Es de carácter ganancial la indemnización percibida por la cónyuge del causante como consecuencia de un distracto laboral

Partes: C. M. F. y otros s/ petición de herencia

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: A

Fecha: 2-may-2018

Cita: MJ-JU-M-111664-AR | MJJ111664 | MJJ111664

La indemnización percibida por la cónyuge del causante como consecuencia de un distracto laboral, posee carácter ganancial.

Sumario:

1.-Es procedente incorporar al acervo hereditario y como capital ganancial, cierta suma de dinero que la cónyuge del causante percibió como resarcimiento por la finalización de un vínculo laboral, pues pesaba sobre ésta demostrar el carácter propio de la indemnización, para así otorgarle idéntica calificación a las sumas remanentes que estaban depositadas en una cuenta bancaria a la fecha del fallecimiento de su cónyuge siendo que más allá de las hipotéticas situaciones que derivaron en el deterioro de la relación laboral que condujo a la desvinculación y consecuente indemnización, lo cierto es que el resarcimiento atiende a tal disolución, como se dejó expresado en el acuerdo conciliatorio, y no a otra situación -daño moral-.

2.-Habiendo el Código Civil adoptado una comunidad restringida como régimen patrimonial del matrimonio, excluye de la ganancialidad, básicamente, los bienes que cada cónyuge lleva al matrimonio -es decir, de los que es titular en ese momento- y los que, durante la unión adquiriera por herencia, legado o donación, por lo cual tratándose de un bien propio del que el causante poseía la libre administración y disposición, mal puede requerírsele a la cónyuge supérstite explicaciones del paradero de las sumas resultantes de la venta.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 2 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: C. M. F. y otros c/ C. S.s/ PETICION DE HERENCIA, respecto de la sentencia de fs. 1576/1588 el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿SE AJUSTA A DERECHO LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: señores jueces de cámara doctores: RICARDO LI ROSI – SEBASTIÁN PICASSO – HUGO MOLTENI –

A LA CUESTIÓN PROPUESTA EL DR. RICARDO LI ROSI, DIJO:

I.- La sentencia de fs. 1576/1588 hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por M. F. C., A. R. C. y V. N. C., condenando a S. C. a incorporar al acervo hereditario de H. R. C., en el plazo de diez días, la suma de Pesos Ciento Diez Mil ($110.000), en carácter de capital ganancial, con más sus intereses y las costas del juicio.- Contra dicha resolución alza sus quejas la parte actora, cuya expresión de agravios de fs. 1603/1607 fue replicada por la contraparte a fs. 1616/1641.- Por su parte, la accionada hace lo propio a fs. 1609/1614, mereciendo la contestación de los demandantes a fs. 1643/1644.- II.- Antes de tratar los planteos formulados por los recurrentes, creo necesario recordar que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino tan solo aquéllos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (conf. arg. art. 386, Cód. Procesal y véase Sala F en causa libre No 172.752 del 25/4/96; CS, en RED 18-780, sum. 29; CNCiv., sala D en RED, 20-B-1040, sum.74; CNFed. Civil y Com., sala I, ED, 115-677 -LA LEY, 1985-B, 263-; CNCom., sala C en RED, 20-B-1040, sum. 73; SC Buenos Aires en ED, 105-173, entre otras).- III.- A su vez, cabe señalar que los hechos de esta causa han de ser subsumidos en las disposiciones del anterior Código Civil de la Nación, aprobado por Ley 340, y no en las del flamante Código Civil y Comercial, aprobado por Ley 26.994. Es que “la nueva ley toma a la relación jurídica en el estado que se encuentra al tiempo que la ley es sancionada y pasa a regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos, en tanto que a los cumplidos se los considera regidos por la ley vigente al tiempo en que se desarrollaron” (S.C.B.A., E. D. 100-316). Es decir que “las consecuencias ya producidas están consumadas y no resultan afectadas por las nuevas leyes, pues lo impide la noción de consumo jurídico” (LLAMBíAS, “Tratado de derecho civil – Parte general”, 4ta. ed., I-142). Ello en razón de que la noción de efecto inmediato, recogida en el art. 7 del nuevo Cód. Civ. y Com., implica aceptar la eficacia e inalterabilidad de los hechos cumplidos, según criterio que ya difundiera PLANIOL (“Traité eléméntaire de droit civile”, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris 1920, I-n° 248) y desarrollara luego ROUBIER añadiendo que “si la ley pretende aplicarse a los hechos cumplidos (facta praeterita) es retroactiva” (“Le droit transitoire. Conflits des lois dans le temps”, Dalloz, 2da. Ed., Paris 1960, n° 88) (cfr. Cámara de Apelaciones de Trelew, sala A, voto del Dr. Velázquez en autos “S., N. O. y otros c. D., D. á. y otra s/ daños y perjuicios” del 11/08/2015, Cita online:AR/JUR/26854/2015).

