La advertencia al paciente sobre determinadas complicaciones y riesgos terapéuticos

Autor: López Miró, Horacio G.

Fecha: 14-mar-2018

Cita: MJ-DOC-12761-AR | MJD12761

Sumario:

I. Postulado. II. El objetivo perseguido por la Ley 26.529. III. Conclusión.

Doctrina:

Por Horacio G. López Miró (*)

I. POSTULADO

Lo que estamos afirmando es que, aun cuando el médico haya advertido al paciente, en el texto del consentimiento informado, sobre la posibilidad de que ocurra una complicación o de que se materialice un riesgo, de manera «intra- o posoperatoria», o durante el curso de determinada terapia o estudio diagnóstico, invasivo o no, y sean ellos habituales o esporádicos, el médico es responsable por la lesión y el daño sufridos por el paciente si dicha complicación o materialización de riesgo ocurren por su culpa.

Cumplimentar con la Ley 26529 , en punto a la información que el profesional debe brindar al paciente, no equivale a obtener un cheque en blanco para que, a partir de dicha información, el galeno pueda actuar de manera culposa, ya negligentemente, imprudentemente o con impericia, sin responsabilidad alguna. Aplicando el antiguo método del derecho romano, de la «demostración por el absurdo», diríamos que si la información acerca de posibles complicaciones y / o riesgos equivaliera a una suerte de coraza anticulpa, el médico que hubiera informado a su paciente, quedaría habilitado -a partir de allí- para actuar como quisiera, atento a que ya ha cumplido con advertir al paciente acerca de que la complicación o riesgo puede suceder.

El galeno podría, por ejemplo, no lavarse las manos antes de intervenir quirúrgicamente al enfermo, atento a que ya le ha informado acerca de la posibilidad de infecciones hospitalarias. Esta afirmación es, indudablemente, un absurdo, que prueba el acierto de la tesis contraria.

Lo que exime al médico de responsabilidad, por la eventual lesión y daño que pudiera sufrir el paciente, no es haberle transmitido la información que requiere la ley, sino haber actuado según el patrón legal de la conducta debida.

II.EL OBJETIVO PERSEGUIDO POR LA LEY 26.529

La «ratio legis» de la norma en cuestión no es irresponsabilizar al médico que brinda la información que fundamenta el consentimiento informado del paciente, sino garantizar que el enfermo tome una determinada decisión, estando bien informado acerca de las alternativas, opciones, eventuales complicaciones y riesgos que suelen o pueden presentarse en determinado tipo de terapia, invasiva o no, por mínimas que fueran las posibilidades de que tal hecho acontezca.

Sin embargo, aun estando bien informado acerca de aquellas circunstancias, y habiendo tomado una decisión fundada, el paciente puede todavía ser víctima de una conducta médica culposa, que hace materializar el riesgo o la complicación acerca de la cual se brindó total información.

Ejemplo uno: supongamos que al otorgar su consentimiento para la realización de una ligadura de trompas, la paciente ha sido debidamente informada de que, aun siendo ello poco probable, existe el riesgo de que la mujer quede embarazada en algún momento futuro, y posiblemente se trate de un embarazo ectópico.

Supongamos más aún, que efectivamente el riesgo se concreta y que, en el período de los dos meses subsiguientes a la intervención quirúrgica, la mujer queda nuevamente embarazada y, además, la gestación es ectópica. Fuera de toda duda, y antes de adjudicar o eximir de responsabilidad, habrá de verse por qué ha ocurrido el embarazo.Una alternativa es que todo el procedimiento quirúrgico haya sido realizado de acuerdo con las reglas del arte, que el cirujano haya actuado dentro de los más exigentes parámetros científicos, y que -en fin- toda su conducta haya sido irreprochable.

Nos parece que, bajo tales condiciones, el médico no será responsable por lo acontecido, lo cual ha de ser obra pura y total de la naturaleza humana y de las condiciones internas del organismo de la paciente.

