La incorporación de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) a la Ley 25.675

Autor: Colombo, Agustín P.

Fecha: 14-mar-2018

Cita: MJ-DOC-12371-AR | MJD12371

Sumario:

I. Introducción. II. Noción conceptual. III. Diferencias entre la EIA y la EAE. IV. Beneficios de aplicación EAE. V. Contexto internacional. VI. Ejemplos de EAE. VII. Contexto nacional. VIII. Urbanismo. IX. Caso ACUMAR. X. Ley General del Ambiente 25.675. XI. Jurisprudencia. XII. Importancia EAE en LGA. XIII. Conclusión. XIV. Bibliografía.

Doctrina:

Por Agustín Pablo Colombo (*)

I. INTRODUCCIÓN

Pasados ocho años de la constitucionalización del Derecho Ambiental en nuestro país, en el año 2002 se sancionó la Ley Nacional 25.675 (1) de Política Ambiental Nacional. En ella se establecen los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. La premisa es clara: el bien jurídicamente protegido es el ambiente. Todo ciudadano tiene el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, al mismo tiempo que le pesa el deber de preservarlo.

La Ley General del Ambiente propone los objetivos y alcances de la Política Ambiental, los principios rectores que rigen la materia y una serie de temáticas de conocimiento obligatorio para quien pretenda adentrarse al mundo que comprende el Derecho Ambiental.

Sin embargo, aquí nos detendremos en el art. 8 de la LGA. Pero no para hacer un análisis de cada uno de los instrumentos de gestión ambiental que el artículo menciona, sino para dar a conocer aquel instrumento que debiendo serlo, no fue incorporado: la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).

El trabajo busca, por un lado, hacer visible un instrumento de gestión ambiental esencial para proteger el medio ambiente e implementar el desarrollo sustentable en todo el territorio argentino; y por el otro, manifestar la necesidad de incorporarlo a la LGA.

La Evaluación Ambiental Estratégica, en adelante (EAE), es una herramienta conocida globalmente y que ya ha sido puesta en práctica por muchos países y regiones de todo el mundo, incluso con anterioridad a la sanción de la LGA en el año 2002.

El art. 8 enumera los instrumentos de la política y la gestión ambiental: 1. El ordenamiento ambiental del territorio. 2. La evaluación de impacto ambiental. 3. El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas. 4. La educación ambiental. 5. El sistema de diagnóstico e información ambiental. 6.El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable.

Con la simple lectura del artículo, advertimos que la EAE no se encuentra dentro de los Instrumentos de Gestión Ambiental en la norma fundamental del ambiente a nivel nacional. De incorporarse, su implementación resultaría obligatoria, pues se trata de una ley de presupuestos mínimos. A mayor abundamiento, este trabajo no solo propone introducirlo al art. 8 de la citada ley, sino que también es menester incluirlo en el capítulo de la Evaluación de Impacto Ambiental para que resulte operativo.

Lastimosamente pongo en conocimiento al lector que toda actividad antrópica genera un impacto en el ambiente. Este impacto puede o no ser significativo para revestir carácter de daño ambiental, de modo que los instrumentos de gestión ambiental y en particular la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se utiliza -actualmente- para determinar el impacto que tendrá sobre el ambiente un nuevo proyecto o emprendimiento.

Siempre que se pretendiera iniciar un nuevo emprendimiento o se modificara uno ya existente, de conformidad a la normativa vigente, quien lo llevará a cabo debe presentarle a la Autoridad de Aplicación un informe de impacto ambiental poniéndolo en conocimiento del impacto que causará dicha actividad sobre el ambiente, dejando a criterio de la autoridad estatal su aprobación o rechazo. Con seguridad nadie -ni quien suscribe- podrá objetar la relevancia de este estudio como herramienta de protección ambiental.

Ahora bien, supongamos que la «empresa A», cuya actividad es la tala de árboles para proveer a la industria maderera, presenta un informe ambiental como condición previa al inicio de la actividad. La provincia donde se localizará la empresa determina que el proyecto se encuentra dentro de los límites permitidos de generación de impacto ambiental, de modo que se le otorgará el certificado de aptitud ambiental correspondiente. El mismo informe con sus respectivos estudios de impacto lo presenta la «empresa B», la «empresa C» y la «empresa D». Ninguno de ellos separadamente causa un daño ambiental por la cantidad de árboles que se estima talar.Los interrogantes que naturalmente surgen son los siguientes: La sumatoria de todos los árboles talados por las empresas A, B, C y D, ¿alteran el ecosistema arbóreo de la provincia? ¿Existe un estudio acumulativo? ¿Se planificó cuántos árboles talados puede soportar aquel ecosistema para no sufrir alteraciones negativas y significativas? Tal vez efectivamente no tenga gran impacto. O sí. Sin embargo, el único modo de verificarlo es aplicando la EAE, o bien esperar las consecuencias.

Este mismo ejemplo cabe también para analizar los efectos acumulativos en la agricultura, ganadería, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo y terrestre, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, uso del suelo, etcétera.

De las respuestas a estos interrogantes surge la Evaluación Ambiental Estratégica. En el ejemplo, dicha evaluación consistiría en que la provincia -posee el dominio de sus recursos naturales- donde se realizarán los desmontes estudie de modo estratégico e integral el ecosistema y para luego sí dar licencias de desmonte. La Evaluación Ambiental Estratégica es previa a la Evaluación de Impacto Ambiental. Debo conocer primero al cuerpo receptor para poder determinar cuántos emprendimientos pueden instalarse allí sin degradarse – concepto burbuja-. La EAE establece el marco para la futura autorización de proyectos sometidos al EIA (2). Es información útil y estratégica imposible de resignar para un Estado que se autoproclama protector de sus recursos naturales.

En efecto, hoy día, en la Argentina, se estudia el impacto de un proyecto individual, pero no se estudia el impacto de la sumatoria de los proyectos. Esta carencia legislativa es lo que motiva a escribir sobre la necesidad de incorporar la Evaluación Ambiental Estratégica al art. 8 de la Ley General del Ambiente 25.675.

Por último, tanto el fallo «Salas, Dino y otros c/ Salta, provincia de y Estado Nacional s/ amparo» (3), como el fallo «Ferreccio Altube, Enrique Carlos s/ Deuncia» (4) Expte.2843/03 (conocido como causa Colony Park), sumado a las normas provinciales, los casos aplicados en otros países y en conjunto con la doctrina especializada crean un cuadro de situación en donde la incorporación de la EAE resulta inminente.

