Contracepción quirúrgica: derecho a la información y proyecto de vida

Autor: Dellacqua, Mabel

Fecha: 18-abr-2018

Cita: MJ-DOC-13513-AR | MJD13513

Sumario:

I. Introducción. II. El caso. III. La labor de los magistrados como reguladores del sistema jurídico. IV. El derecho a la información. Consentimiento informado. Plataforma normativa. V. Interferencia al proyecto de vida. VI. Concepto de autonomía y el derecho a la disposición del propio cuerpo. VII. Colofón.

Doctrina:

Por Mabel Dellacqua (*)

I. INTRODUCCIÓN

La Ley 26.130/06 regula el régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica cuyo objeto es el reconocimiento del derecho al acceso a la realización de las prácticas denominadas «ligadura de trompas de Falopio» y «ligadura de conductos deferentes o vasectomía» en los servicios del sistema de salud.

Se ha recorrido un largo camino para la consagración de un derecho que constituye un nivel de ideales del ordenamiento jurídico que fue penetrando progresivamente hacia la positivización. Es de fundamental importancia atribuir especial significación al reconocimiento del derecho a la disposición del cuerpo, como derecho personalísimo, en tanto se enfoca en el ámbito más extenso de libertad, en el que se torna menester conferir a la persona participativamente un rol protagónico en la toma de decisiones referentes a su salud reproductiva.

En un reciente pronunciamiento de la Cámara Civil, Sala G, se ordena indemnizar a una mujer que quedó embarazada tres meses después de haberse sometido a la ligadura y sección de las trompas de Falopio. La indemnización que surge del decisorio se circunscribe al daño no patrimonial emergente del incumplimiento del deber de información que afecta el derecho a la autonomía personal y a la libertad de autodeterminación, e interfiere en el proyecto de vida.

El comentario al pronunciamiento mencionado se focaliza en dos grandes pilares del mismo: el derecho a la información y el proyecto de vida de las personas. En este orden de ideas, es dable considerar la labor de los magistrados como reguladores del sistema jurídico en el contexto de los derechos personalísimos en juego inmersos en el tenor de los derechos fundamentales, analizando desde esta perspectiva las normas constitucionales y los principios contenidos en las mismas, así como la implicancias en el ejercicio del derecho a la libertad en función del derecho a la salud reproductiva.

II.EL CASO

Los actores demandan por mala praxis médica y por incumplimiento del deber de información a la obra social, al establecimiento asistencial y al médico interviniente en el procedimiento quirúrgico de ligadura y sección de las trompas de Falopio efectuado en el momento del nacimiento del tercer hijo, pues a los tres meses la actora se encontraba embarazada. En primera instancia, no se encuentra acreditada la culpa médica y se señala que la omisión respecto del deber de información reclamado no habilita la procedencia del reclamo. Considero importante señalar, que la Sala G de la Cámara Civil brinda un análisis detallado de las pruebas aportadas y del informe pericial (1) en relación con la conducta de la demandada, transitando los factores subjetivos de atribución de responsabilidad. Respecto del incumplimiento liso y llano de la prestación -dolo como inejecución de la práctica en cuestión- el pronunciamiento señala que el solo hecho del embarazo posterior no es suficiente para acreditar la falta de realización de la contracepción quirúrgica.

En relación con la culpa médica respecto de la práctica en sí misma, el tribunal la desestima atento a que ninguna de las pruebas aportadas revela que haya estado mal efectuada la contracepción quirúrgica en ocasión a la realización de la cesárea.

Respecto de la responsabilidad objetiva, cabe señalar que la sentencia determina que tanto el establecimiento asistencial como la obra social deberán responder sobre la base del deber de seguridad o del deber de garantía.Concluye el pronunciamiento afirmando que la dimensión del daño inferido a la madre está constituido por la violación de su derecho a la autonomía personal y a la libertad de autodeterminación, que se concreta en primer lugar en la falta suficiente de información sobre el eventual fracaso de la técnica o la posibilidad de recanalización espontánea y su incidencia sobre el consentimiento prestado que impidió a la actora adoptar los recaudos disponibles para planificar la descendencia. Ambos puntos constituyen los alcances de la responsabilidad profesional del pronunciamiento.