Así, se ha sostenido que cualquiera sea la instancia en la que se encuentre el expediente (primera o ulteriores, ordinarias o incluso extraordinarias), hay que aplicar el mismo sistema de derecho transitorio que teníamos y, por tanto, verificar si las situaciones y sus consecuencias están o no agotadas, si está en juego una norma supletoria o imperativa, y ahora sí, como novedad, si se trata o no de una norma más favorable para el consumidor. Así, por ejemplo, si el hecho ilícito que causó el daño aconteció antes de agosto de 2015, a esa relación jurídica se aplica el Código Civil, se haya o no iniciado el juicio y cualquiera sea la instancia en la que se encuentre (cfr. Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Nuevamente sobre la aplicación del Código Civil y Comercial a las situaciones jurídicas existentes al 1 de agosto de 2015”, Publicado en: LA LEY 02/06/2015, 1, LA LEY 2015-C, 951, Cita Online: AR/DOC/1801/2015).

IV. A.- Calificación de la indemnización laboral percibida por S. C. de parte de la firma Schering-Plough S.A.- Habrán de considerarse en primer término las quejas relativas a la calificación que efectuó el anterior sentenciante respecto de las sumas de dinero que, durante la vigencia de la sociedad conyugal, recibió la accionada de parte de la firma Schering-Plough S.A.

La demandada sostiene que, del monto total de $1.378.800 que percibió de la firma reseñada, únicamente la de $159.973,49 resulta ser inequívocamente ganancial (conf. fs. 1611). Por el contrario, a la diferencia de $1.218.826,51 le asigna carácter de propia, por cuanto la atribuye a una indemnización por daño moral.- En otro orden de ideas, afirma que las sumas aludidas fueron aplicadas a satisfacer necesidades familiares, por lo que no cabe presumir que las escasas sumas que pudieron haber subsistido a la fecha de fallecimiento de su cónyuge sean gananciales (conf. fs.1612).- Así, solicita que se rechace el reclamo formulado por los demandantes respecto de las sumas remanentes al 17 de marzo de 2014, por considerarlas derivadas de la indemnización de carácter propia que percibió de la firma Schering-Plough S.A.

De este modo, la controversia entre los aquí litigantes radica en el carácter asignado al resarcimiento laboral percibido por la demandada por parte de la firma Schering-Plough S.A., pues en tanto esta última le asigna carácter propio derivado del daño moral provocado por un hipotético acoso sexual padecido, los actores la consideran ganancial por tratarse de una indemnización, más allá de las razones que pudieron originar el deterioro que motivó la desvinculación.- A tenor de las quejas expuestas, resulta ineludible proceder al estudio del acuerdo conciliatorio al que arribaron S. C. y la empresa Schering-Plough S.A., que en copia luce a fs. 1423.

Allí se deja asentado que la demandada “promovió la instancia PREVISTA EN EL ART. 7o DE LA LEY 24.635 a efectos de reclamar el pago de la indemnización que por despido indirecto dice le corresponde, incluyendo en su liquidación los rubros: Antigu¨edad, preaviso, Integración mes de despido, Vacaciones y SAC Adeudados, haberes adeudados, art. 213 LCT, Daño Moral, lucro cesante, daño psicofísico, ley 25.323 y SAC S/ los rubros pertinentes” (conf. fs. 1423).- A su vez, “la RECLAMANTE S. C. DESISTE de la acción y del derecho en contra de A. S. M.” (conf. fs. 1423).

Por su parte, “Schering-Plough S.A. expresa que, no reconoce los hechos ni el derecho invocado por la reclamante, sin perjuicio de ello, y al solo efecto conciliatorio, se avienen a abonar la suma única total y definitiva de U$S 360000.-, por todo concepto” (conf. fs. 1423).- La aquí accionada acepta “la propuesta en cuanto a la forma, monto y tiempo de pago, manifestando que el monto conciliatorio aquí pactado será a todo evento considerado pago a cuenta y/o compensable en los términos que contempla el Art.260 de la LCT a valores contantes frente a cualquier reclamación que pudiera efectuar S. C., respecto de créditos firmes originados en actos preparatorios, en el cumplimiento y/o extinción del contrato de trabajo” (conf. 1423).

