La denuncia por abuso de firma en blanco no fue realizada con dolo, en consecuencia no proceden los daños alegados por el abogado

Partes: T. P. E. c/ B. O. A. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: E

Fecha: 18-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-100577-AR | MJJ100577 | MJJ100577

No procede la indemnización de los daños que el abogado dijo sufrir en virtud de la denuncia de defraudación por abuso de firma en blanco, pues el acusador no actuó con dolo.

Sumario:

1.-No corresponde admitir la indemnización que peticiona, pues luego de analizar las constancias aportadas, quedó configurado el estado de sospecha al que alude el art. 294 del CPPN.; máxime siendo que no se está reexaminando la sentencia absolutoria, sino analizando la conducta de quien efectuó la denuncia a los fines del art. 1090 CCiv.

2.-Toda vez que ante el estado de incertidumbre, fue aplicado el principio in dubio pro reo (arts. 3 CPPN. y 41 inc. E de la Ley 23.187), corresponde inexorablemente concluir que el denunciante no actuó a través de dolo o culpa grave o grosera; en efecto, si bien es verdad que para hacer responsable a quien falsamente atribuya un delito a otro se requiere que esa imputación sea inexacta, también lo es que se exige una grave negligencia por parte de quien la efectúa, toda vez que el dolo no se presume y debe ser probado.

3.-No corresponde admitir la indemnización del art. 1090 CCiv. peticionada en virtud de la denuncia sufrida por el abogado actor, por los daños y perjuicios de los que dijo haber sido víctima con motivo de la supuesta defraudación por abuso de firma en blanco, toda vez que no toda denuncia de delito es apta para generar responsabilidad civil en la eventualidad de que el o los acusados fueran ajenos al hecho.

4.-El hecho de que el abogado actor haya resultado sobreseído en el proceso criminal, no habilita, por esa sola circunstancia, la procedencia de la acción indemnizatoria contemplada en art. 1090 CCiv., pues no se puede exigir a quienes son víctimas de un delito que formulen la acusación munidos de pruebas incontestables que no dejen lugar a dudas acerca de la autoría, dado que ello llevaría al extremo de imponerles la carga policial exhaustiva de los delitos para no errar respecto de la manifestación que formulan ante la autoridad.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los dieciocho días del mes de agosto de dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “E”, para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: “T. P. E. C/ B. O. A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia corriente a fs. 623, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores CALATAYUD. RACIMO. DUPUIS.

El Señor Juez de Cámara Doctor CALATAYUD dijo:

Contra la sentencia de fs. 623/34 en la que se desestimó la demanda impetrada por el abogado actor por los daños y perjuicios que dijo haber sufrido con motivo de una denuncia por defraudación por abuso de firma en blanco y otra ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal -actuaciones en las que resultó sobreseído-, se alza el vencido por los agravios que expone en su presentación de fs. 652/61, cuyo traslado fue respondido a fs. 663/67 y 668/73. Comienzo por destacar que en las primeras cuatro fojas del memorial (de 652 a 655) el apelante se limita a efectuar una relación de causa donde ningún agravio se expone y que, por tanto, ningún análisis merece efectuarse en este acuerdo; en tanto el denominado “primer agravio”, no es tal, desde que su contenido se refiere a la forma como debe valorarse la prueba (fs. 655, punto V), que es materia propia del juez de la causa, en tanto que el magistrado de grado ningún criterio distinto expuso al allí relatado. Esta Sala participa del criterio sustentado por el señor juez en orden a la interpretación que cabe acordarle a la norma contenida en el art. 1090 del Código Civil.En efecto, en reiteradas oportunidades ha decidido que esa norma regula la sanción a quien cometiere el delito de acusación calumniosa, tutelando el honor como bien o derecho de una persona, en tanto la doctrina y jurisprudencia se encuentran contestes en señalar que los requisitos para que se configure son los siguientes: a) la existencia de una denuncia o acusación, alternativa que evita los inconvenientes prácticos derivados de la distinta terminología, es decir, que no es necesario constituirse en “querellante”, sino que basta con ser simplemente “denunciante”, sin que sea menester que la denuncia reúna las formalidades de la ley procesal penal, siendo suficiente la notitia críminis con el mínimo de idoneidad para excitar la actividad judicial; b) efectuada ante autoridad competente, sea judicial, policial o simplemente administrativa, pues lo que interesa es que el sumario pertinente pueda concluir con una derivación a la justicia penal; c) relativa a la imputación de un delito de acción pública; d) que la denuncia sea falsa y e) efectuada a persona determinada (conf. Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, Código Civil y leyes complementarias comentado , anotado y concordado, t. 5 págs. 255 y ss., n° 6; Llambías, Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, t. IV-A págs. 142 y ss., n° 2390; Zavala de González, Resarcimiento de daños – Daños a las personas [Integridad espiritual y social], t. 2c, págs. 384 y ss.). Aun cuando se ha discutido la necesidad de que exista un requisito subjetivo: el factor de atribución o dolo en la denuncia por el pleno conocimiento que el acusador tenía de la inocencia del acusado, sí existe coincidencia en el ámbito civil en que la disposición del art. 1090 no enerva el principio establecido en el art. 1109, según el cual todo aquel que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, se encuentra obligado a reparar el perjuicio causado. Vale decir, la acción indemnizatoria podría resultar procedente cuando el denunciante ha actuado culposamente (conf. Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, op. y loc.cits., pág. 259 y doctrina y jurisprudencia citadas en nota 30; Aguiar, Hechos y actos jurídicos en la doctrina y en la ley, t. V vol. 2 pág. 115; Cazeaux y Trigo Represas, Derecho de las obligaciones, 2a. ed., t. 4 pág. 297; Borda, Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, 8ª. ed., t. II pág. 231 n° 1354, ap. f, 2; Pecach, Responsabilidad civil por denuncia o querella precipitada o imprudente, en J.A. 65-117 n° 5; Parellada, Responsabilidad emergente de la denuncia calumniosa o negligente, en J.A. 1979-III, 694, ap. IX; Zavala de González, op. y loc. cits., pág. 408, letra ñ]). Empero, en estos supuestos, cabe exigir la existencia de una culpa grave o grosera, por cuanto debe procurarse preservar el interés social en la investigación y represión de los delitos, esto es, la prudencia indica que no quepa requerir una mayor diligencia que la que normalmente y de acuerdo a las circunstancias del caso correspondan en una situación análoga (conf. Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, op. y loc. cits.; Parellada, op. y loc. cits.; CNCiv. esta Sala, mis votos en causas 20.948 del 16-5-86 y 53.853 del 17-10-89).

