No es arbitrario el derecho de admisión de los amparistas a espectáculos deportivos, en tanto ya habían participado en incidentes previos

Partes: B. L. E. R. y otros c/ A. C. Club Atlético Boca Juniors s/ amparo – sumarísimo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: E

Fecha: 14-may-2018

Cita: MJ-JU-M-113068-AR | MJJ113068 | MJJ113068

No existió arbitrariedad o ilegalidad manifiesta sobre el derecho de admisión a espectáculos futbolísticos de los amparistas, en tanto participaron en incidentes -enfrentamientos y grave alteración del orden público- que se produjeron durante un evento deportivo.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que desestimó la admisibilidad de la acción de amparo al entender que no existió arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 43 CN. y art. 321 del CPCCN.) sobre el derecho de admisión a espectáculos futbolísticos que se habría aplicado respecto de los actores, pues se acreditó que la incorporación de los amparistas efectuada por las autoridades encargadas de la seguridad del Club demandado al ‘listado de no admisión’ fue realizada a pedido del Coordinador de la Seguridad en Espectáculos Deportivos del Ministerio de Seguridad y originada en el requerimiento efectuado por el Comisario General Jefe de la Jefatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Policía Federal Argentina por cuanto, según informa, aquellos participaron de las incidencias que se produjeron durante un evento futbolístico.

2.-En la Ley 23.184 -t.o. por Ley 24.192 (modificada por la Ley 26.358 )- se estableció el Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos aplicable para hechos que se cometan con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo, sea en el ámbito de concurrencia pública en que se realizare o en sus inmediaciones, antes, durante o después de él, como así también durante los traslados de las parcialidades, tanto sea hacia o desde el estadio deportivo donde el mismo se desarrolle.

3.-En el Dec. 246/17 (que derogó la reglamentación del Dec. 1466/97 ) se dispuso que el Ministerio de Seguridad es el organismo competente al que alude el art. 49 de la Ley 23.184 y tendrá a su cargo todo lo relativo a la prevención, control y seguridad de los eventos futbolísticos, como así también el dictado de un nuevo reglamento que reemplace al establecido en el aludido decreto derogado.

4.-El Derecho de Admisión y Permanencia es aquél ‘en virtud del cual, la persona titular del establecimiento y/o evento, se reserva la atribución de admitir o excluir a terceros de dichos lugares, siempre que la exclusión se fundamente en condiciones objetivas de admisión y permanencia, que no deben ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional ni suponer un trato discriminatorio o arbitrario para las personas, así como tampoco colocarlas en situaciones de inferioridad o indefensión con respecto a otros concurrentes o espectadores o agraviarlos’ (conf. considerando 7º y art. 4º de la Ley 26.370).

5.-El derecho de admisión se refiere a la atribución que poseen tanto los entes públicos como los particulares para restringir el acceso o permanencia de ciertas personas a un determinado lugar, servicio, prestación, actividad o status jurídico, en un concepto más estricto, se refiere puntualmente al acceso o permanencia a los lugares donde se desarrollen eventos y espectáculos públicos.

Fallo:

Buenos Aires, mayo 14 de 2.018.

AUTOS Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I. Contra la sentencia dictada a fs. 235/241, en la cual el Sr. juez de la anterior instancia desestimó el amparo promovido, alza sus quejas el coactor M. quien las expresa en el escrito de fs. 247/255, que fueron respondidas a fs. 257/260.

El Sr. juez de grado, en la sentencia recurrida, desestimó la admisibilidad de la presente acción de amparo al entender que, de estarse a las constancias de autos, no existió arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (conf. art. 43 Constitución Nacional y art. 321 del Código Procesal) sobre el derecho de admisión a espectáculos futbolísticos que se habría aplicado respecto de los actores.

En la especie, los actores pretenden mediante esta vía obtener el ingreso a la asociación deportiva que les fuera vedado en razón de la aplicación de las normas que regulan el derecho de admisión antes mencionado.

II. Cuadra señalar liminarmente que en la ley 23.184 – t.o.por ley 24.192 (modificada por la ley 26.358)- se estableció el Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos aplicable para hechos que se cometan con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo, sea en el ámbito de concurrencia pública en que se realizare o en sus inmediaciones, antes, durante o después de él, como así también durante los traslados de las parcialidades, tanto sea hacia o desde el estadio deportivo donde el mismo se desarrolle.

En el decreto 246/17 (que derogó la reglamentación del decreto 1466/97) se dispuso que el Ministerio de Seguridad es el organismo competente al que alude el artículo 49 de la ley 23.184 y tendrá a su cargo todo lo relativo a la prevención, control y seguridad de los eventos futbolísticos, como así también el dictado de un nuevo reglamento que reemplace al establecido en el aludido decreto derogado.