Asimismo, las partes dejan asentado que “entre los potenciales derechos que han sido especialmente considerados al momento de negociar y acordar el pago se incluye a todo rubro o concepto, de naturaleza laboral o previsional, salarial o indemnizatorio, incluyendo pero no limitándose a diferencias salariales por horas extras, otros conceptos derivados del encuadramiento convencional, diferencias indemnizatorias de los arts. 245,178 y 182, 183 y 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, indemnizaciones con sustento en la ley 24.557 y/o los daños y perjuicios o daño moral, fundados en las normas del derecho común, incluyendo pero no limitándose a las previstas por los art. 1078, 1109,1113 C. Civil, s.s. y c.c. sea ello como acción autónoma o en ejercicio, si correspondiere, de la vía que prevé el art. 39 de la ley 24.557, inclusive los daños que pudieren fundarse en el art. 75 LCT, o como imputables también a cualquier actualización o intereses por crédito laboral alguno que pretenda, emergente de su relación con Schering Plough S.A.” (conf. fs. 1423).- Finalmente, S. C. reajusta su pretensión e imputa la suma pactada de conformidad con lo expuesto precedentemente, desistiendo de la acción y del derecho sobre cualquier otro rubro (conf. fs. 1423).

Con posterioridad, conforme se deprende de fs. 1432, se procede a homologar el acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes.- Cabe señalar que en relación al art. 1271 del Código Civil se ha dicho que, “aun cuando la norma es imperfecta, de ella se deprende una presunción iuris tantum de que los bienes existentes al disolverse la sociedad conyugal son gananciales. Quien afirma su carácter propio debe probarlo” (conf. Belluscio Augusto C. en Belluscio- -Zannoni “Código Civil Comentado, Anotado y Concordado”, To VI, pág.134).

A su vez, “si se trata de dinero, se está en presencia de cantidades (conf.,art. 616 y su nota) cuya individualización solo se refiere a la suma determinada. El dinero es, desde otra perspectiva, un bien fungible en los términos del art. 2324, y por lo tanto cada billete o moneda, como cosa, puede sustituirse por otro y otra “de la misma calidad y en igual cantidad”. De modo que, en principio, todo dinero existente en el patrimonio de los cónyuges después de la celebración del matrimonio, se presume ganancial, y, por tanto, corresponde a aquel de ellos que alegara que lo percibió con anterioridad o que lo obtuvo por cualquier título que lo excluya de la presunción, la prueba pertinente” (conf. Belluscio Augusto C. en Belluscio- -Zannoni “Código Civil Comentado, Anotado y Concordado”, To VI, pág. 136).- Relacionado con la temática en estudio, corresponde puntualizar que “toda lesión a la integridad física, al honor, todo daño de carácter moral, se vincula tan estrechamente con la personalidad del afectado, que haría injusta y antijurídica toda solución que no considerase propia la reparación” (conf. Borda, Guillermo A. “Tratado de Derecho Civil – Familia”, To I, pág. 242).- En similares términos “se ha dicho con razón que tanto el honor cuanto la integridad física del cónyuge son bienes personalísimos. Es, pues lógico, que tanto la indemnización por los daños físicos cuanto la reparación del daño moral deban reputarse propias de quien los sufrió. Pero cuando en ocasión de daños físicos sufridos la indemnización comprende también la incapacidad transitoria para el trabajo, industria y profesión, o lucro cesante -pérdidas e intereses; art. 1069, Cod. Civil- debe, en cuanto a ellos, reputársela ganancial, ya que su importe se subroga en los frutos civiles del trabajo, profesión o industria, que son gananciales (conf. 1272, Cod.Civil). Así por ejemplo, es ganancial y no propia la indemnización por accidentes de trabajo y la indemnización por despido si el accidente o el despido, respectivamente, acaecieron durante la vigencia de la sociedad conyugal” (conf. Zannoni, Eduardo A, Derecho Civil – Derecho de Familia, T.1, pag. 515/516).

Expuestas las bases sobre las que habrá de resolverse la cuestión en estudio, pesaba sobre la demandada demostrar, en primer lugar, el carácter propio de la indemnización que recibiera de la firma Schering-Plough S.A., para así otorgarle idéntica calificación a las sumas remanentes que se encontraban depositadas en la cuenta 0536/01105342/40 del Banco ICBC, a la fecha del fallecimiento de su cónyuge.

