Se sanciona a un abogado que solicitó a su cliente el pago de la tasa de justicia para iniciar un juicio que no concretó

Partes: F. C. A. c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ ejercicio de la abogacia – ley 23187 – art 47

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 20-mar-2018

Cita: MJ-JU-M-109825-AR | MJJ109825 | MJJ109825

Se confirma la sanción aplicada al abogado que solicitó a su cliente el pago de la tasa de justicia para iniciar un juicio que no concretó.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sanción disciplinaria aplicada al abogado actor de las presentes actuaciones, por una presunta estafa que éste habría cometido a la denunciante al solicitarle el pago de una suma de dinero en concepto de tasa de justicia para iniciar un juicio que nunca inició, toda vez que el ejercicio de la profesión de abogado no sólo se limita a la actuación judicial sino que también alcanza a la realización de tareas extrajudiciales que impliquen un asesoramiento.

2.-La incompetencia planteada resulta inatendible puesto que la responsabilidad primaria del juicio de la conducta ética de los abogados corresponde a los pares del profesional, en tanto ellos cumplen los mismos menesteres y conocen, por lo tanto, los alcances de su responsabilidad profesional y la compleja serie de comportamientos inspirados en los usos profesionales, en la tradición y en las reglas de costumbres.

3.-La sanción aplicada al abogado, por haber solicitado a su cliente el pago de una tasa de justicia para iniciar un juicio y no lo hizo, debe ser confirmada, puesto que no aparece arbitraria la subsunción normativa de su como merecedor del reproche ético, si se repara en que el abogado que compromete sus servicios profesionales debe asesorar a su cliente, no sólo para salvaguardar su responsabilidad legal y ética sino, primordialmente, para no dejar desatendido a quien acudió en busca de una asistencia profesional.

Fallo:

Buenos Aires, 20 de marzo de 2018.

Y VISTOS;

CONSIDERANDO:

I.- Que la causa disciplinaria nº 26.102 del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) tuvo su origen en la denuncia efectuada por la señora Silvia Beatriz Guerrero (fs. 9/10) contra el abogado C. A. F., por una presunta estafa que éste habría cometido al solicitarle el pago de la suma de U$S 5.660 en concepto de tasa de justicia para iniciar un juicio contra la firma Dyat Warrants S.A. y al Estado Nacional, que nunca habría iniciado y cuyos antecedentes administrativos se encuentran en el Ministerio de Economía de la Nación -expediente Nº 800-002246/2000- de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación que habían iniciado otros abogados. En esa oportunidad, la denunciante acompañó el convenio firmado (fs. 5/6), en el que se le encomendó al señor F. recuperar el capital de U$S 79.100 más los intereses y costas y en el que se había pactado los honorarios a su favor por la suma de U$S 4.000 y los recibos de U$S 2.400 y U$S 3.260 que el señor F. recibió para el pago de la tasa de justicia (fs. 7/8). Al momento de ratificar la denuncia, la señora Guerrero manifestó que después de una reunión mantenida con el señor F. en su estudio, éste se habría comprometido a devolver el dinero mediante cheques, luego de la cual no se pudo contactar más pese a los reiterados llamados que le hizo, por lo que en el año 2011 decidió revocar el poder.

II.- Que la Sala I del Tribunal de Disciplina (TD) resultó desinsaculada (fs. 14) para intervenir y como instructora sumariante la Dra. Eva Acuña Cruz, quien citó a la denunciante a los fines de ratificar la denuncia, lo cual se realizó el 24/10/2011 (fs.28). Asimismo, ofició a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a fin de solicitar la remisión del expediente nº 800-002246/2000 y a esta cámara para que informe si el Dr. F. C. A. (Tº 25 Fº 375) ha iniciado acción contra DYAT Warrants S.A. y/o Estado Nacional, Ministerio de Economía y Producción – Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y si la señora Silvia Beatriz Guerrero ha iniciado proceso como actora contra DYAT Warrants S.A. y/o Estado Nacional, Ministerio de Economía y Producción – Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (fs. 29 y 38). A fs. 35 y 42, esta cámara informó que del sistema informático no surge causa alguna que haya iniciado el abogado C. A. F. ni tampoco la señora Silvia Beatriz Guerrero como actora. A fs. 37 se recibieron copias certificadas del expediente nº S01-0060956/2007 (original 800002246). A fs. 49/50 la instrucción, en su dictamen, entendió que se había vulnerado los principios consagrados en los artículos 6 inciso e) y 44 inciso e) de la ley 23.187 (omisiones graves), artículos 10 inc. a) y 19 incisos a), c) y e) del Código de Ética. Por ello, y de acuerdo con el artículo 7º inciso d) del reglamento de procedimiento del tribunal de disciplina, propició la prosecución de la causa. A fs. 51, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 44 incisos g) y h) y pudiendo resultar “prima facie” vulnerados los artículos 6 inciso e) y 44 inciso e) de la ley 23.187 (omisiones graves), artículos 10 inc. a) y 19 incisos a), c) y e) del Código de Ética, la Sala I del TD corrió traslado al abogado C. A. F.a fin de que, en el plazo de 15 días conteste, oponga excepciones si las tuviera, acompañe la prueba documental, ofrezca la restante de que intente valerse y reconozca o desconozca -en su caso- la documentación aportada por la denunciante.

