Cobertura del 100% de la atención médica intensivista para la hija discapacitada de los actores, que sufre la enfermedad de Arnold Chiari

Partes: A. E. y otro c/ O.S.C.T.C.P. s/ prestaciones médicas

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

Sala/Juzgado: I

Fecha: 27-mar-2018

Cita: MJ-JU-M-110316-AR | MJJ110316 | MJJ110316

Se ordena cautelarmente a la obra social demandada brindar la cobertura del 100% de la atención de un médico intensivista para la hija discapacitada de los actores.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el fallo que hizo lugar a la cautelar solicitada y ordenó a la demandada brindar la cobertura del 100 % de la atención de un médico intensivista, pues el peligro en la demora se encuentra configurado por la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el menor por la enfermedad que padece, cuyo tratamiento e internación domiciliaria requeridos por su médico tratante le fueron negados por la obra social.

2.-La situación de discapacidad de la menor y las repercusiones negativas en su salud psicofísica que provoca la situación descripta justifica la necesidad de adoptar una solución urgente, en lugar de supeditarla a los tiempos que pueda demandar la culminación del proceso como asimismo, el cumplimiento de la medida cautelar.

3.-La Ley 23.661 instituyó el sistema nacional de salud, con los alcances de un seguro social, a efectos de asegurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica; con tal finalidad, dicho seguro ha sido organizado dentro del marco de una concepción ‘integradora’ del sector sanitario, en el que la autoridad pública reafirme su papel de conducción general del sistema y las sociedades intermedias consoliden ‘su participación en la gestión directa de las acciones’.

4.-Las personas con discapacidad, a más de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración primordial del interés del incapaz viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de estos casos.

Fallo:

La Plata, 27 de marzo de 2018.

Y VISTOS: Este expediente Nº FLP 24316/2016/CA1, caratulado: “A. E. Y OTRO c/ O.S.C.T.C.P. s/PRESTACIONES MEDICAS”, proveniente del Juzgado Federal de Lomas de Zamora Nº 3.

Y CONSIDERANDO QUE:

I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal de Alzada en virtud de los recursos de apelación deducidos por la parte demandada, contra la resolución del juez de primera instancia que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por E. A. y M. D. M. en representación de su hijo Román Ignacio Monzón y, contra la imposición de astreintes impuestas a aquella (v fs. 65/72 vta., 96/100 vta. y fs. 35/37, respectivamente). La resolución del juez de primera instancia que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por los amparistas, ordenó a la Obra Social de Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros (OSCTCP) que proceda a brindar la cobertura del 100 % de la atención de un médico intensivista, reanudándose la cobertura de dicha prestación a través del Dr. Esquivel. Posteriormente, el a quo dispuso fijar en concepto de astreintes, la suma de $5000 (PESOS CINCO MIL) por cada día de demora en el cumplimiento de la medida cautelar.

II. La recurrente manifiesta que la Obra Social a la cual representa, no ha negado las prestaciones médico asistenciales que requiere el menor. En efecto, el cambio de prestadora no fue por responsabilidad de la Obra Social sino por la conducta negligente de los amparistas que provocó el cese del servicio. La obra Social se agravia respecto de la aplicación de las medidas conminatorias, debido a que entiende que no ha existido una desatención injustificada al mandato judicial, como lo exige la finalidad propia de las astreintes. En tales condiciones, manifiesta que ha dado cumplimiento con el objeto principal de la presente causa, es decir, con la cobertura de las prestaciones médico asistenciales del menor.Por último, la recurrente expresa que no existe peligro en la demora ya que la prestación fue ofrecida con las mismas características que la requerida por lo que no se da uno de los requisitos para la medida cautelar.

