Demanda de desalojo incoada por dos menores titulares registrales del inmueble -representados por su madre- contra su abuelo paterno

Partes: J. M. L. c/ Savina Enrique s/ desalojo (con excep. contr. alq) s/ recurso ext. de inconstitucionalidad

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza

Sala/Juzgado: I

Fecha: 1-feb-2018

Cita: MJ-JU-M-109162-AR | MJJ109162 | MJJ109162

Procede la demanda de desalojo incoada por dos menores titulares registrales del inmueble -representados por su madre- contra su abuelo paterno.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que admitió la demanda de desalojo incoada por dos menores titulares registrales del inmueble -representados por su madre- contra su abuelo paterno, pues el accionado renunció a su derecho de usufructo y su hijo -reuniendo el dominio perfecto sobre el bien- transfirió el inmueble a título de donación a sus hijos, reservándose el usufructo, falleciendo luego el donante.

2.-Corresponde mantener el rechazo del planteo referido al abuso del derecho, ya que no se advierte que la vía elegida vaya más allá de lo necesario para lograr la satisfacción del interés de los actores, ni que sea más gravosa para el accionado que otra igualmente válida; así, no se ha invocado y menos aun demostrado, por ejemplo, la existencia de otros bienes u otras fuentes de ingreso que permitan atender holgadamente los urgentes gastos derivados de la manutención, educación y actividades de esparcimiento de los menores, prueba que podría haber sido adoptada, por caso, como un indicio a favor de la posición del recurrente.

Fallo:

En Mendoza, a un día del mes de febrero de dos mil dieciocho, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n° 13-03670729-6/1(010304-52050), caratulada: “S. E. EN J°255328 / 52050 J. M. L. C/ S. E. P/ DESALOJO (CON EXCEP. CONTR. ALQ.) P/ RECURSO EXT.DE INCONSTITUCIONALIDAD”.

De conformidad con lo decretado a fojas 57 quedó establecido el siguiente orden de estudio en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: DR. JULIO RAMON GOMEZ; segundo: DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE; tercero: DR. JORGE HORACIO NANCLARES.

ANTECEDENTES:

A fs. 14/16 se presenta el Dr. Agustín Ricardo Alemán, en nombre y representación del Sr. E. S., y deduce recurso extraordinario de inconstitucionalidad en contra de la resolución dictada por la Cuarta Cámara Civil de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial a fs. 158 y ss. de los autos N°255.328/52.050 caratulados: “J., M. L. C/S., E. P/Desalojo”.

A fs. 39 se admite formalmente el recurso de inconstitucionalidad, ordenándose correr traslado a la contraria, quien contesta a fs. 40/42.

A fs. 49/50 obra el dictamen de Procuración General quien, por las razones que expone, aconseja el rechazo del recurso formalmente admitido.

A fs. 56 se llama al acuerdo para sentencia y a fs. 57 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto?

SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde?

TERCERA CUESTIÓN: Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. JULIO RAMÓN GÓMEZ, DIJO:

I. ANTECEDENTES DE LA CAUSA

Las actuaciones procesales relevantes para la resolución de este recurso son las siguientes:

1. El 17/04/2015 la Sra. M. L.J., en representación de sus hijos menores de edad J. M. S. J. y M. L. S. J., interpone demanda de desalojo en contra del Sr. E. S. -abuelo de los menores-, los subinquilinos y ocupantes del inmueble sito en calle Sarmiento 50/60, Luján de Cuyo, Mendoza.

Relata que sus hijos menores de edad -titulares registrales del inmueble- recibieron de su padre -J. A. S.- la nuda propiedad del inmueble en cuestión, reservándose aquél el derecho real de usufructo vitalicio y gratuito sobre el mismo bien. Señala que el acto jurídico se instrumentó en la actuación notarial N° 000785497 de la escribana María del Carmen del Vecchio de D’Amico, de fecha 3 de enero del 2014. Del mismo modo, el acto jurídico se inscribió ante la Dirección de Registro de la Propiedad bajo la Matrícula 394260.

Agrega que el 19 de julio de 2014 el progenitor de sus hijos fallece, perfeccionándose a raíz de ese hecho el derecho de propiedad en cabeza de éstos últimos, procediéndose en consecuencia a cancelar ante la Dirección de Registro de la Propiedad Inmueble el derecho real de usufructo que poseía el Sr. J. A. S., quedando constancia de ello en el apartado C (1) de la indicada matrícula.

