La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la habilitación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9

Título: ACORDADA N° 4/2018 – Poder Judicial. Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9. Habilitación. Rechazo.

Tipo: ACORDADA

Número: 4

Emisor: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha B.O.: N.R: La norma no ha sido publicada en el Boletín Oficial.

Localización: NACIONAL

Cita: LEG92250

Visto el expediente de referencia, y CONSIDERANDO:

I. Que la ley 27.307 de “Fortalecimiento de los Tribunales en lo Criminal Federal y de los Tribunales Orales en lo Penal Económico” dispuso la transformación de cinco Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal, cuya individualización sería realizada por el Consejo de la Magistratura, en cinco Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal (conf. artículo 3°).

II. Que, asimismo, esa norma previo que esos tribunales se integrarían por los jueces de los tribunales orales en lo criminal transformados, de acuerdo con lo que estableciera el Consejo de la Magistratura (conf. artículo 4°).

Además dispuso que los funcionarios y empleados de los tribunales alcanzados por la transformación continuarían desempeñando sus funciones en los órganos jurisdiccionales que sucedieran a los transformados, siempre que no mediara su oposición a dicho traslado (conf. artículo 7°).

III. Que, en los términos de la ley citada, el Consejo de la Magistratura dictó la resolución N° 491/2017 mediante la cual transformó el Tribunal Oral en

lo Criminal y Correccional N° 10 de la Capital Federal en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9 de la Capital Federal y previó que este último quedara integrado por los jueces titulares del tribunal alcanzado por la transformación dispuesta.

IV. Que ante el dictado de la mencionada resolución del Consejo, el 12 de diciembre de 2017 la Presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal solicitó a esta Corte la habilitación de aquel órgano jurisdiccional.

Ese mismo día, dicha presidencia hizo saber a los magistrados del tribunal transformado que debían tomar posesión del cargo y solicitó a la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación la exclusión del Tribunal Oral en lo Criminal N° 10 de los sorteos de la justicia ordinaria y la inclusión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9 de la Capital Federal en los sorteos propios de la justicia federal.

V.

Que a fin de resolver si correspondía hacer lugar a lo solicitado por la Presidencia de la Cámara de Casación Penal, el Director Jurídico de la Corte requirió al Administrador General del Consejo de la Magistratura que informara si se encontraban dadas todas las condiciones necesarias para “.disponer la habilitación y puesta en funcionamiento del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9 de la Capital Federal” (fs. 4).

Tal requerimiento fue respondido mediante el informe de fecha 20 de febrero pasado del cual surge que se encuentran reunidas las condiciones presupuestarias y de infraestructura para la puesta en funcionamiento del mencionado órgano judicial (fs. 6 y 7).

VI. Que la habilitación de tribunales, requisito esencial para su puesta en funcionamiento, es una atribución constitucional de la Corte Suprema

de Justicia (conf. Fallos 338:1216, “Uriarte”, cons. 30) y la ha ejercido sin interferencias de ninguna especie, antes y después de la reforma constitucional de 1994 (acordadas 47/1990; 41/1994; 45/1994; 57/1994; 22/1995; 5/1996; 13/2003; 31/2004; 39/2004; 1/2006; 2/2006; 3/2006; 9/2009; 41/2009; 25/2011; 7/202; 26/2012; 41/2013; 42/2013; 3/2014; 38/2014; resoluciones 1194/90; 1132/93; 624/2011; entre muchas otras). De ello se sigue que, previo a su habilitación por esta Corte, los tribunales no pueden en modo alguno ser incluidos en el sistema de sorteo de causas.

VII. Que, el comportamiento de la Cámara Federal de Casación de Casación Penal, al incluir al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9

en los sorteos propios de la justicia federal, implicó un indebido avance sobre las atribuciones de superintendencia de este Tribunal.

Por todo lo que, esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, considera que corresponde dejar sin efecto los sorteos de las causas que hubieren sido asignadas al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9 de la Capital Federal y ordenar que se practique, de forma urgente, un nuevo sorteo de dichas causas; ello conforme a lo que mas adelante se resuelve.

VIII.

Que esto sentado, corresponde ingresar al estudio del objeto de la cuestión por la que se requiere la intervención de este Tribunal, esto es el pedido de habilitación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9 de la Capital Federal.