III. LA LABOR DE LOS MAGISTRADOS COMO REGULADORES DEL SISTEMA JURÍDICO

Partiendo de la concepción sistémica y cibernética del derecho, es dable observar que el derecho se transforma a través de la labor de los magistrados que receptan en sus pronunciamientos las nuevas realidades, brindando flexibilidad al sistema jurídico a través de la interpretación de la ley (2).

La sentencia que nos ocupa es un claro ejemplo, pues como veremos en los puntos siguientes, la interpretación no se agota en las palabras de la ley, sino que se fortalece en la finalidad de la misma, permeabilizando los derechos en juego.

Es dable considerar a la lógica de lo razonable como prevaleciente en el derecho, en tanto utiliza argumentos de razón o razonabilidad en los que intervienen la realidad humana y los juicios derivados sobre adecuación y eficacia de los medios para conseguir la realización de los fines propuestos. Todo ello en sintonía con lo expresado en los arts. 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCivCom), pues la finalidad de la norma es el eje como fuente, como interpretación -que incorpora el principio teleológico- y como deber de resolver, considerando el derecho como un todo integral y coherente. Desde una perspectiva sistémica, el modo coherente de fundar razonablemente las sentencias se vincula con las fuentes del derecho y las pautas interpretativas.Las ahora explicitadas pautas, la finalidad del texto de la ley, los tratados sobre derechos humanos, los valores jurídicos y el «modo coherente con todo el ordenamiento», es un reservorio que constituye diques de contención para que el fallo judicial sea una decisión razonablemente fundada (3).

En este orden de ideas, es dable observar pronunciamientos -como el que comentamos- que logran el ensamble con la bioética generando una sintonía integral de la autonomía de la persona con argumentos que optimizan el contexto normativo en toda su extensión. El reconocimiento del derecho a la salud, la libertad, la autodeterminación, el derecho sobre el propio cuerpo, las razones terapéuticas, las razones existenciales, las razones socioeconómicas van floreciendo en el quehacer judicial revelando la intensidad con que nuestros jueces contribuyen a la praxis jurídica y bioética (4).

IV. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN. CONSENTIMIENTO INFORMADO. PLATAFORMA NORMATIVA

Señala el pronunciamiento que el deber de información se limitó a efectos generales o comunes sin evidenciarse la advertencia de la falibilidad de la sección y ligadura de tropas efectuada a la actora, información que la paciente debe conocer para una decisión libre y consentida.

Estas consideraciones se relacionan con la dignidad de la persona en primer lugar, con el derecho personalísimo al propio cuerpo, con la autonomía, de la que se desprende la autodeterminación, y con el consentimiento informado. Todos estos temas se encuentran interconectados y convergen en el núcleo fundante de la protección de la persona, que es el centro del ordenamiento jurídico.

Respecto del «consentimiento informado», podemos considerarlo desde dos perspectivas: una primera comprensiva de los principios referidos a la autodeterminación de la persona y otra perspectiva sería la determinante de las líneas directrices vinculadas con el daño indemnizable.Ambas se encuentran presentes en el caso que analizamos y surgen de los argumentos razonablemente fundados en el pronunciamiento que comentamos.

La «plataforma normativa» del consentimiento informado tiene hoy un amplio espectro en nuestro derecho, luego de haber recorrido un largo camino a través de los operadores del derecho que fueron construyendo una doctrina apoyada en criterios orientadores basados en nuestra «Carta Magna» (art. 19 de la CN y art. 33 de la CN, art. 75, inc. 22 ), con un gran aporte de la bioética (5) y en el marco del derecho internacional de derechos humanos que, con la consagración de la constitucionalización del derecho privado, quedan expresamente contemplados en art. 1 el CCivCom.

Se suman en la actualidad a la plataforma normativa diversas normas que fortalecen la dignidad humana en el más amplio sentido de la autodeterminación de las personas, el «Código Civil y Comercial e la Nación, la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud -nov. de 2009-, la Ley específica 26.130/06 que regula el régimen para las intervenciones de contracepción «quirúrgica» (6), la Resolución Secretarial 1/07 del Ministerio de Salud a través del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable» (7) que establece la información que debe proporcionarse con carácter previo a la decisión de ligarse las trompas de Falopio, mencionando como recaudo que el método puede fallar en muy raras ocasiones, a pesar de haber sido bien realizado, tal como se puntualiza en el pronunciamiento en comentario. Asimismo es importante distinguir que la omisión de información respecto de la falibilidad de la técnica no pasa por la estadística cuantitativa, sino por la cualitativa, que le impide a la actora considerar en el caso otras opciones para evitar el embarazo.

