La conducta de explotación sexual no se vuelve atípica aun cuando haya habido un eventual consentimiento de la víctima

Partes: L. P. H. J. s/ recurso de casación

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 28-dic-2017

Cita: MJ-JU-M-108826-AR | MJJ108826 | MJJ108826

El eventual consentimiento de la víctima del delito de explotación sexual agravada por el abuso de una situación de vulnerabilidad no vuelve atípica la conducta.

Sumario:

1.-Es procedente confirmar la condena del imputado por el delito de explotación sexual agravada por el abuso de una situación de vulnerabilidad pues el contexto que rodaba a la víctima y las circunstancias socio-económicas en las que se encontraba, atravesadas por una labilidad laboral y residencial, falta de ayuda externa, desconocimiento del medio, calidad de migrante, precariedad económica, sin capacitación laboral e insuficiente grado de instrucción, carencia de asistencia social y médica, demuestran la situación de desarraigo y resignación que hacían propensa la explotación, a lo cual debe agregarse que la voluntad en las víctimas de trata o explotación se encuentra condicionada por su vulnerabilidad y su eventual consentimiento no vuelve atípica la conducta.

2.-En los delitos de trata de personas el consentimiento de las víctimas carece de eficacia alguna (art. 1 , Ley 26.842), pues se encuentra implícito en la naturaleza del bien jurídico tutelado (libertad) que no es posible otorgar consenso para ser considerado un objeto o una cosa y formar parte del mercado de bienes y servicios.

3.-La valoración de los testimonios de las presuntas víctimas cuyas denuncias no integraron la base fáctica del reproche formulado al imputado por el delito de explotación sexual agravada por el abuso de una situación de vulnerabilidad no está prohibida en la medida en que el hecho de que no se haya efectuado un reproche por los hechos que habrían tenido como damnificada a otras mujeres, no puede inhibir per se su valoración probatoria, ni la confrontación con el resto de la prueba; máxime cuando estas declaraciones han sido incorporadas al proceso mediante el mecanismo previsto legalmente y no revisten carácter dirimente, a los fines de acreditar la intervención de su asistido en los hechos.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente y los doctores Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani como Vocales, asistidos por el Secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 78/89 de la presente causa FLP 7745/2014/TO1/7/CFC4 del registro de esta Sala, caratulada: “L. P. H. J. s/ recurso de casación”; de la que RESULTA:

I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de La Plata, provincia de Buenos Aires, en la causa FLP 7745/2014/TO1/7 de su registro, mediante sentencia dictada con fecha 15 de junio de 2017, cuyos fundamentos fueron dados a conocer el día 30 de junio del mismo año, resolvió -en lo que aquí interesa-: “I.

CONDENANDO a L. P. H. J., de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la pena de SEIS (6) AÑOS y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS, por ser autor del delito de explotación sexual agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad, reiterado en dos oportunidades -en perjuicio de X y de X-, autor del delito de abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal, reiterado en dos oportunidades -en perjuicio de X y de X- y por ser autor del delito de tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal, los que concurren materialmente entre sí (arts. 12, 29, inc. 3º, 40, 41, 55, 127, inc. 1º, 119 tercer párrafo y 189 bis, inciso 2º, segundo párrafo, todos del Código Penal)” (cfr. fs. 50/51 y fs. 53/75).

II. Contra dicha decisión, la defensora particular de L. P. H. J., doctora Ana María Canal, interpuso a fs. 78/89 recurso de casación, el que fue concedido a fs. 90/91 y mantenido en esta instancia a fs. 107.

III.La recurrente encauzó su recurso por vía de lo dispuesto en ambos incisos del art. 456 del C.P.P.N.

Luego de relatar los antecedentes del caso y el trámite que tuvieron las presentes actuaciones, manifestó que la decisión recurrida presenta vicios de fundamentación, que la tornan arbitraria en los términos del art. 18 de la C.N. y los arts. 123 y 404, inc. 2º del C.P.P.N., en la medida en que se arribó a una sentencia condenatoria sin pruebas que acrediten la intervención del imputado en los hechos investigados.

En primer término, reclamó la nulidad del inicio de las actuaciones por violación al principio “ne procedat iudex ex officio” por ausencia del requerimiento de instrucción fiscal (cfr. arts. 167, 180, 188 y 195 del C.P.P.N.).

Sostuvo, en este sentido, que ante la noticia de un evento criminoso, es deber de la fiscalía con invocación de los aspectos requeridos por el art. 180 del C.P.P.N., instar la acción penal.

Dijo que “.surge incontrastable que los jueces no pueden iniciar un proceso penal de oficio, puesto que es imprescindible y necesario, la previa excitación de un órgano ajeno a los juzgadores, misión que por mandato supremo (art. 120 CN), solamente le compete al Ministerio Público Fiscal.” (cfr. fs.82 vta.).

Por otro lado, consideró que no se encontraba debidamente probada con la certeza requerida para el dictado de una condena la intervención de su defendido en el hecho calificado como explotación sexual agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad.

Sobre este aspecto, dijo que no se encontraba acreditado ningún ilícito, por lo que no puede existir atribución de responsabilidad, pues “el relato que dio génesis a este particular especial entuerto jurídico pudo en su pertinente etapa procesal generar una imputación, lo reconozco de “graves tipos penales” donde inclusive pudo generar “un indicio” pero de ninguna manera a través de toda la investigación se logró una concurrencia de ellos, que de manera grave, precisa y concordante, [permitiera] arribar a una objetiva presunción de que en verdad se había y se estaba cometiendo una serie de varios delitos y que precisamente esos concursos de ilícitos estaban siendo cometidos por mi asistido” (sic) (cfr. fs. 84 vta.).

Además, cuestionó el testimonio prestado por X en la audiencia de debate por videoconferencia con la República Oriental del Uruguay en la sede del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de primer turno, alegando que en la declaración se evidenciaron todas las falsas imputaciones hechas en contra de mi asistido, además de las fallas en la señal del video y las imágenes poco visibles.

Indicó que, a pesar de lo expuesto precedentemente, durante la videoconferencia fue posible visualizar los movimientos de cabeza de la testigo, que consultaba lo que debía decir.

Con estas consideraciones, expuso que existían pautas claras que no dejan duda respecto del testimonio falaz de la presunta víctima.

