El Banco no debe pagar diferencias por restitución de fondos, ya que el depósito judicial tiene origen en una orden judicial

Partes: Mata Stella Maris y otro c/ Nuevo Banco de Santa Fe S.A. s/ demanda ordinaria

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario

Sala/Juzgado: III

Fecha: 27-mar-2018

Cita: MJ-JU-M-112440-AR | MJJ112440 | MJJ112440

Rechazo de la demanda por medio de la cual la actora pretendió que se condene al Banco a pagarle la diferencia por la restitución de fondos sometidos a medidas cautelares en un proceso penal.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda por la que la parte actora pretendió que se condene al Banco demandado a pagarle la diferencia por la restitución de fondos sometidos a medidas cautelares en un proceso penal, ya que si bien sostuvo que la restitución fue parcial e incompleta, adeudándosele montos que no fueron retirados, debido a que la entidad demandada informó en forma incorrecta los números de cuentas y los saldos correspondientes, tal depósito judicial no tiene su origen en una relación de consumo sino en una orden judicial.

2.-La condena en costas debe hacerse en función del éxito obtenido y si la reducción de la pretensión de una de las partes fuera insignificante procederá la condenación total en costas al adversario, teniendo en cuenta ello, cabe señalar que en el caso bajo análisis el actor ejercitó dos pretensiones bien definidas, una relativa a la restitución del capital y la otra referida a los intereses, de este modo, y teniendo en consideración que la proporción a que alude la Ley para distribuir las costas en casos de vencimientos recíprocos debe ponderarse con criterio jurídico y no puramente aritmético, y que la demandada ha sido admitida parcialmente en relación a una parte de los intereses (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Cinalli)

Fallo:

En la ciudad de Rosario, a los 27 días del mes de marzo de 2018, se reunieron en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala Tercera Integrada de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Dres. Mario E. Chaumet, Jéssica M. Cinalli y Edgar J. Baracat, para dictar sentencia en los caratulados: “MATA, STELLA MARIS Y OT. C/ NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. S/ DEMANDA ORDINARIA” CUIJ N° 21-01638369-1, venidos del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil Y Comercial de la 17ma. Nominación de Rosario, en apelación de la sentencia N° 1853/15 de fecha 2 de septiembre de 2015 obrante a fs. 276/288 y habiéndose efectuado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿Es nula la sentencia recurrida?

SEGUNDA: ¿Es ella justa?

TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Efectuado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Dres. Chaumet, Cinalli y Baracat.

A la primera cuestión, dijo el Dr. Chaumet: Atento no haber sido mantenido en esta instancia el recurso de nulidad que fuera interpuesto en su oportunidad, y no advertir la existencia de vicio sustancial que implique la declaración de nulidad de oficio, voto por la negativa.

A la misma cuestión, dijeron los Dres. Cinalli y Baracat: De conformidad con lo expuesto por el Sr. vocal preopinante, votamos por la negativa.

A la segunda cuestión, dijo el Dr. Chaumet: 1. Los antecedentes del caso se pueden sintetizar de la siguiente manera:

1.1. A fs. 2/11 vino la parte actora, integrada por la Sra. Stella Maris Mata y el Sr.Marcelo Fernando Rosselló, a iniciar formal demanda ordinaria contra el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., por la suma que resulte de las probanzas a rendirse en autos, en concepto de restitución de capital, importe al que deberán anexarse los respectivos intereses, de acuerdo al régimen vigente.

Sostiene que en especial se pretende la aplicación del interés que la entidad demandada percibe en sus operaciones de préstamo (tasa activa), desde la fecha del depósito inicial de los fondos embargados y secuestrados y hasta la fecha de su efectivo pago, descontando los montos ya percibidos; aclarando que ello se sustenta en la grave inconducta evidenciada por la demandada en orden a la inejecución de las obligaciones a su cargo.