El «Código Civil y Comercial de la Nación» -en sintonía con el art. 5 de la Ley 26529- en su art.59 , claramente establece que el consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud es «la declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir “información clara, precisa y adecuada”». Cabría preguntarnos qué entendemos por clara, precisa y adecuada. Respecto de la «información clara», podemos mencionar a Descartes, quien llama «claridad» o «conocimiento claro», a la experiencia de conocimiento en la cual el objeto conocido está «en persona» o presente ante la mente del sujeto; lo c ontrario del conocimiento claro es el conocimiento oscuro, en el que el objeto que se cree conocer no se halla presente ante el sujeto en el momento de dicha experiencia de conocimiento. La claridad junto con la distinción son los rasgos esenciales de la experiencia de la evidencia (8). La claridad comprende la cualidad y también el efecto que causa el modo de transmisión, pues la información como luz que ilumina el espacio comunicacional genera la posibilidad de distinguir lo que hay en el (9).

Es dable advertir que la anticoncepción fallida -cualquiera sea la causa- no ha formado parte de la claridad de la información, pues no ha estado en el conocimiento de la actora, había una oscuridad de la misma, en palabras de Descartes. Y esa oscuridad está representada por el incumplimiento del deber de información, en tanto no se advirtió sobre el fracaso de la técnica, como surge de la copiosa jurisprudencia extranjera que se detalla en el pronunciamiento.

La «información precisa» implica una abstracción o una separación mental que hace el entendimiento de dos cosas que están realmente identificadas, en virtud de las cuales se las concibe a cada una como distinta de la otra (10). Surge a claras luces que hubo en el caso una ausencia de información que impidió la separación mental de la falibilidad e inefabilidad del método en cuestión.La información tiene que ser adecuada, que conforme el diccionario de nuestro idioma quiere decir «adaptar algo a las necesidades o condiciones de una persona o de una cosa. La «información adecuada» tiene que ver con la proporcionalidad de la misma, es decir que no exista exceso ni restricción porque la demasía o la restricción conforman dos aspectos de la información que la tornan inadecuada (11). Si bien conforme surge del pronunciamiento en el formulario tipo preimpreso que obra en la documentación del expediente, se recibieron explicaciones de distintas opciones terapéuticas, la técnica por utilizar, las complicaciones que pudieran presentarse por orden y frecuencia, así como la variación de la técnica ante algún imprevisto, es dable observar que la necesidad por la cual la actora optó por la sección y ligadura de trompas era evitar un nuevo embarazo (12).

Como señala el pronunciamiento, se vio privada de tomar una decisión adecuada sobre si consentía la práctica o adoptaba otra medida de contracepción para evitar el embarazo. En consecuencia, se evidencia que la adecuación de la información ha denotado la insuficiencia de la misma. Es decir que la insuficiencia de información adecuada es directamente proporcional a la privación de decisión adecuada.

Siguiendo la norma del art. 59 del CCivCom (13), y en particular de los incs. b, c y d, es dable advertir en sintonía con las características del deber de información analizadas precedentemente que «el procedimiento propuesto con la especificación de los objetivos perseguidos -inc. b del art. 59- , así como los beneficios esperados del procedimiento -inc. c- y los efectos adversos previsibles -inc. d- “ha dado lugar a una información insuficiente, pues las chances de falla de la técnica empleada que afecta sin duda el objetivo perseguido, los efectos adversos previsibles y los beneficios esperados”».

La falta de suficiente información, sobre la base de la hermenéutica del art.59 del CCivCom, sucintamente analizada y los textos normativos mencionados, ha tenido incidencia en el consentimiento prestado por la actora y también le ha impedido adoptar los recaudos indispensables para planificar su descendencia, como claramente evidencia la sentencia que comentamos.

V. INTERFERENCIA AL PROYECTO DE VIDA

La falta de suficiente información, como señala la sentencia, tuvo repercusión desfavorable en el aspecto íntimo y personalísimo de la actora y configura un daño moral, aclarando que «la legislación vigente aprehende a las “interferencias al proyecto de vida», art. 1738 entendido como una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial».