Detalló las pruebas que sostienen la veracidad de los dichos de su asistido, que fueron aportadas en la causa, entre las que se mencionó las declaraciones hechas ante escribano público y las copias de las denuncias judiciales.A ello, agregó que no tenía interés alguno en la presente causa y que fue la venganza la que dio origen a la misma.

En tercer término, se agravió de la errónea apreciación de la prueba respecto del delito de abuso sexual considerando que en la sentencia recurrida no se determinó tiempo, lugar y modo en el que habrían sucedido los hechos de abuso.

Agregó que el único testimonio con el que se contó para tener por acreditada la comisión del delito fue el testimonio de la víctima. No existió evidencia física médica, ni psicológica que corroborara su relato y que “su asistido cuya moral aquí no se juzga ha contratado sus servicios sexuales con el pago de los mismos”.

Dijo que el relato de la víctima no resultaba creíble.

Negó la situación de vulnerabilidad económica de las víctimas tenida por acreditada en la sentencia, alegando que ellas viajaban a Uruguay cada dos semanas, alquilaban una casa con una hija, se compraban ropa y giraban dinero a Uruguay, que una de ellas se compró un auto, que salían a los boliches, tenían sus documentos y podían deambular por donde quisieran.

En otro orden de ideas, manifestó que el a quo tuvo por probada la connivencia con la policía, a pesar de la ausencia de prueba que corroborara dicho extremo, máxime cuando nunca fueron investigadas las denuncias realizadas por su defendido en la indagatoria en la que manifestó haber sufrido amenazas y extorsiones por parte de los policías de la Comisaría de Luis Guillón Nro.2; lugar en el que trabajaban miembros que fueron apartados por sus vínculos con la trata de personas.

Agregó que las pruebas aportadas a la causa convalidan las manifestaciones efectuadas por su defendido durante su descargo.

Por último, se agravió respecto de la condena recaída por la tenencia del arma, alegando que la misma no fue hallada en poder de su asistido.

Dijo que no hay ningún elemento incriminante en tanto el testigo presencial del hallazgo del arma no se encontraba en condiciones de decir quién era el portador de la misma, ya que el policía se la mostró tirada en el patio.

En conclusión, la defensa solicitó que se case la decisión recurrida y se absuelva a su asistido por los vicios de fondo y de forma contenidos en el pronunciamiento condenatorio.

Hizo reserva del caso federal.

IV. Que en la oportunidad prevista en los arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del C.P.P.N., se presentó a fs. 109/113 vta. el señor Fiscal General ante esta instancia, doctor Javier A. De Luca.

En primer lugar, analizó el recurso de casación interpuesto por la defensa.

Sostuvo que el Tribunal había valorado en forma correcta la prueba y que la defensa partía de un análisis parcial de los elementos probatorios, lo que conducía a conclusiones erróneas.

En base a ello, solicitó el rechazo del recurso de casación interpuesto por la defensa de L. P. H. J.

V. Superada la etapa prevista en la oportunidad prevista en el artículo 465, último párrafo y en el artículo 468 del C.P.P.N., de lo que se dejó constancia a fs. 119, oportunidad en la que la defensa particular de L. P. H. J. presentó breves notas, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M.

Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I.El recurso de casación interpuesto por la defensa particular de L. P. H. J. resulta formalmente admisible a tenor de lo normado por los arts. 438, 456, 457, 459 y 463 del C.P.P.N.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -art. 14.5- y la Convención Americana sobre Derechos Humanos -art. 8.2.- exigen el derecho al imputado a someter el fallo condenatorio a un Tribunal Superior con una revisión amplia y eficaz.

En este sentido, debe recordarse el alcance amplio de esa capacidad revisoría en materia de casación que, con sustento en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, se estableció en fallo “López, Fernando Daniel s/recurso de queja” (causa nro. 4807, Reg. Nro.

6134.4, rta. el día 15/10/04) y en el voto del suscripto en la causa nro. 4428 caratulada “Lesta, Luis Emilio y otro s/recurso de casación” (Reg. Nro. 6049.4, rta. el 22/09/04).

Es que los compromisos internacionales asumidos por la Nación impiden que mediante formulaciones teóricas se niegue el tratamiento del planteo del recurrente en segunda instancia.

Es así que, aun cuando se trate de enunciados o razonamientos relativos a cuestiones de índole fáctica, la suficiencia del apoyo que las premisas – explícitas o implícitas- presten a la conclusión o la propia fuerza de convicción que surge de las actas incorporadas al expediente, entre otras cuestiones de objeto de agravio, deben ser controladas en su relación deductiva o inductiva desde las clásicas herramientas de la lógica, asegurando, de esta manera, la misión que a esta Cámara Federal de Casación Pena l le compete; esto es:garantizar la efectiva vigencia de un doble juicio concordante en caso de condena.

Esta interpretación amplia ha sido considerada y sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la única compatible con los derechos y garantías invocadas por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la aplicación que de éstos han efectuado los diversos Organismos y Tribunales competentes (C.S.J.N.: c. 1757 XL. Recurso de hecho, Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa -causa Nº 168-).

Sentado ello, corresponde, entonces, ingresar en el análisis de las diversas críticas efectuadas por el recurrente en la impugnación deducida.

II. 1. Agravio relativo a la nulidad del inicio de las actuaciones, por falta de impulso fiscal.

La defensa cuestiona la génesis que tuvieron las presentes actuaciones, alegando la violación de la garantía del juez imparcial y el principio “ne procedat iudex et oficio” y “nemo iudex sine actore”, por ausencia de requerimiento de instrucción.

Al respecto, cabe recordar que la presente causa tuvo inicio el día 5 de marzo de 2014 por medio de la denuncia formulada ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9 de Lomas de Zamora, por X, quien refirió las circunstancias en las que arribó desde Uruguay al país; la situación de explotación económica de la prostitución a la que era sometida por parte de L. P. H. J., las amenazas sufridas en este contexto de vulnerabilidad y el deseo de regresar a su país de origen.

La denuncia fue ratificada por la declaración testimonial prestada en esa misma sede, por la nombrada, a la que se sumaron otras mujeres que, según relataron, se encontraban en idéntica situación que X: X y X.

