Se suspende cautelarmente el procedimiento de subasta electrónica inversa para la adquisición de paquetes turísticos

Partes: Pedraza Viajes y Turismo S.A. c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba s/ amparo (Ley 4.915)

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Córdoba

Sala/Juzgado: Segunda Nominación

Fecha: 17-ago-2017

Cita: MJ-JU-M-108535-AR | MJJ108535 | MJJ108535

Suspensión cautelar del procedimiento de subasta electrónica inversa para la adquisición de numerosos paquetes turísticos, pues la actora impugnó las bases contenidas en los pliegos de condiciones de la contratación, poniendo de manifiesto la existencia de un solo proveedor en condiciones de brindar el servicio.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la medida cautelar que ordenó a la demandada suspender el procedimiento de subasta electrónica inversa para la adquisición de numerosos paquetes turísticos, pues el grave daño resulta indubitable, ya que la imposibilidad de la actora de participar en el procedimiento no es conjetural, sino efectivo, por no existir en el Valle de Traslasierra opciones de hotelería con las características requeridas, de lo que se desprende que ésta no cumpliría con los requisitos de pliego por no poder albergar la cantidad de pasajeros requeridos en un mismo hotel (del voto de los Dres. Sánchez Gavier y Guernica – mayoría)

2.-La apariencia del buen derecho surge acreditada de los antecedentes de la firma amparista, operadora de turismo para la tercera edad, y de la documental acompañada por la propia demandada, que da cuenta de su calidad de proveedor de servicios similares a la propia Caja accionada (del voto de los Dres. Sánchez Gavier y Guernica – mayoría)

3.-Debe revocarse la medida cautelar que ordenó a la demandada suspender el procedimiento de subasta electrónica inversa para la adquisición de numerosos paquetes turísticos, la agencia de viajes actora no ha alegado y menos aún acreditado de qué modo la pretendida existencia de un único establecimiento hotelero le impedía cotizar una oferta en los diferentes lances y, eventualmente, de ser inadmitida por esa causa, impugnarla al tiempo en que el procedimiento de contratación le brindaba una instancia de impugnación directa contra el acta de prelación (del voto de la Dra. Ortiz de Gallardo – disidencia)

Fallo:

Córdoba, 17 de agosto de 2017.

VISTOS:

Estos autos caratulados “PEDRAZA VIAJES Y TURISMO S.A. C/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA – AMPARO (Ley 4915)” (Expte. Nro.6503868, iniciado el 03/08/2017), para decidir sobre la medida cautelar solicitada por la accionante al momento de interponer la acción.

Y CONSIDERANDO:

LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES HUMBERTO SÁNCHEZ GAVIER Y CECILIA MARIA de GUERNICA, DIJERON:

1) Que la firma actora, “PEDRAZA VIAJES Y TURISMO S.A.”, solicita como medida cautelar, que se suspenda el proceso de Subasta Electrónica Inversa para la adquisición de viajes de índole social y recreativo a realizarse durante los meses de Agosto a Diciembre de 2017 (Solicitud de Cotización N° 2017/000006 – Expediente N° 0124-190498/2017), convocado por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, hasta tanto recaiga resolución definitiva en el presente juicio, a los fines de resguardar sus garantías constitucionales, que se verían frustradas de continuar con el mismo; como así también, el fin de transparencia que se debe garantizarse en el régimen de contrataciones del Estado Provincial, conforme lo dispuesto en la Ley 10.155, especialmente en los arts. 3 inc. b y 6.2.5.2.

Señala que concurren los presupuestos que ameritan la viabilidad de la medida cautelar solicitada, conforme allí lo indica.

2) Que de conformidad a lo establecido por el art. 484 del C.P.C.C., aplicable por remisión del art. 17 de la Ley 4915 y art. 13 de la Ley 7182, quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable, podrá solicitar las medidas que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia.

3) Que la procedencia de las medidas cautelares, justificadas, en principio, en la necesidad de evitar que se convierta en ilusoria la sentencia que ponga fin al pleito, queda subordinada a la verificación de los siguientes extremos insoslayables:a) la verosimilitud del derecho invocado; b) el peligro en la demora, c) la no afectación al interés público; c) contracautela.

