Responsabilidad por el accidente sufrido por la actora al caer de la escalera que comunica al shopping con el ingreso al andén del subterráneo

Partes: Tortora María Elisa c/ Metrovías S.A. Y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: D

Fecha: 1-nov-2017

Cita: MJ-JU-M-107820-AR | MJJ107820 | MJJ107820

Responsabilidad del centro comercial y de la empresa de subterráneos codemandadas por el accidente sufrido por la actora al caer de la escalera que comunica al shopping con el ingreso al andén. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde responsabilizar al shopping demandado y a la empresa de subterráneos, por el accidente sufrido por la actora en la escalera que comunica al centro comercial con el ingreso al andén, pues resulta clara la responsabilidad de los mismos por no contar con los medios necesarios para prestar un servicio útil a los fines pertinentes, dado que ambos deben ofrecer entradas y salidas adecuadas, eficientes y debe contar con personal idóneo para cubrir esos menesteres y una escalera debe permitir a los visitantes subir o bajar con un mínimo de comodidad y seguridad.-

2.-La empresa de transporte subterráneo no puede desligarse de sus facultades de contralor y mantenimiento de la escalera en la que se accidentó la actora habida cuenta de la especialización del servicio que presta y del acceso que se trata, y por la necesidad de garantizar la seguridad, ya que se trata de una empresa con fines de lucro que obtiene un provecho económico con el acceso en cuestión, sin perjuicio la ‘escalera fija’ que se comunica con el referido centro comercial se encuentra ubicada fuera del área operativa de la empresa de transporte subterráneo.

3.-Por tratarse de un caso de responsabilidad objetiva, eran las demandadas quienes debían acercar a la causa toda la prueba conducente a los fines de exonerarse de responsabilidad; y para ello es necesario que se acredite que el daño aconteció por el hecho de la víctima, por el hecho de un tercero por quien el dueño o guardián no deban responder, o bien por el casus genérico legislado en los artículos 513 y 514 del CCiv.

4.-La relación entre el centro comercial, la empresa de subterráneos y quien transitaba en la escalera que los comunicaba y se accidentó, es una típica relación de consumo; y la actora revestía la calidad de usuaria, ya que se trata de una relación jurídica entre un particular- la actora-, consumidor o usuario, y un centro comercial y empresa de transportes-las codemandadas- , las que además de proveer bienes y/o servicios, asumen una obligación accesoria de seguridad frente a su cliente, ello se desprende tácitamente de lo dispuesto por el art. 1198 del Cciv. y de las previsiones de la Ley 24.240 de defensa del consumidor (con las modificaciones de la ley 23.361), que torna operativa la protección otorgada por el art. 42 de la CN.

5.-El ingreso al espacio comercial concluye en la configuración de un contrato entre el cliente y el responsable del mismo (cfr. arts. 1137 , 1144 , 1145 , 1146 , 1148 y cc. del Cciv.) que conlleva la prestación accesoria derivada de la actividad comercial de la que se desprende un deber de seguridad objetivo, según la buena fe que impone el art. 1198 del CCiv.

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 1 días del mes de noviembre de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil, Sala “D”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados “TORTORA MARÍA ELISA C/METRO VÍAS S.A. Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores Patricia Barbieri y Osvaldo Onofre Álvarez.

A la cuestión propuesta la doctora Patricia Barbieri, dijo:

I.-Contra la sentencia obrante a fs. 553/564 se alza la parte actora, que esboza sus quejas a fs. 601/605, la co-accionada que vierte sus agravios a fs. 606/614, la citada en garantía “ACE SEGUROS S.A” que presenta sus fundamentos a fs. 615/620, y por último, “IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A” que funda su recurso a fs. 621/624.- Corridos los traslados de ley pertinentes, los mismos han sido contestados a fs. 626/633, 634/635, 637/638 respectivamente.- Con el consentimiento del auto de fs. 643 quedaron los presentes en estado de resolver.El decisorio de la anterior instancia: Hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la Sra.María Elisa Tórtora contra “Metrovías S.A” y “Alto Palermo S.A” (hoy Irsa Propiedades Comerciales S.A”), condenando a estos últimos en forma concurrente y a la aseguradora “ACE SEGUROS S.A” (en la medida del seguro) a abonarle a la parte actora la suma de pesos noventa y cinco mil seiscientos ($95.600), con más sus intereses y costas del proceso.Por último, reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

