Se deja sin efecto resolución que ordenó la limpieza y reforestación de 60 hectáreas incendiadas por tratarse de un adelanto de jurisdicción

Partes: Luro Maria c/ Spaghi Maria Carlota s/ daños y perjuicios autom s/ acción preventiva

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul

Sala/Juzgado: II

Fecha: 28-dic-2017

Cita: MJ-JU-M-108678-AR | MJJ108678 | MJJ108678

Se deja sin efecto la resolución que ordenó la limpieza y reforestación de las sesenta hectáreas incendiadas y dañadas, al tratarse de un adelanto de jurisdicción que resuelve en una etapa inoportuna el objeto de la pretensión.

Sumario:

1.-La medida de prevención decretada consistente en pagar sumas de dinero para la limpieza-reacondicionamiento del bosque incendiado debe ser dejada sin efecto porque no hay riesgo de reiteración del daño por la inexistencia de probabilidad de nuevos incendios que justifique la urgencia de la sentencia anticipada, no se integró por completo la litis y no está determinada con fuerte verosimilitud la obligación de los ‘demandados solidarios’ (que están indeterminados) de asumir la responsabilidad-prevención.

2.-La sentencia recurrida separó las dos pretensiones (de resarcimiento y de prevención) y ordenó sustanciar lo preventivo en un proceso aparte en el que dictó una sentencia que, técnicamente, es un anticipo de jurisdicción que resuelve la pretensión principal; así, no procura asegurar el derecho de la parte para garantizar su ejercicio en la etapa de ejecución, sino que directamente confiere, antes de tiempo, la petición sustancial -en el caso, la limpieza y reforestación de las sesenta hectáreas incendiadas y dañadas.

3.-La actora dedujo una demanda autónoma, típica y principal de resarcimiento y prevención sustancial por la vía del proceso ordinario y no promovió un ‘proceso urgente cautelar’ o autónomo; por ello, no debe confundirse la prevención como función de la responsabilidad civil de las vías procesales idóneas para su efectivización procedimental.

4.-La responsabilidad civil en el derecho ambiental se rige por la secuencia temporal siguiente: precaución; prevención, reposición o remediación (que sería el supuesto de la reforestación de condena de la sentencia apelada) e indemnización sustitutiva.

Fallo:

En la ciudad de Azul, a los 28 días del mes de Diciembre del año Dos Mil Diecisiete, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes, Jorge Mario Galdós y María Inés Longobardi, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Luro, María c/ Spaghi, María Carlota s/ Daños y Perj. Autom. s/ Acción Preventiva” (Causa Nº 62.383), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós – Dra. Longobardi – Dr. Peralta Reyes.

Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

-CUESTIONES-

1ª.- ¿Es justa la sentencia dictada a fs. 334/348 vta.?.

2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

-VOTACION-

A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:

I.- En la causa principal, requerida oficiosamente por el tribunal, caratulada: “Luro, María c/ Spaghi, María Carlota y Otros s/ Ds. y Ps. Autom. s/ Lesiones”, expediente nº 47.919, identificada en adelante como causa principal, la Sra. María Luro (representada por los Dres. Julián E. Espetxe, Pablo F. Casetta y Javier M. Petrirena), promovió demanda resarcitoria de los daños y perjuicios patrimoniales y morales sufridos como consecuencia del incendio de 60 hectáreas del establecimiento rural “La Azucena”, ubicado en el Partido de Tandil, del que resulta ser propietaria y poseedora. Allí acumuló a la pretensión resarcitoria o reparatoria una acción de prevención del daño, que sintéticamente se puede sintetizar en la “limpieza y reacondicionamiento” del predio rural y en “su reforestación o recomposición ambiental”.

La demanda la interpuso contra los esposos Bruno Sallustro y María Carlota Spaghi (representados por el Dr. Osvaldo R.Zarini), en su condición de dueños del inmueble rural vecino denominado “San Martín”, en el que se originó y produjo el incendio que se propagó a su inmueble; contra “Dactilys S.A.” (representada por el Dr. Juan C. Rovarino),arrendataria del campo, que lo explotaba económicamente conjuntamente con sus dueños; contra la citada en garantía “Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.” (representada por la Dra. María S. Valentini De La Presa) en su carácter de aseguradora de “Dactilys S.A.”; contra Ángel César Raúl Gatti (representado por el Dr L. Rodrigo López Santoro), conductor y propietario del camión marca Ford, modelo Cargo 1722/43 E, Dominio KFK-978, año 2011, motor 36286540, chasis 9BFYEXV3CBL85533 y del acoplado, marca Bonano, año 2011, dominio KGL-671, chasis nº 8CB3ACZZZBB000222 quién en ocasión de encontrarse trabajando con su camión en tareas de cosecha en la estancia “San Martín”, intentó, estando cargado de cereal (y pese a las advertencias en contrario), subir una “lomada” en un sector del terreno con “rastrojo” y al patinar provocó el incendio que luego se extendió al campo de la actora y otros predios; contra la citada en garantía “Cooperación Mutual Patronal Seguros S.M.S.G.” aseguradora del camión y semirremolque de Gatti (quien compareció representada por los Dres. Fernando D. Navarro y Alfredo G. Martínez Goya); con relación a Edgardo Mario Vinciguerra, como contratista del camionero Gatti, la codemandada Spaghi y Sallustro solicitó su citación como tercero, cuestión no resuelta y por consiguiente, no se corrió traslado de la demanda (ver fs. 560 y 564); contra la citada en garantía “Chubb Argentina de Seguros S.A.” (representada por el Dr. Martín A. D. Llousas) aseguradora del camión de Vinciguerra a la época de los hechos motivo de éste juicio.

Los codemandados Spaghi y Salustro solicitaron la citación como terceros de: Ángel Cesar Gatti (quien ya compareció en autos) y de Ángel Z. Gatti.Héctor Guillermo Gatti, Raúl Gatti y Daniel Gustavo Gatti (como titulares registrales del camión y del acoplado), lo que se ordenó a fs. 734, y quienes aún no fueron notificados de la demanda.

La actora solicita el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos, patrimoniales y morales, y solicita se aplique la función preventiva de la responsabilidad civil. Con relación al resarcimiento, los rubros reclamados son los siguientes: por alambrados y postes $493.116,87; daños al tendido eléctrico $75.627,55; daños a la red de agua $38.000; por construcción del galpón siniestrado $24.800; por pérdida del valor real de la estancia “La Azucena” $10.000.000; por daño moral $2.000.000; por daño psicológico $500.000; por el dolor como secuela indemnizable $500.000. De este modo, y tal como luego lo especifica en la ampliación de demanda de fs. 526/527, la suma total reclamada por este concepto asciende a $29.083.044,42, discriminados del modo siguiente: daños materiales $16.083.044,42; pérdida del valor venal $20.000.000; daño moral $2.000.000; daño psicológico $500.000 y el dolor como secuela indemnizable $500.000.