Pero, por el contrario, si la posibilidad material del nuevo embarazo ha tenido su origen en una mala técnica operatoria, o en alguna otra circunstancia atribuible a la conducta obrada por el cirujano, u otro personal médico interviniente, entonces será posible hablar de «culpa», en cualquiera de sus modalidades, y utilizar la teoría como factor de atribución de responsabilidad.

Como se ve, la información que oportunamente se otorgó a la paciente, acerca de este riesgo y posibilidad de complicación, pierde toda significación ante la culpa médica, y no actúa como un escudo protector ante los eventuales errores científicos que pudieran cometerse y dar lugar a lesiones y daños al organismo y vida de la paciente.

Ha de quedar claro que, en este último caso, será una fundamental e ineludible carga procesal del actor probar la existencia de dicha culpa, y la directa, continua, ininterrumpida y adecuada relación causal entre el hecho culposo y la lesión y el daño sufridos, sin perjuicio de la entrada en juego de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas.

Ejemplo dos:imaginemos ahora que se trata de un estudio diagnóstico invasivo, como pudiera serlo la realización de una «coronariografía», y donde -como parte del consentimiento informado del paciente- este ha sido informado sobre la posibilidad de que ocurran complicaciones durante el procedimiento, con o sin la exhaustiva descripción de cada una de ellas.

Supongamos que una foja de la historia clínica, donde se explica el procedimiento llevado a cabo, y bajo el título de «Técnica de Cateterismo», explica, con el mayor detalle, los pasos que se siguieron para llevar a cabo dicho estudio y que, bajo el título de «Conclusiones», se describe lo siguiente:

– «Enfermedad arterial coronaria obstructiva severa de Ramus».

– «Enfermedad arterial coronaria obstructiva moderada de vaso (DA)».

– «Paciente que presenta angor de reposo; durante el procedimiento presentó angor que cedió con Isordil».

Pensemos que el cuadro doloroso acaecido durante la «coronariografía», motivó la derivación del paciente a la «UCI» (unidad de cuidados intensivos), y que el cuadro fue catalogado, al ingreso del enfermo a la unidad, como «síndrome coronario agudo», con alza de marcadores bioquímicos, constituyendo lo que se denomina un «infarto sin elevación del segmento ST».

De la misma manera que decíamos antes, una alternativa a estudiar es que todo el procedimiento diagnóstico haya sido realizado de acuerdo con las reglas del arte, que el médico haya actuado dentro de los más exigentes parámetros científicos, y que -en fin- toda su conducta haya sido irreprochable.

Nos parece que, bajo tales condiciones, el cardiólogo intervencionista no será responsable por lo acontecido, lo cual ha de ser obra pura y total de la naturaleza humana y de las condiciones internas del organismo del paciente.

Pero, por el contrario, si el acaecimiento del infarto sin elevación del segmento «T», ha tenido su origen en una mala técnica invasiva, o en alguna otra circunstancia atribuible a la conducta obrada por el médico, entonces será posible hablar de «culpa», en cualquiera de sus modalidades, y utilizar la teoría como factor de atribución de responsabilidad, sin importar en lo ás mínimo si el riesgo fue descripto antes de que se otorgara el consentimiento que requiere la ley.

III. CONCLUSIÓN

La única protección realmente efectiva para que el médico no tenga que responder ante las lesiones y daños que pudiera sufrir el paciente, en el curso de determinada atención médica, es obrar una conducta impecable, no culposa, que se desarrolle dentro de las normas legales, el patrón de conducta y las leyes del arte.

Ningún consentimiento firmado por el paciente exculpará, «per se», al autor de una conducta médica culposa, que cause un daño adecuado al hecho generador.

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(*) Abogado litigante. Se dedica exclusivamente a casos de responsabilidad civil médica, por la actora. Abogado argentino con título revalidado ante la Corte Suprema de Justicia del Estado de California, de los Estados Unidos.