La empresa de medicina prepaga es responsable por la falta de un adecuado tratamiento que pudiera favorecer al restablecimiento del paciente

Partes: H. C. J. M. c/ Galeno S.A. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 25-oct-2017

Cita: MJ-JU-M-109236-AR | MJJ109236 | MJJ109236

Se responsabiliza a la empresa de medicina prepaga ya que más allá de que el tratamiento dispensado a los fines de poder superar el cuadro de urgencia con el que ingresó el demandante -intento de suicidio mediante ingesta de fármacos-, no ha sido, por lo general, incorrecto, lo cierto es que faltó un adecuado tratamiento interdisciplinario que pudiera favorecer al restablecimiento de la salud del paciente.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda contra el instituto donde el actor realizaba un tratamiento psicológico, ya que la falta de acreditación del hecho que se le imputa -sea este la interrupción intempestiva del tratamiento o el desconocimiento de los antecedentes del paciente-, impide tener por demostrada la existencia del nexo de causalidad con la tentativa de suicidio a la que él mismo refiere, ya que no se ha podido demostrar a lo largo del proceso el actuar negligente atribuido a la atención dispensada.

2.-Corresponde responsabilizar a la empresa de medicina prepaga -en su doble carácter de propietaria del establecimiento asistencial y prestadora del servicio de medicina prepaga al que se encontraba afiliado el actor- y condenarla a reparar los daños padecidos por el actor siempre que guarden adecuada relación de causalidad con el incumplimiento obligacional por parte del nosocomio, en el período en que el demandante se encontró internado, ello así, en la medida que el equipo de profesionales que atendió al actor en el transcurso de su internación, no actuaron con la diligencia que les era exigible.

3.-La prueba relevante en las causas en las que se pretende esclarecer si se le dispensó al paciente una correcta atención médica es la pericial de la especialidad, sin que esto signifique descartar la importancia que pueden alcanzar los elementos indiciarios serios, precisos y concordantes.

4.- Corresponde hacer lugar al reclamo por daño moral ya que las circunstancias que debió atravesar el actor impresionan como suficientes para determinar que sus padecimientos excedieron las meras molestias que debe soportar una de las partes del contrato ante la inejecución de la otra en un caso de incumplimiento contractual culposo.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 25 días del mes de octubre de 2017, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor Alfredo Silverio Gusman dice:

I.- A fs. 756/764 obra la sentencia del Juez de la anterior instancia, en la que se rechaza la demanda por daños y perjuicios promovida por J.M.H.C. contra GALENO S.A., el SANATORIO MITRE y el INSTITUTO DE MACROPSICOLOGÍA. El actor imputó a las demandadas responsabilidad en la atención que le fuera dispensada en el marco del tratamiento psicológico y psiquiátrico de larga data, al que debió ser sometido con motivo del cuadro de salud que lo aqueja. Sobre este punto, califica las conductas asumidas por las accionadas como imprudentes y negligentes, pues entiende que no se le suministró los cuidados basados en la técnica, dirigidos al restablecimiento y preservación de su vida.

Para resolver de tal modo y haciendo mérito del informe pericial en psiquiatría, el a quo admitió que el accionante presenta en la actualidad diagnóstico según DSM IV de adicción a múltiples sustancias, dependencia de varias sustancias en entorno controlado; trastorno de personalidad sin especificación, conflictos familiares, conflictos con la identidad sexual y conflictos laborales. Por otra parte, ponderó que entre sus antecedentes personales se destaca que es portador del virus H.I.V., bipolaridad grado 2, depresión aguda y antecedente de sífilis. En lo inherente a la responsabilidad endilgada a las demandadas, examinó las constancias obrantes en la causa y en el expediente de medidas cautelares iniciado previo a la promoción de la presente acción. En ese sentido, el Magistrado de la anterior instancia formuló una reseña cronológica de las consultas médicas y sucesivas internaciones del Sr. J.M.H.C.que van desde su primera admisión en el Instituto de Macropsicología -prestador de Galeno- en el mes de agosto de 1999, hasta diciembre del año 2010, donde fue internado en el hospital de día prescripto por los profesionales de la Institución “Fides Salud Mental”, también prestadora de la empresa de medicina prepaga. Entre otras cuestiones, el sentenciante puntualizó que, en mayo de 2009, luego de encontrarse internado en el Sanatorio de la Trinidad Mitre y en plan de derivación para internación psiquiátrica, el demandante rechazó las opciones ofrecidas por Galeno en las Clínicas Abril y Flores. Sobre este punto, indicó que no conforme con esa oferta prestacional el Sr. J.M.H.C. promovió el expediente n°4754/09, para que se disponga su internación en alguna de las instituciones propuestas por el médico psiquiatra que lo atendía en forma particular. Con motivo de ello, destacó que la medida requerida se dictó el día 15 de mayo de 2009, procediendo la empresa de medicina prepaga a trasladar al actor a la Clínica Las Heras, en cumplimiento de la manda judicial. También, advirtió que en el año 2010 se presentó nuevamente el peticionante solicitando el dictado de otra medida para que se proceda a su internación en la clínica antes referida u otra de similares características, a excepción de las ofrecidas por la codemandada. De este modo, narró que como la clínica pedida no tenía camas disponibles, el paciente fue internado en la Clínica Morabia y luego trasladado -por resolución institucional de este establecimiento- a la Clínica Dharma, con diagnóstico de abuso de sustancias y síndrome depresivo.El a quo aludió a que en el año 2011, se le ordenó a la codemandada otorgar la cobertura del 100% de la medicación que le fuera prescripta, los gastos que demande su internación en el hospital de día y, posteriormente, la cobertura integral de la prestación de acompañante terapéutico, en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 24.901. Analizando este panorama fáctico, como así también los informes periciales elaborados por los especialistas en psiquiatra y médico legista, concluyó que no se encontraba acreditado el nexo causal entre las patologías que sufre el demandante y el tratamiento de salud que brindaron las emplazadas. En razón de ello, rechazó la demanda interpuesta contra todas las demandadas e impuso las costas del proceso en el orden causado.

II.- La sentencia fue apelada por el accionante, quien expresó agravios a fs. 791/796, los que fueron respondidos únicamente por la tercera citada en garantía, Noble Compañía de Seguros S.A.