A todos estos rubros añade los que identifica como función preventiva de la responsabilidad civil los que separa en dos ítems:1) $11.687.500 reclamados como “valor de la limpieza como evitabilidad de Prevención del Mayor Riesgo”, “con carácter de urgentes y necesarios a realizarse según detalle de tiempo, personal, elementos materiales y humanos a utilizarse y costos de los mismos”. En este concepto engloba los rubros acondicionamiento del lugar y limpieza, el costo de equipos de operarios necesarios, de máquinas y herramientas, los costos de equipamiento, los insumos y materiales necesarios, los gastos por instalaciones a desarrollar, la contratación de terceros, personal, y otros gastos, tendientes todos a la limpieza de las 60 hectáreas afectadas; 2) $3.764.000 como “medida preventiva de reconstrucción del parque y bosque comprensivo de la reforestación y mantenimiento de la superficie afectada mediante la plantación de distintas especies”, detallando los distintos rubros comprendidos en esta pretensión. En consecuencia la suma reclamada de $15.451.500 representa “la medida cautelar en base a la función preventiva por el valor de la limpieza y reforestación de las 60 hectáreas afectadas”. Señalo que ambos trabajos comprenden tareas y labores complejas, de carácter técnico y que insumirán cierto tiempo.

Cabe puntualizar que tanto en el escrito constitutivo de la litis como en la demanda aclaratoria, la actora al deducir la denominada acción preventiva reclama en realidad y simplificadamente la “limpieza del bosque afectado” y su “reconstrucción ambiental”. Acoto también que este rubro lo emplazó como “Solicitud de aplicar la función preventiva. Medida cautelar”, detallando sobre la base de informes técnicos y económicos, los trabajos comprendidos y la cuantía para concretar ambas pretensiones (“Acondicionamiento del lugar.Limpieza” y “Reforestación y mantenimiento”).

En dichos autos principales la litis se integró del modo siguiente:

– a fs. 550/563 vta., con fecha 09 de agosto de 2016, comparecieron los Dres. Javier A. Urturi y Osvaldo R. Zarini (como apoderados de los codemandados -Sres. Spaghi y Sallustro-); – a fs. 779/802 vta., con fecha 16 de febrero de 2017, se presentó el Dr. F. Rodrigo López Santoro (en su condición de apoderado del Sr.Ángel César Gatti); – a fs. 618/635 vta., con fecha 24 de agosto de 2016, comparecieron los Dres. Fernando D. Navarro y Alfredo G. Martínez Goya (como apoderados de la citada en garantía “Cooperación Mutual Patronal Sociedad Mutual de Seguros Generales”); – a fs. 698/709, con fecha 30 de noviembre de 2016, se presentó la Dra. María S. Valentini De La Presa (en su carácter de apoderada de la citada en garantía “Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.”); – a fs. 683/687 compareció el Dr. Martín A. D. Llousas, con fecha 24 de noviembre de 2016 (como apoderado de la citada “Chubb Argentina de Seguros S.A.”); Como se anticipó, se amplió a fs. 734 el auto de fs. 524 y ordenó el traslado de demanda con relación a: Ángel César Gatti (ya presentado), Ángel Z. Gatti, Héctor Guillermo Gatti, Raúl Gatti y Daniel Gustavo Romero, quienes aún no han sido notificados. Tampoco se ordenó la citación como tercero de Edgardo Mario Vinciguerra (contratista del camionero Gatti) por la codemandada Spaghi y Sallustro (fs. 560 y 564), cuestiones ambas pendientes de resolución judicial y que, salvo el trámite en curso de las notificaciones pendientes, ha sido en cierta manera consentido por las partes.

II) 1.- Una vez promovido el proceso mencionado anteriormente el Sr. Juez de Grado dispuso de oficio la promoción de las presentes actuaciones caratuladas “Luro, María c/ Spaghi, María Carlota s/ Ds. y Ps. Autom. s/ Acción Preventiva”, expediente nº 47.919/01, en adelante causa incidental o causa conexa. Así, y con copia del escrito de demanda, el Sr. Juez de Grado ordenó a fs. 53/65 fijar primera audiencia a fines de que comparezca el Ing. Néstor E.Blazina (autor del informe pericial acompañado por la actora y agregado en autos) para que se pronuncie sobre “la necesidad urgente de realizar tareas de limpieza (del establecimiento rural), los riesgos ambientales existentes y los daños potenciales al medio ambiente”. El pronunciamiento inicial y que dio origen a este proceso arribó a la conclusión mencionada luego de transcribir (aunque sin especificarlo muy claramente) consideraciones conceptuales de anteriores pronunciamientos de este tribunal acerca de la función preventiva de la responsabilidad, y de citar fundamentos doctrinarios relativos al derecho ambiental.

Posteriormente Ángel César R. Gatti (propietario del camión) “contestó el traslado” sobre la medida de prevención oponiéndose a la procedencia de la “Medida Preventiva de Daño Ambiental”, solicitando su rechazo y se celebró la audiencia videograbada con el Ingeniero Blazina, con la asistencia de la actora y sus letrados y, conforme se desprende de la constancia del acta obrante a fs. 100/100 vta., de los apoderados de Ángel C. Gatti, “Cooperación Mutual Patronal Sociedad Mutual de Seguros Generales” y los Sres. Diego C. Aguiló y Miguel Aguiló.

Luego se corrió traslado del resultado de la audiencia a la contraria y comparecieron y respondieron a fs. 108/116 vta., los esposos María C. Spaghi y Bruno Sallustro; a fs. 118/122 “Cooperación Mutual Patronal Seguros S.M.S.G.”.

2.- A fs. 334/348 de este proceso incidental se dictó la sentencia de condena que denominaré de prevención del daño y se agregaron copias de los escritos de contestación de demanda glosados en los autos principales. El pronunciamiento, ahora recurrido por los demandados, resolvió: “1) Ordenar en base a los trabajos de “Acondicionamiento del lugar – Limpieza” descriptos en el escrito de demanda del presente expediente a fs. 28 vta./31, la condena a pagar la suma presupuestada a fs. 21 vta. -$11.687.500-. La condena económica se asumirá por los demandados solidariamente. 2) Ordenar en base a los trabajos de “Reforestación” descriptos en el escrito de demanda del presente expediente a fs. 31/34 vta., la condena a pagar la suma presupuestada a fs.25 -$3.764.000-. La condena económica se asumirá por los demandados solidariamente. 3) Las sumas de condena computarán intereses a tasa pasiva digital desde el momento en el que se notificó la demanda que se esta proveyendo. 4) Costas a la parte codemandada vencida, atento el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC) difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51 de la ley 8904) .” (sic. fs. 348/348 vta.).

