No existe relación de causalidad entre la fractura de cuello humeral y la incapacidad que sufre la accionante al día de la fecha

Partes: T. A. B. c/ Hospital de Clínicas General San Martín y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: D

Fecha: 4-jul-2018

Cita: MJ-JU-M-112484-AR | MJJ112484 | MJJ112484

Se rechaza la demanda contra el hospital de clínicas ya que no existe relación de causalidad entre la lesión por la que fue tratada – fractura de cuello humeral – y la incapacidad que sufre la accionante al día de la fecha.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda por los daños y perjuicios derivados de la atención medica recibida en el hospital demandado, ya que en la historia clínica adjuntada no se describe si la lesión padecida (fractura de cuello humeral) fue previa o no a la internación y el ‘hombro congelado’ que presenta actualmente la actora no tiene que ver con el tratamiento instituido en el Hospital demandado sino con el método aplicado en su pueblo de 2 meses de yeso, cosa totalmente contraindicada en fracturas de este tipo en personas de edad avanzada, por lo que tampoco existe relación de causalidad entre los hechos denunciados y la incapacidad que sufre la accionante al día de la fecha.

2.-En las obligaciones de medio el deudor no se compromete a un resultado sino que pone de su parte los medios conducentes para que el acreedor pueda obtener el resultado, de ahí que se dice que los médicos tienen una obligación de medios y no de resultado, cuya obligación consiste en arbitrar los medios adecuados para la recuperación del paciente, quedando a cargo de este la prueba que al brindar los medios empleados, se incurrió en imprudencia, impericia o negligencia.

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 4 días del mes de julio de dos mil dieciocho, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil, Sala “D”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados “T. A. B. C/HOSPITAL DE CLÍNICAS GENERAL SAN MARTÍN Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores Liliana E. Abreut de Begher y Patricia Barbieri.

La Vocalía N° 11 se encuentra vacante.

A la cuestión propuesta la doctora Liliana E. Abreut de Begher, dijo:

I) Apelación y Agravios:

Contra la sentencia de fs. 856/867, apela la actora a fs. 868, con recurso concedido libremente a fs. 869, quien expresa agravios a fs. 873/876.

Corrido el pertinente traslado, el mismo ha sido contestado a fs. 878/881 y 883/885.- En consecuencia, las actuaciones se encuentran en condiciones para que sea dictado un pronunciamiento definitivo.

II) La Sentencia.

A fs. 856/867 se dictó sentencia rechazándose la demanda entablada por la Sra. A. B. T. contra la Universidad de Buenos Aires, el Hospital de Clínicas General San Martín, H. C. C., J. C. C., N. M. A. y C. G. L. P., con costas a la actora vencida.

Por último, difirió la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para una vez que exista liquidación aprobada y firme.

III) Agravios:

La parte actora vierte sus quejas a fs.873/876 por encontrarse disconforme con el rechazo de la acción perpetrada.- Aduce que el fundamento citado por el anterior magistrado para rechazar la demanda resulta desacertado y contrario a las constancias de autos; a la par que descartó la prueba que resulta absolutamente respaldatoria de su existencia.- Agrega que contrariando la postura del fallo cuestionado, la pericia médica practicada indicó que de la historia clínica adjuntada no se describe si la lesión padecida (fractura de cuello humeral) fue previa o no a la internación.- Asegura que si bien la actora fue internada el día 18/11/03 y la fractura por la cual se reclama fue descubierta recién el día 20/03/13, esto es, más de dos días después de su internación.- Añade que de acuerdo a las constancias arrimadas al presente proceso, resulta evidente que no sólo la lesión se produjo ya ingresada al nosocomio, sino que la atención brindada ha sido, al menos tardía.

Establece que la prueba citada no hace otro cosa que afirmar lo relatado en la demanda, y todo ello desatendido por el Sr. Juez de grado, quien afirmó que no existen pruebas que apoyen la existencia del hecho por el cual se reclama.