Todo ello en virtud de que en su momento, dentro de una causa penal, se ordenaron medidas cautelares de embargo y de secuestro respecto de dos certificados de plazos fijos que eran de su titularidad; y que pasado un tiempo se decidió finalmente la restitución de dichos fondos, pero que la misma fue parcial e incompleta.

1.2. El Banco demandado compareció a fs. 34 y contestó demanda a fs. 37/51, formulando una negativa general respecto de los hechos alegados por la actora en su libelo.

Manifestó concretamente que “.lo cierto es que los actores intentan obtener un enriquecimiento ilícito, que ya les fue denegado por la justicia penal que antecedió en el entendimiento de la causa, quien luego de oir y consentir tres pericias oficiales y una de parte, confirmó que lo que les correspondía en concepto de devolución de efecto era ni más ni menos que lo efectivamente percibido” (v. fs. 50 vta).

1.3. Finalmente, mediante Sentencia N° 1853 de fecha 02 de Septiembre de 2015 (v. fs.276/288), la juez de grado falló: “.1.- Hacer lugar parcialmente a la demanda y consecuentemente condenar al Nuevo Banco de Santa Fe SA a abonar a los actores Stella Maris Mata y Marcelo Fernando Rosello la suma de pesos dos mil catorce con 06/100 ($2.014,06) con más los intereses establecidos en los considerandos; 2.- Distribuir las costas, 80% a cargo de los actores y 20% a cargo de la demandada; 3) Regular los honorarios de los Dres. Alejandro Roselló y Carlos Hernandez en la suma de 180,98 jus ($180.000.-) en conjunto y proporción de ley; y los de los Dres. Carlos Alberto Aleman y Verónica Bobbet en la suma de 180.98 jus ($180.000.-) en conjunto y proporción de ley, y los del perito contador Juan Carlos Bonfigli en la suma de 30,16 jus ($30.000.-), siéndoles aplicable un interés moratorio del 6% anual desde la mora y hasta su pago.”.

Debiéndose tener presente la aclaración formulada mediante Resolución Nº 331/16 (v. fs. 307), en la que se dispuso “.ampliar el punto 3.- de la mencionada Sentencia, incluyendo en el mismo a la Dra. Mariana Iglesias en conjunto con los Dres. Alejandro Roselló y Carlos Hernandez y en proporción de ley por la suma regulada.”.

2. Contra dicho resolutorio se alzaron tanto la actora como la demandada, interponiendo recurso de apelación y conjunta nulidad la primera a fs. 289, y simplemente de apelación la segunda, a fs. 291.

Siendo necesario recalcar que este último fue concedido con un específico alcance a raíz del recurso directo presentado en su momento por ante este Tribunal y al que se le hiciera lugar con tales particularidades mediante Resolución Nº 33/16, dictada en el Expte. Nº 393/15 que figura unido por cuerda a los presentes.

2.1. La actora en primer lugar le agravia “.la resolución recurrida en cuanto sostuvo como argumento que ‘La pericia contable realizada en estos autos no logra conmover las conclusiones e informes vertidos en la pericia oficial obrante a fs.3062/3080 (cuerpo XV) del sumario penal, que antes he transcripto y a los cuales he de atenerme’.”; esto es, que “.la A quo estimó como útil la pericia del perito contador oficial dentro del proceso penal aludido y desechó -sin razón justificable alguna que mencione- la pericia contable practicada en la litis.”.

Apunta, asimismo que “.esa opinión (.) no es por cierto una derivación de la propia ciencia del experto dependiente del Poder Judicial sino que la misma se derivó exclusivamente de la información contable que fue aportada por el banco demandado.”; es decir, que “.la opinión del perito contador tomada como válida por la A quo no fue elaborada como resultado de su actividad científica, por medio de cálculos y evaluaciones a partir de las tasas que debió aplicar el banco demandado.”; especialmente cuando “.va de suyo concluir que el banco demandado de ninguna manera hará un cálculo que lo perjudique.”, y “.más aún, si en la Litis fue cuestionada precisamente la conducta de la entidad bancaria.”.

