Corresponde una reparación de daños derivados del cambio de obra social mediante una falsificación de firma

Partes: Cortez Alarcón Juan Ramón c/ Obra Social del Personal de Farmacia s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 13-oct-2017

Cita: MJ-JU-M-109239-AR | MJJ109239 | MJJ109239

Es procedente el reclamo por daño moral derivado del cambio de obra social mediante una falsificación de firma dado que la negativa a la atención médica, suministro de medicamentos, estudios o prestación que correspondiera, produce un estado de preocupación y desasosiego espiritual o de carácter íntimo. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar al resarcimiento indemnizatorio por el daño moral que el actor alega haber padecido en razón del cambio no consentido de su obra social -OSADEF- a la aquí demandada -OSPF-; acto que fue llevado a cabo por un formulario de traspaso con su firma falsificada, pues se evidencian las zozobras, la mortificación y la incertidumbre por la que transitó con motivo de las desafortunadas circunstancias que siguieron a la restitución a su obra social, y en las que en forma inapropiada se vio envuelto perturbado seriamente su sosiego espiritual respecto del cual la demanda carecía de derecho para privarlo, y que ha consumido en forma displacentera valiosos momentos de su vida.

2.-Corresponde rechazar el reclamo por daño moral ya que el actor se limitó a declarar en términos generales que el solo hecho de enterarse que mediante la falsificación de su firma fue suscripto un formulario que implicaba su traspaso a una obra social que no había elegido, le generó un perjuicio evidente, agregando que se vio privado de las prestaciones que le correspondían y que la demandada no le brindó. Lo cierto es que más allá de estas afirmaciones, no arrimó ninguna prueba concreta tendiente a demostrar tales extremos (del voto en disidencia del Dr. Guarinoni).

Fallo:

En Buenos Aires, a los 13 días del mes de octubre de 2017, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor Ricardo Víctor Guarinoni dice:

I.- A fs. 297/300 luce la sentencia del Juez de la anterior instancia, que decide rechazar la acción iniciada por Juan Ramón Cortez Alarcón contra la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE FARMACIA, que intenta obtener la nulidad del acto jurídico mediante la cual fue transferido a esta última. Asimismo, solicitó la restitución de los aportes y contribuciones a la obra social y el cobro de una indemnización de $ 20.000 por los daños y perjuicios que la situación le provocó. Para resolver de tal modo, el “a quo” tuvo por acreditada la falsificación de la firma del afiliado, ya que el interesado no suscribió las planillas del traspaso. Sin embargo, respecto a la procedencia de la indemnización del rubro daño moral, consideró que no se encontraba probado el perjuicio alegado. Finalmente, impuso las costas al actor.

II.- Dicha sentencia fue materia de apelación por el accionante, expresando agravios a fs. 306/307 vta., originando la réplica de la demandada a fs. 309/310. Las quejas del demandante se refieren a que el “a quo” rechazó el rubro daño moral sin perjuicio de que, a su entender, su existencia se encuentra acreditada por las declaraciones testimoniales obrantes en autos.

III.- Corresponde entonces dilucidar si corresponde otorgar o no al actor un resarcimiento indemnizatorio en concepto de daño moral en los términos que reclama. Cortez Alarcón solicita una indemnización en concepto de “daño moral” (art. 1078 del Código Civil). Ello así porque -según sostiene- la obra social demandada, mediante la falsificación de su firma, obtuvo su traspaso como afiliado a la misma.Señala que dicha maniobra determinó la promoción de las denuncias penales acumuladas ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°49 en la causa n° 34.513/2007, caratulada “Obra Social del Personal de Farmacia s/ Estafa” en la que se realizaron pericias caligráficas (reconocidas en autos por la propia demandada), las cuales demostraron que las firmas insertas en los formularios eran apócrifas, lo que determinó la nulidad del traspaso en tanto no existió expresión de voluntad en tal sentido y que todo ello en definitiva, le generó un estado de angustia y agravio moral que debe ser resarcido.