IX. Que como ya se dijera por ley 27.307, artículo 3o, el Congreso Nacional dispuso: “Transfórmanse cinco (5) Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal en cinco (5) Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, cuya individualización, en ambos casos, será realizada por el Consejo de la Magistratura por mayoría simple de sus miembros.” Por el artículo 4o -en cuanto aquí interesa- estableció que los “Tribunales Orales en lo

Criminal Federal de la Capital Federal creados mediante las transformaciones dispuestas (.) se integrarán por los jueces correspondientes a los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal transformados por dichas normas, de acuerdo con lo que establezca el Consejo de la Magistratura, por mayoría simple de sus miembros”.

X. Que, en uso de tales facultades, el Consejo de la Magistratura resolvió transformar el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9. Dispuso, asimismo, su integración por los Dres. Silvia Estela Mora, Alejandro Martín Becerra y Alejandro Nocetti Achaval, quienes se desempeñaban como jueces titulares del tribunal mencionado en primer término (resolución 491/2017, antes referida). Posteriormente, en razón a lo dispuesto, la señora Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal solicitó a esta Corte la habilitación definitiva del nuevo tribunal oral.

XI.

Que, no puede dejar de advertirse que el nuevo tribunal del fuero criminal federal estaría integrado en su totalidad por magistrados -originalmente designados para desempeñarse ante la justicia en lo Criminal de la Capital Federal- que fueron seleccionados por el Consejo de la Magistratura de la Nación conforme a la facultad atribuida a tal efecto en la ley 27.307, sin que hayan sido designados por el Poder Ejecutivo de la Nación, en base a una terna vinculante del Consejo de la Magistratura, previo acuerdo del Senado para desempeñarse en él.

XII. Que esta Corte Suprema tiene la facultad y el deber constitucional de adoptar en el ámbito de sus atribuciones, incluida la de superintendencia, las medidas necesarias y apropiadas “para producir aquellos actos de gobierno que, como cabeza de Poder y órgano supremo de la organización judicial argentina,

fuesen necesarios para garantizar la investidura de los jueces nacionales, incluido el juicio sobre la existencia de dicha investidura, en la medida que ella ineludiblemente lo requiera” (cf.

Fallos: 306:72, considerando 1o y sus citas; 330:2361; Resoluciones N° 515/2008 y 624/2011; entre muchos otros).

XIII. Que más allá de la terminología empleada por la ley 27.307 -en el sentido de “transformar” tribunales-, la modalidad adoptada por el legislador importa la creación de un nuevo tribunal criminal federal integrado en su totalidad por los jueces trasladados del anterior tribunal criminal ordinario.

La cuestión referida a la validez constitucional del traslado de magistrados fue considerada por los jueces Belluscio y Petracchi al pronunciarse, en disidencia, en “Del Valle Puppo” (Fallos:

319:339). En esa ocasión se expidieron -en ejercicio de facultades de superintendencia- respecto de la situación de un magistrado que fue designado con acuerdo del Senado para ser juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y que, sin llegar a asumir en ese cargo, fue nombrado por decreto, con su consentimiento, en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Señalaron -para sostener que el magistrado en cuestión no poseía la investidura para ser juez titular de la cámara mencionada en último término- que el “nombramiento es para un cargo específico y no consiste, en cambio, en la atribución genérica del carácter de ‘juez’ sin adscripción concreta a un cargo”.

Agregaron que si bien es cierto que en el decreto presidencial se disponía el ‘traslado’, resultaba claro “que dicha medida es, en realidad, el ‘nombramiento’ del citado juez en un nuevo cargo judicial. Aunque se lo use como expresión. lo cierto es que se está produciendo un nuevo nombramiento. como camarista federal”.

IV. Que la lectura

constitucional de los Ministros Belluscio y Petracchi -que se comparte- en el sentido de que, en supuestos como el examinado, el “traslado” de un juez constituye en rigor un “nuevo nombramiento”, permite formular una serie de observaciones, respecto de la integración del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9 cuya habilitación se solicita, las que se tratan en los siguientes considerandos.

XV. Que la Constitución Nacional establece en el artículo 99 inciso 4, segundo párrafo, un único mecanismo para el nombramiento de los jueces

federales: el presidente de la Nación los nombra “en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública”.

Así, el constituyente ha regulado un único proceso de designación por el que se obtiene “la calidad de juez”, tal la expresión X utilizada por esta Corte en el precedente “Rosza” (Fallos: 330:2361, cons.

11). En base a esta única vía de acceso a la magistratura federal, queda descartada la designación permanente de magistrados que ya ostentan tal calidad para ejercer en un tribunal con una competencia específica, en otro tribunal con otra competencia radicalmente distinta bajo la forma de “una transformación” o de “un traslado”. Éste “no está previsto en parte alguna de la Constitución Nacional y no constituye una categoría constitucional autónoma respecto del nombramiento” como concluyeron en su disidencia los Ministros Belluscio y Petracchi.