La sentencia reiteró las consideraciones dogmáticas sobre prevención del daño, por un lado, y sobre los principios del derecho ambiental, por el otro, vertidas al promover el expediente incidental y luego transcribió los informes periciales, lo que fueron realizados por peritos de parte y sin intervención de ningún perito oficial. Paso seguido el Sr Juez de Grado se formula tres preguntas: si el incendio que se inició en el bosque de la demandada produjo un daño al ambiente; si existen riesgos de nuevos incendios; y si cabrían acciones de recomposición ambiental. Señala que como consecuencia del incendio de la 60/70 hectáreas del campo de la actora, se produjo un daño ambiental o al medio ambiente por haberse afectado un bosque de especies particulares de muchos años e incorporados al ecosistema. Acotó que si bien se trataba de un predio privado se produce igualmente un daño al medio ambiente, aunque “no existe mayor o latente de nuevos incendios” pero “sí existe un daño a ese ecosistema ambiental con sustento constitucional (y se requieren) medidas de recomposición inmediata”. De allí colige que es necesario recomponer el medio ambiente afectado devolviendo al ecosistema la especificidad y características del ecosistema dañado.

Contra este pronunciamiento apelaron: los codemandados Gatti (fs. 352/353), “Dactilys S.A.” (fs. 354/355), Sallustro y Spaghi (fs. 356/357) y “Cooperativa Mutual Patronal” a fs. 358/359. A fs.405/407 la aseguradora “Cooperación Mutual Patronal Seguros S.M.S.G.” solicita la nulidad de la sentencia aduciendo en este incidente que no comparecieron la totalidad de los codemandados y citados en garantía cuestión que el Sr. Juez de Grado entendió incluida en el escrito de apelación.

Los agravios de “Dactilys S.A.” de fs. 409/412 sostienen que el pronunciamiento dictado en autos es nulo y le resulta inoponible porque no le fue notificada la demanda, lo que afecta su derecho de defensa, quejándose también de la imposición de costas. Tras ello aduce que el fallo resulta incongruente y que la cuestión litigiosa tal como la planteó el juez (si se produjo o no un daño ambiental con el incendio que afectó el bosque de propiedad de la actora) debe ser resuelta en un proceso de conocimiento amplio, ponderando conclusiones técnicas y científicas. Acota que no rige para nada el principio precautorio dado que el mismo juez dijo que “no existe riesgo mayor latente de nuevos incendios”. Concluye afirmando que con fundamento en el principio precautorio se dicta bajo la forma de una sentencia una medida cautelar, en un proceso sin prueba que vulnera todas sus garantías constitucionales.

Los agravios de fs. 414/424 de Gatti se orientan en similar sentido recalcando que la sentencia se dictó sin haberse atendido con carácter previo a quien corresponde atribuir responsabilidad por la producción del foco del incendio. Afirma que no existe daño ambiental ni informe científico que lo avale ya que las conclusiones técnicas presentadas por los peritos de la demandada indican que no existe riesgo de producirse nuevos incendios. Tras ello manifiesta que no están dados los presupuestos de procedencia de las medidas cautelares.

A fs.426/443 Spaghi y Sallustro sostienen que la presente acción preventiva se dictó sin correr traslado de la demanda, sobre la base de una audiencia en la que se escuchó al perito de la actora, que a esa audiencia no concurrieron la totalidad de los demandados porque algunos no estaban citados y sólo se dio traslado a las partes de otras medidas de pruebas decretadas. Ponen especial énfasis en la omisión de la sentencia de contar con una pericia elaborada por un perito oficial y destacan que antes de dictar una sentencia del tenor de la aquí emitida debió dilucidare previamente la cuestión relativa a la responsabilidad de cada uno de los codemandados. Puntualizan detenidamente los defectos procesales y las omisiones del fallo que afectan su derecho de defensa en juicio.

A fs. 445/450 luce el agravio de “Cooperación Mutual Patronal Seguros S.M.S.G.”. En primer lugar solicita la nulidad de la sentencia interlocutoria porque se dictó sin intervención de todas las partes y luego dice que no se encuentra acreditado el daño ambiental, lo que por otro lado constituye tutela reparatoria que debe transitar en el expediente principal. Como tercer agravio aduce que se tuvo por cierta la existencia y magnitud de la afectación alegada por la actora sin respaldo probatorio y finalmente destaca que no existe peligro grave ni requerimiento de ninguna tutela preventiva ambiental.

3.- Llamados autos para sentencia, dispuesto que la cuestión debía resolverse con voto individual y agregado por cuerda el expediente principal requerido oficiosamente, la causa se encuentra en condiciones de ser resuelta.

III.- 1.- Anticipo opinión en el sentido de que la sentencia recurrida no es nula, aunque debe ser revocada (arts. 1, 2, 3, 7 y concs. CCCN; arts. 242 y 253 CPC).

En efecto, estos autos conexos o incidentales fueron ordenados sustanciar por separado de manera oficiosa por el Sr. Juez de grado (aunque sin asignarle un trámite procesal especial, conforme lo dispone el art 319 y concs. CPC en concordancia con los arts.1711 y 1713 CCCN), en el marco de un proceso principal, típico y autónomo, que tramita según las normas del proceso sumario, y en el que se acumularon dos pretensiones -de prevención y de resarcimiento del daño- solicitando la actora “medidas cautelares” para concretar esa prevención (de “limpieza y reforestación” del bosque incendiado). El pronunciamiento de grado (decretado, entonces, en este proceso conexo sustanciado por separado) debe ser emplazado en el instituto pretoriano de la tutela anticipada en sentido estricto o anticipo de jurisdicción o sentencia anticipada -que entiendo que ahora está receptada en el art. 1713 CCCN-. Y en este contexto, debe ser revocado porque no se configuraron los presupuestos sustanciales y procesales que habiliten la admisibilidad del adelantamiento de la pretensión principal (arts. 1710, 1711, 1712, 1713 y concs. CCCN; art. 232 y concs. CPC).

También anticipo que corresponder ejercer las facultades ordenatorias e instructorias: en el proceso principal definiendo los legitimados pasivos, resolviendo pedidos pendientes de resolución y concretando las notificaciones en trámite; y en este proceso incidental, reconduciendo y reencausando procesalmente el trámite, para su prosecución por separado o acumulado al principal (arts. 34 inc. 2º, 36 inc. 5º, 163 inc. 6, 164, 266 y concs. CPC).

