La validez de la cláusula limitativa de responsabilidad en el contrato de servicio de caja de seguridad

Autor: Gualino, Martín

Fecha: 30-oct-2017

Cita: MJ-DOC-12259-AR | MJD12259

Sumario:

I. Introducción: el contrato, su regulación y sus fuentes. II. La cláusula limitativa de responsabilidad y el diálogo con otras fuentes legales. III. La cláusula limitativa de responsabilidad en otros contratos. IV. Las posibles posiciones respecto de su validez. V. Conclusiones.

Doctrina:

Por Martín Gualino (*)

I. INTRODUCCIÓN: EL CONTRATO, SU REGULACIÓN Y SUS FUENTES

En este trabajo, realizado en el marco de la Maestría en Derecho Empresario de la Universidad Austral (1), y que toma como base otro anteriormente publicado (2), se analizará el contrato de caja de seguridad, hoy regulado en los arts. 1413 a 1417 del CCivCom, en uno de sus aspectos más controvertidos tanto desde la jurisprudencia y la doctrina como desde la confrontación de los distintos proyectos de reforma del Código. También veremos a lo largo del trabajo que la legislación vigente tiene sus propias contradicciones en el tema, lo que no contribuye a su aclaración.

Este contrato, uno de los contratos bancarios más comunes, tiene en nuestro país una fuente más consuetudinaria que legal. Esta figura se fue desarrollando en la práctica bancaria (con base en la autonomía de la voluntad que permitía crear nuevos contratos prevista en su momento en el art. 1197 del CCiv) y sus controversias fueron resueltas por la jurisprudencia (costumbre de los tribunales) generándose así una base jurídica sobre la que después se construyeron los diversos proyectos de reforma del Código Civil y del Código de Comercio y, por tanto, el actual CCivCom que los tomó como fuente. Otra fuente trascendente fue el «servicio bancario de cajas fuertes» del Código Civil italiano (3).

Es un contrato comercial desde su génesis, puesto que, en nuestro derecho, caía dentro de la definición de acto de comercio del viejo art. 8 del CCom, ya sea por vía de su inc. 3 como operación de banco, o de su inc. 5, que abría el campo del derecho comercial a ciertas clases de empresas.Más allá de la discusión doctrinaria sobre si dicha clasificación era enunciativa y podían incorporarse otros actos (4), o demostrativa, pudiendo hacer extensivas las categorías existentes a nuevos actos por vía de la analogía (5), pero sin crear categorías nuevas; lo cierto es que la comercialidad de esta figura es indiscutible.

Mediante ella, ya desde el siglo XIX, se procura aprovechar las grandes condiciones de seguridad y especial protección que naturalmente tienen los bancos, para guardar allí objetos de valor (6). Se constituye así como una actividad bancaria complementaria y conexa, impropia a la actividad financiera, que tiene en la seguridad y el secreto del contenido sus dos notas tipificantes (7).

Si bien el Código no lo hace expresamente, puede ser definido como el «contrato por el cual el banco cede a un cliente por un plazo determinado o indeterminado, el uso de un cofre o una caja de seguridad, instalada en el edificio donde el banco desarrolla sus actividades, en un lugar especialmente construido y vigilado, mediante el pago de un precio con la finalidad que el cliente guarde allí bienes o valores, cuya integridad, secreto y seguridad garantiza la institución» (8).

Puesto que, sea una persona física o jurídica quien contrate, se trata de una actividad imposible de ser transformada o industrializada, nos encontramos ante un contrato, en principio, de consumo. Por ello, las normas del Código que le son específicas deben complementarse con la Ley de Defensa del Consumidor, con las normas que el Código prevé para contratos de consumo en general en sus arts. 1092 a 1122 , y con las que regula para contratos bancarios de consumo en sus arts. 1384 a 1389 .

A pesar de ello, hay quienes sostienen que, aun cuando mayoritariamente los clientes de este servicio lo hagan como destinatarios finales, excepcionalmente podrían no serlo.Así, se ha dicho que no procedería dar trato de consumidor al cliente cuando se trata de un profesional y se encuentra relacionado de manera genérica o específica con un proceso de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros. Este supuesto sucedería, verbigracia, si el usuario del cofre resultara ser una persona jurídica cuyo objeto social es la confección de autos y la misma denuncia haber tenido en la caja de seguridad planos correspondientes al armado de una nueva línea de ensamble (9). Para determinarlo, la calidad del usuario (persona física o jurídica, profesión, etc.) y el contenido de la caja (en tanto se relacione con la actividad del usuario) resultarían fundamentales.

Por eso, creo que el banco, conforme al art. 1379 , debiera indicar si la operación formará parte de la cartera de consumo o de la cartera comercial, dado que eso viene regulado en la parte general de contratos bancarios, a pesar de que en la práctica solo se realice para las operaciones de crédito.

