No procede la exención de impuesto a las ganancias de una fundación sin fines de lucro, ya que no demostró la donación de sus ingresos

Partes: Fundación Honorio Bigand de Asistencia y Desarrollo Solidario c/ AFIP DGI s/ incidente de medida cautelar

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 7-jun-2018

Cita: MJ-JU-M-111743-AR | MJJ111743 | MJJ111743

Rechazo de exención de impuesto a las ganancias solicitado por una fundación sin fines de lucro porque no se demostró que los ingresos obtenidos por su actividad económica se hayan destinado a donaciones.

Sumario:

1.-La exención del impuesto a las ganancias solicitada por una fundación sin fines de lucro debe rechazarse, dado que no se advierte la existencia de verosimilitud en el derecho, ya que de las pruebas arrimadas no puede prima facie concluirse que los ingresos obtenidos por su actividad agrícola se hayan destinado efectivamente a cumplir su objeto social.

2.-La decisión que deniega la exención del impuesto a las ganancias solicitada por el recurrente debe confirmarse, pues no se observa la verosimilitud del derecho invocado ni peligro en la demora con el grado de evidencia que se requiere para suspender los efectos de un acto administrativo de contenido tributario, con la consiguiente afectación de la normal percepción de la renta pública (del voto del Dr. Vicenti).

Fallo:

Buenos Aires, 7 de junio de 2018.

Y VISTOS:

Para resolver el recurso de apelación de la actora contra la resolución que denegó la medida cautelar solicitada.

CONSIDERANDO:

1º) Que, a fs. 205/8, la Sra. jueza de primera instancia rechazó la medida cautelar requerida por la parte actora a fin de que no se modifique la solicitud de reconocimiento de exención del Impuesto a las Ganancias para el período fiscal 2017 hasta tanto recaiga sentencia definitiva en estas actuaciones.

Para así resolver, merituó que a los fines del examen de la verosimilitud del derecho invocado debería avanzar sobre los presupuestos sustanciales de la pretensión que, precisamente, constituyen el objeto de la acción.

Por otra parte, ponderó también que la complejidad de los temas que fundan la pretensión, además de exigir mayor debate y prueba e involucrar aspectos vinculados con la cuestión de fondo, con el serio riesgo de emitir opinión anticipada a su respecto-, atenta contra el fumus boni iuris e impide que ellos puedan ser evaluados en el reducido marco cognoscitivo de la medida impetrada.

En tal sentido, concluyó que lo expuesto obstaba a que pudiese encontrarse verificada la existencia de vicios de carácter manifiesto que tornen ilegítimos, arbitrarios o irrazonables los actos en cuestión, más allá del análisis que pudiera efectuarse en la oportunidad procesal correspondiente sobre las cuestiones que aduce la actora como fundamento de su pretensión.

2º) Que, disconforme, la actora apeló a fs. 209 y expresó agravios a fs. 214/224, contestado a fs.228/235 vta.

Al fundar su recurso sostuvo, en síntesis, que se encontraban acreditados tanto la verosimilitud en el derecho como el peligro en la demora con los antecedentes acompañados a la causa.

Afirmó que está probado que los ingresos percibidos tuvieron como destino las donaciones declaradas.

Sostuvo que la fundación cumple con todas las exigencias legales, toda vez que es una institución civil sin fines de lucro dedicada a la asistencia social de personas que requieren determinadas prestaciones necesarias para su desarrollo.

Manifestó que, en el caso de que se confirme el rechazo de la solicitud de reconocimiento de la exención en el Impuesto a las Ganancias para el período 2017, se provocarían serios perjuicios económicos que traerían aparejado el incumplimiento del objeto social para el cual fue creada.

Alegó también que la medida resulta procedente en atención a la falta de otro remedio distinto que permita con el mismo alcance y celeridad resguardar sus derechos y garantías.

3º) Que conforme surge de autos la actora solicitó el reconocimiento de la exención prevista en el art. 20 inc. f, de la ley de Impuesto a las Ganancias.

Según dicho artículo, se encuentran exentas del pago de ese impuesto “las asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales y las de cultura física o intelectual, siempre que tales ganancias y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación.”.

Como principio, se ha sostenido que la mera realización de actividades comerciales o prestación de servicios con carácter oneroso por parte de las fundaciones no constituye un impedimento absoluto para la obtención o el mantenimiento de la exención (esta Sala “Fundación Claretiana c/ EN. AFIP”, sent.del 13/2/07).

Sin embargo, también se ha reconocido que la exención prevista en la ley del Impuesto a las Ganancias para el caso de las fundaciones no tiene en miras favorecer a sus fundadores o autoridades, sino que tiene por fundamento el fin de solidaridad de la institución creada con el objeto de asistencia social, y que la obtención de ventajas patrimoniales por parte de aquéllos desnaturaliza la institución y la coloca fuera de los beneficios de la ley tributaria (confr. esta Sala “Fundacion Arche de Altos Estudios Antropológicos c/ DGI” resol. del 23/4/02).

