Se rechazo la medida cautelar contra la ley que prohíbe gradualmente la circulación general de vehículos en el centro porteño

Partes: Cámara de Garajes Estacionamientos y Actividades Afines de la República Argentina (CAGESRA) y otros c/ GCBA s/ acción meramente declarativa

Tribunal: Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fecha: 20-mar-2018

Cita: MJ-JU-M-110004-AR | MJJ110004 | MJJ110004

Rechazo de la medida cautelar que persigue la suspensión de la Ley N° 5.786 que crea el Área Ambiental Buenos Aires Centro y prohíbe gradualmente la circulación general de vehículos en la zona pues no se vislumbra la ilegalidad manifiesta pregonada.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda declarativa de certeza constitucional contra el Gobierno de la Ciudad en torno a la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Ley N° 5.786 toda vez que las disposiciones de la norma cuestionada parecieran ser una concreción de la directiva legislativa más que una modificación al Plan Urbano Ambiental como interpreta la reclamante, y en tal contexto, no se vislumbra la ilegalidad manifiesta que pregona, por lo cual, el requisito de la verosimilitud del derecho se advierte incumplido.

2.-Cabe rechazar la medida cautelar que persigue la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Ley N° 5.786 que crea el Área Ambiental Buenos Aires Centro y prohíbe gradualmente la circulación general de vehículos motorizados los días hábiles en la misma toda vez que no puede pretenderse más que un somero conocimiento de la materia controvertida, encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la existencia de un derecho discutido.

3.-Se juzga que el dictado de la medida cautelar que persigue la suspensión de la Ley N° 5.786 que crea el Área Ambiental Buenos Aires Centro es improcedente pues si bien los reclamantes justifican su pretensión en la omisión del trámite parlamentario que entienden aplicable a la norma, la ley parece ser una la concreción de la directiva legislativa más que una modificación al Plan Urbano Ambiental como interpretan los actores.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de marzo de 2018.

Vistos y Considerando:

1. A fojas 1/32 el 13/06/2017 la Cámara de Garajes, Estacionamientos y Actividades Afines de la República Argentina (CAGESRA), el Garaje Teniente General Juan Domingo Perón 1.578 SA y los señores Fenny Kohan y José Hipólito Guevara, todos representados por Carlos José Laplacette con el patrocinio letrado de Pablo Esteban Perrino, inician demanda declarativa de certeza constitucional contra el Gobierno de la Ciudad en torno a la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la ley n° 5.786. Sostienen que la norma que crea la denominada Área Ambiental Buenos Aires Centro ha sido dictada en violación al procedimiento de doble lectura previsto en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad, por implicar una modificación al Plan Urbano Ambiental. Entienden vulnerados así los derechos y garantías constitucionales de los garajes, estacionamientos y actividades afines incluidas en dicha área. Manifiestan que la ley impugnada irroga perjuicios a los garajistas de la zona en cuestión pues la restricción vehicular que implementa afecta en forma directa el ejercicio de la industria lícita. Describen las delimitaciones geográficas progresivas que contiene el Área Ambiental Buenos Aires Centro. Agregan que la última etapa prevista para julio del 2019 hace extensiva la restricción vehicular en el horario de 9 a 18 horas en días hábiles, lo que veda toda posibilidad de transitar libremente.Refieren que pese a que la ley en crisis contiene una serie de excepciones -en tanto existen determinados automotores privilegiados que cuentan con un permiso especial de ingreso-, ello resulta insustancial a los fines de morigerar los perjuicios que sufren los garajistas.

Si bien aclaran que a través de la presente acción no pretenden condena dineraria alguna, interpretan a los fines de su pretensión sobre el fondo de la cuestión que la administración local debió incorporar en el presupuesto público una partida especial a efectos de indemnizar a los afectados, dado que la cuestión aquí debatida se subsume en un supuesto de responsabilidad estatal por actividad lícita. Refieren que el proceso tiene carácter colectivo, toda vez que a través del mismo pretenden tutelar intereses individuales homogéneos y la legislación cuestionada tiene efectos sobre todo un grupo concreto, los asociados a la CAGESRA, situados en el área delimitada por la norma en crisis. Finalmente, abonan la innecesaridad del reclamo administrativo previo y entienden que el procedimiento de doble lectura es la única forma de dotar de legalidad y legitimidad a la normativa que modifica el Plan Urbano Ambiental.

2. A fojas 181/187 el 22/02/2018 -o sea, 9 meses después de iniciada la demanda- los actores solicitan cautelarmente la suspensión de los efectos de la referida ley n° 5.786 hasta tanto recaiga sentencia definitiva. Ello, en tanto la misma prohíbe la circulación de vehículos motorizados en el área ambiental denominada Buenos Aires Centro. Sostienen que la verosimilitud de su derecho se verifica de manera palmaria por no respetarse el procedimiento de doble lectura previsto en la CCABA. Arguyen que el peligro en la demora se sustenta en la inminencia de la implementación de las mentadas restricciones vehiculares, previstas a partir del 1º de abril del corriente año.Entienden que la medida pretendida no afecta el interés general por considerar que los daños que provoca, a su criterio, la ejecución de la ley impugnada “resultan de mayor trascendencia y gravedad que los que puedan ocasionar su suspensión”. Concluyen que no existe otra medida que asegure provisionalmente los derechos involucrados y que una decisión judicial adversa a lo pretendido tornaría ineficaz el dictado de la sentencia definitiva.

Finalmente, ofrecen caución juratoria y hacen reserva del caso federal y de la cuestión constitucional. Y a foja 189 pasan los autos a resolver.