II.- Preliminarmente es dable rememorar que los jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en todos los planteamientos, ni evaluar la totalidad de los elementos probatorios agregados al expediente sino que sólo deben hacer mérito de aquéllos que crean conducentes y de las articulaciones que juzguen valederas para la resolución de la litis. (C.S.J.N. Fallos 258: 304; 262:222; 272: 225; 278:271 y 291: 390 y otros más).Asimismo, corresponde destacar que en el terreno de la apreciación de la prueba, el juzgador puede inclinarse por lo que le merece mayor fe en concordancia con los demás elementos de mérito que puedan obrar en el expediente, siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado.

III.- RESPONSABILIDAD:

a) Metrovías S.A esboza sus quejas a fs. 606/611 vta. por encontrarse disconforme con la condena establecida en su contra.Aduce que el anterior magistrado atribuyó responsabilidad a su parte por el estado de una escalera de propiedad y guarda de “IRSA”, efectuando consideraciones despectivas hacia su poderdante y echando mano a un “NO” fundamento que descalifica su decisorio. Recuerda que su parte interpuso excepción de falta de legitimación pasiva al contestar la presente acción, puesto que la escalera donde se accidentó la demandante no integra los bienes dados en concesión al servicio subterráneo. Asegura que su poderdante acreditó fehacientemente dicho extremo con la pericial contable y con la contestación de oficio efectuada por la C.N.R.T.y de donde se desprende que la escalera donde la actora dijo haberse caído se encuentra ubicada fuera del área operativa del transporte de subterráneos. Destaca la ausencia de registro del siniestro en el libro de “Metrovías S.A” y el suceso que la actora fuera trasladada desde el Shopping Alto Palermo hasta el Hospital Fernández, circunstancias que a su entender no hacen más que confirmar la falta de legitimación pasiva de la acción dirigida hacia su parte.Luego de ello, establece que según las constancias colectadas en los presentes actuados, el mantenimiento y guarda de la escalera relacionada con el accidente de autos se encuentra en cabeza de la empresa IRSA, por lo que existe ausencia de acción u omisión ilícita de su parte en el evento ventilado.- A modo de conclusión, asegura que resultó suficientemente claro que al no existir relación jurídica alguna entre la parte actora y su mandante, en la que pueda basarse su demanda, carece su poderdante de legitimación procesal para ser accionado y por lo tanto condenado.En su virtud, requiere la revocación del fallo cuestionado en cuanto ha sido motivo de agravio y apelación.b) ACE SEGUROS S.A, por su lado, se alza por considerar que incumbía a la reclamante demostrar el riesgo o vicio de la cosa inerte a la que atribuye haber provocado el hecho dañoso. Pese a ello, asegura que ninguna prueba permite admitir que el episodio se pudo haber producido por una supuesta superficie resbaladiza.

Afirma que fue la propia actora quien actuó con desatención y quien debe cargar con la íntegra responsabilidad del hecho y de sus consecuencias.Descalifica, asimismo, la declaración de la única testigo que brindó su deposición en autos. Solicita, en definitiva, la revocación del pronunciamiento en crisis.c) Por último, “IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A” (continuadora de Alto Palermo S.A), funda su recurso a fs.621/624 por encontrarse discrepante con la condena establecida hacia su parte.Dice causarle agravio que en la sentencia se haya atribuido a su representada la responsabilidad por el suceso debatido en autos, cuando el daño se debió al hecho de la propia victima, es decir, a su caída, cuando la escalera por donde transitaba cumplía con las normas de seguridad que exigía el entonces vigente Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. A los efectos de brindarle sustento a sus pretensiones recursivas, rememora las declaraciones efectuadas por la Sra. Patricia Laura Farinotto para luego afirmar que aquella se tiñe de parcialidad atento la amistad que la testigo reconoció con la hija de la acccionante.Aduce, por otro lado, que en el informe presentado por el perito no se advierten elementos objetivos que permitan atribuirle responsabilidad alguna a su mandante pues el experto dejó constancia que a lo largo de toda la escalera existen barandas, como así también que el revestimiento de cada uno de los escalones es un “símil mármol o granito de color gris y contextura rústica”.Requiere, en su virtud, el rechazó de la acción presentada, con costas a la contraria.