En relación con el denominado daño al proyecto de vida, se ha señalado que constituye una vertiente agravadora de perjuicios morales, comprendiendo los desequilibrios existenciales, lo que lleva a la Cámara a afirmar que no puede ser encuadrado como una categoría de daño autónomo.

Se plantean las consecuencias de la deficiente información -que dio lugar al nacimiento de un hijo no deseado desde el aspecto patrimonial y extrapatrimonial del daño.

Respecto del primero, se establece que no es posible imponer a los demandados que se hagan cargo de la manutención por dos motivos: pues no existe suficiente relación causal entre la práctica médica -conforme la lex artis- y el nacimiento y por la indelegabilidad de la obligación alimentaria de los padres.

Desde la óptica extrapatrimonial, el pronunciamiento considera que el déficit de la información proporcionada incidió sobre la libertad de elegir; es decir, que tuvo incidencia en la autodeterminación de la paciente.

En este contexto, es dable observar las diversas interpretaciones del contenido del art. 1738 . Para algunos autores el daño moral comprende todas las repercusiones no patrimoniales, algunas de las que el artículo 1738 enumera enunciativamente:los derechos personalísimos de la víctima, su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y la interferencia de su proyecto de vida o plan existencial vital de la persona (14).

Otros autores, respecto de la segunda parte del art. 1738, interpretan que la norma pone el énfasis en el resarcimiento de las consecuencias que emanan de la afectación de determinados bienes jurídicos que merecen especial tutela; es decir, los derechos personalísimos de la víctima, agregando que constituyen daños desde un punto de vista fáctico y no jurídico, motivo por el cual el artículo se refiere a que lo resarcible son las consecuencias -patrimoniales o extrapatrimoniales- de su afectación. Esta interpretación se completa considerando su autor que la mención de esos derechos personalísimos no tiene como finalidad abrir la puerta a nuevos daños, como el llamado daño al proyecto de vida, que carece de autonomía, sino simplemente el de ratificar la tutela preferente que el Código otorga a la persona humana (15).

Mosset Iturraspe ha considerado que la noción de daño moral integra la más amplia de daño a la persona, y Carlos Sessarego agrega al respecto que el ilustre jurista argentino establecía con precisión los alcances conceptuales del denominado daño moral, destacando la importancia del deslinde entre conceptualismo y realidad formulado por Mosset, quien sostuvo que la reparación del dolor es ahora un capítulo, pero no toda la materia.Con dolor o sin él, se debe respetar la intimidad, la vida de relación, los proyectos, la salud, entendida de una manera plena e integral (16).

La interferencia al proyecto de vida como categoría autónoma ha recibido un fuerte espaldarazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (17), que ha reconocido su autonomía, pues atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas (18).

El daño al proyecto de vida, entendido como una expectativa razonable y accesible en el caso concreto, implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, «en forma irreparable o muy difícilmente reparable». En tal virtud, es razonable afirmar que los hechos violatorios de derechos impiden u obstruyen seriamente la obtención del resultado previsto y esperado y, por ende, alteran en forma sustancial el desarrollo del individuo (19).

En esta línea de pensamiento el profesor Fernández Sessarego explica que la libertad tiene dos instancias, la primera que denomina «ontológica» es el ser que somos, que concibe, elige y decide proyectos, y la segunda instancia denominada «fenoménica» es el proyecto elegido de ejecución en la realidad de la vida, convirtiéndose en acto o conducta. El daño moral incide sobre la esfera afectiva del sujeto, y el daño al proyecto de vida afecta el sentido mismo de la existencia, aclarando que el daño puede comprometer la unidad psicosomática en cualquiera de sus múltiples aspectos o afecta la libertad en cuanto proyecto de vida en marcha. La persona humana puede describirse, dice este autor, como una unidad psicosomática constituida y sustentada en su libertad.De ahí que pueda ser lesionada tanto en su estructura psicosomática como en su libertad.

Esa lesión a la libertad, más específicamente sobre la libertad de elegir, fue el resultado de la falta de información relevante sobre las posibilidades de falla de la ligadura tubaria, que como afirma el pronunciamiento en comentario, que ha tenido influencia en la autodeterminación de la paciente.