Luego de ello, rememora las declaraciones testimoniales brindadas por los Sras. Liliana Haydee Bressano y A.María Antenzon.- Asevera que no ha sido materia de debate en este proceso la existencia de la lesión por la cual se reclama, sino su origen y tratamiento, y lo cierto es que la prueba resulta conteste en cuanto a que la misma se produjo durante la internación de la actora tal como se relatara en la demanda, sin que los accionados hayan arrimado elemento alguno de convicción que desvirtúe dicha afirmación.

En consecuencia, asegura que quedó demostrado que los hechos han sucedido tal y como se relataron en el escrito inaugural, siendo que los accionados ninguna prueba han producido a los fines de desvirtuar su responsabilidad, motivo por el cual el presente agravio debe prosperar, revocándose el fallo en lo que fuera materia de agravios.- Finalmente, se alza por la imposición de costas a su representada, las cuales deberían ser impuestas a las demandadas vencidas en el caso de revocarse el anterior pronunciamiento, o imponerse por su orden dado que la accionante pudo considerarse con derecho a litigar.

IV.- Responsabilidad:

a) En primer término, cabe señalar de acuerdo a las disposiciones del artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, el presente caso será resuelto conforme la normativa de la anterior legislación que estaba vigente a la fecha de ocurrencia del hecho.

Marco jurídico Corresponde dejar sentado, tal como lo esbozó el sentenciante, que la relación médico-paciente -cuando existe un acuerdo de voluntades en donde aquel se obliga a prestar sus servicios profesionales – es de naturaleza contractual. Por lo tanto, desde dicha órbita será A.lizado el presente caso.

Así, las obligaciones nacidas de la relación médico paciente son de naturaleza contractual y regidas, por lo tanto, por los arts. 499, 512, 519, 520, 521 y 902 del Código Civil.En consecuencia, son presupuestos de la responsabilidad médica, la existencia del daño, la relación de causalidad adecuada entre este y la conducta imputada y el carácter antijurídico de tal conducta, consistente en un incumplimiento de las obligaciones asumidas a título de dolo o culpa (conf. Yungano-López-Poggi-Bruno, Responsabilidad profesional de los médicos: cuestiones civiles, penales, médico-legales, deontológicas, Universidad, Buenos Aires, 1986, págs. 134 y 55; Cazeaux-Trigo Represas, Obligaciones, T. I, pág. 316 y 367; CNCivil y Comercial San Isidro, Sala 2da., 1/6/1990, “Basabilvaso, M. A. c/ Prata, Ernesto”, JA 29/5/1991, pág. 11).

Nuestra doctrina y jurisprudencia es casi unánime al sostener que se trata principalmente de una obligación de “medios” o “de atención” u “obligación de actividad” (conf. Llambías, J. J., Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, T. I, págs. 207, 211, nums. 171 y 172; Alsina Atienza D., “La carga de la prueba en la responsabilidad del médico. Obligaciones de medio y de resultado”, JA 1958-III-587; Bustamante Alsina, J., Teoría General de la Responsabilidad Civil, p g. 501, n. 1376; Bueres, A., Responsabilidad Civil de los médicos, pág 183; CNCivil Sala C, LL 115-116; CNCivil Sala D, 9/9/1989, “F.M.M. c/ Hospital Ramos Mejía”, del voto del Dr.Bueres, publicado en LL 1990-E-415).

Por ello, en las obligaciones de medio el deudor no se compromete a un resultado sino que pone de su parte los medios conducentes para que el acreedor pueda obtener el resultado.

De ahí que se dice que los médicos tienen una obligación de medios y no de resultado, cuya obligación consiste en arbitrar los medios adecuados para la recuperación del paciente, quedando a cargo de este la prueba que al brindar los medios empleados, se incurrió en imprudencia, impericia o negligencia.

Incumbe al paciente la prueba de la culpa del médico (Bustamante Alsina, Jorge, “Prueba de al culpa”, LL 99-892, entre otros). Entonces, la llamada culpa profesional es la impericia, negligencia o imprudencia en el ejercicio de la profesión, pero que se regula por los principios generales de la culpa.