Las quejas que el demandante trae a conocimiento y decisión de la Alzada, en esencia, fincan en: a) Yerra el sentenciante al considerar que no se encuentra acreditada la relación de causalidad entre las patologías que sufre el actor y el tratamiento de salud que brindaron las demandadas. En ese sentido, debió ponderar que de las constancias de autos se desprende que el tratamiento psicológico y psiquiátrico proporcionado fueron inadecuados e incluso carentes de un seguimiento profesional; b) El a quo no tuvo en cuenta que los perjuicios generados por las accionadas han quedado demostrados en la medida que luego de ser prestados forzadamente los tratamientos por parte de la empresa de medicina prepaga, el Sr. J.M.H.C.ha adquirido una mejor calidad de vida; c) El Magistrado de la anterior instancia desestimó la imputación de responsabilidad del Instituto de Macropsicología, sin ponderar que de la prueba testimonial y de las pericias obrantes en la causa, se desprende que los profesionales intervinientes desconocían los antecedentes del actor; d) En la sentencia de grado se han ponderado los dictámenes periciales en psiquiatía sin tener en cuenta las impugnaciones oportunamente realizadas; e) El a quo no hizo lugar a la presentación de fs. 648 a través de la cual se peticiona el desglose por presentación extemporánea de las explicaciones solicitadas en los términos del art. 673 del Código Procesal, respecto al informe pericial del psiquiatra PANELO.

III.- Para una mejor comprensión del asunto y antes de comenzar a analizar las quejas expuestas, resulta oportuno puntualizar la secuencia de los principales hechos que originan el litigio:

3.1. De acuerdo a lo que surge de las constancias de la causa se desprende que el actor es portador de HIV, bipolaridad grado 2, depresión aguda, antecedentes de sífilis, adicción a múltiples sustancias y tabaquismo (conf. informe pericial obrante a fs. 562).

3.2. En el mes de abril de 1998, el paciente realizó sus primeras consultas en el Instituto de Macropsicología, de conformidad con lo que se desprende de la copia de la planilla de prestaciones adjuntada por Galeno a fs. 188. Por lo demás, el perito médico legista informó que, en la referida institución, el demandante recibió nuevamente atención en el transcurso de los años 1999, 2005, 2007 y 2008.

3.3. Respecto de dicho co-demandado, el experto advierte que de la transcripción de las historias clínicas, se infiere la atención dispensada al Sr. J.M.H.C.En ese sentido, describe que “.se ha verificado que el paciente fue asistido en varias oportunidades, en los años 1999, con diagnóstico de abuso de drogas múltiples, en dicha evolución se consigna que “el paciente estuvo internado hace 20 días, nueve días en Clínica Las Heras, síndrome de abstinencia, consume desde los 19 años. Derivado a Dra. Prada para diagnóstico”. En el año 2005 se consigna “tratamiento combinado psicoterapia y control de medicación. Tendencia a abandonar el tratamiento. Se deriva a Lic. Calvo para iniciar psicoterapia para manejar tendencia desgano y ayudarlo en la búsqueda laboral. Cumple plan de psicoterapia y refiere que consiguió trabajo y decidió sin consultar el antidepresivo”. El 2 de julio de 2007 se consigna “diagnóstico principal consumo de alcohol y drogas. Psicoterapia individual”. Figuran varias evoluciones firmadas y selladas por el Dr. Carlos Nasep.: “síntomas de depresión, insomnio, medicado con Paroxetina, Rivotril, inicia psicoterapia individual”. El día 4 de diciembre de 2008 se indica psicoterapia y tratamiento psiquiátrico” (sic v. fs. 587 y vta.). Por último, respecto de la mentada institución, el galeno informa que allí “.se solicitaron interconsultas con médicos psiquiatras, las cuales se llevaron a cabo” (v. fs. 588vta.).

3.4. Entre los meses de diciembre de 2008 y febrero de 2009, el demandante efectuó una serie de consultas con la Dra. IBARRA, profesional dependiente del Instituto de Macropsicología, por manifestar síntomas de ansiedad. En esa oportunidad, se inició tratamiento con medicación y fue derivado a psicoterapia con la Licenciada GRECO, con la cual inició dicho proceso en el mes de enero de 2009 (v. declaraciones testimoniales obrantes a fs. 708 -cuarta respuesta- y a fs. 709 -cuarta respuesta-).

3.5. El día 6 de mayo de 2009, el reclamante fue internado de urgencia, a consecuencia de la ingesta de sustancias tóxicas, en el Sanatorio de la Trinidad.De acuerdo al relato efectuado en el escrito de inicio, fue llevado en ambulancia desde su domicilio, acompañado por personal policial, hasta el nosocomio mencionado, cumplimentándose la instrucción policial de la Comisaria n°17, con intervención de la Fiscalía de Instrucción n°24 (v. fs. 4 vta. y asiento de la historia clínica reservada en la causa del día 6/05/09).

3.6. De los datos volcados por los profesionales intervinientes en la correspondiente historia clínica, se desprende que el Sr. J.M.H.C., fue “.evaluado por psiquiatría y toxocología”. Asimismo, de aquellas constancias se verifican los recaudos de seguridad tomados por el Sanatorio ante el cuadro presentado por el actor, como ser, “ventanas selladas, acompañante permanente y custodia policial” (v. planilla con las indicaciones médicas diarias del día 06/05/09). Se solicitó “.internación en U.T.I. para monitoreo” y su derivación por falta de camas en la clínica citada, lo que condujo a su traslado al Sanatorio Mitre en el mismo día.

3.7. De la copia de la historia clínica labrada bajo n°10900410, consta que el accionante ingresó a esta úl tima clínica el día 6 de mayo y se externó el día 19 de ese mes. Informa el perito médico legista que “.en la caratula de aquella consta la inscripción HIV+”. En igual sentido, el dictamen pericial da cuenta de la evolución del actor en el servicio de Unidad de Terapia Intensiva y la evolución del paciente en la Sala General (v. fs. 532/533).

3.8. Según consta a fs. 533 -último párrafo-, el día 12 de mayo de 2009, “.el paciente se niega a internarse en la Clínica donde capita por su obra social (Clínica Flores)” (v. fs. 533/533vta.). Del mismo modo, surge la “Evolución de SAME-Alvear-Psiquiatría del día 9 de mayo: a solicitud del juzgado interviniente se evalúa al paciente.Dada la evaluación actual se indica su internación psiquiátrica en establecimiento especializado por su Obra Social. Se informa al juez, al paciente y su familiar (hermano) con acuerdo de ambos. Debe tener alta clínica para su derivación” (fs. 533vta.).

3.9. Asimismo, las evoluciones psiquiátricas efectuadas los días 14 y 15 de mayo dan cuenta que el actor está con el alta clínica, por lo que se sugiere “.no demorar su internación en ambiente psiquiátrico (internación en una clínica de agudos) ya que su permanencia en esta institución podría ser perjudicial”. Del asiento efectuado el día 14 el profesional tratante sugiere que “.sea internado o bien en Clínica Santa Rosa o bien en Ineba (no derivar a clínica de crónicos)”. De la evolución del día siguiente, se desprende que permanece internado en el sanatorio por la negativa al traslado, tanto del paciente como de la familia que se opone a que sea transferido a otra institución para continuar con su tratamiento (fs. 533vta.).

