Responsabilidad de la empresa de transporte por la muerte de la hija de los actores al ser arrollada por el ómnibus del que habían descendido y cuando había retirado el equipaje de la bodega

Partes: R. J. A. y otros c/ Coop. Andina de Transporte Aut. de servicio Cata Ltda. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Fecha: 25-oct-2017

Cita: MJ-JU-M-107518-AR | MJJ107518 | MJJ107518

Responsabilidad de la empresa de transporte por la muerte de la hija de los actores al ser arrollada por el ómnibus del que había descendido, teniendo en cuenta que fue su padre quien retiró el equipaje de la bodega sin ayuda del personal de la demandada. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda de daños deducida por los padres a raíz de la muerte de su hija al ser arrollada por el ómnibus del que habían descendido y cuando había retirado el equipaje de la bodega, pues no es excesivo exigir a la empresa de transporte que se verificara, a través del conductor del colectivo, que las personas descendieran y se ubicaran fuera del área de riesgo creado por el propio vehículo, máxime cuando no existen paradas convencionales en dicha zona rural.

2.-Resulta relevante determinar que una persona de la empresa debería encargarse de entregar las pertenencias depositadas en la bodega a los pasajeros que allí las hubieran depositado; de este modo, el pasajero podría desentenderse de una tarea que debiera estar a cargo de la empresa y no de él mismo.

3.-Si bien los padres deben velar por el cuidado de sus hijos, en ejercicio de la responsabilidad parental que la ley regula, y que en el caso analizado pudo existir algún descuido, en el caso no puede cargarse sobre los progenitores actores, ya que el accidente se produce en un lapso mínimo -quizás segundos- en que la madre estaba con dos de los hijos del matrimonio, mientras que el padre se ocupaba de abrir la bodega del colectivo para extraer sus pertenencias, cuando debió existir personal de la empresa que se encargara de eso.

4.-De conformidad con el art. 184 del Código de Comercio, el transportador deberá resarcir los daños que el pasajero sufriere durante el transporte, a menos que pruebe que el accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien la empresa no sea civilmente responsable.

5.-Mientras que en materia de daño material, la legitimación activa es amplia, el Código Civil introduce limitaciones a la titularidad de la acción por daño moral; de acuerdo al último párrafo del art. 1.078, modificado por la ley 17.711 la ley acuerda legitimación activa únicamente al damnificado directo (víctima inmediata del hecho); por excepción, si el hecho produjo la muerte de la víctima, la ley otorga legitimación activa sólo a ciertos damnificados indirectos: los herederos forzosos.

6.-El art. 1078 del Código Civil impide que los damnificados indirectos puedan obtener un resarcimiento, aun en supuestos en los que no quepan dudas acerca de que se han visto perjudicados, por ende, quedan excluidos, entre otros, hermanos, tíos y concubinos y por ello hoy en día se encuentra bajo discusión si la solución prevista en el Código Civil es respetuosa de los principios constitucionales.

7.-Respecto a la regulación en el art. 1741 del Código Civil y Comercial de la Nación, la norma consagra una mayor amplitud en orden a la titularidad de la acción resarcitoria por daño moral, ya que, de manera expresa, reconoce al conviviente legitimación para reclamar el resarcimiento de las consecuencias no patrimoniales que pueda provocar la muerte del compañero, al referirse a quien haya convivido con el damnificado directo recibiendo trato familiar ostensible, más aún, admite que los damnificados indirectos puedan reclamar indemnización por daño moral en caso de supervivencia de la víctima cuando el infortunio le ha provocado una gran discapacidad (como sucede con el dolor real y profundo infligido a los progenitores de quien ha sufrido una lesión irreversible). Sin embargo, el artículo no incluye a los colaterales como legitimados activos.

Fallo:

En la Ciudad de Mendoza a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Acuerdos de esta Excma. Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, los señores Jueces titulares, trajeron a deliberación para resolver en definitiva los autos Nº 252.320 /52.581caratulados “R., J. A. Y OTS. C/COOP. ANDINA DE TRANSPORTE AUT. DE SERVICIO CATA LTDA. Y OTS. P/DAÑOS Y PERJUICIOS”, originarios del Décimo Quinto Juzgado Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venido al Tribunal en virtud de los recursos de apelación planteados a fojas 444 y 447 contra de la sentencia de fojas 431/439.-

Practicado a fojas 490 el sorteo establecido por el Art. 140 del Código Procesal Civil, se determinó el siguiente orden de votación: Leiva, Ábalos, Ferrer.-

De conformidad con lo ordenado en el art. 160 de la Constitución Provin-cial, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

SEGUNDA CUESTIÓN:

COSTAS.

SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. CLAUDIO F. LEIVA DIJO:

I.- Que a fojas 444 y 447 las Dras. Violeta Arancibia, por la demandada, y María Elina Benegas, por la citada en garantía, respectivamente, promueven recurso de apelación contra la sentencia de fojas 431/439, que admite la acción instada y en consecuencia, deberán los demandados: Sr. Daniel Alfredo Escobares Moreno, la Cooperativa Andina de Transporte Automotor de Provisión de Servicio Internacional CATA Internacional Ltda. y Mutual Rivadavia de Seguro del Transporte Público de Pasajeros, ésta última en los límites de la cobertura, abonar en el plazo de DIEZ DIAS de firme y ejecutoriada la presente a los Sres. J. A. R. y M. I. C., las siguientes sumas:a- $ 317.500 a cada uno, con más los intereses calculados según la Ley 4.087 desde el 14/02/2.011, hasta la fecha de la sentencia y desde allí y hasta el efectivo pago, los intereses a la tasa promedio que resulte de aplicar el art. 768 inc. c) del CCCN a la fecha de la liquidación; b- en representación de su hijo D. J. R. C. la suma de $ 110.000, con los intereses de la Ley 4.087 desde el 14/02/2.011, hasta la fecha de la sentencia y desde allí y hasta el efectivo pago, los intereses a la tasa promedio que resulte de aplicar el art. 768 inc. c) del CCCN al momento de practicar liquidación; y c) en representación de su hijo E. A. R. C., la suma de $ 80.000 más los intereses de la Ley 4.087 desde el 14/02/2.011 hasta la fecha de la sentencia y desde allí y hasta el efectivo pago, los intereses a la tasa promedio que resulte de aplicar el art. 768 inc. c) del CCCN al momento de practicar liquidación.

A fojas 453 este Tribunal ordena expresar agravios al apelante por el plazo de ley (Art. 136 del C.P.C.).

II.- Que a fojas 454/458 expresa agravios la Dra. María Alejandra Fernández, por la Cooperativa Andina de Transporte Automotor (CATA) Internacional Limitada.En primer lugar, se queja de la atribución de responsabilidad, endilgándole a la sentencia apelada errores tanto en el razonamiento como en la valoración de la prue-ba; alega que si bien es cierto que el colectivo para al borde de la ruta, ello se debe al destino al que se dirigían los accionantes que se encuentra en el medio del campo, y que no existen paradas convencionales; que la instalación de paradas adecuadas es una carga que corresponde al Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Transporte, por lo que la deficiencia de las mismas es una carga estatal que de ninguna manera puede ser trasladada a las empresas que prestan el servicio de transporte; que si bien es cierto que los actores debieron bajar ellos mismos los bultos, también lo es que todos los pasajeros asiduos de la zona tienen pleno conocimiento de que no es posible llevar gran cantidad de bultos arriba del colectivo, y que las bodegas del colectivo no pueden ser usadas, que a los actores se les permitió el empleo de las mismas, con la condición de que ellos mismos bajaran sus pertenencias; que una conducta diligente de los padres se hubiera confi-gurado si previamente a realizar señas al conductor del micro para que arrancara, hubie-ran revisado que los menores se encontraban todos a su lado.

Remarca que transferir el deber de vigilancia de los padres hacia el chofer con el único objeto de responsabilizar a la empresa, llevaría al absurdo de hacer respon-sable a la empresa en el caso de que algún menor saliera corriendo hacia la calle y fuera atropellado por otro vehículo; que conforme a la pericia mecánica al chofer le resultaba imposible saber que faltaba uno de los hijos de los actores, ya que la menor fallecida se encontraba debajo del colectivo cuando ocurrió el siniestro.En segundo lugar, se queja de la valoración del testimonio de fojas 276/277, que fuera tachado por la relación de parentesco existente; que la juez considera que no se advierte en la declaración rendida una narración contradictoria, incoherente o inve-rosímil en relación al resto de los testimonios receptados; al respecto, puntualiza el ape-lante que llama la atención que la única persona que dijo que el chofer no esperó para retomar la marcha haya sido, justamente, el familiar de los actores; concluye en que el rechazo de la tacha es arbitrario.