XVI. Que esta Corte ha subrayado en los precedentes “Rosza” y “Uriarte”, ya citados, que al exigir el dictado de un acto complejo en el cual debe concurrir la voluntad del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, la Constitución procura un imprescindible equilibrio político en la medida en que el acuerdo del Senado constituye “un excelente freno sobre el posible favoritismo presidencial” y también entraña el propósito de obtener las designaciones mejor logradas.

En dichas oportunidades, se enfatizó la necesidad de cumplir estrictamente en cada caso con el debido proceso constitucional para perfeccionar la designación de los jueces, exigiendo la participación del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo de la Nación mediante el acuerdo del Senado.

Los recaudos adoptados por el constituyente para asegurar el principio de independencia del Poder Judicial no pueden ser obviados a partir de una lectura que

no preserve adecuadamente el sistema de división del Poder que establece la Constitución Nacional. En este marco, solo al momento de reunirse la voluntad del Senado y del Presidente pueden perfeccionarse los nombramientos de los magistrados judiciales.

XVII. Que al culminarse el referido procedimiento queda garantizado el derecho de todos los habitantes de peticionar ante los jueces con la seguridad de que sus planteos serán decididos por tribunales que están plenamente legitimados por la Constitución Nacional para administrar justicia en forma independiente e imparcial.

En efecto, la conexión que existe entre el cumplimiento adecuado del procedimiento de nombramiento de los jueces y el ejercicio independiente de su magistratura es inescindible.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido -en base a los Tratados que en nuestro país tienen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22)- que “la independencia de cualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas” (Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, Sentencia de 31 de enero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas, parr. 75, con cita del precedente Langborger de la Corte Europa de Derechos Humanos, sentencia del 27 de enero de 1989, Series A no.

155, parr. 32).

XVIII. Que los Dres. Mora, Nocetti Achaval y Becerra revisten la calidad de magistrados al haber sido designados, conforme al procedimiento constitucional vigente al momento de su nombramiento, como jueces del tribunal oral en lo criminal ordinario N° 10. Sin embargo, ninguno de ellos fue propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional en base a una terna vinculante del Consejo de la Magistratura, ni obtuvo el acuerdo del Senado de la Nación ni fue nombrado por el Presidente de la Nación para ocupar el cargo de jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9.

XIX. Que la ausencia del nombramiento conforme al procedimiento mencionado no puede ser obviada por la circunstancia de contar con designación en el fuero ordinario.

Ello es así, dado que, conforme al criterio sentado en “Corrales”, (Fallos: 338:1517, voto de los jueces Lorenzetti y Maqueda), posteriormente seguido en “Nisman” (Fallos: 339:1342), en virtud del artículo 129 de la Constitución Nacional y ley 24.588, “no corresponde equiparar a los tribunales nacionales ordinarios con los tribunales federales que tuviesen asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y esto por cuanto, “más allá de la innegable pertenencia al Poder Judicial de la Nación de los tribunales ordinarios de esta ciudad, la justicia nacional criminal no posee competencia en materia federal (cf.

arts.

26 y 33 de la ley 23.984)”. Circunstancias estas que distinguen al presente caso del de Fallos 313:330, precedente adoptado por el Tribunal con anterioridad a la reforma de 1994.

Resulta claro que el presente pedido de habilitación refiere a un nuevo tribunal oral criminal federal integrado totalmente con magistrados que fueron oportunamente designados para desempeñarse en la justicia criminal ordinaria, cumpliendo funciones institucionalmente diversas a las propias de la competencia del fuero federal.

XX. Que no quedan exceptuadas del mencionado procedimiento constitucional las designaciones que -como en el caso- resultan consecuencia del traslado de jueces que ya revisten tal calidad en otro tribunal con ámbito de competencia notoriamente diversa.

Por lo demás, cabe agregar que el consentimiento del juez no suple ni puede obviar la intervención del Senado o del Poder Ejecutivo, porque si así fuera, bastaría la concurrencia de la voluntad del juez con uno de esos dos poderes para saltear el control en las designaciones que deben efectuar -por mandato constitucional- en conjunto.

XXI. Que el cumplimiento de la manda constitucional de contar con acuerdo específico del Senado para ocupar un cargo judicial con competencia determinada permite que los senadores evalúen en sesión pública -con la participación de la ciudadanía- la idoneidad de un candidato para tal cargo.