Concluye, pues, en que “.resulta írrito que sea el deudor el que determina lo que debe y que se omita -o descalifique por un lego en la materia- con todo respeto V.S. lo es – la opinión de un perito imparcial. Es mero arbitrio.”; “.con lo cual, la sentencia impugnada omite el indispensable análisis -de rango constitucional- razonado de pruebas conducentes para la correcta solución de la litis con grave lesión del derecho de defensa de mis mandantes.”.

2.1.2. No le asiste la razón a la recurrente.

La parte actora demandó pretendiendo se condene al Banco demandado a pagarle la diferencia que a su entender le corresponde, por la restitución de fondos sometidos a medidas cautelares en un proceso penal.Sostuvo que la restitución fue parcial e incompleta, adeudándosele montos que no fueron retirados, debido a que la entidad demandada informó en forma incorrecta los números de cuentas y los saldos correspondientes.

El Banco demandado reconoció que en la causa penal se procedió al secuestro de plazos fijos de los actores, y que los fondos fueron depositados por orden del juez penal, y expresó que los fondos fueron devueltos en respuesta a la orden emitida mediante resolución judicial.

Indudablemente una prueba pericial contable resulta primordial para determinar si existen las pretendidas diferencias. En las presentes causas se produjeron cuatro periciales contables. La jueza de grado sostuvo que la pericial contable realizada en estos autos no logra conmover las conclusiones e informes vertidos en la pericia oficial obrante en el sumario penal.

La actora no se hace cargo, no refuta, las extensas y precisas consideraciones que tuvo en cuenta la sentenciante para arribar a dicha conclusión, en especial las cinco páginas en donde realiza un minucioso análisis de las constancias del sumario penal, de las respectivas resoluciones, tanto de primera instancia como de la Cámara de Apelaciones, como así también sobre las consideraciones que tuvo en lo relativo a la firmeza de las mismas y consentimiento de los destinatarios (fs. 281/286).

En otros términos, los argumentos no son refutados en la expresión de agravios, no se rebaten puntual y circunstanciadamente fundamentos decisivos dados por la sentenciante que al quedar firme, dan sustento suficiente a lo decidido (arg. art. 365 del C.P.C.C.).

Por otra parte, le asiste la razón a la demandada en cuanto expresa que la recurrente se agravia de la valoración de la prueba pericial, pero no expresa concretamente cuál es a su criterio el quantum de la diferencia y menos aún, las pautas que permitan inferir el resultado.

Tampoco refuta la recurrente las particularizadas críticas que sostuvo la sentenciante para desestimar el dictamen del perito Bonfigli (fs.285 vta.).

No obstante ello, no expresa la actora, ni el mencionado perito, una razón suficiente que respalde su afirmación sobre que “se deberá aplicar rigurosamente la tasa que la entidad demandada percibe (y percibía en cada uno de los períodos sucedidos) en sus operaciones de préstamo (tasa activa), desde la fecha del secuestro de los fondos.” (fs. 151 vta.).