4) Que, al respecto, corresponde destacar que la viabilidad de las medidas precautorias, y dentro de ellas la innovativa -como es la solicitada en autos- es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado en razón de que podría configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (Fallos: 316:1833 y 319:1069 ).

5) Que dentro del limitado marco cognoscitivo que exige el despacho cautelar, en el sub examine debe tenerse presente que nos encontramos frente a un procedimiento de selección del contratista por parte de la Administración, en los términos del art. 8 de la Ley 10155; el cual debe ajustarse a los principios contenidos en el art. 3 de la misma norma, entre los que menciona expresamente los de oposición y libre concurrencia, y la igualdad de posibilidades para interesados y potenciales oferentes; teniendo por finalidad no solo la eficiencia en el logro del interés público, traducido en lograr el mejor precio de plaza, sino también resguardar la moralidad administrativa impidiendo contrataciones motivadas en cuestiones ajenas a la pura conveniencia de la administración.

En tal sentido, de las actuaciones n° 0124-190498/2017, cuya copia tenemos a la vista y se encuentran reservadas en Secretaría, donde se tramitara el procedimiento de selección seguido a los fines de la “Adquisición de 1500 paquetes turísticos de 3 días y 2 noches (Espacio Illia)”, surge que la actora el día anterior al de apertura del período de lances de la subasta electrónica inversa convocada por la demandada (22 de junio de 2017, fs.69/71) y el mismo día de la apertura del procedimiento (23 de junio del corriente) impugnó las bases contenidas en los pliegos de condiciones de dicha contratación, con relación a las características de la hotelería que se requería en los mismos, poniendo de manifiesto la existencia de un solo proveedor en condiciones de brindar el servicio, y solicitando la anulación del procedimiento y la adecuación de los pliegos a la capacidad hotelera existente en el Valle de Traslasierra (fs. 20/21).

Tal impugnación, formulada en tiempo oportuno atento la exigüidad de los plazos previstos para esta modalidad de contratación, da sustento a la legitimación del accionante para cuestionar el procedimiento en esta instancia, pese a la falta de presentación de una oferta en el trámite posterior, ya que se encuentra acreditado en autos -conforme los antecedentes empresariales del amparista y el hecho no controvertido de haber sido proveedor de similar servicio- el derecho del mismo a participar en el procedimiento y su voluntad de hacerlo en condiciones que le permitan tal participación.

Asimismo, la actora ha presentado impugnación del Acta de Prelación publicada con fecha 23/06/2017 (fs. 23/28ib), realizando el deposito a los fines de viabilizar dicha medida (fs. 29ib).

Por tal motivo, atento que la subasta electrónica inversa ha sido adjudicada mediante Resolución Serie F n° 000250/2017 (fs. 84/86), que cuenta con la visación del Tribunal de Cuentas (fs.90), por lo que resulta ejecutorio, se tiene por configurada la nota de peligro en la demora (periculum in mora), ya que esperar la decisión definitiva sobre el fondo de la acción frustraría los derechos del amparista, aún en el supuesto de una resolución favorable a sus intereses.

Se ha dicho en tal sentido que “.el peligro en la demora se configura por la necesidad de anticipar la tutela judicial de carácter provisional, que guarda congruencia con el objeto de la acción de amparo, justificada en la necesidad de asegurar una actuación de carácter precautorio del órgano jurisdiccional, pues de lo contrario, carecería de eficacia toda actuación ulterior, frente a las particularidades propias de un proceso licitatorio como el que subyace en el litigio aquí planteado, donde el tiempo razonable y útil para sustanciar el amparo y -con mayor razón- un proceso ordinario, hasta obtener sentencia con fuerza de cosa juzgada, podría dar como resultado que quien prima facie habría obtenido un interés legítimo y, eventualmente, un derecho subjetivo, como consecuencia de un procedimiento licitatorio cuestionado en sus elementos de legitimidad y juridicidad sobre bases objetivas, se haga fuerte o adquiera una posición dominante en la situación del hecho o de derecho actualmente existente, que genere consecuencias disvaliosas para el interés público comprometido en la regularidad y razonabilidad del procedimiento de selección del colaborador de la Administración, de muy dificultosa reversión ulterior, siendo que la medida ordenada tiende en definitiva a salvaguardar los principios de igualdad, concurrencia y razonabilidad, consustanciales a la licitación” (TSJ, “Cooperativa de Promoción y Desarrollo Regional Limitada c/Mun. De Río Tercero- Amparo- Rec. De Apelación” Auto n° 32 del 25/4/2001).