Este Tribunal ha enfatizado que el Senado “presta o no su acuerdo, según reconozca en la persona propuesta las cualidades y méritos requeridos para el fiel desempeño de las difíciles cuestiones que está llamado a resolver’ (conf. Estrada, José Manuel, Curso de Derecho Constitucional, Buenos Aires, 1927, pág.

302, quien cita la opinión de Hamilton, Alexander, en El Federalista, N° 76)” (conf. “Rosza”, cit., cons. 11; Aparicio”, Fallos: 338:284, cons. 15).

Ese juicio no se realiza de una manera genérica y abstracta que implique una autorización abierta para ejercer la función judicial con carácter permanente en diversas materias, grados o competencias. Antes bien, lo que el acuerdo del Senado otorga es el aval a una designación para ejercer una función jurisdiccional concreta.

“Un nombramiento se refiere a un cargo judicial determinado” enseña Germán Bidart Campos, de manera que “cada” acuerdo debe acompañar a “cada cargo”” (Manual de la Constitución Reformada, Tomo III, p. 270 y 342/3, Ediar).

XXII. Que en “Rosza” y “Uriarte”, ya citados, se dejó sentado con claridad que todos los jueces de la Nación deben ser designados por el procedimiento que establece la Constitución, en el que, como ya se recordó, deben intervenir con carácter necesario tres órganos constitucionales: Consejo de la Magistratura,

Poder Ejecutivo y Senado de la Nación.

Partiendo de dichas premisas, esta Corte invalidó en esos casos la designación de quienes, por no tratarse de jueces titulares de otro tribunal, habían sido nombrados como jueces subrogantes – llamados a ejercer funciones por naturaleza de carácter transitorio- sin cumplir con el debido procedimiento constitucional.

Como se advierte, esta doctrina no permite concluir que los jueces que dejan de manera definitiva una función con una competencia específica puedan ser designados con carácter permanente en un nuevo cargo de otra competencia sin cumplir con ese procedimiento.

XXIII. Que cabe, por último, aclarar que la circunstancia según la cual la selección de los magistrados citados fuera efectuada por el Consejo de la Magistratura de la Nación, conforme a la facultad atribuida a tal efecto en la ley 27.307, no permite suplir la inexistencia del procedimiento constitucional del artículo 99, inciso 4o, segundo párrafo.

No se puede confundir el procedimiento de formación y sanción de las leyes, previsto en los artículos 77 a 84 de la Constitución Nacional, con el acuerdo del Senado para el nombramiento de magistrados exigido en el artículo 99, inciso 4o, segundo párrafo.

Mientras que, en el primer caso, el Senado actúa ejerciendo facultades legislativas en conjunto con la Cámara de Diputados, en el segundo supuesto -en el otorgamiento del acuerdo-, el Senado hace uso de una competencia privativa -es decir, que le es exclusiva- de ponderar la conveniencia y oportunidad de ese nombramiento (conf. Bidart Campos, op.

cit., pág. 269).

Resulta indiscutible, en consecuencia, que la intervención del Senado en la designación de jueces encuadra en el ejercicio de facultades constitucionales absolutamente diversas de aquellas que pone en funcionamiento cuando evalúa la pertinencia de aprobar o no una ley.

Por tal motivo, ante la claridad del texto constitucional que especifica dos atribuciones diferentes del Senado de la Nación, no podría admitirse que su participación en el procedimiento de formación y sanción de la ley 27.307, autorice a obviar la falta del acuerdo senatorial para la designación de los Dres.

Mora, Becerra y Nocetti Achaval.

Semejante posición implicaría tornar inoperante el artículo 99, inc. 4°, segundo párrafo, lo que resultaría inadmisible por cuanto, conforme lo sostenido reiteradamente por el Tribunal, “toda tarea interpretativa obliga al juez a atenerse a las palabras del texto escrito, en la comprensión de que ninguna disposición de la Constitución ha de ser considerada superflua, sin sentido o inoperante” (confr. “Rizzo”, Fallos: 336:760 y sus citas).

XXIV. Que, por estas razones, los Dres. Mora, Nocetti Achaval y Becerra carecen de la investidura de jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9 Existen, en el presente caso, obstáculos insalvables para la válida integración del tribunal cuya habilitación se solicitó a esta Corte, por lo que no se hará lugar a lo solicitado.

XXV.

