Es procedente dictar una medida cautelar innovativa a fin de que la Municipalidad demandada presente estudio de impacto ambiental en relación a un basurero a cielo abierto

Partes: Etchegaray Centeno Eduardo Raúl c/ Municipalidad de Santo Tomé s/ amparo (fuero civil)

Tribunal: Juzgado Civil y Comercial con competencia en Familia y Contencioso Administrativo de Santo Tomé

Fecha: 28-feb-2018

Cita: MJ-JU-M-110400-AR | MJJ110400 | MJJ110400

Es procedente dictar una medida cautelar innovativa a fin de que la Municipalidad demandada presente estudio de impacto ambiental en relación a un basurero a cielo abierto.

Sumario:

1.-Corresponde decretar una medida cautelar innovativa y, en su mérito, para el supuesto en que no se haya realizado la herramienta ambiental pertinente, intimar a la Municipalidad accionada para que en el plazo de treinta días presente Evaluación y Declaración de Impacto Ambiental respecto a un basurero municipal a cielo abierto, ante la Autoridad de Aplicación el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (I.C.A.A.) para que se cumpla el procedimiento de E.I.A. – audiencia pública- D.I.A. de conformidad arts. 1 , 2, 4 , 8 , 14 , 15 sgtes. y ccdtes. de la Leyes 5.067 , 5.517 y Dec. No 2562/12 , pues en virtud al principio precautorio y de prevención establecido por la Ley 25.675 deviene prudente dar participación a la comunidad potencialmente afectada a través del sistema establecido en el art. 14 sgtes. y ccdtes. de la Ley 5.067 y mod. 5.517.

2.-La aplicación del principio precautorio en materia ambiental deja librado a la autoridad, la adopción de medidas más o menos flexibles o exigentes que permitan reducir al mínimo los eventuales efectos perjudiciales sospechados.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Santo Tomé, (Ctes), 28 de Febrero de 2018.

Y VISTOS: Los presentes caratulados: “ETCHEGARAY CENTENO EDUARDO RAUL C/ MUNICIPALIDAD DE SANTO TOME S/ AMPARO (FUERO CIVIL)”, Expte. Nro. TDC 369/18.

Y CONSIDERANDO: La constitución definitiva del Tribunal y el sorteo del orden de emisión de voto de fs.30 y 39, respectivamente.

El sub examen: El llamado de “Autos para Resolver” dispuesto por la Presidencia del Tribunal a los efectos de decidir la admisibilidad de la acción y la medida cautelar solicitada adjunta a la misma (Prov. N°157 del 23.02.2018 de fs. 38).

Preliminar. Por auto N° 114 (del 20.02.2018 de fs.30) conforme a la normativa vigente en la especie, se dio vista de estas actuaciones al Ministerio Público Fiscal y a la Asesoría de Menores e Incapaces de esta ciudad.

I.- Competencia del Tribunal. El diseño jurisdiccional establecido con la implementación del fuero contencioso administrativo en esta Provincia de Corrientes (Ley 5846) y que, en esta Quinta Circunscripción Judicial, fuera asignada al Juzgado en lo Civil, Comercial Menores y Familia. Brevitatis causae cabe remitirse a lo decidido por el Máximo Órgano Judicial local in re: “LÓPEZ PRAXEDES ITATÍ C/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL S/ AMPARO”, EXPTE. N° EDC 739 – 10 (Sent. Int. N° 183 del 25/03/2012) que habilita la competencia de este Tribunal para entender en esta acción de conformidad Art. 4 Ley 2903 (to. Art. 14 de la ley 5846).

II.- Admisibilidad de la acción de amparo. a) La acción incoada se enmarca en el Art. 43 CN (to. Según reforma Constitucional del año 1994) y Art. 67 CCTES (to. Según reforma constitucional del año 2007) y guarda relación con institutos afines a ella contenidos en el Art. 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; Art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Art. 2.3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Art.XVIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y se erige en una acción principal que, en principio, requiere para su desplazamiento, otra vía judicial más idónea. Estas nuevas pautas son las que la doctrina ponderan como restaurativas del antiguo cauce y renovadoras del impulso que motivara otrora su reconocimiento jurisprudencial “Siri” y “Kot” (Cfr. Salgado, Alí Joaquín y Verdaguer, Alejandro César, “Juicio de Amparo y acción de inconstitucionalidad”, Ed. Astrea, 2ª quincena de Agosto de 2005, pág. 34).

Para ello es menester auscultar los derechos cuya protección se pretende. En este sentido la doctrina local señala que, en el ordenamiento procesal correntino, esa acción más idónea es la medida autosatisfactiva (Cfr. Midón, Mario A. R., “La Nueva Constitución de Corrientes”, Ed. Mave, Corrientes, Marzo 2008, pág. 97). b) Legitimación. En autos se presenta el Dr. Eduardo Raúl Etchegaray Centeno en el carácter de vecino, abogado, concejal (Afectado) quien considera que del deterioro del ecosistema cualquiera sea la medida, se infiere, un agravio al derecho a la vida consagrado en la Constitución Nacional, cuya violación habilita la vía judicial conforme art. 1710 CCC deber de prevención.