Al no haber comparecido el abogado, pese a encontrarse debidamente notificado, el TD dio intervención a la Unidad de Defensoría (fs. 66 y 76). La Dra. Vanesa Ramele (Tº 65 Fº 214 CPCF), en su carácter de Defensora General de la Unidad de Defensoría del Colegio Público, planteó como medida de previo y especial pronunciamiento la incompetencia de jurisdicción del TD, que fundó en los términos del artículo 1º del reglamento de procedimiento, conforme a la competencia territorial asignada por los artículos 17 y 20 inciso a) de la ley 23.187 (fs. 77/80). A fs. 85/90 la doctora I. E. G. (Tº 31 Fº 108), ejerciendo la defensa técnica del doctor F., la cual había aceptado a fs. 84, contestó el traslado. En su escrito mantuvo el planteo de incompetencia territorial. En subsidio contestó las imputaciones. En concreto señaló: (i) falta de imputación en la resolución que ordenó correrle traslado, toda vez que se omitió formular la imputación fáctica, es decir, las conductas específicas violatorias de los artículos de la ley 23.187 y del Código de Ética, lo que resulta indispensable para ejercer el derecho de defensa; (ii) que la imputación jurídica efectuada por el TD difiere de la efectuada por la instrucción en su dictamen. Señaló que del examen del expediente administrativo surge que fue iniciado el 19/5/2000 y se dictó resolución definitiva el 23/8/2007, que fue iniciado por la denunciante conjuntamente con la señora Graciela María Sánchez Cobo, patrocinadas por la doctora Vanesa de Dax de Cuello. Asimismo surge que la señora Guerrero cedió y transfirió todos los derechos y acciones derivados de los warrants y de sus certificados de depósitos emitidos por DYAT S.A.a la señora Sánchez Cobo el 13/7/1998. De ello resulta que la denunciante no es titular de derecho u acción para ejercer la demanda pretendida. Por otro lado, el expediente administrativo finalizó el 23/8/2007 y contrató al doctor F. en el año 2009, de lo que se desprende que éste no podía iniciar ninguna acción debido a que el plazo previsto en la ley 19.549 se encontraba vencido. Por último, y frente a la posible sospecha de responsabilidad de señor F., corresponde la aplicación del principio “in dubio pro matriculado” (artículo 15 inciso 2 del RPTD). A fs. 95, el TD desestimó la excepción de incompetencia territorial. Para así decidir sostuvo que de las constancias de la causa y del expediente administrativo, surge que la tarea encomendada por la señora Guerrero al abogado F. debió desarrollarse en esta jurisdicción, con independencia del lugar en el cual dicha manda se efectivizó o contrató.

III.- Que la Sala I del Tribunal de Disciplina, el 8 de marzo de 2016, dictó la sentencia nº 14 (fs. 105/109) y resolvió imponer al abogado C. A. F. (Tº 25 Fº 375) la sanción contemplada en el artículo 45 inciso c) de la ley 23.187, por violación a los artículos 44 incisos e), g), y h) de la ley 23.187 y artículo 10 inciso c) del Código de Ética, fijándose en la suma equivalente al 30% del salario de un Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil de esta ciudad.

IV.- Que notificada la resolución y frente a una nueva incomparecencia del abogado, se designó defensora de oficio a la doctora Marina Klein (fs. 151), quien aceptó el cargo (fs. 158) y apeló la resolución sancionatoria (fs. 161/172). En sus agravios sostiene que: a) en los dos contratos y en los recibos presentados por la señora Guerrero, las firmas no se encuentran certificadas. El poder y su revocación, fueron otorgados en la ciudad de San Juan.No existió actuación profesional del doctor F. en relación con la supuesta contratación en el radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que se debió aceptar la excepción de incompetencia planteada. b) no se encuentra acreditado quién redactó los contratos y los recibos, tampoco quedó acreditado que se haya hecho entrega de dinero y que haya sido o no devuelto. No se probó ni acreditó ninguno de los dichos de la denunciante ni la conducta reprochable al doctor F. La causa debió ser rechazada dado que no se verificó los elementos probatorios, lo que convierte el fallo del tribunal es arbitrario con relación a la imputación de la conducta y sanción impuesta. c) el TD sostiene que la Unidad de Defensoría reconoció la documentación acompañada por la denunciante, pero ello nunca ocurrió, incluso desconoció las firmas. d) no se tuvo en cuenta que la señora Guerrero no se encuentra con legitimación para actuar en la supuesta contratación sobre la que realiza la denuncia y ello fue reconocido por el TD. e) en la escritura de la revocación del poder la señora Guerrero manifiesta “que habiendo cesado los motivos que la determinaron a otorgar el mencionado poder lo revoca en todas sus partes, pues ha desistido del propósito que lo motivó, [.] dejando fielmente expresado que esta revocación no afecta el buen nombre de los apoderados”, siendo ello contrario a la doctrina de los actos propios. f) no se encuentra acreditado que la doctora Quiroga Tardieu haya sacado las fotocopias por encargo del doctor F. y que se las haya entregado. g) el TD dio por acreditado el supuesto pago en concepto de honorarios, que nunca fue reconocido por la Defensoría. h) frente a las sospechas acerca de la responsabilidad del señor F., corresponde aplicar el principio “in dubio pro matriculado” consagrado en el artículo 15 inciso 2 del Reglamento de Procedimiento para el Tribunal de Disciplina.