Que, por lo demás, esta Corte Suprema de Justicia al disponer actos de marcada trascendencia institucional, como es en el caso la habilitación de un tribunal judicial, debe ponderar cuidadosamente el debido respeto de los principios constitucionales en juego; ello a fin de evitar que el propósito fundamental de asegurar la correcta prestación del servicio de justicia se pueda ver comprometido.

De esta forma, el tratamiento de la cuestión que se formula en esta etapa de superintendencia, en ejercicio de las funciones de gobierno que le son propias a esta Corte, busca evitar las dilaciones que ocasionarían los planteos jurisdiccionales que puedan formularse con fundamento en la integración del tribu nal; lo cual iría en desmedro del propósito de “afianzar la justicia” enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional, propósito liminar y de por sí operativo. f Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:

Por el voto coincidente de todos los Ministros del Tribunal:

1°) Dejar sin efecto los sorteos de las causas que hubieren sido asignadas al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9 de la Capital Federal y ordenar que se practique, de forma urgente, un nuevo sorteo de dichas causas; ello conforme lo que más adelante se resuelve.

2°) Exhortar enfáticamente a la Cámara Federal de Casación Penal a que, en lo sucesivo, se abstenga de realizar actos que excedan su ámbito de competencia, en especial aquellos que puedan afectar la debida prestación del servicio de justicia como, en el caso, sortear causas a tribunales que no cuenten con la previa habilitación de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por el voto de la mayoría de los Ministros del Tribunal:

3°) No hacer lugar a la habilitación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9.

4° En razón a lo dispuesto en el punto dispositivo 1o de la presente y lo que se resuelve en el punto 3o, disponer que el nuevo sorteo de las causas que hubieren sido asignadas al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9 de la

Capital Federal, deberá practicarse entre los restantes tribunales orales federales de la Capital Federal.

Regístrese, comuniqúese al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, a la Cámara Federal de f Casación Penal, hágase saber y,

oportunamente, archívese.

DISIDENCIA PARCIAL DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORA ELENA HIGHTON DE NOLASCO Y DOCTOR CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ

CONSIDERARON:

I.- Que la ley 27.307 de “Fortalecimiento de los Tribunales en lo Criminal Federal y de los Tribunales Orales en lo Penal Económico” dispuso la transformación de cinco Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, cuya individualización sería realizada por el Consejo de la Magistratura, en cinco Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal (conf. artículo 3o).

II.- Que, asimismo, esa norma previo que esos tribunales se integrarían por los jueces de los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional transformados, en caso de que lo consintieran, de acuerdo con lo que estableciera el Consejo de la Magistratura (conf. artículos 4o y 5o).

Además se dispuso que los funcionarios y empleados de los tribunales alcanzados por la transformación continuarían desempeñando sus funciones en los órganos jurisdiccionales que sucedieran a los transformados (conf. artículo 7o).

III. Que, en los términos de la ley citada, el i Consejo de la Magistratura dictó la resolución n° 491/2017 mediante la cual 7 1 transformó el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 10 de la Capital Federal en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 9 de la Capital Federal y previo que este último quedara integrado por los jueces titulares del tribunal alcanzado por la transformación dispuesta.

IV.

Que ante el dictado de la mencionada resolución del Consejo, el 12 de diciembre de 2017 la Presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal solicitó a esta Corte la habilitación de aquel órgano jurisdiccional.

Ese mismo día, dicha presidencia hizo saber a los magistrados del tribunal transformado que debían tomar posesión del cargo y solicitó a la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación la exclusión del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 de los sorteos de la justicia ordinaria y la inclusión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 9 de la Capital Federal en los sorteos propios de la justicia federal.

V. Que a fin de resolver si corresponde hacer lugar a lo solicitado por la Presidencia de la Cámara de Casación Penal, el Director Jurídico de esta Corte requirió al Administrador General del Consejo de la Magistratura que informara si se encontraban dadas todas las condiciones necesarias para “.disponer la habilitación y puesta en funcionamiento del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 9 de la Capital Federal” (fs. 4).

Tal requerimiento fue respondido mediante el informe de fecha 20 de febrero pasado del cual surge que se encuentran reunidas las condiciones presupuestarias y de infraestructura para la puesta en funcionamiento del mencionado órgano judicial (fs. 6 y 7).

VI. Que el Congreso de la Nación cuenta con la facultad constitucional de establecer nuevos tribunales, suprimir otros o reformar los existentes (arts.

75 inc. 20 y 32, C.N.; Fallos 17:22; 310:2845, cons. 8o).