d) Por tratarse de un caso de responsabilidad objetiva, eran las demandadas quienes debían acercar a la causa toda la prueba conducente a los fines de exonerarse de responsabilidad; y para ello es necesario que se acredite que el daño aconteció por el hecho de la víctima, por el hecho de un tercero por quien el dueño o guardián no deban responder, o bien por el “casus” genérico legislado en los artículos 513 y 514 del Código Civil (conf.esta Sala en autos N° 45.938/00 de fecha 11-3-03).

Sin perjuicio de ello, e independientemente de que la responsabilidad en un caso como en el de autos sea de orden contractual o extracontractual, no cabe dudas que la relación entre las co-demandadas y quien transitaba dentro del lugar denunciado es una típica relación de consumo; y la actora revestía la calidad de usuaria.

Resulta apropiado recordar, entonces, que el propio artículo 42 de la Constitución Nacional adopta esta expresión de “relación de consumo” para evitar circunscribirse a lo contractual y referirse con una visión más amplia a todas las circunstancias que rodean o se refieren o constituyen un antecedente o son una consecuencia de la actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y servicios para destino final de los consumidores y usuarios. La cuestión debatida en autos, resulta ser una relación jurídica entre un particular- la actora-, consumidor o usuario, y un centro comercial y empresa de transportes-las codemandadas- , las que además de proveer bienes y/o servicios, asumen una obligación accesoria de seguridad frente a su cliente. Ello se desprende tácitamente de lo dispuesto por el artículo 1.198 del Código Civil y de las previsiones de la ley 24.240 de defensa del consumidor (con las modificaciones de la ley 23.361), que torna operativa la protección otorgada por el artículo 42 de la Constitución Nacional.

Se ha sostenido que el ingreso al espacio comercial concluye en la configuración de un contrato entre el cliente y el responsable del mismo (cfr. Artículos 1137, 1144, 1145, 1146, 1148 y concordantes del Código Civil) que conlleva la prestación accesoria derivada de la actividad comercial de la que se desprende un deber de seguridad objetivo, según la buena fe que impone el art. 1.198 del Código Civil (conf. esta Sala Expedientes N° 63.666, 63.332 y sus citas) (conf. CNCiv, Sala “L”, de fecha 06/03/2008, partes “Fernández, Alfredo Daniel c.Easy Cencosud S.A” , publ. en La Ley 18/06/2008 con nota de Federico M. Álvarez Larrondo 18/06/2008 La Ley 18/06/2008, 818/06/2008 La LA LEY 2008- D con nota de Federico M. Álvarez Larrondo La Ley 2008-D, 58 RC y S2008, 937).

La obligación de seguridad asumida por la co-demandadas, exigía que el usuario o consumidor pudiera hacer uso de las instalaciones y retirarse de las mismas sin daño alguno. Es que conforme la normativa citada precedentemente, les compete a las codemandadas asumir todas las medidas necesarias a fin de resguardar la seguridad de los usuarios en dicho acceso/egreso.

A mayor abundamiento la jurisprudencia ha entendido que velar por el desenvolvimiento regular de la circulación en los corredores no es una obligación accesoria, extraña a la empresa, sino muy propia de la índole del servicio. El deber de custodia es lo suficientemente amplio como para abarcar en su contenido prestaciones tales como la vigilancia permanente, la remoción inmediata de obstáculos o elementos extraños, el control ininterrumpido de los mecanismos y toda otra medida que dentro del deber de custodia pueda caber a los efectos de resguardar la seguridad, el medio ambiente, la estructura y fluidez de la circulación. Además, con la ley 24.240 (modificada p or la ley 26.361 sancionada el 12/3/2008) y usuarios se concreta en nuestro sistema un nuevo criterio general de derecho, que es el principio de protección del consumidor.- Reza el artículo 1 de la mencionada norma “.Sustitúyese el texto del artículo 1° de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente: Objeto. Consumidor. Equiparación.La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social…”. Y a ello se agrega la reforma constitucional de 1994, con la cual el principio obtiene primera jerarquía al quedar categóricamente incorporado al artículo 42 de la ley suprema. (conf. CNCiv, -Sala “F” Expediente N° F369542 del 17/09/03, voto de la Sra. Juez de Cámara Dra. Elena HIGHTON DE NOLASCO en autos “Torres, Erica Fabiana c/Coto Cicsa y otro s/Ds y Ps” el Dial- AE1E10).-