V.- Que a fs. 192/195 el CPACF contestó el traslado conferido, a fs.197 esta sala solicitó, a effectum videndi et probandi, el expediente administrativo nº 800-02246/200, y en atención a la incompetencia planteada se corrió vista al señor fiscal general, quien dictaminó a fs. 201/202.

VI.- Que en función de las consideraciones vertidas por el señor fiscal general en el dictamen de fs. 201/202, que este tribunal comparte y a las que cabe remitirse por razones de brevedad, corresponde desestimar el planteo de incompetencia. A mayor abundamiento, cabe señalar que el ejercicio de la profesión de abogado no sólo se limita a la actuación judicial sino que también alcanza a la realización de tareas extrajudiciales que impliquen un asesoramiento.

VII.- Que cabe recordar que la responsabilidad primaria del juicio de la conducta ética de los abogados corresponde a los pares del profesional, en tanto ellos cumplen los mismos menesteres y conocen -por lo tanto- los alcances de su responsabilidad profesiona l y la compleja serie de comportamientos inspirados en los usos profesionales, en la tradición y en las reglas de costumbres. Los miembros del tribunal de disciplina son los expertos en la valoración de las conductas; los jueces deben atenerse a ese juicio, salvo que por ilegalidad o arbitrariedad de lo decidido cayera la validez de las decisiones que dicho tribunal haya tomado en cumplimiento de la potestad específica de valoración profesional (esta sala, causas “Pastor, Humberto Ariel c/ CPACF”, “Guevara, Edgardo Jorge c/ CPACF”, “Méndez, Claudio Salomón c/ CPACF” y “Delega, Marcelo Alejandro c/ CPACF”, pronunciamientos del 13 de diciembre de 2011, del 30 de agosto de 2012, del 12 de marzo y del 2 de julio de 2015, respectivamente). Véase que la defensa del profesional reitera, en lo sustancial, las justificaciones que había intentado hacer valer ante el tribunal a quo, las que han recibido un tratamiento adecuado por parte de aquél. Es más, los agravios ofrecidos por el recurrente sólo traducen una discrepancia con la valoración efectuada y resultan insuficientes para probar la inexistencia de una conducta pasible de sanción.En el caso, no aparece arbitraria la subsunción normativa de la conducta del abogado como merecedor del reproche ético, si se repara en que el abogado que compromete sus servicios profesionales debe asesorar a su cliente, no sólo para salvaguardar su responsabilidad legal y ética sino, primordialmente, para no dejar desatendido a quien acudió en busca de una asistencia profesional.

VIII.- Que con relación a los demás agravios, cabe señalar que:

a) las pruebas documentales presentadas por la denunciante no fueron rebatidas ni cuestionadas, sino que se limitó a señalar que las firmas no se encontraban certificadas ni se acreditó quién había redactado los documentos; se trata de una afirmación dogmática. Adviértase que fue un acuerdo entre partes, y que la defensa no negó que las firmas fueran del profesional denunciado. En todo caso, debió solicitar una pericia caligráfica para descalificar las firmas de los documentos.

b) la legitimación de la señora Guerrero no está cuestionada en estas actuaciones; sin perjuicio de ello, era deber del doctor F. ponerla en conocimiento de dicha circunstancia y en ese caso no aceptar el mandato.

c) a fs. 58 obra el descargo de la doctora Quiroga Tardieu en el que declara que “conforme a lo solicitado por el Dr. F., me apersoné ante dicho organismo para obtener las fotocopias del expediente, las que posteriormente le remití”. En consecuencia, la afirmación que se hace en los agravios carece de sustento probatorio. Por las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: desestimar los agravios y confirmar la sentencia nº 14 del 8 de marzo del 2016 dictada por la Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en el marco de la causa Nº 26.102. Con costas, en tanto no existe mérito para la dispensa (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

El Dr. Carlos Manuel Grecco integra esta sala en los términos de la acordada 16/2011 de esta cámara. Regístrese, notifíquese -al señor fiscal en su público despacho- y oportunamente, devuélvase.

Clara M. do Pico

Rodolfo E. Facio

Carlos M. Grecco