Esta Corte ha sostenido que la facultad de crear, suprimir o reformar los tribunales no puede interpretarse de modo restrictivo pues ello “serviría muchas veces de obstáculo a toda mejora.obligando a conservar magistraturas o jurisdicciones dignas de supresión o de reformas” (Fallos 17:22; 310:2184).

La facultad en cuestión ha sido ejercida por el Congreso en diversas oportunidades a lo largo de la historia, sin que haya merecido objeciones constitucionales.

Así ocurrió, por ejemplo, con la ley 23.637 que unificó la Justicia Nacional Especial en lo Civil y Comercial con la Civil de la Capital Federal, transformándolas en un único fuero nacional en lo civil. Lo mismo ocurrió con la ley 25.292 que transformó los juzgados nacionales en lo penal tributario en juzgados nacionales en lo penal económico. En ambos casos, se traspasaron jueces de los distintos fueros y se modificaron las competencias de los juzgados en cuestión (arts. 1 y 3, ley 23.637; art. 1, ley 25.292).

Por su parte, el Consejo de la Magistratura tiene facultades constitucionales en lo relativo al aseguramiento de la eficaz prestación de los servicios de justicia (art. 114, inc. 6, in fine, C.N.) y se halla en condiciones de contribuir a la toma de decisiones relativas a la reorganización funcional de los

tribunales. Por ello, no resulta ?en principio? irrazonable la atribución que, en este sentido, le confiere la ley 27.307 de individualizar los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal que se transformarán en Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal.

VII. Que la potestad constitucional de reformar o transformar tribunales lleva aneja, inexorablemente, la de ?dentro de ciertos límites?traspasar

jueces.

Si no se permitiese traspasar jueces en los hechos no se podría transformar un tribunal en otro y, por ello, las facultades del Congreso antes mencionadas quedarían injustificadamente limitadas. En efecto, sin la posibilidad de traspasar jueces el Congreso de la Nación, como única forma de honrar la garantía constitucional de inamovilidad de los jueces (art. 110, C.N.), se veria en la obligación de perpetuar en sus funciones a todos los magistrados de los tribunales que se pretendieran transformar, lo que necesariamente derrotaría la reorganización judicial que el Congreso pretende lograr con el traspaso.

VIII.

Que, admitida la facultad del Congreso de transformar tribunales y de trasladar jueces, debe precisarse cuáles son los límites constitucionales

dentro de los cuales ello puede realizarse y, en particular, si se requiere un nuevo procedimiento de designación para los magistrados trasladados.

La cuestión de los requisitos de validez de los traslados de jueces no es nada novel y ya ha sido encarada y resuelta por esta Corte con anterioridad de modo categórico en varios momentos de su historia. En este sentido, se ha decidido que los traspasos realizados mediante decretos del Poder Ejecutivo requieren el consentimiento de los magistrados involucrados (Fallos 201:245; 256:114; 313:330) y que se trate de cargos de igual jerarquía (Fallos 288:387, 388 y 313:330). Aunque el traspaso bajo análisis ha sido ordenado por una ley del Congreso y no por un decreto, estos requisitos se hallan satisfechos, por lo cual el traspaso no podría ser objetable desde esa perspectiva.

Más aún, el traslado de magistrados sin requerir una nueva designación ha sido convalidado por esta Corte incluso después de la reforma constitucional del año 1994 que modificó el sistema de designación de jueces inferiores (arts. 99 inc. 4 y 114 inc. 1 y 2, C.N.). En Fallos 319:339, la mayoría de la Corte no se pronunció sobre el fondo del asunto debido a que el Dr. Del Valle Puppo no había prestado juramento ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, tribunal desde el cual se disponía su traslado a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. De todos modos, mucho más recientemente, al resolver una solicitud análoga a la presente esta Corte decidió ?por unanimidad de sus ministros? a favor de un pedido de habilitación de un tribunal al que se trasladaba el juez del tribunal transformado (Acordada 20/2017). En esa oportunidad, también en virtud de lo ordenado por la ley 27.307 (art.

2), el Consejo de la Magistratura por resolución 160/2017 había dispuesto la transformación del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 6 de la Capital Federal en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 de la Capital Federal y había resuelto que este último quedara integrado por uno de los jueces que se desempeñaba como titular del primero (Dr. Guillermo Yacobucci).