Indica que habiendo actuado conforme a derecho, se tomó contacto con el abuelo de los propietarios del inmueble -E. S.- quien se encontraba explotando comercialmente el bien; luego de ponerlo en conocimiento verbalmente de la situación jurídica del inmueble, se le solicitó su desocupación. Frente a la negativa se lo intimó por CD N° 61852333 5 de fecha 6/02/2015 recibida por el propio E. S., intimación que fue contestada por CD N° 61851993 7 de fecha 20/02/2015, por la cual rechaza el requerimiento.

2.El demandado contesta demanda interponiendo la falta de acción y legitimación sustancial pasiva, invocando encontrarse en la posesión del inmueble en virtud de un contrato de comodato suscripto con su difunto hijo el 21/01/2014, el que acompaña.

Relata que ese inmueble fue adquirido por él alrededor del año 1977 y que por su edad y enfermedad de su esposa -hoy también fallecida- decidieron dárselo a su hijo -J. A.- mediante oferta de donación por anticipo de herencia de la nuda propiedad, con reserva de usufructo. Que con motivo de la separación de su hijo J. A. con la Sra. J., el demandado renunció a su derecho de usufructo, por exigencia de ésta última, a los efectos de que el bien quedara en manos de sus nietos, reservándose el usufructo el Sr. J. A. S.

Que nunca pensó que su hijo moriría antes que él y que, en consecuenica, sería desalojado de un bien que adquirió hace casi cuarenta años, donde desarrolla su trabajo, única fuente de sus ingresos.

3. La sentencia de primera instancia acoge la demanda entablada y condena al accionado a desalojar el inmueble que ocupa, fijando también una audiencia de conciliación entre la Sra. J. y el Sr. S.

4. La resolución fue apelada por los letrados de la parte actora, por sus honorarios, y por el demandado. Luego de celebrada una audiencia de conciliación donde las partes acordaron la “suscripción de un contrato de locación con vigencia de dos años, comenzando el mismo a partir del 01 de enero de 2017, con un canon mensual de Pesos Diez Mil ($10.000)” y denunciado el incumplimiento de dicho acuerdo por la parte actora, la Cámara rechazó el recurso interpuesto por el accionado. El voto mayoritario estructuró su razonamiento de la siguiente forma:

– Más allá de que el contrato de comodato en cuestión no fue desconocido, ni impugnado oportunamente por la parte actora (art.182 del C.P.C.), por lo que debe tenerse como auténtico, las cuestiones relativas a su firma (que no fue desconocida oportunamente por los herederos de la persona a quien se le atribuye su autoria -art. 1032 del C. Civ.-); fecha cierta (que cuando menos fue adquirida al fallecimiento del Sr. J. A. S. -art. 1034, inc. 4 del C. Civ.) y plazo de vigencia (que se estableció hasta 20 de enero de 2029), carecen de interés jurídico (art. 41 del C.P.C.), al haberse producido su extinción a partir del fallecimiento del usufructuario, lo cual provocó no sólo la extinción del usufructo otorgado a su favor (art. 2920 del C. Civ.), sino también, de manera inexorable, la del contrato de comodato celebrado por aquel en ese carácter (arts. 2870 y 2947 del C. Civ.), consecuencia lógica del art. 2943 de ese mismo cuerpo legal que establece que la cesación del usufructo por cualquier otra causa que no sea la pérdida de la cosa fructuaria o la consolidación en la persona del usufructuario tiene por efecto directo e inmediato hacer entrar al nudo propietario en el derecho de goce del cual había sido temporalmente privado.

-En consecuencia, corresponde hacer primar las normas relativas a la extinción del usufructo por la muerte del usufructuario y los efectos que ello produce sobre los contratos por éste celebrados, por sobre las del contrato de comodato y el plazo de vigencia pactado.

– La deducción de la acción de desalojo nunca implicó un ejercicio abusivo del derecho, puesto que si bien puede resultar inusual que los nietos -menores de edad y huérfanos de padre- desalojen a su abuelo, ello no significa que dicho accionar sea inmoral, contrario a las buenas costumbres, o implique un ejercicio abusivo del derecho.En este aspecto, no se advierte una intención de dañar de parte de los actores, ni tampoco que con el desalojo se ocasione un perjuicio anormal o extraordinario, dado que casi siempre el ejercicio de un derecho -sobre todo en materia patrimonial- supone un perjuicio a la contraparte; sin embargo, no por ello debe considerárselo abusivo.

