El INSSPJ debe cubrir la internación en una clínica de rehabilitación, conforme lo prescripto por el médico tratante del amparista

Partes: B. R. c/ Instituto Nac. de Serv. Soc. para Jubilados y Pensionados s/ amparo de salud

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 11-jun-2018

Cita: MJ-JU-M-112228-AR | MJJ112228 | MJJ112228

Procedencia de la medida cautelar interpuesta contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a fin de que otorgue cobertura de internación en una clínica de rehabilitación, conforme lo prescripto por el médico tratante del amparista.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la medida cautelar acción y ordenar al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a que otorgue cobertura de internación en una clínica de rehabilitación, conforme lo prescripto por su médico tratante y para paliar su situación sanitaria, toda vez que el certificado médico actual resulta concluyente en cuanto a la necesidad y conveniencia de que el amparista reciba la cobertura de internación en dicha institución que además no fue objetada en momento alguno por la accionada.

Fallo:

Buenos Aires, 11 de junio de 2018.

Y VISTO: CONSIDERANDO:

El recurso de apelación interpuesto y fundado por la accionada a fs. 189/191 -el que fue respondido por la parte actora a fs. 193/194-, contra la resolución de fs. 183/185; y CONSIDERANDO:

1. El amparista inició acción judicial contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados con el objeto de impedir que la demandada lesione con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta el derecho constitucional a su salud. Pidió una medida cautelar solicitando que se le otorgara cobertura de internación en una clínica de rehabilitación, en lo posible en la Clínica Alter Garten; todo ello, conforme lo prescripto por su médico tratante y para paliar su situación sanitaria (cfr. fs. 15/20).

El señor juez hizo lugar a la medida precautoria solicitada a fs. 40/41. Ello fue apelado por la demandada y confirmado por el Tribunal a fs. 50/52.

En fs. 105 vta. se decidió no abrir la causa a prueba.

Constan en las actuaciones: a) prescripciones médicas de fs. 4, 7/9, 10/14 y 211; b) informes de fs. 81/93 y 135 y c) dictamen del Sr. Fiscal que luce a fs. 144/148.

En cuanto al fondo de la cuestión, el magistrado decidió hacer lugar a la demanda. En tal sentido, condenó a la accionada a otorgar al amparista la cobertura de internación en la Clínica Alter Garten u otra con las mismas características y prestaciones, cerca de su domicilio y siempre y cuando su médico tratante así lo considere. Las costas fueron impuestas a cargo de la vencida (cfr. fs. 183/185).

La parte demandada apeló dicho pronunciamiento a fs. 189/191 y el recurso fue concedido a fs. 192, primer párrafo.

También obra un recurso contra los honorarios regulados a la dirección letrada de la parte actora (cfr. fs. 189/191, punto 5), lo que será tratado a la finalización de este pronunciamiento.

2.La accionada solicitó la revocación de la resolución, sobre la base de agravios que pueden resumirse así: a) la Clínica Alter Garten no reúne los requisitos que solicitan los informes médicos de la parte actora, agregando que no se ha tenido en cuenta el informe socio-ambiental acompañado por su parte; b) lo decidido por el magistrado estaría desamparando al afiliado, dado que lo desafectaría del tercer nivel-geriatría a un segundo nivel (Altergarten o similar, que sólo ofrece rehabilitación sin geriatría); c) sin perjuicio de que la internación ha sido tenida como opción de tratamiento, el juez ha hecho oídos sordos al deseo del amparista de estar en su domicilio y d) la imposición de costas.

3. Primeramente, es oportuno comenzar recordando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido, en repetidas oportunidades, que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes o probanzas producidas en la causa, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

4. En segundo lugar, corresponde observar que, luego de una medida para mejor proveer dictada por el Tribunal a fs. 210, el actor acompañó a la causa un certificado médico actualizado de las prestaciones que actualmente requiere (cfr. constancia médica de fs. 211). Además, cabe destacar que no fue discutida su condición de afiliado a la demandada (cfr. fotocopia de fs. 3).

5.Para comenzar, cabe recordar que el Programa Médico Obligatorio (PMO) fue concebido como un régimen mínimo de prestaciones que las obras sociales deben garantizar (Resolución 201/02 y 1991/05 del Ministerio de Salud) y que, con arreglo a lo previsto en el Anexo II de la Resolución 201/2002, está facultado para ampliar los límites de cobertura de acuerdo a las necesidades individuales de sus beneficiarios (la cursiva le pertenece al Tribunal).