III. El sub examine exige de la magistratura una solución expedita y efectiva frente a la magnitud de los derechos constitucionales conculcados y la eventual concreción de un daño irreparable; en el caso se encuentra afectada la salud de la accionante (conf. doctrina de la CSJN en Fallos: 324: 2042 ; 325:3542 ; 326:970 , 1400 y 4981 ; 327:1444 ; P. 1425. XL. “Poggi, Santiago Omar y otra c/ Estado Nacional y otra s/ acción de amparo” , fallo del 7/12/04; L. 1566. XXXIX. “López, Miguel Enrique Ricardo c/ Buenos Aires, Provincia de y otro (Estado Nacional) s/ acción de amparo” , fallo del 15/03/05; A. 1530. XL. Albarracín, Esther Eulalia c/ Buenos Aires, Provincia de (Minist. de Salud) y otro (Poder Ejecutivo Nacional s/ acción de amparo” , fallo del 14/12/04, E.D. 24 05 05 (supl.), nro. 248.; entre otros). Como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (Fallos:315:2956; 316:2855 y 2860; 317:243 y 581; 318:30 y 532 ; 323:1877 y 324:2042). Por otro lado, los recaudos para la procedencia genérica de las medidas precautorias previstos por el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se hallan de tal modo relacionados que a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigentes en la gravedad e inminencia del daño, y viceversa, cuando existe el riesgo de un daño de extrema gravedad e irreparable, el rigor acerca del fumus se puede atenuar. Dentro de aquéllas, la innovativa es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia al apreciar los recaudos que hacen a su admisibilidad (Fallos: 325:2347 ; E. 366. XXXVIII. “Energía Mendoza S.E. c/ AFIP- DGI y Ots. s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad” , fallo del 30/09/03).

En tal sentido, es de la esencia de la medida cautelar innovativa enfocar sus proyecciones en tanto dure el litigio sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas medidas precautorias se encuentran enderezadas a evitar la producción de situaciones que podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva (Fallos: 325:2367 ).

IV. Frente a lo expuesto, corresponde analizar la procedencia de la medida precautoria dictada en autos. En tal sentido, el derecho a la vida ha sido considerado reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional (Fallos: 302:1284, 310:112; R.638.XL., 16/05/06 – “R., N.N.c/ INSSJP s/ amparo”). También ha dicho que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo más allá de su naturaleza trascendente, su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Fallos: 316:479, votos concurrentes). A partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Ley Suprema), la Corte ha reafirmado el derecho a la preservación de la salud comprendido dentro del derecho a la vida y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (Fallos: 321:1684 y 323:1339 ).

V. En ese marco, la Ley Nº 23.661 instituyó el sistema nacional de salud, con los alcances de un seguro social, a efectos de asegurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica. Con tal finalidad, dicho seguro ha sido organizado dentro del marco de una concepción “integradora” del sector sanitario, en el que la autoridad pública reafirme su papel de conducción general del sistema y las sociedades intermedias consoliden “su participación en la gestión directa de las acciones” (art. 1). Su objetivo fundamental es “proveer al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación.”. Asimismo, “se consideran agentes del seguro a las obras sociales nacionales, cualquiera sea su naturaleza o denominación, las obras sociales de otras jurisdicciones y demás entidades que adhieran al sistema que se constituye.” (art.2).

En casos como el sub examine, la Corte Suprema de Justicia Nacional se encargó de sostener, que tal como lo expresa el artículo 1º y el mensaje de elevación, la Ley N° 22.431 instituyó un sistema de protección integral de las personas discapacitadas tendientes a abarcar todos los aspectos relativos a su situación dentro de la sociedad, tratando de establecer un régimen particular en relación con los derechos de los discapacitados, así como respecto de las obligaciones que se imponen a los órganos del Estado. El objetivo de la ley se dirige fundamentalmente a tratar de conceder a quienes se encontraren en esas condiciones, franquicias y estímulos que le permitan -en lo posible- neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca (v. doctrina de Fallos: 313:579). Debe tenerse en especial miramiento, de un lado, que la atención y asistencia integral de la discapacidad, como se ha explicitado en las leyes 24.431 y 24.901 y el decreto 762/97 y en jurisprudencia de la Corte Suprema que pone énfasis en los compromisos asumidos por el Estado Nacional en esta materia (v. doctrina de Fallos: 323:3229; 324:3569, entre otros), constituye una política pública de nuestro país; y de otro, que lo decidido compromete el interés superior de un discapacitado, y que la Convención sobre los Derechos del Niño, a quienes en este aspecto corresponde equiparar a los discapacitados, encarece su tutela elevando aquel “interés superior” al rango de principio (v. Fallos: 318:1269 ; 322:2701; 323:2388; 324:112, entre muchos otros). Conviene recordar asimismo que las personas con discapacidad, a más de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración primordial del interés del incapaz, viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de estos casos (v. doctrina de Fallos: 322:2701; 324:122 ).