El art. 43 CN en el párrafo primero establece lo siguiente: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo”; en el párrafo segundo dispone lo siguiente: “Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente. el afectado, el defensor y las asociaciones que propendan a esos fines”. Y el art. 67 de la Constitución de la provincia de Corrientes que podrán interponerla: “. el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley”. En negrilla nos pertenece.

La amplia legitimación, postura que compartimos, se ha entendido que también surge del derecho de reclamar el deber de todos los habitantes de preservar el medio ambiente, que se desprende del art.41 de la C.N.

La legitimación en los procesos donde se persigue la tutela de derechos de incidencia colectiva, reconoce su fuente en el art. 43 de la CN y en el art. 67 de la Constitución Provincial, que legitiman al “afectado”, al “defensor del pueblo” y a las “asociaciones” registradas conforme a la ley, para iniciar esta clase de acciones. No obstante, esta disposición se complementa -en materia ambiental- con lo dispuesto por el art. 30 de la Ley 25.675, que establece: “Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 de la Constitución Nacional, y el Estado nacional, provincial o municipal; asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción (.) Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo”. Del mismo modo el art. 32 de la citada ley prevé que el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. Nuestro Cimero Tribunal en relación se ha expedido “Es decir, que la legitimación del Sr. Cirignoli deriva de su calidad de “afectado” como habitante de Carlos Pellegrini, pues compartiendo la concepción amplía propuesta por Bidart Campos debe entenderse por “afectado” a quién, conjuntamente con muchos otros, padece ese perjuicio compartido; por eso, su porción subjetiva en los derechos de incidencia colectiva . merece concederle legitimación individual, bien aisladamente a él, bien en litisconsorcio activo con los demás (citado por SABSAY, Daniel A. – MANILI, Pablo. L., “Constitución de la Nación Argentina”, t. 2, ed. Hammurabi, 2010, BS. As., p. 572).” In re (STJ de Corrientes, 6/10/2011, Sentencia 198, Expte.ED4 2988/6 «Cirignoli, Sebastián c/ Sánchez María Valentina» ; «Sánchez Carlos César y Sánchez María Antonia y / o Q. R. R. P. del inmueble y / o Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) s/ amparo» , cfte. http://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/infojuris/docs/3904.pdf.).- Por todo ello, se declara la admisibilidad formal de la presente acción, requiriéndose al efecto informe de ley a la demandada Municipalidad de Santo Tomé Corrientes, conforme el art. 8° de la Ley 2903. También se informe sobre cada uno de las etapas y, procesos utilizados con los resíduos domiciliários de la ciudad y eventualmente que otros y/o espécies de resíduos se depositan en el basurero Municipal a cielo abierto de Santo Tomé Ctes.

III.- Finalidad de la pretensión. La presente demanda es dirigida contra la Municipalidad de Santo Tomé Corrientes, sito en calle San Martín y Ángel Blanco y también solicita se le cite como tercero interesado a la empresa KUERA S.A. CUIR N° 30-71558833-8 con domicilio en calle Tucumán N° 658, planta baja, de la ciudad de Corrientes o bien que permita la citación en función de que el Municipio cedió una parte del predio del basurero Municipal pronto a instalarse conforme Ordenanza N° 545/2017.- El justiciable en el exordio de su escrito postulartorio, peticiona: El cese de las acciones de contaminación que se viene realizando y cierre definitivo del basurero municipal a cielo abierto, a su vez que se ordene efectuar definitivamente el saneamiento y recomposición del ambiente sobre la totalidad del terreno afectado que es donde funciona el basurero municipal a cielo abierto desde hace más de 50 años.

También solicita se ordene al Poder Ejecutivo Municipal cumplir con las normativas de la Ley General del Ambiente 25.675 y en particular con la manda constitucional art.41 y la necesidad de declaración de emergencia sanitaria ambiental de la zona aledaña, por el tiempo que se considere, lo que estima en 10 años.

Asimismo, solicita que se exija al poder ejecutivo municipal en un plazo no mayor de 30 días, se aplique el plan establecido por ordenanza N° 475 y 476 PLAN MUNICIPAL DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS sancionada el 11 de Mayo de 2016 denominado “Santo Tomé No tira la basura la recicla”.

Además, solicita un estudio y evaluación de impacto ambiental (EIA) realizado por una Universidad sobre el predio del basurero de 39 hectáreas.

IV.- Reclamo administrativo previo. El mismo no es menester a partir del Art. 43 CN y 67 CCtes.

V.- Particularidad del caso. El amparista manifiesta que desde hace década toda la basura que se recolecta va a parar al basurero municipal sin ningún tipo de tratamiento, cabe mencionar que se encuentra ubicada en un predio de 39 ha., a 200 metros de la costa del Rio Uruguay, junto al arroyo las pelotas que desemboca en el rio, que carecen de algún estudio ambiental, las napas freáticas, la tierra, se encuentra en la cercanía de una reserva habilitada por el municipio, muy cerca de los barrios del sur, y hay un barrio que prácticamente está en el basurero, también hay una emisora de radio del Estado Nacional LR12 Santo Tomé, que la zona es inundada por los malos olores, quemazón en cualquier época del año, a cualquier hora, las moscas y cualquier tipo de alimaña, la salud en esos barrios es obvia sobre todo la población infantil junto a la de los adultos mayores, franja de una vulnerabilidad extrema, sumado a la condición social de los habitantes del barrio, personas y animales se alimentan de la basura, la vegetación totalmente afectada.