Debe señalarse, conforme con lo ha establecido la doctrina que “La culpa profesional es la culpa común o corriente emA.da, en lo esencial, del contenido de los arts.512, 902 y 909 del Cód. Civil y se rige por los principios generales en materia de comportamiento ilícito. El tipo de comparación debe ser el de un profesional prudente y diligente de la categoría o clase en la que queda encuadrar al deudor en cada caso concreto” (conf. Despacho de comisión aprobado en V Jornadas Rioplatenses de Derecho, celebrada en San Isidro en junio de 1989).

De esta forma, se descartan aquellas teorías que hablan de la culpa médica o profesional especial, según las cuales los profesionales no respondían sino de la negligencia profesional grave, patente o grosera.

En cuanto a la carga de la prueba (conf. art. 377 CPCC), es principio general que pesa sobre quien ha sufrido un daño, o sea el paciente o la víctima. Este debe demostrar que el médico ha obrado con imprudencia o negligencia, o impericia, ya sea en la intervención quirúrgica que le haya practicado, en la confección del diagnostico, etc.O sea que el paciente debe acreditar la culpa que imputa al médico en el desarrollo de su tratamiento o en la realización de la intervención quirúrgica, demostrando la existencia de negligencia.

A esta altura del desarrollo teórico considero conveniente destacar la denominada “teoría de las cargas probatorias dinámicas”, es decir, aquella que le impone la carga a quien está en mejores condiciones de probar: “.ambas partes deben acreditar sus derechos y desvirtuar sus responsabilidades, como forma de colaborar en el logro de una aplicación justa del derecho, pero es evidente que la carga pesa sobre quien se encuentra en mejor situación para producir pruebas, en el caso, el médico, ya que es quien tiene los conocimientos técnicos necesarios para explicar los hechos ocurridos y la vivencia directa de ellos” (conf. Mosset Iturraspe, Responsabilidad Civil del medico, pág. 260; Lorenzetti, Responsabilidad Civil del médico”, pág. 266; CNCivil Sala I, 25/10/1990, “Favill, Humberto c/ Piñeyro, J. y otro”, voto de Borda de Radaelli, en LL 5/8/1991, pág.3).

Respecto del Hospital de Clínicas General San Martín, el ámbito de su responsabilidad se encuentra estrechamente vinculada con la obligación de seguridad que pesa sobre los establecimientos médicos.

Dicho concepto, en sentido estricto, se relaciona con la adopción de medios suficientes para evitar que el paciente sufra daños previsibles.- En este sentido y en cuanto a la potencial responsabilidad del establecimiento sanitario, cabe destacar que una entidad asistencial asume, junto al deber principal de prestar asistencia médica, una obligación de seguridad que siempre es objetiva.

Claro está, que a veces dicho deber de seguridad va referido a una obligación de medios (caso de los actos puros de profesión de los facultativos), y en otras ocasiones está destinado a afianzar resultados (p.ej., las cosas utilizadas: ámbitos físicos, instrumentos quirúrgicos, aparatos de rayos, etc, que pueden ser riesgosos o viciosos).- Sentado lo expuesto, corresponde A.lizar los agravios de la actora a la luz de las probanzas de la causa (conf. arts.3 77 y 386 CPCC).

b) A fs. 486/575 obra copia certificada del mandamiento de secuestro y de la historia clínica de internación de la actora en el Hospital de Clínicas José de San Martín y que fuera registrada bajo el N° 370.723.

De la misma se desprende que la accionante estuvo internada en el nosocomio demandado desde el día 19 de noviembre del año 2003 hasta el 4 de diciembre de aquel año.- A fs. 494 y con fecha 21-11-03 se puede observar que se dejó constancia, entre otras cosas, que la actora padecía de “.un retiro parcial del miembro superior izquierdo frente al dolor.”, presentando extenso hematoma en brazo, antebrazo derecho y cadera derecha (v.fs. 499) e impotencia funcional del miembro superior derecho secundario a traumatismo (v.fs. 504).

