La reciente jurisprudencia de la Corte y la Ley de Riesgos del Trabajo: Comentario al fallo «Marando Catalina Graciela c/ QBE Argentina ART S. A.»

Autor: Romualdi, Emilio E.

Fecha: 25-oct-2017

Cita: MJ-DOC-12263-AR | MJD12263

Doctrina:

Por Emilio E. Romualdi (*)

El comentario al fallo en cuestión nos remite a un problema que viene irresoluto desde la sanción misma de la Ley 24.557 . Esto es el dilema -casi una aporía- de la suficiencia reparadora de los módulos de cálculo de las prestaciones dinerarias previstas en la mencionada norma. A partir del precedente «Espósito» de la CSJN, se han verificado en la jurisprudencia distintos modos tendientes a «corregir» la invocada insuficiencia del módulo histórico de cálculo de las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo y, por tanto, de «evadir» las consecuencias de dicho fallo.

En el orden provincial más recientemente del pronunciamiento «Staroni» (en igual sentido que «Espósito») la Corte provincial ha sostenido que quedan excluidas del ámbito de aplicación del índice RIPTE las reparaciones obtenidas a partir del uso de ecuaciones o fórmulas polinómicas previstas en la Ley 24.557 (1).

Como dije, en ese contexto, hay diversos fallos, los cuales sostuvieron que adherían a «Espósito», que han sostenido una postura con un nuevo esquema argumentativo, si bien aparentemente no contraria a la establecida por la Corte federal en «Espósito» pero con soluciones finales distintas que la que resultaría de la aplicación de dicho precedente.

Tal es el caso del fallo dictado por la Sala 3 de la Cámara Laboral de Rosario en la causa «Penna» (2). Se sostuvo en dicho precedente que si la ley nueva establece pautas para cubrir el objetivo de la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo con criterios de suficiencia, habiéndose verificado como consecuencia de las mismas un significativo incremento de los montos correspondientes a la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, será injusto que, por una mera razón de la fecha del infortunio, se otorgue una reparación no ya inferior, sino insuficiente, que consecuentemente no cumplirá con el claro mandato constitucional, contradiciendo el mismo la norma que pretende impedir el pago de una reparación adecuada, con el solo basamento del momento en que ocurrió elinfortunio. Así, se sostuvo que la Ley 26.773 , en su artículo primero, dispone el criterio de «suficiencia» respecto de «la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo», suficiencia que -es obvio- no puede regir solo para el futuro. De lo expuesto, coligieron que las reparaciones anteriores, cristalizadas, resultan violatorias de la Constitución Nacional, por insuficientes, siendo entonces inconstitucional el artículo de la ley que veda la reparación justa a las contingencias anteriores a su vigencia. Así, se fijó como monto de reparación el previsto en la Ley 26.773 a contingencias ocurridas con anterioridad.

Esta argumentación no era menor dado que, conforme la innegable mejora en el cálculo del Ingreso Básico Mensual previsto en el ahora art. 12 reformado de la Ley 24.557, esta solución, seguramente llevaría a un sector de la jurisprudencia a proyectarlo a contingencias anteriores a la vigencia de la ley, más allá de lo previsto expresamente por la misma norma en cuanto a su vigencia temporal hacia futuro.

En la Ciudad de Santa Fe, la sala II en el precedente «Antuña» (3) -entre otros-, sostiene que «discrepando también con [de] cierta jurisprudencia, no creo que la declaración requiera en cada caso de la comprobación de que la aplicación del IBM “pulveriza”, “aniquila” o “envilece” el resarcimiento. La desnaturalización del bien jurídico sucede por la sola circunstancia de menguar, sin justificación razonable alguna, la cuantía de un crédito que ya por definición es insatisfactorio como expresión de una reparación integral al damnificado. Cabe entender en tal sentido que, cuando la CSJN ha dicho en “Lucca de Hoz c/ Taddei” que la reparación especial debe contemplar, cuanto menos, la íntegra repercusión del siniestro sobre la incapacidad de ganancia, no consiente medida alguna en el detrimento del crédito ni mucho menos requiere que el mismo asuma la estatura de una confiscación»”. Asimismo se dijo que la inconstitucionalidad del art.12 es de carácter absoluta, aplicable a este caso y a todos, en la medida en que resulta lógicamente indecible que algunos salarios se hayan visto afectados por la inflación y otros no. Lo que puede variar de un caso a otro, por supuesto, es la significación económica concreta que asuma el detrimento, lo que se relacionará con la fecha en que corresponda realizar la liquidación (no es lo mismo varios años después que ante la inmediatez incontestable de la muerte), la incidencia del RIPTE y los intereses, entre otros factores propiamente económicos.