Dicho organismo podrá preventivamente, por razones de interés público y atendiendo a razonables pautas objetivas debidamente fundadas, restringir la concurrencia a espectáculos futbolísticos a toda persona que considere que pueda generar un riesgo para la seguridad pública (art. 7º del decreto 246/17).

En este orden, y mediante la resolución nº 354/2017 del Ministerio de Seguridad se instruyó a la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos a establecer la identidad de las personas alcanzadas por la Restricción de Concurrencia Administrativa, dispuesta por la normativa mencionada (art. 7º del decreto 246/17) y se establecieron las condiciones o situaciones en las que deberán encontrarse las personas pasibles de la aplicación de la restricción de concurrencia, el mínimo y máximo temporal de la medida y el tratamiento que merecerá la persona reincidente.

Se dispuso así que “se podrá restringir la concurrencia a toda persona que:a) Se encuentre condenada, procesada o con auto de elevación a juicio, o que se encuentre sujeta a suspensión de juicio a prueba, respecto de delitos que hayan sido cometidos en el marco de la ley 23.184, o por cualquier otro delito cometido en el exterior, con motivo u ocasión de un espectáculo futbolístico.

b) Haber sido condenada por delitos dolosos con pena de reclusión o prisión de más de tres (3) años.

c) Se encuentre sancionada respecto de una contravención, que haya sido cometida en el marco de un espectáculo futbolístico, ya sea antes, durante o después de la disputa del encuentro o durante las concentraciones o entrenamientos de los equipos. d) Cuando hubieran tenido conductas violentas contra las personas o las cosas, hayan ingresado a lugares no permitidos, entre otras, dificulten el normal desenvolvimiento de un espectáculo futbolístico, ya sea antes, durante y después de la disputa del encuentro o durante las concentraciones y entrenamientos de los equipos (conf. art 2º de la resolución 354/2017 del Ministerio de Seguridad).

Por otra parte, se dispuso que la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos deberá comunicar la nómina de personas con restricción de concurrencia a espectáculos futbolísticos a las jurisdicciones locales y al organizador a fin de hacer efectiva la misma (conf. art. 5º de la resolución 354/2017 del Ministerio de Seguridad).

Finalmente, mediante la Resolución 355/2017 del Ministerio de Seguridad, se aprobó el nuevo Reglamento de Prevención contra la Violencia en Espectáculos Futbolísticos previsto por el decreto 246/17, estableciéndose -entre otras cuestiones- que los organizadores de los espectáculos futbolísticos deberán arbitrar los medios necesarios a fin de evitar el acceso al estadio de las personas con restricción de acceso informadas por Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos (conf.art 12 del mentado Reglamento de Prevención contra la Violencia en Espectáculos Futbolísticos).

No puede soslayarse que en la resolución 33/16 del Ministerio de Seguridad, mediante la cual se creó -en el ámbito de la Coordinación de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos- el “Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión en Espectáculos Futbolísticos” donde debe asentarse el nombre y apellido de las personas a las que se le hubiere aplicado el derecho de admisión, su número de Documento Nacional de Identidad, el nombre del Club y los motivos por los cuales la medida fue impuesta por el Director Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, como así tampoco se derogó la resolución 164/16 del mismo Ministerio en el que se prevén los requisitos y el mecanismo que deben cumplir los clubes para solicitar la baja de datos de aquellos incorporados al citado Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión en Espectáculos Futbolísticos. Esta última resolución establece pautas claras para que el socio solicite la exclusión del mentado registro.

IV. Como se ve el sistema normativo mencionado prevé una prohibición de concurrencia administrativa, similar al derecho de admisión, pero ahora como potestad del Ministerio de Seguridad, mediante la cual, por “razonables pautas objetivas y debidamente fundadas”, se puede impedir la concurrencia al evento deportivo de una persona si existe algún riesgo para la seguridad pública.

Así, se estableció que el Derecho de Admisión y Permanencia es aquél “en virtud del cual, la persona titular del establecimiento y/o evento, se reserva la atribución de admitir o excluir a terceros de dichos lugares, siempre que la exclusión se fundamente en condiciones objetivas de admisión y permanencia, que no deben ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional ni suponer un trato discriminatorio o arbitrario para las personas, así como tampoco colocarlas en situaciones de inferioridad o indefensión con respecto a otros concurrentes o espectadores o agraviarlos” (conf. considerando 7º y art.4º de la ley 26.370).

En un sentido amplio, el derecho de admisión se refiere a la atribución que poseen tanto los entes públicos como los particulares para restringir el acceso o permanencia de ciertas personas a un determinado lugar, servicio, prestación, actividad o status jurídico. En un concepto más estricto, se refiere puntualmente al acceso o permanencia a los lugares donde se desarrollen eventos y espectáculos públicos (conf. Dolabjian, Diego A., “Sobre el derecho de admisión con especial referencia al deporte”, La Ley Online AR/DOC/6981/2010).