Ahora bien, la necesaria conexión que debe existir entre la acción humana y el resultado dañoso producido como en el caso de marras, constituye uno de los presupuestos indispensables de responsabilidad civil, dado que la relación de causalidad en el derecho de daños tiene un papel protagónico; y la relación causal que debe existir entre la acción y el daño, se puede ver alcanzada por la presencia de factores extraños, con idoneidad para suprimir o aminorar sus efectos, en cuyo caso se configura la interrupción del nexo causal o la concausa.

Así, la causa material del menoscabo se desplaza hacia otro centro de imputación, exclusivo o concurrente: el hecho de la propia víctima (tal como fuera denunciado en el caso a estudio por la demandada), de un tercero extraño, o el caso fortuito (Pizarro, Ramón D., Causalidad adecuada y factores extraños”, en “Derecho de daños en homenaje al Dr. Mosset Iturraspe”, Buenos Aires, 1989, p.255/302; Goldenberg, Isidoro H., “La relación de causalidad en la responsabilidad civil”, Buenos Aires, 1984, p.16).

e) De la compulsa de los actuados y la prueba producida surge claramente la ocurrencia del hecho dañoso (v. declaración testimonialde fs. 308/309) y las deficiencias que presentaba la escalera en cuestión (v. dictamen pericial presentado a fs.395/418).-

No paso por alto el pedido de aclaraciones que efectuará Alto Palermo S.A a la pericia de autos ( v.fs. 425/426) ni el cuestionamiento que efectuarán las partes al testimonio brindado por la única atestiguante que diera su concurso en estas actuaciones, sin perjuicio de lo cual, entiendo que ninguno de los fundamentos esbozados logran conmover ni las conclusiones explicitadas por el conocedor interviniente ni los dichos de la declarante referida “ut supra”.

Adviértase, por otro lado, que las accionadas no han producido prueba alguna que desvirtúe la recolectada en el presente proceso y que acredite-en definitiva- la culpa de víctima como eximente de responsabilidad.

Siendo así las cosas, debo destacar que un centro comercial y una empresa de transporte como las co-accionadas, en el que se mueven miles de personas, debe ofrecer entradas y salidas adecuadas, eficientes y debe contar con personal idóneo para cubrir esos menesteres. Una escalera debe permitir a los visitantes subir o bajar con un mínimo de comodidad y seguridad. Por lo tanto, si la cliente se accidentó al intentar utilizar uno de los medios de egreso del Shopping “Alto Palermo S.A” e ingreso al andén de la estación “Bulnes” de la línea “D” del Subterráneo que explota “Metrovías S.A”, resulta clara la responsabilidad de los mismos por no contar con los medios necesarios para prestar un servicio útil a los fines pertinentes. La empresa de transporte no puede desligarse de sus facultades de contralor y mantenimiento habida cuenta de la especialización del servicio que presta y del acceso que se trata, y por la necesidad de garantizar la seguridad.

Es dable enfatizar que se trata de una empresa con fines de lucro que obtiene un provecho económico con el acceso en cuestión.- No obsta a la solución propuesta que la “escalera fija” que se comunica con el referido centro comercial se encuentra ubicada fuera del área operativa de la empresa de transporte subterráneo (v.fs.320) atento la normativa aplicable al caso y que fuera citada “ut supra”.