Así, en el precedente «Gianastacio» (4) ordenaba recalcular el ingreso Básico Mensual a la fecha de sentencia, dado que no hay solución más adecuada para satisfacer la inquietud reflejada que estar al salario contemporáneo -en rigor, el inmediatamente anterior, o el promedio semestral de las remuneraciones variables- a la fecha de liquidar definitivamente la indemnización, con base en los criterios del art. 208 de la LCT.

Se dijo que nada le sustituye como fiel expresión del daño realmente sufrido. Y, se sostuvo, por supuesto, que no es condición para la aplicación de esta solución que el contrato de trabajo subsista, sino que aun si hubiera mediado su extinción por cualquier motivo siempre queda el recurso de aplicar el salario de la categoría profesional con las mejoras contractuales que hubiesen correspondido.

En un sentido similar al precedente, Penna se había pronunciado, en la Sala VII de CABA en el precedente «Marando» que se comenta en el presente trabajo que obtuvo una marcada descalificación por la CSJN.

El precedente de la Cámara que, aunque advertía que no suscribía lo resuelto por la Corte en la ya referida causa Espósito, acataría las pautas allí establecidas con el fin de evitar un dispendio innecesario jurisdiccional y de tiempo. Sin embargo, consideró exigua la indemnización calculada con arreglo a dichas directivas.Sostuvo en dicho pronunciamiento que el derecho a una reparación equitativa del daño se encuentra tutelado en el marco del principio protectorio del art. 14 bis de la CN y del principio de razonabilidad del art. 18 de la CN, los tratados internacionales a ella incorporados en las condiciones de su vigencia, con jerarquía constitucional, complementarios de los derechos y garantías reconocidos en nuestra Carta Magna (art. 75, inc. 22 ) y la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mantener en el caso de marras una reparación tan menguada como la obtenida de la fórmula prevista en la LRT conculcaría abiertamente los principios constitucionales aludidos, por lo que cabe determinar la indemnización teniendo en cuenta la diversidad de datos y parámetro del caso, entre otros, la edad del trabajador al momento del accidente y el salario a dicha época. Todo ello conforme la doctrina del fallo de esa misma Sala dictado en autos «Lucca de Hoz Mirta Liliana c/ Taddei Eduardo Carlos y otro s/ accidente-acción civil» (SD 43.032 del 3/12/2010) .

Ahora bien, la Corte en lo sustancial sostuvo que es descalificable por arbitraria la sentencia que, pese a sostener que aplicaría la doctrina sentada por la Corte Suprema en el caso «Espósito» (Fallos:339:781), consideró exigua la indemnización calculada con arreglo a dichas directivas y mediante la sola invocación de principios genéricos vinculados con la equidad de la reparación y de circunstancias particulares del trabajador fallecido, fijó la reparación con total prescindencia de la Ley 24.557 (sobre cuya constitucionalidad no se pronunció específicamente) y en contradicción con la premisa postulada inicialmente.

Los fundamentos de la Corte parecen (o no) dejar abiertos algunos interrogantes.

El primero, que estaría abastecido a priori en los votos Penna de la Sala III de Rosario y Antuña y Gianastacio de la Sala II de la ciudad de Santa Fe, es que cualquier modificación al módulo de cálculo de las prestaciones dinerarias establecido en la ley al momento de ocurrencia del accidente requiere una previa declaración de inconstitucionalidad.

El segundo es que los fundamentos de la mentada insuficiencia a partir de este fallo, como más tarde en otro contexto lo hizo en Fontana (5), no pueden sustentarse en referencias genéricas a tratados internacionales y principios generales del derecho como garantías contenidos en los mismos no son suficientes para justificar el apartamiento de las normas vigentes temporalmente al momento de ocurrencia del accidente o primera manifestación invalidante de la enfermedad. En este punto, me parece que las argumentaciones de los precedentes antes mencionados de Rosario y Santa Fe no abastecen los requerimientos de la Corte para sortear las consecuencias derivadas de «Espósito».

A partir de ahí, ¿cuáles argumentos podrán ser considerados válidos? La respuesta no es fácil ni clara.