2.- Media un pedido de nulidad de la sentencia requerido por la aseguradora Cooperación Mutual Patronal Sociedad Mutual de Seguros Generales”, quién aduce genéricamente la defectuosa integración de la litis en los autos principales (fs. 405/407) y por la coaccionada “Dactilys S.A.” quien también afirma que la sentencia es nula porque no fue notificada de la demanda (fs. 409/413). La sentencia atacada se dictó el 6 de Abril de 2017 (fs. 334/348) y esa parte en los autos principales, fue notificada de la demanda bajo responsabilidad de la actora en el domicilio de Cerrito 1070, piso 8º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 4 de Julio de 2017 ( fs 804/807), es decir con posterioridad a la sentencia. Sin embargo, en este proceso se presentó espontáneamente a fs.234, el 30 de Diciembre de 2016, manifestando que no pudo concurrir a la audiencia convocada de oficio en esta litis incidental (se trata de la audiencia de explicaciones del Ing. Néstor E. Blazina) por no estar notificada de la demanda. Es importante aquí señalar los esfuerzos realizados en el juicio principal para notificar la demanda a “Dactilys S.A.” ya que hubo dificultades no sólo para encontrar su domicilio social sino también para realizar dicha notificación (se informaba que “no vivía más” en ese lugar), pese a lo cual compareció espontáneamente y aunque no denunció expresamente su domicilio real y social, acompañó un poder para juicios del que resulta que el domicilio es el de Cerrito 1070, piso 8º de la Ciudad de Buenos Aires, en el que se efectivizó finalmente el acto de citación a juicio (reitero: notificándola bajo responsabilidad de parte). Pero ello aconteció luego del dictado de la sentencia de condena anticipada (fs. 231/234 de estos autos). Si bien es cierto que esa presentación podría haber tenido otros efectos jurídicos, incluso hasta por aplicación de la doctrina de los actos propios o por la misma constitución de domicilio procesal en los autos principales, lo decisivo es que el auto de fs. 235 lo tuvo por presentado pero difirió el tratamiento de la bilateralización para “cuando se notifique la demanda”, oportunidad -dijo- en que ejercerá los derechos que considere corresponder en la medida de su interés.” (sic. fs. 235 y vta.). En atención a lo ordenado en ese proveído y, en conclusión, Dactilys fue notificada de la demanda en el expediente principal con posterioridad a la sentencia de este proceso (estos autos fs.231/234; autos principales 804/805).

Por lo expuesto la conclusión lógica y jurídica que se infiere es que se dictó una sentencia de prevención del daño (en realidad una tutela preventiva o anticipo de jurisdicción) que integró la pretensión principal (se reclamó el resarcimiento del daño y la prevención) sin ser previamente oída. Ello podría importar la nulidad de la sentencia por vicios formales en los términos de los arts. 242 y 253 CPC, conforme jurisprudencia que decidió que procede el recurso de nulidad por defectos formales, contenido en el recurso de apelación, si falta de integración de la litis (Escutti Pizarro Jorge en Highton, Elena – Areán, Beatriz, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Tomo 4, p. 914, cita 19) o se vulnera el principio de congruencia (Morello, Augusto M. – Sosa, Gualberto Lucas – Berizonce, Roberto, “Código Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación” Coordinadores Berizonce – Quadri, Tomo IV, p. 200). Sin embargo igualmente atenderé por otra vía la cuestión planteada de la falta de notificación ya que la solución que propondré comprende pronunciarse sobre este punto sin acudir al remedio extremo de la nulidad del acto jurisdiccional (arts. 242 y 253 CPC). Ello así por aplicación del carácter restrictivo con que debe ponderarse la nulidad de un sentencia judicial (SCBA, Ac. 74998, “Gazzotti” , del 12/12/01), y el firme criterio que determina que no procede declarar su invalidez cuando el vicio puede ser corregido por vía del recurso de apelación (esta Sala, doctrina causas n° 50.071, “Bca.Nazionale del Lavoro S.A.” , del 05/09/06; n° 55.734, “Ballent, Rubén Oscar.” , del 22/11/11; n° 58317, “Quinteros, Cipriano Tito y otro”, del 20/05/14). Por aplicación del principio de utilidad y eficacia procesal es compartible la doctrina- que entiendo aplicable a éste caso- que predica que “en tanto las omisiones en que incurra la sentencia objeto del planteo recursivo, puedan ser subsanadas a través del recurso de apelación -y exista requerimiento al respecto-, no resulta procedente declarar la nulidad de aquella, ya que evidentemente es preferible reformar el decisorio viciado que anularlo y luego remitirlo a otro órgano para que falle nuevamente (art. 253 del C.P.C.C.)” (conf. Cám. Civil, Sala 1ª, Quilmes, causa nº 15.897, 12/11/2014, “Sequeira, Roberto Héctor s/ Incidente Concurso/Quiebra (Excepto verificación)”, Sumario Juba B2900410). Me apresuro a aclarar que lo dicho no significa soslayar que las medidas cautelares clásicas (carácter que no reviste la tutela anticipada decretada en autos) pueden ser decretadas inaudita parte y que, en mi opinión, en ciertas cautelas atípicas, el derecho de defensa puede diferirse para la etapa de contradicción y bilateralidad en la Alzada (Galdós Jorge M., “El contenido y el continente de las medidas autosatisfactivas”, JA 1998-III-659; “Un fallido intento de acogimiento de una medida autosatisfactiva”, LL 1997-F-482). Sin embargo este no es el caso de autos, dada la entidad y envergadura de las medidas decretadas y del complejo trámite procesal en el que se impulsaron de oficio numerosas pruebas (incluida la inspección ocular del predio y la presentación y traslado de numerosos informes técnicos y periciales de las partes). Además, y a modo de hipótesis, igualmente podría resolverse la cuestión en función de los principios de utilidad y eficacia procesal, que como mandatos indeterminados integran el ordenamiento normativo (arts. 1, 2, 3 y concs. CPC), resolviendo -si procediera- el planteo subsidiario de Dactilys de decretar la inoponibilidad a esa parte de la sentencia de prevención (arts.34 incs. 4, 5 apart. b, c, d, e, 36 inc. 2, 242, 253 y concs. C.P.C.).

Por lo expuesto no corresponde decretar la nulidad de la sentencia, sin perjuicio de la procedencia de su infundabilidad.

3.- Además de los defectos mencionados de integración de la litis se advierte que también existen otros déficits de naturaleza procedimental, tanto en los autos principales como en este incidente, que requieren de su saneamiento (arts. 34 inc. 2º, 36 inc. 5º, 163 inc. 6, 164, 266 y concs. CPC). Así, y de la compulsa de estas actuaciones y del proceso principal, se desprende que resulta necesario que en la instancia de origen se decreten en los autos principales las medidas ordenatorias e instructorias pertinentes, particularmente se definan los legitimados pasivos, resolviendo la citación del tercero Edgardo Mario Vinciguerra (contratista del camionero Gatti) citado por la codemandada Spaghi y Sallustro (a fs. 560 y omitido resolver a fs 564) y de los restantes terceros allí requeridos (los que, en principio, ya habrían sido convocados a juicio) y se integre debidamente la litis con las notificaciones pendientes y en curso de Ángel Z. Gatti, Héctor Guillermo Gatti, Raúl Gatti y Daniel Gustavo Romero, dispuesta a fs. 734, teniendo presente que Ángel César Gatti ya se presentó.