El Código, al igual que en muchos otros temas, llega para cerrar discusiones reiterativas tanto prácticas como teóricas. Así, por ejemplo, lo hace respecto de su naturaleza jurídica, inclinándose por considerarlo un contrato de prestación de servicios. También al incluirlo dentro de los contratos bancarios (capítulo 12, título IV del CCivCom) pareciera determinar que solo estos pueden prestar el servicio, mientras que en los proyectos anteriores también podían hacerlo las entidades financieras y «otros prestadores habilitados» (10).

Asimismo pareciera cerrar la discusión respecto a la admisibilidad de las cláusulas que limiten la responsabilidad del banco, inclinándose, como veremos a continuación, por su validez, bajo ciertos recaudos. Sin embargo, al estudiar el tema en mayor profundidad, vemos que aún hay voces que se levantan contra esa posición, con argumentos atendibles, y resultará interesante examinar dichas premisas con detenimiento.

II. LA CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDAD Y EL DIÁLOGO CON OTRAS FUENTES LEGALES

El art.1413 comienza por especificar las obligaciones del banco, y no regula las del cliente, en una clara muestra de quien es la parte débil de la relación jurídica que se procura tutelar.

Se dispone que el banco debe responder por:

1. La idoneidad de la custodia.

2. La integridad y el contenido de las cajas.

La norma trae también una pauta interpretativa con un doble eje que servirá para analizar el contrato y las responsabilidades que de él surjan: «lo pactado» y «las expectativas creadas en el usuario».

El banco se puede eximir de responsabilidad por caso fortuito externo a su actividad, y por el vicio propio de las cosas guardadas. Observamos entonces que la responsabilidad es objetiva, obligándose el prestador a un resultado concreto: disipar el riesgo (arts. 774 , 1721 y 1722 del CCivCom). Por eso, no basta que los medios sean idóneos o que se ponga la debida diligencia (11). El resultado que garantiza es el mantenimiento indemne de la caja de seguridad y su contenido contra todo daño y su puesta a disposición del cliente (12).

El Código Civil y Comercial trata el tema que específicamente nos ocupa en su art. 1414 . Lo primero que hace allí es establecer que la cláusula que exima de responsabilidad al banco se tiene por no escrita. Hasta aquí no hay discusión posible. Como ya lo venía marcando la jurisprudencia (13), admitir lo contrario sería desnaturalizar el contrato.

Las dudas surgen al leer la parte final del artículo, donde se admite la limitación parcial de la responsabilidad del banco con dos requisitos esenciales:

a. que el cliente esté debidamente informado,

b. y que dicho límite no implique una desnaturalización de las obligaciones del banco.

En comparación con los proyectos de reforma anteriores, la cláusula limitativa, tanto parcial como total estaba vedada en el año 1987 (que lo trataba en los arts. 2238 a 2243 ), pero aceptada parcialmente en los proyectos de 1993 (arts.1372 al 1376 ) y de 1998 (arts. 1300 a 1305 . Estos últimos son los que el legislador ha decidido seguir.

La jurisprudencia, al igual que dichos proyectos de ley, tampoco era unánime al respecto. Si bien estaba decididamente establecido que la exención de responsabilidad del banco, también llamada «limitación de responsabilidad total», era nula, se dividían las aguas a la hora de decidir sobre la limitación parcial.

Parte de la doctrina y de la jurisprudencia, aplicando la LDC, tenía por nulas las cláusulas limitativas, en especial consideración de que la seguridad y la custodia eran la esencia del contrato (14).

Pero, por el otro lado, otra parte de ellas las aceptaba, sustentándose en la autonomía de la voluntad, y con el argumento de que lo que se limitaba no era la responsabilidad, sino el riesgo, y que ello era válido y necesario para el negocio del banco (15).

De cualquier forma, en la generalidad de los casos, los bancos, torpemente, se eximían de responsabilidad en el contrato, en lugar de limitarla hasta un monto máximo, o la limitaba a la integridad exterior de la caja (16), y de ahí que hay muchos más precedentes de nulidad de cláusulas de exoneración (donde si había unanimidad en cuanto a su invalidez) que de análisis de validez de disposiciones limitativas.

Estudiando ahora otras fuentes legales distintas del CCivCom, vemos que el art. 37, inc. A , de la Ley de Defensa del Consumidor, colisiona con el artículo que analizamos, al sentenciar que se tendrán por no convenidas las disposiciones que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños.

Observamos entonces que el Código, en su carácter de ley de igual jerarquía, pero posterior, deroga ese inciso para este tipo de contratos en particular.

Por consiguiente, cualquier disposición contractual limitativa de responsabilidad o que desnaturalice el contrato (cualquiera de estas pautas, en forma alternativa o conjunta) resultará nula en cualquier contrato de consumo.Mientras que, contrariamente, en un contrato de caja de seguridad, la nulidad solo se sentenciará si la cláusula cumple ambos req uisitos en forma conjunta, esto es: que limite la responsabilidad del banco y que, además, desnaturalice el contrato (o que el cliente no haya sido informado).