En tercer lugar, se agravia de los montos adjudicados en la sentencia, en concepto de daño extrapatrimonial; sostiene que el perjuicio denunciado no se ha ocasionado por el obrar negligente del chofer sino en la actuación de los padres; que de existir culpa del chofer, esta última ha sido concurrente con la de los padres, por lo que los montos otorgados son excesivos.

A fojas 459 la Cámara ordena correr traslado a la contraria de la expresión de agravios.

A fojas 460/464 comparecen los Dres. Facundo Lionel Casais y Luciano José Bosco, por los actores, y contestan el traslado conferido, solicitando el rechazo del recurso intentado.

III.- Que a fojas 467/470 expresa agravios la Dra. María Elina Benegas, por la citada en garantía, Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros.Adhiere, en primer término, al recurso de apelación de la empresa de trans-porte en lo relativo a la responsabilidad que se le adjudica; sostiene que el descenso de los pasajeros se realizó sobre la banquina asfaltada sin ningún tipo de peligros para ellos, y que no hay paradas, sino que los pasajeros se bajan cuando se lo piden al chofer; que se habla de una prestación deficiente del servicio por cuanto fue el propio actor quien bajó el equipaje que llevaba en la bodega; que tratándose de un servicio de media distancia no tienen auxiliares a bordo; que aún admitiendo una falta en el servicio no tiene relación de causalidad con el daño; que del propio relato que el actor realiza a la autoridad policial en el momento de los hechos surge que el Sr. R. confiando que sus hijos se encontraban con su esposa, le hace seña al chofer para que continúe con su recorrido y es cuando su hijo más grande le advierte sobre la niña; que el perito sostiene que la única posibilidad para que la niña se haya introducido por delante de la rueda trasera es que ella ya hubiese estado acostada en el momento en que el ómnibus arrancó.

Señala que si se entendiera que existe responsabilidad en el transportista por todas las circunstancias expuestas, debe determinarse qué influencia causal tuvo en el hecho la conducta de la víctima coadyuvada por la indicación del padre señalándole al chofer que continuara la marcha, y una vez determinada dicha influencia, se adecúen los montos de condena a dicha participación.

En segundo término, se queja de la condena al pago del daño moral en bene-ficio de los hermanos de la niña fallecida, menores de edad; al respecto, sostiene que no son herederos forzosos por lo que no tienen legitimación a los términos del art. 1.078 del Código Civil derogado; que la sentencia se apoya erróneamente en el art.1.741 del Códi-go Civil y Comercial de la Nación, en tanto que el caso se rige por las normas vigentes al momento del hecho; que a mayor abundamiento el art. 1.741 no debe interpretarse co-mo lo hace la juez de grado.

Por último, se agravia de la imposición de daños punitivos a su parte; alega que este no es el caso que justifique la aplicación de tal instituto, pues se trata de un su-puesto en que la responsabilidad del transportista es dudosa, sin que se observe una conducta dolosa de parte del autor del daño.

A fojas 472 esta Cámara ordena correr traslado a la contraria de la expresión de agravios por el plazo de ley (Art. 136 del C.P.C.).

A fojas 473/478 comparecen los Dres. Facundo L. Casais y Luciano Bosco, por los actores, solicitando el rechazo del recurso intentado.

IV.- Que a fojas 489 se llama autos para sentencia, practicándose a fojas 490 el correspondiente sorteo de la causa.

V.- Tratamiento de los agravios relativos a la responsabilidad dispuesta en la sentencia apelada a la empresa de transporte demandada. Que tanto la empresa de transporte accionada, Cooperativa Andina de Transporte de Automotores (CATA) Inter-nacional, como su aseguradora, Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, cuestionan la atribución de responsabilidad contenida en la sentencia de gra-do, por lo que corresponde ingresar en el análisis de estos agravios, conforme expongo a continuación:

Tal como surge de las actuaciones N° P – 11.967/11/06 caratulados “Fc. En Av. de Homicidio Culposo”, a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 13, que tengo a la vista, en fecha 14/02/2.011 se produce la muerte de la pequeña V. R. de 3 años de edad, al ser atrapada por la rueda trasera del colectivo de la línea CATA, interno 819, aproximadamente a las 14.30 horas, en la Ruta 40 Km.41, Ugarteche, Luján de Cuyo, en momentos en que la familia descendía del vehículo, luego de que su padre, J. R., extrajera sus pertenencias por sí mismo de la bodega del colectivo.