También que en esta causa incidental o conexa, más allá de la validez de los actos procesales cumplidos, los que por lo demás fueron consentidos por las partes que comparecieron, corresponde se dicte similar pronunciamiento ordenatorio determinando la vía procesal de trámite para prosecución del proceso por separado, acumulado o integrado a la causa principal, a fines de conferir mayor predictibilidad a la litis, con sujeción al principio de legalidad, y a las facultades instructorias del juez (arts. 34 inc. 2º, 36 inc. 5º, 163 inc. 6, 164, 266 y concs. CPC).

4.- En anticipada síntesis:la sentencia atacada, y más allá del trámite asignado a este proceso que le dio origen (aspecto sobre el que ya volveré), se dictó con defectos de integración de la litis y de indeterminación de los legitimados pasivos demandados en el juicio principal, es autocontradictoria porque otorga una prestación que consideró no acreditada (la urgencia en la prevención del daño por inexistencia de amenaza de nuevos incendios),condena “solidariamente a los demandados”,algunos de ellos no especificados, y decreta una condena a dar (sumas de dinero) para prevenir el daño, cuando no está determinada, ni siquiera “prima facie”, la responsabilidad civil de los emplazados, presupuesto lógico y jurídico para dicha condena (arts. 1, 2, 3, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713 y concs. CCCN, art 232 y concs CPC).

Reitero que la sentencia dictada reviste técnicamente la naturaleza jurídica de una medida anticipada o anticipo de jurisdicción (condena a pagar para prevenir el daño), reclamada en un proceso principal sustancial, típico y autónomo en el que se demandó conjuntamente la prevención y el resarcimiento del daño y que luego se sustanció por separado en un juicio incidental o conexo al principal.

Así, y sin adelantar opinión sobre el fondo del juicio, para fundar este decisorio y aclarar algunas imprecisiones de la sentencia, formularé brevemente consideraciones teóricas imprescindibles para responder algunos puntos objeto de resolución y agravio (arts. 1, 2, 3, 7 y concs. CCN).

Comienzo con el emplazamiento de la petición de prevención del proceso principal (causa “Luro, María c/ Spaghi, María Carlota y Otros s/ Ds. y Ps. Autom. s/ Lesiones”, expediente nº 47.919). En la demanda promotora de la litis, en los autos principales, se dedujo (como ya lo dije) un juicio de conocimiento, al que se le asignó el trámite del juicio sumario (fs.524 autos citados); se reclamaron sumas de dinero en concepto de pago del resarcimiento de diversos daños (que ya describí anteriormente) y en un capítulo separado se especificó que una parte de esa petición de condena comprendía la “función preventiva” de la responsabilidad civil, solicitando “medidas cautelares” (a decir verdad pedidas genéricamente y sin diferenciarlas de la medida anterior) para ejecutar: 1) Trabajos de limpieza y reacondicionamiento del bosque y plantaciones incendiadas en las 60 hectáreas del campo de la actora, sobre la base de un informe técnico, económico y de costos, presentado por un perito de parte que detalla pormenorizadamente las distintas etapas y tareas necesarias; 2) Reforestación y mantenimiento del bosque ordenándose la plantación de diversas especies arbóreas, también sobre la base de ese informe ambiental (conf. autos principales fs. 1/52, ampliación de demanda de fs. 526/527, proveído de fs. 524).

Recalco que no existe dudas que la denominada función preventiva o responsabilidad-prevención (instituto jurídico también estudiado antes de la reforma con las denominaciones de “tutela civil inhibitoria” o “tutela inhibitoria” o “tutela inhibitoria contra daños” (Morello, Zavala de González, Andorno, Nicolau, Lorenzetti,- entre otros-) o “deber del acreedor de mitigar o no agravar el daño o de contribuir a la disminución del daño” se dedujo conjuntamente y como integrante de la petición de condena, con el añadido mencionado de las “medidas cautelares” adicionales requeridas para su efectivización, conforme resulta claramente tanto del escrito de demanda como del posterior detalle de las pretensiones formulado a requerimiento del Sr. Juez de grado (fs. 526/527; arts. 384 CPC; arts. 1710 y concs. CCCN).

En este contexto es evidente que la actora promovió un juicio de conocimiento u ordinario, por oposición al procedimiento cautelar o de cautelas atípicas (como medidas autosatisfactivas, medida cautelar autónoma, medida caute lar genérica etc.) porque no debe confundirse la prevención como función de la responsabilidad civil de las vías procesales idóneas para su efectivización procedimental.La función preventiva importa evitar o impedir el daño o el agravamiento o repetición del daño ya en curso, conforme la nueva regulación del Código Civil y Comercial, prevista particularmente en los arts. 1710 a 1713 CCCN. La función preventiva puede operar en un proceso principal o en proceso conexo. La prevención del daño comprende “dos ámbitos: el específico de la responsabilidad civil preventiva, de derecho sustancial (o de derecho privado constitucional y convencional; arts. 1, 2, 3, 1710, 1770 y concs. CCCN) que debe distinguirse de los aspectos de naturaleza procesal (los institutos que permiten la concreción de aquella finalidad del derecho de fondo), sin perjuicio de que ambos -el derecho sustancial y el procesal- están muy estrechamente vinculados, casi de modo inescindible. Desde el derecho privado la prevención es una función normativa de la responsabilidad, que consagra el deber general de acción u omisión de no dañar (evitar causar un daño), de fuente constitucional (arts. 19 y 42 CN), y de impedir el agravamiento o continuación, temporal o espacial, del daño en curso. Está expresamente regulada en los arts. 1710 a 1713 y 1770 y concs. CCCN, e integrada de modo sistémico en todo el CCCN (arts. 51 a 54, 1102, 1032 CCCN, entre muchos otros más; Galdós Jorge M., “Responsabilidad civil preventiva. Aspectos sustanciales y procesales” en La Ley 12/10/2017 AR/DOC/2479/2017).

