El Fiscal General carece de legitimación para oponerse al desistimiento del acreedor prendario en relación al proceso de secuestro prendario

Partes: HSBC Bank Argentina S.A. c/ Wirky Joaquín s/ secuestro prendario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 5-oct-2017

Cita: MJ-JU-M-107532-AR | MJJ107532 | MJJ107532

El Fiscal General carece de legitimación para oponerse al desistimiento del acreedor prendario en relación al proceso de secuestro prendario.

Sumario:

1.-Tratándose de un reclamo de contenido patrimonial que es claramente disponible para las partes, por lo que el accionante no tiene impedimento alguno para desistir de la acción, y de allí, aparece entonces dudosa la legitimación de la Sra. Fiscal General para oponerse al mentado desistimiento en tanto este proceso no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por la LDC: 52 .

2.-En tanto la entidad actora inició el presente secuestro prendario en los términos del art. 39 de la Ley 12.962 que, como se sabe, no importa la iniciación de un juicio de ejecución, sino una facultad que tienen las instituciones oficiales, bancarias y financieras, a fin de realizar la prenda sin demoras y con menores gastos en beneficio de ambas partes.

3.-Se trata, la acción de secuestro prendario, de una acción tendiente a poner a disposición de la institución acreedora los bienes objeto de la prenda con registro a los efectos de su remate. El secuestro así solicitado, no tiene carácter precautorio, sino esencialmente ejecutivo, puesto que por medio de él se pretende impedir la degradación u ocultamiento del bien con el fin de facilitar la efectivización del crédito a través de una realización sin demoras y mínimos gastos.

4.-El propósito de la norma del art. 39 de la Ley 12.962 es facilitar la posterior venta extrajudicial de los bienes afectados a la garantía, con lo cual el procedimiento no admite ninguna intervención del deudor. De ello se deriva, que en el marco de este proceso se excluye la existencia de contradicción o litigio, por lo que no es dable al deudor prendario plantear ninguna cuestión susceptible de enervar el ejercicio del derecho que asiste a su acreedor sin perjuicio, claro está de su derecho a ejercitar, por la vía y ante quien corresponda, la acción ordinaria que la ley le reconoce en defensa de sus derechos.

5.-El proceso especial del art. 39 de la Ley 12.962 importa la apertura de una vía judicial de carácter voluntario al único efecto de obtener una orden de secuestro impartida judicialmente, cuyo objeto se agota en el secuestro y entrega al acreedor del bien pignorado. Entonces, admitir el temperamento propiciado por el Ministerio Público, conllevaría a bilateralizar el trámite, lo que deviene inaudible, máxime teniendo en cuenta que no se ha objetado aquí la constitucionalidad de la normativa en base a la cual fue iniciada esta acción; lo que en modo alguno equivale a negarle al demandado la prerrogativa de reclamar y hacer valer sus derechos, como se dijo antes, en un juicio ordinario.

6.-No se advierte perjuicio alguno en detrimento del presunto deudor en admitir el desistimiento de la acción intentado por la actora, más cuando en general no se han detectado conductas abusivas que autoricen a invocar una generalizada distorsión en la práctica del instituto. Desde otro vértice, agréguese a lo dicho que resultaría un contrasentido rechazar el desistimiento de la acción para, seguidamente, confirmar la declaración de incompetencia decidida de conformidad con el criterio ya asumido por este Tribunal antes de ahora en diversos precedentes para casos análogos en el que la acción fue iniciada por una entidad financiera y el contrato prendario que sostiene documentalmente la petición exhibe que el vehículo ha sido afectado para uso particular o privado, siendo el domicilio del demandado en la ciudad de Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires.

7.-El art. 39 de la Ley 12962 no se aprecia contrario al derecho del consumidor que consagra el art. 42 de la CN. y las disposiciones contempladas en la Ley 24.240 reformada por Ley 26.361 . N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 5 de octubre de 2017.

Y Vistos:

1. Estos autos para resolver la oposición deducida en fs. 59/67 por la Sra. Fiscal General en relación al desistimiento de la acción intentado en fs. 57.

2.a. Debe señalarse que el banco actor promovió el presente secuestro prendario en los términos del art. 39 de la Ley 12.962 contra el Sr. Wirsky Joaquín.

Mediante el pronunciamiento de fs. 26/27 la magistrada de grado se declaró incompetente para entender en el presente en virtud del domicilio en extraña jurisdicción del accionado (ciudad de Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires).

Recibidos los autos en esta Sala, se corrió vista al Ministerio Público Fiscal (fs. 40) en relación a la cuestión atinente a la competencia (cfr. art. 25 inc. j de la Ley 24.946).