En dicho contexto, se otorgó intervención al juez, quien ordenó la realización de distintas medidas investigativas con el fin de establecer la eventual conexión entre los denunciados L. P. H.J., Carlos Perdomo, Leticia Perdomo y Mauricio Ramón Rodríguez Martínez y la posible comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

Además y conforme se desprende de fs. 88/89, el Fiscal interviniente efectuó, con fecha 25 de marzo de 2014, el requerimiento de instrucción -cuya ausencia alega la defensa- cumpliendo de este modo de manera completa con todos los requisitos establecidos en el art. 188 del C.P.P.N. Allí se precisó el contenido de la denuncia que dio inicio a la causa y se solicitaron, de manera urgente, medidas de prevención y de investigación.

Estas consideraciones resultan suficientes para rechazar el agravio de la defensa en tanto aquél no encuentra sustento en las constancias de la causa en la medida en que, como se aclaró, la investigación de los hechos aquí juzgados no se inició de oficio, sino que reconoce su génesis en la denuncia presentada por una de las víctimas de los hechos investigados, quien relató la situación de explotación sexual a la que había sido sometida por parte de L. P. H. J.

Además y en lo que hace al concreto agravio de la recurrente, cabe precisar que conforme se desprende de fs. 87 el Fiscal Federal, impulsó la acción, mediante la formulación del requerimiento de instrucción cuya ausencia alega la defensa; sin que se advierta la vulneración del mencionado principio “ne procedat iudex ex officio” ni la garantía constitucional de la imparcialidad de los jueces.

En este escenario, corresponde rechazar la nulidad propiciada por la defensa.

2. Agravio relativo a la valoración probatoria del delito de explotación sexual agravado por encontrarse la víctima en una situación de vulnerabilidad (art. 127 del C.P.).

El tribunal, luego del debate oral y público, tuvo por debidamente acreditados los hechos conforme surgían del requerimiento de elevación a juicio y de los alegatos expuestos por el Fiscal (cfr. acta de fs. 38/40 y fs. 41/48).

De tal forma, quedó debidamente probado que “.L.P. H. J., aprovechándose de la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encontraba X en su país, Uruguay, la explotó económicamente en el ejercicio de la prostitución. La explotación consistió en facilitarle el ejercicio de la prostitución en la Rotonda de Llavallol, Camino de Cintura de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. En esa zona X, debía permanecer, aproximadamente, desde las 11:00 hasta las 19:00 atrayendo clientes entre los automovilistas que circulaban por allí y mantener relaciones en los vehículos o en los hoteles ‘El Colonial’ o ‘La Cabaña’, ambos sitos en las inmediaciones de aquél lugar” (cfr. fs. 54 vta./55).

En idéntico sentido, el a quo tuvo por cierto que X debía entregarle un porcentaje de lo recaudado a L. P. H. J., quién pasaba por la parada a recoger el dinero recaudado por las chicas que se encontraba allí; y que la suma que debía ser entregada, se acrecentó hasta cubrir la mitad de las ganancias obtenidas, destinadas parte de ellas, a la policía.

Además, se logró determinar que X viajó a la Argentina en el año 2012, en micro y con un boleto que compró su amiga con el dinero de L. P. H. J. Este fue a buscarla a la estación de ómnibus de Retiro, y la trasladó hasta su domicilio sito en calle Marcos Sastre N° 293 de Llavallol, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, donde estuvo hasta marzo de 2014 y que durante su estadía en el país “.X compartía una de las dos habitaciones de la casa con otras chicas, que se encontraban en su misma situación, algunas de las cuales eran familiares suyas (X y X)” (cfr. fs. 55).

En este contexto descripto, el a quo tuvo por cierto que el imputado se aprovechó de la carencia y necesidad apremiante padecida por X, considerando acreditada una situación de vulnerabilidad, de índole económica:la falta de un empleo estable, la crianza de su hija menor afrontada de manera individual sin la colaboración de su progenitor y los envíos esporádicos de dinero al Uruguay para colaborar con sus familiares.

Además, el Tribunal consideró probado que X decidió dejar de trabajar para L. P. H. J., se mudó a la morada en la que vivía X, donde estuvo aproximadamente un mes y ante los reclamos, molestias y amenazas proferidas por el imputado, efectúo una denuncia en su contra. Luego de ello permaneció trabajando por su cuenta en la parada de la Rotonda, a escondidas del imputado, en todo el Camino de Cintura, con la intención de recaudar la cantidad de dinero suficiente para pagar un pasaje que le permitiera volver a la República Oriental del Uruguay.

Por otro lado y con relación a los hechos que tuvieron como damnificada a X, el Tribunal tuvo por demostrado que L. P. H. J., aprovechándose de una situación de extrema vulnerabilidad en la que se encontraba la damnificada, la explotó económicamente en el ejercicio de la prostitución.

La explotación concebida consistía en facilitar a la nombrada el ejercicio de la prostitución en la Rotonda de Llavallol, Camino de Cintura de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires.

En esa zona debía permanecer atrayendo clientes entre los automovilistas que circulaban por allí; efectuando los denominados “pases” en los respectivos vehículos o en los hoteles “El Colonial” o “La Cabaña”, ambos sitos en las inmediaciones de aquel lugar.

En este sentido, tuvo por acreditado que X emigró desde Uruguay, con la intención de trabajar para L. P. H. J., en el mes de abril de 2013, residiendo durante los tres o cinco primeros meses en el domicilio de Marcos Sastre N° 293 de Llavallol, morada que el nombrado habitaba junto a su mujer Leticia Perdomo y su hijo y que arribó a la Argentina, por intermedio de X, y otra de sus primas, X, mediante pasajes que le envió L. P. H. J.Viajó con su hermana en busca de mejores condiciones económicas que las que tenía en su país de origen, donde se encontraba desempleada, después de varios trabajos informales, habiendo cursado sólo hasta el tercer año de la secundaria, ocupándose, exclusivamente, de la manutención de sus hijos menores, atravesando, incluso con el progenitor de ellos, situaciones de violencia de género.

Además, consideró probado que X, como otras tantas chicas, para poder trabajar, en la zona del Camino de Cintura, debían pagar al imputado, la suma de seiscientos pesos ($600) por día. La mayoría de las veces, L. P. H. J. las llevaba y traía de la Rotonda de Llavallol, moviéndose en algunas oportunidades por su cuenta, utilizando autos de remises, garantizándoles su permanencia en el lugar, mediante los tratos que efectuaba con el personal policial.