VI.- Pedido de medida cautelar innovativa.El justiciable solicita medida cautelar innovativa, a fin de ordenar a la Municipalidad demandada que proceda al cierre perimetral del basurero a cielo abierto de la ciudad, al entierro de la totalidad de la basura expuesta en cava, impermeabilizadas y a la implementación de un sistema de vigilancia adecuado que permita solo el acceso de aquellas personas autorizadas a depositar residuos y que no permitan la quema de basura, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia a una orden judicial por parte de los funcionarios responsables del cumplimiento de esa medida y demás fundamentos allí vertidos a los que remito en honor a la brevedad.

Los requisitos se encuentran establecidos en el Art. 232 bis CPCC.

La doctrina local admite el dictado de medidas cautelares en este tipo de procesos (Cfr. Altabe de Lértora, Martha Helia, “La acción de amparo en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales, Ed. ConTexto, Resistencia, Marzo de 2012, pág. 25) y así lo ha entendido el Excmo. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia in re: “INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR EN AUTOS CARATULADOS: AYUNES, MARIANA MIRNA C/PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES S/ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA’. Expte. N° I01 1.866/1. Donde expresó: siguiendo la opinión de RAMIRO SIMON PADROS, “LA TUTELA CAUTELAR EN LA JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA”, Ed. LexisNexis – Bs.As. 2005, pág. 91, “. la prohibición de prejuzgar sobre la resolución de fondo no puede impedir, en ningún caso, como viene siendo admitido en ciertos regímenes europeos, la tutela judicial efectiva del derecho cuya protección provisional se demanda – verdadero objeto y razón de ser de las medidas cautelares -, lo que resultará particularmente visible en aquellos supuestos donde el contenido de la pretensión cautelar es el otorgamiento de medidas de anticipación.De lo contrario, la medida cautelar quedaría vacía de contenido y se convertiría en una mera apariencia jurídica, sin sustento real alguno en los hechos objeto de la litis, habida cuenta de que siempre que se solicitara una petición semejante, el juez se enfrentaría con el obstáculo del eventual prejuzgamiento como impedimento para la hipotética resolución favorable al demandante”.

Concurren en el sub examen, a la verificación de los requisitos del Art. 232 bis CPCC “probabilidad más que verosimilitud”.

En lo que hace a la verosimilitud del derecho invocado, el justificable acerca a la jurisdicción copia simple de la Ordenanza N° 476/2016 “Santo Tomé no tira basura. La separa” y su Anexo I, 8 fotografías impresión digital de la zona donde funciona el basureo municipal, una copia simple de la Resolución N° 107/2017 donde se acepta al Dr. Echegaray Centeno, para ejercer el cargo de Concejal periodo del 10/12/2017 hasta 10/12/2021.

Que las Ordenanzas Municipales citadas Nros. 475/16, 476/16 y 545/17 se hallan publicadas en la página web del Consejo Deliberante de Santo Tomé.

Se entiende, se ajusta a lo normado por el art. 24 inc.11) del Reglamento Interno del Consejo y art. art. 26°, 50° de la Carta Orgánica Municipal.

Si bien es cierto, el amparista, solo sustenta los requisitos de su pretensión en la normativa -ordenanzas- invocadas; pero lo cierto es que, es de público y notorio conocimiento que el basural municipal a cielo a abierto funciona, en la zona sur de la ciudad.

De la ordenanza N° 476/16 no surge que se haya realizado una previa evaluación de impacto ambiental, conforme art.57 de la Constitución de la Provincia y art.2 Ley 5067 EIA.

Asimismo la accionante ofreció otros medios de pruebas en memorial postulatorio, signadas en Acápite IX A) documental, documental en poder de terceros informativa, B) Informe socio ambiental, C) testimoniales, D) pericial, F) Inspección ocular.En ese sentido, el Ministerio Público Fiscal propuso la producción de pruebas, a la que adhirió la Sra. Asesora de Menores e incapaces (véase fs.32/33 y 36 y vta.).

En cuanto al periculum in mora surge del presente trámite -amparo- y de la naturaleza que contiene su objeto, como lo es el derecho a un ambiente sano, que por cierto nos involucra a todos los habitantes de esta ciudad.

En definitiva, nos encontramos en el marco de un amparo ambiental, donde los requisitos del instituto innovar probabilidad cierta, peligro en la demora de sufrir un perjuicio irreparable de difícil reparación ulterior, se elástiza en el marco del principio precautorio establecido en el art.4 de la ley 25675/02 Ley General del Ambiente.

En el éste marco precautorio es preciso rememorar el carácter del AFECTADO, quien no habiendo aun sido dañado, se halla en el ámbito potencial de ser dañado a diferencia del damnificado que es aquel que ha sufrido un daño.

Amplísima = Habitante. Amplia = Vecino debe acreditar un mínimo de interés razonable y suficiente. Restringida = perjudicado, dueño de un derecho subjetivo violado, que haya sufrido una lesión de sus intereses.

En ese sentido amplio y/o amplísimo del afectado es que debe ser valorado el sub lite, en virtud a los elementos probatorios acercado por la accionante.