II. NOCIÓN CONCEPTUAL

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es un instrumento preventivo de gestión ambiental que consiste en aplicar los principios de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) a políticas (ambientales y no ambientales), planes (sectoriales y espaciales), y programas de acción ya establecidos o propuestos (5).

Su objetivo es obligar a los responsables de formular políticas, en diversos departamentos de Gobierno, a incorporar los asuntos ambientales al proceso de formulación de políticas y a políticas con efectos ambientales significativos en particular (6).

Los Estudios Ambientales Estratégicos (EAE) analizan, entre otras cosas, las consecuencias ambientales de las decisiones sobre políticas. Como la Evaluación de Impacto Ambiental estudia las implicancias de un proyecto individual, aquel se encarga de medir cuán perjudicial para el ambiente es materializar una política pública. Ambas cierran el círculo de protección ambiental, considerando las acciones de sujetos públicos como privados. En la Argentina, por aplicación de la Ley General del Ambiente 25.675, los privados son aquellos sujetos obligados a presentar un informe sobre los impactos que implica la puesta en funcionamiento de su actividad, pero el Estado, como sujeto público que lleva adelante políticas, planes y programas, no se encuentra obligado a diseñar evaluaciones estratégicas respecto de las decisiones que toma.

La EAE contempla diversas escalas, tales como la evaluación de políticas, planificación territorial y gestión de recursos, evaluaciones ambientales en el ámbito regional, evaluación ambiental acumulativa, sectorial, de privatizaciones, de justes estructurales, de presupuestos nacionales, de temas globales y tratados (7).

«La EAE es la evaluación del efecto que sobre el ambiente pueden producir los planes y programas, debiendo ser aprobada con anterioridad a la realización de la EIA tradicional».

III.DIFERENCIAS ENTRE LA EIA Y LA EAE

Existen dos categorías generales de evaluaciones ambientales: por un lado, se cuenta con la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) cuya finalidad es determinar las implicancias ambientales ante proyectos individuales y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que se utiliza para analizar aquellas implicancias, pero sobre políticas, planes y programas estatales (8). Aquí las particularidades más salientes de cada una de ellas son las siguientes:

 

Como se advierte a partir del listado expuesto, si bien los métodos de evaluación para ambos suelen ser similares en términos generales, existen diferencias significativas como en el grado de detalle de uno y de otro, el tiempo disponible para reunir y analizar información, pero una primordial es la diferencia de escala. La EAE suele ser mayor en escala que la EIA, debido a que la medida propuesta comprende actividades diferentes y no de un proyecto único, el espectro de alternativas por considerar es más amplia, el área sobre la cual se lleva a cabo la evaluación es mucho más extensa porque probablemente los impactos sean difusos geográficamente y la gama de impactos ambientales por evaluar puede ser mayor.

Sin perjuicio de lo expuesto, la principal diferencia es el alcance del estudio. Uno busca conocer los impactos individuales, y el otro los acumulativos. Este punto es lo que convierte al EAE en imprescindible. Determinar los efectos acumulativos de los proyectos individuales es la información que preci sa la Autoridad para saber con exactitud cuántas licencias podrá otorgar sobre un recurso natural determinado. Por la misma razón es que el estudio estratégico es previo al EIA. Preciso conocer, por ejemplo, la capacidad de un cuerpo receptor hídrico para autorizar el desarrollo de una industria sobre ese recurso.

Se ha dicho que la EAE estudia el impacto sobre las políticas, planes y programas. Por políticas se entiende (9) las intenciones de acción con objetivos definidos, prioridades establecidas, reglas y mecanismos para implementar los objetivos. Es decir: es una idea y guía para una acción.El plan es el conjunto de objetivos, acciones ordenadas y priorizadas, de acuerdo con la orientación e implementación de políticas globales y sectoriales previamente definidas. Mientras que el programa es el conjunto de proyectos previstos en un área determinada.

El trabajo realizado por el «Proyecto Evaluación de Impacto Ambiental en Centroamérica» expone un ejemplo clarificador. Una política sería la decisión estatal de promover o no el desarrollo de energía nuclear en un país determinado. El plan se establece definiendo cuánta energía nuclear se quiere producir para el año 2025. En tanto que el proyecto consiste en la decisión de construir 4 plantas nucleares con capacidad de «X» vatios en un área determinada para el año fijado (10).

Es decir que, en la EIA, se evalúa el último peldaño de la cadena, que es el proyecto individual, dejando a un lado un análisis estratégico previo de evaluación de políticas públicas estatales que crean las condiciones necesarias para establecer si son viables los proyectos en concreto y de serlos, cuántos y de qué modo.

«La EAE es la evaluación del efecto que sobre el ambiente pueden producir los planes y programas, debiendo ser aprobada con anterioridad a la realización de la EIA tradicional». De la propia definición citada, se desprende la imperiosa necesidad de incorporación como un instrumento obligatorio de gestión ambiental. Dice la definición que evalúa las consecuencias sobre el ambiente que pueden producir las políticas públicas. De modo que, al no ser parte del plexo normativo vinculante, actualmente se establecen políticas, planes y programas en distintos ámbitos estatales sin saber a ciencia cierta si su aplicación le causará un daño al ambiente. Décadas llevando adelante políticas sin saber sus efectos reales, concretos. Es menester recordar el principio preventivo que rige el Derecho Ambiental. La EAE es un instrumento preventivo de excelencia.

IV. BENEFICIOS DE APLICACIÓN EAE

Comprende (11) mejor la suma de impactos de políticas, planes, programas.La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) da insuficiente atención a los impactos indirectos, acumulativos y sinérgicos.

Contempla adecuadamente el ámbito espacial y plazos temporales, al mismo tiempo que propone alternativas para alcanzar los objetivos de políticas, planes y programas, más información sobre efectos, alcances y consecuencias.

La Evaluación Ambiental Estratégica considera los impactos globales, como el cambio climático, la desertización, la destrucción de la capa de ozono, deforestación, etc., asimismo acelera el proceso de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), pues se evitan demoras en la preparación de los proyectos, ya que los posibles efectos ya han sido contemplados con anterioridad. El EAE permite un EIA más enfocado a los efectos específicos del proyecto concreto.

Mejora la planificación incluyendo temas ambientales y sociales desde etapas de análisis. Prevé soluciones mediante decisiones estratégicas, particularmente al introducir un nuevo y fundamental criterio de decisión: el medio ambiente.

