Empleada pública debe restituir las sumas percibidas indebidamente durante el período en el que se encontraba de licencia sin goce de sueldo

Partes: Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo c/ Cangiano Ana María S. s/ acción procesal administrativa

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén

Sala/Juzgado: Procesal Administrativa

Fecha: 4-jun-2018

Cita: MJ-JU-M-112895-AR | MJJ112895 | MJJ112895

La empleada pública debe restituir las sumas percibidas indebidamente durante un período en el que se encontraba en uso de licencia sin goce de haberes.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la acción procesal administrativa deducida, toda vez que configura enriquecimiento sin causa la recepción por parte de la demandada de haberes indebidamente percibidos, pues la causa del pago de haberes es la prestación de servicios, por ende sin prestación de servicios, ni razón legal que la dispense del débito laboral, el pago efectuado carece de causa.

2.-La demora en detectar el error en los pagos por parte de la Administración en modo alguno eximía a la demandada de su obligación de denunciar la percepción de fondos durante el período en que dichos pagos no encontraban causa (uso de licencia sin goce de haberes o durante el tiempo en el que se ausentó sin causa justificada) y, mal puede escudarse en tal circunstancia para justificar que no deba restituir las sumas reclamadas.

Fallo:

En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil dieciocho, se reúne en Acuerdo la Sala Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, integrada por los Señores Vocales, Doctores EVALDO DARIO MOYA y ALFREDO ELOSU LARUMBE, con la intervención de la titular de la Secretaría de Demandas Originarias, Doctora Luisa Analía Bermúdez, en los autos caratulados: “INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO C/ CANGIANO ANA MARIA S. S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”, EXPTE. OPANQ1 N° 6062/2014, venidos en apelación y conforme al orden de votación oportunamente fijado, el señor Vocal Doctor EVALDO DARIO MOYA dijo:

I.- A fs. 182/187 se dictó sentencia por la cual se hizo lugar a la demanda interpuesta por el I.P.V.U. y se condenó a la demandada a restituir la suma de $81.594,65 que corresponden a haberes indebidamente abonados durante los meses de Diciembre de 2011, 2do. SAC 2011, enero a mayo de 2012, diciembre de 2012, abril de 2013, junio de 2013, 1ro. y 2do. SAC de 2013 y diciembre de 2014. Asimismo, la condena incluye el pago de intereses, calculados a tasa promedio activa pasiva mensual del BPN S.A., computados a partir de la fecha en que fuera intimada a restituir las sumas reclamadas.

II.- A fs. 190/192 vta., la parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia. Se agravia del basamento jurídico por el cual se ordena la devolución de los fondos dados en pago por el Estado Provincial, en el marco del contrato de trabajo habido entre las partes, y de que se haya ordenado el reintegro con más intereses, como si se tratara de una deuda comercial o su parte se hubiera encontrado en mora.Asimismo, pide que se revoque la condena en costas.

Argumenta que el juez ha incurrido en dos yerros; tanto en la interpretación del instituto del enriquecimiento sin causa y la normativa aplicable, como su aplicación y asimilación al caso concreto.

Trayendo a colación el concepto de la figura del enriquecimiento sin causa, alega que, en este caso, existía entre las partes un contrato de trabajo vigente que daba razón suficiente para entender por válidas las acreditaciones realizadas en la cuenta sueldo. Por esa razón, dice, la aplicación del instituto del enriquecimiento, en el supuesto, afecta sus derechos.

Desde otro lado, se agravia porque se ha aplicado el Decreto 1494/02 cuando la parte actora no lo invocó. Acto seguido, sostiene que dicho Reglamento no ha sido aplicado en su espíritu y en su integralidad. Transcribe los arts. 1, 2 y 3 y señala que los errores en las liquidaciones comenzaron en el año 2011 y la notificación realizada al agente data de marzo de 2014, con lo cual no puede esperarse que su parte entendiera que se trataba de un error cuando el contrato de trabajo se encontraba vigente.

Expresa que, como marca la normativa utilizada por el sentenciante, el plazo de notificación debió ser dentro del 3er.día de realizado el pago indebido, pues esperar que un agente de la Administración actúe como depositario de sumas, resultaría un absurdo.

Indica que los montos abonados tuvieron su razón de ser en el contrato de trabajo vigente, que se extinguió recién en el año 2016 a través de la resolución del sumario que impuso la sanción de cesantía, con lo cual, no existe enriquecimiento sin causa.

Alega que la responsabilidad del IPVU no puede volcarse sobre la demandada.