En otras palabras, no constituye una limitación para dichos agentes, sino que consiste en una enumeración no taxativa de la cobertura mínima que los beneficiarios están en condiciones de exigir a las obras sociales (cfr. esta Sala, doctrina de las causas 630/2003 del 15.4.2003, 14/2006 del 27.4.2006, 2212/2017 del 13.3.2018 y 3072/2017/1 del 27.3.2018). Por ende, debe ser entendida como un “piso prestacional”, por lo que no puede, como principio, derivar en una afectación del derecho a la vida y a la salud de jerarquía constitucional (cfr. Sala de Feria, causa 8780/06 del 26.7.2007 y esta Sala, causa 6171/2017 del 27.2.2018).

6. Sentado lo anterior, y respecto de las quejas vertidas por la recurrente, debe señalarse -en lo que aquí interesa- que tanto las prescripciones médicas de fs. 4 y 8/9, como los informes socio-ambientales de fs. 89/90 y el certificado médico actual de fs. 211 -que no fueron cuestionados- resultan concluyentes en cuanto a la necesidad y conveniencia de que el amparista reciba la cobertura de internación en una institución de tercer nivel, tanto en la Clínica Alter Garten -que no fue objetada en momento alguno por la accionada sino que, por el contrario, en su escrito de fs.28/29 informó que gestionaría una cama al amparista- como en la Residencia para Mayores “Villa Graña”, donde se encuentra internado, dado que allí recibe las prestaciones que aquél actualmente necesita.

Cabe agregar -a lo dicho- que la demandada nada sustancial señaló ni agregó para desvirtuar las conclusiones y los fundamentos médicos de los profesionales intervinientes en la causa.

De lo expuesto precedentemente, se infiere -entonces- la necesidad de que el amparista siga internado y tratado en la Clínica Alter Garten o en una de similares características (en el caso, Residencia “Villa Graña”, en la que se encuentra en la actualidad), tal como lo decidió el magistrado de la anterior instancia.

7. Finalmente, con relación a las costas, se debe ponderar – especialmente- que el actor solicitó infructuosamente la cobertura de la prestación requerida en forma extrajudicial -tal como lo manifestara en su escrito de inicio-, sin obtener una respuesta favorable a su pedido, dado que si bien la demandada informó en la causa que daría curso favorable a su pedido (cfr. fs. 28/29), lo cierto es que, a la fecha, no ha dado cumplimiento a la cobertura de internación (cfr. fs. 63, 67, 75, 94/95, 97/99, 105, 143, 178/179). De ello se infiere que, ante la demora incurrida por la accionada en el cumplimiento de sus obligaciones y frente al riesgo que ello implicaba para la salud del amparista, éste se vio obligada a promover la presente acción (conf. esta Sala, causas 2.820/02 del 3.10.02, 9.108/01 del 3.12.02, 9.587/06 del 8.5.08, 8.917/06 y 8.918/06 ambas del 5.6.08, 1.393/07 del 5.11.09; entre otras).

Por los fundamentos expuestos y considerando que se debe impedir, en cuanto sea posible, que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se convierta en daño de quien se ve constreñido a accionar o a defenderse en juicio para pedir justicia (conf. Chiovenda, “Ensayos de Derecho Procesal Civil”, trad.de Sentís Melendo, T. II, pág. 5, citado por la Sala III de esta Cámara en la causa 8.578 del 17.11.92 y esta Sala, causa 3.158/02 del 26.12.02, entre otros), corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto impuso las costas a la demandada vencida.

En consecuencia, SE RESUELVE: confirmar la resolución apelada, con costas de Alzada a la recurrente (art. 68, primer párrafo, del código de rito).

En atención al recurso deducido a fs. 189/191 (punto 5) contra la regulación de honorarios practicada en el decisorio impugnado, y ponderando el mérito, la extensión, la eficacia de la labor desarrollada y la naturaleza del juicio, se reducen -desde que fueron apelados por altos- los emolumentos del Dr. Pablo Luis Manili, en la suma de pesos dieciséis mil ochocientos ($16.800); art. 36 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.

Por la labor realizada en la Alzada -contestación que obra a fs. 193/194-, considerando la naturaleza del proceso y el éxito obtenido, se regulan los honorarios del letrado patrocinante del actor, Dr. Pablo Luis Manili, en la suma de pesos cinco mil ($ 5.000); art. 14 y cit. del arancel.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María Susana Najurieta

Fernando A. Uriarte

Guillermo Alberto Antelo