Así deviene necesario percibir al principio de precaución en dos niveles profundamente diferenciado de situación: a) cuando se supone que las actividades pueden ser peligrosas para la conservación y preservación del ambiente y b) cuando se teme que las actividades puedan causar daños graves, irreversibles, catastróficos al medio ambiente. Cfte. Zlata Drnas de Clement, Principio de Precaución Ambiental – La Práctica Argentina, pag.57, edit. Lerner Editora S.R.L. año 2008.- En el primer caso la aplicación del principio precautorio deja librado a la autoridad, la adopción de medidas más o menos flexibles o exigentes que permitan reducir al mínimo los eventuales efectos perjudiciales sospechados.En el segundo caso, la aplicación del principio de precaución impone la proscripción de la actividad, hasta que se alcancen certidumbres que permitan adoptar previsiones capaces de neutralizar el peligro temido.

El principio precautorio a diferencia del principio de prevención se caracteriza por ser aplicado frente al insuficiente aporte de la ciencia para conocer con precisión y de forma indubitable la existencia o no del potencial peligro o riesgo de una actividad dada.

Véase que la carga de la argumentación a favor de los derechos en danza, se hallan relacionado con los derechos fundamentales, reglas que permiten distribuir la carga de la argumentación; así aparece el principio favor libertatis y sus reglas derivadas “Hay grupos de “mega principios” o criterio de razonamiento que cumplen esa función, en el sentido de establecer una “dirección” valorativa del razonamiento: en dirección de la libertad, en dirección de la protección de la persona, etcétera. .5) el principio “pro homine”: También se ha reforzado con el principio “pro homine” el modo de determinar la norma aplicable. Este principio tiene dos facetas:

Obliga a una interpretación extensiva cuando se trata de proteger derechos reconocidos. Obliga a una interpretación restrictiva cuando se trata de limitaciones o suspensiones extraordinarias”. Cfte. Ricardo Luis Lorenzetti, Teoría de la Decisión Judicial, Fundamentos de Derecho, pag.267, Rubinzal – Culzoni Editores, año 2006.

Por otra parte, la mayor o menor certidumbre sobre el riesgo hipotético o la potencialidad del mismo se suele hacer surgir de la evaluación de impacto ambiental “como un proceso por el cual una acción que debe ser aprobada por una autoridad pública y que puede dar lugar a efectos colaterales significativos para el medio, se somete a una evaluación sistemática cuyos resultados son tenidos en cuenta por la autoridad competente para conceder o no su aprobación. Se trata pues de un procedimiento previo para la toma de decisiones.Sirve para registrar y valorar de manera sistemática y global todos los efectos potenciales de un proyecto, con objeto de evitar desventajas para el medio ambiente” BUSTAMANTE ALSINA, “Derecho Ambiental”, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1995, p.101; ANDORNO Luis O. “La protección del medio ambiente en el ámbito del MERCOSUR”, en JA 1997-IV-999.- Lo referenciado hasta aquí, de las copias de la Ordenanza N° 476/2016 “Santo Tomé no tira basura. La separa” y su Anexo I, no surgiría, que previo a la instalación y funcionamiento del programa se haya presentado estudio de impacto ambiental (EIA), la evaluación pertinente (EIA) y en su caso la declaración de impacto ambiental (DIA), por la Autoridad de Aplicación I.C.A.A. conforme la normativa vigente en la provincia Ley 5067 y su mod. 5517, como así también el Decreto N° 2562/2012 de audiencia pública ambiental.

El proceso de impacto ambiental se halla en consonancia con el Concepto Sistémico de Ambiente; el que sostiene que “Es un conjunto de variables: como ser calidad de vida, aguas, cultura, etc. que interactúan, en equilibrio, en aras de obtener recursos sustentables”. Dra. Lidia Garrido Cordobera, clase de fecha 19/11/2010 Daño Ambiental – Trabajo Monografía Dr. Moreyra Arsenio Eduardo. – V Posgrado Ambiental – U.N.N.E.- Se rememora, que en nuestra provincia, ésta temática ambiental, se halla regida por la Ley 5067/96 mod. Ley 5517 y Dcto. Ley 212/01 “Ley de Impacto Ambiental”.

Quien debe presentarlo? ARTICULO 2º: “Los proyectos públicos o privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad contenida en el Anexo de la presente Ley, deben someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental en la forma prevista en la misma y cuyas disposiciones son de orden público.Toda actividad no incluida en el Anexo, salvo las que produzcan radiaciones nucleares o signifiquen manipulación, transporte o depósitos de tales sustancias, las que quedan prohibidas en el territorio provincial, y que fundadamente permita suponer que pueda afectar el medio ambiente, deberá someterse a la Evaluación de Impacto Ambiental a solicitud de la Autoridad de Aplicación. (Artículo modificado por Ley Nº 5517)”.