También le asiste la razón a la parte demandada en cuanto sostiene que en función de lo decidido en sede penal y tenido en consideración por la sentenciante, la controversia se debe limitar a intereses devengados y no respecto del capital restituído. En este sentido sostuvo la jueza interviniente: “Además, en la resolución 261, T. XII del 15/09/09 (fs.3088 del sumario penal) el juez penal interviniente resaltó que en los incidentes (que no fueron remitidos a estos estrados), se habían individualizado los plazos fijos de los actores, y que éstos habían consentido dicha individualización y que por el lo se había procedido a su restitución, y que en dichos incidentes los actores cuestionaron su disconformidad sólo respecto de los intereses. Así indicó “.que a fs. 16 del incidente “Roselló Marcelo s/ devolución de fondos y a fs. 26/27 del incidente caratulado “Mata Stella Maris s/ devolución de fondos” fueron individualizados los plazos fijos que en su oportunidad se le secuestraron al Dr. Roselló, individualización que fue consentida por el presentante punto tal que se procedió mediante la Resolución N° 445 de fecha 3/11/06 (fs. 28 del incidente caratulado Mata Stella s/ devolución de fondos) a hacer entrega del 50% de ese plazo fijo n° 108257 cuenta n° 101319/81 a Stella Maris Mata, siendo transferido el otro 50% mediante Resolución n° 259 de fecha 29/05/07 (fs. 66/67 incidente “Roselló Marcelo s/ devolución de fondos) al Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial a cargo del Dr. Hernán Carrillo dentro de los autos “Roselló Marcelo s/ concurso preventivo”, Expte.N° 200/05 manifestando el presentante su disconformidad respecto del dinero restituído en cuanto a sus intereses, ya que a fs. 42 expresa que se advierte que el dinero secuestrado en el año 07/04/93 fue de $137.345,68 (fs. 2 y 3) y que por orden del Tribunal se puso a plazo fijo renovable cada 30 días automáticamente con capitalización mensual de intereses (fs. 7), y que a la fecha de la sentencia que ordenara su devolución transcurrieron 162 meses, por lo que dice que de la simple multiplicación del monto original con los meses transcurridos surge que el monto recibido por su mandante, está incompleto, lo que dio origen a la realización de una pericia por parte del Sr. Perito Oficial la cual es impugnada.”

“Es atinado recordar que esta resolución se encuentra firme y consentida, y por lo demás, el actor no acompañó los incidentes mencionados de donde pudiera surgir el yerro en lo decidido y/o que la individualización de los plazos fijos de los actores que la resolución refirió hubiesen sido incorrectos. Tampoco logró probar esto de forma alguna”. (fs. 287).

2.2.La actora también se agravia de la sentencia “.por cuanto la A quo decidió que no hacer lugar a la pretensión punitiva reclamada en la demanda, porque ‘.los actores no lograron acreditar conductas dolosas y reñidas con la buena de parte de la demandada’.”.

Puntualmente aduce que “.el agravio que ahora fundamentamos tiene íntima conexión con el anterior.”, desde que “.la jueza de la instancia anterior entendió que el hecho -reconocido en el responde de la demanda- imputable al banco que no haya podido localizar el certificado pertinente, no lo hace merecedor de tales sanciones desde que -entendió la A quo- no se ha derivado daño de esa conducta.”; sin que se tenga presente que “.no hay daño en rigor porque la Jueza de la instancia anterior fundamentó su conclusión exclusivamente en los datos contables aportados por el banco demandado.”.

También sostiene que “.fundamenta el agravio lo decidido por la sentencia en crisis en cuanto concluye que los depósitos judiciales son ajenos a la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley Nº 24.240 y modif.).”; siendo que a su entender “.los depósitos judiciales, aún con sus particularidades, gozan de la misma naturaleza, en lo esencial, de los depósitos que en los mismos o en otros bancos hacen los particulares.”. Razón por la cual “.mal podría sostenerse que las cuentas judiciales están al margen del sistema financiero y, consecuentemente, de la normativa tuitiva de los derechos de los consumidores y usuarios.”.

2.2.1. Tal como lo expuso la sentenciante el depósito judicial no tiene su origen en una relación de consumo sino en una orden judicial.La ley de defensa del consumidor tiene por objeto actuar como control de cláusulas contractuales predispuestas en los contratos de adhesión, cuando el Estado Nacional no interviene en ellos, motivo por el cual es inaplicable en materia.

Sin perjuicio de ello y tal como también se establece en la sentencia en el caso no ha podido la actora acreditar conductas dolosas y reñidas con la buena fe.

Esta multa civil resulta aplicable en los casos de una conducta gravemente dolosa, que demuestre un desprecio absoluto por los derechos de la víctima y, por ello admite en su télesis una finalidad ejemplificadora y preventiva de la repetición de conductas análogas.