Proporciona mayor transparencia en virtud de la participación pública, lo que implica una menor resistencia de la población y una imagen más positiva de la gestión pública. Al mismo tiempo que genera mayor competitividad ayudando a que las empresas planifiquen mejor su actividad.

Un aspecto importante con la que cuenta este instrumento de gestión ambiental es la licencia social, pues al ser el Estado quien lo diseñe, son los representantes de los ciudadanos quienes realizan el estudio ambiental estratégico. La participación ciudadana se da en todas las fases de aplicación (12). Llevar a cabo un EAE supone realizar una serie de actividades: primeramente un análisis preliminar, luego el llamado «screening» o cribado cuyo fin es alcanzar consenso en la necesidad de un EAE (fase I); el «scoping» recopilando información sobre el contexto económico-social y ambiental (fase II); la evaluación y selección de alternativas ambientalmente viables en reporte de EAE (fase III); decisión (fase IV) y monitoreo y evaluación (fase V). La participación social se articula de modo transversal en todas las etapas de aplicación.Con licencia social, nos referimos a la participación de representantes de instituciones gubernamentales, privadas, comunales, ONG, etcétera.

Ante la inexistencia de legislación que obligue su aplicación, el EAE se aplica de manera discrecional por los Estados provinciales, evidenciando una intermitencia no recomendable para ser eficaz y una falta de cumplimiento del principio de congruencia. Debe haber un plan de desarrollo estatal nacional que pretenda planificar aspectos sociales y ambientales.

Pero sin duda el beneficio por excelencia radica en la contribución a la sustentabilidad. La EAE considera impactos acumulativos y previene daños ambientales protegiendo a las generaciones futuras y creando las condiciones para dejar un planeta igual o mejor que el actual.

V. CONTEXTO INTERNACIONAL

El primer antecedente (13) se remonta a 1969 cuando los Estados Unidos dictó el Acta Nacional de Política Ambiental. El segundo surgió en 1985, esta vez en Europa, cuando se sancionó la Directiva Europea 85/337/CEE (14), relativa a las repercusiones de determindos proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Sin embargo, no se implementó completamente hasta la publicación de la Directiva 2001/42/CE (15), cuando se añadió el análisis de impactos ambientales derivados de los planes y programas -no políticas-, estableciendo el marco para la autorización en el futuro del proyecto enumerado en la Directiva EIA. Asimismo, en el año 2003 se adoptó en Kiev el «Protocolo de Evaluación Ambiental Estratégica» instaurando procedimientos taxativos de acción para los Estados.

Con posterioridad a ello, varios países acogieron este tipo de evaluaciones en sus respectivos ordenamientos jurídicos. Lo importante de este capítulo reside en advertir la temporalidad en la que nace el instrumento, en quiénes fueron los precursores y cuánto tiempo necesitaron para incorporar la EAE.

La EAE se encuentra actualmente en una etapa inicial de implementación en la Argentina y en el resto de América Latina y el Caribe. En simultáneo, los países «desarrollados» -como vimos- están en un peldaño superior en términos de implementación.En todos aquellos países donde se lo ha utilizado, su antecedente es la EIA por su nexo filial y complementariedad (16).

Esta situación esconde un escenario esperanzador para lo que viene: la EIA está teniendo una gran tarea en cada una de las provincias argentinas. Puede -y debe- ser la antesala para la aparición de esta herramienta en la LGA.

VI. EJEMPLOS DE EAE

Desde su aparición, cerca de 40 países incluyeron la EAE a sus legislaciones y muchos de ellos la implementaron. Simplemente a modo de ejemplo:

– Perú ha hecho EAE (17) sobre: Programa de Transporte Urbano de Lima Metropolitana; sobre la operación del Corredor Vial Amazonas Norte Ministerio de Transportes y Comunicaciones; sobre el Programa de Desarrollo de Hidrocarburos en el Bajo Urubamba; sobre el Plan Estratégico Nacional de Turismo; de las PPP de agroindustria y agroexportación en las regiones de Piura y Lambayeque; sobre el Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle de Vilcanota; sobre la Nueva Matriz Energética Sostenible; Plan Nacional de Energía y EAE, del Plan Nacional de Recursos Hídricos. Todo esto entre los años 2003 y 2012.

– EE. UU. lo ha implementado para cupos anuales de caza de aves, para otorgamiento de contratos de extracción de carbón en el Valle de Tenesse, para evaluar subsidios a ciertas actividades con posibles impactos sobre el ambiente.

Bolivia por su parte lo ha direccionado para una de sus mayores recursos: gas (Gasoducto).

Chile actualmente está realizando una EAE del sector energético, denominado «Energía 2050» (18). Lo lleva adelante el Ministerio de Energía y se le atribuye un amplio consenso nacional.

Como estos, existen otros casos similares.

VII. CONTEXTO NACIONAL

A nivel nacional, existe una serie de normas que regulan el Estudio Ambiental Estratégico. Como se mencionó, esta herramienta de gestión ambiental ha sido incorporada por distintas provincias y organismos dentro de sus jurisdicciones, pero sin tener lugar, hasta el momento, en la Ley General del Ambiente (LGA) 25.675.La Ley 26.639 (19) de Presupuestos Mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar:

Art. 7 : «Evaluación de impacto ambiental. Todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial, que no se encuentran prohibidas, estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención, en el que deberá garantizarse una instancia de participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley N.° 25.675 -Ley General del Ambiente-, en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente».

En el Decr. Regl. 207/10, el Poder Ejecutivo Nacional ha esbozado una primera definición del objeto de estudio del presente trabajo:

«Se entiende por EAE aquel proceso sistemático de estudio de impactos ambientales de las políticas, planes o programas y de sus alternativas, in cluyendo la preparación de un informe escrito y las conclusiones de la evaluación y su uso en los procesos de decisiones públicas».

La reforma de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos (20), en el año 2008, recepta los cambios introducidos en la reforma de la Constitución Nacional del año 1994 en materia de protección ambiental y va más allá. En el art. 84 establece que «un ente tendrá a su cargo el diseño y aplicación de la política ambiental. Son sus instrumentos, sin perjuicio de otros que se establezcan:la evaluación ambiental estratégica; un plan de gestión estratégico; el estudio y evaluación de impacto ambiental y acumulativo; el ordenamiento ambiental territorial; los indicadores de sustentabilidad; el libre acceso a la información; la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que afecten derechos y la educación ambiental, atendiendo principalmente a las culturas locales».