VII.En el caso, resulta comprobado que el menor es afiliado a O.S.C.T.C.P., así como el diagnóstico de mielomeningocele y el padecimiento de la enfermedad de Arnold Chiari. A su vez, surge de las presentes actuaciones el certificado de discapacidad que los amparistas acompañan en representación de su hijo menor de edad (v. fs. 22/24 y fs. 30). En tal sentido, el peligro en la demora se encuentra configurado por la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el m enor, cuyo tratamiento e internación domiciliaria requeridos por su médico tratante, le fueron negados por la Obra Social. Asimismo, la situación de discapacidad de la menor y las repercusiones negativas en su salud psico-física que provoca la situación descripta, justifica la necesidad de adoptar una solución urgente, en lugar de supeditarla a los tiempos que pueda demandar la culminación del proceso como asimismo, el cumplimiento de la medida cautelar. VI. Ahora bien, las astreintes consisten en una sanción conminatoria de carácter pecuniario por medio de la cual los jueces pueden hacer efectivo el cumplimiento de sus mandatos (art. 37 del CPCCN y art. 666 bis del Cód. Civ.). Y uno de los aspectos que sustantiviza este particular instituto es su carácter provisional, en razón de que los jueces pueden válidamente disminuir o dejar sin efecto la sanción ante el cumplimiento, promesa de cumplimiento por parte del deudor, o prueba que justifique su reticencia (art. 37, último párrafo, del CPCCN). De tal manera, tienen como finalidad compeler el cumplimiento de un mandato judicial y alcanzan a quienes, después de dictadas, persisten en desentenderse injustificadamente de aquél (conf. Fallos: 333:138). Suponen una sentencia condenatoria que impone un mandato que el acreedor no satisface deliberadamente, y procuran vencer la resistencia del renuente mediante una presión psicológica que lo mueva a cumplir (Fallos:320:186). En consecuencia no cabe reparar sólo en un mero cómputo de los días transcurridos si, en términos generales, se observa una conducta que, en las particulares circunstancias del caso, habilita a disminuir o dejar sin efecto las astreintes. En el mismo sentido, se ha señalado que si se ha demostrado la intención de cumplir el mandato judicial, o se lo ha hecho de manera preliminar, dentro de un plazo lógico y razonable, no es justo ni posible aplicar las astreintes o sanciones conminatorias tendientes a que el deudor recalcitrante cumpla la sentencia (CNFed. Civ. y Com. Sala I, 29/5/92, “Arbia, Eduardo Pascual c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ escrituración). Resulta incompatible sancionar al deudor con una multa para que se cumpla lo que ya está en vías de cumplimiento (ED, 111-683 y 121-484); de lo contrario, mantenerlas importaría darle una función que excedería su finalidad (conf. CNFed. Civ. y Com., Sala III, 12/5/87, “Beech Aircraft Corporation c/ Hoberman, Adolfo Oscar s/ astreintes”). Es que la finalidad de las astreintes no es la de reparar el perjuicio causado por el retraso en el cumplimiento, sino forzar al deudor a saldar la deuda o cumplir la obligación resultante de la sentencia o mandato judicial (conf. CNCiv., Sala K, 21/2/91, “Villar Baamil, Gustavo y otra c/ Consorcio de Propietarios Valentín Gómez 2748/50 s/ sumario”). Atento que de las constancias de la causa surge que, la Obra Social Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros procedió a dar cumplimiento con la medida cautelar dictada en autos, en un plazo razonable, déjese sin efecto la imposición de astreintes (v. fs. 315/317 y vta).

VII. Por tales razones, y en lo concerniente a las Obras Sociales, la ley 24.901 dispone que tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas que necesiten los afiliados con discapacidad, en concordancia con criterios de patología. Por ello, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y los derechos humanos en pugna, reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales que la conforman, el Tribunal RESUELVE:

I.- RECHAZAR el recurso interpuesto, y en consecuencia, CONFIRMAR la resolución apelada.

II.- Dejar sin efecto la imposición de astreintes a la parte demandada. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JULIO VICTOR REBOREDO

JUEZ DE CAMARA

CARLOS ROMAN COMPAIRED

JUEZ DE CAMARA

ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS

JUEZ DE CAMARA