Así, tuvo por acreditado que, con posterioridad, X se mudó de la casa de L. P. H. J. a un departamento de la calle Seguí, el que habitaba con sus dos hijos, a los cuales cuidaba una niñera de apellido “Lobos”, trasladándose luego a otra casa más grande, de la cual más tarde se estableció, correspondiendo al domicilio sito en la calle Dean Funes N° 810 de la localidad de Llavallol.

Para arribar a la decisión cuestionada, el Tribunal valoró, en primer término, el modo de inicio de la causa, resaltando la denuncia efectuada por X, que relató y expuso la situación de explotación económica del ejercicio de la prostitución en la que se encontraba.

En dicha oportunidad, la damnificada manifestó que se había ido a vivir a la casa de una amiga “X” y que el imputado la hostigaba y dificultaba sus tareas y que “.cuando hizo la denuncia al señor L. P. H.J., es porque no la dejaba en paz, no la dejaba ir, la llevó al hotel ese día y la amenazó con el arma para que tengan relaciones, y ese día ella agarró el dinero y se fue; su hermana X todavía vivía acá (la casa de L. P. H. J.), estaba con ella (la declarante), ella (su hermana) no viajó a Uruguay”.

Ello resultó corroborado por el testimonio de X brindado durante la audiencia de debate mediante el sistema de videoconferencia con la República Oriental del Uruguay, en la sede del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de Primer Turno, a cargo del Dr. Diego Marcel Prieto, oportunidad en la que relató los motivos de su denuncia, el deseo de volver a su país de origen y la situación económica que atravesaba al tiempo en que sucedieron los hechos, caracterizada por carencias de esa índole. También, explicó las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en la que ejercía la prostitución y la plata que debía otorgarle al imputado.

En idéntico sentido, se tuvo en consideración el testimonio de X, damnificada, quien declaró que fue sometida al ejercicio de la prostitución por parte del imputado, hasta el día en el que fue detenido, brindado detalles y datos pormenorizado de la vida del imputado, la relación que mantenía con el mismo y el modo en el que arribó al país.

En este sentido, los magistrados intervinientes tuvieron por probado, mediante los testimonios de X y X que el imputado L. P. H. J. fue quien les envío o les pagó los pasajes para que se trasladaran desde su país Uruguay hasta Buenos Aires, Argentina.También se consideró que el imputado, luego de recogerlas por Retiro, las llevó a su domicilio, donde se alojaron los primeros meses.

El Tribunal resaltó los signos de explotación económica y vulnerabilidad vislumbrados durante las declaraciones referidas.

Todos estos elementos probatorios reseñados anteriormente, valorados por el a quo de acuerdo a las reglas de la lógica y la sana crítica racional permitieron tener por acreditada la explotación sexual que ejercía L. P. H. J. respecto de las víctimas. Especialmente, si se consideran los testimonios de X y de X, en cuanto relataron que arribaron desde Uruguay al país en búsqueda de mejores condiciones económicas, que ejercían la prostitución en la Ruta 4 y que el rédito económico de dicha explotación lo percibía el imputado; lo que fue corroborado por el testimonio del Sargento Primero Jorge Daniel Langelotti que efectuó las tareas investigativas en la Ruta 4, observando allí mujeres de nacionalidad uruguaya, que se dirigían al domicilio en la calle Marcos Sastre, y luego de unos minutos, se retiraban y que vivían junto con otras mujeres, en la calle Dean Funes, la recurrente presencia de mujeres a la casa del imputado que descartan que fuera un mero consumidor y permiten corroborar su intervención en el hecho juzgado.

Concretamente, X destacó que L. P. H. J. le cobraba 600,00 pesos por día por trabajar en la calle de prostituta, y que “las llevaba hasta el lugar y las iba a buscar, también podrían ir solas”.

Además, resaltó el Tribunal que las víctimas efectuaron un relato concreto a partir del cual fue posible determinar el modo en el que L. P. H. J.participaba de las ganancias.

También, fue posible determinar, a partir de las declaraciones de las damnificadas, que el imputado manipulaba el arma de fuego que fue hallada con posterioridad en su domicilio, incluso en situaciones en las que eran abusadas por él sexualmente.

El testimonio de las víctimas fue corroborado de manera autónoma por otros elementos probatorios tales como las declaraciones de los policías de la División de Trata de Personas que llevaron a cabo los allanamientos y las tareas de investigación que dieron cuenta de la presencia de varias mujeres en la Rotonda de Llavallol, ejerciendo la prostitución, quienes luego, se dirigían al domicilio del imputado.

Consideró el a quo el resultado de los dos allanamientos efectuados en el domicilio de L. P. H. J., que habitaba junto con su pareja, Leticia Pedromo, en la calle Marcos Sastre Nº 293 de Llavallol, provincia de Buenos Aires, protocolizado a fs. 258/259, donde se encontraron y secuestraron varios elementos tales como teléfonos celulares, una computadora, anotadores y un arma.

Se ponderó el resultado del allanamiento de la calle Dean Funes Nº 810 (cfr. fs. 242/243), oportunidad en la que se encontró viendo a X, junto con sus dos hijos menores de edad.

En este sentido, se evaluó correctamente el testimonio de X, de la División de Trata de Personas, quien relató que para la época de los hechos se efectuaron tareas de investigación sobre la Ruta 4, y el camino de Cintura, a escasos metros de la Rotonda de Llavallol y respecto del imputado, pudiendo, en ese entonces, constatar la presencia de cuatro o cinco mujeres, de nacionalidad uruguaya, las cuales, se dirigían al domicilio en Marcos Sastre, donde permanecían escaso tiempo y luego se dirigían a un domicilio ubicado en la calle “Dean Funes”, en el que vivían chicas que también ejercían la prostitución en los vehículos de los clientes, o en hoteles cercanos.

También se consideraron los testimonios de los policías que intervinieron en los allanamientos dispuestos en el domicilio de la calle Marcos Sastre Nro.293, de Llavallol, provincia de Buenos Aires, en los que se secuestraron varios elementos, entre ellos, teléfonos celulares, una computadora, anotadores, un arma y se detuvo al imputado.

Además, el Tribunal descartó la credibilidad de las manifestaciones efectuadas por el imputado que había alegado encuentros sexuales con las víctimas, ponderando que los datos aportados por X respecto de la vida familiar y privada de L. P. H. J., “no son asequibles a través de una relación superficial y distante como la que puede mantener un individuo con una persona que ejerce la prostitución en la vía pública. Antes al contrario, el conocimiento que X poseía sobre la vida de L. P. H. J. robustece su credibilidad pues confirma que ha tenido un trato de gran intimidad que le permitió acceder a su domicilio, e incluso, permanecer con él” (cfr. fs. 60).