Que ésta normativa determina UN ANEXO donde detalla las actividades que en forma obligatoria deben someterse a la Evaluación de Impacto Ambiental. Ahora la cuestión traída en el sub lite, se prevee en el art. 2 – ANEXO punto 9 y 14 de la Ley 5517, donde en relación a la actividad residuos refiere “9) Instalaciones de eliminación de residuos tóxicos y peligrosos por incineración, tratamiento químico o almacenamiento en tierra” “14 Toda otra actividad que implique que sus residuos o desechos no se dispongan por medios convencionales o que los mismos se dispongan de acuerdo al punto 9º” (sic). Sin perjuicio de lo normado por el art.22 de la citada normativa, el estudio de impacto ambiental, se reitera no surge de la Ordenanza N° 476/16 que se haya requerido por el Municipio quien es el contralor de la temática ambiental en el ámbito de su territorio autónomo, conforme Art.185 y cctes.

Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Santo Tomé Ctes., por ende la Autoridad de Aplicación Ambiental en la Provincia I.C.A.A. conforme art. 4° Ley 5067 prima facie no habría tomado cartas en el asunto.

La envergadura del proyecto de corte público, dado que es el Municipio quien lo llevaría adelante, atento se desprende del tenor de la ordenanza 475/16 ANEXO I donde se esgrime PLAN MUNICIPAL DE TRATAMIENTO DE RESIDOS SOLIDOS URBANOS. Programa “Santo Tomé No Tira La Basura. La Separa”, donde en su plan de acción se sostiene que dicho programa cuenta de tres ejes fundamentales:”Separación en Origen – Recolección Diferenciada – Clasificación y Acondicionamiento Final”. Que a continuación se resalta, que la propuesta o programa tiene tres líneas de acción con impacto a corto, mediano y largo plazo, entendiendo como un sistema sostenible ecológicamente y eficaz socialmente en la Gestión de residuos Sólidos Urbanos: 1) Implementación y desarrollo del programa de educación ambiental (PEAM); 2) Preparación de Infraestructura y saneamiento básico para la instalación de una planta de clasificación y acopio de los residuos sólidos urbanos (RSU); 3) Búsqueda de canales de comercialización, donde detalla una planilla de costos estimados de inversión inicial por la suma de $2.350.990; y finalmente acota una estructura de financiación, donde se refiere que el Municipio para poner en marcha dicho plan destinará fondos propios y se iniciaran las gestiones necesarias para conseguir financiación externa, citando allí las potenciales fuentes de créditos o subsidios, públicos y/o privados.Por todo ello, se concluye que el mentado plan es de gestión pública del Municipio demandado.

Por otro lado, podemos decir que todos los proyectos de obras o actividades, públicas o privadas, que sean susceptibles de producir algún efecto significativo al ambiente y/o a la calidad de vida de la población en aras del derecho fundamental a gozar del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo (art.41 CN), se comienza con la presentación -parte interesada en el proyecto- de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que luego será sometido al procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Viabilidad Ambiental.

En éste sentido en virtud al principio precautorio y de prevención establecido por la Ley 25675 LGA deviene prudente también dar participación a la comunidad potencialmente afectada a través del sistema establecido en el art.14 ssgtes. y cctes. de la Ley 5067 y mod. 5517.

En éste punto nos detenemos ya que en nuestra provincia se ha dictado el Decreto Nº 2562 (del 31/10/2012), que regula la Ley 5982/10, estableciéndose los parámetros y las distintas etapas por las que debe pasar un proyecto sometido a AUDIENCIA PUBLICA AMBIENTAL, y en éste sentido la normativa es muy rica dado que abastece de las herramientas a tener presente al momento de llevarlos a cabo.

En relación, se debe destacar los fundamentos de la norma, parten que en nuestro país la normativa legal ambiental de nivel internacional -que tiene raigambre constitucional- proclama el derecho a la participación pública. Cita el mentado Artículo 41º de la Constitución Nacional legisla sobre el derecho a la información ambiental.También hace mención de la Ley Nacional Nº 25675 Ley General del Ambiente donde se establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente y rige en todo el territorio de la Nación. Que la misma establece entre uno de los objetivos que debe cumplir la Política Ambiental Nacional el de “fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión”. Así en su Artículo 19º reconoce el derecho de toda persona a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos relacionados con el ambiente. Que en su Artículo 20º propone a las autoridades a institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para autorizar actividades que pudieran afectar negativa y significativamente al ambiente. Asimismo refiere que impone se asegure la participación ciudadana principalmente en los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental.

En ese orden, la Ley Provincial Nº 5067 mod. Ley N°5517 de Evaluación de Impacto Ambiental en su Artículo 14º establece: “el Poder Ejecutivo a través de la Autoridad de Aplicación dictará las normas de procedimiento administrativo que deberá contemplar un período de información pública del Estudio de Impacto Ambiental no menor de treinta días”.

Siendo imprescindible ampliar la participación pública a través de las Audiencias Ambientales Públicas a fin de lograr que, en el marco del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, las Declaración de Impacto Ambiental recoja las experiencias, inquietudes y aspiraciones de la comunidad, otorgando así transparencia y legitimidad a la gestión ambiental.

En otro de sus fundamentos, el legislador apunta nuevamente a la participación, donde señala que la incorporación de canales de participación complementarios a los contemplados en el proceso de EIA, en distintos niveles y ámbitos de la gestión pública ambiental, evitaría que la participación se vuelque íntegra y solamente a los proyectos sometidos a dicho proceso.Es más, al permitirse acceder a la documentación involucrada, la comunidad, informada con objetividad desde etapas tempranas del proyecto, podrá salvaguardar sus intereses y derechos.