IV.- Es sabido que el daño moral importa una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de una lesión a un interés no patrimonial o una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial (Pizarro Ramón D., Daño Moral, Hammurabi, Bs. As., 2000). Hay acuerdo en considerar que el daño moral es de difícil cuantificación, dado que las perturbaciones anímicas quedan en el fuero íntimo del damnificado; sin embargo, la magnitud del hecho y la índole de las lesiones constituyen elementos objetivos que permiten determinar una cantidad indemnizatoria, pero igualmente enfrenta al juzgador con la disyuntiva de evaluar cuánto sufrió la víctima; por ello se sostiene que la cuantificación del daño queda sometida más que en cualquier otro supuesto al prudente arbitrio judicial y que la víctima debe arrimar elementos que convenzan al Juez de la existencia del daño moral, de la alteración disvaliosa del espíritu; del dolor , sinsabores o sufrimientos; amarguras o desazones (conf. Jorge Mosset Iturraspe y Miguel Piedecasas, Código Civil Comentado, Doctrina-Jurisprudencia- Bibliografía, Responsabilidad Civil, arts. 1066/1136, Ed.Rubinzal Culzoni). Ahora bien, advierto que al promover su demanda el recurrente no brindó ninguna pauta ni referencia concreta para valuar, siquiera mínimamente la entidad de los perjuicios sufridos así como tampoco arrimó ningún parámetro estimativo del daño reclamado. En efecto, el actor se limitó a declarar en términos generales que el solo hecho de enterarse que mediante la falsificación de su firma fue suscripto un formulario que implicaba su traspaso a una obra social que no había elegido, le generó un perjuicio evidente, agregando que se vio privado de las prestaciones que le correspondían y que la demandada no le brindó. Lo cierto es que más allá de estas afirmaciones, no arrimó ninguna prueba concreta tendiente a demostrar tales extremos. Cabe señalar que la única prueba obrante en autos respecto a las prestaciones médicas que debía brindarle la obra social a Cortez Alarcón de las que presuntamente se vio imposibilitado de recibir, surge de la testimonial de fs. 146. En dicha declaración mana que la obra social original del actor habría suspendido las prestaciones que venía realizando -como lo indica el testigo Rubén Antonio Bezzato en la séptima pregunta-, sin embargo no surge qué prestaciones la demandada le hubiera negado, como así tampoco figura de la documentación agregada a la causa, intimación alguna por parte del actor en tal sentido. Además, existen otras dos testimoniales a fs. 144 y fs. 145, en las que los deponentes Perdomo y Mouguelar, contestan que “no lo sabe”y “en forma particular no sabe”, respectivamente, con relación al modo en que la situación de autos afectó al accionante. Si bien no dudo que el actor debió sortear alguna molestia por el traspaso a una obra que no eligió tampoco me cabe la menor duda que debió agregar algún elemento de juicio que permita tener por configurado el daño moral y no limitarse a considerarlo necesario o inevitable.Así las cosas, resulta evidente que el interesado no ha probado acabadamente ni de manera aproximativa el daño que alegara en su escrito de inicio. Por ello, considero que corresponde confirmar el fallo apelado, con costas de Alzada a cargo del actor vencido (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

V.- Por las consideraciones expuestas, propongo confirmar el fallo apelado, con costas de Alzada a cargo del actor vencido (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). El Dr. Eduardo Daniel Gottardi dijo: Adhiero -en general – al relato de los antecedentes efectuados en el voto del distinguido vocal preopinante; pero discrepo en parte con la solución propiciada.

II.- Atento la traba de la litis, la cuestión a decidir se encuentra circunscripta, como bien se detalla en la sentencia de Primera Instancia, en determinar si corresponde otorgar a la demandante un resarcimiento indemnizatorio por el daño moral que alega haber padecido en razón del cambio no consentido de su obra social -OSADEF- a la aquí demandada -OSPF-; acto que fue llevado a cabo por un formulario de traspaso con su firma falsificada (ver, fs. 298, considerando II). En el aludido decisorio, se rechazó la demanda en este único aspecto controvertido. Motivando tal rechazo la apelación que aquí se decide. Al respecto, el accionante solicita una indemnización en concepto de “daño moral” en los términos que reclama. Ello así porque -según argumenta- la obra social accionada, mediante la falsificación de su firma, obtuvo su traspaso como afiliado a aquella. Destaca que la mencionada maniobra determinó la promoción de las denuncias penales que tramitaron ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 49 en la causa N° 34.513/2007, caratulada “Obra Social del Personal de Farmacia s/ Estafa” en la cual se demostró que las firmas insertas en los formularios de traspaso fueron apócrifas, lo que determinó la nulidad del traspaso en tanto no existió expresión de voluntad en tal sentido.La situación descripta, argumenta el recurrente, le generó un estado de angustia y agravio moral que debe ser resarcido. Al respecto, soy de opinión que en el caso de marras se presentan elementos suficientes para conceder la reparación que se pretende. En tal orden de ideas y a mí entender, la probanza que media en autos resulta suficiente para indemnizar los sufrimientos padecidos por el accionante.