La juez de primera instancia, tras realizar algunas consideraciones en torno a la obligación de seguridad impuesta a la empresa transportista, incluyendo la incidencia de la Ley 24.240 y la protección del consumidor, entendió que se configuraba la respon-sabilidad de la accionada, toda vez que las condiciones del servicio prestado en las que el propio pasajero debe encargarse de abrir la bodega, bajar sus pertenecías, asegurarse de cerrar las puertas del depósito a la vez que estar atento a su familia que consta de tres niños pequeños, llevan a considerar que los deberes de diligencia del chofer a cargo de la unidad de transporte y la extensión de la responsabilidad de la empresa debe ser expues-ta con mayor amplitud; que debe atenderse a que los pasajeros aun se encontraban en la banquina, en lugar donde no existe parador, con el motor del ómnibus en marcha y en-cargándose del equipaje; en definitiva, en una particular indefensión; que el Ing. Roitman luego de advertir sobre el intenso tránsito de ese sector de la Ruta Nacional N° 40, ubica al ómnibus detenido en la banquina para el descenso de la familia R., la que a su vez, se colocó al costado oeste del ómnibus en el espacio restante; que la víctima de tres años de edad fue arrollada dentro de la misma lo que aleja toda especulación sobre la existencia de circunstancias fortuitas.Se agrega en la sentencia que el hecho de que el servicio se preste así habitualmente no releva al transportista del cuidado especial y control que algunas situaciones exigen ya que no es imprevisible que alguno de los menores pueda ponerse en peligro y es evitable si se observa una mayor diligencia lo que es exigible, justamente, cuando se presta el servicio en condiciones deficientes a sabiendas de la empresa demandada, concluyendo en que no se ha observado en el caso la diligencia debida por parte del conductor demandado ni la empresa de transporte ha acreditado que ello haya sido desplazado por la culpa de la víctima o un tercero o el caso fortuito por lo que deberá responder, conjuntamente con su aseguradora, esta última en los términos de la póliza, por los perjuicios derivados del accidente.

Está claro que, sea que se encuadre el caso en el ámbito del contrato de trans-porte, sea que se lo haga en el marco de la responsabilidad por riesgo creado, atento a la discusión que se esboza sobre el comienzo y la finalización del contrato de transporte, lo cierto es que no puede dudarse de que se trata de una responsabilidad objetiva, que, en aras de la protección de la víctima, sólo se exime la demandada acreditando la eximente que, en tal contexto, se vincula con la prueba de la causa ajena, esto es, el hecho del damnificado, el hecho de un tercero por quien no se debe responder o el caso fortuito o fuerza mayor ajeno a la cosa o a la actividad desplegada.En este orden de ideas, es sabido que el criterio para interpretar la concurrencia y la acreditación de las eximentes, debe ser restrictivo, por lo que la prueba liberatoria, tiene que ser fehaciente e indubitable, certera y sin margen apreciable de dudas o estados de incertidumbre, ya que la norma con finalidad social típica, ha creado factores de atribución que deben cesar sólo en casos excepcionales (MOSSET ITURRASPE, Jorge, “Las eximentes en los accidentes de automotores”, en “Responsabilidad Civil en materia de accidentes de automotores”, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 1.985, pág. 175).

El acta de procedimiento que se agrega a fojas 13 del expediente penal da cuenta de que el Sr. J. A. R. expone: “Que en el día de la fecha viajaba en un colectivo de la empresa CATA con dirección a su domicilio y siendo aproximadamente las catorce horas con quince minutos dicha unidad se detiene en Ruta 40 Kilómetro 40 para que descienda juntamente con su esposa y sus tres hijos menores. Una vez abajo el causante comienza a bajar sus pertenencias de la bodega del colectivo, confiando que sus hijos se encontraban con su esposa y luego de cerrar la compuerta de la bodega le hace seña al chofer para que continúe con su recorrido y es cuando su hijo más grande le dice “LA NENA, LA NENA”, y el causante observa a su hija que estaba toda lastimada ya que aparentemente el colectivo lo habría pasado por encima con las ruedas traseras…”