Insiste en que no corresponde el pago de intereses por cuanto no resulta viable la devolución del capital, en tanto el contrato de trabajo se mantenía vigente; agrega que no puede tenerse a la demandada como depositaria de las sumas reclamadas y en mora cuando las notificaciones realizadas por el Estado Provincial se efectuaron fuera de los plazos establecidos por la Ley.

Vuelve sobre el Reglamento -Decreto 1494/02- para sostener que es el Organismo demandante el que debió informar a través del sistema de Recursos Humanos (dentro de los 3 días) los cambios que generaban modificaciones en las liquidaciones de haberes, a fin de evitar pagos indebidos.

Menciona que su parte utilizó las acreditaciones entendiéndolas como pago por el contrato de trabajo.

En función de todo ello, afirma que la sentencia no se ajusta a derecho al atribuirle un enriquecimiento sin causa, y que es arbitraria e incausada la condena al pago de intereses cuando no puede ser considerada en mora culpable que justifique su devengamiento.

III.- A fs. 193 el Juez de grado concedió el recurso de apelación, libremente, con efecto suspensivo y ordenó dar traslado a la contraria por el término de 15 días conforme art.6 de la Ley 2979.

IV.- Cumplido, la parte actora contestó y sostuvo que la apelante reedita los argumentos de su contestación de demanda sin contradecir los argumentos que fundamentan la sentencia.

Señala que la falta de prestación de servicios no se encuentra controvertida y, por ello, es equivocado pretender justificar la causa del pago de sueldos en el contrato de trabajo en forma autónoma e independiente; es decir, prescindiendo de la efectiva prestación de servicios propios del cargo laboral.

Agrega que, la apelante, confunde la eventual responsabilidad personal de un agente encargado de dar aviso de un pago indebido (arts. 1, 2 y 3 del Decreto 1494/02) con el mecanismo consagrado en el mismo ordenamiento para perseguir y concretar el reintegro de esos pagos.

Solicita el rechazo del recurso de apelación interpuesto, con costas.

V.- A fs. 199 se remitieron las actuaciones a la Sala y, a fs. 204/207, dictaminó el Sr. Fiscal General, quien propicia la confirmación del fallo recurrido.

Respecto a la denuncia de falta de configuración del supuesto enriquecimiento sin causa, basada en que la vigencia del contrato o vínculo de empleo público entre las partes justificaba el pago de salarios, dice que la no prestación efectiva de servicios (circunstancia no controvertida por la demandada) convierte en injustificado el pago de haberes realizado en su favor.

Cita el art. 13 del EPCAPP donde claramente se establece, como condición del derecho a la retribución, la efectiva realización de labores por parte del agente.Agrega que la vigencia de la relación de empleo no habilita por sí sola el cobro de salarios, puesto que para ello debe haberse trabajado.

Incumpliendo la demandada con la obligación principal, básica y esencial de toda relación de empleo, sostiene que corresponde aplicar el instituto del enriquecimiento sin causa como fundamento de la condena de reintegro o devolución en la medida que se ha configurado el supuesto fáctico.

En relación con la crítica referida a los intereses, destaca que, frente a la indebida percepción de haberes por labores no prestadas, no sólo corresponde su devolución por parte del agente, sino también la aplicación de intereses desde que el trabajador tomó conocimiento del cobro indebido y fue intimado fehacientemente a su devolución.

A partir de ese momento, expresa, el deudor quedó claramente constituido en mora, no pudiendo alegar buena fe alguna en la retención de lo percibido erróneamente sin causa.

Suma a lo anterior que las falencias o demoras registradas en el accionar de la administración, en cuanto a la detección de la irregularidad producida, no eximen a la demandada de devolver lo cobrado indebidamente ni de abonar intereses luego de que se le exigiera su reintegro.

En virtud de lo anterior, coincide con lo resuelto por el aquo en lo que fue materia de agravios.

VI.- Ingresando al tratamiento de la cuestión traída a estudio, y compartiendo las consideraciones efectuadas por el Sr.Fiscal General en su dictamen, se adelanta que el recurso de apelación no puede prosperar.

En relación con los términos del primer agravio, referido a la incorrecta interpretación del instituto del enriquecimiento sin causa, se advierte que la recurrente incurre en el mismo error conceptual en el que intentó basar su defensa al responder demanda.