Es claro que el problema central es la inflación y la insuficiencia de la tasa de interés moratoria para compensar el efecto devastador que tiene la misma sobre los créditos pendientes de percepción. En este contexto, siempre sostuve que una utilización más activa del 2.° párr. del art. 275 (6) de la LCT podría otorgar una herramienta más útil e incuestionable que la de modificar la fórmula actuarial de los arts.12 , 14 o 15 de la Ley 24.557.

Me parece que el problema sigue abierto aun cuando está claro que la posibilidad de eludir la solución de «Espósito» requiere de un esquema argumentativo más complejo y eficiente que el desplegado hasta ahora. Ello así, dado que creo que es -por cierto- evidente que la Corte está siguiendo un camino bien claro y preciso en el orden general en cuanto al sentido operativo de la ley. Podrá compartirse o no dicho camino, pero el sentido de ese camino es bien claro y preciso. No hay margen de dudas, y las argumentaciones muy genéricas con referencia a principios generales no tienen la capacidad para modificar el sentido argumental de la Corte. Tal vez, el caso concreto (como lo fueron «Lucca de Hoz» o «Calderón») debidamente argumentado permita apartarse de las soluciones del máximo tribunal federal.

Como anticipé anteriormente, hay herramientas ortodoxas y contundentes que permiten -no en todos los casos, por cierto- corregir en parte o en todo no ya los defectos de la ley, sino los efectos de una inflación que distorsiona los naturales equilibrios del sistema jurídico.

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(1) SCBA: LP L. 118532 S. 5/4/2017. Juez PETTIGIANI (SD).

Carátula: «Godon, Pablo David contra Provincia ART S. A. Diferencia indemnización», MJJ103991 .

(2) CLRosario, Sala III, S. 4/10/2016. «Penna, Néstor c/ Mapfre ART S. A. s/ cobro de pesos».

(3) CLaboral, Santa Fe, Sala II, S. 23/9/2015. «Antuña, Martín Daniel c/ Asociart ART S. A. s/ accidente de trabajo»: N.º expediente: 44

(4) CLaboral, Santa Fe, Sala II, S. 16/9/2016. «GIANASTACIO, FRANCISCO INOCENCIO c/ ASOCIART S.A. ART s/ ACCIDENTE DE TRABAJO – COBRO DE PESOS LABORAL»: N.º expediente: 224, año de causa: 2015.

(5) CSJN: S. 3/10/2017, «Fontana, Mariana Andrea el Brink’s Argentina S. A. y otro s/ accidente – acción civil».

(6) Art. 275:«Conducta maliciosa y temeraria».

»Cuando se declarara maliciosa o temeraria la conducta asumida por el empleador que perdiere total o parcialmente el juicio, será condenado a pagar un interés de hasta dos veces y media el que cobren los bancos oficiales, para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales, el que será graduado por los jueces, atendiendo a la conducta procesal asumida».

»Se considerarán especialmente comprendidos en esta disposición los casos en que se evidenciaren propósitos obstruccionistas o dilatorios en reclamos por accidente de trabajo, atendiendo a las exigencias más o menos perentorias provenientes del estado de la víctima, la omisión de los auxilios indispensables en tales casos, o cuando sin fundamento, y teniendo conciencia de la propia sinrazón, se cuestionase la existencia de la relación laboral, se hiciesen valer actos cometidos en fraude del trabajador, abusando de su necesidad o inexperiencia, o se opusiesen defensas manifiestamente incompatibles o contradictorias de hecho o de derecho».

»Cuando por falta de cumplimiento de un acuerdo homologado en sede judicial o administrativa el trabajador se vea precisado a continuar y / o promover la acción judicial, independientemente de las sanciones que tal actitud genere, dicha conducta será calificada como “temeraria y maliciosa” y la suma adeudada devengará a favor del trabajador, desde la fecha de la mora y hasta su efectiva cancelación, el máximo del interés contemplado en el presente artículo». (Párrafo incorporado por art. 1 de la Ley 26.696 BO: 29/8/2011).

(*) Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, UK. Juez del Trabajo, provincia de Buenos Aires. Profesor Titular, Escuela de Graduados de la UK. Profesor Titular de Derecho Procesal Civil y Comercial, UK. Profesor Titular, UCALP. Miembro de la Asociación de Magistrados del Trabajo de la República Argentina y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Autor de publicaciones sobre temas de su especialidad.