Por otro lado, este artículo también corre en dirección contraria a lo que el propio CCivCom regula en la sección de contratos de adhesión, donde se dispone que se tendrán por no escritas las cláusulas predispuestas que importen renuncia o restricción de los derechos del adherente, o que desnaturalicen las obligaciones del predisponente (art. 988, incs. a y b ).

Sobre este punto, es interesante hacer notar que el proyecto de 1987 tenía por no escritas las cláusulas que limitaran la responsabilidad del predisponente «sin una adecuada equivalencia económica». Esta última frase no está presente en el actual art. 988.

Es de resaltar, entonces, que el cliente de un servicio de caja de seguridad tenía entonces mayor protección que un contratante en otro contrato predispuesto. Esto se debe a que, en aquel proyecto, como regla general, la limitación de responsabilidad en contratos predispuestos estaba permitida, siempre que hubiera una adecuada equivalencia económica, a la vez que en el contrato de caja de seguridad se la prohibía expresamente (como se dijo anteriormente). Mientras que hoy día, la situación se da a la inversa: el cliente de un servicio de caja de seguridad queda más expuesto en este que en otros contratos predispuestos.

Encontramos, por su parte, que hay una coincidencia en la forma de regular la responsabilidad en este contrato y el criterio general de regulación de cláusulas abusivas contenido en los arts. 1118 y 985 . Mediante ese criterio que se toma en el art. 1414, se deja salvada la posibilidad de anular la limitación si desnaturaliza el contrato, protegiendo así a los consumidores.

Continuando el análisis del articulado del CCivCom, vemos que el art.1743 relativo a la responsabilidad civil establece que no son válidas las cláusulas que eximen o limitan la obligación de indemnizar cuando atentan contra leyes imperativas, como lo es la Ley de Defensa del Consumidor. El art. 1118, por su parte, permite declarar abusivas las cláusulas de un contrato de consumo aun si fueron negociadas por las partes, por cuanto hace al orden público y por ello es indisponible para los contratantes (arts. 12 y 962 ).

En definitiva, hemos visto que tanto los proyectos anteriores de reforma del Código, como la jurisprudencia y la doctrina se dividían respecto de este tema, algunos aceptando los límites parciales en la responsabilidad del prestador del servicio y otros negándolos.

Por otro lado, vimos que en una comparación sistemática con el resto del sistema jurídico argentino, la solución tomada por el art. 1414 se aparta también de las normas generales que impiden limitar la responsabilidad en contratos de consumo y en contratos de adhesión, pero sigue lo previsto para analizar las cláusulas abusivas en general. Se aleja también de lo que se dispone acerca de la invalidez de las cláusulas que limitan o eximen de la obligación de indemnizar.

III. LA CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDAD EN OTROS CONTRATOS

Veamos ahora qué ocurre en otros contratos. Particularmente, en aquellos que comparten, al menos como accesoria, la nota tipificante de custodia y seguridad con el contrato que tratamos aquí.

Así, empezando por el contrato de depósito, observamos que la primera diferencia surge en que la responsabilidad en aquel no es objetiva, sino subjetiva, sirviendo como parámetros para determinarla: la diligencia con la que se guardan las cosas que debe ser la que se usa para guardar sus propias cosas o la que corresponda a su profesión según el art. 1358 del CCivCom.«A contrario sensu», en el contrato que se estudia en este trabajo la responsabilidad es objetiva, como se expuso anteriormente y, por ello, esta obligación es de resultado, no siendo relevante la culpa, relevancia que sí está presente en el depósito. Esta diferencia no estaría presente en las casas de depósitos, en vistas de que el art. 1376 hace responsables a sus propietarios por la pérdida de lo allí depositado salvo por vicio propio de ello, o caso fortuito externo a su actividad.

A su vez, analizando el depósito necesario, vemos que si bien el art. 1374 declara que la limitación de responsabilidad (tanto total como parcial) se tiene por no escrita, ello resulta desautorizado por los arts. 1372 , que establece que si hay cosas de valor extraordinario, el cliente debe declararlas y guardarlas en lugares especialmente designados, caso contrario el hotel no responderá; y, fundamentalmente, por el art. 1373 que permite que el hotelero pueda negarse a recibir objetos excesivamente valiosos o que generen molestias extraordinarias en su guarda.

Por otra parte, con el contrato de transporte, se lo diferencia en que se agota en una sola prestación y la obligación principal es el traslado de personas o mercadería, mientras que el aquí analizado es de ejecución continuada y la obligación principal es la seguridad y vigilancia activas de las cosas guardadas (17).

En el contrato de trasporte, tanto de personas como de cosas, la responsabilidad es objetiva (18) y el art. 1292 expresamente tiene por no escrita la limitación de responsabilidad en el transporte de personas respecto de los daños corporales o la muerte.