A mayor abundamiento, fíjese que las afirmaciones que efectúa la quejosa (Metrovías S.A) en el libelo presentado por ante esta alzada no encuentran soporte en ningún medio probatorio desplegado en autos, siendo meras manifestaciones subjetivas y propias de la recurrente, por lo que las quejas vertidas deben ser rechazadas.-

En virtud de todo ello es que propongo al acuerdo la confirmación del fallo recurrido sobre el particular.

IV.- INCAPACIDAD SOBREVINIENTE(FÍSICA Y PSÍQUICA) TRATAMIENTO PSICOTERAPÉUTICO:

a) La parte actora vierte sus quejas a fs. 602/604 por considerar insuficientes los montos reconocidos por le anterior magistrado bajo el rubro en análisis.A los fines de brindarle sustento a sus pretensiones recursivas, rememora las conclusiones a las que arribara el perito médico designado en autos.Las co-accionadas y la citada en garantía, se alzan, por su lado, al sostener que las cantidades reconocidas bajo el presente ítem resultan elevadas e injustificadas, por lo que solicitan su reducción a sus justos límites.b) Corresponde determinar que, como he resuelto reiteradamente, la estimación del daño por incapacidad sobreviniente no sólo abarca las limitaciones en el ámbito laboral específico, sino en cuanto pueda afectar la capacidad laborativa genérica y el desarrollo normal de la vida de relación.En efecto, la noción de “lo patrimonial” en el derecho de daños es más amplia que la de patrimonio en estricto sentido técnico, pues debe abarcar, más allá de los bienes exteriores pertenecientes a la persona, las potencialidades humanas que instrumentalmente posean naturaleza económica, que, aunque desprovistas de valor económico en sí, lo adquieren indirectamente al ser aplicadas al logro de finalidades productivas.Así la integridad de la persona presenta un valor económico instrumental como capital destinado a ser fuente de beneficios económicos y de toda índole, cuya afectación cercena posibilidades de desenvolvimiento futuro, con lo cual se tiene que el daño en esta esfera resulta ser susceptible de apreciación pecuniaria, como lo exige el artículo 1068 del Código Civil, y, por ende, indemnizable. Como afirma Mosset Iturraspe, “en el examen complejo de su multiforme actividad, al margen de la laboral, toda persona desarrolla en su casa o fuera de ella, tareas vinculadas con sus facultades culturales, artísticas, deportivas, comunitarias, sociales, religiosas, sexuales, etc., y los deterioros o menoscabos en tales quehaceres pueden acarrear consecuencias de carácter patrimonial” (“Responsabilidad por daños”, t.II-B, p. 194).Finalmente, debe recordarse en este punto, lo expuesto reiteradamente por la jurisprudencia en cuanto a que la indemnización por incapacidad no puede fijarse meramente en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales, sino que deben ponderarse en concreto las limitaciones que el damnificado padece en su desempeño laboral y social, teniendo en cuenta circunstancias particulares como su edad, sexo, condiciones socioeconómicas, actividad laboral anterior, incidencia real de las lesiones en su actividad actual, etc. Por ello es que el porcentual determinado pericialmente cobra un valor meramente indiciario y no matemáticamente determinante del monto a reconocer.c) Desde este punto de vista habrán de analizarse las probanzas producidas en relación a la cuestión.

