El límite previsto en el art. 730 del Código Civil y Comercial en relación a la carga de las costas, es aplicable sólo al proceso de conocimiento

Partes: Romero Ángel Fernando y otro c/ Arenera Villa Gesell s/

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Dolores

Fecha: 5-dic-2017

Cita: MJ-JU-M-108006-AR | MJJ108006 | MJJ108006

El límite previsto en el art. 730 del Código Civil y Comercial en relación a la carga de las costas, es aplicable sólo al proceso de conocimiento.

Sumario:

1.-El art. 730 del Código Civil y Comercial es claro en cuanto a que el límite que prevé (25%) es aplicable sólo al proceso de conocimiento que culminó con el juzgamiento del litigio mediante la sentencia que declaró el derecho controvertido, resultando inaplicable a las costas generadas en el proceso de ejecución de sentencia, que constituye otra etapa, ajena al proceso de conocimiento.

2.-Tratándose la ejecución de sentencia de un proceso diferente, especial e independiente del principal, no puede considerárselo comprendido arbitrariamente por el art. 730 del Código Civil y Comercial, pues no puede asimilárselo en cuanto a su esencia al proceso de conocimiento principal, y el límite de responsabilidad es aplicable sólo a las costas que el proceso principal genera, en el que el condenado resultó perdedor, mas no a las nuevas costas que se impongan en el proceso de la ejecución de la condena.

Fallo:

En la ciudad de Dolores, a los cinco días del mes de diciembre del aÑo dos mil diecisiete, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa No 96.077, caratulada: “ROMERO ANGEL FERNANDO Y OTRO C/ ARENERA VILLA GESELL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, votando los SeÑores Jueces seguún el siguiente orden Doctores María R. Dabadie, Silvana Regina Canale y Mauricio Janka. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes: CUESTIONES Primera ¿Es justa la resolución apelada? Segunda ¿Qué corresponde decidir? V OT A CI ó N A LA PRIMERA CUESTIóN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO: I. Mediante la presentación de fs. 2063/2064, el letrado apoderado de la parte demandada, solicitó la suspensión de plazos en este proceso principal e incidentes conexos, en tanto la liquidación final y base arancelaria se encuentran en su cuerpo octavo, que estaba -en ese entonces- extraviado. Ello hasta tanto sea ubicado el expediente y a su vez, devuelto por esta Alzada el incidente de ejecución de sentencia (expte. n° 54.934). Solicitó que asimismo se determine el modo de aplicar el tope establecido en el art. 730 del CCCN.

II. El iudex a quo, a través del auto de fs. 2065 y vta., no hizo lugar a lo peticionado y transcribió parte de un antecedente de este Tribunal respecto de la aplicabilidad del art. 730 del CCCN. Contra ello interpuso el letrado apoderado de la demandada, el recurso de apelación de fs. 2068/2071 y vta., que fundado en el mismo acto fue concedido a fs. 2073. Refirió en su fundamentación que el sentenciante debió resolver si el tope del art. 730 del CCCN, debe aplicarse en forma conjunta sobre el proceso principal y el incidente. Y si considerara que son independientes -criterio que el apelante no propugna-, proceda a aplicar el art. 730 del CCCN, en función de las regulaciones de honorarios firmes en autos.

III.Analizada la cuestión traída, se observa que la suspensión del trámite con sustento en el extravío del octavo cuerpo -en que se realizara la liquidación final y base arancelaria-, como así en la devolución del incidente de ejecución de sentencia por esta Alzada, se ha tornado abstracta al presente. Es que hallado y agregado en la instancia de grado el referido cuerpo -fs. 2066-, y devuelto por este Tribunal el incidente de ejecución de sentencia -resuelto mediante el decisorio de fs. 1399/1404-, no hay duda que al presente ha desaparecido el interés del peticionario. Dentro de ese concepto, constituye presupuesto visceral de todo planteo revisor, la existencia de agravios ciertos y actuales, que generen perjuicios concretos en la posición del apelante y a la luz de su reclamo original. Uno de los requisitos de admisibilidad de una pretensión es que su titular exhiba un interés actual en la misma, pues la tutela jurisdiccional está prevista para decidir colisiones efectivas de derechos, ya que no compete a los jueces realizar declaraciones generales y abstractas, no importando la falta de pronunciamiento una frustración de sus pretensiones (SCBA, “Acuerdos y Sentencias”: 1961-III-357; 1961- IV618; 1977-I-1110; DJBA., 113-81; 119-810; 120-33; 12147).

