Las diligencias preliminares: Importancia y utilidad en la preparación del proceso de conocimiento en materia laboral

Autor: Suárez, Paulo I.

Fecha: 22-sep-2017

Cita: MJ-DOC-12007-AR | MJD12007

Sumario:

I. Introducción. II. Concepto. Distinción con las medidas de prueba anticipada. Caracterización. III. Carácter No Taxativo De Las Diligencias Preliminares. IV. Aplicación supletoria al procedimiento judicial laboral. Diferentes supuestos de fraude laboral: El fraude societario laboral. Fraude por interposición y mediación de personas. Subcontratación y delegación. Empresas subordinadas y relacionadas.

Doctrina:

Por Paulo I. Suárez (*)

I. INTRODUCCIÓN

Siguiendo a Enrique Lino Palacio (1), podemos definir al «proceso de conocimiento» como aquel que tiene como objeto una pretensión tendiente a que el órgano jurisdiccional interviniente dilucide y declare, mediante la aplicación de las normas pertinentes a los hechos planteados y (eventualmente) discutidos, el contenido y alcance de la situación jurídica existente entre las partes, con el efecto de declarar la certeza acerca de la existencia, o inexistencia, del derecho reclamado por el actor, declaración que requiere, por parte del órgano decisor, una «actividad cognoscitiva» tendiente a valorar los elementos de juicio que las partes incorporan al proceso mediante sus alegaciones y pruebas.

Tal actividad resulta indispensable en la medida en que, a diferencia de lo que ocurre en los procesos de ejecución, en la base del proceso de conocimiento existe una «incertidumbre jurídica inicial» que es menester disipar a través del contradictorio.

El proceso de conocimiento, así definido, del cual el proceso laboral constituye una de sus clases o modalidades, consta básicamente de tres etapas, a saber:

1. La etapa «introductiva o introductoria», que comienza con la interposición de la demanda.

2. La etapa «probatoria», que tiene lugar cuando hubiera hechos conducentes alegados por las partes respecto de los cuales no hubiera conformidad entre aquellas y que se inicia con el denominado auto de apertura a prueba.

3. La etapa «decisoria», que principia con el llamamiento de autos para sentencia y finaliza, precisamente, con el dictado de la sentencia judicial correspondiente.

Sin embargo, como ha sido expuesto, el proceso de conocimiento -y el procedimiento judicial laboral constituye precisamente una clase de proceso de conocimiento- tiene en su base una situación de incertidumbre jurídica «ab ibnitio» que debe disiparse mediante las alegaciones y pruebas ofrecidas por las partes, con plena vigencia del principio contradictorio, pues este último hace al contenido del derecho de defensa en juicio de la persona y de sus derechos (art.18 de la CN).

Ello así, es dable destacar, en cuanto constituyen herramientas legales útiles para las futuras partes, que el proceso de conocimiento puede prepararse mediante las denominadas «diligencias preliminares o preparatorias», reguladas expresamente por el art. 323 y ss. del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires (en adelante, CPCCBs.As.) como también por el art. 323 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (en adelante, CPCCN), aplicables supletoriamente al procedimiento laboral nacional y de la provincia de Buenos Aires.

Mediante ellas, los interesados -el interés es el fundamento de la acción, según recordaba R. von Ihering- procuran generalmente preparar adecuadamente ese proceso, posibilitándose así que por intermedio de las diligencias preliminares tanto quien pretenda demandar (futura parte actora) como quien prevea, será demandado («futura parte accionada») pueda muñirse de cierta información o conocimientos que le permitirán «constituir regularmente el proceso, fijando inequívocamente la legitimación, y de ese modo arribar a una correcta integración de la litis» que, de lo contrario, podría dar lugar a futuras nulidades, excepciones procesales y, eventualmente, a la pérdida del litigio.