Su aplicación es estimada como excepcional y debe ser debidamente fundada pues su carácter sancionatorio civil y su finalidad disuasoria debe ser claramente visualizada desde la existencia de una conducta dolosa que merezca indiscriminadamente su reprimenda, lo que torna exigible el ejercicio de la prudencia judicial.

Asimismo, toca recordar que en las conclusiones de las XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil se dejó sentado que: “La multa civil del Art. 52 bis de la ley 24.240 presenta importantes deficiencias técnicas, pero éstas pueden ser corregidas por una aplicación racional y prudente por parte de los magistrados. Una interpretación razonable de la norma exige su adecuación a los principios informadores del Derecho Privado y el resguardo de derechos constitucionales. En consecuencia, es necesario atender a los siguientes efectos. Requisitos: Los daños punitivos proceden únicamente en casos de particular gravedad que trasunten menosprecio por derechos individuales o de incidencia colectiva, abuso de posición y también en los supuestos de ilícitos lucrativos con la finalidad de desmantelar plenamente sus efectos”.

No en todos los casos se puede dar andamiento a un pedido de daño punitivo como suma excedente a la reparación del daño efectivamente sufrido por el consumidor en la relación de consumo.

El agravio debe ser desestimado.

2.3. Ambas partes se agravian de la distribución de costas dispuesta en la sentencia.

2.3.1.La actora se considera agraviada por “.la sentencia recurrida por cuanto ordenó distribuir las costas en un 80% a cargo de ellos.”, porque “.en la litis se acogió favorablemente la pretensión demandada (.), que residió en que el banco accionado sea condenado a restituir el capital, con más intereses según la tasa activa, como consecuencia de la grave inconducta evidenciada en relación con las obligaciones a su cargo.”.

Sostiene, pues, que “.operó un vencimiento recíproco.”, que “.implica que el juez debe valorar cualitativamente lo admitido o rechazado, en la real trascendencia que tiene para la posición asumida por cada litigante en el pleito.”; esto es que “.la distribución se debe llevar a efecto con criterio jurídico, y no meramente matemático.”.

2.3.2. La demandada afirma que “.agravia a esta parte la distribución de las costas en (.) una proporción de un 80% a cargo de la actora y un 20% a cargo de la demandada.”, cuando en realidad “.las costas debieron cargarse en un 100% a la parte.”.

Ello así a raíz de que “.el art. 252 del CC establece que si el resultado del pleito fuere parcialmente favorable para ambos litigantes, las costas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos; pero si la reducción de las pretensiones de una de las partes fuere relativamente insignificante, procederá la condenación total en costas al adversario.”; y de que “.entendemos que el reconocimiento de $ 2.014,06 puede y debe ser considerado un porcentate ‘insignificante’ en la distribución de cosas.”.

2.3.3. El art. 252 del CPCC prescribe que la condena en costas debe hacerse en función del éxito obtenido y si la reducción de la pretensiones de una de las partes fuera insignificante procederá la condenación total en costas al adversario.

Se ha dicho que, existe vencimiento parcial y mutuo cuando ambas partes han triunfado o fracasado parcialmente en sus pretensiones u oposiciones (Fassi, Santiago, C.y Yáñez, César D., Código Procesal Civil y Comercial, Comentado, Anotado y Concordado, Ed. Astrea, Bs. As. , 1981, Tomo I, pág. 440).

Resulta de la mayor importancia subrayar que la proporción a que alude la ley para distribuir las costas en casos de vencimientos recíprocos debe ponderarse con criterio jurídico y no puramente aritmético, lo cual implica valorar por parte del juez la trascendencia de lo admitido y lo desestimado, no en el aspecto exclusivamente cuantitativo, sino en su conjunto para poder apreciar prudencialmente cuál es el apropiado y equitativo prorrateo del rubro costas (Comentario del Dr. Eduardo Pagnacco al art. 252 CPCC en “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe”, dirigido por el Dr. Jorge W. Peyrano, Edit. Juris, pág. 735/736).

