No se configura mala praxis médica ya que el perjuicio del paciente inevitablemente se iba a producir

Partes: B. A. V. c/ Socorro Médico Privado S.A. y otros s/ daños y perjuicios – responsabilidad profesionales médicos y auxiliares

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 21-dic-2017

Cita: MJ-JU-M-108741-AR | MJJ108741 | MJJ108741

Rechazo de una acción de mala praxis médica porque el actuar de la obra social no influyó en el resultado del paciente.

Sumario:

1.-Ni la obra social ni los galenos son responsables por los daños padecidos por el paciente, dado que la negativa a trasladarlo no influyó al desarrollo final del cuadro la evolución del cuadro.

Fallo:

Buenos Aires, a los 21 días del mes de diciembre de 2017, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “B. A. V. c/ SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A. Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS – RESP.PROF.MEDICOS Y AUX.”

La Dra. Beatriz A. Verón dijo:

1.- Contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 972/1001 se alza la parte actora y expresa los agravios agregados a fs. 1025/1029 que Socorro Médico contesta a fs. 1031/1034.

B. A. V. sostiene que promedia responsabilidad contractual de la Obra Social y de Socorro Médico por falta de servicio e incumplimiento de la obligación de seguridad ante la negativa a trasladarlo que lo dejó en estado de extrema vulnerabilidad. En otro orden, impugna que se haya automedicado y que ello haya enmascarado el cuadro, dificultando el diagnóstico.

2.1.- El Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley 26.994, contempla de manera expresa lo tocante a la “temporalidad” de la ley.

Es menester interpretar coherentemente lo dispuesto por su art. 7° sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, así como a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

Por ello, corresponde ponderar que en el caso sub examine se trata de una relación o situación jurídica que ha quedado constituida conforme a la ley anterior, y también las consecuencias que emanan de ella, por lo que al haber nacido al amparo de tal legislación, es en definitiva la que se aplica.

2.2.- En este sentido, recientemente la C.S.J.N.in re “Ontiveros, Stella Maris c/ Prevención ART” , del 10/8/2017, aplicó el Código de Vélez por razones de derecho transitorio en virtud del citado art. 7° del CCyCom.

El máximo Tribunal decidió, no obstante, que la interpretación de las normas del CC debe realizarse con una armonía plena y total con el régimen del CCyCom., lo que según Ramón Pizarro resulta plausible al existir una clara continuidad entre las soluciones que permitía el código anterior -interpretadas dinámicamente a la luz de la doctrina y jurisprudencia más reciente- y las que ahora consagra, en algunos casos de manera más explícita y receptiva de ese proceso evolutivo, el nuevo CCyCom. (aut. cit., “El derecho a la reparación integral desde la perspectiva constitucional”, L.L. 23/8/2017).

2.3.- En otro orden, adelanto que seguiré al accionante recurrente en las alegaciones que sean conducentes para decidir este conflicto (C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272-225, entre otros) pues recuerdo que como todas las pruebas no tienen el mismo peso, me apoyaré en las que resulten apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos: 274:113; 280:3201; 144:611), las que produzcan mayor convicción en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa.

En otras palabras, se considerarán los hechos que Aragoneses Alonso llama “jurídicamente relevantes” (Proceso y Derecho Procesal, Aguilar, Madrid, 1960, pág. 971, párrafo 1527), o “singularmente trascendentes” como los denomina Calamandrei (“La génesis lógica de la sentencia civil”, en Estudios sobre el proceso civil, págs. 369 y ss.).

3.1.- De acuerdo al tenor de las quejas formuladas por B. A.V., el aspecto neurálgico del sub examine pasa por determinar si las lesiones que sufriera obedecen, se han originado o al menos agravado debido al accionar que le imputa a las accionadas.

Es decir, el tópico en el que se enmarca y resuelve el caso radica en la materia causal.