No debe perderse de vista que las medidas cautelares deben guardar un justo equilibrio entre el interés que se intenta garantizar con dicho auxilio jurisdiccional y el perjuicio que se ocasiona. De ahí que han de quedar siempre supeditadas a las circunstancias del caso en particular y a su revisión en cualquier etapa del proceso cuando las circunstancias así lo exijan; dado que es de naturaleza instrumental y no causan estado.

Por último, en base a las pautas dadas al inicio del análisis, en el sub lite No se opta por la proscripción de la actividad, sino más bien, apuntando a una concepción dialogal-aperturista de los operadores del derecho en danza, SE ENTIENDE la Municipalidad de la Ciudad de Santo Tomé quien actúa como precursor del PLAN MUNICIPAL DE TRATAMIENTO DE RESIDOS SOLIDOS URBANOS.

Programa “Santo Tomé No Tira La Basura. La Separa”, y que en definitiva en el marco de su competencia aprobó vía las ordenanzas Nros. 475/16 y 476/16, que se pone de relieve en el sub lite.

En este sentido, deviene necesario también establecer el concepto:

“Los residuos son todos aquellos desechos y/o elementos que no tienen una utilidad definida y que para que ello ocurra en su caso deben sufrir un reciclado específico y/o en su caso su depósito definitivo. Ahora la Ley 23922 (convenio de Basilea) lo define:

“Por “desechos” se entiende las sustancias u objetos a cuya eliminación se procede, se propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación nacional”. I.2-Clasificación: De acuerdo a su origen (domiciliario, hospitalario, industrial). De acuerdo a sus características (peligrosos, patogénicos, radiactivos). De acuerdo a su estado (liquido, gaseoso, sólido o semisólido).”. Conf.Ambiental profundizado, Cátedra Rodríguez Carlos Aníbal – Daniel Denmon.

RESIDUOS PELIGROSOS, SU TRANSPORTE LEGISLACION APLICABLE,

Dirección Posgrado U.N.N.E., trabajo Monográfico Dr. Moreyra -Posgrado Derecho pag.1, año 2007.- Asimismo, en la temática residuos domiciliarios a nivel nacional encontramos la Ley N°25.916 donde se establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los residuos domiciliarios, sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas específicas. En cuanto el art. 18 prevee los requisitos para la habilitación de los centros de disposición final, en función de las características de los residuos domiciliarios a disponer, de las tecnologías a utilizar, y de las características ambientales locales y además que para la habilitación de estos centros requerirá de la aprobación de una Evaluación de Impacto Ambiental, que contemple la ejecución de un Plan de Monitoreo de las principales variables ambientales durante las fases de operación, clausura y postclausura.

En ese norte, recientemente la Provincia de Corrientes a través de la Ley 6422 (del 29/11/2017 – B.O. 19/12/2017) se adhiere a la Ley Nacional Nº 25.916 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios. En cuyo art. 10 ordena que se deberá realizar la previa evaluación de impacto ambiental, y otorgar el certificado de aptitud ambiental para la instalación de rellenos controlados o sanitarios, públicos y/o privados, para la disposición final de los residuos sólidos urbanos. Si bien en su art.41 se Invita expresamente a los Municipios de la Provincia a adherirse a los términos de la presente ley y/o a dictar normas de similar naturaleza, si aún no las tuvieren., en este momento se desconoce que el municipio local se haya adherido a la misma.

A su vez, en la temática de las medidas cautelares innovativas y su dict ado, se debe ser prudente, dado que conlleva un plus cuando se trata de un servicio público, en el sub lite lo presta el municipio demandado.

La reforma constitucional del año 94 le ha dado una impronta específica a los servicios públicos y así lo expresa Zarini, Helio Juan, en “Constitución Argentina”, comentada y concordada, Ed. Astrea, Bs. As., Abril de 1998, pág. 194, “los servicios públicos (p.ej., luz eléctrica, agua corriente, teléfono, gas), ahora privatizados en gran parte del país, constituyen “servicios esenciales”, relacionados con la salud, higiene y calidad de vida, por lo que – en general – no pueden prescindirse de ellos”. Igual recepción tuvo el Máximo Organo Judicial de la Provincia de Corrientes in re: Encina de Ibarra, Carmen c/ Aguas de Corrientes SA, mayo 13-998, (La Ley Litoral, Diciembre de 1.998, pág. 1606).

Ergo estando un servicio público en pugna deviene prudente tomar los recaudos previos, y en su caso avanzar en sentido proscriptivo de la actividad en crisis y/o aplicar las herramientas coercitivas establecidas en la normativa ambiental.

Téngase presente en relación el ARTICULO 32 LEY 25675 “.El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse.El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de parte”. El subrayado nos pertenece.

Por otra parte Ley LEY GENERAL DEL AMBIENTE en su Art.4°) establece el Principio de congruencia: “La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga”.