3. Presupuestos de las medidas cautelares En este tipo de medidas corresponde partir de la base de que las mismas importan un anticipo asegurativo de la garantía jurisdiccional. De allí que dadas las características de la petición cautelar, no puede pretenderse más que un somero conocimiento de la materia controvertida, encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido1. La doctrina se expresa en términos inequívocos al señalar que “La tutela cautelar es, en relación al derecho sustancial, una tutela mediata: más que a hacer justicia contribuye a garantizar el eficaz funcionamiento de la justicia”2 (destacado añadido). Por su parte, Balbín señala que “La idea de las medidas cautelares como simple juicio de probabilidades supone que el juez actúe en un plano de conocimiento más superficial [.]”3. En la faz normativa, la ley procesal local condiciona su procedencia a la acreditación de la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora; cuyo anclaje radica en el artículo 177 del CCAyT4.

Con tal mirada entonces se indagará si concurren en el sub examine sendos presupuestos.

A Apariencia de buen derecho 1. Éste constituye una posibilidad de existencia del derecho sustancial invocado por la parte, lo cual lo aleja de una categórica certeza reservada para la sentencia sobre el fondo de la cuestión.

2.Ahora bien, en el sub lite los actores cimientan su pretensión cautelar a fin de suspender la ley n° 5.786 -tal como se anticipara ut supra en el punto 2- en la omisión del trámite parlamentario que entienden aplicable a ésta. Señalan que la norma de marras”importa una modificación al Plan Urbano Ambiental cuando su sanción por parte de la Legislatura porteña no ha respetado el procedimiento previsto en la Constitución de la Ciudad, además de no ha previsto mecanismo indemnizatorio alguno para todos los afectados”. En concreto, manifiestan que “es inconstitucional pues fue sancionada en abierta violación al procedimiento de doble lectura previsto por la Ley Fundamental de la Ciudad.” (vide fojas 181 vta./182).

3. Corresponde pues analizar si les asiste razón a la luz de la fundamentación de sus dichos y de la normativa constitucional y legal aplicable al caso.

3.1. Dilucidación del color del buen derecho

Cierto es que la Constitución de la Ciudad exige el voto de la mayoría absoluta de los Legisladores para sancionar el Plan Urbano Ambiental (en adelante PUA). A su vez, para las modificaciones del PUA requiere el procedimiento de doble lectura.

El mismo a través de la ley n° 2.9307, en su carácter de ley marco, establece los lineamientos a los que deberá ajustarse la normativa urbanística y de obras públicas locales. En relación al transporte y a la movilidad, su artículo 7 prescribe como propósito el “.desalentar el uso de los automotores privados, todo ello a efectos de mejorar las condiciones logísticas de movilidad, seguridad y calidad ambiental.”. A fin de cumplir con dicha finalidad, señala: “. e. La racionalización del uso de los automóviles privados [se puede efectuar] a través de las siguientes acciones: 1. Desalentar su uso en zonas y horarios de congestión. 3.Regular la instalación de garajes y playas de estacionamiento, y prohibirlos en las áreas de congestión” (destacado añadido).

Así las cosas, la ley en crisis8 crea el Área Ambiental Buenos Aires Centro y prohíbe gradualmente la circulación general de vehículos motorizados los días hábiles en la misma. Vale decir que prima facie se vislumbra como una norma que implementaría una de las políticas específicas del PUA, transcriptas en el párrafo precedente. En particular lo que atañe a “.desalentar el uso de los automotores privados.” y todo aquello aquí resaltado en la transcripción del artículo 7 de la ley n° 2.930. Así por ejemplo, establece en el subítem 3 “Regular la instalación de garajes y playas de estacionamiento, y prohibirlos en las áreas de congestión”.

3.2. Se colige entonces que las disposiciones de la norma reputada inconstitucional por la actora parecieran ser una concreción de la directiva legislativa antes reseñada más que una modificación al PUA como interpreta la reclamante, siempre dentro de este estadio provisorio de la cuestión. En síntesis, la argumentación efectuada por la peticionaria de esta medida no logra acreditar la ilegalidad manifiesta que pregona (vide foja 181 vta., 1er párrafo del apartado II). Razón por la cual, este requisito se advierte huero de contenido argumental.

3.3. En este punto, la Corte Suprema ha señalado que las impugnaciones de actos legislativos efectuadas en un marco cautelar deben cimentarse sobre bases prima facie verosímiles. En efecto, en el sub lite no se observa en este umbral de la cuestión la existencia de violación constitucional palmaria que habilite la adopción de la medida de suspensión pretendida. Por lo antedicho, se concluye que hay ausencia de configuración del presupuesto acá analizado.

B

Periculum in mora

1. La exigencia de este requisito responde a la necesidad de demostrar que lo que se intenta es impedir que el derecho bajo reclamo pierda su virtualidad o eficacia previa al pronunciamiento de la sentencia definitiva.La C.S.J.N. ha expresado en tal sentido que es necesaria “una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar pueden restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego, operado por una posterior sentencia”11.

2. En atención a lo decidido en el apartado precedente sobre la falta del fumus, deviene ociosa toda consideración en torno a este segundo presupuesto. Sabido es que de la interrelación de sendos presupuestos12 se deriva la pauta interpretativa que “a mayor verosimilitud en el derecho menor es la exigencia en cuanto a la gravedad e inminencia del daño”13. Empero, ello presupone la necesaria existencia de ambos recaudos14, más allá de la intensidad con la que cada uno se presente. 3. Extremo que, tal como fuera expuesto ut supra, no se verifica en autos. Por ende, tampoco puede tenerse por acreditado el periculum in mora.

Por las consideraciones vertidas, SE RESUELVE:

No hacer lugar la medida cautelar solicitada por los actores. Regístrese y notifíquese a la actora.