En el acuerdo conciliatorio referenciado tanto la actora como la firma accionada arribaron a la solución del conflicto sin reconocer los hechos ni el derecho invocado por las partes.- Sin embargo, pretende la quejosa que este Tribunal afirme que, en su mayoría, la indemnización percibida responde al daño moral que dice haber padecido como consecuencia de un supuesto acoso laboral mientras trabajaba en la empresa Schering-Plough S.A.- Bajo estos parámetros, no puede obviarse que fue la propia accionada quien decidió, al momento de suscribir el acuerdo, sellar la discusión suscitada en torno a la ocurrencia del supuesto acoso laboral. En estos términos, acoger los agravios de la quejosa importaría, sin mayores elementos, corroborar el lamentable suceso que dice haber vivido y, a su vez, supondría avocarse a una cuestión sellada entre las partes del acuerdo que, por cierto, fue homologado en sede administrativa (conf. fs. 1432).

Dicho esto, la desvinculación a la que se arribó presumiblemente se debió al deterioro de la relación laboral generada a raíz de la denuncia por acoso que surge de los autos “C. Sandrina c/Schering- Plough S.A. s/ Diligencias Preliminares” (expte. nro.42.030/2008). Bajo ese marco es que las partes acordaron sus desavenencias mediante la suscripción del acuerdo.

Así, las quejas de la demandante resultan contradictorias con la postura asumida al momento de suscribir el acuerdo conciliatorio.- O sea, que la demandada incurrió, en forma manifiesta, en el conocido brocárdico venire contra factum, es decir, la doctrina de los actos propios.

Al respecto, cabe señalar que esta conclusión no es sino derivada de una expresión de la exigencia jurídica de que concurran “comportamientos coherentes”, pues, al fin y al cabo, lo que persigue la doctrina de los “propios actos” es reprimir y desalentar la incoherencia en los comportamientos cargados de sentido jurídico.

Es que, el venire contra factum significa que un acto de ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad, que contradice el sentido que, conforme a la buena fe, ha de darse a la conducta anterior del titular, constituye una extralimitación; luego esa pretensión contradictoria con la propia conducta resulta inadmisible y debe ser desestimada por los Tribunales. A lo que resta agregar que también concurre el venire contra factum cuando la conducta ulterior incoherente apunta no tanto a destruir el acto anterior, sino más bien a evitar sus consecuencias o eludirlas.

La misma, que descansa en el principio de la buena fe y cuyos orígenes remotos se encuentran en el derecho romano, luego recogida por la Escuela de la Glosa -Accursio principalmente-, sistematizada por Edwin Raiezler y difundida por los juristas españoles Puig Brutau y Diez Picasso, encuentra paralelos con instituciones foráneas aledaneas, tales como el principio de estoppel anglosajón o la verwirkung germana.- Aquéllas se caracterizan por impedir que una persona, dentro de un proceso, formule una alegación, aunque sea cierta, que está en contradicción con el sentido objetivo de su anterior declaración o de su anterior conducta.De ahí que no le es permitido negar un estado de hecho a quien lo ha establecido como verdadero.- De modo que, más allá de las hipotéticas situaciones que derivaron en el deterioro de la relación laboral que condujo a la desvinculación y consecuente pago indemnizatorio, lo cierto es que el resarcimiento atiende a tal disolución y no a otra situación como se dejó expresado en el acuerdo conciliatorio, quedando así sellado el carácter ganancial de los montos involucrados.- Por lo expuesto, deberían desecharse las críticas ensayadas por la quejosa y confirmar el pronunciamiento en cuanto califica como gananciales las sumas que la demandada percibió a raíz del acuerdo al que arribó con la firma Schering-Plough S.A.

IV. B.- Montos correspondientes a los plazos fijos constituidos en noviembre de 2009 por $590.000 y $585.000.

Los accionantes alzan sus quejan en relación a lo decidido en torno a los dos plazos fijos constituidos a fines del año 2009 por las sumas de $590.000 y $585.000, cada uno.- Liminarmente, cabe aclarar que el dinero con el que se efectuaron dichas inversiones proviene del acuerdo conciliatorio al que se hiciera referencia en el apartado anterior y que se le asignara carácter ganancial.

Conforme se desprende de fs. 691, el 9 de noviembre de 2009 se depositó en la cuenta corriente en pesos nro. 0536/02000175/73, de titularidad de la accionada, la suma de $1.378.800. Luego, el 10 de noviembre se traspasó el monto de $1.175.000 a la caja de ahorro en pesos nro. 0536/01105342/40, abierta a nombre del matrimonio Curlane-Ciganotto, para ser invertido luego en dos plazos fijos de $590.000 y $585.000, cada uno (conf. fs. 900).