De particular utilidad e importancia resultan las diligencias preliminares en el fuero laboral para el trabajador en miras a preparar el proceso de conocimiento ante supuestos de trabajo no registrado o incorrectamente registrado, y frente a los casos denominados supuestos de fraude laboral, como ser el «fraude laboral societario» (donde se realiza un abuso ilegal y extrasocietario de la personalidad jurídica de una sociedad mercantil usualmente manifiestamente insolvente y que pretende limitar su responsabilidad al patrimonio de la firma, generalmente insuficiente, y que es distinto del patrimonio propio de cada uno de los socios que la integran y de sus administradores); también resultan de utilidad en las hipótesis de hecho de «fraude laboral por intermediación y mediación de personas» (art. 29 de la LCT), los casos de «subcontratación y delegación» previstos por el art.30 de la LCT y de «empresas subordinadas y relacionadas» (art. 31 de la LCT).

A continuación, se realiza una conceptualización y caracterización general de las denominadas diligencias preliminares para, luego, analizar su utilidad para el trabajador dependiente en la preparación de una demanda laboral en aquellos supuestos de trabajo no registrado o incorrectamente registrado y frente a los casos de fraude laboral mencionados ut supra, en particular en los supuestos en los cuales ciertas sociedades comerciales, usualmente insolventes o con escasísimo patrimonio societario, pretenden consolidar supuestos de fraude laboral oponiendo la personalidad jurídica de la empresa y la limitación de su responsabilidad al patrimonio de la firma, manifiestamente insuficiente y / o insolvente, lo que dificulta extremadamente el cobro de los créditos laborales.

II. CONCEPTO. DISTINCIÓN CON LAS MEDIDAS DE PRUEBA ANTICIPADA. CARACTERIZACIÓN

1. Concepto

Podemos conceptualizar a las denominadas «diligencias preliminares o preparatorias» como aquellas decisiones jurisdiccionales que permiten a quien pretenda demandar, o bien a quien fundadamente prevé será demandado, obtener conocimientos y / o informaciones de las que no podría hacerse sin la intervención de un Juez, ello siempre con el fin y objeto de constituir regular y adecuadamente el proceso, de modo previo a la traba de la litis, y siempre y cuando no revelen el propósito de muñirse el futuro actor o demandado con pruebas que deben ser procuradas en el período instructorio y de conocimiento, con plena vigencia del contradictorio, o bien si se las solicitara con el propósito de formular un cálculo de probabilidades acerca del buen éxito del futuro juicio.

Lino Enrique Palacio las define diciendo lo siguiente: «Las medidas preparatorias tienen por objeto asegurar a las partes la posibilidad de plantear sus alegaciones en la forma más precisa y eficaz.Persiguen, esencialmente, la determinación de la legitimación procesal de quienes han de intervenir en el proceso, o la comprobación de ciertas circunstancias cuyo conocimiento es imprescindible, o manifiestamente ventajoso desde el punto de vista de la economía procesal, para fundar una eventual presentación en juicio» (2).

En la misma inteligencia, Morello-Pazzi, Lanza-Sosa y Berizonce acertadamente señalan que su objeto substancial consiste en «fijar inequívocamente la legitimación, evitando así el defecto en la traba de la relación procesal» (3).

2. Distinción con las medidas de prueba anticipada

Ello las distingue claramente de la denominada «prueba anticipada» o «medidas de prueba anticipada», las que sólo resultan procedentes cuando quienes sean o fueran a ser parte en un proceso de conocimiento tuvieran motivos suficientemente justificados para temer que la producción de sus pruebas que hacen al derecho de defensa en juicio pudieran resultar de imposible o muy dificultosa producción en el período de prueba.

Como señaló acertadamente Sentís Melendo, las medidas de prueba anticipada constituyen verdaderas medidas conservatorias que, sin ser indispensables para el planteamiento ni para el desarrollo del proceso, «tienen en cambio por finalidad asegurar o conservar elementos probatorios que más tarde se utilizarán y que sin ella se perderían» (4).

3. Características de las diligencias preliminares

Conforme la definición y generalidades que distinguen a las diligencias preliminares, y a su vez la clara diferenciación efectuada respecto de las medidas de prueba anticipada, podemos señalar como características principales de las primeras las siguientes, a saber:

A. Son previas a la constitución del proceso de conocimiento, el que -hemos dicho- se inicia con la interposición de la demanda.