Ello, en función del principio reiteradamente sostenido por la C.S.J.N. y el T.S.J. en el sentido que las medidas cautelares no exigen el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud.Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no exceda el marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (C.S.J.N. Fallos 306:2060 “Albornoz, Evaristo c/ Nación Argentina”; Fallos 313:521; 316:2060; 318:2375; T.S.J. a. n° 32/2001 “Cooperativa de Promoción y Desarrollo Regional Limitada.”; entre muchos otros).

En efecto, el grave daño resulta indubitable, a poco que se observe que el derecho invocado- esto es su imposibilidad de participar en el procedimiento- no es conjetural, sino efectivo, por no existir en el Valle de Traslasierra opciones de hotelería con las características requeridas, atento la propia demandada cita como alternativa de alojamiento al “Hotel Agustín Tosco” y la “Colonia General San Martín” (comunidad turística del Sindicato de Luz y Fuerza)(fs. 85 de autos), de lo que se desprende que ésta no cumpliría con los requisitos de pliego por no poder albergar la cantidad de pasajeros requeridos en un mismo hotel.

6) Que la apariencia del buen derecho (fumus boni iuris) en el caso surge acreditada de los antecedentes de la firma amparista, operadora de turismo para la tercera edad, y de la documental acompañada por la propia demandada (fs. 86/91) que da cuenta de su calidad de proveedor de servicios similares a la propia Caja accionada.

Ello por cuanto a los fines de la tutela cautelar, no se requiere una prueba terminante del derecho invocado, sino la posibilidad que ese derecho exista y se encuentre garantizado.

En el caso, el derecho del amparista encuentra respaldo en los preceptos constitucionales que garantizan el ejercicio de la industria lícita, la propiedad y la igualdad ante la ley (arts.14, 16, 17 y 18 CN), tal como lo expone el accionante en su escrito de demanda.

7) Que tampoco se advierte en la especie una afectación al interés público derivada de la medida solicitada, atento que la diligencia de las partes y el cumplimiento de los acotados plazos procesales inherentes a la acción, permitirán dar finiquito al conflicto de intereses en un tiempo breve y razonable; encontrándose justamente en juego en el presente, la dilucidación de la afección a la libre concurrencia que asegura una mayor y mejor inversión de los recursos públicos.

8) Consecuentemente, y en salvaguarda de la efectividad de la tutela judicial que reclama el amparista, sin anticipar juicio en orden al tratamiento de la cuestión sustancial en debate, concurren en la especie los presupuestos q ue justifican acoger favorablemente la pretensión cautelar, previo ofrecimiento y ratificación de la fianza personal de dos letrados, teniendo en cuenta que ya se ha abonado la garantía de impugnación requerida en el art. 25 de las “Condiciones de Contratación” (fs. 51).

LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA INÉS ORTIZ DE GALLARDO, DIJO:

I) Que con el mayor respeto por quienes me han precedido en el estudio de la causa, me permito disentir con el juicio que pondera que en el sub lite se configuran los requisitos necesarios para la procedencia de la medida cautelar de no innovar.