A fs. 507 obra constancia que se ordenó tratamiento con puño collar y a fs. 544 se encuentra el pedido de evaluación con el servicio de Ortopedia y Traumatismo.- Por otro lado, los testigos Bressano, Antenzon y Rios fueron contestes en recordar los padecimientos que sufrió la accionante posteriormente a su descompensación y tratamientos recibidos en el Hospital de Clínicas General San Martín, más ninguno de ellos refirió haber advertido o haberse anoticiado de cómo la Sra. T. sufrió la fractura de cuello humeral.

A fs. 636/640 obra la pericia traumatológica efectuada por el especialista designado de oficio, Dr.Mario Carlos Bustamante.

El conocedor afirmó que “.Del estudio A.tomo-funcional, radiográfico y de los estudios complementarios de la actora se desprende que la misma sufrió, una fractura del extremo proximal del humero derecho que consolido en varo.”.- Agregó que “.Es imposible determinar si la lesión se produjo en la caída en su domicilio o en una caída sufrida durante la internación en el Hospital de Clínicas.”.- Aseveró que “. el tratamiento adecuado en estos casos es la inmovilización con un cabestrillo y sobre todo (por la edad) la inmovilización precoz (2 o 3 semA.s).” resultando evidente que “.el estado actual del hombro de la actora fue por el tratamiento aplicado en su pueblo de 2 meses de yeso, cosa totalmente contraindicada en fracturas de este tipo en personas de edad avanzada.”.- Finalizo al estimar que la accionante padece de una incapacidad parcial y permanente del 35 % de la T.O siguiendo los baremos de la tabla de los Dres. Romano y Fernández Blanco.- A fs. 646/648 la parte actora impugno el informe de referencia, haciendo lo propio la codemandada UBA a fs. 661 con el informe técnico de fs. 654/660, mereciendo la corresponde contestación por parte del experto a fs. 674/675.- En esta última presentación el conocedor adujo que “. De la Historia Clínica agregada se asume que la Sra. T. fue internada por sufrir un síncope en su domicilio, aparentemente por una hiponatremia y el 20/11/03 se descubre una fractura de cuello humeral. No se describe si fue previa o no a la internación. Del tratamiento en el hospital por la fractura de humero, sólo estando en reposo (como estaba la actora) y con el brazo sujeto (vendaje, cabestrillo, etc.) es suficiente. El tratamiento habitual para este tipo de fracturas es el de la inmovilización con cabestrillo durante 15-20 días y luego ejercicios más un tratamiento prolongado de kinesiología.Aunque no está claro informado en la Historia Clínica de la actora, a las fracturas de este tipo no se le tiene que hacer tratamiento, sólo dejarlas en reposo entre 2 y 3 semA.s, por lo tanto el “hombro congelado” que presenta actualmente la actora no tiene que ver con el tratamiento instituido en el Hospital de Clínicas.”.- Debe decirse que el valor probatorio de un peritaje se mide por su apoyo gnoseológico y científico, es decir, por la seriedad, prolijidad y exhaustividad del camino seguido por el experto para arribar a sus conclusiones. Dado que el juez es entonces un sujeto cognoscente de segundo grado -conoce a través del perito y con el auxilio técnico que éste le brinda-, la estimación de la fuerza de convicción del dictamen se subordina a un análisis crítico de las razones y fundamentos que han conducido al experto a la formulación de sus juicios.- Cuando las conclusiones de los expertos no son compartidos por las partes, es a cargo de éstas la prueba del error de lo informado.