B. No son introductivas de la instancia principal, por lo que no producen estado jurídico de litispendencia.

C. No fijan ni determinan la competencia del Juez interviniente en la producción y diligenciamiento de las mismas.

D.No constituyen medidas probatorias, sino que solo tienen como objeto y finalidad la determinación inequívoca de las legitimaciones activa y pasiva, evitando defectos en la traba de la «litis» al efectuar el traslado pertinente de la demanda si el proceso judicial fuera efectivamente promovido.

III. CARÁCTER NO TAXATIVO DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES

Los arts. 323 de los Códigos de Rito en materia civil y comercial tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Nación efectúan una enumeración de las diferentes medidas preliminares factibles de solicitar judicialmente.

En este sentido, el art. 323 del CPCCN dispone lo siguiente:

«Enumeración. Caducidad».

Art. 323: «El proceso de conocimiento podrá prepararse pidiendo el que pretenda demandar, o quien, con fundamento prevea que será demandado»:

»1. Que la persona contra quien se proponga dirigir la demanda preste declaración jurada, por escrito y dentro del plazo que fije el juez, sobre algún hecho relativo a su personalidad, sin cuya comprobación no pueda entrarse en juicio».

»2. Que se exhiba la cosa mueble que haya de pedirse por acción real, sin perjuicio de su depósito o de la medida precautoria que corresponda».

»3. Que se exhiba un testamento cuando el solicitante se crea heredero, coheredero o legatario, si no puede obtenerlo sin recurrir a la justicia».

»4. Que en caso de evicción, el enajenante o adquirente exhiba los títulos u otros instrumentos referentes a la cosa vendida».

»5. Que el socio o comunero o quien tenga en su poder los documentos de la sociedad o comunidad, los presente o exhiba».

»6. Que la persona que haya de ser demandada por rei vindicación u otra acción que exija conocer el carácter en cuya virtud ocupa la cosa objeto del juicio a promover, exprese a qué título la tiene».

»7. Que se nombre tutor o curador para el juicio de que se trate».

»8. Que si el eventual demandado tuviere que ausentarse del país, constituya domicilio dentro de los “cinco”(5) días de notificado, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 41».

»9.Que se practique una mensura judicial.

»10. Que se cite para el reconocimiento de la obligación de rendir cuentas».

»11. Que se practique reconocimiento de mercaderías, en los términos del artículo 782 . Salvo en los casos de los incisos 9, 10 y 11, y del artículo 326 , no podrán invocarse las diligencias decretadas a pedido de quien pretende demandar, si no se dedujere la demanda dentro de los “treinta” (30) días de su realización».

»Si el reconocimiento a que se refieren el inciso 1 y el artículo 324 fuere ficto, el plazo correrá desde que la resolución que lo declare hubiere quedado firme».

Por su parte, el art. 323 del CPCCBs.As. dispone lo siguiente:

«Diligencias preliminares»

Art. 323: «Enumeración. El proceso de conocimiento podrá prepararse pidiendo el que pretenda demandar, o quien, con fundamento, prevea que será demandado»:

»1. Que la persona contra quien se proponga dirigir la demanda preste declaración jurada, por escrito y dentro del plazo que fije el juez, sobre algún hecho relativo a su personalidad, sin cuya comprobación no pueda entrarse en juicio».

»2. Que se exhiba la cosa mueble que haya de pedirse por acción real, sin perjuicio de su depósito o de la medida precautoria que corresponda».

»3. Que se exhiba un testamento cuando el solicitante se crea heredero, coheredero o legatario, si no pudiera obtenerlo sin recurrir a la justicia».

»4. Que, en caso de evicción, el enajenante o adquirente exhiba los títulos u otros instrumentos referentes a la cosa vendida».

»5. Que el socio o comunero o quien tenga en su poder los documentos de la sociedad o comunidad, los presente o exhiba».

»6. Que la persona que haya de ser demandada por reivindicación u otra acción que exija conocer el carácter en cuya virtud ocupa la cosa objeto del juicio a promover, exprese a qué título la tiene».

»7. Que se nombre tutor o curador para el juicio de que se trate.

»8.Que si el eventual demandado tuviere que ausentarse del país, constituya domicilio dentro de los cinco días de notificado, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 41».

»9. Que se practique una mensura judicial».

»10. Que se cite para el reconocimiento de la obligación de rendir cuentas».