Insistir en la vigencia de la relación de empleo público como única circunstancia para justificar la inaplicabilidad del instituto del enriquecimiento sin causa, en las condiciones de esta causa, implica tanto como desconocer que la “causa” del pago de haberes es, precisamente, la prestación de servicios; dicho de otro modo, la contraprestación por el desempeño del cargo o empleo es la remuneración, por ende, sin prestación de servicios (ni razón legal que la dispense del débito laboral), el pago efectuado carece de causa y coloca a quien lo ha recibido en un enriquecimiento incausado.

Como se ha expresado en otras oportunidades, en el empleo público, existe una relación de sujeción especial de derecho público que vincula a la Administración con el agente. Resulta evidente que entre ellos existe una relación jurídica que tiene como origen una manifestación de voluntad libre y espontánea que obliga a quien la produce a respetar los estatutos correspondientes. Es a partir de la aceptación de la designación, que se originan entre ellos derechos y obligaciones. Así, el derecho a desempeñar el cargo para el que ha sido designado y la obligación de prestar el servicio correspondiente, genera el derecho a percibir la remuneración a partir del momento en que efectivamente presta servicios. El salario implica la contraprestación que se recibe por la prestación de servicios, de parte de quien se beneficia con ellos, o sea el Estado. La contracara de tal beneficio, lo constituye el ejercicio efectivo de la función habida cuenta que, de no ser así, ese pago carecería de causa (cfr. Ac.1390/07).

Es más, este Tribunal, en consonancia con la doctrina del máximo Tribunal Nacional, viene sosteniendo reiteradamente que no corresponde al pago de sueldos por tareas no desempeñadas (C.S.J.N. Fallos 304:199; 308:372 y 316:2922);(Ac. 80/12, entre tantos otros).

De modo que, el fundamento de la doctrina del enriquecimiento sin causa se encuentra, entonces, en un principio ético, a partir del cual, nadie se encuentra h abilitado para obtener una ventaja patrimonial que no se conforme a la justicia y a la equidad.

En consecuencia, atendiendo al agravio expresado, el razonamiento efectuado por el aquo en cuanto a la aplicación del instituto del enriquecimiento sin causa para hacer lugar a la repetición de las sumas que fueron reclamadas (correspondiente a haberes pagados a la demandada sin la debida contraprestación laboral) ha sido correcto, pues se ha ajustado a los hechos acreditados y al derecho aplicable al caso.

VII.- Desde otro lado, la recurrente cuestiona la aplicación del Decreto 1494/02 por no haber sido invocado por la parte actora y, además, porque éste no ha sido considerado en su espíritu e integralidad por parte del aquo.

En primer término, recuérdese que el principio iura novit curia, impone al Juez el deber de aplicar el derecho que considere que rige el caso, aun prescindiendo del invocado por las partes y aplicado en su justa medida.

En este escenario, también vale mencionar que son numerosos los precedentes de este Tribunal en los que se ha aplicado dicho Reglamento de Gestión del Módulo de Deudas contra la Administración Pública Provincial para resolver causas análogas al presente, describiendo el procedimiento a tal fin (Acs.54/13, 33/13; 27/16, 45/16; 112/16; 104/16; 13/17; 15/17; 18/17; 89/17 entre tantos otros).

En definitiva, ninguna crítica merece la sentencia recurrida por haber hecho aplicación de tal Reglamento.

Para continuar, tampoco puede ser recibido el agravio fundado en que el Decreto 1494/02 no ha sido aplicado en su espíritu y en su integralidad.

Como quedara dicho, la recurrente propone una particular interpretación de los tres primeros artículos del Reglamento para concluir que la responsabilidad de la Administración en detectar los errores en las liquidaciones -superado el plazo del art. 1- no puede volcarse sobre la demandada, pues sería un absurdo esperar que un agente de la Administración actúe como depositario de aquellas sumas; más aún, la condena a restituir con más intereses.

Sin embargo, más allá que no pase desapercibido el esfuerzo argumentativo empleado para lograr revertir la sentencia condenatoria atacada, lo cierto es que no hay modo de sustentar la premisa de la que parte su razonamiento.

Nótese que el artículo 1 del Reglamento establece la obligación de los agentes de la Administración Pública Provincial, que tengan bajo su responsabilidad directa personal a su cargo, de comunicar las novedades que pudieran significar modificaciones en la situación laboral de su personal y/o generación de pago indebido de haberes, dentro de los 3 días hábiles de producidas las mismas.

El art. 2, expresa cómo deben ser informadas las novedades a fin de movilizar los procesos del mismo, conducentes a evitar pagos indebidos.