IX. Que respecto de la cuestión de si un traslado de jueces requiere una nueva designación, debe destacarse que la reforma constitucional de 1994 introdujo un nuevo mecanismo de nombramiento de magistrados inferiores (art. 99 inc. 4 y 114, incs.1 y 2, C.N.), estableciendo una limitación a la duración de sus mandatos y requiriendo un “nuevo nombramiento”, precedido de un nuevo acuerdo del Senado, pero solo para mantener en el cargo a los magistrados que hubieran cumplido setenta y cinco (75) años de edad. El texto del art. 99 inc.4 de la Constitución Nacional evidencia per se que el constituyente tuvo presente con claridad los casos en que un nuevo nombramiento era exigible y que decidió no exig irlo para el traslado de jueces.

X. Que a lo anterior cabe agregar que el requisito de idoneidad que establece el artículo 99 inc. 4 de la Constitución Nacional debe entenderse como satisfecho en virtud de que los magistrados trasladados fueron designados de conformidad con el procedimiento constitucional vigente a la época de sus

respectivos nombramientos.

Exigir una nueva designación ?con intervención del Consejo de la Magistratura, acuerdo del Senado y decreto del Poder Ejecutivo? en virtud de la reforma del artículo 99 inc. 4 de la Constitución para los jueces que se trasladan, resultaría a todas luces inaceptable.

Si un nuevo acuerdo fuese exigible para el traslado, por razones de consistencia también debería exigirse un nuevo acuerdo para todos los magistrados designados mediante el procedimiento constitucional vigente con anterioridad a la reforma de 1994, ya que ellos tampoco han sido designados de acuerdo con el nuevo procedimiento de la Constitución reformada.

El alcance de la designación en un cargo judicial no puede ser entendido en términos que supongan que los magistrados pueden desempeñarse única y exclusivamente en el puesto en el que fueron originalmente designados. Si ello fuera así el Congreso jamás podría alterar la competencia de los tribunales, ampliándola o modificándola, lo que cercenaría una facultad que la Constitución le atribuye de manera exclusiva (Fallos 327:831; entre otros), pues toda ampliación o modificación de la competencia de un tribunal implica la habilitación para que los magistrados entiendan en materias o cuestiones para las que, de acuerdo con la tesitura que se rechaza, no habrían sido designados.

Más aún, la evidencia de que una nueva designación no es necesaria para transferir a un magistrado de la misma jerarquía se patentiza con el hecho de que cada vez que un juez de una cámara de apelaciones integra, en los términos del art. 31 del dec. 1285/58, otra cámara distinta a aquella en la que fue designado, no se exige formalidad adicional alguna.

Es de destacar que la integración de la cámara con el juez de otro tribunal es definitiva para cada uno de los justiciables en cuyas causas dicho juez entenderá, por lo que no puede alegarse que la falta de exigencia de un nuevo acuerdo se debe a la transitoriedad de la designación.

Tampoco se requiere una nueva designación en el caso de los magistrados jubilados, quienes conservan,el “estado judicial” y “podrán ser llamados a ocupar transitoriamente en los casos de suspensión, licencia o vacancia, el cargo que desempeñaban en oportunidad de cesar en el servicio u otro de igual jerarquía del Poder Judicial o del Ministerio Público de la Nación o de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas” (art. 16, inc. a, ley 24.018; subrayado añadido). Estos magistrados jubilados están habilitados para ejercer funciones jurisdiccionales distintas que aquellas para las que fueron designados sin necesidad de un nuevo procedimiento de designación, precisamente porque todos los jueces nombrados por el procedimiento establecido en la Constitución, independientemente del juzgado para el que han sido designados, adquieren “estado judicial” con su primera designación.

Cabe destacar, finalmente, que tanto el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 10 de la Capital Federal como el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 9 de la Capital Federal tienen competencia en causas referidas a la misma especialidad jurídica, el derecho penal. Por ello, tampoco puede, desde esa

perspectiva, ponerse en duda la idoneidad de los jueces trasladados.

XI. Que la cuestión que aquí se decide difiere sustancialmente de la considerada por el Tribunal en los precedentes “Rosza” (Fallos: 330:2361) y “Uriarte” (Fallos: 338:1216). Mientras aquí se analiza la facultad del Congreso de transformar un tribunal y su consecuencia natural que es la de traspasar a sus jueces titulares designados mediante el procedimiento previsto en la Constitución, en los precedentes citados esta Corte fijó las pautas necesarias para que quienes no son jueces ?por no haber sido nunca designados de acuerdo con el procedimiento constitucional? puedan cubrir vacantes judiciales temporales.

XII.