»La absolución de posiciones podrá pedirse únicamente en proceso ya iniciado».

Como puede apreciarse, de la simple lectura de las diferentes hipótesis de diligencias preliminares contempladas legalmente, cada una de ellas se refiere ejemplificativamente a diferentes tipos de procesos judiciales según su objeto, a diferentes materias objeto de un futuro proceso judicial que se pretenda preparar de modo previo a la interposición de la demanda.

Es por ello por lo que, con criterio acertado, la doctrina y jurisprudencia argentinas son unánimes en sostener que la enumeración de las medidas preliminares citada «no reviste carácter taxativo», lo que constituye a su vez otra diferencia esencial con las medidas de prueba anticipada.

En esta inteligencia, desde antaño se ha sostenido que «cabe distinguir entre las diligencias que tienen por objeto determinar y establecer las características del litigio, y que sirven para preparar el proceso; y las que sin ser indispensables para el planteamiento ni el desarrollo del proceso, tienen por finalidad asegurar o conservar elementos probatorios que más tarde se utilizarán y que sin ellas se perderían».

»La enumeración de las medidas preparatorias no tiene carácter taxativo, y proceden todas las veces que con ello no se cause agravio a la contraparte».

»Las medidas conservatorias tienen carácter taxativo, desde que solo por excepción se deben admitir pruebas fuera de la oportunidad correspondiente» (5).

En el mismo sentido, Morello-Pazzi, Lanza-Sosa y Berizonce Señalan lo siguiente:«… se ha resuelto asimismo que en lo que concierne a las medidas preliminares que tienen por objeto determinar y establecer las características del proceso, es aconsejable un criterio amplio de admisión, desde que no está en juego la igualdad de los contendientes, ni se dificulta el control de la prueba de los hechos, ni se allegan elementos fuera de tiempo» (6).

Ello resulta de fundamental importancia, pues permitirá a quien pretenda demandar, o bien a quien prevea fundadamente será demandado, «una considerable amplitud de criterio al solicitar las diligencias preliminares que considere oportunas para preparar el proceso de conocimiento según las características particulares de cada caso concreto», y de este modo hacerse con los conocimientos e informaciones que le permitirán, en palabras de Augusto Morello, fijar inequívocamente la legitimación y evitar defectos en la traba de la relación procesal, que eventualmente podrían aparejar como consecuencia la pérdida del litigio y la frustración del derecho reclamado.

IV. APLICACIÓN SUPLETORIA AL PROCEDIMIENTO JUDICIAL LABORAL. DIFERENTES SUPUESTOS DE FRAUDE LABORAL: EL FRAUDE LABORAL SOCIETARIO. FRAUDE POR INTERPOSICIÓN Y MEDIACIÓN DE PERSONAS. SUBCONTRATACIÓN Y DELEGACIÓN. EMPRESAS SUBORDINADAS Y RELACIONADAS

1. La inmensa mayoría de los litigios laborales que tramitan por ante la Justicia Nacional y Provincial del Trabajo son supuestos de falta absoluta de registración laboral o bien de incorrecta registración.Esto último tanto en lo relativo a la verdadera fecha de ingreso del trabajador, su jornada de trabajo, remuneración efectivamente percibida u otros datos de la relación de dependencia.

Ello se debe a -o más bien es su consecuencia directa- que efectivamente, alrededor del 50% de la clase trabajadora perteneciente al sector privado no se encuentra registrada en lo que hace al contrato o relación de trabajo que los vincula con su empleador y, aquellos que se sí encuentran registrados, en su inmensa mayoría lo están de modo deficiente (7).

Dada esta situación de hecho, denominada comúnmente «precarización laboral», en muchos casos el cobro del crédito del trabajador se torna ilusorio o muy dificultoso debido al denominado «fraude laboral societario», supuesto en el cual las empresas empleadoras resultan insolventes en lo relativo al patrimonio propio de la sociedad comercial, distinto del patrimonio particular de los socios que la integran, de sus gerentes y administradores. De este modo, resulta común que se utilicen las figuras societarias de responsabilidad limitada para cometer fraudes laborales y, de este modo, desconocer los derechos del trabajador dependiente o bien, evitar el pago de los créditos laborales pretendiendo interponer la personalidad de la persona jurídica y su limitación de responsabilidad al patrimonio de la firma.