En el proceso principal la actora Sra. María Luro dedujo una demanda autónoma, típica y principal de resarcimiento y prevención sustancial por la vía del proceso ordinario y no promovió un “proceso urgente cautelar” o autónomo. La diferencia es importante también en orden a la prueba de los presupuestos de admisibilidad de una y otra, ya que en lo cautelar “las medidas que se adoptan son siempre provisorias, provisionales, asegurativas o precautorias, recaen sobre el derecho que procuran asegurar (vgr.el embargo, la inhibición general de bienes, el secuestro, la prohibición general de innovar, las medidas cautelares genéricas) y no sobre la pretensión principal; y son instrumentales porque tienen a garantizar el resultado y eficacia del proceso. Los presupuestos de admisibilidad de la cautelar son los previstos en la legislación procesal: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela, aseguran el derecho invocado como sustento de la pretensión final, habitualmente dependen y acceden a otro proceso (arts. 195, 196, 199, 203, 204, 230, 232 y concs. CPCN), son mutables (pueden ser modificadas, ampliadas, sustituidas), y tienen carácter de urgente por lo que su trámite y dictado está sujeto a plazos más breves. Procuran, en esencia, la tutela del crédito”. La responsabilidad-prevención también requiere que se cumplimenten los requisitos de procedencia sustancial (arts. 1711, 1712 y concs. CCCN; “Responsabilidad civil preventiva. Aspectos sustanciales y procesales” citado supra La Ley 12/102017 AR/DOC/2479/2017). A riesgo de resultar sobreabundante transcribo opiniones anteriores: “las diferencias entre las medidas cautelares y las sustanciales (o tutela de prevención, o tutela sustancial o tutela inhibitoria de daños, ahora receptada en los arts. 1710 a 1713 CCCN ) son las siguientes: en la vía cautelar se debe probar el peligro en la demora, en la tutela definitiva el daño o la amenaza de daño; lo cautelar recae sobre el bien a asegurar, la sustancial o tutela preventiva (las medidas autosatisfactivas, el mandato preventivo, la tutela inhibitoria de expresión, etc.) sobre la prestación sustancial objeto del proceso; las llamadas pretensiones urgentes sustanciales pueden tramitar en procesos rápidos (amparo, habeas data, medidas autosatisfactivas, etc.) o en procesos comunes (juicios ordinarios o sumarios) y decretarse de oficio (vgr. mandato preventivo) o a pedido de partes (vgr. anticipo de jurisdicción), de modo provisorio o definitivo (vgr. tutela civil inhibitoria de expresión), en cualquier etapa del proceso (vgr. anticipo de jurisdicción) o en la sentencia definitiva; de modo principal y exclusivo (vgr.medida autosatisfactiva) o accesorio (en proceso resarcitorio de daños); todas tienen, en definitiva, una finalidad común: la prevención del daño (arts. 51, 1710 a 1713 y concs. CCCN)” (ob. cit. supra en La Ley 12/102017 AR/DOC/2479/2017). Las herramientas procesales para prevenir el daño son numerosas, algunas con previsión normativa en la legislación local y otras son creaciones jurisprudenciales (medidas autosatisfactivas, tutela anticipada, mandato preventivo, tutela inhibitoria de expresión y tutela inhibitoria de expresión en Internet) receptadas por la mayoría de los tribunales aunque algunos interpretan restrictivamente ciertos institutos (por ejemplo, la medida autosatisfactiva).

Retomo el núcleo argumental de los hechos de la dos causas conexas: en ambos procesos la actora demandó la prevención del daño y solicitó su tutela “cautelar”, sin especificar cual era la medida procesal idónea, pudiéndose inferir que requirió derechamente la “limpieza y reacondicionamiento del predio” y “su reforestación”. El Sr. Juez separó las dos pretensiones y ordenó sustanciar lo preventivo en un proceso aparte en el que dictó una sentencia que, técnicamente es un “anticipo de jurisdicción o medida anticipada o tutela anticipada en sentido estricto. Ésta, a partir del reconocimiento pretoriano de la Corte Nacional adelanta, anticipa, otorga o confiere antes de la sentencia, durante la sustanciación del proceso y en circunstancias particulares, la pretensión principal, esto es el objeto del proceso; por ello no procura asegurar el derecho de la parte para garantizar su ejercicio en la etapa de ejecución, sino que directamente confiere, antes de tiempo, la petición sustancial: en el caso “la limpieza y reforestación” de las 60 hectáreas incendiadas y dañadas. Así, la medida aquí decretada y recurrida, deducida en un proceso urgente sustancial, constituye una “tutela anticipada en sentido estricto”, o “que permite, en ciertos y excepcionales supuestos, adelantar -total o parcialmente- el resultado de la sentencia definitiva a favor del sujeto procesal impedido de aguardar el agotamiento de las etapas que conduzcan a su firmeza definitiva.Procuran una protección especial de niños y otros sujetos vulnerables y el objeto de la medida es obtener en dinero o en especie la satisfacción principal del proceso” (C.S., 7/8/97, “Camacho Acosta, Máximo v. Grafi Graf S.R.L. y otro” L.L. 1997-E-652; J.A. 1997-IV-620, D.J. 1997-3-59, ED 176-62 con nota de Augusto M. Morello, “La tutela anticipada en la Corte Suprema”; C.S., 6/12/2011, “P., H. P. y otro c. Di Césare, Luis Alberto y otro s/ art. 250 del C.P.C.” (también anticipo de condena para la asistencia de la menor víctima de un siniestro vial”) LL 2012-A, 352 y con notas de Peyrano, R.C.y S. 2012-II, 191 y Medina, Graciela, “Tutela anticipada y daño vital”, La Ley 2012-A-359; R.C.y S. 2012-III-170).

Por ende su dictado requiere de una mayor verosimilitud en grado cercano a la certeza y no puede despacharse (cómo en este caso) si previamente no se determinó, aún “prima facie”, la responsabilidad civil de los legitimados pasivos, es decir el sujeto obligado a cumplir con la pretensión de condena definitiva. Ello otorga sustento y razón de ser a la responsabilidad-prevención que también requiere de los presupuestos de la responsabilidad civil (aunque prescinde del factor de atribución; arts. 1710, 1711, 1712, 1713 y concs. CCCN).

También descarto que la sentencia, como lo aducen algunos recurrentes, constituya una medida autosatisfactiva porque ésta agota el proceso y en ella se superponen la pretensión cautelar urgente con la pretensión sustancial. “La medida autosatisfactiva que se caracteriza porque media superposición o coincidencia entre el objeto de la pretensión cautelar, provisional o preventiva -en la terminología clásica- con la pretensión material o sustancial, de modo que el acogimiento de aquélla torne generalmente abstracta la cuestión a resolver porque se consumió el interés jurídico (procesal y sustancial) del peticionante” (ob. cit. supra “Responsabilidad civil preventiva.Aspectos sustanciales y procesales” cit., La Ley 12/102017, AR/DOC/2479/2017).

5.- Sobre la base de las consideraciones precedentes, y despejadas las cuestiones procesales, la sentencia atacada debe ser revocada. Además de los aspectos relativos a la falta de integración de la litis referidos (y que por si sólo alcanzarían para fundar este decisorio) el pronunciamiento exhibe autocontradicción al decretar una condena preventiva cuando, anteriormente, había afirmado que no había riesgo inminente de nuevos incendios. Pese a ello, y entendiendo que se configuró un daño al ecosistema, acogió la pretensión y ordenó tareas de limpieza y reforestación (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 164, 232 y concs. CPC).

