Se revoca la prestación de escolaridad común con maestra integradora, pues no se corroboró la inexistencia de oferta estatal adecuada

Partes: R. P. c/ Osde s/ sumarísimo de salud

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 2-ago-2018

Cita: MJ-JU-M-113082-AR | MJJ113082 | MJJ113082

 

Se revoca la resolución que dispuso que una empresa de medicina prepaga brinde al hijo de los amparistas, que presenta diagnóstico de trastorno de la comunicación, la cobertura de la prestación de escolaridad común con maestra integradora, pues no se acreditó la verosimilitud del derecho dado que no se corroboró la inexistencia de oferta estatal adecuada.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la resolución que dispuso que la demandada brinde al hijo de los amparistas, que presenta diagnóstico de trastorno de la comunicación, la cobertura de la prestación de escolaridad común con maestra integradora, pues la constancia médica ha sido expedida después del ingreso del menor a dicha escuela y además no se corrobora prima facie en la causa la inexistencia de oferta educacional estatal adecuada, de ello se colige que no existe verosimilitud en el derecho a los efectos de que prospere el dictado de la ampliación de la medida precautoria impetrada.

2.-Corresponde revocar la resolución que dispuso que la demandada brinde al hijo de los amparistas, que presenta diagnóstico de trastorno de la comunicación, la cobertura de la prestación de escolaridad común con maestra integradora, si bien la prescripción médica sugiere realizar la escolaridad común con maestra integradora en la institución solicitada, se limitan a informar que el menor aquél concurre a dicho establecimiento sin brindar detalle alguno en cuanto a las características de aquél en relación a las especiales necesidades del menor, máxime cuando dicha constancia fue extendida cuando el niño ya se encontraba escolarizado.

Fallo:

Buenos Aires, 2 de agosto de 2018.

AUTOS Y VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 113, fundado a fs. 118/123, el que fue contestado por el Ministerio Público de la Defensa a fs. 142/144 y no mereció respuesta de la parte actora, contra la resolución de fs. 98 -y su aclaratoria de fs. 126-, y CONSIDERANDO:

1. La resolución recurrida admitió la ampliación de la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, dispuso que la Organización de Servicios Directos Empresarios -OSDE- brinde al hijo de los amparistas la cobertura de la prestación de escolaridad común con maestra integradora para el período de febrero a diciembre de 2018 en el establecimiento al que concurre el niño -“Centro Educativo Buenos Aires”- (cfr. fs. 98 -y aclaratoria de fs. 126-).

La accionada apeló la decisión a fs. 113 y el recurso fue concedido a fs. 117 (tercer párrafo).

2. La demandada solicitó la revocación de dicho pronunciamiento sobre la base de agravios que pueden resumirse así: a) la resolución dictada deviene arbitraria, en tanto toma los fundamentos de la medida cautelar dictada a fs. 44 y omite realizar toda consideración sobre la existencia de la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora; b) se dictó una medida que coincide con la pretensión de la actora, adelantando de esa manera la sentencia de mérito, lo que implica un adelanto de jurisdicción y c) no se presentan en la causa los elementos necesarios para el dictado de la medida cautelar, ya que no se encuentra acreditada la verosimilitud en el derecho como tampoco el peligro en la demora. Agregó que, en relación a la prestación de maestra integradora, su parte cuenta con equipos de profesionales debidamente capacitados para brindar dicha prestación, por lo que no se advierte razón alguna por la cual deba cubrirla con prestadores ajenos y a valor integral, en contra de lo normado por el art. 6 de la ley 24.901.

3.Primeramente, resulta adecuado recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido, en repetidas oportunidades, que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes o probanzas producidas en la causa, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

4. En segundo lugar, cabe destacar que no fue discutida en el “sub lite” la condición de discapacitado del hijo de los amparistas (cfr. copia del instrumento obrante a fs. 96), la enfermedad que padece -Trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje, Trastornos generalizados del desarrollo- ni su condición de afiliado a la demandada (cfr. fotocopia de fs. 2).

Está en debate, en cambio, la obligación de la recurrente de proveer cautelarmente la cobertura integral de las prestaciones aquí requeridas.

5. Sentado lo anterior, se debe recordar que para decidir la pertinencia de una medida precautoria (como la que se encuentra cuestionada en la causa), y en orden a la verosimilitud del derecho invocado, se debe obrar con la mayor prudencia, porque el marco de conocimiento con que la cuestión es abordada por el Tribunal, de manera preliminar, no permite efectuar un análisis exhaustivo, porque ello es propio del momento en que se dicte la sentencia definitiva que valore las razones de orden jurídico que las partes propusieron y las pruebas que arrimaron en su defensa (cfr. esta Sala, causas 7376/00 del 1/3/2001, 7808/02 del 22/8/2002 y 1528/08 del 17/4/2008).

6.Con el fin de tratar la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal, corresponde realizar una breve reseña de las constancias obrantes en la causa.

Los accionantes iniciaron acción de amparo (con medida cautelar) a fin de que la demandada le otorgara a su hijo menor la escolaridad común en un colegio privado, más precisamente en el Centro Educativo Buenos Aires; ello, para el período febrero/diciembre de 2017 y conforme lo indicado por su médico tratante, dado que presenta diagnóstico de trastorno de la comunicación.

Refirieron que recorrieron infinidad de jardines para que aceptaran a su hijo como alumno y que en el único que consiguieron vacante fue en el que se encuentra actualmente, donde ha logrado muy buenos vínculos con las maestras y sus compañeros. Manifestaron que es prácticamente imposible encontrar lugar en la escuela pública. Agregaron que la demandada les venía otorgando las prestaciones de maestra integradora, psicopedagoga, psicóloga y fonoaudióloga.