El art.3°, prevé que será considerada falta grave y motivo de sanción al responsable directo del área de dependencia del agente y/o al responsable del área encargada de Administración de Recursos Humanos, la ausencia de notificación en tiempo y forma de la novedad que genere la liquidación no prevista en el ordenamiento legal y/o indebido de fondos.

Entonces, es claro que estos artículos, que marcan el procedimiento y la responsabilidad que les cabe a quienes deben informar las novedades para evitar pagos indebidos, nada determinan en relación con lo que aquí debe resolverse; es decir, con la obligación del agente de restituir las sumas que han sido pagadas sin causa.

La recurrente soslaya el resto del articulado; por ejemplo, el art. 5 que establece la obligación de todo agente, que perciba haberes liquidados en exceso o remuneraciones sin prestar servicios, de notificar en forma inmediata a sus superiores y de poner a disposición de las autoridades las sumas percibidas sin causa.

El art. 7:”. en el caso que el agente hubiera percibido sumas en más indebidamente y no reintegra las diferencias a su empleador en forma inmediata a su percepción, tales diferencias serán recuperadas por la Administración, previa notificación al agente, en la forma que ésta disponga, sin perjuicio de las acciones judiciales a que hubiere lugar, si no se reintegraran los fondos y no fuera factible una compensación”.

El artículo 8, “excepcionalmente la Administración podrá, con causa justificada, aprobar un Acuerdo de reintegro de fondos en cuotas con intereses, bajo las modalidades que establezca la reglamentación que dicte la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos”.

El artículo 11, “las obligaciones de reintegro o compensación de fondos mal liquidados a los agentes de la Administración, serán cumplidas con la afectación de haberes y podrán extenderse a cualquier otro ámbito patrimonial del deudor”.

El artículo 12, “La Administración será la que realizará la imputación de los fondos que le fueran reintegrados” y el artículo 13, “si se verificara incumplimiento de un Acuerdo de reintegro o fuera manifiesta la reticencia al reintegro de fondos habidos irregularmente, o fuera imposible la compensación, las actuaciones respectivas serán giradas a la Fiscalía de Estado por las vías jerárquicas correspondientes para el ejercicio de las acciones judiciales a que hubiere lugar”.

Como puede seguirse del reglamento aludido, nada permite inferir que el agente que haya percibido sumas erróneamente liquidadas no deba proceder a su restitución por el hecho que la Administración haya demorado en detectar el pago hecho sin causa; antes bien, todo el procedimiento está encaminado a agilizar el recupero de tales sumas, incluso con intereses en los supuestos allí establecidos.

En este orden de ideas, entonces, la demora en detectar el error en los pagos por parte de la Administración, en modo alguno eximía a la demandada de su obligación de denunciar la percepción de fondos durante el período en que dichos pagos no encontraban causa (uso de licencia sin gocede haberes o durante el tiempo en el que se ausentó sin causa justificada) y, mal puede escudarse en tal circunstancia, para justificar que no deba restituir las sumas reclamadas.

No puede dejar de mencionarse, una vez más, que la vigencia de la relación de empleo público no genera por sí sola el pago de haberes, con lo cual yerra la recurrente al sostener que “solo utilizó las acreditaciones entendiéndolas como pago por el contrato de trabajo”.

A resultas de todo lo dicho, sin necesidad de abundar en mayores consideraciones, vale concluir que, en todo lo que ha sido materia de recurso, corresponde confirmar la sentencia apelada en tanto los agravios expresados no logran conmover la decisión impugnada.

Costas a cargo de la parte recurrente atento a su carácter de vencida.

Finalmente, los honorarios de los letrados intervinientes en esta Alzada, se regulan en el 30% de la regulación que corresponda por la instancia anterior, a los que actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.).

ASÍ VOTO.

El Señor Vocal Doctor ALFREDO ELOSU LARUMBE dijo: comparto la línea argumental desarrollada por el Dr. Moya, como así también sus conclusiones, por lo que emito mi voto del mismo modo. MI VOTO.

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose dado intervención al Sr. Fiscal General, por unanimidad, SE RESUELVE: 1°) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 190/192. 2°) Imponer las costas de alzada a la parte recurrente en su calidad de vencida (arts. 68 C.P.C.C.). 3°) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta Alzada, en el 30% de la regulación a efectuarse por la primera instancia, a los que actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 4°) Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, oportunamente, vuelvan los autos a origen.

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa lectura y ratificación firman los Magistrados presentes por ante la Actuaria, que certifica.

Dr. EVALDO DARIO MOYA – Dr. ALFREDO ELOSU LARUMBE Dra. LUISA A. BERMÚDEZ – Secretaria