A ello, agregó que la circunstancia de que una de las víctimas X y su pequeña hija hayan estado albergadas en la casa de L. P. H. J. no puede asumirse como una conducta delictiva, más ello no impide que la permanencia en el domicilio de la persona explotada sea tenida en consideración como una circunstancia que demuestre la mendacidad del enjuiciado en cuanto pretendió un trato distante y promiscuo.

En base a los argumentos expuestos, los magistrados intervinientes negaron la hipótesis ensayada por la defensa que sostuvo que L. P. H. J. tenía un vínculo fugaz y ocasional con las actividades sexuales desarrolladas por las imputadas y otorgaron total credibilidad a los testimonios de las víctimas, resaltando la coherencia interna y externa.Se ponderó también el relato de las demás víctimas que resultó consistente y concordante entre sí en cuanto a las circunstancias que refieren al modo y el lugar en el que ejercían la prostitución y el rol del imputado en los hechos investigados.

A partir de la valoración de todos los elementos probatorios obrantes en la causa, entre los que se resaltó el relato conciso, detallado y creíble de las víctimas del delito, el a quo consideró correctamente que “las especificaciones del entorno del acusado, de su domicilio, de sus hábitos, y relaciones que relató la testigo, demuestran un conocimiento acabado de la vida del proceso que se condice con la vinculación que ella afirmó mantener con él y, paralelamente, indica que lo que él sostuvo no ha sido veraz. Ha sido una patraña pergeñada con el propósito de soslayar su responsabilidad de los hechos” (cfr. fs. 60).

Dichos testimonios, además, resultan concordantes con las declaraciones prestadas por otras presuntas víctimas de hechos que no han sido llevados a juicio, en las que refirieron que mantenían respecto de L. P. H. J. la misma relación de explotación respecto de las víctimas de los hechos que aquí se juzgan.

En este punto, cabe referir que la circunstancia alegada por la defensa respecto de la prohibición de valoración de los testimonios de las presuntas víctimas cuyas denuncias no integraron la base fáctica del reproche formulado a L. P. H.J., no puede prosperar en la medida en que el hecho de que no se haya efectuado un reproche por los hechos que habrían tenido como damnificada a otras mujeres, no puede inhibir per se su valoración probatoria, ni la confrontación con el resto de la prueba; máxime cuando estas declaraciones han sido incorporadas al proceso mediante el mecanismo previsto legalmente, y no revisten carácter dirimente, a los fines de acreditar la intervención de su asistido en los hecho.

Debe considerarse, en igual sentido, la declaración de la licenciada en psicología X, integrante del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, quien asistió a X y brindó detalles sobre la relación de explotación de la cual formaba parte y de las continuas vejaciones a las cuales era sometida.

Con respecto al mecanismo instrumentado por el tribunal por medio de videoconferencia para recibirle declaración testimonial a X (cfr. copia certificada del acta de debate, obrante a fs. 25) fue respetuoso del derecho de las víctimas así como de las garantías del imputado, sin que se observe una transgresión al derecho de defensa, en tanto contó con la oportunidad procesal efectiva para controlar la prueba de cargo.

La defensa no precisó de manera concreta ni explicó en base a qué razones considera que el testimonio recibido en la audiencia de debate por medio de videoconferencia resulta falaz. En efecto, tal como expusiera el señor Fiscal durante la presentación efectuada en el término de oficina (arts.465 y 466 del C.P.P.N.), las circunstancias sobre las cuales la defensa funda su planteo no surgen de ninguna constancia de autos, por lo que su planteo resulta inadmisible.

Tampoco detalla sobre qué aspectos de los testimonios de las víctimas afirma su falsedad, ni de qué modo habría influido en la valoración probatoria efectuada por el Tribunal que las víctimas declarara en el juicio de manera personal, en vez de hacerlo por medio de videoconferencia, forma que se instrumentó en el caso, por encontrarse la víctima en la República Oriental del Uruguay para garantizar el derecho de defensa en juicio y derecho de confrontar la prueba de cargo. Por el contario, el a quo ponderó que el relato de la damnificada fue consistente y creíble, no presentó fisuras ni se advirtieron propósitos espurios ni puede atribuirse esa v ersión incriminatoria a razones de animosidad o a mera maledicencia.

También se resaltó el informe efectuado por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que dan cuenta de que las víctimas viajaron desde la República Oriental del Uruguay, donde se encontraban en una situación de socioeconómica desfavorable y precaria, que las forzó a ingresar al circuito de la prostitución, por provenir de grupos familiares numerosos, tener hijos y ser el único sostén del hogar, sin percibir alguna ayuda del Estado.

En base a ello, el Tribunal tuvo acreditada la situación de vulnerabilidad -cuestionada por la defensa- en la que se encontraban las víctimas, considerando que “la situación de la víctima sobre la cual nos ocupamos era de evidente vulnerabilidad.

Recordemos, nuevamente, es una persona de extrema juventud, se encontraba en la República Oriental del Uruguay, de donde es oriunda, con escaso nivel de instrucción, desempleada, madre de una menor a quien a su cargo de forma exclusiva, dado que su progenitor no se ocupaba de su manutención” (cfr. fs.58 vta.).

Se consideró la lejanía de su familia y de sus amigos que vivían en Uruguay y la falta de asistencia psicológica y contención social. La víctima en esta situación de explotación dependía exclusivamente para todo lo que necesitara de su explotador, así como la continuidad y permanencia de la relación que mantenía con él aparecía como la única alternativa para subsistir, no sólo por ella sino también para el cuidado de su hija que tenía a su cargo.

En idéntico sentido, resaltó el a quo las amenazas de deportación o pérdida de su lugar de trabajo que eran proferidas por L. P. H. J. a la víctima.

Cabe recordar aquí las consideraciones que al respecto expusiera al pronunciarme en las causas “Aguirre López, Raúl M. s/rec. de casación” (causa Nro. 13.780, Reg. Nro. 1447/12, rta. 28/08/2012) y “Palacio, Hugo Ramón s/rec. de casación” (causa Nro.