Por su parte la Provincia de Mendoza sancionó la Ley 8051 (21) de Ordenamiento Territorial, cuyo objeto es «establecer el Ordenamiento Territorial como procedimiento político administrativo del Estado en todo el territorio provincial, entendido éste como Política de Estado para el Gobierno Provincial y el de los municipios. Es de carácter preventivo y prospectivo a corto, mediano y largo plazo, utilizando a la planificación como instrumento básico para conciliar el proceso de desarrollo económico, social y ambiental con formas equilibradas y eficientes de ocupación territorial».

El art. 7 menciona que «son instrumentos y procedimientos del Ordenamiento Territorial las siguientes normas tanto de planificación y ejecución, como de información y control: a. El Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Mendoza, b. El Plan de Ordenamiento Territorial Provincial, c. Los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal, d. El Plan Ambiental Provincial, e. El Plan de Gestión de Riesgos y Manejo de Emergencias Provincial, f. El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano para el Gran Mendoza, g) Los Planes de Ordenamiento Territorial de Áreas Especiales (perilagos, pedemonte, distritos industriales, parques tecnológicos, sub-regiones, otros), h. Los Planes Sectoriales o Intersectoriales actuales y futuros, i. El Sistema de Información Ambiental y el Sistema de información Territorial (de la Dirección Provincial de Catastro según Ley 26.209 ), j. La Evaluación del Impacto Ambiental, k. La Evaluación del Impacto Territorial, l. La Auditoría Externa de Impacto Territorial y m. La Evaluación Ambiental estratégica.

Asimismo, establece en su art. 16 lo siguiente:«Procedimiento para la elaboración de los planes» que «El Ejecutivo Provincial y los Municipios elaborarán cada uno en su ámbito, el reglamento que defina el procedimiento para la elaboración y aprobación. La Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, creada por el artículo 41 de la presente ley, elaborará y propondrá al Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial el procedimiento para la elaboración y aprobación de los planes de ordenamiento territorial. Las etapas esenciales del plan serán: 1. El diagnóstico; 2. El modelo territorial; 3. Los escenarios alternativos; 4. La identificación de acciones; 5. El proyecto de plan o programa; 6.) Los informes sectoriales a las reparticiones u organismos competentes; 7. La Evaluación Ambiental Estratégica; 8. La información y participación pública; 9. Aprobación del Plan o Programa».

Si bien no encuadra dentro de las normas sancionadas por el Poder Legislativo Provincial o Nacional, es dable destacar que dentro de los principios rectores de la Política Hídrica de la República Argentina del COHIFE (Consejo Hídrico Federal) se recomienda dar desarrollo a la EAE sosteniendo lo siguiente: «La preservación de un recurso natural esencial como el agua es un deber irrenunciable de los Estados y de la sociedad en pleno. Por ser así, la gestión hídrica debe considerar al ambiente en todas sus actividades, desde la concepción misma de los proyectos y programas hasta su materialización y continua evolución. La incorporación de la dimensión ambiental en la gestión de los recursos hídricos se logra mediante el establecimiento de pautas de calidad ambiental, el desarrollo de evaluaciones ambientales estratégicas para planes y programas (etapa de preinversión), y la realización de evaluaciones de riesgo e impacto y de auditorías ambientales para proyectos específicos.Así, mediante el análisis de la vulnerabilidad ambiental, se busca reducir los factores de riesgo y lograr el equilibrio entre el uso y la protección del recurso».

Más recientemente, en el año 2015, se dictó la Ley 10.208 (22) denominada «Ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba» en la que dedica un capítulo entero a la evaluación ambiental estratégica. Los artículos más salientes son los siguientes:

Art. 37 : «La Evaluación Ambiental Estratégica es el procedimiento iniciado por el área del ministerio sectorial respectivo para que se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable al proceso de formulación de las políticas, programas y planes de carácter normativo general que tengan impacto sobre el ambiente o la sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en la formulación e implementación de la respectiva política, programa y plan, y sus modificaciones sustanciales, y que luego es evaluado por la Autoridad de Aplicación».

Art. 38 : «La Evaluación Ambiental Estratégica tiene como finalidad y objetivos»:

a. «Incidir en los niveles más altos de decisión política-estratégica institucional».

b. «Aplicarse en la etapa temprana de la toma de decisiones institucionales».

c. «Ser un instrumento preventivo».

d. «Implicar una mejora sustantiva en la calidad de los planes y políticas públicas».

e. «Permitir el diálogo entre los diversos actores públicos y privados».

f. «Contribuir a un proceso de decisión con visión de sustentabilidad».

g. «Mejorar la calidad de políticas, planes y programas».

h. «Fortalecer y facilitar la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos».

i. «Promover nuevas formas de toma de decisiones».

Art. 39 : «La Evaluación Ambiental Estratégica se aplica a políticas, programas y planes y sus modificaciones sustanciales de carácter normativo general que tengan impacto en el ambiente o la sustentabilidad, a propuesta del Consejo de Desarrollo Sustentable, de conformidad al artículo 41 de esta Ley».

Por último, la Res.74/14 de la SIGEN en la Guía de Auditorías Ambientales también hace referencia a la EAE.

Existen, asimismo, proyectos de ley de regulación en la materia. Tales son los casos de Proyecto de Ley Nacional en el año 2013 de Presupuestos mínimos de EIA propuesto por la Senadora Morandini (23) que incorpora al art. 7 la EAE. Interpelando a la autoridad competente de cada jurisdicción a que «analice la sumatoria, superposición o concomitancia de proyectos en una misma región y que afecten a uno o varios ecosistemas similares, en forma significativa» (24).

Otro proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de EIA, más reciente, presentado por el Diputado Juan Carlos Villalonga (5996-D-2016), procura regular el procedimiento siguiendo el marco fijado por la LGA, abrevando en los proyectos de ley cuya sanción quedó trunca en 2008 y recogiendo la experiencia derivada de la aplicación de la EIA a lo largo de más de 30 años (25).

En el ámbito de la CABA, en el año 2015, el legislador Camps llevó a la legislatura de la Ciudad el proyecto de ley de EAE (753-D-2015) (26). En este caso, el proponente fue por todo y buscó reglamentar de modo integral una serie de aspectos intrínsecos a la Evaluación Ambiental Estratégica, tales como el procedimiento, definiciones, objeto, fines, autoridad de aplicación, etc. Sin embargo, a la fecha, ninguno de ellos ha sido convertido en ley.