V. Ahora bien, debe recordarse que el art. 43 de la Constitución Nacional establece que “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva”.

Dadas las características de los procesos como el amparo y lo previsto por la mentada normativa, la arbitrariedad o ilegalidad alegada debe presentarse sin necesidad de mayor debate y prueba. Es decir, el juez debe advertir que se encuentra frente a una situación ilegal o resultante de una irrazonable voluntad del sujeto demandado.

Lo expuesto no significa que no pueda producirse actividad probatoria en este tipo de proceso, sino que ella debe ser compatible con la sumariedad que es propia del amparo, dado que éste se encuentra al servicio de la urgencia del caso y, por lo tanto, ha sido previsto para situaciones que no admiten demora, toda vez que, de otro modo, no habría razón para evitar los restantes cauces procesales que pudieran resultar procedentes, respetándose la amplitud probatoria (conf. CNContAdmFed, Sala V, in re “G., E. A.c/ EN – Ministerio del Interior – Secretaría de Transporte s/ Amparo ley 16.986”, del 16/10/2014).

Es que, no debe perderse de vista que a quien inicia una acción de amparo corresponde la demostración de la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta denunciada, debiéndosele exigir la acreditación de un mínimo de elementos sustanciales, que demuestren clara e inequívocamente la lesión de los derechos y garantías afectados (conf. CNCivil, Sala C, R. 313.195 del 26-12-00; id, esta Sala, c. 390.013 del 25-2-08, entre otras). Por esa razón la admisión del amparo exige circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración, por añadidura, de que el daño concreto y grave ocasionado, sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la vía urgente y expeditiva del amparo (v. Fallos: 306:1453; 308:2632; 310:576, 2740; 311:612, 1974, 2319; 312:262, 357; 314:996; 316:3209; 317:164, 1128; 320:1617 , entre otros). Este criterio no ha variado con la sanción del nuevo art. 43 de la Constitución Nacional, pues reproduce -en lo que aquí importa- el art. 1° de la ley 16.986, imponiendo idénticos requisitos para su procedencia (v. Fallos: 319:2955 y P.475, L.XXXIII, “Prodelco c/ P.E.N.s/amparo” del 7 de mayo de 1998). De lo anterior se desprende que esta construcción se sustenta sobre la base de un perjuicio -actual o potencial- cuya determinación o indeterminación atañe al pretensor alegar y poner en evidencia.

En tal situación, es dable señalar que la incorporación de los amparistas efectuada por las autoridades encargadas de la seguridad del Club demandado al cuestionado “listado de no admisión” fue realizada a pedido del Coordinador de la Seguridad en Espectáculos Deportivos del Ministerio de Seguridad y originada en el requerimiento efectuado por el Comisario General Jefe de la Jefatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Policía Federal Argentina por cuanto, según informa, aquellos participaron de las incidencias que se produjeron durante el evento futbolístico que se disputara el 7 de abril de 2016 en las instalaciones del estadio de fútbol “Alberto J. Armando” -enfrentamientos y grave alteración del orden público- (ver informes de fs. 190 y fs. 202/203).

Tal es el procedimiento previsto por la normativa antes mencionada por lo cual no puede sino concluirse, contrariamente a lo sostenido por el apelante, en la inexistencia de irregularidades tales que denoten manifiestamente que fueron aplicadas en el caso de forma irrazonable o arbitraria y, por ende, lesiva de los derechos invocados por aquél máxime si tampoco se advierte ni es posible inferir que los amparistas tengan un derecho de acceso irrestricto al estadio de la entidad demandada.

Tampoco pueden admitirse en este marco la discusión que pretende el apelante acerca de la existencia de los hechos que originaron el aludido pedido si tampoco se admitió la participación en autos de la autoridad administrativa interviniente y ello fue a instancias de la oposición que manifestaron al pedido de citación efectuado por la demandada (ver fs. 98 vta., 102/109 y decisorio de fs. 110 y vta.).

Por estas consideraciones, de conformidad con lo dictaminado a fs. 266 por la el Sr. Fiscal de Cámara, SE RESUELVE: Confirmar, en lo que fuera materia de agravios, la sentencia dictada a fs. 235/241. Las costas de Alzada se imponen al vencido (art. 69 del Código Procesal). La vocalía 15 no interviene por hallarse vacante (art.109 del RJN). Notifíquese, al Sr. Fiscal de Cámara en su despacho, y devuélvase.

JUAN CARLOS GUILLERMO DUPUIS

JUEZ DE CAMARA

FERNANDO MARTIN RACIMO

JUEZ DE CAMARA