12.479, Reg. Nro. 2149/12, rta. 13/11/2012). Allí recordé que en las “Reglas de Brasilia sobre el acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad” (Cumbre Judicial Iberoamericana de Brasilia, marzo de 2008), a las que adhirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada Nro. 5/2009), se estableció que “se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico [.] Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad.La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico” (Capítulo 1, sección segunda).

Asimismo, he dicho que la situación de vulnerabilidad hace referencia a una situación en la que la persona es más propensa a brindar su conformidad para ser explotado, y el abuso de esa situación ocurre cuando el autor usa intencionadamente o se aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima para captarla, transportarla, trasladarla, acogerla o recibirla con el fin de explotarla, de modo que la persona crea que someterse a la voluntad del abusador es la única alternativa real o aceptable de que dispone y que resulte razonable que crea eso a la luz de su situación (cfr. “Nota orientativa sobre el concepto de ‘abuso de una situación de vulnerabilidad’ como medio para cometer el delito de trata de personas, expresado en el artículo 3 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, elaborada por la Oficina de las 20 Naciones Unidas contra la Droga y el Delito).

Entonces, en atención a las particularidades propias de las condiciones de vida de las víctimas en el caso de la explotación que ejercía el imputado y la condición de migrante, provenientes de Uruguay, y escasos recursos económicos, como particularidades propias de su nivel socio cultural, no puede prosperar el planteo de la defensa.

Ciertamente, el contexto que rodaba a la víctima y las circunstancias socioeconómicas en las que se encontraban, atravesadas por una labilidad laboral y residencial, falta de ayuda externa, desconocimiento del medio, calidad de migrante, precariedad económica, sin capacitación laboral e insuficiente grado de instrucción, carencia de asistencia social y médica, demuestran la situación de desarraigo y resignación que hacían propensa la explotación.

Los indicadores mencionados se encuentran presentes en el caso, en tantolas denunciantes se encontraban en una situación de inestabilidad laboral y residencial, carecían de capacitación laboral y de suficiente grado de instrucción, así como también no tenían asistencia social ni médica.

Al respecto, incluso, corresponde precisar que la voluntad en las víctimas de trata o explotación se encuentra condicionada por la vulnerabilidad del sujeto pasivo y, por tanto, su eventual consentimiento no vuelve atípica la conducta; lo cual a su vez se ve acrecentada en el caso por el desplazamiento desde el país de origen -Uruguay- a la Argentina, y el aprovechamiento, mediante la explotación sexual y económica, por parte del imputado.

Tampoco corresponde efectuar una discusión acerca de la eficacia del consentimiento en los delitos de trata de personas. Ella ha quedado definitivamente zanjada a partir de la sanción de la ley 26.842, en la cual, en su artículo primero, último párrafo establece que “El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores”.

Ello así porque cuando hay una situación de explotación abusiva por medio de la cual se objetiviza a la persona no puede hablarse de un consentimiento relevante a los fines de excluir la configuración del delito. Es que, se encuentra implícito en la naturaleza del bien jurídico tutelado (libertad) que no es posible otorgar consenso para ser considerado un objeto o una cosa y formar parte del mercado de bienes y servicios. Se trata de la esencia de lo humano, cuya propia explotación no puede ser consentida por el sujeto sin afectación de la condición de persona, de su libertad como bien que le es inherente.

De todo lo expuesto, surge en forma indubitada que la sentencia recurrida, en lo relativo a la ponderación de las pruebas, a la acreditación de la ocurrencia de los hechos juzgados, a la participación que en ellos le cupo a L. P.H. J., a la subsunción legal atribuida, y la completa respuesta a los planteos de la defensa -que en esta instancia reedita sin demostrar los vicios de arbitrariedad denunciados-, se encuentra correctamente fundada y motivada y no presenta fisuras de logicidad en su razonamiento.

Es que las conclusiones a las que se arriba en el fallo constituyen la derivación necesaria y razonada de las constancias de la causa, y la aplicación del derecho vigente al caso concreto, contando con el grado de certeza necesario exigido a todo veredicto de condena, sin que las críticas que formula la defensa logren conmover lo resuelto como acto jurisdiccional válido (arts. 123, 398, 404, inc. 2), del C.P.P.N.).

3. Agravio relativo a la valoración probatoria respecto del delito de abuso sexual, con acceso carnal por el que fue condenado el imputado.

El Tribunal tuvo por acreditado, con el grado de certeza requerida para el dictado de una condena, que L. P. H. J., en una fecha que no ha podido establecerse con precisión, pero comprendida en el lapso que transcurrió entre los meses de febrero y marzo de 2014, entre las 20:00 o 21:00 el nombrado, portando un arma obligó a X a ingresar a un automóvil en la Rotonda de Llavallol.

Concretamente, tuvo por demostrado que el imputado L. P. H. J., la tomó de los pelos, colocó sus brazos hacia atrás, y la trasladó a un hotel, donde no tuvo opción más que soportar las vejaciones a las que fue sometida por el imputado, quien la abusó sexualmente, mediando acceso carnal, aprovechándose de que X no podía consentir libremente la acción a causa de su situación de vulnerabilidad y debido también a que la explotación sexual de la cual era víctima condicionaba aún más su posibilidad de oponerse, toda vez de que de ella provenían los ingresos para su subsistencia y la de su familia.

Asimismo quedó probado que L. P. H.J., en una fecha que no pudo establecerse con exactitud, empero, un día entre octubre y diciembre de 2013, a la medianoche, obligó a X, mediante una discusión cargada de amenazas, a salir del departamento de la calle Seguí y trasladarla a su domicilio, donde la forzó a mantener relaciones sexuales con ella.

Tuvo por acreditado que la nombrada, ya estaba acostada, abandono su hogar el que habitaba junto a sus hijos menores y, haciéndole caso a L. P. H. J., se dirigió contra su voluntad al domicilio del imputado. En ese contexto el imputado, abuso sexualmente con acceso carnal de X, empleando un arma, mediando amenazas, abuso coactivo de una relación de dependencia y aprovechándose de que la nombrada no pudo consentir libremente la acción a causa de su situación de vulnerabilidad y debido también a que la explotación sexual de la cual era víctima condicionaba aún más su posibilidad de oponerse toda vez que de ella provenían los ingresos para su subsistencia y la de su familia.

Se valoró para arribar a dicha conclusión el testimon io de las víctimas, que efectuaron un relato pormenorizado de los acontecimientos sufridos, precisando datos para determinar el modo, lugar y circunstancias en las que se cometieron los hechos denunciados.