3.10. Ante la disconformidad con la oferta prestacional efectuada por la empresa de medicina prepaga en la que se encuentra afiliado, el peticionante promovió el expediente n°4754/2009 “H.C.J. y otro c/ Galeno s/ medidas cautelares”, a fin de que se ordené a la accionada disponer lo necesario para proceder a su internación en las clínicas Santa Rosa o Ineba (v. fs. 74 de la causa indicada, que en este acto tengo a la vista).

3.11. Con motivo de la promoción de dichas actuaciones, el Magistrado interviniente dictó una medida cautelar el día 15 de mayo. En lo que aquí interesa, ordenó a la empresa de medicina prepaga “.arbitrar los medios para que el Sr. J.M.H.C.pueda ser internado en una institución psiquiátrica adecuada para el tratamiento de sus afecciones -excepto la Clínica Abril, por las cuestiones invocadas por los accionantes”. Asimismo, el a quo puntualizó que “.en caso de no contar con una institución de las características señaladas para proceder a su internación sin demoras, deberá Galeno arbitrar los medios para que la internación se efectúe en una de las clínicas indicadas por el médico psiquiatra que se encuentra actualmente a cargo de su tratamiento (Clínica Santa Rosa o INEBA).” (v. fs. 78/80 de la causa n°4759/09).

3.12. Con fecha 19 de mayo, Galeno informó el cumplimiento de la manda judicial, informando en el expediente antes referido que se había procedido al traslado del actor a la Clínica Las Heras (v. fs. 92).

3.13. Al año siguiente a la internación aludida, el demandante sufrió una nueva recaída en sus problemas de adicciones, lo que motivó el pedido de otra medida cautelar a fin de que se ordene la cobertura de una nueva internación. Frente a dicha petición, el Magistrado interviniente, el día 16 de junio de 2010, ordenó a Galeno la cobertura de la internación en la Clínica “Las Heras” y, en caso de resultar ello imposible, en otra institución de similares características, a excepción de las clínicas Abril y Flores (v. fs. 100).

3.14. Ante el requerimiento judicial, la obra social informó que se procedería a la internación del demandante en la Clínica Moravia, ante la imposibilidad de trasladarlo a la Clínica Las Heras por falta de camas (fs. 102). Sin perjuicio de ello, el día 30 de junio se hizo constar en la causa, que por resolución institucional de la Clínica Moravia, se trasladaría al paciente a la Clínica Dharma (fs. 106).

3.15. En la última de las citadas instituciones se constata “.pronóstico sujeto a evolución, cumplimiento del tratamiento y continencia familiar.Recibe tratamiento individual, entrevistas familiares, controles farmacológicos y clínicos y talleres terapéuticos. Copia de comunicación de egreso de internación psiquiátrica de fecha 7 de julio de 2010: las razones que fundamentan tal criterio son que el mismo se encontraba compensado psíquicamente, entendiendo que quienes revisten mayor idoneidad a los efectos de hacerse cargo del paciente son las siguientes personas, con quienes egresó: Sra. De Foronda Mercedes (madre). Continuará tratamiento en modalidad ambulatoria a través del Centro Fides” (fs. 564vta./565).

3.16. El día 2 de diciembre de 2010, las letradas apoderadas del actor requirieron la ampliación de la medida cautelar dispuesta, y solicitaron que se compeliera a la obra social a otorgar la cobertura del 100% de los medicamentos que le fueran prescriptos por los profesionales de la prestadora Fides Salud Mental. Ello, con fundamento en lo dispuesto por la Ley N°24.901, en la medida que -según lo manifestado en tal oportunidad-, los antecedentes del actor que se remontan a su niñez, permiten encuadrarlo dentro de los beneficios previstos por aquella norma para las personas que presenten algún tipo de discapacidad (fs. 118/120 de la causa n°4754/09).

3.17. Frente a dicha petición, el Magistrado de la anterior instancia solicitó que se acredite el haber gestionado ante el Ministerio de Salud el pertinente certificado de discapacidad (fs. 121), extremo que fue cumplimentado recién el día 17 de febrero de 2011, con las constancias adjuntadas a fs. 129/131. De allí se infiere que el día 19 de febrero de 2011 inició el trámite correspondiente. Aquello fue proveído a tenor de lo que surge en la providencia obrante a fs. 133, en donde el a quo, requirió, en primer término, que se expliquen las razones de la demora entre el pedido de ampliación de medida cautelar (2.12.10) y el acompañamiento de las constancias solicitadas (17.02.11).

3.18.Con fecha 2 de marzo de 2011, el a quo hizo lugar a la ampliación solicitada, ordenando a Galeno arbitrar los medios para que el Sr. J.M.H.C. no interrumpa el tratamiento prescripto de hospital de día, jornada completa, tratamiento individual, control psiquiátrico, entrevistas familiares, como así también la provisión de un 100% del plan farmacológico prescripto por los médicos tratantes (fs. 138).

3.19. La parte actora denunció el incumplimiento de la accionada el día 23 de marzo, circunstancia que fue reiterada el día 29 del mismo mes. Ello motivó la celebración de la audiencia designada para el día 13 de abril, en los términos del artículo 36 del Código Procesal, la que culminó sin que las partes pudieran arribar a acuerdo alguno (v. fs. 162).

3.20. Mediante la presentación efectuada por la representante legal de la empresa de medicina prepaga a fs. 169/170, se informa la observancia a la manda judicial. En ese sentido, la letrada manifiesta que, en lo inherente a los medicamentos, iban a ser suministrados a través de la modalidad de provisión directa. Asimismo, en lo relativo a la internación “Hospital de Día” advirtió que también se costearía en modo directo la referida prestación en “Proyecto Athuel”.

3.21. Por último, se requirió a la accionada la prestación de acompañante terapéutico, según da cuenta el escrito obrante a fs. 199.

IV.- Luego de formular la reconstrucción de los hechos de acuerdo a la prueba rendida en autos, en primer término corresponde adentrase en la imputación de responsabilidad que el actor le achaca a las demandadas.Ello, no sin antes advertir la complejidad que se plantea pues, en definitiva, en el largo tratamiento médico llevado a cabo por distintos profesionales dependientes de las accionadas, las conductas que se les imputan adolecen de cierta generalidad que no torna sencillo su análisis.