A fs. 322/324 obra la pericia efectuada por el medico legista designado de oficio, Dr. Antonio Zappacosta.El conocedor adujo -luego de haber analizado las particulares circunstancias del caso- que la Sra. María Elisa Tortora padece de un deterioro anátomo funcional que se cuantifica en el diez por ciento (10%) de la total obrera, de carácter parcial y permanente y de relación causal con el hecho motivo de la litis. Si bien dicho informe fue impugnado por Metrovías a fs.361, entiendo que ninguno de los fundamentos expuestos lograron conmover la tesitura adoptada por el perito de autos; máxime si se tiene en consideración que el experto ratificó a fs. 372 la totalidad de los puntos cuestionados.En lo que hace al plano psicológico, a fs. 337/347 obra el informe agregado por la perito psicóloga Liliana Zuker, quien concluyó que la accionante padece de un trastorno por estrés posttraumático de carácter moderado, con una incapacidad del 10 % de la total obrera.Recomendó, asimismo, la realización de un tratamiento psicológico para la accionante de 12 meses de duración a razón de una sesión semanal y a un costo de $ 200 la entrevista.- Luego de ello, aseveró que si la actora se sometería a ese tratamiento, su evolución resultaría favorable, pudiendo reducirse a un 5% de la total obrera la incapacidad resultante. Si bien dicha pericia fue impugnada a fs. 354 por la empresa de transportes, entiendo nuevamente que los motivos explicitados no lograron conmover los fundamentos brindados por la experto en la materia. Entonces, teniendo en consideración las incapacidades reseñadas; la edad de la actora a la fecha del hecho- 63 años-, jubilada, estado civil-divorciada- y demás circunstancias personales obrantes en el presente, considero que las sumas acordadas por ante la anterior instancia resultan reducidas, por lo que propongo al acuerdo la elevación del monto reconocido a favor de la Sra. Tortora bajo el ítem “Incapacidad Física” a la cantidad de pesos doscientos mil ($200.000); a la suma de pesos ochenta mil ($80.000) la justipreciada para afrontar el “daño psíquico” corroborado y, por último, al total de pesos veinte mil ($20.000) el destinado para hacer frente al “tratamiento psicológico” recomendado.

V.- DAÑO MORAL :

a) El Sr. Juez de grado concedió la suma de pesos veinte mil ($20.000) bajo el presente concepto.Mientras que la parte actora se alza por considerar disminuido el monto otorgado, Metrovías S.A y la empresa aseguradora sostienen que la cantidad reconocida resulta excesiva, por lo que requieren su disminución. b) En lo que concierne al rubro daño moral, cabe recordar que debe entenderse por daño moral, toda modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de la capacidad de entender, querer o sentir y que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de este y anímicamente perjudicial. (Pizarro, Ramón Daniel, “Reflexiones en torno al daño moral y su reparación”, JA semanario del 17-9-1985). Este instituto se aplica cuando se lesionan los sentimientos o afecciones legítimas de una persona que se traducen en un concreto perjuicio ocasionado por un evento dañoso. O, dicho en otros términos, cuando se perturba de una manera u otra la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado, sea en el ámbito privado, o en el desempeño de sus actividades comerciales. Con atinado criterio, se ha expresado que el daño patrimonial afecta lo que el sujeto tiene, en cambio el daño moral lesiona lo que el sujeto “es” (Matilde Zavala de González, “Resarcimiento de Daños”, Presupuestos y Funciones del Derecho de Daños, t. 4, pág. 103, 1143 y “El concepto de daño moral”, JA del 6-2-85).Reiteradamente ha sostenido nuestro Máximo Tribunal que, en lo concerniente a la fijación del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de responsabilidad y la entidad de los sufrimientos espirituales causados y por otra parte, que el reconocimiento de dicha reparación no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (conf. C.S.J.N., 06/10/2009, A. 989. ; “Arisnabarreta, Rubén J. c/ E. N. (Min.de Educación y Justicia de la Nación) s/ juicios de conocimiento” ; Idem., 07/11/2006, B. 606. “Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c/ Buenos Aires, Provincia de y Camino del Atlántico S.A. y/o quien pueda resultar dueño y/o guardián de los animales causantes del accidente s/ daños y perjuicios” , Fallos 329:4944; Id., 24/08/2006, F. 286, “Ferrari de Grand, Teresa Hortensia Mercedes y otros c/ Entre Ríos, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios” , Fallos 329: 3403; Id., 06/03/2007, M. 802.”Mosca, Hugo Arnaldo c/ Buenos Aires, Provincia de (Policía Bonaerense) y otros s/ daños y perjuicios” , Fallos 330: 563, entre muchos otros).-

Debe reconocerse la extrema dificultad que presenta al juzgador su estimación, pues tratándose de vivencias personales, no puede precisar cuánto sufrió el damnificado a raíz del suceso, pudiendo sólo evaluar la magnitud del dolor que puede provocar el hecho en el común de las personas, valorándolo a la luz de las circunstancias particulares acreditadas en la causa. En consecuencia, ponderando la repercusión que en los sentimientos de la actora debió generar el hecho objeto de la presente litis, considero insuficiente el monto reconocido, por lo que propicio al acuerdo la elevación del “quantum” indemnizatorio otorgado a la cantidad de pesos cien mil ($100.000).