4º) Que la AFIP, mediante resolución 3/16, revocó el certificado provisorio que le fue otorgado a la actora desde el 16/12/05, como así también todos aquéllos emitidos a partir del 1/1/10 y no hizo lugar a la solicitud de reconocimiento de exención en los términos del art. 20, inc.f, de la ley del gravamen.

Para así decidir, consideró que la actividad que le proporciona los recursos es la agropecuaria, la que no se encuentra contemplada dentro de los actos que tiene permitidos conforme a su estatuto social (confr. fs. 300/18).

La actora, en su defensa, argumentó que con el fin de obtener recursos para hacer frente a sus obligaciones cuenta con fracciones de terrenos rurales en la localidad de Bigand, Provincia de Santa Fe, utilizados para la siembra de maíz, trigo y soja que son explotados a través de contratos de aparcería, destacando que dichos ingresos tienen por exclusivo propósito ser destinado a las instituciones que necesiten ayuda económica y material.

La AFIP consideró que la actora no había presentado documentación probatoria que respaldase las donaciones que habría efectuado y además no se había constatado que fuese la propia entidad quien llevase adelante dichas actividades.Por lo demás, entendía que tampoco estaba probado que los ingresos obtenidos como resultado de la venta de los frutos recibidos a partir de los contratos de aparcería hayan sido destinados al cumplimiento de los fines socialmente útil que motivaron la creación de la fundación analizada (ver informes de fs. 118/129 y 286/290).

5º) Que, como medida para mejor proveer esta Sala solicitó al Juzgado Nº 5 que remitiera las actuaciones administrativas correspondientes a la causa principal (confr. fs. 241).

De la lectura de dichas actuaciones se observa la presentación de cartas y notas de las donatarias, fotografias de los lugares que reciben las donaciones y fotocopias del listado de transferencias bancarias.

Asimismo, constan en dichas actuaciones fotocopias de los informes de inspección y de las resoluciones de AFIP apeladas, como también la información con secreto fiscal que tuvo en cuenta dicho ente para denegar el pedido de certificado de exención, y de las que surge que la actora se dedica a la actividad agrícola (cultivo de soja, cereales, maíz y trigo).

No obstante ello, no se puede soslayar que, contrariamente a lo manifestado por la actora, de las constancias obrantes en el expediente no puede concluirse, prima facie, que los ingresos obtenidos por la referida actividad sean destinados en su totalidad a las donaciones.

Cabe destacar al respecto que conforme surge del informe obrante a fs. 118/129 “De la consulta de ‘DONACIONES’ en la base de datos E-fisco, se pudo obtener el detalle de la información declarada por los donatarios respecto a las donaciones recibidas de la Fundación Honorio Bigand de Asistencia y Desarrollo Solidario, observando inconsistencias con lo expuesto en los Balances Contables obrantes en las actuaciones, ya que para los períodos fiscales 2012, 2013 y 2014 sólo se informaron donaciones recibidas por $30.000; $30.000 y $91.900 respectivamente versus el monto de donaciones que declara haber efectuado la Fundación cuya suma ascendió a $877.802,80; 994.601,32 y $1.485.697,78 durante los mismos períodos” (confr. especialmente fs.123 y fs. 108, el resaltado no aparece en el original).

Atento las inconsistencias señaladas, no se advierte en el caso la existencia de verosimilitud en el derecho, ya que de las pruebas arrimadas no puede prima facie concluirse que los ingresos obtenidos por su actividad agrícola se hayan destinado efectivamente a cumplir su objeto social.

6º) Que, siendo ello así, y sin perjuicio de que pueda hallarse acreditado el peligro en la demora, de conformidad con lo que surge del informe contable acompañado a fs. 193/200, la falta de verosimilitud determina el rechazo de la cautelar solicitada.

En efecto, si bien los presupuestos procesales de las medidas cautelares se hallan de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud en el derecho puede atemperarse el rigor acerca del peligro enla demora y viceversa, lo cierto es que ambos recaudos deben hallarse presentes.

En este sentido, la actora no ha logrado desvirtuar el argumento dirimente de la decisión, referido a la complejidad de los temas que fundan la pretensión, los que, además de exigir mayor debate y prueba que el admitido en el reducido marco cognoscitivo de la medida cautelar, involucra aspectos vinculados con la cuestión de fondo -con el serio riesgo de emitir opinión anticipada respecto de aquélla sin la debida sustanciación-, circunstancias que atentan contra el fummus boni iuris alegado e impide formar el grado de convicción que se requiere para suspender los efectos de un acto administrativo.

En mérito a todo lo expuesto SE RESUELVE: no hacer lugar al recurso y confirmar la resolución apelada. Con costas (art. 68, primera parte del CPCCN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY

ROGELIO W. VINCENTI

(por sus fundamentos) El señor juez de Cámara Rogelio W.Vincenti dijo:

1º) Que la sentencia de primera instancia y los agravios que se traen a consideración del Tribunal se encuentran adecuadamente resumidos en los considerandos 1º a 4º) de la resolución de mayoría, a cuyos términos procede remitirse por razones de brevedad.