Con motivo de ello, deberá revisarse lo resuelto en la anterior instancia, considerando los fundamentos expuestos por el demandante al punto IV A) y B) de fs. 58/63, en los cuales justifica el deber de responder de las emplazadas, como así también los daños que dice haber padecido con motivo del actuar que les endilga. Como no podría ser de otra manera, siempre atendiendo a los agravios traídos a conocimiento de la Alzada puesto que, lo contrario, importaría transgredir los límites impuestos por los arts. 271 y 277 del Código Procesal.

Formulada esta breve aclaración, me ocuparé de los cuestionamientos referidos al fondo del asunto.

V.- Antes de entrar de plano en la valoración de las constancias de la causa, desarrollaré, de un modo sucinto, algunos principios elementales, que me servirán para la resolución del caso.

5.1. Al actor, que invoca la responsabilidad de los accionados, incumbe probarla (art. 377, del C.P.C.C.N.; esta Sala, causas 5080 del 12.6.87 y 8073 del 30.8.91). Mas ello no implica que la demandada pueda asumir una actitud pasiva: tiene el deber moral, e inclusive jurídico, de colaborar en el esclarecimiento de la verdad. Dicha culpa debe ser calibrada no como una imprudencia específica y profesional, sino con los alcances del art. 512 del Código Civil.

5.2. La prueba relevante en estas causas en las que se pretende esclarecer si se le dispensó al paciente una correcta atención médica es la pericial de la especialidad, sin que esto signifique descartar la importancia que pueden alcanzar los elementos indiciarios serios, precisos y concordantes (arg. art. 163 inc. 5 del C.P.C.C.N.). Con relación al valor de los informes periciales médicos, me parece oportuno formular algunas reflexiones.No puede dudarse que tienen una trascendencia fundamental, en tanto nos asesoran en temas que escapan a la formación profesional de quienes ejercemos la judicatura (conf. Sala “G” de la Cámara Civil, 15/8/07, “H.E.M. c/ Clínica Brandsen”, pub. en LexisNexis 2008-I-582). Por cierto que el Magistrado conserva la herramienta que le proporciona el art. 477 del ritual, que establece que la fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el Juez teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios o técnicas en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y los demás elementos de convicción que ofrezca la causa (conf. esta Sala, causa 15988/95, “P. F. A. y o. c/ D. S. E. H. y o. s/ responsabilidad médica” del 6/10/09).

En tal orden de ideas, si se pretende descartar las conclusiones periciales, deben aducirse razones de entidad suficiente para apartarse de las mismas y, sobre todo, soporte probatorio. Ello así, dado que dilucidar si hubo o no adecuada atención en los momentos en que el demandante requirió tratamiento médico y apoyo psicológico, son extremos que exceden la sapiencia del operador jurídico.

Peritos y jueces tienen que desempeñar papeles diferentes y bien definidos: uno esencialmente técnico y limitado; el otro, superlativamente variado, porque el juez tiene un dominio propio, el de la aplicación del Derecho y está profesionalmente preparado para ello.Pero se ve constantemente requerido para juzgar cuestiones de simple hecho, que no siempre resultan fáciles y para las cuales puede carecer por completo de preparación; queda abandonado entonces a sus conocimientos generales, a su experiencia de la vida, a su conciencia y, dentro de lo posible, a su buen sentido común (GORPHE, Francois, “De la apreciación de las pruebas”, cita extraída del fallo de la Sala “G” de la Cámara Civil que he citado).

En definitiva, las pericias médicas no son vinculantes para el juez, ni imperativas, de modo que podrá apartarse de sus conclusiones cuando fueran equívocas, poco fundadas, oscuras o contradictorias. En palabras de Augusto MORELLO, el perito no provee un dictamen-sentencia (conf. “El Proceso Civil Moderno”, ps. 412 y sig., 2001, La Plata). Para formar convicción el Magistrado podrá requerir todo tipo de explicaciones a los peritos designados, ordenar la realización de un nuevo dictamen por otros expertos, solicitar la opinión del Cuerpo Médico Forense, a las cátedras de las Facultades de Medicina de la especialidad de que se trate, etc. Sin embargo, el juez ha de rastrear la verdad basado en lo que dicen los médicos; no debe interpretar los principios ni los criterios médicos, ni discutirlos bajo una óptica científica, pues ello sería muy peligroso. Si un perito no lo convence debe acudir a los arbitrios mencionados, hasta puede recurrir a presunciones judiciales, etc. Empero no puede ingresar en el campo de la medicina para discutir lo que no sabe o para argumentar con elementos que no conoce (conf. Sala “G” de la Cámara Civil, “H.E.M.”, ya citado).

5.3. En lo inherente a la responsabilidad de las entidades de medicina prepaga, cierto es que aquellas asumen una obligación accesoria y tácita de seguridad por la eficacia del servicio de salud frente a sus afiliados. De no ser así, quedarían liberadas de toda responsabilidad por la simple contratación con un establecimiento autorizado o la derivación a un profesional independiente (conf.Sala I, causa n° 855/95, del 28/12/95). Sin perjuicio de ello, cuando se trata de comprobar la incidencia de una omisión en el resultado dañoso, la relación causal debe demostrarse o quedar patentizada (conf. BUERES, Alberto “Responsabilidad civil de los médicos. Derecho de daños en la actividad médica. Lineamientos doctrinales y jurisprudenciales” T. 1, Ed. Hammurabi, p. 334).

VI.- Sentadas así las pautas a emplear, me parece indispensable centrar el análisis acerca de cuál ha sido la conducta imputada a cada una de las accionadas, puesto que su corroboración constituye el primer presupuesto para tener por configurado el deber de responder.

En primer lugar, el Sr. J.M.H.C. puntualiza que el Instituto de Macropsicología, abocado a la atención de pacientes con problemas psiquiátricos y psicológicos, interrumpió el tratamiento en curso, luego de que se desvinculara la Lic. GRECO de dicha institución. De allí, que el demandante propone el siguiente interrogante: ¿empleó la clínica de Macropsicología en las respectivas consultas médicas efectuadas por el actor, la suficiente diligencia y atención, para brindar en consecuencia la prestación especializada que su problema de salud exigía? (v. fs. 59). Dicha circunstancia, es reiterada por el apelante en el segundo y tercero de los agravios que trae a conocimiento de este Tribunal. En esa pieza, el demandante indica que no se ponderó la prueba testimonial de la que se infiere que las doctoras IBARRA y GRECO, “desconocían los antecedentes del actor”, como así tampoco las impugnaciones formuladas a los dictámenes periciales obrantes en la causa (v. en especial, fs. 793/795vta.).