– En lo que respecta a la invocada situación del accionado -quien presuntamente perdería su única fuente de ingresos-, dicho extremo no se ha probado, y aun cuando se hubiere acreditado, ello no lo habilita a continuar explotando comercialmente un inmueble respecto al cual carece de todo derecho. Por otro lado, admitir que estaríamos ante un ejercicio abusivo del derecho, -el que no se ha configurado-, implicaría “injustamente” privar a dos menores de edad huérfanos de padre, del uso del inmueble al que tienen legítimo derecho, y en especial de una fuente de ingresos que obtendrían a través de la explotación del mismo, que coadyuve a sufragar los gastos necesarios para su manutención, educación, actividades de esparcimiento, etc. En otras palabras, se desprotegería a los menores, que sólo cuentan con el sostén de su progenitora, en franca violación de los derechos reconocidos en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley No. 26.061), Ley Provincial 6.354 de Protección Integral del Niño y Adolescente (Ley No. 6.354), etc.

– Por lo demás, si quedara alguna duda, la misma ha quedado disipada con la conducta posterior del propio demandado, quien en la audiencia de conciliación de fs. 153 se compromete a firmar un contrato de locación y abonar un canon locativo mensual a los accionantes por la ocupación del inmueble, lo que significa un claro reconocimiento del derecho de dominio, uso y goce de los demandantes sobre el bien, más allá que finalmente no hubiere suscripto el acuerdo.

4.Contra esta sentencia se alza el accionado, interponiendo recurso extraordinario de Inconstitucionalidad.

II. LOS AGRAVIOS.

El recurrente funda su embate en el inciso 4 del art. 150 del CPC, solicitando que se declare nula la sentencia impugnada, por autocontradictoria, y en su reemplazo, se rechace la demanda incoada en todas sus partes.

Luego del relato de los antecedentes de la causa, señala que el tema que domina toda la cuestión es la ilegalidad de la acción instaurada contra quien adquirió el inmueble y luego aceptó una solución que lo pone al borde de quedar en situación de calle, en su extrema vejez, sin ninguna protección económica para su sustento.

Indica que el preopinante es claro en cuanto a que la acción ejercida transgrede los límites impuestos por el art. 1071 del C.C., pero a continuación sostiene exactamente lo contrario diciendo que las mismas partes arribaron a un acuerdo -que luego no se concretó- lo que implicó un liso y llano reconocimiento del derecho de los actores, concluyendo así que la acción no era abusiva.

Puntualiza que si el juez consideró que existía abuso del derecho, debió rechazar la demanda.

III. EXAMEN DEL CASO.

a. Cuestión a resolver.

La cuestión a resolver en la presente causa consiste en determinar si resulta arbitraria la sentencia que, confirmando la de la instancia anterior, admite la demanda de desalojo incoada por dos menores titulares registrales del inmueble -representados por su madre- contra su abuelo paterno, considerando que: 1) el demandado hizo en vida oferta de donación por anticipo de herencia de la nuda propiedad del bien objeto de la litis a su hijo Jorge Antonio, reservándose el usufructo; 2) Posteriormente, el accionado renunció a su derecho de usufructo y su hijo -reuniendo el dominio perfecto sobre el bien- transfirió el inmueble a título de donación a sus hijos, reservándose el usufructo, falleciendo luego el donante.

b.Algunas reglas que dominan el recurso de inconstitucionalidad en nuestra Provincia

La doctrina de la arbitrariedad, como vicio propio del recurso de inconstitucionalidad, supone la existencia de contradicción entre los fundamentos del fallo y constancias indubitadas de la causa o decisiva carencia de fundamentación (L.A. 101- 447; 108- 23). Se ha dicho que la tacha de arbitrariedad, en el orden local, reviste carácter excepcional, limitada a los casos de indudable ruptura del orden constitucional en la motivación de los fallos, situaciones de flagrante apartamiento de los hechos probados en la causa, carencia absoluta de fundamentación o argumentos ilógicos, absurdos o autocontradictorios. Resulta improcedente, por tanto, cuando bajo la invocación de tales vicios, se encubre la pretensión de lograr una revisión de la valoración original efectuada por los tribunales de mérito sobre el contexto probatorio de la causa, por cuanto la admisión de la vía en tal caso, conduciría a instaurar una tercera instancia ordinaria extraña a nuestro sistema procesal (Art. 150 y nota, C.P.C.; L.A. 91-143; 94-343; 84- 257; 89- 357; L.S. 157-398; L.S. 223-176).

