Columna de actualidad: Las severas falacias de la «cobertura universal de salud»

Título: Columna de actualidad: Las severas falacias de la «cobertura universal de salud»

Autor: Mazzeo, Carina – Canet, Julia

Fecha: 27-oct-2017

Cita: MJ-DOC-12276-AR | MJD12276

Doctrina:

Por Carina Mazzeo y Julia Canet (*)

El Capítulo Argentino de la Red Latinoamericana y del Caribe (Redbioética) rechaza enérgicamente la creación de la «Cobertura Universal de Salud» que pretende implementar al actual gobierno.La CUS se estableció a través de un decreto de necesidad y urgencia.

Esto merece una ineludible crítica inicial relacionada, justamente, con el mecanismo utilizado para ponerla en marcha, es decir a través de un DNU. Una modificación de estas características, que implica reformular el sistema de salud de nuestro país, requiere de un amplio debate parlamentario, que no se ha permitido.En segundo término debe señalarse que, no obstante lo grandilocuente del anuncio, lo establecido a través de ese DNU no ha sido otra cosa que la asignación de los recursos correspondientes al Fondo Solidario de Redistribución -que desde hace tiempo se encontraban sin «redistribuir»- provenientes de las obras sociales sindicales. Esto resulta también de dudosa legalidad, en tanto las mismas aparecen como donantes de 8.000 millones de pesos que, con carácter de liberalidad, entregan al gobierno actual para poner en marcha el sistema de la CUS. Ese fondo pertenece a los trabajadores que aportaron al sistema durante años, y que siguen aportando, por lo cual no es de propiedad de las obras sociales, y, por ende, no puede ser donado por éstas. El Fondo se utiliza para: a) garantizar el costo del PMO y equiparar niveles de cobertura, b) financiar Programas Especiales (alta complejidad, discapacidad, etc, que con el CUS quedarían desprotegidos), c) sostener la estructura de la Superintendencia de Servicios de Salud y de la Administración de Programas Especiales, y (d) apoyar programas dirigidos a grupos vulnerables.Asimismo no se advierte cómo, con esa suma, se pondría en marcha un sistema como el que se pretende, siendo la gran mayoría de los servicios de salud pública de resorte provincial o municipal, existiendo enorme disparidad entre los servicios disponibles en cada una de las provincias. Es falaz la «Cobertura Universal» actualmente enunciada.En nuestro país la salud es un derecho y el acceso a la misma es formal, universal y gratuito, desde hace muchos años. La salud se encuentra garantizada por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscriptos por el Estado Argentino, hecho que la diferenció siempre de otros países de la región. Por ello el anuncio de que el sistema implicaría el acceso de 15 millones de argentinos, no alcanzados por la cobertura de obras sociales o empresas de medicina prepaga, constituye una falacia, en tanto todos los argentinos ya gozamos del derecho de acceso a la salud constitucionalmente garantizado de manera universal y gratuita.

A la luz del retroceso en la financiación de salud por el Estado (2.3% del total del presupuesto en 2016, 2% en 2017 y 1.94% en 2018), el derecho a la salud está siendo recortado progresivamente y la idea motora del nuevo sistema es establecer un conjunto de prestaciones básicas (léase prestaciones mínimas) a las que los usuarios del sector público de salud tendrían acceso, sin haberse señalado hasta el momento cuáles serían las mismas. De esto podemos concluir que cuando se tratare de otras prestaciones, que no se encuentren dentro de las establecidas en dicha nómina, el usuario deberá pagar por ellas.

Esto significa transformar la atención médica universal y gratuita que debe garantizar el Estado, en una «cobertura parcial» de prestaciones «básicas».La experiencia de otros países de la Región en que se ha implementado este sistema indica un aumento de la inequidad y del gasto de bolsillo para acceder a las prestaciones.Del mismo modo el anuncio de descuentos en medicamentos, por ejemplo, obtenibles a través de la presentación de la credencial que otorgará el sistema en farmacias, implica que los mismos ya no serán entregados en forma gratuita a los usuarios por los hospitales públicos.De hecho ha quedado sin efecto el plan Remediar (que garantizaba entrega gratuita de los medicamentos para las enfermedades más frecuentes de quienes acceden a la salud pública en el Primer Nivel de Atención, es decir, a los Centros de Atención Primaria).A nuestro criterio estas aristas del sistema propuesto generarán restricciones severas en el acceso al sistema público de salud y profundizarán la inequidad, con perjuicios mayores para los sectores de bajos recursos.

No es casual que otra de las patas del nuevo sistema esté constituido por el proyecto de ley enviado al Congreso, que crea una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Agnet). El propio texto establece que dicha agencia, que será un ente autárquico dependiente del Ministerio de Salud, determinará la inclusión de medicamentos, técnicas y procedimientos en «el Programa Médico Obligatorio o el conjunto de prestaciones que se determine para el sector público o los que en futuro los reemplacen». Ello importa el riesgo no sólo de que se limite la incorporación de prestaciones al PMO para los afiliados de obras sociales y empresas de medicina prepaga, sino que se establezca un conjunto muy inferior de prestaciones obligatorias para el sector público, con el consiguiente aumento del gasto de bolsillo para acceder a servicios.

Si bien es legítimo y necesario que el Estado evalúe la pertinencia, racionalidad y costo-efectividad de nuevas tecnologías sanitarias, el ejercicio de esa función en un sistema fragmentado como el nuestro asegura que los beneficiarios del sistema público no accederán a las mismas prestaciones que los afiliados a una prepaga u obra social, y que, lejos de solucionar la eterna fragmentación del sistema, la profundizará.

Por otra parte se establece en el proyecto que la agencia a crearse será el órgano de consulta en los procesos judiciales de toda clase en los que se discutan cuestiones de índole sanitaria, agregando a través del artículo 15 que sus decisiones serán de carácter vinculante para todos los organismos del Estado nacional, las jurisdicciones queadhieran y los sujetos alcanzados. Este poder otorgado a la agencia para determinar «lo que sirve y lo que no sirve» en forma diferenciada para los servicios sanitarios financiados por el Estado es un arma de doble filo que, además de aumentar la inequidad, puede resultar contrario a nuestro plexo normativo constitucional y violatorio del principio de división de poderes, pues implica que los jueces, previo a dictar resoluciones, deberán dar intervención a la agencia de manera obligatoria. La sospecha es que, con el lanzamiento de la CUS y la creación de la AGNET los intereses que se buscan proteger son, en realidad, los de los otros actores a saber: las empresas de medicina prepaga, las obras sociales, las aseguradoras, las compañías farmacéuticas y los laboratorios. Implica además una privatización solapada de la salud, ya que la misma dejará de ser un derecho, para pasar a ser un bien de mercado.

Considerando además el retiro progresivo del gobierno nacional (y sus recursos) de programas centrales de prevención y promoción de la salud (Remediar, Sumar, Argentina Sonríe, Salud Sexual y Procreación Responsable, entre otros), podemos concluir que el hilo se cortará -una vez más- por lo más delgado, perjudicando los intereses de afiliados, usuarios y ciudadanía en general.

Por todo lo antedicho, el Capítulo Argentino de la Redbioética dice no a la CUS tal como está siendo implementada por el gobierno.

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(*) Abogadas especialistas en Derecho a la Salud y Discapacidad, miembros de la Red Latinoamericana y del Caribe (RedBioética).

N. de la R.: Artículo publicado en Juris, Jurisprudencia Rosarina Online.