Así, X, pese a no recordar el día exacto en el que sucedieron los hechos, relató el período en el que habrían ocurrido, circunscribiéndolo a una noche entre los meses de febrero y marzo de 2014.

Durante la audiencia de debate llevada a cabo por videoconferencia, X relató que el día en el que sufrió el abuso sexual, ella se encontraba en su “parada” en el horario habitual, siendo que alrededor de las 20 o 21 horas, L. P. H. J.la pasó a buscar con su auto por el Camino de Cintura, y una vez que ella intentó descender, el acusador con un arma la tomó de los cabellos, le puso los brazos hacia atrás y la trasladó a un hotel donde la obligó a mantener relaciones sexuales con él.

Para otorgarle credibilidad al testimonio de la víctima, el a quo evaluó las circunstancias y el contexto de intimidad en el que ocurren los delitos de abuso sexual.

En dicha inteligencia, el Tribunal evaluó como creíble y consistente el relato de X, en cuanto refirió el horario y lugar en el que se cometió sosteniendo que “.X no recordó exactamente la fecha de aquél suceso, quedó acreditado que aconteció, en un horario nocturno, después de concluir su actividad, en un hotel de la zona de Llavallol mencionado que fue en horas de la noche, cuando terminó de trabajar en un hotel de Llavarol”.

Además, consideró la amenaza sufrida por ella en relación con la exhibición de un arma que se encontraba en el auto, con el cual la levanto de la parada, donde la forzó, y que una vez que se encontraba en el hotel, ella no pudo negarse, obligándola a intimar con él, contra su voluntad.

Por su parte, X refirió haber sido abusada sexualmente por parte de L. P. H. J., efectuando un pormenorizado relato de lo acontecido en aquel momento, circunscribiendo el suceso a una noche entre los meses de octubre y diciembre de 2013, explicando que “se encontraba en su departamento de la calle Seguí, tarde en la noche, alrededor de las 12.00 y 01:00, L. P. H. J. la obligó a salir de allí y la traslado a su casa donde la obligó a mantener relaciones sexuales con él.Ello mientras, Leticia Perdomo, su pareja no estaba presente en el lugar”.

A ello, aunó las demás declaraciones prestadas por X, X, y X durante la etapa de instrucción, protocolizados en las actas glosadas a fojas 51, 53 y 219 e incorporadas al debate sobre la base de lo dispuesto en el artículo 391 del Código Procesal Penal de la Nación.

Sobre ellos, consideró que “la coincidencia de los relatos de estas tres personas, que a su vez se compadecen con lo que manifestaron X y X proporciona una fuerte corroboración sobre la veracidad de los testimonios de estas, a la par que también contribuyen a desvirtuar la versión exculpatoria que sostuviera el encausado”.

También, valoró el Tribunal que “el imputado en el debate, admitió haber mantenido relaciones sexuales con X e incluso afirmó su preferencia de hacerlo con mujeres oriundas del Uruguay, porque en su mayoría tenían libreta sanitaria lo que evitaría contagios venéreos”.

Descartó que esas relaciones se realizaran en el contexto descripto por el imputado, es decir, como encuentros ocasionales en los cuales él era un cliente más; antes al contrario, existieron sí, pero como una condición espuria que él les imponía a quienes explotaba para mantenerlas en esa situación de la cual dependía su subsistencia.

Ponderó la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas de los sucesos investigados y sostuvo que el imputado mantenía con ellas un régimen de subordinación que, entre otras condiciones, les imponía acceder a sus requerimientos sexuales en un contexto en el que cada uno de esos actos no podía ser libremente consentido debido a la situación de sometimiento que implicaba su condición de explotada sexualmente y su situación de vulnerabilidad.

Cierto es que en los casos donde se investigan hechos constitutivos de delitos contra la integridad sexual, la prueba es de difícil recolección.Así, en virtud del ámbito de intimidad del lugar en donde se imputan como ocurridos los hechos -i.e., el domicilio del imputado o un hotel cercano a la ruta 4, donde las víctimas eran explotadas económicamente en el ejercicio de la prostitución-, adquieren importancia, además de los testimonios de la niña, los estudios psicológicos y psiquiátricos efectuados por los peritos sobre la menor y sobre el imputado (cfr.: Fallos 320:1551 ); además del resto de los elementos de prueba que permitan corroborar o desechar la veracidad de los dichos de cada uno.

La señalada dificultad probatoria ha sido advertida por el Más Alto Tribunal “no sólo por los desarreglos psicológicos que provocan en la víctima, sino también por el transcurso del tiempo hasta que llega la noticia criminis al tribunal”, frente a lo cual, sin embargo, se ha enfatizado que ello “no significa que resulten de imposible investigación, ni que pueda fragmentarse la prueba, quitándole sustento a lo que en conjunto lo tiene” (cfr.: C.S.J.N.: “Vera Rojas, Rolando”, rta. el 15/7/97, en La Ley 5/11/97, pág. 5).

De esta manera, ya de inicio -y especialmente en relación con el tipo de delitos de abuso sexual, que se cometen en la mayoría de los casos fuera de la vista de terceros testigos y sin dejar rastros físicos cuando son cometidos sin violencia- no puede soslayarse la importancia de las pericias psicológicas efectuadas, justamente, sobre los menores, así como toda otra prueba que, como se dijo, conduzca a evaluar la verdad de su relato (cfr. mi voto en la causa nro. 2382: “BARILE, Héctor Claudio s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 41/2001, de la Sala III de esta Cámara, rto. el 20/2/01; y causa Nro. 5899: “RUBIO, Pablo Martín s/ rec. de casación”, Reg. Nro. 5899, rta.el 7/7/06).

La reconstrucción de los hechos de abuso sexual con acceso carnal -tal como fueron denunciados en el presente caso-, efectuada por el tribunal atendió con estricto rigor formal al relato de las víctimas de los hechos denunciados, su consistencia interna y coherencia externa, las condiciones personales del testigo, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que habrían ocurrido los hechos y las condiciones de explotación sexual a la que eran sometidas las víctimas, junto con la situación de vulnerabilidad económica aprovechada por el imputado, todos estos elementos que aportan a la credibilidad y verosimilitud del testimonio, desde una perspectiva de género que atienda a la violencia sufrida por X y X, quienes han sido víctimas de abuso sexual por parte de su explotador.