Por otro lado, respecto de cosas de valor en el trasporte de personas, obliga al pasajero a declararlas para que el transportista asuma la responsabilidad de su transporte. En principio, a diferencia del depósito necesario que veíamos «ut supra», no se prevé el rechazo del transportista a esas cosas de valor.Y relativo al equipaje de mano, la responsabilidad deja de ser objetiva, pasando a depender de la culpa del transportista.

En el transporte de cosas especiales (de animales, cosas frágiles, sujetas a fácil deterioro, etc.) el art. 1310 prevé la posibilidad de que el transportista limite su responsabilidad al permitirle volverla subjetiva, dependiendo de que se pruebe su culpa. Sin embargo, exige que dicha convención no esté inserta en una cláusula general predispuesta.

Finalmente, el art. 1313 dispone que quienes realizan habitualmente servicios de transporte no pueden limitar su responsabilidad, salvo por lo dispuesto en el art. 1310.

Respecto del transporte multimodal, el art. 1281 del CCivCom remite a la Ley 24.921 . Allí, es la propia ley la que establece topes indemnizatorios (límites) para la responsabilidad del operador cuando los daños no son localizados, siendo nulas las cláusulas que limiten la responsabilidad por debajo de dichos topes.

Por último, en la locación de obras, el art. 1276 dispone la nulidad de la cláusula que limite la responsabilidad por daños que comprometan la solidez de una obra realizada en un inmueble, destinada a larga duración o que la haga impropia para su destino.

Finalmente, se lo ha diferenciado también del contrato de seguros, donde puede haber cláusulas de similar criterio, puesto que allí la compañía asume el riesgo por daños causados por un tercero o por su cliente, pero siendo ajena a ellos su propia conducta (19).

Vemos que, en general, se prohíben este tipo de cláusulas en otros contratos, aunque con diversas fórmulas, esa prohibición tajante se termina relativizando: o bien porque se lo hace respecto a una responsabilidad demasiado específica, dejando al margen de la nulidad otras limitaciones; o bien porque se termina obligando al cliente a declarar lo que va a depositar si tiene un valor especial para hacer responsable al prestador, incluso llegando, a veces, a aceptar que este pueda rechazar esas cosas de valor en determinadas circunstancias.De cualquier forma, salvo esas pequeñas posibilidades comentadas en los párrafos precedentes en que el CCivCom permite disminuir la responsabilidad, en el resto de los casos, como la mayoría de estos contratos también suelen ser de consumo, se les aplicarán las normas pertinentes, y por tanto las cláusulas limitativas de responsabilidad quedarán vedadas.

Sin embargo, ninguna de esas soluciones se tomó para el contrato de caja de seguridad que aquí estudiamos.

IV. LAS POSIBLES POSICIONES RESPECTO DE SU VALIDEZ

Considerando lo expuesto hasta aquí, entiendo que nos vemos ante dos posibles salidas, que eventualmente podrán plantearse y resolverse a través de la jurisprudencia, pero que entiendo oportuno plantear aquí en un marco teórico. Ante cualquiera de ellas, es importante evaluar sus posibles efectos jurídicos y fácticos.

Las alternativas, a mi parecer, son básicamente las siguientes: o bien se sostiene la regulación que previó el legislador al sancionar el CCivCom, aceptando su legitimidad; o bien se la invalida. Pasemos a analizarlas en mayor detalle.

Si defendiéramos la nulidad de este tipo de cláusulas, el argumento (o un cúmulo de ellos), sería el siguiente:

Podríamos comenzar escalando en la pirámide jurídica, y diríamos que el principio protectorio de los consumidores tiene jerarquía constitucional, por vía de los arts. 42 y 43 de la CN, que no solo les dan derecho a una información adecuada y veraz, sino que ordenan proteger sus intereses económicos. Que además tiene jerarquía supraconstitucional (art. 75, inc. 22 , de la CN) a través del principio pro hómine (arts. 29.2 de la DUDH , art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y art. 30 y art. 32.2 de la CADH), y que tanto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su art. 2.1 como el art. 26 de la CADH establecen lo que se conoce como principio de progresividad de los DD.HH., obligando a los estados parte a adop tar medidas (incluidas las legislativas) para lograr, progresivamente, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, y que dicho progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar (20).

Dichas disposiciones se ven plasmadas en normas inferiores, como se ve en los arts. 7 y 1094 del CCivCom, y art. 3 y art. 37 de la LDC, y en comunicaciones del BCRA, como la «A» 5891. Los arts. 1097 y 1098 del CCivCom sobre contratos de consumo, a su vez, hacen expresa referencia a los tratados internacionales.

Plantearíamos la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la norma por resultar regresiva en los derechos con los que contaba el consumidor, y contraria a la tan nombrada «constitucionalización del derecho privado» que habría procurado el Código.

