11.653 y 68 segundo párr. y 289, CPCC).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI

HECTOR NEGRI

DANIEL FERNANDO SORIA

LUIS ESTEBAN GENOUD

HILDA KOGAN

ANALÍA S. DI TOMMASO

Secretaria Interina