Dijo textualmente el pronunciamiento en crisis “sin embargo lo afectado es un no controvertido bosque de especies particulares y que databan de la cantidad de años suficientes para considerarse incorporados al ecosistema particular que formaba el todo del bosque, y que se viera afectado en esas 60/70 hectáreas. Esa afectación, considero en lo personal, constituye, cuanto menos, un daño al medio ambiente . Es verdad que el bosque tenía particularidades de estar en un predio privado y al solo uso y disfrute de su dueña. Sin embargo, no sería la misma respuesta de la justicia (sociedad) si lo que se hubiera incendiado (y dañado) fuera el inmueble (casa) o un cultivo artificial (sembrado) de la Sra. Luro. Allí la patrimonialidad del daño se hubiera impuesto por sobre la colectividad de la naturaleza que en este caso se destaca. Claro que en este punto, hay que diferenciar riesgo ambiental (fundamentalmente nuevos incendios), daño al me dio ambiente (consecuencias del incendio), precaución, prevención y reparación.Y en este punto considero que NO EXISTE riesgo mayor o latente de nuevo incendios, aunque SÍ EXISTE un daño a ese “ecosistema” NATURAL que exige, desde una mirada ambiental con sustento constitucional, medidas de RECOMPOSICIÓN inmediatas”. Estas medidas de recomposición, que rozan la reparación, consistirán en la evaluación ambiental del daño que se está produciendo en la medida del avance de la propia naturaleza en la colonización del lugar . Colaborar con la naturaleza, limpiando y dirigiendo (sembrando y plantando) las acciones humanas a fin de que luego, allí si la Madre Naturaleza y el tiempo necesario (e imposible de adelantar) hagan el resto de la tarea de RECOMPONER el medio ambiente afectado, hasta devolver al lugar la especificidad y características del ecosistema dañado. Recomponer, en este caso, es volver a dejar plantado lo que ninguno de los involucrados verá con sus ojos, sino, en las décadas que exija su paulatino y necesario crecimiento, a través de la mirada de nuestros hijos, sepamos nosotros y sepan ellos que el medio ambiente es nuestra casa” (las mayúsculas corresponden al original)” (sic. sentencia fs. 334/348 vta.).

Los fundamentos transcriptos en los considerandos del fallo son contradictorios con la solución a la que arriba más adelante. En primer lugar decreta la medida de prevención consistente en pagar sumas de dinero para la limpieza-reacondicionamiento del bosque incendiado en función de su urgencia, luego de haber concluido que no había riesgo de reiteración del daño por la inexistencia de probabilidad de nuevos incendios. No obstante decidió que la medida procedía por la afectación (que entendió acreditada) del ecosistema. El pronunciamiento carece de sustento fáctico: no hay riesgo actual de incendio que justifique la urgencia de la sentencia anticipada, no se integró por completo la litis y no está determinada con fuerte verosimilitud la obligación de los “demandados solidarios” (que están indeterminados) de asumir la responsabilidad-prevención (arts. 1708, 1709, 1716, 1717, 1726, 1749 y concs. CCCN en su correlación con los arts. 1710/1713; arts.34 inc. 4,163 inc. 6, 164, 232 y concs. CPC).

Además, y en segundo lugar, la reforestación decretada, en el marco de la complejidad de la tarea ordenada no constituye una medida de prevención del daño sino, precisamente y desde el régimen del derecho ambiental, consiste en una típica medida de reparación al restituir las cosas al estado anterior al hecho, en los términos de la Ley General del Ambiente (art. 2, art. 4 incs. g, K; 19, 22, 27, 28, 29, 33, 30, 33 y concs. ley 25.675). En autos el juez de grado tuvo por configurado, un daño ambiental colectivo en sentido estricto (por el incendio del bosque de 60 hectáreas y la afectación a las especies arbóreas y al ecosistema). De la triple categoría de bienes y derechos (individuales, individuales homogéneos y colectivos) los derechos de incidencia colectiva que recaen sobre bienes colectivos se caracterizan porque el objeto de tutela son los bienes colectivos que se caracterizan por ser indivisibles, de uso común e insusceptibles de fraccionamiento o apropiación individual (doctrina arts. 14 y 240 del Anteproyecto de Código Civil y Comercial; doctrina de los arts. 14 y 240 CPC; arts. 2, art. 4 incs. g, k; 19, 22, 27, 28, 29, 33, 30, 33 y concs. Ley General del Ambiente 25.675).

Dada la forma y el alcance de lo que decidirá esta sentencia, entiendo que resulta innecesario pronunciarse sobre la naturaleza y calificación jurídica de los bienes afectados y objeto del presente litigio. No obstante ello, y para despejar dudas, destaco que el daño ambiental de incidencia colectiva estricto sensu consiste en “la alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o lo bienes o valores colectivos” (art 27 LGA) e imponen al responsable el deber del “restablecimiento al estado anterior a su producción” y en “caso de no ser técnicamente factible” una “indemnización sustitutiva” con destino a un fondo común.Este daño de incidencia colectiva que recae sobre bienes colectivos no suprime el resarcimiento de los daños individuales o los individuales homogéneos y, en lo atinente a la específica función del derecho ambiental, se rigen por la secuencia temporal siguiente: precaución; prevención, reposición o remediación (que sería el supuesto de la reforestación de condena de la sentencia apelada) e indemnización sustitutiva (art. 2, art. 4 incs. g, k; 19, 22, 27, 28, 29, 33, 30, 33 y concs. Ley General del Ambiente 25.675; ver, entre muchos otros, Cafferatta, Néstor A., “Teoría General de la Responsabilidad Civil Ambiental”, en “Derecho Ambiental y Daño”, Lorenzetti, Ricardo Luis -Director-, Catalano, Mariana – González Rodríguez, Lorena -Coordinadoras-, La Ley, pág. 11).

La responsabilidad-prevención en materia ambiental ha sido reconocida por la Corte Suprema, especialmente a partir del “leading case” Mendoza en la que “la recomposición y prevención de daños al ambiente obliga al dictado de decisiones urgentes, definitivas y eficaces”. En algunos otros precedentes se abordó expresamente el distingo procesal y sustancial de los principios de prevención y de precaución en materia ambiental: “cuando se peticiona la protección del ambiente basada en el principio de prevención o de precaución, no se trata de una medida cautelar, sino de un proceso urgente autónomo y definitivo” (Voto en disidencia de los Dres. Lorenzetti, Highton de Nolasco y Fayt: CS, 28/09/2010, “Alarcón, Francisco y otros v. Central Dock Sud S.A. y otro s/ recurso” ); distinguiéndose la naturaleza procesal de la vía utilizada (la acción meramente declarativa) del principio precautorio del art. 5 Ley General del Ambiente:el precautorio es un principio jurídico de derecho sustantivo, mientras que la acción declarativa es una regla de derecho procesal, de modo que una vez que se acredita el daño grave e irreversible, el principio obliga a actuar aun cuando exista una ausencia de información o certeza científica, debiéndose efectuar un juicio de ponderación con otros principios y valores en juego” (Voto en disidencia del Dr. Lorenzetti, CS, “Asociación Multisectorial del Sur en Defensa del Desarrollo Sustentable v. Comisión Nacional de Energía Atómica” , La Ley 2010-D-30, Fallos 333:748).

