Procedencia del daño moral al haberse probado un ambiente perjudicial para la salud del actor, y rechazo del daño emergente y lucro cesante al no haberse acreditado el “mobbing” denunciado

Partes: Lara Hector Martin c/ La Segunda A.R.T. S.A. y otros s/ indemnización enfermedad accidente

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza

Sala/Juzgado: II

Fecha: 20-oct-2017

Cita: MJ-JU-M-107764-AR | MJJ107764 | MJJ107764

Procedencia del daño moral al haberse probado un ambiente perjudicial para la salud del actor, y rechazo del daño emergente y lucro cesante al no haberse acreditado el ‘mobbing’ denunciado. Cuadro de rubros indemnizatorios.

 

Sumario:

1.-Debe revocarse la sentencia en cuanto hizo lugar al daño emergente y lucro cesante, pues el actor no probó el acoso laboral denunciado y de la pericia surge que no existe minusvalía física actual en el trabajador por la cual el empleador deba responder; sin embargo, al haberse acreditado el ambiente de trabajo perjudicial para la salud del trabajador, el daño moral reclamado debe prosperar.

2.-Debe desestimarse la pericia psicológica practicada, pues si bien da cuenta de una alteración y disminución de las posibilidades del actor, existe una evidente contradicción entre la descripción del estado general de aquél con funciones normales y conservadas y la minusvalía del 30% de la total obrera, que pone en duda su integralidad; asimismo, su contestación a las observaciones permiten inferir que el profesional no cumplió con el objetivo fundamental de la prueba pericial, esto es el aporte especializado y objetivo de su conocimiento a la controversia planteada.

Fallo:

En Mendoza, al 20 de octubre de 2017, reunida la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa N° 13-04065735-9/1, caratulada: “EGIDIO VALENTIN GIULIANI S.A. EN JUICIO N° 22.273 “LARA HECTOR MARTIN C/ LA SEGUNDA A.R.T. S.A. Y OTS. s/ INDEMNIZACION ENFERMEDAD ACCIDENTE” (22273) P/ REC.EXT.DE INSCONSTIT-CASACIÓN”.

De conformidad con lo establecido en los arts. 140 y 141 del C.P.C. y Acordada N° 5845, quedó establecido el siguiente orden de votación de la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: DR. MARIO DANIEL ADARO; segundo: DR. JOSÉ V. VALERIO; tercero: DR. OMAR ALEJANDRO PALERMO.

ANTECEDENTES:

A fs. 18/36 Egidio Valentín Giulani S.A., por intermedio de su apoderado Dr. Rodolfo Barón, interpuso recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación contra la sentencia dictada a fs. 898 y siguientes de los autos N° 22.273 caratulados “Lara Héctor Martín c/ La Segunda A.R.T. S.A. y Otros s/indemnización enfermedad accidente”, originarios de la Excma. Cámara Primera del Trabajo, Paz y Tributaria, Tercera Circunscripción Judicial.

A fs. 49 se admitieron formalmente los recusos incoados, ordenándose correr traslado a la contraria, quien contestó a fs. 51/57 por intermedio de su representante el Dr. Carlos Gatica.

A fs.63/64 y vta. se agregó el dictamen del Sr. Procurador General, quien por las razones que expuso aconsejó el rechazo del recurso de inconstitucionalidad incoado.

A fs. 69 se llamó al acuerdo para sentencia y se dejó constancia del orden de estudio de la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA: ¿Es procedente el recurso interpuesto?

SEGUNDA: En su caso, ¿qué solución corresponde?

TERCERA: Pronunciamiento sobre costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR. MARIO DANIEL ADARO, dijo:

I.La sentencia de Cámara hizo lugar a la demanda incoada contra Egidio Valentín Giulani S.A. por la suma que allí determinó en concepto de reparación integral. Por otra parte, desestimó la demanda respecto de la Segunda A.R.T. S.A.