III.- En tal sentido, debe destacarse que si la acción antijurídica ocasiona menos-cabo o lesión a intereses no patrimoniales, hay daño moral (conf., Zannoni, E., “El daño en la responsabilidad civil”, pág.232; Orgaz, A., “El daño resarcible”, pág.183, Nº55 y citas en nota 5; Cám.Nac.Civil, Sala A, Valdez C. c/ Amparo S.A. s/ Daños y Perjuicios, E.D., Fº32.992; idem, Endrej, C. c/ Valverde, O.J., s/ Sumario, E.D., Fº32.876, entre muchos otros). Se tiende, aplicando la previsión del Art. 1O78 del Código Civil -hoy arts. 1737, 1738 del Código Civil y Comercial de la Nación-, a reparar el dolor que provoca el evento dañoso fuera del ámbito físico (conf., Borda, G.A., “Tratado de Derecho Civil, Obligaciones”, T.I, pág.l9O). Es un daño que afecta al sentimiento -dolor, aflicción, pesar, conmoción de envergadura en el equilibrio habitual- y que es consecuencia de la privación de un bien jurídico sobre el cual el dolorido, el humillado, el afligido, etc., tenía un interés reconocido por la ley (conf., Zannoni, E., ob. cit., pag.232 y sus citas).

IV.- No puede dudarse que la acción antijurídica existió. Ello es así a poco que se repare, que así se lo tuvo por acreditado en las actuaciones que se citan en el considerando primero del decisorio de grado (ver, fs. 298 cit.). En dichos obrados se decretó la nulidad de la transferencia del accionante como afiliado de OSADEF a OSPSF.Ésta última, fue operada mediante un formulario en el que se había falsificado la firma de la Sr. Juan Ramón Cortez Alarcón.

Parece útil recordar que, esta Cámara resolvió -en situaciones como las de autos- (véase Sala I causa 7114/11 del 11/08/15; Sala III voto Dra. Medina en causa 5324/12 del 20/03/15; Sala II causa n° 6515/11 del 23/11/11 y causa n° 6695/2008 del 15/03/16; entre otras) que la p rocedencia del resarcimiento del daño moral requiere prueba específica que acredite su existencia, entendiendo que su procedencia cumple una función y propósito distinto -que pertenece al mundo subjetivo de los damnificados- del que corresponde otorgar por el daño material reclamado (conf. esta Sala, causa n° 4207/94 del 14/04/99 y sus citas). Y para que proceda la reparación pecuniaria se requiere que el daño tenga verdadera repercusión espiritual, que supere las molestias propias de conductas inapropiadas, habida cuenta de que la indemnización no constituye un modo genérico de engrosar el patrimonio del reclamante. Interesa destacar, que el accionante produjo las testimoniales de fs. 144, 145 y fs. 146, las que lucen coincidentes en los puntos que procederé a exponer. En efecto, de la declaración testimonial que luce a fs. 144, la ponente -quien trabajaba en atención al público de OSADEF- dijo que el actor dejó de pertenecer a OSADEF por un “traspaso trucho” (ver respuesta a cuarta pregunta). Por otro lado, la Sra. Mouguelar declaró frente al mismo interrogante, a fs. 145 que: “Porque cuando fue a atendenderse con los médicos de OSADEF, aparecía en pantalla como que había hecho una opción por otra Obra Social.”, en tal sentido, agregó que: “Aparecía como si hubiera hecho un traspaso de Obra Social. Había un programa de traspasos u opciones de traspaso y aparecía como si el Sr.Cortez hubiera hecho un traspaso.”; y para finalizar, dijo que la actitud tomada por el accionante fue negar el traspaso y exigirle la prestación a OSADEF. El testigo Bezzato, hizo lo propio a fs. 146. Allí plasmó que: “.Cuando se le consultó a esta persona si había realizado dicho traspaso, la contestación fue que no, que jamás había firmado nada. Cuando comienzan a investigar ante los dichos de esta persona que nunca había firmado nada, en principio se sospecha de una falsificación de firma lo que fue corroborado por la justicia”. Agregó que, la manera en que se manifestó el accionante frente al perjuicio fue de enojo hacia OSADEF, luego de preocupación, ya que se le suspendió la prestación durante treinta días hasta tanto se investigaba la situación por la cual había ocurrido el traspaso y que tenía temor de quedarse sin la cobertura que venía teniendo por parte de OSADEF, por no poseer los mismos prestadores y profesionales que OSPF. Culminó el acto exponiendo que, la situación afectó al Sr. Cortez Alarcón debido a que durante ese lapso que no tuvo las prestaciones de OSADEF, que no tuvo o que tuvo que suspender los tratamientos que venía realizando (ver respuestas a tercera, sexta y séptima pregunta de fs. 146). En las mencionadas condiciones, no encuentro razón para prescindir del resultado que arroja esta prueba (conf. art. 388 y 456 del C.P.C.C.N.). En definitiva juzgo que las declaraciones testimoniales antedichas tienen base jurídica probatoria -en las circunstancias concretas que especifican el caso- con entidad suficiente para configurar el daño moral indemnizable. Así las cosas, se evidencian las zozobras, la mortificación y la incertidumbre por la que transitó el Sr.Cortes Alarcón con motivo de las desafortunadas circunstancias que siguieron a la restitución a su obra social, y en las que en forma inapropiada se vio envuelto perturbado seriamente su sosiego espiritual respecto del cual la demanda carecía de derecho para privarlo, y que ha consumido en forma displacentera valiosos momentos de su vida (ver esta Sala causa n°6695/08 del 15/03/16, y sus citas).