En sede penal, declaran la Sra. Jacinta Cayetana Galdame Caballero a fojas 5/6, el Sr. Marcelo Osvaldo Ponce Malbrán a fojas 7/8, Sr. Jorge Elio Montivero Avila a fojas 11/12. La Sra. Galdame dice no haber visto el momento en que se produjo el hecho, que observó cuando el chofer saludó a los padres; el Sr. Ponce expresa que vio cuando bajó el Sr. R.con su familia y que en un momento saludó al chofer como diciéndole que ya estaba todo listo, que el hombre estaba con un cochecito en una mano y saludaba con la otra, que a la niña no la vio, que el padre le hizo señas al chofer como dándole el OK para que siguiera; por su parte el Sr. Montivero Ávila expresa que vio cuando se bajó la familia, que el Sr. R.levantó la puerta de la bodega y sacó un bulto, bajó la puer-ta de la bodega y le hizo una seña levantando la mano en dirección al espejo retrovisor del chofer del colectivo, el chofer arrancó y siguió por la banquina para entrar a la ruta, que vio que el padre levantó la mano haciendo un gesto al chofer, este testigo tampoco vio el momento en que se produjo el arrollamiento de la niña.

En sede civil, declara el Sr. Mario Ramón Donaire a fojas 274/275, sin que este testimonio aporte demasiada luz sobre las cuestiones fácticas aquí debatidas.

A fojas 276/277 presta declaración el Sr. Horacio Daniel Ojeda, testigo que fuera tachado en oportunidad de celebrarse la audiencia respectiva; este testigo dice ser cuñado del Sr. R.; sostiene haber viajado en el micro el día del hecho, coincidiendo en líneas generales con los demás testigos en la mayoría de las respuestas, con excepción de la respuesta a la décimo primera repregunta que dice no haber visto si el Sr. R. le hizo seña al chofer o no.En lo que aquí interesa, el testigo no dice que el padre de la niña no le hizo seña, sino que se limita a decir que no sabe si ello ocurrió.

La empresa de transporte cuestiona la imparcialidad de estos dichos, compar-tiendo la conclusión de la juez de grado, en que la valoración del testimonio permite arri-bar a la conclusión de que no ha habido intención de favorecer a los actores, aún cuando exista algún vinculo familiar, por lo que la queja relativa a la tacha no puede admitirse en tanto no se observa de los dichos expuestos que haya habido contradicción con lo que dicen los otros testigos. En este orden de ideas, se recuerda que en la tacha de un testigo, la eliminación de su testimonio como prueba válida, no sólo requiere de alguna presunción de amistad o connivencia con la parte que se vería beneficiada, sino de un acto positivo y palpable en las declaraciones que amerite silenciar tal prueba, bien porque el testigo admite tal interés en el resultado del proceso, bien porque sus declaraciones aparecen como manifiestamente teñidas de parcialidad o de falsedad y, como tales, no pueden ni deben ser seguidas por el juzgador a la hora de tomar su decisión. La tacha de testigos está dirigida a evitar que se prueben hechos controvertidos a través de declaraciones en las que el testigo no tiene la voluntad de reproducir fiel y francamente sus percepciones. La tacha no sirve para evaluar el mérito de la prueba testimonial rendida, esto es, si la misma es idónea o no para tener por acreditados los hechos invocados, sino que sólo es útil para evitar que queden consentidos testimonios cargados de parcialidad (Tercera Cámara de Apelaciones, expte. N° 32.631, “Crespillo Juan Manuel C/Dirección Provincial de Vialidad P/Cobro de Pesos”, 11/06/2012)

A fojas 348/351 el perito ingeniero mecánico presenta su informe pericial. Se-ñala que el accidente se produce sobre el Acceso Sur, Ruta 40 Km.41, cerca de la entrada al Carrizal en Luján de Cuyo, tratándose de una zona netamente rural de carácter agríco-la, con la presencia de fincas, bodegas y algunas empresas. Indica que a los efectos de la reconstrucción del accidente sólo se cuenta como elementos objetivos con los restos de masa encefálica y tejido hemático sobre la calzada, en la rueda trasera del ómnibus y las fotos del cuerpo de la víctima que muestran evidencias del paso de una rueda por encima de su torso y cabeza; que se puede reconstruir el momento preciso en que el transporte arrolló a la menor, pero nada dicen de las acciones previas a dicho momento.