Para así decidir sostuvo:

1. El actor se desempeñó como empleado de vigilancia-sereno, categoría oficial estándar, de EgidioValentín Giuliani S.A. desde el día 1 de julio de 2003 y hasta el día 20 de febrero de 2009.

Denunció en su demanda padecer malos tratos, tareas degradantes y acoso laboral por parte de su empleador, que le motivaron una licencia por el período comprendido entre agosto del 2008 y febrero del 2009 y las dolencias que reclamó.

2. La plataforma fáctica denunciada por el accionante resultó acreditada en autos.

a. Los informes psicológicos objetivaron las declaraciones de los testigos que dieron indicios que por su número, gravedad, precisión y concordancia permitieron reconstruir los hechos denunciados y por vía de inducción tener por acreditado el acoso ambiental por asedio.

b. El empleador no cumplió con sus obligaciones legales, exámenes médicos y servicio de Higiene y Seguridad del Trabajo, para evitar las afecciones que padeció el actor por lo que incurrió en omisiones que importaron una evidente y negligente inobservancia del deber de seguridad que imponen el art. 75 de la LCT, la ley 19.578 y su Dec. Reglamentario 351/79 y la L.R.T.

c. El encargado general de la accionada, Sr. Carlos Bergelin, resultó coautor directo de las dolencias del actor, por lo que correspondió responsabilizar a aquella por aplicación del art. 1113 1º, 1074 y 1109 del Código Civil (hoy arts. 1753, 1716 y 1737 y cc. del nuevo Código Civil y Comercial).

3. La responsabilidad de la empleadora se fundada en el art. 1109 del Cód. Civil en vinculación con el art.1074 (hoy los indicados artículos del CC y C) en el entendimiento de que esa vía – con apoyo al principio iura curia novit – resultó la más apta y la que mejor resguarda al sujeto de preferente tutela.

4. El informe de psicodiagnóstico del Lic. Lamagrande, acompañado por la parte actora en la demanda, y la pericia psicológica producida en autos, acreditaron que el actor presentó Desarrollo Reactivo Severo inducido por el acoso laboral que le generó un 30% de incapacidad. A ese fin descartó valor probatorio a la pericia psiquiátrica.

5. La conducta reprochada a la demandada y su negligencia omisiva, su riesgo potencial y el daño, establecieron una relación de causa-efecto directa e inescindible -que en la estimación valorativa resultó la causa eficiente del daño en la salud del trabajador.

6. La Aseguradora de Riesgos del Trabajo quedó exenta de responsabilidad en razón de que no tuvo a su cargo la obligación de seguridad. Esta sólo se encuentra en cabeza del empleador, no atrae a un tercero como es la ART que no tiene contrato con el trabajador y que ha sido puesta por la ley 24.557 como fiscalizador del deber de prevención, tarea de control que antes bajo el imperio exclusivo de la ley 19.587 recaía sobre el Estado.

7. Como consecuencia de ello, resultó procedente la reparación por daño emergente, lucro cesante y daño moral, en tanto el trabajador fue insertado en la organización instrumental ajena y le fue impuesto un modo de desarrollo de sus labores en un ambiente riesgoso por la modalidad de las tareas y la organización del trabajo, sin que la empleadora fuere eficaz en la prevención de daños.

8. A la reparación indemnizatoria adicionó intereses conforme a la tasa para préstamos personales a sesenta meses por aplicación analógica del artículo 552 del Código Civil y Comercial.

II. Contra dicha decisión la parte demandada interpone recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación.

1.Recurso de inconstitucionalidad:

Funda su queja en los incisos 3 y 4 del artículo 150 del C.P.C, y expresa que el tribunal incurrió en grave violación de sus derechos de defensa y de propiedad provocando un enriquecimiento indebido al actor, de los principios de legalidad e igualdad procesal de las partes en el reclamo civil, e incurrió en arbitraria valoración de la prueba siempre en favor del accionante.

a. Expone que el tribunal vulneró su derecho de defensa e igualdad de las partes; en razón de que permitió la producción de la prueba pericial psicológica que no estaba admitida en el auto de sustanciación y que había sido ofrecida en subsidio por la parte actora.