Hasta aquí, la radiografía de la evaluación ambiental estratégica a lo largo y ancho de la República Argentina. Se reconocen los avances de su positivización en los últimos tiempos, pero lastimosamente advertimos que se encuentra regulada «salpicadamente».

VIII. URBANISMO

Desde hace ya décadas venimos experimentando un fenómeno de urbanización en las grandes ciudades.La urbanización es una de las caracteristicas esenciales de la sociedad contemporánea y con ello la ambientalización del urbanismo (27).

Esta tendencia debería obligar a los Estados a planificar el modo de crecimiento, medir las autorizaciones de obras y pensar las zonificaciones puesto que la infraestructura de los servicios públicos como el agua -por ejemplo- y del transporte pueden no estar preparadas para un crecimiento deforme y cuantitativo.

A la hora de realizar un ordenamiento territorial, en tanto determinación y planificación del uso del suelo, es necesario integrar la variable ambiental. La EAE contempla en su composición esta variable, de modo que a la hora de pensar qué ciudad queremos construir, contar con este tipo de instrumentos deviene imprescindible.

En muchas ciudades de la Argentina, no existe un plan ante el crecimiento demográfico y edilicio. Los servicios públicos y el transporte colapsan. No hay plan para las ciudades como tampoco se implementan EAE. No es simplemente mencionar aquello de lo que carecemos para autoflagelarnos. Más bien es para poner blanco sobre negro acerca de por qué carecemos de ello y de cómo mejorarlo. Lo cierto es que no sabemos cuánto se dañará el ambiente en su aspecto natural y cultural si no efectuamos una EAE del crecimiento edilicio y si no planificamos dónde queremos vivir.

Actualmente se encuentra en etapa de desarrollo el nuevo Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, para lo que sería auspicioso que, en la mesa de discusión, se incluyeran estudios estratégicos como los aquí desarrollados.

IX. CASO ACUMAR

Un organismo propicio de aplicación de EAE hubiera sido en ACU MAR. Su ley de creación -Ley 26.168 – no contempla la realización de un estudio ambiental estratégico, siendo necesario para disponer de información útil a fin de establecer las acciones necesarias de recomposición y saneamiento de la cuenca Matanza Ricachuelo. Se abre el interrogante acerca de si un EAE previo al PISA (Plan Integral de Saneamiento Ambiental) hubiera potenciado este plan.Con certeza para realizar este plan de acción se han llevado a cabo trabajos de investigación sobre la cuenca, pero el EAE posiblemente hubiera sido de gran aporte que cristalizaría el diagnóstico de la Cuenca. Lo cierto es que, al momento de creación de la Ley 26.168, en 2006, ya existían antecedentes efectivos en otros países, por lo que podría haberse incluido en dicha ley como fase preliminar al plan de acción de saneamiento.

X. LEY GENERAL DEL AMBIENTE 25.675

La Ley General del Ambiente 25.675 incorpora la Evaluación de Impacto Ambiental en los arts. 11, 12 y 13 , pero no el Estudio Ambiental Estratégico. En ese sentido Gustavo Rinaldi en su artículo publicado en la Revista de Derecho Ambiental de Abeledo Perrot, «La Evaluación Ambiental Estratégica», afirma (28) que «sin perjuicio de que podamos considerar que la norma (LGA) no incluye directamente la evaluación estratégica, este instrumento será fundamental para el cumplimiento de alguno de los presupuestos incluidos en la legislación». Continúa preguntándose lo siguiente: «¿Qué otro instrumento de política ambiental podrá cubrir mejor estas obligaciones? Creemos, sin temor a equivocarnos, que la evaluación ambiental estratégica tiene la capacidad de cubrir la necesidad de integrar el análisis de los aspectos ambientales en todos los niveles de decisión del Estado, aun en los más elevados relacionados con la definición de políticas estratégicas. Asimismo dicha evaluación permitirá seleccionar en el proceso de planificación y ordenamiento territorial, las mejores decisiones incorporando no solo aspectos ambientales, sino también sociales, económicos, políticos, entre otros. Y por último, asegurará los espacios necesarios para la participación de la sociedad y de todos los interesados en el proceso».

Gustavo Rinaldi hace un análisis de la LGA, en particular los arts. 5 , 10 y 21 , concluyendo que el EAE resulta un instrumento ideal a los fines de dar cumplimiento con los preceptos de aquella norma.La EAE viene a brindar respuestas y soluciones concretas a las exigencias de la norma fundamental del ambiente, siendo conveniente incorporarlo al art. 8 como instrumento y al capítulo de Evaluación de Impacto Ambiental con el objeto de operativizarlo. Conceptos tales como «decisiones gubernamentales estratégicas», «desarrollo sostenible» «participación ciudadana», «planificación y evaluación de resultados», «ordenamiento ambiental del territorio» y otros tantos mencionados expresamente en la LGA como objetivos estructurales de la política ambiental nacional son un llamado a viva voz de instrumentos de las características de la evaluación ambiental estratégica.

XI. JURISPRUDENCIA

– «Salas, Dino y otros c/ Salta, provincia de y Estado Nacional s/ amparo» (29).

Los autos surgen de la acción de amparo promovida contra la provincia de Salta y el Estado nacional, por la cual se ordenó de manera provisional el cese de los desmontes y talas de bosques nativos autorizados por la provincia, pues se consideró que se configuraría una situación de peligro de daño grave porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima de la región, afectando no solo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras, perjuicio que de procucirse sería irreversible.

Según el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta «los actores de la acción de amparo, presentada directamente ante la CSJN, son miembros de comunidades indígenas de localidades de la Provincia de Salta y organizaciones criollas, quienes concurrieron a la audiencia pública convocada por la Suprema Corte y realizaron reiteradas presentaciones, posteriores a dicha audiencia, pero anteriores al fallo en que la CSJN se declarara incompetente, señalando que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta no estaba controlando los desmontes, y que estaba autorizando nuevos.Asimismo denunciaban la autorización de desmonte en áreas ocupadas por comunidades que debían ser preservadas y que todo ello ocasionaría un daño ambiental irreversible».

Lo curioso es que de acuerdo con lo manifestado por los actores, el Poder Ejecutivo autorizó indiscriminadamente una serie de proyectos de desmonte y tala durante los tres meses previos a la sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos (30).

La novedad es que, por primera vez, la CSJN señala la importancia «del estudio de impacto ambiental acumulativo» y que, por otro lado, el fallo se fundó en el principio «precautorio», evitando que se continúe desmontando en la provincia de Salta de forma indiscriminada, lo cual era altamente perjudicial al medio ambiente.