IV. Al mismo tiempo el recurrente solicita se determine si el tope previsto en el art. 730 del CCCN, debe o no ser aplicado en forma conjunta a los honorarios regulados en los autos principales y en el incidente de ejecución de sentencia. La norma en cuestión, que es coincidente con lo previsto en el art. 505 del Código Civil, se refiere a las consecuencias que derivan del incumplimiento, ya que si el deudor paga, la obligación de la naturaleza que fuere, se extingue. El último párrafo del artículo (incorporado por la ley 24.432) es una disposición de orden procesal que limita la imposición de costas en los procesos judiciales o sus similares, en el que se incluyan honorarios de abogados y peritos.El tramo indicado ha sido criticado no sólo por su ubicación en el digesto fondal sino también por lo escueto que ha sido el legislador en su redacción, prueba de ello es el tema que aquí me convoca. La realización de una interpretación se torna ineludible si tenemos en cuenta que estamos ante una norma (hoy art. 730 del CCCN), a la que se le introdujo un párrafo mediante la ley 24.432, la cual ha dado lugar a dificultades interpretativas de diversa índole, en las que muchas veces se consideró que era criticable la técnica legislativa utilizada en la ley (S.C. Mendoza, sala I, julio 8-1996; en “E.D.”, t. 170, 1997, págs. 369 y 372). En esa tarea, advierto que el artículo en cuestión -en el tema que nos congrega- se refiere a las costas de la primera o única instancia, pero ninguna referencia hace a los incidentes que tramitaran de conformidad con el art. 175 y sgts. del CPCC ni a aquellos procesos como el de ejecución de sentencia a los que se denomina en la jerga judicial “incidentes”. (arts. 497 y concds. CPCC). El texto de la norma es claro en cuanto a que el límite (25%) es aplicable sólo al proceso de conocimiento que culminó con el juzgamiento del litigio mediante la sentencia que declaró el derecho controvertido, resultando inaplicable a las costas generadas en el proceso de ejecución de sentencia, que constituye otra etapa, ajena al proceso de conocimiento. Ambos poseen una finalidad propia y definida; en el primero, el juzgador conoce y -frente a los antecedentes de hecho y de derecho que constituyen la controversia jurídica sometida a su decisión- declara el derecho controvertido. En el proceso de ejecución de sentencia, el juez dirige su imperium en favor del beneficiado con su fallo con el objeto de que sea debidamente cumplido, y el vencedor satisfecho en sus derechos o pretensiones.A su vez, este proceso autónomo y especial -mal llamado incidente- difiere en cuanto a su naturaleza jurídica, de los incidentes que regula el art. 175 y sgts. del CPCC, que además de tener una íntima relación con el objeto principal del pleito y no se hallan sometidos a ningún procedimiento especial; extremo que si cumple la ejecución de la sentencia. Es por ello que tratándose la ejecución de sentencia de un proceso diferente, especial e independiente del principal, no puede considerárselo comprendido arbitrariamente por la norma, pues no puede asimilárselo en cuanto a su esencia al proceso de conocimiento principal. Es que el límite de responsabilidad es aplicable sólo a las costas que el proceso principal genera, en el que el condenado resultó perdedor, mas no a las nuevas costas que se impongan en el proceso de la ejecución de la condena. Lo contrario implicaría hacer extensivo el supuesto legal a un hecho que éste no contempla. En consecuencia, considero que el prorrateo sólo corresponde realizarlo en este proceso principal por las actividades de la primera instancia, no así en el de ejecución de sentencia. Y bajo las condiciones y en la oportunidad que fuera seÑalada en el decisorio apelado y que aquí se afirman; esto es, cuando los aranceles de todos los abogados intervinientes estén firmes y consentidos. A mayor abundamiento y de modo aclaratorio, se debe estar a lo antes dicho sin perjuicio de haberse introducido la misma cuestión en el proceso de ejecución de sentencia, que en este acto se tiene a la vista (fs. 1458), y de haberse además corrido su innecesario traslado a la contraria (fs. 1459). Pues es deber del a quo la aplicación inmediata de la normativa vigente -en tanto se den las condiciones necesarias para ello-, que no requiere en modo alguno la opinión de las partes, desde que responde a una cuestión de orden público y atiende a garantías constitucionales consagradas en los arts. 14, 14 bis., 16 y 17 de la CN.Finalmente, cabe seÑalar que el art. 730 del CCCN, deberá ser aplicable recién a partir de la entrada en vigencia de la ley n° 24432, publicada en el Boletín Oficial el día 10 de enero de 1995 (causa de la CSJN causa “Fox Vs. Siderca”; del 28/07/2005). Asimismo, lo aquí expresado en modo alguno contradice lo resuelto por esta Alzada en el decisorio de fs. 1399/1404 del proceso de ejecución de sentencia -expte. n° 54.934 que en este acto se tiene a la vista-, en tanto allí se seÑalaron principios generales, pero nunca se determinó la aplicación inmediata del prorrateo fijado por el art. 730 del CCCN (art. 505 del CC). Con la aclaración propuesta, VOTO POR LA AFIRMATIVA. LOS SEÑORES JUECES DOCTORES CANALE Y JANKA ADHIRIERON AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO: Conforme el resultado arribado en la votación precedente, corresponde: Declarar abstracto el planteo formulado respecto de la suspensión de plazos en los presentes actuados e incidentes conexos. Confirmar la resolución apelada en lo principal que decide, aclarándose que la aplicación del art. 730 del CCCN se podrá realizar, cuando se encuentren dadas las condiciones para ello, únicamente respecto de los honorarios regulados por actividades de la primera instancia y en el proceso principal. Costas de esta instancia en el orden causado atento la falta de oposición (arts. 14, 14 bis., 16 y 17 de la CN; 505 del CC; 730 del CCCN; Ley 24.432; 68, 175, 497, 511 del CPCC). ASI LO VOTO. LOS SEÑORES JUECES DOCTORES CANALE Y JANKA ADHIRIERON AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS. CON LO QUE TERMINÓ EL PRESENTE ACUERDO, DICTÁNDOSE LA SIGUIENTE SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, los que se tienen aquí por reproducidos, este Tribunal declara abstracto el planteo formulado respecto de la suspensión de plazos en los presentes actuados e incidentes conexos. Confirma la resolución apelada en lo principal que decide, aclarándose que la aplicación del art. 730 del CCCN se podrá realizar, cuando se encuentren dadas las condiciones para ello, únicamente respecto de los honorarios regulados por actividades de la primera instancia y en el proceso principal. Costas de esta instancia en el orden cau sado atento la falta de oposición (arts. 14, 14 bis., 16 y 17 de la CN; 505 del CC; 730 del CCCN; Ley 24.432; 68, 175, 497, 511 del CPCC).

Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.