b. Agrega que la resolución se basa exclusivamente en la deposición del actor en la vista de causa. Manifiesta que en dicha oportunidad la parte demandada no se le permitió ser escuchada a fin de dar una versión diferente de los hechos, ni formular preguntas, refutar afirmaciones y ofrecer pruebas frente a los nuevos hechos introducidos por el actor.

c. Refiere que toda la prueba a favor del demandado, como la pericia médica oficial que arrojó el 0% de incapacidad y las pruebas testimoniales fueron interpretadas sin fundamento alguno en su contra. Agrega que la anamnesis, el desarrollo y explicación de métodos y entrevistas de la pericia psiquiátrica demuestran su solvencia

d. Se queja de que la resolución condena a una reparación civil sobre la base de principios que no son de aplicación en este tipo de reparación.

2. Recurso de Casación.

Funda su queja en los incisos 2 y 3 del artículo 159 del C.P.C., y expresa los siguientes agravios:

a. Errónea aplicación e interpretación de la Ley 24.557, específicamente del artículo 39 de dicha normativa.

Manifiesta que el artículo 39 de la L.R.T. es una barrera al reclamo extrasistémico, no es una eximición de responsabilidad de la A.R.T. sino una limitación cuantitativa.Refiere que si hay daño indemnizable la aseguradora debe responder y si existe una conducta dolosa- la que niega – necesariamente debe adicionarse la responsabilidad del empleador.

b. Errónea aplicación del artículo 9 de la L.C.T., interpretación favorable al trabajador al caso, en cuanto en el derecho civil la carga de la prueba no se invierte y quien alega debe probar los hechos conductivos del reclamo.

III. Anticipo que daré tratamiento conjunto a ambos recursos en atención a su íntima conexidad (LS 320-217, 349-39, 347-193, 347-209, 345-154, 347-197, 401-75, 407-98) y que, si mi voto es compartido por mis distinguidos colegas de Sala, los mismos prosperan.

1. El tribunal de mérito concluyó en la responsabilidad integral de la empleadora en razón del daño a la salud del accionante y condenó a aquella a abonar una reparación por daño emergente, lucro cesante y daño moral, fundado en su deber de seguridad y en normas de imputabilidad de naturaleza civil.

Los fundamentos esgrimidos pueden resumirse en la existencia de un ambiente de trabajo hostil, el incumplimiento de la empleadora a su obligación de seguridad impuesta por el artículo 75 de la L.C.T., la falta de adopción de las medidas de higiene y seguridad adecuadas para proteger la vida y la integridad de los trabajadores – ley 19587 -, su responsabilidad por el hecho del dependiente- por la actuación del encargado general Carlos Bergelín, y por la omisión de realización de los exámenes médicos periódicos. Sintetizó su argumentación en el accionar evidente y negligente del empleador de inobservancia de su deber de seguridad.

2. En primer término y en relación a los agravios relativos a la admisión de la pericia psicológica y a la deposición del actor en la audiencia de vista de causa, advierto que los mismos resultan extemporáneos, por lo que este tribunal no puede proceder al tratamiento de cuestiones que no fueron oportunamente introducidas en la causa.En concreto y en lo que respecta a la declaración de Lara entiendo que la demandada no logró rebatir los argumentos del tribunal para oírlo en el debate, por el contrario, no existió oposición fundada al efecto ni la negativa por parte de este para que la empleadora participara en el mismo. Asimismo los perjuicios que hoy invoca, como la posibilidad de formular pregunt as o rebatir las afirmaciones, no fueron debidamente planteados en la audiencia, por lo que su derecho de defensa no resultó menoscabado.