Resaltemos aquí, también, que se la cuestiona también con el fundamento de que viola «la ley de defensa del consumidor, la doctrina y la jurisprudencia imperantes y mayoritarias, los principios y el espíritu del CCivCom respecto a la defensa de los derechos del consumidor y a la reparación plena de los daños causados, y el derecho constitucional de propiedad» (21).

Se ha criticado también que, a pesar de lo que dispone el art. 1414, no es posible distinguir entre «cláusulas limitativas» y «límites que desnaturalizan las obligaciones del banco», ya que todas estas cláusulas atentan contra la propia naturaleza del contrato (22). A su vez, en la misma línea argumentativa, se ha destacado también que admitir las cláusulas limitativas implicaría frustrar «la finalidad perseguida por el cliente, dejando sin contenido el equilibro de las contraprestaciones o sinalagma contractual» (23).

Y podríamos alegar, por su parte que, a través del art.1, que dice que las costumbres son vinculantes, en la medida en que las partes las invoquen y que no sean contrarias a derecho (el derecho como un todo que incluye la CN, los tratados internacionales, y las leyes especiales), se estaría dando espacio a resolver casos también sobre la base de la jurisprudencia, como costumbre de los tribunales, y que, como hemos visto, había aplicado el art. 37 de la Ley de Defensa del Consumidor a estos contratos. De esa forma, solicitaríamos se siguiera aplicando la doctrina jurisprudencial que tenía estas cláusulas por no escritas.

Destacaríamos las características distintivas que caracterizan este contrato y que lo distinguen de otros, al punto de haberlo hecho merecedor de una regulación específica y, por ello, sostendríamos que las obligaciones que asume el banco y busca el cliente requieren, en esencia, de una responsabilidad ilimitada.

Si aquí se permitiera al banco limitar su responsabilidad, lo que se lograría sería que se desentendiera de su obligación de seguridad, limitándose a pagar el seguro sin poner la debida atención en proteger los cofres de sus clientes e invertir en medios idóneos de seguridad.

Nos contestarían, desde la posición contraria, que el banco seguiría manteniendo su interés en la seguridad del lugar puesto que las cajas se encuentran anexas al tesoro, y el banco tiene interés en proteger el dinero que posee. Recordemos que, como se expuso en la introducción del presente trabajo, el servicio de cajas de seguridad nace como un servicio bancario impropio a la actividad financiera, pero conexo puesto que aprovechaba las condiciones de seguridad que el banco naturalmente ofrecía.Como se ha dicho, si el banco se desentendiera de la obligación esencial de custodiar, con condiciones de seguridad superiores a las que el cliente tendría en su propia casa, el contrato quedaría desnaturalizado (24). Y eso es lo que ocurriría si se permitiera limitar su responsabilidad.

También se ha sostenido que incluir límites en la responsabilidad del banco o reducir reglamentariamente el monto máximo depositable no solo afectaría la obligación de seguridad y custodia, sino también la confidencialidad, todas estas obligaciones esenciales del banco, y que el contrato dejaría de servir para depositar en el cofre elementos cuyo valor es variable, como joyas, acciones o lingotes de oro (25). Podrían plantearnos, desde la posición contraria, que la confidencialidad seguiría existiendo porque el banco no sabe lo que hay dentro de la caja, puesto que si bien puede presumirse que dichos objetos llegan hasta un determinado valor (el tope de responsabilidad), eso ni siquiera es del todo cierto, por cuanto el banco no sabe lo que hay allí y el cliente podría guardar objetos de mayor valor, a su riesgo por la diferencia. Además, las acciones, y fundamentalmente las joyas y el oro no tienen cambios de cotizaciones tan bruscos por lo que el contrato seguiría sirviendo, máxime cuando el cliente podría contratar un monto alto si considerara que lo que depositará allí podría aumentar su valor.

Consideraríamos entonces, por todas esas causas, que la normativa expuesta es inválida por afectar los derechos adquiridos por el consumidor, a través de la LDC y del principio protectorio constitucional, y consistir, de esa manera, en una regresión en los derechos humanos, y una afección a los principios «pro homine» y protectorio del consumidor.Desde otro ángulo, si nos ubicamos en la postura favorable a la vigencia de la regulación actual, tendríamos el siguiente razonamiento:

Desde un punto de vista económico y de mercado, la regulación del Código es correcta por permitir el libre juego de oferta y demanda, y dar margen a dos libertades básicas: de contratar, fundamentalmente para que el consumidor decida si el servicio le es útil o no; y contractual, para que los bancos determinen que tipo de cláusulas incluir en sus contratos (recordando que se trata de un contrato de adhesión prácticamente sin margen de negociación).

Ello permitiría a los consumidores la posibilidad de elegir con qué banco contratar, teniendo en cuenta, entre otras cosas, si la responsabilidad estará limitada o no, y hasta qué monto máximo. A su vez, se deja salvada la posibilidad de anular la limitación si desnaturaliza el contrato, protegiendo así a los consumidores.

