Desalojo de la esposa de un integrante de la Prefectura Naval Argentina que convive con sus hijos en el inmueble del Estado Nacional

Partes: Estado Nacional PNA c/ G. M. B. s/ ley de desalojo

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

Fecha: 10-abr-2018

Cita: MJ-JU-M-110091-AR | MJJ110091 | MJJ110091

Procedencia del desalojo iniciado por el Estado contra la esposa de un integrante de la Prefectura Naval Argentina que convive sola con sus cinco hijos en el inmueble.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda de desalojo, pues si bien el tribunal no es ajeno a la situación de la demandada que vive en el inmueble con cinco hijos menores, no puede convalidar una situación de hecho en desmedro del patrimonio del Estado, máxime cuando la Prefectura Naval Argentina requiere el mismo para continuar con el normal desarrollo de sus funciones y acredita que su requerimiento no resultó arbitrario ni intempestivo, sino más bien contemplativo de la situación particular de la accionada.

2.-Resulta inadmisible el argumento en orden a que la restitución del inmueble vulnera el interés superior del niño, pues la custodia de este último corresponde, en primer medida, a los progenitores quienes no han probado en la causa que se encuentren imposibilitados de poder brindar una vivienda alternativa a su familia, máxime cuando el padre aún presta servicios en la fuerza, y asimismo se encuentra garantizado con la intervención del Ministerio Publico de la Defensa, y específicamente el Defensor Público de Menores e Incapaces.

Fallo:

Bahía Blanca, 10 de abril de 2018.

Y VISTOS: Este expediente nro. FBB 2977/2016/CA1, caratulado “ESTADO NACIONAL PNA c/ G., M. B. s/ LEY DE DESALOJO”, venido del Juzgado Federal nro. 1 de esta ciudad, para resolver el recurso interpuesto a f. 57, contra la sentencia de fs. 53/56.

El señor Juez de Cámara, doctor José Mario Tripputi, dijo:

1ro.) La PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, en adelante “PNA” interpuso demanda de desalojo solicitando se ordene a la Sra. M. B. G., y todo otro ocupante, la restitución del inmueble perteneciente al Estado Nacional -PNA- sito en Barrio Albatros XV, TIRA N° 5, casa 19, de la ciudad de Punta Alta, Provincia de Buenos Aires.

2do.) El señor juez de grado hizo lugar a lo solicitado y ordenó a la demandada y/o sublocatarios y/u ocupantes y/o intrusos la restitución de la finca, otorgándoles un plazo excepcional de 15 días bajo apercibimiento de ordenarse el inmediato lanzamiento. Asimismo, solicitó dar intervención al titular de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad del partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales, Lic. Mariano Ojeda a fin de que articule los medios necesarios para brindar adecuada contención a la Sra. G. y sus cinco hijos e impuso las costas por su orden.

3ro.) A f. 58 se concedió el recurso de apelación y a fs. 63/66 expresó agravios los que fueron contestados por la actora a fs. 68/72.

4to.) A f. 75 asume intervención en el interés de los menores la Dra. Gisela Malvestiti, Secretaria de la Defensoría Pública Oficial y a f. 77 reasume intervención en su reemplazo la Dra. Graciela Lujan Staltari.

5to.) La demandada se agravia, en síntesis, de que:ael juez resuelve el caso a la luz de la Ley 17.091 la cual fija plazos muchos más exiguos que los regulados por el trámite del desalojo previsto en el CPCCN y dicha norma no prevé instancias recursivas útiles ante el lanzamiento en flagrante violación al debido proceso legal; bno se tuvo en cuenta que concurre en el caso el interés superior del niño que es superior al invocado por la actora pues la restitución ordenada afecta directamente a los menores que allí habitan.

6to.) En cuanto a que no se respetó el debido proceso legal, debe tenerse presente que la demanda tramitó por las normas del proceso ordinario, art. 679 y conc. CPCCN, (C.fr. f. 19) y asimismo, -teniendo en cuenta que en la vivienda habitan menores-, se dio intervención al Ministerio pupilar el cual tomó intervención junto con el defensor oficial, por lo que tal agravio no ha de prosperar.

7mo.) Conforme surge del ACTA DE ENTREGA DE VIVIENDA N° 30/2013, el 01/02/2013 la PNA entregó en comodato al Cabo Primero Leonardo Damián García la vivienda objeto del reclamo, para que la habite junto con su grupo familiar por el término de un año.

El 29/07/2015, según surge del ACTA DE PRESENTACIÓN, el Cabo Primero Leonardo Damián García informa que en el mes de noviembre del año 2014 se separó de hecho de su cónyuge, Sra. M. B. G., razón por la cual se retiró de la vivienda.

El 30/07/2015, la ut supra mencionada suscribe el ACTA DE NOTIFICACIÓN Y COMPROMISO, por la cual se le concedió una prórroga y se comprometió a entregar voluntariamente la vivienda en el mes de diciembre del mismo año (C.fr. f 9), por lo cual ya en dicha fecha contaba con un total de 5 meses para resolver su problema habitacional. Ante el incumplimiento, el 05/02/2016 la PNA remitió sendas cartas documento intimando la restitución del inmueble (c.fr. fs.7/8).