Tanto es así que el apdo. 4.° del fallo señala que el Superior Tribunal Federal ordenó que «la Provincia realice en forma conjunta con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, un estudio que analizara el impacto acumulativo de la tala y el desmonte y propusiera una solución que armonice la protección de los bienes ambientales con el desarrollo en función de los costos y beneficios involucrados», sin perjuicio de la decisión que pueda recaer sobre su competencia en el caso.

El fallo posee varios fragmentos destacables respecto la valoración el EAE: «En el presente caso se ha demostrado claramente que se otorgaron autorizaciones para la tala y desmonte tomando en consideración el impacto ambiental de cada una de ellas, pero no se ha efectuado ningún estudio relativo al efecto acumulativo de todas las autorizaciones.La tala y desmonte de aproximadamente un millón de hectáreas tendrá un efecto sobre el ambiente que no se puede ignorar y que, en palabras expresadas por el representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en la audiencia pública del día 18 de febrero del corriente año, seguramente será negativo».

»Que la aplicación del principio precautorio en este caso, obliga a suspender las autorizaciones de tala y desmonte y su ejecución en los cuatro departamentos mencionados hasta tanto se efectúe un estudio del impacto acumulativo de dichos procesos».

»Dicho estudio deberá concentrarse en el análisis del impacto ambiental acumulativo de la tala y desmonte señalados, sobre el clima, el paisaje, y el ambiente en general, así como en las condiciones de vida de los habitantes».

«Ferreccio Altube, Enrique Carlos s/ Deuncia», Expte 2843/03 (31)

Conocido como fallo «Colony Park», también ha marcado un precedente. En 2008, la empresa Colony Park S. A. comenzó a construir un barrio de lujo de cerca de 400 hectáreas en la primera sección del Delta del Tigre en la provincia de Buenos Aires. Los isleños acudieron a la justicia solicitando el cese de la obra denunciando omisión de evaluación de impacto ambiental e irregularidades de habilitación.Finalmente la Jueza Federal Sandra Arroyo Salgado, en virtud de las denuncias sobre desmonte, desvío de cursos de agua y pérdida de fauna hizo cesar las obras y ordenó la realización de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).

Los emprendimientos de barrios náuticos “Venice Ciudad Navegable” y “Remeros Beach”

Durante el año 2012, organizaciones sociales, vecinales y ambientales denunciaron (32) el accionar de empresas inmobiliarias sobre humedales en los dieciséis municipios de Buenos Aires que abarcan la cuenca del río Luján y el Delta del Paraná que estaban, según los denunciantes, modificando el caudal hídrico, lo que estaría creando una directa vinculación entre los «countries» en los humedales y las inundaciones en la región.

La causa recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.° 1 de San Isidro a cargo de la Jueza Sandra Arroyo Salgado, quien previa solicitud del fiscal Fernando Domínguez en febrero de 2016, dispuso la suspensión de los nuevos barrios que no tuvieran el estudio de impacto ambiental. Entre ellos, los proyectos más entuasiastas resultaban ser «Venice Ciudad Navegable» y «Remeros Beach». Se puntualiza que el megaemprendimiento «Venice Ciudad Navegable obtuvo la declaratoria de impacto ambiental de la municipalidad de Tigre, pero no contó con la evaluación del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS)».

También abordó la situación del emprendimiento «Remeros Beach» señalando que, a la fecha de la denuncia, aún no contaba con la aprobación del municipio y no fue remitido al organismo provincial (OPDS), de modo que prohibió cualquier avance del emprendimiento. La sentencia señala entre otras cosas que el barrio privado «podría traer aparejado consecuencias dañosas para su entorno y para las generaciones actuales y futuras.Los efectos negativos podrían ser irreversibles con lo cual deviene necesario detener las obras» (33).

La medida se apoyó sobre el principio precautorio que rige en materia ambiental, sosteniendo que la suspensión de nuevos barrios cerrados es temporal, hasta la realización de un estudio interdisciplinario que dé cuenta del efecto «acumulativo» que han ocasionado los «countries» en el ambiente (34).

Es dable destacar que luego de cuatro meses frenados por el fallo judicial que cuestionó el impacto ambiental que tendrían, los barrios náuticos de la provincia de Buenos Aires retomaron las obras, ya que finalmente obtuvieron la aprobación del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (Opds) (35).

Es evidente que, a través de los fallos expuestos, se muestra el avance pretoriano de los estudios de impacto acumulativo, que proporcionan el marco para su incorporación en la LGA .

XII. IMPORTANCIA EAE EN LGA

«¿Es acertado dejar esta implementación de un instrumento trascendental en las decisiones estratégicas a cargo de las provincias (36)?». Sin lugar a dudas que la solución radica en incluir el instrumento de la Evaluación Ambiental Estratégica en el art. 8 de la Ley General del Ambiente en tanto instrumento de gestión ambiental y así evitar la discrecionalidad provincial, efectivizando el principio de congruencia. Asimismo corresponde incluirlo como medida obligatoria en el capítulo de la Evaluación de Impacto Ambiental.

Según el art. 41 de protección ambiental de la Constitución Nacional (37), es sabido lo siguiente: «Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales». Surgen así los denominados Presupuestos Mínimos de Protección ambiental; es decir que las provincias le han cedido a la Nación la atribución de dictar el marco o base en materia ambiental, «piso inderogable» para las provincias» sin necesidad de adhesión expresa de las legislaturas locales. Son un piso mínimo de protección ambiental.Va de suyo que si en la LGA incluyéramos a la evaluación ambiental estratégica como instrumento de gestión ambiental del art. 8 y en los arts. 11, 12 y 13, tendríamos una herramienta de carácter obligatorio para todo el territorio de la nación sin dejar al arbitrio de cada provincia su aplicación efectiva. Es aplicación del principio de congruencia en estado puro. La Nación se aseguraría contar con información previa, útil y esencial sobre el efecto que sobre el ambiente tienen las políticas, planes y programas llevados a cabo por el Estado. Asimismo al estar bajo la órbita de una Ley Nacional de «Presupuestos Mínimos», se trata de disposiciones plenamente operativas, vigentes y eficaces en cada provincia y municipio del país.