VI. CONCEPTO DE AUTONOMÍA Y EL DERECHO A LA DISPOSICIÓN DEL PROPIO CUERPO

Destaca el pronunciamiento que la autonomía es un concepto esencial para el ulterior desarrollo del consentimiento informado, puesto que se trata de la regulación personal de uno mismo, de modo libre y sin interferencias externas que impidan hacer una elección.

Nuestra sociedad, democrática y pluralista no puede soslayar desde la práctica constitucional el valor autonomía en nada menos que el derecho a la disposición del propio cuerpo como derecho personalísimo.

El valor autonomía se deriva de un principio más específico: el principio de autonomía personal. Carlos Nino describe este principio con una precisión insuperable expresando que tiene una doble referencia:la libre aceptación de «principios morales intersubjetivos» -son aquellos que direccionan las acciones de las personas por sus efectos en tanto perjudiquen o beneficien a otras personas- y los «ideales morales autorre ferentes», los cuales valoran las acciones por sus consecuencias en la vida de la propia persona- (20).

Los derechos personalísimos constituyen una inconfundible categoría de derechos subjetivos esenciales, que pertenecen a la persona por su sola condición humana y que se encuentran respecto de ella en una relación de íntima conexión, orgánica e integral (21).

El derecho a la disposición del cuerpo humano, se entiende en consecuencia como un derecho personalísimo, como la facultad de las personas para realizar y autorizar con arreglo al orden jurídico, todo acto sobre la entidad físico somática (22).

La operatividad del derecho al cuerpo en la decisión de la contracepción quirúrgica encuadra armónicamente en estos dos referentes del principio de autonomía mencionados. En la primera referencia, es decir como la libre aceptación de principios morales intersubjetivos, es dable identificar jurídicamente sus consecuencias beneficiosas para quienes así lo decidan- sobre la base del deber de información con el alcance que corresponda-, y esta decisión no perjudica a nadie.

Con respecto al segundo referente del principio, el valor de la autonomía se plasma en la vida de la persona, en la libre elección de ideales o excelencia humana que no afectan a terceros. Por ello justamente es la libre elección la que determina el valor de la autonomía en esta línea, y esa elección puede consistir en conservar la capacidad reproductiva o no, ya sea temporal o definitivamente, por razones terapéuticas o simplemente por la autodeterminación de la persona en su planificación de vida personal y familiar. Este segundo referente no puede ser obstaculizado, ya que implicaría obviar la voluntad de las personas en la decisión de disponer su propio cuerpo.Por último, en el contexto de la autodeterminación de las personas en el marco de la libertad de elegir, es importante considerar «el derecho a la reproducción». El derecho a procrear, así como el derecho a no procrear se relaciona con los derechos de rango constitucional consagrados en el art. 42 de nuestra Carta Fundamental; es decir, con el derecho a la protección de la salud, y en particular a la salud reproductiva y con el derecho a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno (23).

El ámbito jurídico del derecho a la procreación constituye un derecho subjetivo, que se puede proyectar también como el derecho a no procrear que se ubica dentro del concepto de maternidad responsable (24).

Si bien los derechos y libertades constituyen regiones específicas de autonomía en las que se desenvuelven las voluntades individuales, el contenido de la libertad no se agota en esas esferas concretas porque ampara otras muchas actividades y acciones humanas que, sin estar expresamente contempladas en el ordenamiento jurídico, tampoco están prohibidas por el mismo ni vulneran otro derecho (25).

Del programa de acción resultante de la Conferencia Internacional del Cairo 1994, surge que los derechos de reproducción se basan en el reconocimiento básico de todas las personas a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento y a disponer de la información y los medios para ello y el derecho de disfrutar del más elevado posible nivel de salud sexual y de la salud de la reproducción.

La contracepción quirúrgica constituye una conducta autorreferente; la decisión de la mujer a someterse a una sección y ligadura tubaria implica el ejercicio de un derecho personalísimo en orden a la procreación responsable, de su propia salud y del bienestar de su grupo familiar (26).

En el sentido expuesto precedentemente, el derecho a la disposición del propio cuerpo como derecho personalísimo y el derecho a no procrear constituyen la esencia de la contracepción quirúrgica cuyos cimientosse contruyen a partir de una decisión libre y autodeterminada.