Que tampoco tiene incidencia alguna en el presente análisis lo resuelto por una mayoría de esta Corte en la causa “Nisman” (Fallos 339:1342). Allí se señaló que, a los fines de determinar si existe denegatoria del fuero federal cuando en una contienda de . competencia se atribuye el conocimiento de una

causa a un tribunal h nacional ordinario con exclusión de un tribunal federal, “no corresponde equiparar a los tribunales nacionales ordinarios con los

federales”. El fundamento dado por la mayoría es que aquellos no ejercen competencia federal en razón de la materia. La decisión adoptada en “Nisman” no implica en modo alguno considerar a ios jueces federales como distinguibles de los jueces nacionales en referencia a su proceso de designación.

Por otro lado, no es posible pensar que el mero hecho de que la competencia de los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y la de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal sea parcialmente distinta exija una nueva designación en tanto este Tribunal ha reconocido desde antiguo amplias facultades al Congreso de la Nación para fijar o modificar las competencias de los tribunales, incluso si eso supone asignar a los tribunales federales competencias propias de la justicia ordinaria y viceversa (Fallos 99:383; entre otros).

XIII. Que debe enfatizarse que las facultades de transformación y traslado ejercidas por la ley 27.307 no lesionan, en abstracto, ni la garantía del juez natural (Fallos 17:22), ni suponen un atentado contra la inamovilidad de los jueces ni contra su independencia. Se trata, en el presente caso, materialmente de un mero traslado dentro de la esfera del Poder Judicial de la Nación del que no surge un ánimo de constreñir a los magistrados ni de colocarlos en funciones radicalmente diversas de aquellas para las que oportunamente fueron designados (Fallos 313:330, voto del Juez Fayt, cons. 5°) XIV.

Que no puede

dejar de señalarse que al sancionar la ley 27.307, el Congreso de la Nación tuvo por objetivo solucionar problemas estructurales de la justicia federal penal, adaptando sus recursos a las exigencias de la problemática actual. Como surge tanto del mensaje de elevación del proyecto de ley como del debate en las cámaras legislativas, esta norma buscó aliviar la sobrecarga de trabajo que afecta a los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital, con las consiguientes demoras en la prestación del servicio de justicia. El Congreso consideró que las estadísticas elaboradas por esta Corte Suprema demostraban que la creciente y constante carga de trabajo de dichos tribunales atentaba contra la adecuada y eficiente administración de justicia, contribuyendo a que muchas cuestiones no fueran sometidas a debate oral y fueran resueltas por otras vías, entre ellas, el dictado de sobreseimientos por prescripción de la acción penal en forma masiva (Mensaje N°554 de fecha 4 de abril de 2016; intervención del miembro informante Diputado Mestre, Sesión Ordinaria del 28 de Septiembre de 2016). A su vez, como destacó el miembro informante de la Cámara de Senadores, Senador Guastavino, un alto porcentaje de los casos que se tramitan ante la justicia federal se refieren “a violaciones de los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar, a casos de corrupción, a casos de narcotráfico, a delitos complejos”, que insumen una mayor cantidad de tiempo y recursos (Diario de Sesiones de la Honorable Cámara del XV. Que, en suma, lo decidido por la ley 27.307, que transformó el tribunal cuya habilitación se solicita a esta Corte, se enmarca dentro de las facultades del Congreso antes mencionadas. Por ello, corresponde hacer lugar, en este punto, a lo solicitado por la Sra. Presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal y habilitar el tribunal en cuestión.

XVI.

Que, sin embargo, corresponde declarar la nulidad de los sorteos de causas asignadas al Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 9 de la Capital Federal, puesto que este no se hallaba habilitado hasta el dictado de la presente.

Por ello, ACORDARON:

1°) Disponer la habilitación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 9 de la Capital Federal.

2°) Trasladar a los funcionarios y empleados del tribunal transformado, que no hayan expresado su oposición a ello, al órgano judicial que por la presente se habilita (conf. artículo 7° de la ley 27.307).

3°) Poner en conocimiento del señor Procurador y de la señora Defensora General de la Nación la presente acordada.

4°) En fundón de lo señalado en el punto XV, dejar sin efecto los sorteos de las causas que hubieren sido asignadas al Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 9 de la Capital Federal y ordenar que se practique, de forma urgente, un nuevo sorteo de dichas causas.

5°) Exhortar enfáticamente a la Cámara Federal de Casación Penal a que, eri lo sucesivo, se abstenga de realizar actos que excedan su ámbito de competencia, en especial aquellos que puedan afectar la debida prestación del servicio de justicia como, en el caso, sortear causas a tribunales que no cuenten con la previa habilitación de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando que se comunique, publique en la página web del Tribunal y registre en el libro correspondiente, por ante mi, que doy fe.