II) Que como es sabido “.La transparencia es un concepto a reivindicar, especialmente en el ámbito público contractual. Cuando no existe, se generan zonas de sombra, áreas donde reina la opacidad y en las que los diferentes agentes pueden llegar a desarrollar prácticas desde poco éticas hasta manifiestamente disconformes con la legalidad (.) siendo éste uno de los principales problemas que afectarían a la buena salud de los sistemas democráticos contemporáneos.” (ROMEU GRANADOS, Jordi y JUÁREZ RODRÍGUEZ, Gregorio, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, España, “Análisis de la actividad contractual de las administraciones públicas en España:aspectos relativos a la publicidad y la transparencia”, Revista de Gestión Pública, Volumen III, Número 1, España, Enero-Junio 2014, pág. 97/97, ISSN 0719-1820).

Por consiguiente, la publicidad, la igualdad, la oposición, la libre concurrencia, la eficiencia y economicidad en la aplicación de los recursos públicos, la sustentabilidad en las contrataciones, la responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones y la transparencia, son principios transversales que alcanzan a todos los contratos, independientemente de su cuantía y de su naturaleza jurídica, manifestándose en la totalidad de fases del procedimiento de contratación, esto es, desde su preparación y adjudicación hasta sus efectos, cumplimiento y extinción (PINTOS SANTIAGO, Jaime, “La nueva configuración de la transparencia en la contratación administrativa. Comentario de urgencia al Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno”, Revista de Contratación Administrativa Práctica, N° 126, España, 2013, pág. 50 y ss.).

El juicio sobre la existencia o inexistencia de situaciones disconformes con las exigencias que impone el principio de sometimiento de la Administración al orden jurídico (art. 174 de la C.Pcial.), no siempre puede ser anticipado mediante un juicio de probabilidad propio de la fase cautelar de un proceso de amparo, y siempre debe valorarse con especial cuidado y atención el interés público que informa toda la gestión contractual de la Administración pública.

III) Que en la apreciación de la suscripta acerca de los intereses jurídicamente tutelados, que se hallan presentes en esta acción de amparo, estimo que entre la decisión de suspender un proceso de subasta electrónica inversa hasta el dictado de la sentencia definitiva, y la decisión de no hacerlo, los intereses públicos y privados en juego, orientan mi decisión a favor de la no suspensión del procedimiento que se lleva a cabo y, por tanto, es menester diferir el juicio sobre la existencia de una arbitrariedad manifiesta, a la sentencia definitiva que preserve el derecho de defensa de ambas partes, en igualdad de condiciones, aportando cada cual los elementos de juicio indispensables, cuya objetiva valoración son presupuesto necesario para la justificación de la fundamentación lógica y legal de toda decisión judicial (art. 155 C. Pcial.).

IV) Que la fundamentación de esta decisión atiende a la consideración de las siguientes circunstancias que explicito a continuación:

A) En el proceso de subasta electrónica inversa, está en juego la adquisición de 1.500 paquetes turísticos de tres días y dos noches de pernocte, pensión completa y recreación al Valle de Traslasierra, con el objeto que:”La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba en el marco de La Red de Amigos del Espacio Illía creada por Resolución Serie “F” N° 300 tiene previsto la organización de viajes recreativos y actividades de esparcimiento con el espíritu de fomentar la integración social de los adultos mayores de 55 años auto válidos o retirados a nivel provincial, mediante la promoción de vínculos sociales, a través de viajes de participación y aprendizaje.

.La selección del destino del Valle de Traslasierra, tiene puesto el especial interés en la ciudad de Villa Cura Brochero. Que como destino optativo se tenga en cuenta las localidades ubicadas en los Departamentos San Alberto y San Javier, con el fin de disfrutar el valle de traslasierras.

Debido a la combinación de magnífica naturaleza con las grandes obras y legado espiritual del Santo “Cura Brochero”, a través de los viajes se pretende facilitar el acceso al “Museo Brocheriano” y “Casa del Cura Brochero”, en toda su obra legendaria de nuestra época.” (cfr. Memoria Técnica, fol. 3 del Expte. Adm. N° 0124 190.498 iniciado el 30/03/2017).

Es decir que el objeto del servicio solicitado es de un altísimo contenido de interés público por su claro fin social, cuyo propósito es brindar una amplia cobertura a la seguridad social, inclusiva de la integración social de los adultos mayores y de los retirados provinciales, mediante viajes de recreación y actividades de esparcimiento, es decir, que el interés público comprometido es incontrovertible.