Deben distinguirse, pues, los supuestos de discrepancia valorativa de aquellas causales de inconstitucionalidad definidas como omisión de prueba decisiva o valoración arbitraria de la misma, y en este sentido se ha resuelto que “la simple discrepancia valorativa no alcanza para sustentar un recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Valoración arbitraria significa evaluar la prueba con ilogicidad, en contra de la experiencia o del sentido común. Arbitrariedad es absurdidad, contraria a la razón, desprovisto de elementos objetivos y apoyado sólo en la voluntad de los jueces” (L.S. 302-445).

c.Aplicación de estas pautas al sublite

Adelanto mi opinión, en sentido concordante con el dictamen de Procuración General, en el sentido de que el recurso interpuesto debe ser rechazado.

Ello así, en tanto los razonamientos del pronunciante no se muestran como apartados de las constancias objetivas de la causa, no contrarían las reglas de la lógica, ni se apoyan en consideraciones dogmáticas o carentes de razonabilidad, como exige la excepcionalidad del remedio intentado.

El censurante centra su crítica en dos pilares: 1) la supuesta contradicción que invalidaría el razonamiento judicial consistente en considerar demostrado que el caso cae dentro de las previsiones del art. 10 del CCCN -sucedáneo del art. 1071 del C.C. derogado- por un lado, y no proceder a rechazar la demanda, por el otro, fundándose para ello en un reconocimiento del accionado que no sería tal -haber acordado en una audiencia de conciliación suscribir un contrato de alquiler del bien objeto de la litis-; y 2) el carácter inmoral y contrario a las buenas costumbres del ejercicio del derecho de los actores, aun cuando existiera tal reconocimiento.

Considero que no le asiste razón. En primer lugar, no existe la denunciada contradicción por cuanto, si bien el preopinante -cuyo voto quedó en minoría- comenzó diciendo que prima facie podría considerarse así al ejercicio de esta acción de desalojo -por sus características singulares-, concluyó -luego de considerar lo sucedido en la audiencia de conciliación-, que el mismo no era abusivo.Por su parte, el voto de la mayoría consideró derechamente y sin duda alguna que no podía calificarse así a la demanda incoada, por no darse los elementos configurativos de tal instituto, no obstante acertar en reconocer cierto carácter inusual a las actuaciones.

En virtud de ello, no se advierte la mentada contradicción en la resolución impugnada, en tanto no se consideró abusivo el ejercicio del derecho y por tanto, se convalidó la procedencia de la demanda incoada, por lo que los agravios propuestos en este aspecto deben ser rechazados.

En cuanto al mentado ejercicio abusivo del derecho de los actores, esta Sala tiene dicho que existe esa figura cuando “entre varios caminos que se abren al sujeto activo de la relación jurídica, éste opta por el que más detrimento causa al sujeto pasivo”; con cita de Spota ha recordado que hay abuso “cuando se va más allá de lo que razonablemente aparece como necesario para lograr la satisfacción de una pretensión respaldada por la norma y con ello se ocasiona un daño a otro” (Spota, Alberto, Sobre las reformas al código civil, Bs. As., Depalma, 1968, pág. 4) (Ver sentencia del 30/3/1990, JA 1990-III-361). También ha considerado que “el abuso del derecho es siempre una cuestión circunstancial y, consecuentemente, el juez no puede desprenderse de las bases fácticas” (10/12/1991, LS 225-280; ED 153-719, LL 1992-D-65 y Doc. Jud. 1992-1-881), por lo que es necesario analizar cuidadosamente las constancias de la causa. (cfr. expte. 94303, RODRIGUEZ RICARDO A. EN J 115.872/33.090 FORT MARIA DEL PILAR C/ GONZALEZ CAMILO FEDERICO Y OT. P/ EJ. TIPICA S/ INC., 29/06/2009, LS402-171) “El abuso del derecho es un estándar, un concepto jurídico indeterminado; consecuentemente, también en sus efectos, se aviene mejor a las soluciones abiertas que a las cerradas. Adviértase que el art. 1071 del Código Civil no enumera taxativamente cuáles son los efectos del abuso.Por el contrario, deja abierta la solución al caso particular, siendo amplísimo el “menú” (abierto) que ofrece la casuística. Si una regla puede darse es que, respetando el principio de conservación del acto, el juez debe preocuparse por eliminar el abuso.” (SCJM, expte. 75945, Argenfruit S.A. en J: Pedro López e Hijos S.A.C.I.A., 24/06/2003, LS323-245).