3. Los requisitos de admisibilidad de la reparación civil son:

a) el hecho generador del daño, b) la relación de causalidad entre el hecho generador del daño y el daño efectivamente causado, c) la conducta doloso o culposa o la responsabilidad por el hecho del dependiente que produce el daño, e) que no existan causales eximentes. a. En relación al hecho generador advierto que, no obstante la amplia participación del Sr. Lara en el proceso y la plataforma fáctica denunciada, hay argumentos decisivos de la sentencia que no encuentran apoyo en la causa. No existe prueba de un acoso sistemático y personal al trabajador ni un accionar preciso imputable al encargado general. b. Por el contrario, del análisis armónico de los elementos probatorios surgen indicios que por su entidad, número, gravedad y concordancia permiten presumir la existencia de una ambiente de trabajo perjudicial para la salud del trabajador que no fue prevenido y menos aún reparado por el empleador de conformidad a su obligación de seguridad y de tomar la medidas adecuadas a tales fines- artículo 75 de la L.C.T. y Ley 19587.

(i) Los informes psicológicos no permiten dar por acreditado el acoso denunciado en la demanda, en tanto su confección se encuentra basada en el exclusivo relato del actor, aunque sí constituyen indicios de la conflictividad presentada en el trabajo.

(ii) Otro tanto sucede con la prueba testimonial de los Sres.Cristoferi y Bergelín- ex compañero de trabajo y sobrino del encargado-, prueba valorada parcial y arbitrariamente por el sentenciante. Estas declaraciones describieron el ambiente de trabajo nocivo para la salud del trabajador pero no dieron cuenta de un maltrato sistemático ni refirieron a situaciones concretas del encargado general.

Por ejemplo, el testigo Bergelín expuso cabal conocimiento respecto de la situación problemática en el trabajo, no obstante ello, y según lo relatado en el cuerpo de la sentencia, expresó claramente que no presenció actitudes de maltrato al Sr. Lara porque cumplía funciones en sectores distintos de la fábrica.

Reitero que las declaraciones no refirieron a un accionar imputable al dependiente Carlos Bergelín, encargado, contra el actor ni siquiera a un hecho que los tuviera como protagonistas, las testimoniales fueron generales al ambiente de trabajo. Estas declaraciones constituyen otro elemento indiciario a la situación de hostilidad experimentada por las condiciones de trabajo.

(iii) Por último, los informes psiquiátricos, de parte y oficial, y las actuaciones administrativas, aunque con pronóstico favorable a la salud del actor, demuestran también el conflicto vivido en el trabajo. c. La realización de funciones ajenas a su puesto de trabajo y las particularidades respecto del desarrollo del vínculo, no han sido indicadas ni someramente por los testigos sólo han sido referenciadas en el relato del accionante. d. Sin perjuicio de las deficiencias probatorias respecto del acoso laboral, entiendo que resulta decisivo en autos la correcta ponderación del informe médico psiquiátrico que concluyó que el actor no padeció daño por el cual deba ser indemnizado.

En la causa se produjeron dos informes periciales oficiales: psicológico y psiquiátrico.

(i) El licenciado José Gabriel Ortega, psicólogo designado en la causa, concluyó que el actor presentó Desarrollo Reactivo – Severo inducido por acoso laboral que le originó un 30% de incapacidad sin especificar el Baremo de aplicación (fs.488/489 del expediente principal). Este dictamen fue el fundamento del Tribunal de mérito para arribar a su decisión.

De su valoración advierto que, si bien da cuenta de una alteración y disminución de las posibilidades del actor, existe una evidente contradicción entre la descripción del estado general del actor con funciones normales y conservadas y la minusvalía del 30% de la total obrera de entidad considerable, que pone en duda su integralidad. Asimismo, su contestación a las observaciones me permite inferir que el profesional no cumplió con el objetivo fundamental de esta prueba, esto es el aporte especializado y objetivo de su conocimiento a la controversia planteada, por el contrario entiendo que deliberadamente no otorgó las debidas explicaciones profesionales que complementaran su escueto informe (fs. 506 del expediente principal) y que le otorgaran mayor veracidad. Esta circunstancia y el contenido dirigido y sin mayores fundamentos ponen en cuestión la objetividad de la pericia psicológica A ello le sumo las consideraciones expuestas en la disidencia expresada en la sentencia respecto de la ponderación de esa prueba.