Desde otra perspectiva e incluso en el supuesto de que se estimara que la conducta de quien fuera el denunciante no encuadra en ninguna de las hipótesis precitadas, como dijera supra, la viabilidad de la pretensión indemnizatoria podría tener cabida por imperio de lo dispuesto por el art. 1109 del código de fondo, pues todo aquel que actuando culposa o negligentemente y que ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio (conf. CNCiv. esta Sala, voto del Dr. Mirás, en causa 304.366 del 30-10-2000). Finalmente, preciso se hace destacar que el hecho de que el actor haya resultado absuelto en el proceso criminal, no habilita, por esa sola circunstancia, la procedencia de la acción indemnizatoria contemplada en la norma recordada del art.1090 del Código Civil, pues no se puede exigir a quienes son víctimas de un delito que formulen la acusación munidos de pruebas incontestables que no dejen lugar a dudas acerca de la autoría, dado que ello llevaría al extremo de imponerles la carga policial exhaustiva de los delitos para no errar respecto de la manifestación que formulan ante la autoridad. Por ende, no toda denuncia de delito es apta para generar responsabilidad civil en la eventualidad de que el o los acusados fueran ajenos al hecho (conf. mis votos en causas 365.237 y 336.740 del 4-3-03 y 482.172 del 12-7-07; CNCiv. Sala “F”, voto de la Dra. Conde, causa 233.407 del 6-4-98; Sala “G”, voto del Dr. Greco, en E.D. 175-399; Sala “I”, voto de la Dra. Borda, en J.A. 1999-IV, 278 y voto de la Dra. Castro en L.L. del 4-8-11, fallo n° 115.655). Efectuadas estas consideraciones, es cierto -como se afirma en el titulado “segundo agravio”- que lo juzgado y firme en el juicio sustanciado ante el Juzgado Nacional en lo Contenciosos Administrativo Federal n° 4 no puede -en principio- ser revisado en este proceso posterior, pero cabe aquí aclararle al quejoso que lo que hizo el juez es simplemente valorar la conducta profesional del demandante y las desprolijidades en que incurriera -destacadas por el magistrado allí interviniente (ver fs. 188 del exp. n° 33.714/02)-, pero de ninguna manera procedió a juzgar nuevamente la cuestión de fondo sometida a decisión con anterioridad. En lo que se refiere al expediente penal sustanciado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 32, si bien el denunciado fue finalmente sobreseído en relación al delito por el que fuera indagado, lo cierto es que -como bien destacó el a quo- la fiscal interviniente en un primer momento después de analizar las constancias hasta allí realizadas sostuvo que se configuraba el estado de sospecha a que alude el art.294 del Código Procesal Penal de la Nación por lo que postuló la indagatoria de T., lo que así dispuso el magistrado (ver dictamen de fs. 97/103 del expediente n° 67.608/06 y resolución de fs. 104). Ello revela que el denunciante no actuó en la emergencia -más allá del resultado final- con notoria negligencia al formular la acusación. Contrariamente a lo que entiende el recurrente, no se está reexaminando la sentencia absolutoria, sino analizando la conducta de quien efectuó la denuncia a los fines del mencionado art. 1090 del código de fondo. A igual conclusión y por motivos similares debe llegarse con relación al procedimiento llevado a cabo ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a poco que se advierta que la Sala II al dictar sentencia y previo a concluir en la absolución del abogado destacó que las presentaciones de éste en el amparo promovido por B. “no hacen más que generar dudas acerca de cómo sucedieron los hechos en la relación profesional”, ello aunado al hecho de que no se presentó a la audiencia de vista de causa. Aplicó, en definitiva y ante el estado de incertidumbre, el principio in dubio pro reo (arts. 3 del Código Procesal Penal y 41 inc. e de la ley 23.187), lo que conduce inexorablemente a concluir que el denunciante no actuó a través de dolo o culpa grave o grosera, conductas que -como se ha visto- la doctrina y jurisprudencia casi unánimes exigen para tener por configurado este delito civil (ver mi voto en expediente n° 57.942/10 del 12-7-16). Es decir, si bien es verdad que para hacer responsable a quien falsamente atribuya un delito a otro se requiere que esa imputación sea inexacta, pero también lo es que se exige -reitero- una grave negligencia por parte de quien la efectúa, toda vez que el dolo no se presume y debe ser probado (ver Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, op. y loc. cits., pág.260). Las manifestaciones contenidas en el llamado “cuarto agravio” son meras citas doctrinarias y jurisprudenciales acerca de los recaudos exigidos para que se configure la figura de acusación calumniosa, los que son coincidentes con los que ya fueran ampliamente expuestos por el señor juez de primera instancia y los que mencioné al principio de mi voto. En él no se manifiesta agravio alguno y ninguna reflexión merece de mi parte. Por último, es dable hacerle notar al quejoso que si se concluye en que no hay responsabilidad alguna del denunciante, no puede haberla como lógica consecuencia de parte de los profesionales que lo patrocinaron en los procesos cuestionados.

Por estas consideraciones y las propias contenidas en la sentencia de fs. 623/34, voto para que se lo confirme en todo cuanto decide y fue materia de agravio expreso, con costas de Alzada al actor vencido, toda vez que no encuentro mérito alguno para apartarse del principio objetivo de la derrota que estatuye el art. 68 del Código Procesal. Los Señores Jueces de Cámara Doctores Racimo y Dupuis por análogas razones a las expuestas por el Dr. Calatayud, votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto.

JUAN CARLOS G. DUPUIS.

FERNANDO M. RACIMO.

MARIO P. CALATAYUD.

Este Acuerdo obra en las páginas Nº 822 a Nº 824 del Libro de Acuerdos de la Sala “E” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, agosto dieciocho de 2016.

Y VISTOS: En atención a lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia de fs. 623/34 en todo cuanto decide y fue materia de agravio, con costas de Alzada al actor vencido, difiriéndose la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad correspondiente. Not. y dev.