Posteriormente, producido el vencimiento del plazo fijo de menor monto, el 12 de enero de 2010, y acreditado el capital con más los intereses en la cuenta referenciada, el mismo día se realizó una “extracción” por caja de $584.999,23.Es decir, se retiró casi en su totalidad el capital del plazo fijo oportunamente constituido por $585.000 (conf. fs. 902).- Con fecha 8 de febrero de 2010 se acreditó el capital y los intereses del plazo fijo constituido por $590.000. Acto seguido, conforme se desprende de la liquidación obrante a fs. 904, se constituyó un plazo fijo por $300.000 y, otro tanto, se invirtió en un Fondo Común de Inversión. Este último monto fue rescatado el 11 de febrero de 2010 y, en la misma fecha, se extrajeron por caja $299.730.- Recapitulando, al 11 de febrero de 2010, de la suma total de $1.175.000 invertida en plazos fijos, ya se habían extraído por caja $884.729,23.- Previo a continuar con el análisis, cabe destacar que el plazo fijo de $300.000 que se constituyó el 8 de febrero de 2010 (conf. fs. 903) se fue renovando mes a mes, disminuyendo a $170.000 al 15 de enero de 2014 (conf. fs. 943). Este monto será objeto de análisis en los aparatados subsiguientes.- Hecha esta aclaración, se desprende de fs. 553/555 que el matrimonio C.-C., el mismo día en que retiró $299.730, suscribió un contrato de locación de caja de seguridad, en la misma sucursal del hoy Banco ICBC de la que extrajeron las sumas aludidas (conf. fs. 554/555 y 949).- Expuestos estos antecedentes, corresponde señalar que no se deprende de las pruebas aportadas a la causa que el monto de $884.729,23, retirado a principios del año 2010, haya sido reinvertido en algún bien o depositado en alguna de las cuentas de titularidad de C.-C.- Otro elemento a considerar son las constancias que dan cuenta las copias que lucen fs. 565. Con ellas se acredita el ingreso de la accionada y de su hija a la caja de seguridad el 26 de febrero de 2014, haciéndolo nuevamente la demandada el 6 de junio, ya fallecido H.C.- Posteriormente, el 12 de febrero de 2015, en el marco de los autos sucesorios, se procedió a la apertura de la caja de seguridad. El Escribano S. dejó constancia del acto señalando que “procedió un empleado del banco a abrir en mi presencia la caja respectiva y a extraer el recipiente metálico inserto en ella, recipiente metálico que procedí a abrir, no existiendo en él contenido alguno, con excepción de restos de bandas elásticas adheridas al metal” (conf. fs. 217 vta./218 de los autos 33.804/2014).

En otro orden de ideas, resulta sustancial considerar que, desde que se constituyó el plazo fijo de $300.000 a principios del año 2010, aquel fue renovado constantemente incluso hasta pocos meses antes del fallecimiento del Sr. C.- Resulta así evidente que los cónyuges tenían conocimiento, al menos básico, respecto de alternativas de inversión. Se suma a lo expuesto que de fs. 903 se desprende la inversión de $300.000 en un fondo común de inversión, luego rescatado y retirado por caja.

En este contexto, resulta inverosímil que la pareja haya decidido extraer el casi millón de pesos sin efectuar luego algún tipo de inversión que les permitiera incrementar o al menos mantener su valor en el tiempo.- A esto se suma que el mismo día en que se retira por caja la suma de $299.730 se procede a la apertura de la caja de seguridad, la que por cierto se mantuvo abierta hasta el 12 de febrero de 2015.Con estos antecedentes, pocos días antes del deceso de Héctor C., y luego también de su fallecimiento, la accionada ingresó a la caja de seguridad.- Finalmente, de los informes bancarios adunados a las presentes actuaciones no se advierte que los gastos habituales que tenía la pareja pueda justificar, siquiera parcialmente, la ausencia de los $884.729,23.-

La reducción abrupta de los fondos percibidos y luego invertidos no se corresponde con la versión que brinda la accionada en el sentido que habrían sido aplicados a la cotidianeidad de los gastos que demandaba el sostenimiento de los cónyuges. Si, entonces, alguna deducción cabe no es tal aplicación a gastos sino la extracción para cambiar el destino de las inversiones.