El consumidor, a sabiendas de lo que piensa depositar en el cofre, sabrá si le sirve o no contratar el servicio, y que si guarda allí algo de mayor valor, asume un riesgo por su propia cuenta por la diferencia entre el monto máximo de responsabilidad del banco y el valor de lo allí guardado.Por su parte, podrá contar con diferentes precios entre los que elegir, según el nivel de responsabilidad que asuma el banco en cada uno.

Los defensores de esta postura también sostienen que lo que el banco limita no es su responsabilidad, sino el riesgo, y que esto permitirá precios accesibles a los consumidores, dado que el banco, de no poder limitarlo, debería pagar una infraestructura de seguridad más costosa y contratar un seguro más caro, lo que encarecería notablemente el precio (26). Desde el otro lado, contestarían que no siempre la teoría legislativa se corresponde con la realidad, y que es incierto que los bancos vayan a bajar los precios a causa de esta regulación.

Quienes están de acuerdo con la regulación, entienden que resulta acertada dado que permite la validez de estas disposiciones siempre que estén claramente redactadas, el cliente este debidamente informado, y no signifique en la práctica una liberación de la responsabilidad del banco (27).

De esta manera, se permitiría que los bancos limitaran su responsabilidad hasta un monto máximo, reduciendo los costos de seguros y, en consecuencia, los precios del servicio prestado a los clientes.

V. CONCLUSIONES

A lo largo del trabajo, hemos visto que el Código, a pesar de traer muchas soluciones y de servir para adecuar nuestro derecho a los tiempos que corren, en muchas áreas ha generado algunos debates o sostenido otros que ya existían, por no adoptar soluciones lo suficientemente claras y sólidas.

En el contrato de caja de seguridad, observamos que el legislador ha decidido positivizar un serie de costumbres «praeter legem» fuertemente arraigadas en la práctica comercial de nuestro país y moldeadas por la jurisprudencia que venía solucionando innumerables controversias suscitadas alrededor de esta figura.

A pesar de ello, en algunos temas, fundamentalmente en el que motiva esta exposición, las polémicas siguen disparándose. Por eso, en las siguientes líneas trataré de resumir mi posición al respecto.

Comenzando por el final, adelanto mi opinión: considero que el art.1414 es válido normativamente aun cuando, como máximo, pueda considerárselo desde lo axiológico, ocasionalmente disvalioso; y por ello no hay motivos para descalificarlo dejando de aplicarlo.

Pareciera que nos encontramos ante la reiterada disputa entre la libertad y la igualdad. Quienes están a favor de la cláusula limitativa lo hacen desde los argumentos de la autonomía de la voluntad, y de las libertades contractuales y de contratar. Quienes se oponen lo hacen desde la defensa a la parte más débil del contrato, a la que pretenden empoderar para empardar la relación jurídica de fondo. Desde allí, ambas posiciones construyen los demás argumentos, que fueron expuestos en el punto IV.

Ambas posiciones son loables y válidas. Lo cierto es que la aparente disputa no debería ser tal: no puede haber libertad sin igualdad ni viceversa. Creo que el equilibrio, el justo medio, lo trae la última parte del artículo cuestionado: la desnaturalización del contrato es lo que determinará si se afecta la igualdad o no. No concuerdo con quienes postulan que todo límite implica una desnaturalización, por cuanto es algo que no puede determinarse mediante una fórmula genérica, sino que requiere del análisis caso por caso.

Es entendible que se sienta cierta injusticia, en vistas de que el Código se aparta aquí de lo que regula en otros contratos similares, y en las normas generales de contratos de consumo y de adhesión. Sin embargo, no hay tal afección de principios constitucionales como se ha postulado en forma hipotética en el punto anterior. La protección del consumidor queda a salvo mediante el análisis judicial de la desnaturalización, o no, del contrato.

Así, la jurisprudencia deberá, eventualmente, ir formándose posiciones respecto a esto, para resolver el margen de litigiosidad latente que aún encierra el Código. Lo correspondiente, a mi humilde juicio, sería sostener la validez del art.1414, por no haber motivos suficientes para descalificarlo, y respetar así la decisión del legislador, y el principio republicano de gobierno.

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(1) 2.° premio en el VI Concurso de Becas para la Maestría en Derecho Empresario 2017-2018 de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Árbitros evaluadores: Dres. Gustavo A. Abreu, Jorge A. Alterini y Juan Bautista Etcheverry.

(2) Cfr. GUALINO, Martín: Aspectos esenciales del contrato de servicio de caja de seguridad. S. l., Zeus, 2016.

(3) Cfr. VILLEGAS, Carlos G.: en MEDINA, Graciela (dir.a), RIVERA, Julio C. (coord.) y ESPER, Mariano: Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. S. l., La Ley, 2014, Contratos Bancarios, p. 3396.