Incluso, en el contexto en el que refieran ambas al efectuar la denuncia, se habría proferido diversas amenazas, insultos y maltrato físico, con la finalidad de lograr el abuso sexual.

Las cuestiones apuntadas hasta aquí, el conjunto del material probatorio reunido en la causa y los elementos concordantes, permiten desacreditar la versión del imputado y atender a los dichos las víctimas quienes ha sido determinantes y precisas al señalar a L. P. H. J., como el causante del ataque sexual contra su persona que incluyó penetración.

Las afirmaciones efectuadas por el imputado en su descargo en cuanto refiere a encuentros esporádicos responde a prototipos de lo femenino asociados con circunstancias de índole sexual, que más allá de su relevo en el caso, lo cierto es que en nada conmueven los hechos acreditados en cuanto a que las mujeres fueron abusadas sexualmente por el imputado, con acceso carnal, sin su consentimiento.

En este escenario, además, debe resaltarse que las referencias efectuadas en la declaración del imputado en ejercicio de su derecho de defensa, resultan indiferentes para la configuración típica del delito de abuso sexual, respondiendo a prejuicios asociados a estereotipos discriminatorios hacia la mujer (art. 6 de la Convención Do Pará y art.5 inciso a) de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).

En definitiva, los hechos que se le imputan a L. P. H. J. se encuentran, en efecto, alcanzados por las previsiones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém Do Pará”), la cual, como ya tuve oportunidad de señalar al referirme a la problemática de la violencia de género, establece en sus arts. 1º y 2º “A” que “.para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” y que “se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual”.

En los casos en los que puedan encontrarse comprometidos los derechos de las mujeres debe siempre privilegiarse el estudio de la causa desde una perspectiva de género (cfr. causa FLP 51010899/2012/CFC1, caratulada “Luna Vila Diana s/ recurso de casación”, Registro nº 1337/16.4, rta.

20/10/16 y causa FLP 58330/2014/CFC1 “Internas de la Unidad 31 SPF s/ habeas corpus”, Registro nº 2326/14.4, rta. 4/12/15, del registro de esta Sala IV).

3. Condena por tenencia de arma de fuego, sin la debida autorización.

La defensa particular de L. P. H. J. postuló la absolución de su asistido con relación a este hecho, considerando que el delito requiere la posesión del arma, circunstancia que no había sucedido en el caso.

En el caso, el Tribunal tuvo por probado que L. P. H.J., el 6 de octubre de 2014, poseía, sin la debida autorización legal, en su domicilio sito en calle Marcos Sastre N° 293 , Llavallol, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, un arma de fuego pistola semiautomática marca Bersa, modelo LUSBER 844, calibre 32 auto (7.65 x15 mm), con aptitud para el disparo.

En efecto, conforme surge de fs. 258/259, de las vistas fotográficas tomadas en el domicilio del imputado, del allanamiento efectuado en el domicilio del imputado ubicado en la calle Marcos Sastre Nº 293, del peritaje balístico N° 559- 46-003248/2014, de los testimonios de X y X, policías intervinientes en el procedimiento, y los testimonios de los testigos de actuación, X y X, se encontró dentro del terreno de la vivienda donde vivía L. P. H. J., junto con su esposa, así como también se secuestró del interior del domicilio una caja con tres cartuchos a bala, punta hueca calibre 32 AUTO, marca CBC, iguales a los siete cartuchos que existían en el almacén cargador de la pistola secuestrada en el patio. En este sentido, debe añadirse que tanto X como X, proporcionaron un relato afirmando que el imputado tenía en su poder un arma, que era utilizada, incluso, para amenazarlas.

Al respecto cabe recordar, en lo sustancial, que para la norma ahora en análisis es suficiente el peligro que para la comunidad importa la mera portación de un arma de fuego, que aumenta más allá de lo permitido el poder ofensivo de un hombre, requiriendo inevitablemente que el arma sea apta para el uso que le es propio (causa n°2836, “RODRÍGUEZ, Raúl Oscar s/recurso de casación”, reg, n° 3823, rta. el 20/12/01); característica que se ha verificado en el caso en estudio, por lo que corresponde rechazar el planteo de la defensa en este punto.

Por ello, propongo al acuerdo: I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto a fs. 78/89 por la defensa particular de L. P. H. J.Sin costas en esta instancia en virtud de haberse efectuado un razonable ejercicio del derecho al recurso (art. 8.2.h. C.A.D.H. y arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.). II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:

Que coincido sustancialmente con las consideraciones formuladas por el voto del distinguido colega que lidera el acuerdo, doctor Gustavo M. Hornos, y adhiero a la solución allí propuesta.

Con relación al agravio de la falta de intervención fiscal en el inicio de la investigación interpuesto por la parte recurrente, cabe señalar que, tal como se desprende de los autos principales, una vez registrada la causa en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 2 de Lomas de Zamora, se corrió vista al señor representante del Ministerio Público Fiscal tal como regla el Art. 180 del C.P.P.N. (Cfr. fs. 87), quien formuló el correspondiente requerimiento de instrucción que se encuentra agregado a fs. 88/89.

Por dicha razón, no se hará lugar al agravio formulado.

Por ello, de conformidad con lo propugnado por el señor Fiscal General ante esta instancia, doctor Javier Augusto de Luca, propongo al Acuerdo:

1) Rechazar el recurso de casación presentado por la defensa de L. P. H. J. Sin costas en la instancia (Arts. 530 y 531 “in fine” del C.P.P.N.).

2) Tener presente la reserva del caso federal.

El señor juez Juan Carlos Gemignani dijo:

Por compartir en lo sustancial los fundamentos expuestos por el distinguido colega que lidera el acuerdo, doctor Gustavo M. Hornos, que llevan la adhesión del doctor Mariano Hernán Borinsky, me sumo a la solución propuesta de RECHAZAR el recurso de casación interpuesto a fs. 78/89 por la defensa particular de L. P. H. J. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 “in fine” del C.P.P.N.).

Téngase presente la reserva del caso federal.

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal, RESUELVE:

I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto a fs. 78/89 por la defensa particular de L. P. H. J. Sin costas en esta instancia (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).

II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese y oportunamente comuníquese (Acordada Nº 15/13 -Lex 100-, CSJN).

Remítase la presente causa al tribunal de origen, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

GUSTAVO M. HORNOS

MARIANO HERNÁN BORINSKY

JUAN CARLOS GEMIGNANI