VI.- GASTOS DE FARMACIA, ASISTENCIA MÉDICA Y TRASLADO:

a) El Sr. Juez de grado otorgó la cantidad de pesos un mil ($1.000) bajo el presente concepto para cada una de las accionantes.

Mientras que la parte actora requiere su elevación por considerar el monto otorgado insuficiente, la empresa de seguros “ACE SEGUROS S.A” solicita su reducción a justos limites.b) Cabe señalar que se ha sostenido reiteradamente que el aspecto probatorio debe ser valorado con criterio amplio, sin que sea necesaria la prueba acabada de todos los gastos realizados, toda vez que la asistencia médica, sanatorial y de farmacia provoca desembolsos de dinero que no siempre resultan fáciles de acreditar o no son reconocidos por la obra social y, además, porque lo apremiante en tales circunstancias para la víctima o sus familiares no reside en colectar pruebas para un futuro juicio sino en la atención del paciente.Lo propio acontece aún en el caso de que el damnificado haya sido atendido en hospitales públicos o que cuente con cobertura social, toda vez que siempre existen erogaciones que no son completamente.En relación a ello, también se expidió nuestro Máximo Tribunal, “Atento a la necesidad de salvaguardar el principio de la reparación integral del daño causado, debe integrar el resarcimiento, aunque no hayan sido materia de prueba, los gastos médicos y de farmacia que guarden razonable proporción con la naturaleza de las lesiones sufrida por el actor “(C. S. J. N. Fallos 288:139).

En consecuencia, siempre que se haya probado la existencia del daño, tal como acontece en la especie, donde se demostró la necesidad de la asistencia médica, aún cuando no se haya probado específicamente el desembolso efectuado para cada uno de los gastos realizados, tiene el deber el magistrado de fijar el importe de los perjuicios reclamados efectuando razonablemente la determinación de los montos sobre la base de un juicio moderado y sensato (art. 165 del Código Procesal).Sin perjuicio de ello, la presunción es susceptible de rebatirse por prueba en contrario, la que deberá producir quien alega la improcedencia del reclamo (si el recurrente es el demandado) o pretende una suma superior a la fijada por el sentenciante en uso de las facultades que le otorga el art.165 del Código Procesal, cuando se trata del reclamante.En suma, entiendo algo reducido el monto reconocido por ante la anterior instancia (conf. art.165 C.P.C.C.N.), motivo por el cual propongo al acuerdo su elevación a la cantidad de pesos tres mil ($3.000).

VII.- TASA DE INTERÉS:

El Sr. Juez de grado dispuso que los intereses correspondientes se devengarán desde que se produjo cada perjuicio objeto de reparación y hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Por encontrarse con la tesitura adoptada por el anterior magistrado, Metrovías S.A requiere se modifique parcialmente el fallo cuestionado, aplicando una tasa que no exceda el promedio de la pasiva desde la fecha de cada perjuicio hasta el efectivo pago.-

b) Teniendo en cuenta los datos objetivos de la causa, la fecha del accidente de autos (1/8/2009), en base a los fundamentos vertidos en mi voto, en los autos “MONDINO, Silvana Andrea c/ TETTAMANZI, Hernán Diego y otros s/ daños y perjuicios” (R.

524.899) del 14/04/2010, a los que en honor a la brevedad me remito, propongo confirmar la tasa de interés estipulada por el “a-quo”.

Por todo lo expuesto, voto para que:

1) Se haga lugar parcialmente a las quejas vertidas por la parte actora, y en consecuencia se modifique -en parte- el pronunciamiento de la anterior instancia, elevándose a la cantidad de pesos doscientos mil ($ 200.000); pesos ochenta mil ($80.000); pesos veinte mil ($20.000); pesos cien mil ($100.000) y pesos tres mil ($3.000) las indemnizaciones otorgadas bajo los rubros “Incapacidad Física”; “Daño Psíquico”; “Tratamiento Psicológico”, “Daño Moral” y ” Gastos de Farmacia, asistencia médica y Traslados” respectivamente.