Como primer punto, no puedo dejar de advertir cierta incongruencia entre la conducta que el actor imputa al centro médico demandado al momento de proponer la acción -vgr. interrupción del tratamiento con la Dra. GRECO – y lo manifestado en la expresión de agravios, donde parecería destacar que el incumplimiento de la accionada obedece a la falta de conocimiento de los antecedentes médicos del accionante.Dicho extremo, incluso, se contradice con las manifestaciones volcadas en el escrito de ampliación de demanda, donde, entre otras cosas, advierte que “Más allá de la falta de colaboración que muestra el actor en los tratamientos prescriptos, no puede obviarse que se trata de un paciente crónico, y dicha calificación resulta de las expresiones de los propios profesionales que lo asistieron y que así lo volcaron en la historia clínica referida. Dan cuenta de ello sus constantes recaídas y readmisiones, lo que muestra a las claras que los tratamientos propuestos no daban resultado” (v. fs. 60 -cuarto párrafo-, el subrayado me pertenece).

Por otra parte, a los fines de esclarecer si la referida emplazada adecuó su conducta a los estándares que le eran exigibles según las circunstancias del caso, el informe elaborado por el médico legista resulta categórico. En ese sentido, al ser consultado respecto de si el Sr. J.M.H.C. presenta actualmente alguna secuela atribuible al accionar médico del Instituto de Macropsicología, el perito respondió que “.nada de ello se ha constatado en la revisación médica del actor” (fs. 567). A mayor abundamiento, en oportunidad de expedirse con relación a la actuación desplegada en el Sanatorio Mitre -tema que abordaré en los sucesivos considerandos- destacó que “.en el resto de las instituciones, la atención fue adecuada, encontrándose mejorando” (fs. 566vta. -segundo párrafo, última parte-).

Por lo demás, no puedo dejar de señalar con relación a la alegada interrupción en el tratamiento llevado a cabo con la profesional GRECO, que el experto médico legista ha detallado que “.de la lectura de las distintas historias clínicas obrantes en autos se ha evidenciado que en distintos períodos el accionante ha abandonado tratamientos instaurados así como también se ha constatado ausencias a las citas ambulatorias con la Licenciada Greco” (v. fs. 567 vta. -sexto párrafo-). No desconozco que los dictámenes periciales obrantes a fs.532/535 y 562/569 han merecido las impugnaciones por parte del demandante que lucen a fs. 541 y 573/574. Sin embargo, en ninguna de esas presentaciones pude leer observación alguna con respecto a lo informado por este perito relacionado con la atención dispensada en el Instituto de Macropsicología. En otras palabras, frente a los traslados ordenados a fs. 536 y 571, el demandante cuestionó algunas de las conclusiones periciales a tenor de lo que surge de las ya citadas piezas, sin objetar las afirmaciones efectuadas por el experto relativas a la falta de acreditación del incumplimiento achacado al Instituto de Macropsicología, como así tampoco la ausencia de demostración del nexo causal entre la conducta desplegada por el codemandado y los daños alegados.

Frente a este atalaya, no resulta un dato menor que las conclusiones a las que arribó el citado experto, se corresponden con las informadas por el perito psiquiatra designado en autos. En este aspecto de la cuestión, al ser consultado con relación a los tratamientos recibidos por parte de este codemandado, el Dr. PANELO respondió que “. teniendo en cuenta los antecedentes y la evolución actual. las acciones llevadas a cabo por los profesionales del Instituto de Macropsicología son correctos y acordes a los estándares internacionales actuales” (v. fs. 605, punto 7). Además, al evacuar el punto pericial referido a la existencia de secuelas atribuibles al accionar médico de ese instituto, sostuvo que “el actor no presenta secuelas atribuibles al tratamiento, sino que se trata de la evolución natural de su cuadro” (fs. 609, punto 6). Cierto es que aquel dictamen mereció las observaciones del actor a fs. 628/629, las que fueron respondidas a tenor del escrito que luce a fs. 639/641. En lo que aquí interesa, el galeno aclaró que la historia clínica del Instituto de Macropsicología es completa y muestra la evolución del paciente. Además expuso que el criterio y fundamento científico para aseverarlo es su “propia experiencia, pero también la evidencia demostrada en la siguiente bibliografía.” cuyas citas transcribe (v.en especial, fs. 640 punto 6). De este modo, los argumentos expuestos a fs. 628/629 no me impresionan como suficientes para desvirtuar las conclusiones periciales expuestas por el perito psiquiatra designado en la causa. En razón de ello, la sana crítica me lleva a atenerme a la conclusión arribada en cuanto a la diligencia del instituto en la prestación del tratamiento médico (arg. arts. 386 y 477 del C.P.C.C.N.).

Respecto de la valoración que merece la ya citada prueba, tampoco merece acogida favorable lo manifestado por la apelante en el cuarto agravio relacionado con la solicitud de extemporaneidad de la pr esentación del perito obrante a fs. 639/641. Ello así, en la medida que el Magistrado de la anterior instancia desestimó ese pedido a tenor de lo proveído a fs. 655, en virtud del principio de amplitud de la prueba. En consecuencia, las expresiones volcadas en su memorial sólo comportan una reflexión tardía de un extremo ya resuelto en la anterior instancia y que ha adquirido firmeza.

También debe destacarse que el informe elaborado por la perita psicóloga CASELLA resulta coincidente con lo ya expuesto en orden a la atención dispensada al actor en la institución demandada. Nótese que la experta ha sido descriptiva al sostener que “.de las historias clínicas del Instituto Macropsicológico obrante en el expediente surgen las siguientes consideraciones: en términos generales se puede decir que se observan indicaciones de tratamiento psiquiátrico y psicoterapia individual, constando en las mismas algunos seguimientos psiquiátricos.Se observan algunos saltos en los períodos, consultas del año 1999 al 2005 al 2007, 2008 y 2009, no quedando manifiesto si se debe a suspensiones del tratamiento, ya sea por iniciativa del paciente, o bien, debido a internaciones y/o tratamientos que se hayan efectuado en otras instituciones o con otros profesionales”. Asimismo, la perita agrega que “.no obstante lo desarrollado ut supra, debe quedar asentado que más allá del abordaje terapéutico que se lleve a cabo los pronósticos que puedan alcanzarse son reservados, por lo que no se descarta nuevas conductas adictivas y de riesgo para sí o para terceros” (fs. 483/484). En igual sentido, al evacuar las observaciones formuladas por la demandada a fs. 499/501 respecto de sí al demandante se le suministró atención médica entre los meses de diciembre de 2008 y abril de 2009, la Licenciada CASELLA ha aclarado que “Hay contradicción puesto que en el escrito de demanda se menciona que el actor dejó de recibir asistencia profesional en dicho período, pero las historias clínicas surge que en ese lapso se encontraba en tratamiento” (v. fs. 516, punto 2).