Acompañaron al efecto prescripción médica, informes de fs. 10 y 12/13 y constancia de alumno regular y legajo escolar que lucen agregados a fs. 14 y 15 -respectivamente-.

En la resolución de fs. 44 el magistrado de la anterior instancia decidió hacer lugar a la medida cautelar y ello fue confirmado por el Tribunal a fs. 74/76.

En fs. 95 obra una prescripción médica actualizada al ciclo lectivo 2018 que fue la que dio lugar a la ampliación dispuesta a fs. 98 (ver también aclaratoria de fs. 126).

7. Es menester precisar que la ley 24.901 contempla dentro de las prestaciones básicas a la educativa y, entre ellas, a la Educación General Básica, definida en el art. 22 de dicho texto legal como el proceso educativo programado y sistematizado que se desarrolla entre los 6 y los 14 años de edad aproximadamente, o hasta la finalización del ciclo, dentro de un servicio de educación común.

A su vez, el art.6 del Anexo I de la Resolución 428/99 del Ministerio de Salud y Acción Social dispone que las prestaciones de carácter educativo contempladas por el Nomenclador -entre las que se encuentra la Educación General Básica-, serán provistas a aquellos beneficiarios que no cuenten con oferta educacional estatal adecuada a las características de su discapacidad.

8. Así reseñada la plataforma normativa que rige el presente caso, debe mencionarse que si bien es cierto que los amparistas acompañaron una orden médica que prescribía -para su hijo- escolaridad común con maestra integradora en el “Centro Educativo Buenos Aires” para el ciclo lectivo 2018 (cfr. fs. 95), no lo es menos que ello no resulta suficiente -en este estado liminar de la causa- para acreditar adecuadamente que la demandada deba hacerse cargo de su cobertura en un 100% en forma cautelar.

En tal sentido, nótese que si bien la prescripción médica de fs. 95 sugiere realizar la escolaridad común con maestra integradora en dicha institución para el ciclo lectivo 2018, el certificado de fs. 14 y legajo de fs. 15 se limitan a informar que aquél concurre a dicho establecimiento sin brindar detalle alguno en cuanto a las características de aquél en relación a las especiales necesidades del menor. Debe adicionarse a lo dicho que la constancia médica referida fue extendida cuando el niño ya se encontraba escolarizado en el “Centro Educativo Buenos Aires”, puesto que concurre a dicha institución desde -al menos- el año 2016.

Por lo tanto, y sin perjuicio de lo oportunamente decidido por este Tribunal a fs.74/76 respecto de la escolaridad para el ciclo lectivo 2017, teniendo en cuenta -por un lado- que la constancia médica ha sido expedida después del ingreso del menor a dicha escuela y que -por el otro- no se corrobora prima facie en la causa la inexistencia de oferta educacional estatal adecuada, de ello se colige que no existe verosimilitud en el derecho a los efectos de que prospere el dictado de la ampliación de la medida precautoria impetrada.

Desde esta perspectiva, entiende este Tribunal que, con la limitación que impone el estrecho marco cognoscitivo propio de las medidas cautelares (conf. Sala 1, doctr. causas 4176 del 10.8.99 y 394 del 1.3.01), el peligro en la demora tampoco se encuentra debidamente acreditado, habida cuenta de lo que surge de la documentación de fs. 14 y 15 -adviértase, en tal sentido, que el menor concurre al colegio citado ininterrumpidamente desde, al menos, el principio del ciclo lectivo 2016-.

Todo ello, sin perjuicio de lo que corresponda resolver una vez que produzcan la totalidad de las pruebas, las partes hayan ejercido plenamente su derecho de defensa en juicio y las actuaciones se encuentren en condiciones de dictar la sentencia definitiva.

Por todo lo expuesto, cabe concluir que no concurren en la especie los requisitos de admisibilidad para dictar la ampliación de la medida cautelar en relación a la escolaridad común.

Lo aquí decidido en modo alguno importa adelantar opinión sobre el derecho de fondo que pudiera asistir a las partes del proceso.

9. Sorteado lo anterior, y respecto de la prestación de maestra integradora, la accionada sostuvo que su parte cuenta con equipos de profesionales debidamente capacitados para brindar dicha prestación, por lo que no se advierte razón alguna por la cual deba cubrirla con prestadores ajenos y a valor integral, en contra de lo normado por el art. 6 de la ley 24.901. También, es del caso señalar que propuso prestadores específicos a los fines de brindar dicha prestación a fs.35/37.

Al respecto, es importante destacar que, de acuerdo a la presentación efectuada por la parte actora a fs. 149/150 con motivo de la medida para mejor proveer dictada por la Sala fs. 148, el prestador que brinda la integración escolar ha sido modificado (cfr. fs. 150).

Ahora bien, teniendo en cuenta que dicha prestación ha sido y es brindada por efectores propios de la demandada (Zenit, anteriormente -ver fs. 11/13- y Adip, actualmente -ver fs. 149-, cfr. fs. 36 vta.), no se advierte cuál sería el gravamen o perjuicio concreto que le provoca la decisión apelada en este aspecto, por lo que el planteo resulta improcedente.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: revocar lo decidido a fs. 98, en los términos que surgen del considerando 8°, con costas en el orden causado, en atención a las particularidades de la cuestión debatida y el modo en que se resuelve (arts. 68 y 69 del CPCC).

El doctor Guillermo Alberto Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licenc ia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese -al Ministerio Público de la Defensa con remisión de la causa- y devuélvase.

María Susana Najurieta

Fernando Alcides Uriarte