(ii) El informe del licenciado Mario Lamagrande, prueba acompañada con la demanda, fue realizado sin ningún tipo de participación y control por parte de la empleadora. En contradicción a las conclusiones emitidas por este profesional surge que la psiquiatra tratante, Dra. González Galera, en su certificado, se pronunció respecto de una evolución favorable en el diagnóstico de Lara sin detallar minusvalía alguna. Ambos informes fueron otorgados por los profesionales en forma contemporánea a la situación de conflicto descripta en la demanda.

Por tales causas, considero que este elemento probatorio no posee la virtualidad suficiente para acreditar el daño que reclama, en tanto sus consideraciones no se corresponden a la supuesta incapacidad padecida por el trabajador.

(iii) Por el contrario, entiendo que la pericia psiquiátrica otorgada por el Dr. Enrique Figueroa constituye la prueba idónea y pertinente para la resolución del caso.El informe detalla en forma completa la evolución que presentó el actor, descarta cualquier elemento personal, subjetivo y no relacionado con el ambiente de trabajo, y discrimina los factores que incidieron en su estado de salud. El psiquiatra concluyó que en la actualidad el actor no presentó daño psíquico que deba ser reparado, y en tal sentido sostuvo que logró revertir satisfactoriamente la patología que lo aquejaba. De este análisis se desprende que la ponderación negativa de pericia psiquiátrica por el sentenciante fue predispuesta y de fundamento aparente. A ello le sumo las razones expresadas por la Dra. Coronel respecto de la valoración de este elemento probatorio

(iv). En consecuencia y conforme a los agravios formulados en la causa, entiendo que no existe minusvalía física actual en el trabajador por la cual el empleador deba responder, esto es falta de daño emergente y lucro cesante.

e. No obstante ello y conforme a las consideraciones expuestas, resultó acreditado en autos el ambiente de trabajo perjudicial para su salud del trabajador por lo que entiendo que el daño moral reclamado debe prosperar.

A ese fin, señalo que el recurrente no cuestionó su procedencia ni su determinación, sólo dirigió su queja a la falta de acreditación de incapacidad psíquica del trabajador derivada de la correcta valoración del informe pericial psiquiátrico.

Así, resulta como hecho generador del daño moral el ambiente hostil de trabajo acreditado en autos imputable a la demandada que omitió las medidas tendientes a velar por la integridad física y psíquica del trabajador – artículo 75 de la L.C.T. y ley 19857-, y no invocó causal eximente de responsabilidad.

4. Por último, destaco que la decisión de liberar de responsabilidad a la aseguradora, a pesar de los términos en que fue planteado el reclamo y de la jurisprudencia de este Tribunal en la causa “Olavarría”, no puede ser abordada por la falta de acreditación de daño psíquico y de cuestionamiento por parte del trabajador.

III.Por todo lo expuesto, y si mi voto es compartido por mis distinguidos colegas de Sala, los recursos prosperan parcialmente.

ASÍ VOTO.

Sobre la misma cuestión, el Dr. JOSÉ V. VALERIO adhiere por sus fundamentos al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION EL DR. MARIO DANIEL ADARO, dijo:

IV. De conformidad al resultado a que se arriba en la cuestión anterior, corresponde por imperativo del art. 154 del CPC anular la sentencia dictada en autos N° 22.273 caratulados “Lara Héctor Martín c/ La Segunda A.R.T. S.A. y Otros p/indemnización enfermedad accidente”, originarios de la Excma. Cámara Primera del Trabajo, Paz y Tributaria, Tercera Circunscripción Judicial.

1. Conforme a la votación que antecede, se deja sin efecto el punto I del resolutivo de la sentencia, y la demanda prospera por la suma de pesos setenta mil ($70.000) más intereses legales establecidos en la sentencia.

La determinación de intereses, como la fecha de cómputo, quedan firmes en la forma establecida en la sentencia de Cámara, en tanto no resultaron materia de agravio por el recurrente.