A esta altura, es válido resaltar que frente a la notificación del traslado del primer informe pericial (v. nota de retiro obrante a fs. 486vta.), la parte actora guardó absoluto silencio. A ello se agrega que, respecto de la vista que se le confirió del escrito presentado por la experta a fs. 516/519, efectuó una presentación extemporánea según se desprende de la providencia obrante a fs. 527 (no objetada por la actora).

Por último, y si alguna duda resta disipar con relación a la interrupción del tratamiento llevado a cabo en el Instituto de Macropsicología, el testimonio brindado por la Dra. IBARRA, resulta concluyente para disiparla. Allí, la deponente indica que “. el paciente después del 5 de febrero del 2009 concurre a su última entrevista y hace abandono del tratamiento” (v. fs.708, respuesta décima). En igual sentido, la testigo GRECO al ser interrogada respecto de cómo el demandante terminó la terapia indicó que “. el paciente faltó en dos oportunidades seguidas, que es el tiempo que se establece para poner fin a la terapia, o para poner fin al tratamiento; la testigo lo llamó al paciente para ver lo que sucedía.”. Agregó luego “.si el paciente vuelve a llamar se retoma el tratamiento, en este caso el paciente no volvió a llamar” (v. fs. 709 vta., respuesta décimo segunda).

De este modo, en orden a la prueba rendida en autos, analizando las respuestas dadas por los peritos médico legista, psiquiatra y psicólogo en sus respectivos informes, se colige sin hesitación alguna que no puede abonarse la hipótesis del actor acerca de la inconducta atribuida al instituto demandado. Incluso, por un orden secuencial lógico, la falta de acreditación del hecho que se le imputa -sea este la interrupción intempestiva del tratamiento o el desconocimiento de los antecedentes del paciente-, impide tener por demostrada la existencia del nexo de causalidad.

Por ello y más allá de las manifestaciones expuestas por la quejosa en su expresión de agravios, lo cierto es que dicha parte no ha podido demostrar a lo largo del proceso el actuar negligente atribuido a esta demandada en la atención dispensada al Sr. J.M.H.C.Lo hasta aquí expuesto, veda la suerte del recurso interpuesto en cuanto persigue que se revoque el veredicto de la anterior instancia que rechazó la acción entablada contra el Instituto de Macropsicología.

VII.- Corresponde adentrarse ahora, en la responsabilidad que se le endilga a Galeno S.A., la que el demandante justifica en el tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico, abordaje que entiende inadecuado y carente de seguimiento profesional.

Atendiendo a los múltiples cuidados y terapias brindados por prestadores de la empresa de medicina prepaga a lo largo de los años -los cuales, en lo pertinente, fueron referidos en el Considerando III de este voto-, corresponde revisar los hechos por los que, en particular, el actor pretende responsabilizar a esta accionada. Para ello, resulta necesario recurrir a lo narrado en el escrito de ampliación de demanda y a los agravios que propone en su memorial respecto del coaccionado Galeno S.A.

En la presentación obrante a fs. 54/68, el peticionante advierte que la demanda “.tiene como detonante la tentativa de suicidio del actor que diera origen a la internación en el Sanatorio Mitre”. Sobre este punto, destaca que en más de una oportunidad el Sr. J.M.C.H. “.ha prestado riesgo para sí mismo y para terceros, no obstante su prestadora de asistencia médica lo ha abandonado a su suerte.” (fs. 62). Por otra parte, añade que del informe de hospitalización emanado del Sanatorio de la Trinidad Mitre en el cual fuera internado con motivo de la tentativa de suicidio, consta manuscrito la sigla H.I.V.+. Sin embargo, puntualiza que, pese a ello, no existen constancias de que “se hayan brindado cuidados especiales al paciente por padecer síndrome de inmunodeficiencia adquirida” (fs. 63, tercer párrafo). De allí que advierte que su salud se vio gravemente lesionada desde dicho momento.

Por otra parte, frente al rechazo de la acción la apelante se agravia de que el a quo no haya considerado el informe pericial del que se desprende que el sanatorio emplazado no instauró tratamiento por patología de H.I.V.y faltó tratamiento psicoterapéutico al respecto (v. fs. 791vta.).

De lo expuesto se colige que, la cuestión central a resolver con relación a Galeno, se ciñe en determinar si han quedado demostradas las conductas que se le imputan y, de ser así, el grado de incidencia causal entre las referidas omisiones y los daños invocados.

VIII.- Planteados de ese modo los extremos a analizar, corresponde evaluar la conducta que se atribuye a la demandada de modo separado, en tanto el presupuesto de imputación finca en dos incumplimientos distintos a los que refiere el actor.

En primer término, se impone determinar sí el tratamiento médico al que se encontraba sometido el actor con anterioridad al episodio relatado ha sido correcto o si, por el contrario, guarda relación causal con la tentativa de suicidio a la que él mismo refiere.

De la prueba rendida en la causa se desprende que la última institución prestadora de la empresa de medicina prepaga a la que concurrió el pretensor con anterior a la internación de urgencia del día 6 de mayo de 2009, ha sido el Instituto de Macropsicología, también demandado. En ese sentido, la actuación diligente desplegada por sus profesionales dependientes ha sido ampliamente analizada en el Considerando VI, a cuyas conclusiones me remito a fin de evitar reiteraciones innecesarias. Por lo tanto, ante la ausencia de conducta reprochable hacia quien prestó directamente el servicio, queda vedada toda posibilidad de hacer responder a la obra social con sustento en la obligación accesoria y tácita de seguridad por la eficacia del servicio de salud frente a sus afiliados.

Sólo me interesa insistir en que existe prueba en la causa de que, meses antes a su internación de urgencia, el paciente no concurrió más a las entrevistas pactadas en el marco de su tratamiento psicológico.Me permito insistir con que la profesional a cargo, testificó en la causa que “. el paciente faltó en dos oportunidades seguidas, que es el tiempo que se establece para poner fin a la terapia, o para poner fin al tratamiento; la testigo lo llamó al paciente para ver lo que sucedía.” y agregó que “.si el paciente vuelve a llamar se retoma el tratamiento, en este caso el paciente no volvió a llamar” (v. fs. 709 vta., respuesta décimo segunda).

De este modo, no existe constancia alguna que permita inferir que el lamentable episodio que debió transitar el actor en mayo del año 2009, guarde relación causal o siquiera en grado de concausalidad, con alguna acción u omisión imputable a Galeno o a los prestadores que a través de ella tuvieron a cargo el tratamiento.

IX.- Ahora bien, resta considerar la atención recibida por el Sr. J.M.H.C. en el transcurso de la internación iniciada el día 6 de mayo de 2009, donde alega que la conducta llevada a cabo por la demandada no se ajustó a las particularidades que exigía el caso.