3.2.- En efecto, comienzo por señalar que en la dilucidación de dicho nexo de causalidad, revelador del plan prestacional que diferentes profesionales de la medicina han ejecutado a favor del paciente (actor en este proceso), corresponde apoyarse especialmente en el resultado de la prueba pericial médica, pues en principio es el galeno desinsaculado quien, a través de los conocimientos científicos del caso, ilustra a la suscripta en orden a la clarificación de los hechos y la determinación de la consecuente responsabilidad civil (ver mi voto in re “Morrone, Martín c/ Clínica Privada Independencia s/ Ds. y Ps.” , Expte. N° 71.811/2.010, del 14/02/2017; ver también esta Sala in re “De Sábato, Ricardo c/ Comp. Omnibus 25 de Mayo s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 2.654/2.009, del 15/7/2.015; idem, “Ortiz, Carlos A. c/ Línea 71 SA y otros s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 46.085/2.009, del 04/9/2.013; ídem, “Botiglieri, Carlos A. c/ Mercado, Hugo y otro s/ Ds. y Ps.”, Expte. 11.027/2.010, del 10/7/2.012; ídem, “Burcez, Elizabeth c/ Aguas Argentinas S.A s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 115.335/2005, del 22/4/2010; ídem, “Bay, Roberto A. c/ GCBA s/ Ds. y Ps.” , Expte. N° 66.857/02, del 23/10/07; ídem, “Rodriguez Saldivar, Pedro c/ Ttes. Aut. Riachuelo S.A. (Línea 100) s/ Int. Presc.”, Expte. N° 64.480/2002, del 22/03/07, entre muchos otros).

Se impone por tanto analizar si en el servicio médico prestado, según B. A. V.de manera imperita, se ha aportado la “causalidad adecuada”, pues recién comprobado ello será posible eventualmente adentrarse en el análisis de los hechos desde la obligación tácita de seguridad como pretende el quejoso.

Pues bien, por las razones que daré considero que los demandados no han aportado la “causa adecuada” de los perjuicios cuya reparación se reclama y que reconocen como basamento los sabios parámetros contemplados en el art. 901 del Código de Vélez (receptados por los arts. 1726/1727 y 1736 del CCyCom.).

3.3.- En efecto, recuerdo que en la actividad médica el daño no es, de suyo, en todos los casos, revelador de culpa prestacional ni de causalidad jurídica adecuada.

La prueba de la culpa del médico resulta indispensable, porque ella, además de la responsabilidad personal que implica, contiene la demostración del incumplimiento de la obligación de prestar asistencia adecuada que toma a su cargo el ente sanatorial, la clínica, etc., pues debe responder diligentemente a través del profesional del que se vale para cumplir la prestación en forma adecuada (Busso, Eduardo B., Código Civil Anotado, t. III, pág. 289).

En esta línea de pensamiento y de acuerdo a los principios generales que rigen la carga de la prueba en el proceso, le incumbe al actor como pretenso acreedor la demostración de los hechos que alega como fundamento de su pretensión, y está a cargo del deudor (la demandada) la prueba de los hechos impedientes de esta última.

3.4.- En torno a la alegada “falta de servicio” e incumplimiento de la “obligación de seguridad”, el actor pone de resalto que debió trasladarse por sus propios medios al sanatorio ante la negligente negativa de trasladarlo en ambulancia por parte del Dr.Dalmau (y por tanto de “Socorro”), y de allí razona que se subvaloró el diagnóstico de su dolencia, en extremo que incluso -destaca- ha sido observado en la sentencia apelada.

Al respecto y como adelantara, razono juntamente con el juez de grado, que del accionar de los demandados según los comprobados hechos, no se desprende relación causal adecuada desde el plano de la “autoría”.

La relación causal revela la autoría del daño y permite individualizar al sujeto que debe responder, pues tiende a dilucidar si las consecuencias dañosas de un hecho pueden ser atribuidas materialmente a la acción de un sujeto, poniendo en evidencia la autoría del hecho. El análisis de la relación de causalidad es necesariamente previo al atinente al criterio de imputación o atribución aplicable, cuestión esta última orientada a brindar un fundamento de justicia, permite determinar v.gr. si puede o no formularse juicio de reproche subjetivo en el comportamiento de quien es autor material del hecho (ver mis votos en autos “Miranda Maza, Luciana c/ Fernandez, Oscar Norberto y otros s/ Ds. y Ps., Expte. N° 51.956/2.010, d el16/7/2015; ídem, “Pogorselex, Eugenio c/ Emp. Tte. Gral. Roca s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 113.676/2.005, del 25/4/2.008; idem, “Avila, Jorge y otros c/ Couto, Juan Manuel s/ Ds. y Ps.”, Expte. n° 38.250/2002, del 04/9/07, entre otros).