Sentado ello, y luego de un detenido repaso de lo resuelto en autos, se advierte que el rechazo de las oposiciones esgrimidas por la demandada resultan “insignificante” e “intrascendente” en relación a las pretensiones esgrimidas por el actor. En efecto, el juez de grado únicamente le admitió al actor el pago de los intereses correspondientes a la última renovación del plazo fijo, rechazando el resto de las pretensiones formuladas, esto es, “restitución de capital, importe al que deberán anexarse los respectivos intereses, de acuerdo al régimen vigente; en especial, se pretende la aplicación del interés que la entidad demandada percibe en sus operaciones de préstamo (tasa activa), desde la fecha del depósito inicial de los fondos embargados y secuestrados y hasta la fecha de su efectivo pago”. De esta manera, y en función de o dispuesto por el art. 252 antes referido, corresponde que la condena en costas sea impuesta en su totalidad al actor por resultar vencido.

2.4. Por último, la actora le agravia “.la sentencia impugnada al regular los honorarios de los letrados de las partes en la suma de 180,98 Jus.”, porque “.no fueron resueltos desde la perspectiva arancelaria adecuada con la que debe resolverse.”.

Considera que “.corresponde aplicar al caso la norma del art.8 de la Ley Nº 6767.”, y que “.para ello entonces debe considerarse el monto de la pretensión inicialmente estimada.”, porque “.cuando se rechaza una parte de la demanda, como en autos, a los fines de la regulación de honorarios deberá tenerse en cuenta, sólo el monto que fue reclamado en la demanda, por significar éste el valor discutido en juicio.”; siendo que “.el único monto reclamado por los demandantes reside en la pretensión punitiva (daño punitivo), fundamentada en la mala fe del Nuevo Banco de Santa Fe Sa, que fue estimada en la suma de $100.000.-.”; “.el resto fue indeterminado.”.

2.4.1. En primer término es dable destacar que conforme se desprende de la lectura del escrito de demanda, el objeto versó sobre la restitución del capital más los intereses, sin estimar monto alguno quedando supeditado a las probanzas de autos. Asimismo se reclamó el daño punitivo, estimándolo en la suma de $100.000.-

Le asiste la razón a la apelante en relación a que la jueza de grado no justificó la base regulatoria utilizada a los fines regulatorios. Es decir, no explicita en términos claros y concretos cuáles fueron los hechos que motivan y justifican la calidad y extensión de la labor desarrollada para arribar a la regulación efectuada.

En el caso nos encontramos ante una demanda que prosperó por la suma de $2.014,06.- y conforme lo expresó la sentenciante condenó a la demandada a abonar dicha suma con más los intereses desde el 18/12/06, que serán calculados conforme la tasa activa sumada del BCRA. (v. fs.287 vta.)

Como bien sostiene la apelante, la base económica sobre la cual deben calcularse los honorarios peticionados está determinada por el monto reclamado en la demanda que fue indeterminado y supeditado a las probanzas de autos, y así fue reconocido por la jueza de grado en su sentencia; debiéndose adicionar la suma reclamada en concepto de daño punitivo que fue estimada en $100.000.-, todo ello de conformidad a lo dispuesto, resultando de aplicación los arts. 6, 8 y ss. de la Ley 6767.

En el caso de autos deberá practicarse la planilla respectiva a los fines de establecer la base regulatoria que estará constituida por el capital condenado ($2.014,06.-) con más los intereses fijados por la sentenciante. Debiéndose adicionar la suma estimada en concepto de daño punitivo.

Por ello considero que debe revocarse la regulación practicada y una vez aprobada la planilla respectiva, deberá procederse a efectuarse una nueva regulación.

2.5. La demandada, por otro lado, expresa los suyos a fs. 354/357.

Sin embargo, sólo cabe el tratamiento de uno de tales agravios, concretamente del segundo, teniendo en cuenta lo apuntado anteriormente respecto del alcance de la concesión del recurso de apelación por aquella interpuesto oportunamente; desde que el primero de sus reproches refiere a cuestiones ajenas tanto a la imposición de costas como a las regulaciones de honorarios contenidas en el decisorio recurrido.