2) Se confirme la sentencia de grado en todo lo demás que decide y fuera motivo de apelación y agravio. 3) Se impongan las costas de esta alzada a las co-demandadas y citada en garantía vencidas (art.68 C.P.C.C.N.). 4) Se conozca sobre los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes y determinen los correspondientes a esta instancia. 5) Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida lo dispuesto por el artículo 164 párrafo segundo del ritual y artículo 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.

Así mi voto.

El señor juez de Cámara doctor Osvaldo Onofre Álvarez, por análogas razones a las aducidas por la señora juez de Cámara doctora Patricia Barbieri, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto.

PATRICIA BARBIERI

OSVALDO ONOFRE ÁLVAREZ.

Este Acuerdo obra en las páginas n° n° del Libro de Acuerdos de la Sala “D”, de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, de noviembre de 2017. Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente a las quejas vertidas por la parte actora, y en consecuencia modificar -en parte- el pronunciamiento de la anterior instancia, elevándose a la cantidad de pesos doscientos mil ($ 200.000); pesos ochenta mil ($80.000); pesos veinte mil ($20.000); pesos cien mil ($100.000) y pesos tres mil ($3.000) las indemnizaciones otorgadas bajo los rubros “Incapacidad Física”; “Daño Psíquico”; “Tratamiento Psicológico”, “Daño Moral” y ” Gastos de Farmacia, asistencia médica y Traslados” respectivamente; 2) confirmar la sentencia de grado en todo lo demás que decide y fuera motivo de apelación y agravio; 3) imponer las costas de esta alzada a las co-demandadas y citada en garantía vencidas.

De conformidad con el presente pronunciamiento y en atención a lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal, teniendo en cuenta la naturaleza, importancia y extensión de los trabajos realizados en autos; las etapas cumplidas; el monto de condena más sus intereses; lo dispuesto por los arts.1, 6, 7, 9, 10, 11, 19, 37 y 38 del arancel y ley modificatoria 24.432; la proporción que deben guardar los honorarios de los peritos con los de los letrados y la incidencia de su labor en el resultado del pleito, se adecuan los regulados a fs. 564, fijándose los correspondientes a los Dres. Carlos Eduardo Jorge Romero y Gerardo Norberto Fontana, letrados apoderados de la parte actora, en ($.), en conjunto; los de los Dres. Fernando Artigas y Jav ier Artigas, letrados apoderados de la citada en garantía, en ($.), en conjunto; los de los Dres. Karina Paula Kucyk, Evangelina Claudia Zobra Barrera, Julián Ignacio Solari y Mariel Elizabeth Toriano, letrados apoderados de la codemandada IRSA, en ($.), en conjunto; los de los Dres. Roberto Boqué, Claudia T. M. M. Rúa, Gisela L. Mori y María Cecilia Cortese, letrados apoderados de la codemandada Metrovías, en ($.), en conjunto; los del perito ingeniero Darío Oscar Chima, en ($.); los de la perito psicóloga Liliana Zuker, en ($.); los del perito médico Antonio Zappacosta, en ($.); los de la perito contadora Clara María Zakarian, en ($.); y los de la mediadora, Dra. Mabel H. Mandelik, en ($.) (conf. art. 2°, inciso g), del Anexo III del Decreto 1467/11, modificado por Decreto 2536/15, y valor de la unidad retributiva del SINEP vigente a la fecha). Por la actuación ante esta alzada, se fija la retribución de los Dres. Carlos Eduardo Jorge Romero y Gerardo Norberto Fontana en ($.), en conjunto; los de la Dra. Claudia T. M. M. Rúa, en ($.); los del Dr. Fernando Artigas, en ($.); y los de la Dra. Karina Paula Kucyk, en ($.) (art. 14 ley de arancel 21.839). Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. Notifíquese por Secretaría y devuélvase. (Res. 1567/17).

Patricia Barbieri

Osvaldo Onofre Álvarez