3.5.- La actora fundamenta su pretensión indemnizatoria en la negativa de trasladarlo en ambulancia hacia el sanatorio (fs. 45 vta. y ss.), mas a tenor de lo informado por el perito en la experticia agregada a fs. 727/736 (que corresponde valorar en los términos previstos por los arts. 386 y 477 del rito), no promedia allí relación causal adecuada.

En efecto, el galeno desinsaculado señaló por lo pronto que la sintomatología de origen abdominal es de difícil interpretación (fs. 729), y que no siempre el cuadro se resuelve quirúrgicamente (fs.729), descartando de tal manera que cualquier caso semejante requiera necesariamente la intervención del ente sanatorial.

Puntualmente en torno al hecho que se haya subvalorado el cuadro por parte del Dr. Dalmau comparativamente con el diagnóstico practicado horas antes por su colega Dra. Ibarra, el consecuente retraso y el hecho de haberse Ibarra por sus propios medios para recibir la atención quirúrgica, no alcanza entidad suficiente para responsabilizar como se pretende en autos En efecto, como explicó el perito de manera tajante, aún cuando la conducta de la Dra. Ibarra era más acertada que la de Dalmau, en definitiva no se hubiera evitado la cirugía finalmente practicada horas más tarde: “. no se puede considerar que el retraso que esto generó haya podido influir en al desarrollo final del cuadro” (sic) (ver fs. 731).

Recuerdo que la pérdida de la posibilidad de curación (chance) sólo adquiere entidad y por tanto es indemnizable, si se verifica una conducta imputable por el hecho de no proporcionarse el tratamiento adecuado que podría haber curado con alguna probabilidad, frustrándose de modo cierto esa posibilidad (esta Sala in re “Romero, Alicia Mabel c/ S.P.M. Sistema de Protección Médica S.A. y otros s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 83.819/2.006, del 25/8/2015; Sum. N° 169, Causa N° J83605, del 28/07/1989, Micro Isis; Humphreys, Ethel, Tanzi, Silvia., Papillú, Juan María “La causa próxima y la causa adecuada en la responsabilidad médica”, en LL 2004-B-686).

Razonó el entendido que el diagnóstico efectuado en oportunidad de la operación fue “tumor inflamatorio” y que seguramente llevaba varios días de evolución, el que se produjo ante la perforación de un divertículo y el consiguiente plastrón (tumor) inflamatorio que generan estas perforaciones cuando evolucionan a lo largo de los días (fs.731).

Dio cuenta, incluso, que el cuadro diverticular debió comenzar una semana antes cuando se realizó la primera consulta, para más adelante concluir que el tratamiento quirúrgico efectuado hasta el alta definitiva fue el correcto (ver fs. 731).

3.6.- Por lo demás, no se me escapa que el galeno también sostuvo que no hubo un seguimiento de la evolución del cuadro por parte del paciente (fs. 731), a pesar que él mismo paciente manifestó que iba empeorando día tras día (cfr. hechos relatados en la demanda a fs. 45 vta./46 vta.), extremo que denota contribución causal imputable en los términos que norma el art. 1111 del CC (art. 1729 CCyCom.).

3.7.- En suma, a tenor de las circunstancias de hecho relatadas y razones de derecho desarrolladas, estimo que la confirmación de la sentencia apelada es la solución que se impone.

4.- Por las consideraciones efectuadas, doy mi voto para: a) Rechazar las quejas formuladas; b) Imponer las costas de Alzada al demandante perdidoso (art. 68 CPCCN).

La Dra. Zulema Wilde adhiere al voto precedente.

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.- Se deja constancia que la Vocalía N° 29 se encuentra vacante (art. 109 del R.J.N.).-

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017.- Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE: a) Rechazar las quejas formuladas; b) Imponer las costas de Alzada al demandante perdidoso (art. 68 CPCCN).

c) Difiérase la regulación de los honorarios para su oportunidad.

Se deja constancia que la Vocalía N° 29 se encuentra vacante (art. 109 del R.J.N.).- Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.-