Llegados a este punto, debe señalarse que la apreciación de los dichos de los testigos debe efectuarse según las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones (conf., art. 454 del Código Procesal). Lo declarado tiene valor cuando los testigos describen lo observado y percibido en el campo de sus sentidos. Desde otro ángulo cabe decir que la prueba de testigos tiene la ventaja de que se supone en ellos la falta de interés propio. La calidad de testigo justamente se configura por el hecho de ser ajeno a lo que se discute. Se es testigo en la medida en que no se es parte, es decir, en la misma medida en que no se tiene interés propio en las cosas objeto del juicio (conf., Eisner, Isidoro, “La prueba en el proceso civil”, Abeledo Perrot, 1984, pág. 76). En ese sentido, es condición de credibilidad y ello conforme las reglas de la sana crítica previstas en el art. 456 del Código Procesal, la condición de extrañeidad del testigo respecto de las partes y que, además, tomara conocimiento directo con los hechos denunciados en el escrito de inicio.

V.- En síntesis, no puede dudarse que un acto antijurídico existió, porque así fue declarado. Y que al accionante, se le negó la atención que debía serle prestada por la Obra Social de la que fraudulentamente había sido transferido.Si todo esto es así, la afección a los sentimientos antes indicada se ha visto efectivamente configurada.Porque la negativa a la atención médica, suministro de medicamentos, estudios o prestación que correspondiera, por parte de la Obra Social a la que el Sr. Cortes Alarcón creía estar afiliado; produce -a no dudarlo- un estado de preocupación y desasosiego espiritual o de carácter íntimo. Que se traduce en conmoción de envergadura en el equilibrio habitual, que hacen viable el reclamo. En consecuencia, en atención a lo expuesto en el presente voto y, en ejercicio prudencial y razonable de la facultad que confiere el art. 165 in fine del C.P.C.C.N. , propongo al acuerdo fijar la suma de $5.000 para resarcir el daño moral sufrido por el actor. El monto de condena reconocido llevará intereses -a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días- desde la notificación de la demanda hasta el efectivo pago.

VI.- Voto, en síntesis, por revocar el pronunciamiento apelado. En consecuencia, corresponde hacer lugar a la demanda promovida por el Sr. Cortez Alarcón Juan Ramón a abonarle en el plazo de diez días la suma de $5.000, con más los intereses establecido en el considerando V del presente voto, y las costas del proceso a cargo de la parte demandada perdidosa en virtud del principio objetivo de la derrota (conf. art. 68, primera parte del C.P.C.C.N.). El doctor Alfredo Silverio Gusman, por razones análogas a las expuestas por el doctor Eduardo Daniel Gottardi, adhiere a su voto. En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala por mayoría, RESUELVE: revocar el pronunciamiento apelado. En consecuencia, corresponde hacer lugar a la demanda promovida por el Sr. Cortez Alarcón Juan Ramón a abonarle en el plazo de diez días la suma de $5.000, con más los intereses establecido en el considerando V del voto de la mayoría, y las costas del proceso a cargo de la parte demandada perdidosa en virtud del principio objetivo de la derrota (conf. art. 68, primera parte del C.P.C.C.N.). Una vez que se encuentre firme la liquidación del crédito que se manda a pagar y sus intereses, vuelvan las actuaciones a efectos de proceder a fijar los honorarios correspondientes a ambas instancias (conf. art. 279, del C.P.C.C.N). Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

EDUARDO DANIEL GOTTARDI

ALFREDO SILVERIO GUSMAN