Teniendo presentes las circunstancias hasta aquí reseñadas, y conforme a lo prescripto en el artículo 163, inc. 5°, del Código Procesal, puede concluirse que concurren indicios claros, precisos y concordantes suficientes, para presumir verosímilmente que, los valores aludidos existían en el patrimonio de la sociedad conyugal al momento del fallecimiento de H. R. C.- En tal sentido, cabe recordar que el Código Procesal exige una serie de requisitos para que las presunciones puedan constituir prueba. El primero de ellos consiste en que los hechos e indicios tomados como punto de partida se encuentren debidamente comprobados. La presunción debe ser grave; esto es, que debe generar un grado de certeza acerca de la existencia del hecho. Asimismo, la presunción debe ser precisa lo cual requiere no solo que entre el hecho probado y el deducido medie una acción directa sino que aquél sea susceptible de interpretarse en un sentido único, y además los indicios deben ser concordantes formando entre si un conjunto armonioso y coherente. El art. 163 inc. 5° del Código Procesal alude al número de presunciones como elementos a computar para dotarlas de fuerza probatoria; empero, la pluralidad debe entenderse referida no a las presunciones sino a los indicios sobre los cuales se basan (conf. Palacio, Lino Enrique “Derecho Procesal Civil”, T° V, pág.452/453, núm. 665, pto. B, ap. b).- En definitiva, en base a los elementos reseñados, tengo por probada la existencia de Pesos Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Veintinueve con Veintitrés Centavos ($884.729,23) en el patrimonio de la sociedad conyugal a la fecha del fallecimiento de Héctor Rubén Curlane, por lo que la accionada Sandrina Ciganotto debería incorporarlo al acervo hereditario, en carácter de capital ganancial.

Ello, sin perjuicio de los derechos que les corresponden a los hijos y la cónyuge supérstite en cuanto a los bienes propios y sin perjuicio de los derechos que la ley le acuerda a esta última en cuanto a los gananciales en el marco del proceso sucesorio del Sr. H. R. C.- IV. C.- Sumas existentes en la caja de ahorro en pesos nro. 0536/01105342/40 al 15 de enero de 2014.- Solicitan los demandantes que la suma de $181.000 existente al 15 de enero de 2014 en la caja de ahorro nro. 0536/01105342/40 sea incorporada al acervo hereditario de la sucesión de H. R. C.

Conforme se desprende de fs. 943, el monto al que aluden los quejosos responde al pago del capital del plazo fijo constituido anteriormente el 16 de diciembre de 2013 (conf. fs. 942).

Ese capital fue renovado en otro plazo fijo el mismo día del rescate pero por una suma menor ($170.000). Luego, tal como surge de fs. 944, el 14 de febrero de 2014 se acredita dicho monto junto con sus intereses en la caja de ahorro, resultando el saldo de la cuenta $173.972,35.-

Si bien luego de la fecha aludida se realizan pagos y extracciones, no puede dejar de advertirse que las tres transferencias por cajero automático de $20.000, realizadas el 28 de febrero y 5 de marzo de 2014, así como la extracción de $50.000, efectuada el 7 de marzo de 2014, (conf. fs.944 y 946) resultan por demás atípicas en comparación a los movimientos que habitualmente tenía la caja de ahorros.- Arribando al 17 de marzo de 2014, fecha en que se produce el fallecimiento del Sr. H. R. C., el saldo de la cuenta era $ 38.641,62.

Con posterioridad, se realizan dos depósitos, una serie de pagos y, en particular, dos transferencias por $20.000 a la cuenta 0536/02000175/73 de la que habitualmente se debitaba el pago de la Tarjeta Visa de titularidad del Sr. C.

Dicho esto, de la suma de $181.000 que en esta instancia reclaman los accionantes ya fueron reconocidos $110.000 por el Sr. Magistrado de la anterior instancia. El faltante de $71.000, que es la suma realmente cuestionada en esta Alzada, se justifica con las habituales extracciones y pagos que efectuara la sociedad conyugal por medio de esa cuenta antes y después del 14 de febrero de 2014, que se corroboran con los antecedentes de fs. 944/947, de modo que no cabría hacer lugar a las quejas expuestas por los demandantes.- IV. D.- Sumas invertidas en Fondo Común de Inversión.- Los accionantes sostienen que el anterior sentenciante no consideró el informe del Banco ICBC que, según postulan, daría cuenta de la existencia de $300.047 invertidos en un Fondo Común de Inversión. En tal entendimiento solicitan que dicha suma sea incorporada al acervo hereditario.