En ése sentido la ley otorga al juez en materia ambiental, elasticidad respecto al Principio de Congruencia, en el sentido, que la medida que por éste acto se ordena parcialmente lo requerido por el justiciable, sin perjuicio de ello siendo el poder judicial uno de los tres poderes que conforman el estado democrático, donde convivimos todos, incluidos el judicante, y hallándose en pugna derechos difusos, ergo a voces se impone el principio de oficialidad por sobre el principio dispositivo, no obstante que ambos integran y hacen al debido proceso adjetivo (art.18 CN).

Todo lo explicitado, surge de la figura del juez interesado, quien tiene la obligación de defender el ambiente, en virtud de la cláusula constitucional (art.41 de la Constitución Nacional Argentina), como lo tienen todos los que habitan el territorio nacional. En ese sentido “sus facultades son amplias: puede decretar medidas precautorias o urgentes a pedido de parte o de oficio, debe impulsar el proceso, también puede ordenar la producción de pruebas de oficio, tiene amplias facultades ordenatorias e instructorias. En síntesis un juez proactivo, comprometido con la nueva ética ambiental, diligente, en ejercicio de facultades propias de la ley y del propio texto constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos”. Cfte. Carlos Aníbal Rodríguez – Introducción al derecho Ambiental, con prólogo del Néstor Cafferatta, Pag. 408/409, Edit.Mave, año 2010.- No queda duda entonces de la envergadura de la cuestión bajo análisis, donde se debe balancear los intereses involucrados, quedando en el medio la sociedad toda y por ello se considera prudente no cerrar y/o proscribir el servicio público de recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos (RSU) en el Basurero Municipal de nuestra ciudad, y en su mérito de conformidad art.232 bis C.P.C.C. previo a todo trámite: a) Para el presunto que no se haya realizado la herramienta ambiental pertinente; INTIMAR a la Municipalidad de Santo Tomé Corrientes, para que en el plazo de treinta (30) días presente Evaluación y Declaración de Impacto Ambiental respecto al basurero municipal a cielo abierto que funciona en ésta ciudad, ante la Autoridad de Aplicación el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (I.C.A.A.) a fin de que se cumplimente con el procedimiento de E.I.A. – audiencia pública- D.I.A. de conformidad arts.1, 2, 4, 8, 14, 15 ssgtes. y cctes. de la Leyes 5067, 5517 y Decreto Nº2562/12. Todo bajo apercibimiento de ley. b) REMITIR al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, 5ta. Circunscripción, a fin de que emita un dictamen acerca de las patologías y consecuencias inmediatas y/o mediatas en la salud de las personas que viven cerca de un basural a cielo abierto y las que efectúan trabajos en el lugar.

Asimismo, líbrese oficio al Hospital – Universitario “San Juan Bautista” y a la Facultad de Medicina Fundación H.A. Barceló; ambos de esta ciudad, a fin de que informe la observación y/o estadística de alguna especia de patología compatible con la actividad del basurero Municipal de Santo Tomé Ctes., y se libre oficio al INTA -delegación de esta localidad- a fin de que informe si tiene alguna estadística de anomalía en la vegetación y/o animales (flora y fauna) de la zona inmediata al basurero municipal de esta ciudad.c) Remitir al Cuerpo Social Forense del Poder Judicial, 5ta.

Circunscripción, a fin de que emita un amplio informe socio ambiental respecto de las personas y/o familias que viven en el barrio situado en el perímetro del basurero Municipal a cielo abierto. Todo dato social-ambiental que pueda resultar de interés en la presente causa. d) Instar a la Municipalidad de Santo Tome Ctes., se tome los recaudos indispensables respecto, al cuidado perimetral del predio basurero municipal, en relación a personas ajenas al mismo, en especial menores de edad, y en igual sentido respecto a animales, en particular, aquellos que los vecinos destinan a consumo humano. Asimismo, controlar y evitar la quema de residuos sólidos urbanos (RSU) y sofocar aquellos que estuvieren activados, en el basurero municipal de Santo Tomé Ctes. e) Por Secretaría líbrese oficio al Presidente del Superior Tribunal e Justicia, a fin de la debida registración de la presente acción de incidencia colectiva, conforme pto. 10° Acuerdo N° 26/14 – REGLAMENTO DEL REGISTRO DE ACCIONES COLECTIVAS.

f) Notifíquese del presente librándose los despachos pertinentes, a la Municipalidad de Santo Tomé Ctes., Consejo Deliberante de la Ciudad de Santo Tomé Ctes., al Instituto Correntino del Agua y del Ambiente. Conforme art. 1 Dcto. Ley 21/00 Dese vista al Ministerio Público (Defensor Oficial, Fiscal y Asesor de Menores e Incapaces de ésta Ciudad). Todo con habilitación de días y horas inhábiles.

VII.- En cuanto la contracautela, conforme art. 32 Ley 25.675 (LGA) se considera viable requerir caución juratoria, para responder por los daños y perjuicios que pudieran corresponder, en caso de haber accionado sin derecho. En éste sentido el art.32° LGA expresamente refiere: “.En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse.

VIII.- Asimismo, se cite en carácter de 3ro. Interesado a la empresa KUERA S.A.CUIT 30-71558833-8 con domicilio legal en calle Tucumán N° 658 PB de la ciudad de Corrientes, conforme art. 94 del C.P.C.C. por reenvío del art. 18 Ley 2903.

