La solidaridad laboral prevista en el art. 30 de la LCT es inaplicable al Estado provincial.

Partes: Delgado Viviana del Carmen y otros c/ Roldán Juan Esteban y otro s/ despido por otras causales

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Neuquén

Sala/Juzgado: II

Fecha: 10-oct-2017

Cita: MJ-JU-M-107545-AR | MJJ107545 | MJJ107545

 

Sumario:

 

1.-Cabe confirmar el rechazo de la demanda laboral en la cual se pretende responsabilizar al estado provincial por aplicación del art. 30 de la LCT. porque esta norma resulta inaplicable a la administración pública, que actúa en el caso como una persona de derecho público, en ejercicio de una potestad que le es inherente y dentro de la órbita del derecho administrativo.

 

2.-El art. 30 de la LCT no contempla el caso de las personas de derecho público sino que, de conformidad con las disposiciones de los arts. 5, 29 y 31 de ese mismo ordenamiento, refiere al ámbito de las empresas privadas.

 

 

Fallo:

 

NEUQUEN, 10 de octubre de 2017.

 

Y VISTOS:

 

En acuerdo estos autos caratulados: “DELGADO VIVIANA DEL CARMEN Y OTROS C/ROLDAN JUAN ESTEBAN Y OTRO S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES”, (JNQLA1 EXP Nº 470093/2012), venidos a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA BASOMBRÍO dijo:

 

I.- La sentencia de fs. 236/243, en lo que interesa, rechaza la demanda deducida contra el Estado Provincial, con costas.

 

La decisión es apelada por los actores en los términos que resultan del escrito de fs. 246/247 y cuyo traslado es respondido a fs. 250/253.

 

Con citas jurisprudenciales, la parte actora cuestiona el rechazo de la demanda contra la Provincia dado que considera que es de aplicación lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.

 

Asimismo, cuestiona la imposición de costas.

 

II.- Ingresando al tratamiento del agravio formulado en primer término y sin perjuicio de señalar la insuficiencia recursiva, ya que se limita a citar precedentes, lo cierto es que la postura esgrimida por el quejoso no tendrá andamiento atento lo dispuesto por la normativa vigente y la postura de la Sala en relación al tema.

 

Tal como sostuviéramos en la causa “GUEVARA IVANNA CARINA C/ CBS DE BARCELO CARLOS Y OTRO S/ DESPIDO DIRECTO POR OTRAS CAUSALES” , (Expte.Nº 469745/2012), del 21 de septiembre del 2.016:

 

En cuanto al segundo agravio y que postula la responsabilidad del Estado Provincial, tampoco tendrá andamiento.

 

Al respecto, he señalado en la causa “Bustamente” entre otras y que fuera confirmada por el Tribunal Superior de Justicia que:

 

Al respecto y sin perjuicio de la existencia de distintas posturas sobre el tema, soy partidario de que no puede aplicarse el artículo 30 a los entes estatales.

 

Así en un precedente con el cual concuerdo, expediente 946-CA-2 de la Sala I, y posteriormente en la Sala II al adherir al primer voto de la Dra. Osti de Esquivel, sostuvimos la improcedencia de aplicar el artículo 30 de la ley de contrato de trabajo a los entes públicos.

 

Así se sostuvo en el precedente de esta Sala y cuyos principios son enteramente aplicables al presente, bien que allí se aludiera a la Municipalidad, que:

 

“Entrando al análisis del agravio, el que claramente se dirige a cuestionar el rechazo de la acción contra la Municipalidad de Neuquén, entiendo correctamente aplicado por la a-quo el criterio de que al Estado no le alcanza la solidaridad del art. 30 de la L.C.T.” “Atento al modo que planteara el agravio el apelante, y en ocasión de adherir al voto del Dr. Silva Zambrano en los autos “RETAMAL, JOSE LUIS CONTRA GARBO SUR S.A Y OTRO S/ DESPIDO” (PS 2002 Nª 228 TªV Fª 985/995) sostuve: “. no procede la extensión solidaria de la responsabilidad del demandado principal, en autos a la Municipalidad del Neuquén, sobre la base de la norma del art. 30 LCT. Ello, porque esta norma no contempla el caso de las personas de derecho público como lo es la Municipalidad demandada (art. 33 inc. 1° CC) sino que, de conformidad con las disposiciones de los arts. 5, 29 y 31 de ese mismo Ordenamiento, ella se refiere al ámbito de las empresas privadas. Así lo ha definido la jurisprudencia de la CSN que estimo ha de ser necesariamente acatada por los tribunales inferiores.(Véase, Fernández Madrid, “Práctica Laboral”, p. 64, pto. 2.8.3, quien también da cuenta que a esta misma conclusión arriban las Salas V y I de la CNTr.).” “En igual sentido se ha pronunciado la SCBA: “No puede confundirse la adjudicación de un servicio público inherente al Régimen Municipal con la cesión, contratación o subcontratación del establecimiento o explotación a su nombre, presupuesto de aplicación de la norma del art. 30 de la ley 20.744” (SCBA, L 42096 S 15-8-89, Juez SALAS (SD) “Escudero, Pedro c/ Breke Argentina S.R.L.” s/ Despido; DJBA 137, 127 15-08-89 – AyS 1989-II, 846; MAG. VOTANTES: Salas – Rodriguez Villar – Negri – Cavagna Martínez – Laborde; SCBA, L 57605 S 24-9-96, Juez SALAS (SD); igualmente in re: “Parente, Amanda N. c/ Marta Alicia Gustossi S.A. y otros” s/ Indemnización por despido ; DJBA 151, 267 – TSS 1997, 31; MAG. VOTANTES: Salas-Negri-Pisano-Hitters-San Martín; Lex Doctor, voz:

 

“subcontratación solidaridad”, n°106).” “Amén de los fallos de la CNTr. traídos a colación por F. Madrid en la obra antes citada, en idéntico temperamento la sala VI de ese Tribunal ha dicho que:

 

“La Municipalidad de Buenos Aires no es sujeto de la ley de contrato de trabajo, art. 2 LCT, y no puede ser convertida en tal, por la vía indirecta del art. 30. Los contratistas de la obra pública son únicos responsables frente a sus propios trabajadores” (CNAT Sala 6, Sent.27-08-1991, Juez MORANDO – FERNANDEZ MADRID; LD, íd., n°47; “MAURO, FLAVIANO c/OMAR RIGO Y COMPAÑIA S.A”. s/DESPIDO; MAG. VOTANTES: MORANDO – FERNANDEZ MADRID).” Y en fin, en ese mismo orden de ideas ha sostenido la Sala V de ese Tribunal:

 

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció la imposibilidad de que se atribuya al Comando en Jefe del Ejército Argentino la responsabilidad solidaria, art.30 de la LCT, con respecto a la subcontratación del servicio de vigilancia realizado en beneficio de lugares estratégicos, tal como puede serlo la D.G.I” (CNAT Sala 5, Sentencia 30-06-1992, Juez LESCANO; “MEIRIÑO, ALDO c/ ANDES INVESTIGACIONES S.R.L”. s/ DESPIDO; MAG. VOTANTES: LESCANO – VACCARI – MORONI; LD, íd. n°61).” “Vale señalar que el antecedente que aquí invoco, fue asimismo evocado por el apelante, aunque citando un párrafo de la postura del Dr. García, quien finalmente quedara en minoría”.

 

“Respecto a la dogmática que el apelante le imputa al decisorio en crisis, es oportuno señalarle en esta instancia que la razón que sustenta esta postura radica primordialmente en que la actividad básica de la co-demandada es la administración y gobierno de la ciudad, lo cual supone la legitimidad de sus actos, rigiéndose su actividad por principios jurídicos propios y en ese marco no cabe presumir que incurre en el fraude a la ley que supone el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. En ese orden de ideas, tampoco se encuentra acreditado que la Municipalidad de Neuquén hubiera contratado con la demandada principal con finalidades fraudulentas”.

 

Por ello y la autorizada jurisprudencia a que se alude, sumado a la falta de nuevos argumentos que me lleven a variar la postura oportunamente sustentada, me inclino por rechazar el agravio considerado.

 

A su vez, en la causa citada y tal como señaló el Tribunal, sostuvo el 9 de febrero del 2.015:

 

Que, cuando se pretende responsabilizar a un ente público, se da una incompatibilidad jurídica que impide aplicar la Ley 20.744 porque dicha norma es inherente al ámbito privado ya que regula relaciones jurídicas entre personas privadas.

 

Que, las personas de derecho público tienen su propio ámbito de regulación, que no es precisamente el de la Ley de Contrato de Trabajo. Tampoco en este caso medió acto expreso que contemple su incorporación tal como lo establece el Art.2 de la citada norma.

 

Se reseñaron, entre otros, los antecedentes del Máximo Tribunal de la Nación que el 17 de septiembre de 2013, en la causa: “Gómez, Susana Gladis c/ Goleen Chef S.A. y otros s/ Despido” reafirmó su doctrina, al hacer lugar al recurso deducido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Allí se sostuvo, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es empleadora según el régimen de Contrato de Trabajo, salvo que por acto expreso se incluya a sus dependientes dentro de su ámbito, por lo que mal puede ser alcanzado por una responsabilidad que solo es inherente a esta clase de sujetos del contrato de trabajo (Arts. 2, inc. a, y 26). Y, en segundo lugar, que dicha regulación es incompatible con el régimen de derecho público (Art. 2°, párrafo 1°) a que se halla sujeta la apelante -doctrina de las causas “Conetta, Alberto Fernando y otros c/ Cañogal S.R.L. y otro” (Fallos: 308:1589); “Mónaco, Nicolás y otros c/ Cañogal S.R.L. y otro” (Fallos: 308:1591) y “Godoy, Epifania y otro c/ Breke S.R.L. y otro” (Fallos 314:1679)-.