Se dijo en su momento que “.en cuanto a la condena resuelta por la jueza de grado (.) es claro que no se cumple con la exigencia impuesta por el art. 43 de la LOPJ.”, es decir, que en ese punto “.la entidad del gravamen no configura agravio computable conforme al mínimo estipulado por la norma de la ley 10.160.” (v. fs. 312 y vta).

Por consiguiente, sólo cabe referirse al otro agravio expresado, que alude sí a la distribución de las costas, que fue tratado en el punto 2.3.3.

Voto pues parcialmente por la afirmativa.

A la misma cuestión, la Dra. Cinalli dijo:Adhiero en lo sustancial al voto de mi distinguido colega Dr. Mario E. Chaumet, pero me permito disentir en lo que respecta exclusivamente a la cuestión relativa a las costas.

Como se señalara, el art. 252 del CPCC prescribe que la condena en costas debe hacerese en función del éxito obtenido y si la reducción de la pretensión de una de las partes fuera insignificante procederá la condenación total en costas al adversario.

Teniendo en cuenta ello, cabe señalar que en el caso bajo análisis el actor ejercitó dos pretensiones bien definidas. Una relativa a la restitución del capital y la otra referida a los intereses. De este modo, y teniendo en consideración que la proporción a que alude la ley para distribuir las costas en casos de vencimientos recíprocos debe ponderarse con criterio jurídico y no puramente aritmético, y que la demandada ha sido admitida parcialmente en relación a una parte de los intereses, entiendo que corresponde confirmar la condena en costas dispuesta en la instancia de grado.

A la misma cuestión, dijo el Dr. Baracat: de conformidad con lo expuesto por el Dr. Chaumet, adhiero a su voto.

A la tercera cuestión, dijo el Dr. Chaumet: Corresponde: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en relación a los honorarios regulados a los profesionales intervinientes, y en consecuencia revocar las regulaciones contenidas en la sentencia n° 1853/15 y en su lugar, disponer que bajen los presentes al juzgado de origen a fin de que practique las regulaciones de honorarios de los profesionales intervinientes, conforme lo establecido en los considerandos de la presente. 2) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, y en consecuencia revocar la sentencia n° 33/16 en relación a la distribución de costas, debiendo imponerse su totalidad a la parte actora (Art. 252 CPCC). 3) Costas en esta instancia a la actora. (Art. 251 CPCC). 4) Regular los honorarios profesionales intervinientes en el 50% de los que en definitiva, resulten regulados en primera instancia.A la misma cuestión, dijeron los Dres. Cinalli y Baracat: El pronunciamiento que corresponde dictar en los presentes autos, es el que formula el Dr. Chaumet. En tal sentido votamos.

Con lo que terminó el Acuerdo, y atento sus fundamentos y conclusiones, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, integrada;

RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en relación a los honorarios regulados a los profesionales intervinientes, y en consecuencia revocar las regulaciones contenidas en la sentencia n° 1853/15 y en su lugar, disponer que bajen los presentes al juzgado de origen a fin de que practique las regulaciones de honorarios de los profesionales intervinientes, conforme lo establecido en los considerandos de la presente. 2) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, y en consecuencia revocar la sentencia n°33/16 en relación a la distribución de costas, debiendo imponerse su totalidad a la parte actora (Art. 252 CPCC). 3) Costas en esta instancia a la actora. (Art. 251 CPCC). 4) Regular los honorarios profesionales intervinientes en el 50% de los que en definitiva, resulten regulados en primera instancia.

Insértese, hágase saber, bajen y déjese nota marginal de esta resolución en el protocolo del juzgado de origen. (Autos: “MATA, STELLA MARIS Y OT. C/ NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. S/ DEMANDA ORDINARIA” CUIJ N° 21-01638369-1).

CHAUMET

CINALLI

BARACAT

(Disidencia parcial)

SABRINA CAMPBELL

(Secretaria)