Aun cuando la causa no había sido devuelta, el actor desistió de la presente acción (v. fs. 57/8).

b. Sentado lo anterior, a criterio de este Tribunal carece de conducencia dar tratamiento a la cuestión de competencia aquí planteada y por la cual la causa fue elevada originariamente, correspondiendo derechamente a los suscriptos decidir sobre la procedencia del desistimiento formulado en tanto la a quo se ha desprendido del conocimiento de las actuaciones al conceder el recurso en su momento, máxime que la misma se declaró incompetente, correspondiendo por ende dejar sin efecto la remisión ordenada en fs. 58 (de modo previo a la oposición en análisis).

c. Pues bien, debe señalarse en primer término que en el sub examine nos encontramos ante un reclamo de contenido patrimonial que es claramente disponible para las partes, por lo que el accionante no tiene impedimento alguno para desistir de la acción como lo hizo.

A partir de allí, aparece dudosa la legitimación de la Sra. Fiscal General para oponerse al mentado desistimiento en tanto este proceso no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por la LDC:52.

Tal como ya se dijo, la entidad actora inició el presente secuestro prendario en los términos del art. 39 de la Ley 12.962 que, como se sabe, no importa la iniciación de un juicio de ejecución, sino una facultad que tienen las instituciones oficiales, bancarias y financieras, a fin de realizar la prenda sin demoras y con menores gastos en beneficio de ambas partes. Se trata de una acción (la acción de secuestro) tendiente a poner a disposición de la institución acreedora los bienes objeto de la prenda con registro a los efectos de su remate. El secuestro así solicitado, no tiene carácter precautorio, sino esencialmente ejecutivo, puesto que por medio de él se pretende impedir la degradación u ocultamiento del bien con el fin de facilitar la efectivización del crédito a través de una realización sin demoras y mínimos gastos (Cfr. “Prenda con Registro”, de Roberto A Muguillo, 3era edición actualizada, pág.257, editorial Astrea).

Es por consiguiente, el propósito de la norma facilitar la posterior venta extrajudicial de los bienes afectados a la garantía, con lo cual el procedimiento no admite ninguna intervención del deudor.

De ello se deriva, que en el marco de este proceso se excluye la existencia de contradicción o litigio, por lo que no es dable al deudor prendario plantear ninguna cuestión susceptible de enervar el ejercicio del derecho que asiste a su acreedor sin perjuicio, claro está de su derecho a ejercitar, por la vía y ante quien corresponda, la acción ordinaria que la ley le reconoce en defensa de sus derechos.

En tal contexto, este proceso especial importa la apertura de una vía judicial de carácter voluntario al único efecto de obtener una orden de secuestro impartida judicialmente, cuyo objeto se agota en el secuestro y entrega al acreedor del bien pignorado.

Entonces, admitir el temperamento propiciado por el Ministerio Público, conllevaría a bilateralizar el trámite, lo que deviene inaudible, máxime teniendo en cuenta que no se ha objetado aquí laconstitucionalidad de la normativa en base a la cual fue iniciada esta acción; lo que en modo alguno equivale a negarle al demandado la prerrogativa de reclamar y hacer valer sus derechos, como se dijo antes, en un juicio ordinario.

Por lo dicho, no se advierte perjuicio alguno en detrimento del presunto deudor en admitir el desistimiento de la acción intentado por la actora, más cuando en general no se han detectado conductas abusivas que autoricen a invocar una generalizada distorsión en la práctica del instituto.

Desde otro vértice, agréguese a lo dicho que resultaría un contrasentido rechazar el desistimiento de la acción ejercido en fs. 57 para, seguidamente, confirmar la declaración de incompetencia decidida por la a quo en fs. 26/7 de conformidad con el criterio ya asumido por este Tribunal antes de ahora en diversos precedentes para casos análogos al del sub lite en el que la acción fue iniciada por una entidad financiera y el contrato prendario que sostiene documentalmente la petición exhibe que el vehículo ha sido afectado para uso particular o privado (v. fs. 11), siendo el domicilio del demandado en la ciudad de Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires (vgr. “Banco Comafi SA c/ Flores Marcos Gabriel s/Secuestro prendario”, del 26.8.2014; “HSBC Bank Argentina S.A. c/ Barbosa, Felix Maximiliano s/ secuestro prendario”, Expte. N° COM 3142/2016, del 9.8.2016; entre muchos otros).

Por los motivos señalados, a criterio de esta Alzada el art. 39 de la ley 12962 no se aprecia contrario al derecho del consumidor que consagra el art. 42 de la CN y las disposiciones contempladas en la ley 24.240 reformada por ley 26.361.

Por lo expuesto, la oposición deducida por el Ministerio Público Fiscal será rechazada.

3. Corolario de ello, esta Sala resuelve: Desestimar la oposición formulada en fs. 59/67 y, por ende, tener presente el desistimiento de la acción de fs. 57.

Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art.1° y N° 3/2015) y a la Sra. Fiscal General. Fecho, devuélvase a la instancia de grado.

Hágase saber la presente decisión a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto (cfr. Ley n° 26.856, art. 1; Ac. CSJN n° 15/13, n° 24/13 y n° 42/15).

Firman solo los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 17 (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Alejandra N. Tevez

Rafael F. Barreiro

María Julia Morón

Prosecretaria de Cámara