Analizando las constancias aportadas en el expediente se desprende que asiste razón al apelante en cuanto a que no se adoptaron la totalidad de las medidas de atención sanitaria que el actor requería. Del dictamen pericial obrante a fs. 532/535 surge que “.consta en la carátula de la historia clínica la leyenda HIV+, y en el interior de la misma, que el actor no realizaba tratamiento alguno por esta patología infecciosa. A pesar de ello, no se tomó ninguna conducta activa con dicha afección” (v. fs. 534, tercera respuesta a los puntos de pericia de la parte actora, el destacado me pertenece). En igual sentido, el galeno sostiene, sin hesitación alguna, que:”.se puede concluir que se instauró en el paciente el tratamiento por la afección por la que ingresó pero no se evaluó la frondosa patología psiquiátrica de base del ac tor ni se dio mayor importancia a su patología infectológica.”. Reafirma lo dicho al destacar que “.al actor se lo trato correctamente desde el punto de vista psiquiátrico, recordemos que ingresa al nosocomio con un cuadro de excitación psicomotriz secundario a ingesta de alcohol, fármacos y drogas de abuso. No consta en ninguna parte de la historia clínica tratamiento psicoterápico, el cual hubiera sido indicación, además de la terapia psicofarmacológica” (sic v. fs. 534 vta.). Por lo demás, el perito NICOLAS nos ilustra en su dictamen que: “Al actor se le brindó la atención en la emergencia pero no se trabajó en forma interdisciplinaria para tratar de dar contención psicológica y psiquiátrica” (sic fs. 535).

No puedo dejar de mencionar que, frente a las categóricas conclusiones periciales, la empresa Galeno formuló la presentación obrante a fs. 549. Allí, la letrada apoderada de la demandada realizó algunas manifestaciones que no puedo dejar de tener en cuenta al momento de sentenciar. Sin embargo, de su simple lectura puede deducirse que sus dichos lejos están de rebatir la contundencia con la que el perito médico legista afirma que la actuación del Sanatorio de la Trinidad Mitre -prestador de la empresa de medicina prepaga-, no ajustó su conducta a los estándares que le eran exigibles, atendiendo a las circunstancias que rodearon la salud del Sr. J.M.H.C. Sobre este punto, no está de más recordar que la actuación de los galenos y de la organización asistencial, dado los intereses que les son confiados, debe ser juzgada con el criterio de afinación de la culpa que surge de los arts. 512 y 902 del Código Civil (conf.esta Sala, causa 8554/92, “Delfino, Germán c/ Sanatorio San Cristóbal y otros s/ responsabilidad médica”, del 3/09/93).

En razón de lo expuesto consideró que, en el caso, se encuentra configurado el incumplimiento obligacional por parte del nosocomio, en el período en que el demandante se encontró internado. Ello así, en la medida que el equipo de profesionales que atendió al actor en el transcurso de su internación, no actuaron con la diligencia que les era exigible. Más allá de que el tratamiento dispensado a los fines de poder superar el cuadro de urgencia con el que ingresó el demandante -intento de suicidio mediante ingesta de fármacos-, siguiendo los informes especializados obrantes en la causa no han sido, por lo general, incorrectos, lo cierto es que faltó un adecuado tratamiento interdisciplinario que pudiera favorecer al restablecimiento de la salud del paciente (me remito a los informes periciales que puntualicé en este Considerando).

Todo este déficit, basta para endilgarle a la accionada Galeno -en su doble carácter de propietaria del establecimiento asistencial y prestadora del servicio de medicina prepaga al que se encontraba afiliado el actor- el deber de reparar los daños padecidos por el Sr. J.M.H.C., siempre que guarden adecuada relación de causalidad con el incumplimiento antes aludido.

X.- Establecida la omisión atribuible a Galeno en la atención médica proporcionada al demandante, el próximo paso es determinar la procedencia de los daños indicados al punto V de fs. 63/64. En consecuencia, corresponde analizar si tales perjuicios se encuentran probados, como así también si la conducta desplegada por Galeno ha sido la causa eficiente para la configuración del resultado dañoso.

En primer término, es válido destacar que el Sr. J.M.H.C. solicita la reparación del daño físico y psicológico.En ese sentido, advierte que el obrar de la demandada generó en él secuelas incapacitantes susceptibles de ser indemnizadas.

Sobre este punto, resulta categórico el perito legista NICOLAS al ser consultado respecto de si las consecuencias constatadas acorde a los principios y factores médicos legales de causalidad o concausalidad, se hallan en relación con la atención médica brindada. En su parecer, el experto sostuvo que “la atención médica que recibiera durante la internación en el Sanatorio de la Trinidad Mitre no fue causal de secuelas. Faltó contención psicológica, adecuado tratamiento interdisciplinario, correcto diagnóstico y seguimiento infectológico pero no se considera que haya sido responsable de aparición de secuelas en el actor” (fs. 535, último párrafo, el destacado me pertenece).

De lo expuesto se colige que no se ha acreditado en la causa secuela incapacitante alguna que pueda guardar relación de causalidad o concausalidad, la que se hubiera proyectado en un perjuicio patrimonial del demandante. Dicho en otros términos, de las constancias aportadas a la causa se desprende que el incumplimiento de Galeno no generó perjuicio incapacitante, ni agravó el cuadro con el que el demandante ingresó al Sanatorio la Trinidad Mitre, motivo que obsta admitir la procedencia de un rubro cuya finalidad es restañar la consecuencias que el hecho generó en el patrimonio de la víctima.

Con motivo de ello, corresponde rechazar la pretensión del actor en cuanto persigue la reparación de un perjuicio que no se encuentra debidamente demostrado.

XI.- En lo concerniente a la reparación del agravio moral, en primer término recuerdo que, en episodios como el de autos, podría sostenerse hasta que se trata de un daño in re ipsa; es decir que surge inmediatamente de los hechos mismos. No caben dudas que la reparación de este item no tiene necesariamente que guardar relación con la existencia de un daño material, pues no se trata de un accesorio de éste.Busca enjugar esa afección espiritual, a través del único sucedáneo con que puede hacerlo una sentencia en un proceso patrimonial: una suma de dinero que procurará compensar los sentimientos padecidos Ahora bien, para que proceda su reparación debe haberse producido una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de la capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial que habrá de traducirse en un modo de estar diferente del estado en que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial (conf. PIZARRO, Daniel, “Daño Moral. Prevención. Reparación. Punición. El daño moral en las diversas ramas del derecho”, pág. 36, cita extraída del fallo de la Sala III de este tribunal in re 17/6/08, “González y otros c/ Corporación Asistencial S.A.”). Se trata de una lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria (BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, pág.208).