VII. COLOFÓN

Por todo lo expuesto, el rol protagónico en la toma de decisiones referentes a la salud reproductiva se basa en el derecho a la autonomía personal y a la libertad de autodeterminación. Por ello, la falta de información suficiente sobre el eventual fracaso de la técnica de contracepción quirúrgica sin duda incide en el consentimiento informado, teniéndose presente las características del deber de información -clara, precisa y adecuada- así como la especificación de los objetivos perseguidos, los beneficios esperados de la técnica y los efectos adversos previsibles han generado una falta de información que, como señala el pronunciamiento, impidió a la actora adoptar los recaudos indispensables para planificar su descendencia.

Todo ello en el contexto del derecho personalísimo al propio cuerpo y el derecho a no procrear que constituyen el núcleo jurídico esencial de la contracepción quirúrgica y que se apoyan sobre la base de la autonomía conforme su plan o proyecto de vida elegido.

Finalmente, cabe destacar que la labor de los magistrados va construyendo holones (27) que operan como reguladores del subsistema jurídico dentro del sistema social y optimizan la interpretación del contexto normativo, fortaleciendo la finalidad de las normas y permeabilizando los derechos en juego de la persona humana que es el núcleo fundante de todo nuestro ordenamiento jurídico.

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(1) Indica el informe pericial que el embarazo posterior a la ligadura puede obedecer a una falla intrínseca del método, o sea que se puede producir por la recanalización espontánea o por la aparición de una fístula en la parte ocluida que permita el paso de las gametas.

(2) DELLACQUA, Mabel: «La interpretación de la ley civil a la luz de una concepción sistémica y cibernética del derecho», en La Ley Sup Act., 23/6/2005.

(3) PORRAS, Alfredo R.: Decisión razonablemente fundada: principio de razonabilidad, en LL Gran Cuyo, diciembre de 2014, p.1178, AR/DOC/4277/2014.

(4) DELLACQUA, Mabel: «La problemática de la esterilización a través del prisma de la tutela judicial. Análisis comparativo de dospronunciamientos que tutelan la primacía de la persona con fundamentos diferentes y concluyen en soluciones equivalentes», en La Ley, Colección de Análisis Jurisprudencial, 1/1/2003, p. 105.

(5) Un instrumento esencial que ha contribuido a la protección de la dignidad humana es la Declaración de la Unesco – Naciones Unidas, denominada «Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos y fue homologada unánimemente por ciento noventa y un países en la 33.ª Sesión de la Conferencia General de la UNESCO», realizada en París el 19 de octubre de 2005.

Declara la excepcional capacidad que posee el ser humano para reflexionar sobre su propia existencia y su entorno, así como para percibir la injusticia, evitar el peligro, asumir responsabilidades, buscar la cooperación y dar muestras de un sentido moral que dé expresión a principios éticos. Se expresa el respeto pleno a la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales (art. 3.1).

«Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica sólo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basado en la información adecuada» (art. 6).

(6) Art. 4 : «Consentimiento informado. El profesional médico interviniente, en forma individual o juntamente con un equipo interdisciplinario, debe informar a la persona que solicite una ligadura tubaria o una vasectomía sobre:

a. La naturaleza e implicancias sobre la salud de la práctica a realizar.

b. Las alternativas de utilización de otros anticonceptivos no quirúrgicos autorizados.

c. Las características del procedimiento quirúrgico, sus posibilidades de reversión, sus riesgos y consecuencias.

Debe dejarse constancia en la historia clínica de haber proporcionado dicha información, debidamente conformada por la persona concerniente.

(7) Res. Secretarial 1/2007.Véase el siguiente enlace web:

http://www.msal.gob.ar/saludsexual/downloads/aqm_ligadura_trompas_falopio.pdf.

(8) Diccionario de Psicología Científica y Filosófica. Véase el siguiente enlace web: http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Claridad.htm.

(9) DELLACQUA, MABEL: «El principio general de la información, Principios generales del Derecho», Homenaje al Profesor Oscár Ameal, Ghersi, Carlos A. (dir.) S. l., La Ley, de Argentina, 2013 ISBN: 978-987-03-2560-4, p. 481.

(10) Diccionario de la Real Academia Española.