Este fin social se enraíza directamente en la Constitución Nacional (art. 14 bis) y en la Constitución Provincial cuyo art.28 consagra que el Estado Provincial, la familia y la sociedad procuran la protección de los ancianos y su integración social y cultural, tendiendo a que desarrollen tareas de creación libre, de realización personal y de servicio a la sociedad.

También se inscribe en los fines declarados en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos durante la 45a Asamblea General de la OEA, el 15 de junio de 2015 y ratificada por la República Argentina a través de la Ley 27.360 (B.O. 31/05/2017), que tiene por fin, contribuir a la plena inclusión, integración y participación en la sociedad de las Personas Mayores.

El art. 22 de la Convención consagra el derecho a la recreación, al esparcimiento, a la actividad física y al deporte. Para ello “Los Estados Parte promoverán el desarrollo de servicios y programas de recreación, incluido el turismo, así como actividades de esparcimiento y deportivas que tengan en cuenta los intereses y las necesidades de la persona mayor.” (énfasis agregado).

B) El interés jurídico de Pedrazza Viajes y Turismo S.A.es un interés particular, que se traduce en la pérdida de la chance de haber resultado adjudicatario de la subasta electrónica, con relación a la provisión de una prestación de 1.500 paquetes turísticos, actividad en orden a la cual la firma accionante tiene una reconocida y pública trayectoria y presencia en el mercado de turismo y turismo social.

C) La firma accionante interpone la presente demanda de amparo con el propósito de tutelar la libre concurrencia y la transparencia de la contratación electrónica, en la cual reconoce no haber cotizado ni presentado oferta a los diferentes lances electrónicos por cuanto impugnó una condición de la Solicitud de Cotización N° 2017/000006, consistente en que el contingente total de 1.500 adultos mayores auto válidos sean distribuidos en diez (10) grupos de 150 personas por fecha, provenientes de diferentes localidades de la Provincia de Córdoba “y albergados en un mismo hotel.” (así lo establece el art. 2. Objeto de la contratación de la Condiciones Generales y Particulares de contratación (fol. 6).

El amparista afirma que esa condición es arbitraria y vulnera la libre concurrencia que supone competir y compulsar distintas alternativas de precio, por cuanto solo un establecimiento hotelero satisface la posibilidad de albergar grupos de 150 personas en “un mismo hotel”, cual es la “Residencia Serrana de Mina Clavero”.

D) El amparista ha presentado tres impugnaciones:

1.- La primera el día 22 de junio de 2017 mediante la cual solicitó “.la impugnación y/o la anulación de la Subasta electrónica Inversa referida y a convocar una nueva; donde esta tenga una capacidad hotelera de 80 pasajeros para que la competencia sea justa y sana dentro del Valle de Traslasierra.Puesto que su solicitud en el concurso de referencia requiere una capacidad hotelera de 150 pasajeros, es aquí, en este punto en donde expresamos con firmeza que la competencia queda trunca habida cuenta de que existe un solo hotel en la zona con esta característica.

Si fuere imprescindible un hotel de la capacidad mencionada en el párrafo anterior, para lograr la leal competencia, sugerimos se tome en cuenta otra zona geográfica dentro de la provincia de Córdoba.” (fols. 69/80).

2.- La segunda impugnación fue presentada por el amparista el día 23/06/2017, Control Interno 35254403682817, replicando en términos idénticos la del día anterior (fols. 20/21).

3.- Finalmente, el día 27/06/2017 el amparista impugnó el acta de prelación de fecha 23/06/2017 de la subasta electrónica N° 217/000006, Expediente 0124-190498/2017 publicada en Compras Públicas desde el 23/06/2017 a las 13 hs.

El aspecto central de la impugnación se asienta en la afirmación consistente en que “Existe un único hotel ubicado en Villa Cura Brochero o localidades aledañas, que cumple con el requerimiento de capacidad (150 pasajeros), que es el Hotel Residencia Serrana de Mina Clavero.” (fol. 25).