Es cierto que las provincias, en virtud de nuestra Carta Magna tienen la potestad de complementar las leyes de Presupuestos Mínimos y complementarlas, como anticipamos. Ahora bien, surge el interrogante acerca de si resulta razonable dejarlo a discreción de cada provincia la incorporación del EAE cuando su espíritu es absolutamente armónico con la LGA. Más simple es positivizarlo y así declararlo vinculante para todas las provincias.

«La EAE es la evaluación del efecto que sobre el ambiente pueden producir los planes y programas, debiendo ser aprobada con anterioridad a la realización de la EIA tradicional». De la propia definición citada se desprende la imperiosa necesidad de incorporación como un instrumento obligatorio de gestión ambiental. Dice la definición que evalúa las consecuencias sobre el ambiente que pueden producir las políticas públicas. De modo que al no ser parte del plexo normativo vinculante, actualmente se establecen políticas, planes y programas en distintos ámbitos estatales sin saber a ciencia cierta si su aplicación le causará un daño al ambiente. Décadas llevando adelante políticas sin saber sus efectos reales, concretos. Es menester recordar el principio preventivo que rige el Derecho Ambiental. La EAE es un instrumento preventivo de excelencia.La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires ha dicho (38) lo siguiente: «. las leyes ecológicas no se promulgan ni se derogan, simplemente se descubren y se acatan. Ello coloca necesariamente al Derecho en una posición de dependencia respecto de la ecología».

Aníbal Falbo sostiene, de acuerdo con lo citado en el párrafo precedente, que el «derecho a vivir en un ambiente sano y agradable» -consignado en la Constitución Nacional- «viene entendiéndose como una ampliación de la esfera de la personalidad humana». En efecto, si la comunidad jurídica ha descubierto un instrumento de gestión ambiental preventivo que crea las condiciones necesarias para el desarrollo de un ambiente agradable, su incorporación al esquema jurídico obligatorio deviene imperioso.

El medio ambiente es un bien limitado, agotable e irremplazable si se lo consume de forma no sustentable. Es así como resulta inexorable contar con un instrumento anticipatorio de efectos negativos.

A mayor abundancia, por las características propias de la EAE, es armónico con los principios básicos del Derecho Ambiental establecido en nuestra norma fundamental nacional del ambiente (Ley 25.675), comenzando por el preventivo, siguiendo con el precautorio, equidad intergeneracional, progresividad, subsidiariedad, sustentabilidad, solidaridad y cooperación. Si analizáramos separadamente cada uno de estos principios rectores de la política ambiental argentina, resultaría flagrante el modo en el que la Evaluación Ambiental Estratégica se adapta y armoniza con ellos. En nuestro carácter de operadores jurídicos, es menester cristalizar estos princpios.

XIII. CONCLUSIÓN

Lo que se pretende con el presente trabajo no es otra cosa que la aplicación del principio de progesividad. La jurisprudencia, la doctrina, la normativa provincial intermitente y el derecho comparado vienen dando sobradas muestras de que la EAE es una herramienta nodal de protección ambiental.El enfoque «a futuro» no es optativo para el derecho, pues la Constitución Nacional, con la inclusión de las generaciones futuras en su texto, obliga a analizar desde allí toda cuestión ambiental y exige que la decisión que se tome respete y se adecue a esa exigencia.

Se puede también ser entusiastas y proponer que la EAE no se circunscriba al territorio nacional, sino regional, pues un análisis estratégico de las políticas, planes y programas relativos a los recursos naturales con los que cuenta, por ejemplo, el Mercosur a nivel contitnental, nos colocará en una posición soberana respecto de los recursos latinoamericanos. El caso de la Unión Europea nos sirve de ejemplo.

La Unión Europea, los Estados Unidos, Centroamérica, Brasil, Bolivia, cada uno a su tiempo y sobre distintos recursos naturales han ido implementando estudios estratégicos, incorporando así el aspecto ambiental y social a sus PPP. Debemos copiar aquellos modelos creando consensos sobre la necesidad de incorporar la EAE como presupuesto mínimo de protección.

La falta de información estatal acerca de sus propios recursos naturales sin temor a equivocarme nos situará en desventaja frente a los desafíos que se avecinan. Incluso en términos económicos resulta un desmedro, dado que los países crecen, se empoderan y se posicionan frente al mundo de acuerdo con la buena o mala utilización de sus recursos naturales.

Siguiendo el esquema básico de definiciones sobre EAE – Políticas – Planes – Programas, la Argentina no define ni la política ni el Plan ni el Programa de manera previa a la autorización de un EIA de un proyecto individual, por lo que cabe preguntar: ¿Sobre qué base se aplica la EIA? ¿Existe un criterio estratégico para la autorización o rechazo de los mismos?

Aquí no se pretende quitarle importancia al EIA, solo que deben trabajar en conjunto, complementándose. Los EIA necesitan un estudio estratégico previo para luego aplicarse criterios claros y precisos a cada proyecto individual. Es información útil y estratégica.Resulta natural y esencial hacer un estudio sobre las implicancias que sobre el ambiente tienen las políticas, planes y programas relevantes. Es sin dudas un instrumento preventivo. No es poca cosa, estamos hablando del derecho a la vida, la calidad de vida y a ser felices en nuestro hábitat.

Es indudable que nos encontramos en presencia de una evolución en relación con el derecho ambiental en general y a los instrumentos e institutos de política y gestión ambiental en particular, todo ello ante la preocupación por alcanzar la noción de «desarrollo sustentable», cuyo horizonte no debe perderse de vista.

También es indudable que el «ambiente» en tanto bien juridico protegido posee características especiales que hacen que los instrumentos, principios y concepciones no sean suficientes para proteger y preservar el ambiente de modo adecuado. Una de esas particularidades reside en la dificultad de reparar los daños al ambiente, resultando de imperiosa necesidad adoptar herramientas tendientes a la tutela anticipada y precoz basada en el principio preventivo y precautorio.

La búsqueda del desarrollo sostenible trae la necesidad de un análisis predictivo de los posibles impactos ambientales en una etapa previa y la Evaluación Ambiental Estratégica viene a eso: a anticiparse.

XIV. BIBLIOGRAFÍA

– CLARK, Brian: «Alcance y objetivos de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)», en Seminario «Aspectos conceptuales y metodológicos para la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). (Chile, junio de 1996), Editorial Centro de Estudios Públicos, Centro de Gestión y Planificación Ambiental (CEMP). Estudios Públicos 65, 1997.

– Colegio Público de Abogados y Procuradores de Salta. http://www.abogadosdesalta.org.ar.

– Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (UICN): Lineamientos para la aplicación de la -Evaluación Ambiental Estratégica en Centroamérica. Costa Rica, Oficina Regional para Mesoamérica, 2007.

– FALBO, Aníbal J.: «Derecho Ambiental». La Plata, Librería Editora Platense, 2009.- Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re «Salas, Dino y otros c/ Salta, provincia de y Estado nacional s/ amparo». Buenos Aires, 2009.

– RINALDI, Gustavo: «Doctrina del día: La Evaluación Ambiental Estratégica». Buenos Aires, Thomson Reuters, 2012 Publicado en Revista de Derecho Ambiental de Abeledo Perrot.

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(1) http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm. http://www.infoleg.gob.ar. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación Argentina.

(2) CLARK, Brian: «Alcance y objetivos de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)», en Seminario «Aspectos conceptuales y metodológicos para la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Chile, Centro de Estudios Públicos, junio de 1996, p. 5.

(3) Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re «Salas, Dino y otros c/ Salta, provincia de y Estado nacional s/ amparo». Buenos Aires, 2009.

(4) Fallos de Juzgado Federal N.° 1 de San Isidro, in re «Ferreccio Altube, Enrique Carlos s/ Deuncia». Buenos Aires, 2010.

(5) CLARK, Brian: «Alcance y objetivos de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)», en Seminario Aspectos conceptuales y metodológicos para la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Chile, Centro de Estudios Públicos, junio de 1996, p. 1.

(6) CLARK, Brian: «Alcance y objetivos de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)», en Seminario «Aspectos conceptuales y metodológicos para la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Chile, junio 1996), Editorial Centro de Estudios Públicos, p. 11.

(7) CLARK, Brian: «Alcance y objetivos de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)», en Seminario «Aspectos conceptuales y metodológicos para la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Chile, Centro de Estudios Públicos, junio de 1996, p.1

(8) http://www.marn.gob.sv/diferenciasd-entre-la-evaluacion-ambiental-estrategica-eae-y-la-evaluacion-del-impacto
ambiental-eia. http://www.marn.gob.sv.

(9) Comisión Centroamericana de Ambiente y Desrrollo (CCAD) y La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (UICN), «Lineamientos para la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica en Centroamérica», (Costa Rica, Oficina Regional para Mesoamérica, 2007, p. 10

(10) Comisión Centroamericana De Ambiente Y Desrrollo (CCAD) y LA Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (UICN), «Lineamientos para la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica en Centroamérica». Costa Rica, Oficina Regional para Mesoamérica, 2007, p. 10

(11) Comisión Centroamericana de Ambiente y Desrrollo (CCAD) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (UICN): Lineamientos para la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica en Centroamérica». Costa Rica, 2007, Oficina Regional para Mesoamérica, p. 14.

(12) Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (UICN): Lineamientos para la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica en Centroamérica. Costa Rica, 2007, Oficina Regional para Mesoamérica, p. 21

(13) RINALDI, Gustavo: “Doctrina del día: La Evaluación Ambiental Estratégica”, (Buenos Aires, 2012), editorial Thomson Reuters, publicado en Revista de Derecho Ambiental de Abeledo Perrot, página 2.

(14) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52011PC0189. http://eur-lex.europa.eu.

(15) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32001L0042 http://eur-lex.europa.eu

(16) RINALDI, Gustavo: «Doctrina del día: La Evaluación Ambiental Estratégica».Buenos Aires, Thomson Reuters, 2012, en Revista de Derecho Ambiental de Abeledo Perrot, p.4.

(17) http://www.dar.org.pe/archivos/1_MARCO_EAE.pdf

(18) http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/ucom/publicaciones/EAE4_web.pdf.

(19) http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/174117/norma.htm.

(20) https://www.entrerios.gov.ar/CGE/normativas/leyes/constitucion-de-entre-rios.pdf.

(21) http://www.ambiente.mendoza.gov.ar/organismos/ordenamiento-territorial/juridico/ley/.

(22) file:///C:/Users/Agustin/Downloads/LEY-DE-POLITICA-AMBIENTAL-DE-LA-PCIA-10208%20(1).pdf.

(23) http://www.normamorandini.com.ar/?p=5569.

(24) http://www.normamorandini.com.ar/?p=5569.

(25) https://puntoverdeblog.net/2016/10/14/hacia-una-ley-nacional-de-evaluacion-de-impacto-ambiental/.

(26) http://adriancamps.com/?p=2696.

(27) STORTONI, Gabriela A.: Responsabilidad del Estado por Limitación a la Actividad Edilicia en Grandes Urbes. Buenos Aires, Revista Rap Digital, 2008, p. 2.

(28) RINALDI, Gustavo: «Doctrina del día: La Evaluación Ambiental Estratégica». Buenos Aires, Thomson Reuters, 2012, en Revista de Derecho Ambiental de Abeledo Perrot, p. 9.

(29) Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re «Salas, Dino y otros c/ Salta, provincia de y Estado Nacional s/ amparo». Buenos Aires, 2009.

(30) RINALDI, Gustavo: «Doctrina del día: La Evaluación Ambiental Estratégica». Buenos Aires, Thomson Reuters, 2012, en Revista de Derecho Ambiental de Abeledo Perrot, p. 13.

(31) Fallos de Juzgado Federal N.° 1 de San Isidro, in re «Ferreccio Altube, Enrique Carlos s/ Denuncia». Buenos Aires, 2010.

(32) Véase el siguiente enlace web: https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-303492-2016-07-06.html.

(33) Véase el siguiente enlace web: https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-303492-2016-07-06.html.

(34) Véase el siguiente enlace web: https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-303492-2016-07-06.html.

(35) Véase el siguiente enlace web: https://www.cronista.com/negocios/Tras-el-fin-de-un-conflicto-se-vuelven-a-desarrollar-barrios-nauticos-en-Bu
nos-Aires-20170105-0026.html.

(36) RINALDI, Gustavo: «Doctrina del día: La Evaluación Ambiental Estratégica». Buenos Aires, Thomson Reuters, 2012, en Revista de Derecho Ambiental de Abeledo Perrot, p. 10.

(37) Véase el siguiente enlace web: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm.

(38) FALBO, Aníbal J.: Derecho Ambiental. La Plata, Librería Editora Platense, 2009, p. 10.

(*) Abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA, 2015). Orientación en Derecho Privado.

N. de la R.: Trabajo presentado en el marco de la Diplomatura de Derecho y Política ambiental. Universidad Austral. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Curso lectivo 2017.