(11) DELLACQUA, MABEL: «El principio general de la información.» , op. cit, p. 479.

(12) Véase el siguiente enlace web: http://www.msal.gob.ar/saludsexual/downloads/aqm_ligadura_trompas_falopio.pdf. La ligadura de las trompas de Falopio (LT) es un método anticonceptivo de tipo quirúrgico, en cual consiste en la oclusión bilateral de las trompas de Falopio con el fin de impedir la unión de las gametas (óvulo-espermatozoide). «Sirve para evitar el embarazo en forma permanente».

(13) CCivCom. Art. 59 : «Consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud. El consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud es la declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir información

“clara, precisa y adecuada”, respecto a:

a. su estado de salud;

b. “el procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos”;

c. “los beneficios esperados del procedimiento”;

d. “los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles”»(el entrecomillado interno me pertenece).

(14) GALDÓS, Jorge M.: Código Civil Y Comercial De La Nación Comentado, director Ricardo Luis Lorenzetti,

t. 8, arts. 1614-1881, Rubinzal, 2016.

(15) PICCASO, Sebastián, y SÁENZ, Luis: Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, directores Marisa Herrera, Gustavo Caramelo y Sebastián Piccaso, comentario art. 1738, t. 4, Libro III, comentario art. 1738, editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica, p. 454.

(16) MOSSET ITURRASPE, Jorge:«El daño a la persona en el Código civil peruano», en Los diez años del Código civil, t. 1, p. 213., citado por Carlos Fernández Sessarego, en Deslinde conceptual entre «daño a la persona», «daño al proyecto de vida» y «daño moral».

(17) Corte Interamericana de Derechos Humanos, 27/11/1998, Loayza Tamayo, María E., RCyS, 1999, p. 209).

(18) LÓPEZ HERRERA, Edgardo: Código Civil y Comercial de la Nación. Dir: Graciela Medina, Julio C. Rivera. S. l., La Ley, 2014, Ley 26.994/14, Libro III, Cap. I , La Ley 2014, p. 485.

(19) CORTE IDH: «Caso Loayza Tamayo vs. Perú». Véase el siguiente enlace web: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_42_esp.pdf, punto 150.

(20) NINO, Carlos Santiago: Fundamentos de derecho constitucional. S. l., Astrea, 2002, p. 164.

(21) Rivera, Julio C.: Instituciones de derecho civil. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2004, p. 7.

(22) DELLACQUA, Mabel: «El derrotero constitucional de los derechos personalísimos frente a la limitación legal de disposición sobre el propio cuerpo: la esterilización anticonceptiva», en Jornadas Nacionales de Derecho Civil, 2003.

(23) DELLACQUA, Mabel: «Bioética y derecho: dilemas y paradigmas en el siglo XXI», coord. por Roberto Arribère, 2008, ISBN 978-987-1419-08-1, pp. 215-304.

(24) Tribunal de Familia N.° 1 de Quilmes, 12/8/1999, con nota de Mabel Dellacqua: Colección de Análisis Jurisprudencial 1/1/2003, p. 105.

(25) DELLACQUA, Mabel: «Derecho a la Reproducción», Revista del Colegio Público de Abogados. Buenos Aires, mayo de 1998.

(26) DELLACQUA, Mabel: «La contracepción quirúrgica como bitácora del derecho al cuerpo y la autonomía personal», en Derecho a réplica, revista de estudiantes N.° 2, 2006.

(27) DELLACQUA, Mabel: «La interpretación de la ley civil a la luz de una concepción sistémica y cibernética del derecho», en La Ley Sup. Act., 23/6/2005.

(*) Abogada y escribana, UBA. Doctorado en Derecho Privado, UCES. Posgrado en Derecho de Familia y cursos de posgrado independientes, UBA. Carrera Docente, UBA. Especialista en Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, UNLZ. Miembro permanente del Comité de Bioética del Hospital de Gastroenterología Carlos Bonorino Udaondo. Profesora de posgrado de Negocio Jurídico, UCA. Docente del Programa de Actualización en Responsabilidad Derivada de los Servicios de Salud de Posgrado, UBA. Docente de posgrado de Anteproyecto del Código Civil, Parte General, UBA. Autora de trabajos varios y obras vinculados al derecho privado y a la bioética.