El impugnante expresó que “Tal requerimiento, implica que el procedimiento de contratación aquí cuestionado está direccionado a la contratación con el referido hotel únicamente, impidiendo la posibilidad de competir para que no tengan la posibilidad de hacerlo, y asim ismo impide la posibilidad de compulsar distintas alternativas de precio a todos los oferentes, lo que en definitiva implica un perjuicio para la propia administración ya que al no permitir competir la contratación con otros hoteles se impide lograr un mejor precio que la competencia permitiría.” (fol. 26, énfasis agregado).

E) Es decir que el único motivo determinante de la impugnación de la firma actora es que se exige una condición que solo puede ser satisfecha por un único establecimiento hotelero:Residencia Serrana de Mina Clavero.

F) Sin embargo, en las actuaciones administrativas, la Caja de Jubilaciones ha demostrado que el Hotel Agustín Tosco y la Colonia Gral. San Martín de Mina Clavero, ambos del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, pueden albergar a 150 personas y cualquiera fuera el trato que se quisiera hacer con el hotel se debe tramitar en Deán Funes N° 672, Córdoba (cfr. fol. 80 mail del 07/07/2017, respuesta al mail requerido por la Caja de Jubilaciones con fecha 03/07/2017, fol. 79).

G) En el marco de las “Condiciones de Contratación – Generales y Particulares”, el art. 6 titulado “Aclaratorias” dispone: “Lugar de consulta: Los interesados que posean dudas y/o quiera realizar consultas, podrán evacuarlas a través del portal web oficial de compras y contrataciones “ComprasPúblicas”, ingresando a la página web que se detalla a continuación: compraspublicas.cba.gov.ar, con su usuario y contraseña. Luego deberán dirigirse a la acción “Preguntas y Respuestas” de la Sección “Mis Invitaciones” respecto del procedimiento de subasta electrónica inversa en el cual se está participando. Las mismas serán respondidas y viable para todos aquellos oferentes que se encuentren registrados en ComprasPúblicas.

Fecha y horario de consulta: 22/06/2017 08:00 Hs.” (cfr. fol. 7, énfasis agregado).

H) Por su parte, el art. 24 ib. establece “Plazo para impugnar: 2 días” y el art. 25 sobre “Observaciones” preceptúa: “Cualquier oferente podrá formular impugnación fundada al acta de prelación dentro del plazo establecido en el artículo anterior, a partir de su publicación en el portal WEB oficial de compras y contrataciones (compraspublicas.cba.gov.ar); debiendo para ello consignar un depósito del uno por ciento (1%) de la oferta impugnada en la cuenta corriente 542/5 del Banco de la Provincia de Córdoba Sucursal 900, a nombre de CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA” (cfr. fol.9).

I) Que de la confrontación de las circunstancias relacionadas y la normativa aplicable, infiero que la firma amparista no solicitó aclaratorias en el período abierto para ese fin (art. 6: 22/06/2017 08:00 Hs.), sino que directamente impugnó las condiciones de contratación sin presentar cotización.

Asimismo, impugnó el Acta de Prelación sobre los mismos motivos expuestos en sus presentaciones de los días 22 y 23 de junio.

J) El sistema de contratación al que el amparista se ha sometido, le dio la posibilidad de solicitar aclaratorias, lo que no hizo, y el motivo de su impugnación basado en una alegada contratación dirigida a favor de un único establecimiento hotelero, ha sido desestimada por la Caja de Jubilaciones mediante la informativa requerida por mail al Hotel Agustín Tosco y a la Colonia San Martín de Mina Clavero, que da cuenta de la capacidad hotelera de esos dos (2) establecimientos hoteleros, lo que prima facie abre al menos en esta fase cautelar, una situación de duda razonable sobre el sustento real de la afirmación del amparista en el sentido que sólo Residencia Serrana podía cumplir la condición impugnada, la cual exige la sustanciación del debido proceso judicial del amparo para dilucidarla.