2º) Que, ante todo, cabe recordar que quien pretenda la tutela anticipada proveniente de una medida precautoria debe acreditar prima facie la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que justifiquen resoluciones de esa naturaleza (Fallos: 323:337 y 1849 ).

El Alto Tribunal ha señalado que la viabilidad de estas medidas se halla supeditada a que se demuestre la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora y que, dentro de aquéllas, la innovativa -carácter que reviste la solicitada e n autos- es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (Fallos: 316:1833; 318:2431 ; 319:1069 ; 321:695 ; 325:669 ; 331:466 ; 339:622 ; 341:169 , entre otros).

Por otra parte, atento al tipo de cautelar requerida, también es del caso destacar que de modo consistente ha señalado que debe adoptarse un criterio de particular estrictez en el examen de medidas suspensivas en materia de reclamos y cobros fiscales, en tanto inciden en la percepción de la renta pública, y esta circunstancia revela que debe evitarse en principio su acogimiento en la medida en que su aceptación podría incidir como un factor de retardo y perturbación de la política económica del Estado en menoscabo de los intereses de la comunidad que debe ser evitado (Fallos:313:1420; 319:1069; 321:695; 323:3326; 326:1999 ; 340:1129 , entre muchos otros).

En sentido coincidente, la ley 26.854 establece similares requisitos para la concesión de medidas cautelares cuyo objeto consista en la suspensión de los efectos de un acto estatal (art. 13, inc. 1), en la adopción de medidas positivas o de no innovar (arts. 14 y 16).

3º) Que, sobre la base de tales pautas, en su aplicación al caso concreto y en el limitado marco de conocimiento de un incidente de medida cautelar, no se advierten circunstancias que justifiquen atenuar el examen de los requisitos exigidos para la procedencia de este tipo de medidas.

Ello es así, porque la recurrente no logra rebatir los fundamentos de la decisión apelada, toda vez que en el memorial no se muestra el error de la magistrada de la instancia anterior en la valoración de las constancias de la causa para concluir -en este estado del proceso- en la denegatoria de la tutela. En particular, en cuanto a la ausencia de verosimilitud del derecho invocado y la configuración del peligro en la demora con el grado de evidencia que se requiere para suspender los efectos de un acto administrativo de contenido tributario, con la consiguiente afectación de la normal percepción de la renta pública (conf. esta Sala causa 17422/2013. “Romeri, Ariel Luis c/ EN – AFIP – DGI resol 1279/12 (CRSS) s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 10/06/14 y sus citas).

4º) Que, lo expuesto no implica adelantar un pronunciamiento respecto del fondo de la cuestión y resulta suficiente para rechazar la apelación, dada la necesaria configuración de todos los requisitos para la procedencia de la medida con el alcance solicitado (arg. Fallos 326:2261; y esta Sala in re “Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. -inc med c/ EN – JGM – SMC s/ amparo ley 16.986”, sent.del 22/5/12; entre otras). Si bien los presupuestos procesales de las medidas cautelares se hallan de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud en el derecho puede atemperarse el rigor acerca del peligro en la demora y viceversa, lo cierto es que ambos recaudos deben hallarse presentes (esta Sala, in re “Brugo, Pablo c/ EN – PJN – Exma Cámara Nacional en lo Penal Económico y otro s/ medida cautelar (autónoma)”, resol. del 23/12/14).

5º) Que, con relación a las costas del incidente, conviene recordar que cuando en el estado inicial del proceso se apela la resolución que deniega la medida precautoria no corresponde sustanciar el memorial, de modo que el incidente de apelación de una cautelar denegada debe mantener el carácter inaudita parte.

En este sentido, la incidencia sólo se bilateraliza cuando el recurso de apelación es deducido por el afectado que persigue su revocación.

Por otra parte, la presentación del informe del art. 4º de la ley 26.854 no implica propiamente bilateralizar el proceso, lo que recién ocurrirá con la traba de la litis, circunstancia que, en este estado procesal, impide asignar a cualquiera de las partes la condición necesaria -de vencedora o de vencida- para definir la respectiva situación frente a esta condenación accesoria (conf. mi disidencia en la causa nº 22138/2014/CA1 “Telefónica de Argentina SA c/ EN – CNC s/ Medida Cautelar autónoma”, resol. del 10/2/15).

Sobre dicha base, así como la desestimación de la tutela no determinó la imposición de costas a la actora en la instancia de origen (fs. 208), el traslado del memorial y su contestación – innecesarios- tampoco pudo tener dicho efecto en esta instancia.

En tales condiciones, corresponde desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada. Sin costas. ASÍ VOTO.

ROGELIO W. VINCENTI

JUEZ DE CAMARA

MARCELO DANIEL DUFFY

JUEZ DE CAMARA

JORGE EDUARDO MORAN

JUEZ DE CAMARA