En virtud de estas pautas, se coincide con el razonamiento de la Cámara a mérito del cual se rechazó el planteo referido al abuso del derecho, puesto que no se advierte que la vía elegida vaya más allá de los necesario para lograr la satisfacción del interés de los actores, ni que sea más gravosa para el accionado que otra igualmente válida. En este punto, no se ha invocado y menos aun demostrado, por ejemplo, la existencia de otros bienes u otras fuentes de ingreso que permitan atender holgadamente los urgentes gastos derivados de la manutención, educación y actividades de esparcimiento de los menores, prueba que podría haber sido adoptada, por caso, como un indicio a favor de la posición del recurrente.

Las sucesivas transmisiones de dominio, aun por título gratuito, y el parentesco que une a las partes del proceso, tampoco resultan suficientes en el caso para perfilar esa calificación, teniendo en cuenta fundamentalmente para ello la triste y compleja situación que enfrenta la familia a la que pertenecen los niños actores -huérfanos de padre- quienes, a través de su madre, pretenden usar y gozar de un bien que en vida les fue donado por su progenitor y cuya renta, quizás, les permita sufragar, al menos en alguna medida, las erogaciones anteriormente mencionadas.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la decisión en crisis también se ha ocupado de analizar la situación del accionado -anciano que ha señalado como única fuente de ingresos la derivada del taller que explota en el citado inmueble- reparando en que no se ha arrimado siquiera un mínimo de prueba parademostrar este aserto, argumento que tampoco ha sido desvirtuado en esta instancia por el recurrente.

El reconocimiento por parte del accionado del derecho de los actores -que la sentencia hace derivar del acuerdo manifestado por las partes en la audiencia de conciliación-, aun cuando no fuera considerado como tal, como pretende el recurrente, no basta para conmover el resto de los fundamentos a mérito de los cuales se admitió la demanda -derecho de dominio consolidado en cabeza de los actores, extinción de los derechos personales constituidos por el usufructuario, luego de su muerte, e inexistencia de abuso del derecho al incoar la demanda-, por lo que el recurso también debe ser desestimado en este aspecto.

Por lo demás, resulta evidente que la solución adoptada por la sentencia venida en revisión es la que mejor realiza el interés superior de los niños representados en este proceso, entendido éste como “la máxima satisfacción, integral y simultánea” de sus derechos y garantías. (art. 3 ley 26.061) En consecuencia, si mi voto cuenta con la adhesión de mis distinguidos colegas de Sala, corresponde el rechazo del recurso de inconstitucionalidad articulado.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. PÉREZ HUALDE y NANCLARES adhieren al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL DR. JULIO RAMÓN GÓMEZ, DIJO:

Corresponde omitir pronunciamiento respecto de esta cuestión, atento a haber sido planteada para el caso de resolverse afirmativamente la anterior.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. PÉREZ HUALDE y NANCLARES adhieren al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTIÓN, EL DR. JULIO RAMÓN GÓMEZ, DIJO:

En cuanto a las costas, corresponde imponerlas al recurren te que resulta vencido (arts. 36 y 148 CPC).

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres.PÉREZ HUALDE y NANCLARES adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA:

Mendoza, 01 de febrero de 2.018.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva, RESUELVE:

I.- Rechazar el recurso de inconstitucionalidad incoado a fs. 14/16.

II.- Imponer las costas de esta instancia extraordinaria al recurrente vencido (arts. 36 y 148 del CPC).

III.- Regular los honorarios profesionales de la siguiente manera: Dr. Rodrigo GÓMEZ TORRE, en la suma de pesos.($.), Cristian G. AWAD, en la suma de pesos.($.) y Agustín Ricardo ALEMÁN, en la suma de pesos.($.) (arts. 10, 15 y 31 L.A.)

IV.- Dar a la suma de pesos.($.), de la que da cuenta la boleta de fs. 1, el destino previsto por el art. 47 ap. IV del CPC.

Regístrese. Notifíquese. Ofíciese.

DR. JULIO RAMON GOMEZ

Ministro

DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE

Ministro

DR. JORGE HORACIO NANCLARES

Ministro