V) Que en mi personal comprensión del asunto, y en el juicio de ponderación entre el interés público comprometido en la consecución del fin social en que consiste el objeto de la prestación de los servicios subastados, con un cronograma de ejecución que ya es materialmente imposible cumplir en sus previsiones originales, cuyo inicio estaba previsto para la primera quincena de agosto 2017 (cfr. fol.7), y el interés particular de la firma Pedrazza Viajes y Turismo S.A., me persuaden sobre la necesidad de diferir la decisión planteada a la sentencia definitiva, dando prevalencia al interés público de la contratación por sobre el interés particular que se pretende tutelar mediante el despacho cautelar.

Téngase presente que la firma actora ha reconocido que no presentó ofertas en el período de los lances habilitados, no cotizó, y su agravio se circunscribe exclusivamente en que la condición impugnada no le permitió participar, lo que es claramente incompatible con los principios de libre concurrencia y transparencia.

Si la Caja ha probado que en Mina Clavero existían otros dos (2) establecimientos hoteleros en condiciones de albergar a un contingente de 150 pasajeros, además del propuesto por el oferente que resultó ganador de la subasta electrónica, esto es la firma Glaswow S.R.L., y que en el procedimiento de subasta electrónica participaron dos (2) oferentes que pujaron por la contratación -Glasgow S.R.L. y Vía Bariloche S.A.-, el único motivo de impugnación sostenido por la amparista, procede dilucidarlo en la sentencia definitiva, y no anticiparlo a la instancia cautelar.

VI) Que es propio de las subastas electrónicas la exigüidad de los plazos, por eso, la presentación de las cotizaciones a los diferentes lances es una condición jurídica para consolidar el interés jurídico en el participante inadmitido o excluido.

El interés jurídico que justifica la tutela cautelar debe necesariamente ser un interés cualificado por su ligazón al objeto de la impugnación.En consecuencia, ha de orientarse ordinariamente a la revisión de su exclusión o su inadmisión, no siendo suficiente a los efectos de la legitimación del licitador por subasta electrónica -que no cotizó ni presentó oferta en los distintos lances-, el solo interés simple y general de la eventual restauración de la legalidad supuestamente vulnerada.

El atento repaso de la normativa precedentemente transcripta, en esta fase meramente provisional de análisis de viabilidad de la pretensión cautelar, me permite inferir que la firma actora no ha alegado y menos aún acreditado de qué modo la pretendida existencia de un único establecimiento hotelero le impedía cotizar una oferta en los diferentes lances y, eventualmente, de ser inadmitida por esa causa, impugnarla al tiempo en que el procedimiento de contratación le brindaba una instancia de impugnación directa contra el acta de prelación (art. 25 de la Condiciones de Contratación, fol. 9 y art. 8.2.2.5.”De la validación de las ofertas” de la Ley 10.155.).

El juicio fáctico acerca de la relación entre la exigencia de albergar 150 pasajeros en un mismo hotel y la pretendida imposibilidad de participar por parte de Pedrazza Viajes y Turismo S.A., supone la valoración de circunstancias fácticas que al coincidir con el objeto de la pretensión principal, deben ser diferidas para la sentencia.

Ello es así, máxime cuando en la fase actual de este proceso constitucional de amparo, el despacho cautelar no puede desatender el referido interés público que informa el objeto mismo de la contratación electrónica.

VII) Que en mérito a las premisas expuestas y las conclusiones arribadas a través de su desarrollo, se desestima la pretensión cautelar, sin imposición de costas atento el estadio de sustanciación del proceso.

Por ello, normas legales citadas SE RESUELVE:

I.- Hacer lugar a la medida cautelar peticionada ordenando a la demandada suspenda el procedimiento de subasta electrónica inversa para la “Adquisición de 1500 paquetes turísticos de 3 días y 2 noches (Espacio Illia)”, hasta tanto recaiga resolución definitiva en la presente causa.

II.- Líbrese oficio al Sr. Presidente de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, a fin de que de cumplimiento inmediato a lo decidido.

III.- No imponer costas al no haber mediado sustanciación de la cautelar y diferir la regulación de honorarios de la compareciente, para cuando se determine la base económica (arts. 1 y 26, Ley 9459).

Protocolizar, dar copia y hacer saber.