8vo.) Si bien este tribunal no es ajeno a la situación planteada por el defensor oficial, no puede convalidar una situación de hecho en desmendro del patrimonio del estado, máxime cuando la PNA requiere el mismo para continuar con el normal desarrollo de sus funciones y acredita que su requerimiento no resultó arbitrario ni intempestivo, sino más bien contemplativo de la situación particular de la demandada.

Conforme surge del art. 2 de la ley 18.398 la PNA es la fuerza por la que el Comando en Jefe de la Armada ejerce: el servicio de policía de seguridad de la navegación y el servicio de policía de seguridad y judicial; parcialmente, la jurisdicción administrativa de la navegación.

En cuanto a que la restitución del inmueble vulnera el interés superior del niño, la custodia de este último corresponde, en primer medida, a los progenitores quienes no han probado en la causa que se encuentren imposibilitados de poder brindar una vivienda alternativa a su familia, máxime cuando el Cabo Primero Leonardo Damián García aún presta servicios en la fuerzay asimismo se encuentra garantizado con la intervención del Ministerio Publico de la Defensa, y, específicamente el Defensor Público de Menores e Incapaces (C.fr. Resolución DGN N° 1119/08).

9no.) Siguiendo el criterio de la CSJN en autos “Escobar, Silvina y otros s/ inf. Art. 181 inc.1 C.P” los jueces de la causa deben poner en conocimiento de las autoridades competentes la situación de los niños, niñas y adolescentes que pudieran verse afectados por el proceso de desalojo, a los fines del pertinente resguardo de sus derechos de rango constitucional.

Asimismo, la Cámara Civil, Sala J en la causa 30172/2015 TOLEDO CLAUDIA ESTER c/EDWARDS NOEMI CONCEPCION Y OTRO s/DESALOJO POR VENCIMINETO DE CONTRATO apropiadamente consideró “.la tutela de acceso a la vivienda no debe ser satisfecha por el propietario y/o locador accionante, sino por quien tenga a su cargo la gestión de los cometidos estatales referidos a las políticas concernientes a tal derecho.” “.la intervención del Ministerio Pupilar en el marco del presente proceso de desalojo se limita a resguardar la protección de los menores que pudieren resultar afectados por el lanzamiento de los ocupantes del inmueble motivo de autos, con el fin de que los organismos administrativos competentes adopten las medidas tendientes a que estos y su grupo familiar no queden en situación de calle.” Por lo expuesto, teniendo en cuenta el lugar de residencia de la familia, el juez a quo resolvió acertadamente al dar intervención a la Secretaria de Acción Social de la Municipalidad de Coronel Rosales, por resultar esta, prima facie, la repartición pública adecuada al efecto, no correspondiendo a la PNA velar por tales derechos. A mayor abundamiento, corresponde recordar la función de la mencionada secretaría:”La Secretaria de Acción Social interviene en situaciones de vulneración de derechos mediante políticas públicas y tiene la misión de garantizar la inclusión social y una mejor calidad de vida de los habitantes de Cnel Rosales.”1 Se aprecia en el sub examine que si bien el juez de primera instancia, con el fin de poner en conocimiento de las circunstancias que involucran a los menores y requerirle el auxilio de programas de apoyo, ordenó dar intervención al titular de la Secretaria de Acción Social de la Municipalidad de Coronel Rosales, Licenciado Mariano Ojeda, dicho requerimiento aún no se ha acreditado en el expte. por lo cual, en atención a los precedentes citados y los intereses que se procuran tutelareste Tribunal señala que dicha medida no debe soslayarse.

Por lo expuesto, propicio y voto: 1ro.) Confirmar la sentencia apelada con especial atención a lo expuesto en el último considerando con costas por su orden. 2do.) Diferir la regulación de honorarios para la vez en que sean estimados los de la primera instancia (art. 14, ley 21.839).

El señor Juez de Cámara, doctor Pablo A. Candisano Mera, dijo:

Me adhiero al voto del doctor José Mario Tripputi.

Por ello, SE RESUELVE:

1ro.) Confirmar la sentencia apelada con especial atención a lo expuesto en el último considerando con costas por su orden.

2do.) Diferir la regulación de honorarios para la vez en que sean estimados los de la primera instancia (art. 14, ley 21.839).

Regístrese, notifíquese, publíquese (Acs. CSJN nros. 15/13 y 24/13) y devuélvase. No suscribe la señora Jueza de Cámara, doctora Mirta Susana Filipuzzi (art. 3, ley 23.482).

CANDISANO MERA PABLO A.

Juez de Cámara

MARÍA ALEJANDRA SANTANTONIN

SECRETARIA

JOSÉ MARIO TRIPPUTI

Juez de Cámara