En primer lugar, cabe destacar que la foja 567 a la que aluden en sus quejas en ningún momento da cuenta de la existencia de la inversión referida, sino que informa respecto de la constitución de plazos fijos que, por cierto, poseen otros montos.- No obstante lo cual, a fs. 903 lucen los movimientos de la cuenta nro.0536/01105342/40 del mes de febrero de 2010, que brindan una explicación al agravio en estudio.

Allí se aprecia que, el 8 de febrero de 2010, se da de alta un plazo fijo por $300.000 y, asimismo, se deducen otros $300.000 en concepto de “DEB SUSCR FCI”, presumiblemente referido a un débito por suscripción a un fondo común de inversión.

Sin embargo, de la misma liquidación se advierte que el 11 de febrero se acreditan en la cuenta $300.047,01 imputados a “CRED RESC FCI”, es decir, por el rescate de los fondos que tres días atrás se habían invertido. Y si cabía alguna duda, de la misma pieza resulta que ambas operaciones contaban con el mismo número de comprobante “0000113705”. A su vez, el mismo día se extrae de la cuenta $ 299.730. Es decir, retiran prácticamente en su totalidad las sumas que fueran depositadas en el del Fondo Común de Inversión.- En definitiva, las sumas a las que aluden en sus quejas son una porción de las oportunamente invertidas en los dos plazos fijos de $590.000 y $585.000 que, como se explicó en los apartados precedentes, fueron sufriendo modificaciones, extracciones y reinversiones.- Por último, a fs. 130 de los autos “C., H. R.s/ Sucesión Ab- Intestato” (expte. nro. 33.804/2014) luce la contestación de oficio de la Caja de Valores informando sobre la inexistencia de título alguno a nombre de S. C. y de su difunto cónyuge.- De modo que no se trata de fondos autónomos sino que son parte del decurso invertido del que da cuenta el considerando IV. B.- En función de lo expuesto, no encontrándose probada la existencia de las sumas aludidas por los apelantes, deberían rechazarse las quejas expuestas.

IV.E.- Sumas resultantes de la venta del inmueble sito en la calle Quintino Bocayuva 334, piso 1° unidad 5, de esta ciudad.- En otro orden de ideas, los demandantes solicitan se incorpore al acervo hereditario la suma de $201.375 correspondiente al cincuenta por ciento de la venta del inmueble sito en la calle Quintino Bocayuva 334, piso 1° unidad 5, de esta ciudad, realizada el 11 de septiembre de 2013.

Cabe aclarar que la finca en cuestión fue donada por B.C., en partes iguales, a sus hijos H. R. e I. N.por medio de la escritura del 8 de marzo de 2000.

Los quejosos postulan que, seis meses antes de su fallecimiento, el causante recibió el 50% de la venta de la propiedad y que la accionada no acreditó las razones por las cuales dicha suma desaparecieron a pesar del acotado lapso entre la operación y el deceso de H. R.C.

Así, postulan que dicho monto fue colocado en la caja de seguridad que los cónyuges poseían en el Banco ICBC y que luego fue retirado por la demandada.- El anterior sentenciante rechazó el planteo de los quejosos en tanto consideró que, por tratarse de un bien propio de H.C. y, encontrándose por ello facultado para administrar y disponer libremente del mismo, la accionada no debía rendir cuenta alguna del dinero del producido de la venta.

Conforme se desprende del informe de dominio de fs. 229, H. R. C. recibió, en condominio con I. N. C., un medio del inmueble de la calle Quintino Bocayuva 334, unidad 5, piso 1°, por donación que efectuara su anterior titular B. C.

Así, cabe destacar que habiendo nuestro Código Civil adoptado precisamente una comunidad restringida como régimen patrimonial del matrimonio, excluye de la ganancialidad, básicamente, los bienes que cada cónyuge lleva al matrimonio -es decir, de los que es titular en ese momento- y los que, durante la unión adquiriera por herencia, legado o donación (conf. Zanonni, Eduardo A. “Código Civil – Derecho de Familia”, T. 1, pág. 483, núm. 382, Ed.Astrea, Buenos Aires, 1998).- Dicho esto, tratándose de un bien propio del que H. C. poseía la libre administración y disposición, mal puede requerírsele a la cónyuge supérstite explicaciones del paradero de las sumas resultantes de la venta del inmueble.

A ello se suma que en vista de los elementos probatorios arrimados a la causa no obra constancia alguna que permita aventurar una hipótesis respecto del paradero de dichas sumas. Y si bien los quejosos afirman que luego de la venta el dinero fue colocado en la caja de seguridad, lo cierto es que no existe registro de ingreso concomitante con la venta que permita abonar a la teoría propu esta por los accionantes.- En definitiva, no obra en la causa elemento de juicio alguno que permita determinar cuál fue el destino del producido de la venta. En este marco, las articulaciones de la actora se han convertido en meras conjeturas y/o hipótesis, que no se condicen con el material del expediente.