2. Que, si bien este tipo de fraudes laborales ha sido resuelto primero jurisprudencialmente por aplicación de la doctrina de la «inoponibilidad de la personalidad jurídica» o del «corrimiento del velo de la personalidad jurídica», la que fue aplicada desde antiguo por todos los tribunales de nuestro país, como remedio eficaz para poner coto a la utilización de sociedades con fines fraudulentos y / o extrasocietarios, y luego por aplicación de los arts.54 , 59 y 247 de la Ley de Sociedades Comerciales, haciendo extensiva la responsabilidad en los casos de trabajo no registrado o incorrectamente registrado de «modo ilimitado y solidario», tanto a los socios como a los gerentes y administradores de la empresas, cabe aquí resaltar la importancia y utilidad de las diligencias preliminares en materia laboral a la hora de preparar el proceso de conocimiento con la interposición de la demanda.

En efecto, por intermedio de ellas, se podrá solicitar a la jurisdicción una serie de medidas preparatorias con el objeto de obtener información y a fin de conocer, entre otras circunstancias, las siguientes, a saber:

A. El estado patrimonial de la sociedad comercial o establecimiento industrial y la conformación de su patrimonio.

B. La identidad de los socios y / o accionistas que la integran.

C. La identidad de los socios controladores, gerentes y administradores.

D. Conocer si hubo intermediación o mediación de personas (art. 29 de la LCT).

E. Conocer si el establecimiento comercial o industrial ha sido cedido a otra persona y, en este supuesto, fecha de la cesión y a qué persona, sea física o jurídica, fue cedida, o bien la identidad de la persona cedente (art. 30 de la LCT).

F. La existencia de empresas subordinadas o relacionadas (art.31 de la LCT).

De este modo, tanto el intercambio epistolar y las intimaciones mediante Telegrama Ley 23.789 (conocido como «Telegrama Obrero»), aspecto esencial del juicio laboral por cuanto la jurisprudencia laboral es conteste en señalar que no puede condenarse al pago de créditos laborales a quien no fuera debidamente intimado, como también, fundamentalmente, la propia demanda laboral, será dirigida contra todos aquellos responsables solidarios e ilimitados que deben responder con su propio patrimonio de modo solidario e ilimitado, frente a los casos de fraude laboral, fijando así inequívocamente la legitimación pasiva, integrando correctamente la «litis» y principalmente obteniendo mayores posibilidades de éxito en el cobro de los créditos laborales, los que, como es conteste la doctrina y jurisprudencia en afirmar, poseen carácter alimentario.

Las diligencias preliminares, poco utilizadas en el fuero laboral, se constituyen, así, como una herramienta procesal esencial para hacer valer y otorgar plena vigencia a la numerosa legislación que se viene sancionando desde hace años para combati r la precarización laboral.

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(1) PALACIO, Lino E.: Manual de Derecho Procesal Civil, 17.a ed., Buenos Aires, Lexis Nexis – Abeledo Perrot, 2003, p. 337 y ss.

(2) Ibídem. PALACIO, Lino E.: Manual de., p. 343.

(3) MORELLO-PAZZI LANZA-SOSA-BERIZONCE: Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Comentados y Anotados, t. 4. S. l., Platense-La Plata y Abeledo Perrot, 1972, p. 198.

(4) SENTÍS MELENDO: Revista de Derecho Procesal. Buenos Aires, s. e., 1943, 2da parte, p. 268, N.º 13; La Ley, v. 71, p. 110.

(5) SENTÍS MELENDO: Revista de Derecho Procesal, 1943, 2.a parte, p. 268, N.º 13).

(6) MORELLO-PAZZI, LANZA, y SOSA-BERIZONCE: en «Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Comentados y Anotados», op. cit., p. 203.

(7) SIAJ: ID DACF070024, RAMOS, Santiago J.: «Teoría de la desestimación de la Persona Jurídica, arts. 54, 59 y 274 de la Ley de Sociedades. Aplicación a casos laborales», 2007.

(*) Abogado, UBA.