Sobre este punto, las circunstancias que debió atravesar el Sr. J.M.H.C. me impresionan como suficientes para determinar que sus padecimientos excedieron las meras molestias que debe soportar una de las partes del contrato ante la inejecución de la otra en un caso de incumplimiento contractual culposo.

De hecho, no se encuentra cuestionado que el actor ingresó al Sanatorio de la Trinidad Mitre, como consecuencia de la ingesta de sustancias tóxicas. En tal sentido, también se ha acreditado que la internación fue llevada a cabo con la presencia de personal policial y la intervención de la Fiscalía de Instrucción N°24 (v. fs. 4vta.). También se ha corroborado, que el demandante se encontraba en estado agresivo y ante la difícil contención debió ser medicado (v. fs.532 vta.).

Todo este panorama descripto, me lleva inmediatamente a presumir el estado de vulnerabilidad en el que se encontraba un paciente con problemas psiquiátricos crónicos, ante una crisis en la que el mismo refiere haber intentado quitarse la vida. De este modo, la falta de tratamiento adecuado desde el punto de vista psicoterapéutico, aunque no haya originado secuelas incapacitantes, es susceptible de haber impactado de modo tal en su ánimo que justifique la admisión de este rubro.

El análisis de las circunstancias adjetivas que rodearon la situación vivenciada por el demandante, me impresiona como suficiente para sostener que se ha postrado al Sr. J.M.H.C. a una disyuntiva insuperable y frustrante de sus afecciones íntimas al no estar a su alcance paliar el incumplimiento de la accionada. Qué duda cabe acerca de que la falta de contención psicológica, como mínimo, habrá influenciado en agravar el cuadro ya de por sí desesperante con que el actor ingresó al nosocomio luego de su tentativa de suicidio.

Por lo tanto, obran en autos suficientes elementos de convicción para detectar en el Sr. J.M.H.C. el padecimiento de aflicciones que puedan ser subsumidas en el rubro daño moral. Dado el carácter resarcitorio de este ítem, corresponde la fijación de la cantidad de $50.000 (cincuenta mil) en lo relativo a dicho concepto.

XII.- Por otra parte, el demandante reclama el pago de los gastos a los que hace referencia al punto 3) de fs. 64. Allí, requiere el reintegro de las erogaciones que dice haber realizado por carecer de atención psicológica y psiquiátrica, como así también los gastos de la medicación prescripta por los profesionales tratantes.

En lo referente a este ítem, sólo corresponde puntualizar que las prestaciones cuyos pagos aquí se peticionan, resultan coincidentes con las reclamadas por el accionante en el marco de la causa n°4754/09, por las cuales se ha dictado sucesivas medidas cautelares y las que particularmente he referido al relatar los hechos de la causa en el Considerando III de este voto.Se desconoce y tampoco se han aportado constancias acerca de algún otro gasto, que exceda las prestaciones reclamadas a título cautelar. A ello se agrega que la promoción de la causa antes aludida ha sido con anterioridad a la presente demanda (v. cargo obrante a fs. 75vta, 14.05.09), motivo por el cual el eventual incumplimiento respecto del objeto de tales actuaciones, debería allí haber sido debatido.

Asimismo, los gastos que refiere haber solventado para acudir a la justicia, serán materia de ponderación a la hora de establecer la imposición de las costas en cada uno de los procesos que el actor dirigió contra la demandada.

XIII.- Finalmente, la condena deberá llevar intereses a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días, plazo vencido. Los accesorios correspondientes deberán ser calculados a partir del 6 de mayo de 2009 y hasta su efectivo pago. Se aclara que la fecha de inicio del cómputo se corresponde con el día en que se internó al demandante del Sanatorio de la Trinidad Mitre y que podría sindicarse como el momento a partir del cual la actitud de la demandada comenzó a generar las consecuencias gravosas para el Sr. J.M.H.C. al no arbitrar la totalidad de los medios necesarios para dar contención al cuadro que aquejaba al paciente.

XIV.- En mérito a lo expuesto, voto por:

14.1. Confirmar el dispositivo recurrido en lo relativo al rechazo de la acción por daños y perjuicios dirigida contra el Instituto de Macropsicología.

14.2. Revocar la desestimación de los daños y perjuicios como consecuencia de la atención médica dispensada por parte de Galeno S.A. En consecuencia, propicio condenar a esta demandada al pago de la suma de $50.000 (cincuenta mil pesos) en concepto de daño moral, los que devengarán los intereses indicados en el Considerado XIII.

14.3. Distribuir las costas de ambas instancias del siguiente modo:a) Respecto de la demanda dirigida contra el Instituto de Micropsicología y el tercero Noble Compañía de Seguros S.A., las de esta instancia deberán ser soportadas por su orden, atendiendo el complejo marco fáctico y probatorio que hubo de analizarse para concluir acerca de la improcedencia de la acción; b) Con relación a la acción dirigida contra Galeno S.A., las costas de ambas instancias deberán ser soportadas por aquella demandada en su calidad de sustancialmente vencida (art. 68 del C.P.C.C.). Para proponer dicha imposición respecto de aquellos gastos causídicos tengo en cuenta que en casos de responsabilidad civil el hecho de que no hayan prosperado todos y cada uno de los rubros pretendidos en la demanda, ni por el monto reclamado, no empece a que, de acuerdo con el criterio objetivo de la derrota, sea el responsable quien cargue con los gastos causídicos, ponderando que su actitud obligó al damnificado a litigar para obtener el reconocimiento de sus derechos y que dichas erogaciones constituyen un menoscabo indemnizable.

Los doctores Ricardo Víctor Guarinoni y Eduardo Daniel Gottardi, por razones análogas a las expuestas por el doctor Alfredo Silverio Gusman, adhieren a su voto.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el dispositivo recurrido en lo relativo al rechazo de la acción por daños y perjuicios dirigida contra el Instituto de Macropsicología; 2) Revocar la desestimación de los daños y perjuicios como consecuencia de la atención médica dispensada por parte de Galeno S.A. En consecuencia, condenar a esta demandada al pago de la suma de $50.000 (cincuenta mil pesos) en concepto de daño moral, los que devengarán los intereses indicados en el Considerado XIII del primer voto; 3) Distribuir las costas de ambas instancias del siguiente modo: a) Respecto de la demanda dirigida contra el Instituto de Micropsicología y el tercero Noble Compañía de Seguros S.A., las costas de esta instancia deberán ser soportadas por su orden, atendiendo el complejo marco fáctico y probatorio que hubo de analizarse para concluir acerca de la improcedencia de la acción; b) Con relación a la acción dirigida contra Galeno S.A., las costas de ambas instancias deberán ser soportadas por aquella demandada en su calidad de sustancialmente vencida (art. 68 del C.P.C.C.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

EDUARDO DANIEL GOTTARDI