Es que no caben dudas que quien omite probar, no obstante la regla que pone tal actividad a su cargo, se expone al riesgo de no formar la convicción del juez sobre la existencia de los hechos de que se trate y, por consiguiente, a la perspectiva de una sentencia desfavorable. La actividad probatoria constituye, pues, como toda carga procesal, un imperativo del propio interés (Palacio, Lino, “Manual de Derecho Procesal Civil”, Abeledo Perrot, 2004, pág.399).- En este entendimiento, al no contarse con indicio alguno que pueda atribuir la posesión del dinero propio del causante a la cónyuge supérstite, mal pueden pretender los quejosos que aquella integre ese capital al acervo hereditario, por lo que habrán de ser rechazados los agravios en estudio.

V.- Resta que me pronuncie respecto de las quejas que hacen a la imposición de costas decidida en la sentencia apelada.- Cabe recordar que el ordenamiento procesal vigente adhiere al principio generalmente aceptado en la legislación nacional y extranjera cuyo fundamento reside básicamente en el hecho objetivo de la derrota, como base de la imposición de la condena en costas.- Sin embargo, el referido principio no es absoluto, ya que el propio Código Procesal contempla distintas excepciones, algunas impuestas por la ley y otras libradas al arbitrio judicial, tal como lo dispone el artículo 68 en su segundo párrafo. Esa norma importa una sensible atenuación al principio general al acordar a los jueces un adecuado marco de arbitrio que deberá ser ponderado en cada caso particular y siempre que resulte justificada tal exención (conf. CNCiv., esta Sala, R. 44.344 del 17-4-89 y sus citas; id., R. 72.781 del 14-8-90; id., R. 136.124 del 16-11-93; R. 150.684 del 4/7/94).- En tal sentido, esta Sala tiene decidido que la sola creencia subjetiva de la razón probable para litigar, no es por sí suficiente para eximir del pago de las costas al perdidoso, pues es indudable que -salvo hipótesis de actitudes maliciosas- todo aquél que somete una cuestión a los tribunales de justicia es porque cree tener la razón de su parte, mas ello no lo exime del pago de los gastos del contrario si el resultado no le es favorable.Sólo es admisible esta causal de eximición frente a las características peculiares y dificultades del asunto, pero en tales supuestos, la razón probable para litigar debe encontrarse avalada por elementos objetivos de apreciación, de los que se infiera la misma sin lugar a dudas (conf. CNCiv., esta Sala, L. 112.907 del 11-8-92 y sus citas).

En la especie, no cabe duda respecto a que la demanda ha tenido favorable acogida. Ese es el hecho objetivo que debe motivar la imposición, sin que se aprecien razones que permitan apartarse del principio rector.

Por lo tanto, debería confirmarse la imposición de costas establecida en la instancia de grado.

VI.- Voto, en definitiva, para que se modifique parcialmente la sentencia apelada, debiendo la accionada S., C. incorporar al acervo hereditario de H. R. C. la suma de Pesos Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Veintinueve con Veintitrés Centavos ($884.729,23) en carácter de capital ganancial, confirmándosela en lo demás que decide y fue objeto de agravios.

Las costas de Alzada se imponen a la demandada vencida en virtud del principio general de la derrota (conf. artículo 68 del Código Procesal).

Asimismo, debería diferirse la regulación de los honorarios profesionales para cuando se haga lo propio en la instancia de grado.- Los Dres. Sebastián Picasso y Hugo Molteni votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Ricardo Li Rosi.- Con lo que terminó el acto.

Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.- Buenos Aires, mayo de 2018.

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se modifique parcialmente la sentencia apelada, debiendo la accionada S.C. incorporar al acervo hereditario de H. R. C. la suma de Pesos Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Veintinueve con Veintitrés Centavos ($ 884.729,23) en carácter de capital ganancial, confirmándosela en lo demás que decide y fue objeto de agravios.- demandada vencida.

Las costas de Alzada se imponen a la Asimismo, debería diferirse la regulación de los honorarios profesionales para cuando se haga lo propio en la instancia de grado.

Notifíquese en los términos de las Acordadas 31/11, 38/13 y concordantes, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N. en la forma de práctica y devuélvase.

SEBASTIÁN PICASSO

RICARDO LI ROSI

HUGO MOLTENI