 

Y, en la misma fecha, la C.S.J.N. adhirió al dictamen jurídico de la Procuradora Nacional y confirmó la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en cuanto rechazó la demanda contra el Estado nacional por aplicación del Art. 2 de la L.C.T. (Causa: “Monrroy; Elsa Alejandra c/ Infantes S.R.L.y otro”).

 

Puntualmente, en el sub-lite, la provincia del Neuquén se vinculó jurídicamente con la parte demandada -empleadora de las actoras y el actor- a través de un contrato de naturaleza administrativa, tal como surge del expediente administrativo que se encuentra agregado por cuerda.

 

Es decir, conforme la postura fijada por este Tribunal Superior en los citados precedentes, que es perfectamente aplicable a la situación fáctica de autos, el Estado provincial actuó en el caso como una persona de derecho público, en ejercicio de una potestad que le es inherente y dentro de la órbita del derecho administrativo.

 

Es que el Art. 30 de la L.C.T. contempla un sistema de solidaridad para aquellos sujetos alcanzados y obligados por la normativa general. Mas, el Art. 2° de la misma ley excluye del ámbito de aplicación a la Administración Pública provincial, como es el caso.

 

Por ello, y las razones que llevan a los tribunales a conformar sus decisiones a las sentencias de la Corte dictadas en casos similares (doctrina de Fallos: 307:1094; 321:2294 ; 326:1.138 entre otros), se compartió su doctrina en aquellos casos y se sostiene en éste.

 

Consecuentemente, al coincidir la solución brindada por la mayoría de los vocales de la Alzada con el criterio establecido en los citados Acuerdos 4/14, 8/14, y la unificación de jurisprudencia decidida en “Morales” (Ac.24/14) es que corresponde declarar la improcedencia de l recurso articulado y así, responder negativamente al primer punto que abre este Acuerdo, con lo que queda enervado el segundo.

 

Por las razones expuestas, es que el recurso no puede prosperar.

 

En cuanto a la imposición de costas, entiendo correcta la decisión del juez en función de la postura de la Sala y los precedentes citados que debieron ser tenidos en cuenta al demandar.

 

III.- Consiguientemente, propongo se confirme la sentencia apelada en todas sus partes, con costas de alzada a la actora perdidosa, debiendo regularse los honorarios de los profesionales intervinientes en base al artículo 15 de la ley 1.594.

 

La Dra. Patricia CLERICI dijo:

 

Si bien soy de la opinión que el art. 30 de la LCT resulta de aplicación en supuestos como el de autos y así lo he dicho expresamente (autos “Arellano Flores c/ Neteyer Servicios S.R.L.”, expte. n° 356.303/2007, P.S. 2012-IV, n° 119; “Bustamante c/ Gastronomía Neuquina S.R.L.”, P.S. 2011-III, n° 87), por entender que la norma del art. 2 de la LCT excluye a los dependientes de la administración pública, pero no a esta última, por lo que la exclusión del régimen de contrato de trabajo es del empleo público, pero no de los trabajadores de la contratista del Estado, el criterio sentado por el Tribunal Superior de Justicia provincial en la ya citada causa “Bustamante” (Acuerdo n° 2/2015 del registro de la Secretaría Civil), me obliga a rever mi postura.

 

En dicha causa, al igual que en otros antecedentes que se citan en el fallo y que son contemporáneos al mismo, el máximo tribunal de la Provincia sostuvo que la solidaridad establecida en el art. 30 de la LCT resulta inaplicable al Estado Provincial.

 

Consecuentemente, por razones de economía y celeridad procesales y sin perjuicio de la opinión personal de la suscripta, adhiero al voto del señor Vocal preopinante.

 

Por ello, esta Sala II RESUELVE:

 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 236/243 en todas sus partes.

 

II.- Imponer las costas de Alzada a la parte actora (art. 68 CPCyC).

 

III.- Regular los honorarios de los letrados intervinientes en segunda instancia en el 30% de la suma que por igual concepto, se fije para cada uno de ellos por su actuación en la instancia de grado (art. 15 de la ley 1594).

 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen.

 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO –

 

Dra. PATRICIA CLERICI

 

Dra. MICAELA ROSALES –

 

Secretaria