(4) Cfr. ARAYA, Miguel C.: «Introducción. Derecho Comercial», en “Derecho de la Empresa y del Mercado”, Directores: Miguel C. Araya y Marcelo R. Bergia, T.1, La Ley, Buenos Aires, 2008, pp. 28 y 29.

– Cfr. ETCHEVERRY, Raúl: Manual de Derecho Comercial, Parte general. Buenos Aires, Astrea, 2.a reimpr., p. 237.

(5) Cfr. FONTANARROSA, Rodolfo O.: «Derecho Comercial Argentino», parte general. Buenos Aires, Zavalía, 1997, p. 283.

(6) Cfr. Carlos A. GHERSI, «Responsabilidad de las entidades bancarias». Buenos Aires, Universidad, 2003, p. 153.

– Cfr. QUAGLIA, Marcelo C., y VERDURA, Sergio W.: «Contratos bancarios: locación de cajas de seguridad», en Lexis Nexis Jurisprudencia Argentina, 2003-III-1054, Id Infojus: DASA050090, p. 3.

(7) Respecto de la confidencialidad y del secreto y su importancia en este contrato: «Barmaymon, Raúl Norberto y otros c. Banco Itaú Buen Ayre S. A.», MJJ43853 , Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D, 16/03/2009, en La Ley, 30/6/2009, 6, con nota de Juan Manuel Prevot; La Ley 2009-D, 302, 7/8/2009, 6, con nota de Graciela B. Ritto; cita en línea: AR/JUR/9451/2009. Allí se consideró que los deberes de confidencialidad y secreto son condiciones en las que deben cumplirse los de guarda y custodia.

(8) Cfr. VILLEGAS: op. cit., p. 3398.

(9) Cfr. QUAGLIA y VERDURA: op. cit., p. 4.

(10) Cfr. VILLEGAS: op. cit., p.3396.

(11) «Quiquisola, Roberto H. y otro c/ Banco Mercantil Argentino S.A.», Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, 4/10/1996, EDJ8727 .

(12) Así lo ha sostenido la doctrina en general; entre otros, los siguientes:

– Cfr. RIVERA Julio C., y MEDINA, Graciela: «Responsabilidad del banco nacida del contrato de caja de seguridad», Rev. de Derecho Privado y Comunitario, t. 18, p. 30.

– Cfr. RITTO, Graciela B.: «El derecho transitorio y el contrato de caja de seguridad», en La Ley, 11/3/2016, 1, Cita Online: AR/DOC/576/2016, p. 3.

– Cfr. QUAGLIA y VERDURA: op. cit., p. 2.

Y en jurisprudencia, también como criterio general:

– «Sucarrat, Gustavo A. c. Banco de Galicia y Buenos Aires», C. Nac. Com., sala B, 26/3/1996, LL 1994-E-437.

– «Kobelinsky, Federico S. y otro v. Banco Mercantil Argentino s/ sumario», C. Nac. Com, sala D, 27/3/01.

– «Quiquisola, Roberto H. y otro c/ Banco Mercantil Argentino S. A.», Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, 04/10/1996.

– «Ravaglia, Clemente y otro c. Banco Mercantil Argentino» Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, 30/12/1998, EDJ10628 , en La Ley 1999-C, 359, DJ1999, 2, 792, RCyS1999, 899. Cita en línea: AR/JUR/3620/1998. En este fallo, si bien se llega a la conclusión de que la responsabilidad del banco es de tipo objetiva, se analiza su culpabilidad y la diligencia en las medidas de seguridad adoptadas, lo que no hubiera sido necesario, puesto que bastaba con la no acreditación del cumplimiento de ese resultado comprometido. Sin embargo, es un error bastante repetido en la jurisprudencia relativa a este tipo de contratos.

– «Martín, Raúl P. c. Banco de la Provincia de Buenos Aires», Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, 1/2/2002, Publicado en: La Ley 2002-D, 560, Cita Online: AR/JUR/3574/2002, EDJ5714 .

– «Maero Suparo Hernán Diego y otros c/ Banco Francés S. A.s/ ordinario», Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, 28/08/2012, MJJ76064

(13) «Quiquisola, Roberto H. y otro c/ Banco Mercantil Argentino S. A.», Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, 4/10/1996.

(14) En doctrina:

– Cfr. RIVERA y MEDINA: op. cit., p. 41.

– Cfr. SANTICCHIA, Gerardo D.: «Contrato Bancario de Caja de Seguridad», en Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación, N.° 37/38, julio-diciembre de 2005, 5/7/2005, Cita: IJ-XLIII-406, p. 5.

– Cfr. Daniel E. MOEREMANS, «Contrato de caja de seguridad», en: La Ley, 24/1/2011, 1, La Ley 2011-A, 775, La Ley 25/1/2011, 1, RCyS 2011-II, 3, Cita Online: AR/DOC/124/2011, p. 5.