No son suficientes, las meras objeciones, es necesario algo más que disentir, es menester probar fehacientemente, arrimar evidencias suficientemente sólidas para convencer al Juez que lo dicho por el especialista es incorrecto, que sus conclusiones son erradas o que los datos proporcionados como sostén de sus afirmaciones son equivocadas.- Como reiteradamente se ha sostenido, si bien las conclusiones del experto no son vinculantes ni obligatorias para el Juez, para apartarse de sus dichos, es necesario fundarse en elementos científicotécnicos suficientes para desvirtuar tales afirmaciones.- Ahora bien, habiendo rememorado la prueba producida por ante la anterior instancia, debo adelantar que las quejas vertidas por la parte actora serán rechazadas y la decisión de grado confirmada.- Paso a explicar las razones:

Tal como lo estableciera el anterior magistrado, el primer argumento utilizado por la accionante al iniciar las presentes actuaciones y por medio del cual intentaba endilgar responsabilidad al nosocomio demandado achacable por el deber de seguridad que recae sobre este (caída dentro del Hospital delClínicas General San Martín), no se encuentra acreditado.- Ninguno de los deponentes aseveró haber presenciado la caída de la demandante en el ente demandado. Tampoco fueron testigos presenciales del momento en que la misma sufrió el sincope que la llevo a su posterior internación, por lo que sus dichos no aclaran la cuestión sometida a estudio.- Respecto del otro de los reproches endilgados (actuar negligente de los galenos que socorrieron a la Sra. Tobín ya que debieron conocer que la actora tenía una fractura y debieron tratarla en forma adecuada), entiendo -asimismo- que la misma no se encuentra abonada.- Muy por el contrario, recuérdese que el especialista que intervino en los presentes actuados afirmó que el tratamiento recibido en el nosocomio co-demandado resultó ser el adecuado para el tipo de padecimientos que padecía la actora al momento ventilado.

A mayor abundamiento, fíjese que el “hombro congelado” que presenta actualmente la actora no tiene que ver con el tratamiento instituido en el Hospital de Clínicas sino con el método aplicado en su pueblo de 2 meses de yeso, cosa totalmente contraindicada en fracturas de este tipo en personas de edad avanzada, por lo que tampoco existe relación de causalidad entre los hechos denunciados y la incapacidad que sufre la accionante al día de la fecha.- Resulta presumible que habiendo ingresado la actora al Hospital de Clínicas General San Martín, la prioridad de los galenos se centró en salvarle la vida, advirtiendo con el paso del tiempo y la recuperación favorable del sensorio de la accionante, la fractura de humero superior derecho por RX, la cual fue tratada adecuadamente en contraposición con lo sostenido en el libelo inicial por la demandada.

En su virtud, propongo al acuerdo la confirmación del fallo cuestionado en cuanto rechazó la presente acción.

V) Costas

Las costas del proceso correspondientes a ambas instancias deben ser soportadas por la parte actora vencida, por aplicación del principio objetivo de la derrota (conf.art.68 CPCC).

Es que, no tratándose de una cuestión jurídica o fáctica compleja que suscite dudas al accionante acerca de su derecho para demandar, la sola creencia subjetiva de la misma acerca de la existencia de razón probable para hacerlo no resulta suficiente para eximirla del pago de costas, pues quien demanda está obligado a estudiar seriamente su pretensión, sin poder luego alegar su propia torpeza.

VI) Colofón

Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo:

1) Se confirme la sentencia de grado en todo lo que decide y fuera motivo de apelación y agravio; 2) Se impongan las costas de alzada a la parte actora por haber resultado vencida (conf. art. 68 C.P.C.C.N.); 3) Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida lo dispuesto por el artículo 164 párrafo segundo del ritual y articulo 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.- Así lo voto.

La señora juez de Cámara doctora Patricia Barbieri por análogas razones a las aducidas por la señora juez de Cámara doctora Liliana E. Abreut de Begher, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto. LILIANA E. ABREUT DE BEGHER -PATRICIA BARBIERI- La Vocalía N° 11 se encuentra vacante.

Este Acuerdo obra en las páginas n° n° del Libro de Acuerdos de la Sala “D”, de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, 4 de julio de 2018.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en todo lo que decide y fuera motivo de apelación y agravio; 2) imponer las costas de alzada a la parte actora por haber resultado vencida.

Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.

Notifíquese por Secretaría y devuélvase. La Vocalía N° 11 se encuentra vacante.

Liliana E. Abreut de Begher

Patricia Barbieri