Es, por ello, de conformidad doctrina y jurisprudencia citadas, arts. 43 CN, 52, 67 Const. Prov.; Ley General del Ambiente, Ley de Impacto Ambiental 5067 y mod. Ley 5517, Decreto Nº 2562/12; Ley N° 25.675, Ley Nº 25.916, art. 21 Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Art.25 Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica); art.195, 232 bis y cctes. del C.P.C.C., art.18 Ley 2903, es que.

RESUELVO:

1°) DECLARAR LA ADMISIBILIDAD FORMAL de la acción de amparo ambiental incoada por el Dr. Eduardo Raúl Etchegaray Centeno, DNI N° 25.096.418 – CUIT 20-25096419-9, contra la Municipalidad de Santo Tomé Corrientes, y/o quien legalmente resulte responsable, requiriéndosele el informe de ley por el término de 8 (ocho) días. También se informe sobre cada uno de las etapas y, procesos utilizados con los resíduos domiciliários de la ciudad y eventualmente que otro/s y/o espécie/s de resíduo/s se depositan en el basurero Municipal a cielo abierto de Santo Tomé Ctes. Líbrese oficio, otórguese facultades de ley en su diligenciamiento. Asimismo requiérase la remisión de copias legalizadas de las Ordenanzas Nros.475/16, 476/16 y 545/17 respectivamente.- 2°) DECRETAR Medida Cautelar Innovativa, y en su mérito: a) Para el presunto que no se haya realizado la herramienta ambiental pertinente; INTIMAR a la Municipalidad de Santo Tomé Corrientes, para que en el plazo de treinta (30) días presente Evaluación y Declaración de Impacto Ambiental respecto al basurero municipal a cielo abierto que funciona en ésta ciudad, ante la Autoridad de Aplicación el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (I.C.A.A.) a fin de que se cumplimente con el procedimiento de E.I.A.- audiencia pública- D.I.A. de conformidad arts.1, 2, 4, 8, 14, 15 ssgtes. y cctes. de la Leyes 5067, 5517 y Decreto Nº2562/12. Previa caución juratoria, para responder por los daños y perjuicios que pudieran corresponder, en caso de haber accionado sin derecho, atento lo expresado en los considerandos. Todo bajo apercibimiento de ley. b) REMITIR al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, 5ta. Circunscripción, a fin de que emita un dictamen acerca de las patologías y consecuencias inmediatas y/o mediatas en la salud de las personas que viven cerca de un basural a cielo abierto y las que efectúan trabajos en el lugar. Asimismo, líbrese oficio al Hospital – Universitario “San Juan Bautista” y a la Facultad de Medicina Fundación H.A. Barceló; ambos de esta ciudad, a fin de que informe la observación y/o estadística de alguna especia de patología compatible con la actividad del basurero Municipal de Santo Tomé Ctes., y se libre oficio al INTA -delegación de esta localidad- a fin de que informe si tiene alguna estadística de anomalía en la vegetación y/o animales (flora y fauna) de la zona inmediata al basurero municipal de esta ciudad. Líbrese los despachos pertinentes, otórguese facultades de ley en su diligenciamiento c) Remitir al Cuerpo Social Forense del Poder Judicial, 5ta.

Circunscripción, a fin de que emita un amplio informe socio ambiental respecto de las personas y/o familias que viven en el barrio situado en el perímetro del basurero Municipal a cielo abierto. Todo dato social-ambiental que pueda resultar de interés en la presente causa. d) INSTAR a la Municipalidad de Santo Tome Ctes., se tome los recaudos indispensables respecto, al cuidado perimetral del predio basurero municipal, en relación a personas ajenas al mismo, en especial menores de edad, y en igual sentido respecto a animales, en particular, aquellos que los vecinos destinan a consumo humano.Asimismo, controlar y evitar la quema de residuos sólidos urbanos (RSU) y sofocar aquellos que estuvieren activados, en el basurero municipal de Santo Tomé Ctes. e) Por Secretaría líbrese oficio ley 3556 al Presidente del Superior Tribunal de Justicia, a fin de la debida registración de la presente acción de incidencia colectiva, conforme pto. 10° Acuerdo N° 26/14 – REGLAMENTO DEL REGISTRO DE ACCIONES COLECTIVAS.

f) Notifíquese del presente, librándose los despachos pertinentes (oficio/s y/o oficio/s ley 22172 – 3556), a la Municipalidad de Santo Tomé Ctes., Consejo Deliberante de la Ciudad de Santo Tomé Ctes., al Instituto Correntino del Agua y del Ambiente. Conforme art. 1 Dcto. Ley 21/00 Dese vista al Ministerio Público (Defensor Oficial, Fiscal y Asesor de Menores e Incapaces de ésta Ciudad). Todo con habilitación de días y horas inhábiles. Otórguese facultades de ley en su diligenciamiento. 3°) CITESE en carácter de 3ro. Interesado a la empresa KUERA S.A. CUIT 30-71558833-8 con domicilio legal en calle Tucumán N° 658 PB de la ciudad de Corrientes, conforme art. 94 del C.P.C.C. por reenvío del art. 18 Ley 2903; notifíquese conforme art. 135 y 339 del C.P.C.C. Líbrese cédula ley 3556, otórguese facultades de ley en su diligenciamiento. 4°) INSERTESE, REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.