No se le aplican los beneficios establecidos en el régimen de sinceramiento fiscal a una asociación civil concursada

Partes: Asociación Civil Hurlingham s/ concurso civil s/ incidente de medida cautelar

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: B

Fecha: 23-oct-2017

Cita: MJ-JU-M-107570-AR | MJJ107570 | MJJ107570

Improcedencia de la medida cautelar por la cual una asociación civil concursada pretende se apliquen a su respecto los beneficios establecidos en el régimen de sinceramiento fiscal.

Sumario:

1.-Es improcedente el pedido de la sociedad concursada relativo a que se le extiendan los beneficios de la Ley 27.260 concedidos a aquellos sujetos que se concursaron antes del 31/03/2017, suspendiéndose el pago de los planes de financiación hasta la homologación del acuerdo que proponga a sus acreedores, pues, habiendo aceptado la recurrente los términos y condiciones establecidos en la citada normativa, no puede luego mediante una medida cautelar, pretender extender el límite temporal establecido por una ley cuya constitucionalidad no fue objetada.

Fallo:

Buenos Aires, 23 de octubre de 2017.

Y VISTOS: 1. La concursada apeló subsidiariamente el decisorio de fs. 100/101 que desestimó su cautelar. Su memoria de fs. 102/105 fue respondida a fs. 107/109 (sindicatura) y fs. 112/113 (AFIP). 2. El Juez a quo calificó de improcedente la medida solicitada por la deudora pues no corresponde se le imponga “a la Administración Federal de Ingresos Públicos el restablecimiento de planes de financiación caídos por imperio de la ley o de disposiciones administrativas, fiscales y/o impositivas”. Y, porque no puede pretender “-mediante la solicitud de autorización para seguir pagando los planes- transgredir el principio de igualdad imperante en ese tipo de proceso. (Ya que de admitírselo).implicaría otorgarle a la AFIP un privilegio mayor al que le confieren los arts. 241 y 246 LCQ”. 3. La apelante persigue se le extienda “los beneficios de la ley 27.260. Concedido a aquellos sujetos que se concursaron antes del 31 de marzo de 2017” (v. fs. 104 vta.), suspendiéndose el pago de los planes de financiación hasta la homologación del acuerdo que proponga a sus acreedores. De lo contrario -afirma- “se estaría otorgando un trato diferencial a los sujetos concursados. por. haberse presentado en concurso un par de semanas después” (v. fs. 105, párr. 3°), ya que se presentó en concurso preventivo a fines de abril (v. fs. 104). 4. La ley en que la concursada funda su pretensión cautelar fue reglamentada por la RG 3920/2016, que fija los lineamientos bajo los cuales los deudores pueden “adherir al régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras establecido por el Título II del Libro II de la Ley N° 27.260. El acogimiento podrá formularse entre los días 1 de agosto de 2016 y 31 de marzo de 2017, ambos inclusive.” (art.1), posibilitando que los concursados se incorporen al sistema siempre que hubiesen “solicitado el concurso preventivo hasta el día, inclusive, del vencimiento del plazo general de adhesión al régimen previsto en el Artículo 1°” -art. 6, inc. a)-. Ello así, habiendo aceptado la recurrente los términos y condiciones establecidos en la citada normativa, no puede ahora -mediante el remedio cautelar intentado- extender el límite temporal establecido por una ley cuya constitucionalidad no fue objetada. 5. Se desestima el recurso de fs. 102 y se confirma la resolución apelada, con costas de Alzada por su orden atento las particularidades de la cuestión debatida (art. 68, CPCCN). 6. Notifíquese por Secretaría del Tribunal, conforme Acordadas n° 31/11 y 38/13 CSJN. 7. Oportunamente cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada n° 15/13 CSJN, y devuélvase al Juzgado de origen. 8. La Sra. Juez Dra. Ana I. Piaggi no interviene por hallarse en uso de licencia (Art. 109 RJN).

MARIA L. GOMEZ ALONSO DE DIAZ CORDERO

MATILDE E. BALLERINI