En jurisprudencia:

– «Arévalo José Alberto y otro c/ Banco de la Nación Argentina – Sucursal Balvanera s/ ordinario», Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, 30/3/2012, cita: MJ-JU-M-72336-AR, MJJ72336

– «Colome Eduardo Héctor y Otro c/ Banco de la Nación Argentina s/ daños y perjuicios», Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I, 5/05/2015, Cita: MJ-JU-M-94449-AR, MJJ94449(ref: MJJ94449).

– «S. T. M. I. y otro c. Banco Itaú, Buen Ayre S. A. s/ordinario», Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala F, 14/2/2013, Cita Online: AR/JUR/733/2013.

(15) Doctrina:

– Cfr. LORENZETTI, Ricardo L.: Tratado de los Contratos. S. l., Rubinzal Culzoni, Tomo III, p. 705.

Jurisprudencia:

– «Prataviera, Antonio Gabriel y Prataviera, Susana del C. Lapadula de c. Banco Río de la Plata S. A. s/ daños y perjuicios», Juzgado de 1.ª Instancia en lo Civil y Comercial de 3.ª Nominación de Catamarca, 29/3/2010, Cita Online: AR/JUR/103370/2010.

– «P., N.Y otros C/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Ordinario», Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.° 10, Secretaría N.° 19, Buenos Aires, 5/10/2015.

(16) «Arévalo José Alberto y otro c/ Banco de la Nación Argentina – Sucursal Balvanera s/ ordinario», Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, 30/3/2012, Cita: MJ-JU-M-72336-AR | MJJ72336 .

«Colome Eduardo Héctor y Otro c/ Banco de la Nación Argentina s/ daños y perjuicios», Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I, 5/5/2015, Cita: MJ-JU-M-94449-AR, MJJ94449(ref: MJJ94449).

(17) Cfr. ZINGMAN DE DOMÍNGUEZ, Nydia: «Cláusulas limitativas de responsabilidad del contrato de caja de seguridad bancaria en el Código Civil y Comercial 2014», 3/12/2014, elDial.com, DC1E19, p. 7.

(18) Cfr. NALLAR, Florencia, y ARRASCAETA, Arturo de: en MEDINA, Graciela; RIVERA, Julio C. (dir.es), y ESPER, Mariano (coord.): Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, S. l., La Ley 2014, Transporte, p. 3089.

(19) Cfr. ZINGMAN de DOMÍNGUEZ, op. cit., p. 7.

(20) VÁZQUEZ, Luis D., y SERRANO, Sandra: «Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su aplicación práctica», en http://corteidh.or.cr/tablas/r29011.pdf. Fecha de consulta: 7/12/2016.

21) ZINGMAN de DOMÍNGUEZ: op. cit., p. 9.

(22) Cfr. RITTO, op. cit., p. 3.

Cfr. MOEREMANS, Daniel E. «Limitación de responsabilidad en el contrato de caja de seguridad», en: RCyS 2015-I, Tapa, cita en línea: AR/DOC/4187/2014.

(23) SIRIMARCO, Sebastián: «La responsabilidad bancaria en el contrato de locación de caja de seguridad», en Revista Argentina de Derecho Comercial y de los Negocios, N.° 5, octubre 2012, Cita: IJ-LXVI-229, p. 2.

– Cfr. COLARRUSO, Natalia S.: «Contrato de Caja de Seguridad Bancaria: su incorporación al nuevo Código Civil y Comercial», en Doctrina Especial para Utsupra, en http://server1.utsupra.com/site1?ID=articulos_utsupra_02A00393876436. Fecha de consulta: el 7/12/2016, Cita: A00393876436, p.12.

(24) «Colome Eduardo Héctor y Otro c/ Banco de la Nación Argentina s/ daños y perjuicios», Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I, 5/05/2015, Cita: MJ-JU-M-94449-AR, MJJ94449(ref: MJJ94449).

(25) GARRIDO CORDOBERA, Lidia M. R., y PICCININO CENTENO G., Roque A.: «El contrato de caja de seguridad bancaria», en http://www.acaderc.org.ar/doctrina/el-contrato-de-caja-de-seguridad-bancaria/at_download/file. Fecha de consulta: el 7/12/2016, p. 10.

(26) Cfr. LORENZETTI, op. cit., p. 705.

(27) VEDROVNIK, Marcelo: «El servicio de caja de seguridad en el nuevo Código Civil y Comercial», Colección Zeus, Doctrina, boletín Zeus, N.º 12703, 1/4/2015, p. 4.

(*) Abogado, UNR. Adscripto a las cátedras de Derecho de la Empresa y del Mercado y de Derecho del Deporte, UNR. Cursando la Maestría en Derecho Empresario, Universidad Austral, CABA. Asociado en Nicholson y Cano Abogados.