Por su parte las costas por el rechazo de la demanda se imponen en el orden causado en tanto el accionante tuvo razones valederas para litigar (art. 36, ap. V y 148 del C.P.C.).

2. En consecuencia el decisorio quedará redactado de la siguiente forma: “I.- Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada en autos por el señor HECTOR MARTIN LARA y condenar a EGIDIO VALENTIN GIULIANI S.A. a abonar al actor la suma de PESOS SETENTA MIL ($70.000), con más sus intereses legales, dentro de los CINCO DIAS HABILES de firme y ejecutoriada la presente. II.- Desestimar la demanda respecto de La Segunda ART S.A. III.- Las costas se imponen a la demandada vencida tanto por lo que prospera la demanda como por la desestimación respecto de La Segunda ART S.A. (art.31 C.P.L.). Las costas por el rechazo se imponen en el orden causado en tanto el actor tuvo buena fe y razón probable para litigar (art. 36 del C.P.C.). IV.- Por intermedio del señor Contador que presta funciones en la Delegación Administrativa de la S.C.J. en esta Circunscripción Judicial practíquese liquidación del capital de condena. V.- Diferir la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad. VI.- Intimar a la condenada en costas a que dentro del plazo de TREINTA Y DIEZ DIAS acredite el pago de la tasa de justicia y aportes ley 5059 respectivamente, bajo apercibimiento de ley, tengan presente los profesionales que no se librará orden de pago de honorarios si no se acredita el pago del Derecho Fijo. VII.- Notifíquese a la Dirección de Rentas, al Representante de la Caja Forense y Colegio de Abogados en esta Circunscripción del resolutivo de la presente sentencia, a fin de que tomen debida nota para exigir los tributos que correspondan. VIII.- Por Mesa de Entradas glósese al expediente la prueba documental oportunamente acompañada. Notifíquese.”

ASÍ VOTO.

Sobre la misma cuestión, el Dr. JOSÉ V. VALERIO adhiere al voto que antecede.

SOBRE LA TERCERA CUESTION EL DR. MARIO DANIEL ADARO, dijo:

V. Atento a lo decidido en la Primera Cuestión, las costas deben imponerse a la recurrida vencida (arts. 36 ap. I y 148 del C.P.C.).

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión, el Dr. JOSÉ V. VALERIO adhiere al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA:

Mendoza, 20 de octubre de 2017.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva, RESUELVE:

I. Hacer lugar parcialmente a los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos a fs. 18/36 contra la sentencia dictada a fs. 898 y siguientes en autos N° 22.273 caratulados “Lara Héctor Martín c/ La Segunda A.R.T. S.A.y Otros p/indemnización enfermedad accidente”, originarios de la Excma. Cámara Primera del Trabajo, Paz y Tributaria, Tercera Circunscripción Judicial, conforme a lo expuesto en la primera y segunda cuestión.

II. Imponer las costas a la recurrente vencida (arts. 36.I y 148 del C.P.C.).

III. Regular los honorarios a los profesionales Dr. Rodolfo Martín Baron en el porcentaje de 6.24%, y Dres. Carlos E. Gatica y Antonio Alberto Bano, en forma conjunta, en el porcentaje de 4,36%, sobre la base regulatoria a determinarse en la instancia de grado, por sus actuaciones en esta etapa recursiva (arts. 2, 3, 15 y 31 de la ley 3641 modificada por el Decreto Ley 1304/75). Los montos concretos serán establecidos en la instancia de grado conforme a los porcentajes regulados.

IV. Líbrese cheque a la orden de Egidio Valentín Giuliani S.A. por la suma de $3.000 (pesos tres mil) con imputación a la boleta obrante a fs. 39.

NOTIFÍQUESE.

MARIO DANIEL ADARO

Ministro

JOSÉ V. VALERIO

Ministro

CONSTANCIA: Se deja constancia que la presente resolución, no es suscripta por el Dr. Omar Alejandro Palermo por encontrarse en uso de licencia (art. 88 apart. III del C.P.C.). Secretaría, 20 de octubre de 2017.