6.- Por todo lo expuesto propicio al acuerdo revocar la sentencia recurrida, disponiendo que los autos continúen su trámite, cumplidas las restantes medidas instructorias y ordenatorias ordenadas. Acoto, finalmente, que los fundamentos aquí vertidos y necesarios para motivar este decisorio (arts. 1, 2, 3 y concs. CCCN) no importan de ninguna manera anticipar otros aspectos de las cuestiones litigiosas en disputa, ni desconocer la tutela prioritaria del medio ambiente, lo que constituye un mandato constitucional, receptado expresamente también por el CCCN (arts. 41, 43 y concs. CN; arts. 28 y concs. Const. Pcia. Bs. As.; arts. 14, 240, 1094 y concs. CCCN).

Finalmente, todo lo anterior tampoco significa excluir o descartar, conforme el estado del proceso, las posturas de las partes y las contingencias de ambos procesos, la admisibilidad actual o futura de otras medidas de aseguramiento cautelar típicas, atípicas o las que pudieran corresponder.

7.- Propongo que las costas en ambas instancias sean distribuidas en el orden causado porque más allá de la peticiones de las partes y de consentir o recurrir la sentencia definitiva y los actos procesales que la precedieron, el proceso -en lo medular- fue sustanciado oficiosamente en la instancia de grado; considero también la complejidad y novedad de las cuestiones planteadas (arts. 68 y 71 CPC).

Así lo voto.

A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Longobardi y Peralta Reyes, por los mismos argumentos votaron en idéntico sentido.A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:

Atento a lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del CPCC, se resuelve:

1) Desestimar el pedido de nulidad de la sentencia recurrida.

2) Revocar la sentencia recurrida dejando sin efecto el anticipo de jurisdicción dictado en este proceso, debiendo los autos correr según su estado, conforme lo dispuesto precedentemente y sin perjuicio de que, en función de las peticiones de las partes, del estado de las actuaciones y de las contingencias procesales posteriores corresponda analizar la admisibilidad actual o futura de medidas cautelaras típicas o clásicas, las atípicas o las que pudieran corresponder.

3) Disponer que, en la instancia de origen, se dicten en los autos principales las medidas ordenatorias e instructorias pertinentes, y particularmente se definan los legitimados pasivos, resolviendo la citación del tercero Edgardo Mario Vinciguerra (contratista del camionero Gatti) citado por la codemandada Spaghi y Sallustro (a fs. 560 y omitido resolver a fs. 564) y de los restantes terceros allí requeridos (los que, en principio, ya habrían sido convocados a juicio) y se integre debidamente la litis con las notificaciones pendientes y en curso de Ángel César Gatti (ya presentado), Ángel Z. Gatti, Héctor Guillermo Gatti, Raúl Gatti y Daniel Gustavo Romero, dispuesta a fs. 734.

4) Disponer que en la instancia de origen, en esta causa incidental o conexa, más allá de la validez de los actos procesales cumplidos, los que por lo demás fueron consentidos por las partes que comparecieron, se dicte similar pronunciamiento ordenatorio, determinando y emplazando la vía procesal de trámite, para la prosecución del proceso, por separado, acumulado o integrado a la causa principal, a fines de conferir mayor predictibilidad a la litis, con sujeción al principio de legalidad, el que no es reñido con el ejercicio de las facultades instructorias del juez (arts. 34 inc. 2º, 36 inc. 5º, 163 inc. 6, 164, 266 y concs.CPC).

5) Costas por su orden en atención a que, sin perjuicio de que han mediado oposiciones y recursos, las cuestiones debatidas fueron esencialmente sustanciadas de oficio y, además, atendiendo a la complejidad y novedad de la cuestión litigiosa (arts. 68 y 71 CPC).

6) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec.-Ley 8904/77; SCBA, I-73016 del 08-11-2017, “Morcillo.” ).

7) Glósese copia de esta sentencia a los autos principales.

Así lo voto.

A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Longobardi y Peralta Reyes, por igualdad de fundamentos votaron en sentido idéntico.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

-SENTENCIA-

Azul, 28 de Diciembre de 2017.

AUTOS Y VISTOS:

CONSIDERANDO:

Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve:

1) Desestimar el pedido de nulidad de la sentencia recurrida.

2) Revocar la sentencia recurrida dejando sin efecto el anticipo de jurisdicción dictado en este proceso, debiendo los autos correr según su estado, conforme lo dispuesto precedentemente y sin perjuicio de que, en función de las peticiones de las partes, del estado de las actuaciones y de las contingencias procesales posteriores corresponda analizar la admisibilidad actual o futura de medidas cautelaras típicas o clásicas, las atípicas o las que pudieran corresponder.

3) Disponer que, en la instancia de origen, se dicten en los autos principales las medidas ordenatorias e instructorias pertinentes, y particularmente se definan los legitimados pasivos, resolviendo la citación del tercero Edgardo Mario Vinciguerra (contratista del camionero Gatti) citado por la codemandada Spaghi y Sallustro (a fs. 560 y omitido resolver a fs. 564) y de los restantes terceros allí requeridos (los que, en principio, ya habrían sido convocados a juicio) y se integre debidamente la litis con las notificaciones pendientes y en curso de Ángel César Gatti (ya presentado), Ángel Z.Gatti, Héctor Guillermo Gatti, Raúl Gatti y Daniel Gustavo Romero, dispuesta a fs. 734.

4) Disponer que en la instancia de origen, en esta causa incidental o conexa, más allá de la validez de los actos procesales cumplidos, los que por lo demás fueron consentidos por las partes que comparecieron, se dicte similar pronunciamiento ordenatorio, determinando y emplazando la vía procesal de trámite, para la prosecución del proceso, por separado, acumulado o integrado a la causa principal, a fines de conferir mayor predictibilidad a la litis, con sujeción al principio de legalidad, el que no es reñido con el ejercicio de las facultades instructorias del juez (arts. 34 inc. 2º, 36 inc. 5º, 163 inc. 6, 164, 266 y concs. CPC).

5) Costas por su orden en atención a que, sin perjuicio de que han mediado oposiciones y recursos, las cuestiones debatidas fueron esencialmente sustanciadas de oficio y, además, atendiendo a la complejidad y novedad de la cuestión litigiosa (arts. 68 y 71 CPC).

6) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec.-Ley 8904/77; SCBA, I-73016 del 08-11-2017, “Morcillo.”).

7) Glósese copia de esta sentencia a los autos principales. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE.

VÍCTOR MARIO PERALTA REYES

PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II

JORGE MARIO GALDÓS

JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II

MARÍA INÉS LONGOBARDI

JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II

ANTE MÍ

CLAUDIO MARCELO CAMINO

SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II