El experto sostiene que, según los testimonios coincidentes, el padre habría bajado con la menor de tres años en brazos, en tanto que la madre habría bajado con los otros dos niños, ubicándose todos al costado oeste del ómnibus, que el Sr. R. habría levantado la tapa del compartimiento de carga y retirado sus pertenencias sin ayuda del conductor ni de otros pasajeros o miembros de su familia, que luego habría procedido a cerrar la compuerta y finalmente tras hacer una seña o un saludo el chofer a través del espejo retrovisor externo derecho, el conductor habría procedido a poner en movimiento el ómnibus; que allí arrolló con las ruedas traseras del costado derecho a la niña pasando por encima de su espalda y sobre su cabeza, provocándole la muerte instantánea; que puede determinarse que al ser la estatura de la niña mayor que la altura del costado del ómnibus, la única posibilidad para que al menor haya sido arrollada es que previamente ésta ya haya estado acostada en el piso.Por último, expone que el ómnibus de la demandada es de marca Mercedes Benz/Comil, modelo Campione, que la altura del borde inferior de su costado permanece constante a lo largo de toda la longitud del vehículo con un valor de 0.45 metros; que no hay posibilidad de que la niña haya estado parada en los instantes previos a ser arrollada por el ómnibus; que según la necropsia la menor medía 1 metro de altura, por lo que su estatura era superior al doble de la altura del borde del f aldón del costado del ómnibus; que la niña muestra signos del paso de la rueda por su espalda y su cráneo muestra indi-cios de haber sido aplastado por una gran masa, lo que lleva a concluir que al momento de pasar la rueda por encima de su cuerpo, la menor se encontraba acostada.

La pericia no fue observada por las partes.

Efectuadas estas consideraciones acerca de la prueba rendida en autos, estoy convencido de que aquí la causa concreta y puntual del accidente no ha quedado debida-mente acreditada, esto es, hay duda en el modo en que se produjo el accidente, por lo que difícilmente se pueda eximir de responsabilidad a la empresa de transporte, y mucho menos, endilgarle responsabilidad a los padres para excluir la de aquella.

Me explico: aquí, no se sabe si la niña se cayó debajo del micro, si estaba ju-gando debajo del mismo, o si fue arrollada, existiendo varias alternativas posibles acerca de cómo ocurrió el desgraciado evento. Y tal circunstancia me conduce a interpretar la prueba rendida en contra de la configuración de la eximente de responsabilidad, pues, en tal sentido, el deber de seguridad debe ser extremado, pues el pasajero descendió del colectivo junto a su esposa y sus tres hijos.No es excesivo, entonces, exigir a la empresa de transporte que se verificara, a través del conductor del colectivo, que las personas descendieran y se ubicaran fuera del área de riesgo creado por el propio vehículo, máxime si se tiene en cuenta que no existen paradas convencionales en dicha zona rural. Resulta relevante determinar que una persona de la empresa debería encargarse de entregar las pertenencias depositadas en la bodega a los pasajeros que allí las hubieran depositado; de este modo, el pasajero podría desentenderse de una tarea que debiera estar a cargo de la empresa y no de él mismo.

En tal contexto, prestado de ese modo el servicio de transporte, el accidente no se presenta como un caso fortuito, esto es, un hecho extraordinario e imprevisible, ajeno a la actividad del transportista. Se trataría, en todo caso, de un riesgo inherente a la actividad, del que se debe responder aún en oportunidad de que el transporte práctica-mente había finalizado, máxime si se observa la evidencia de la configuración de una relación de consumo que excede el contrato en sí mismo, a la luz de lo establecido por el art. 42 de la Constitución Nacional. Básicamente, la relación de consumo debe definirse de modo que abarque todas las situaciones en que el sujeto es protegido, antes, durante y después de contratar; cuando es dañado por un ilícito extracontractual o cuando es sometido a una práctica del mercado; cuando actúa individualmente o cuando lo hace colectivamente. (LORENZETTI, Ricardo Luis, “Consumidores”, Sta. Fe, Rubinzal Culzoni, 2009, pág. 84/85).

Asimismo, debe atenderse, de modo especial, a aquellas relaciones de con-sumo constituidas con sujetos particularmente vulnerables, como son los ancianos, niños y enfermos.En las XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas en Tucumán, en el año 2.011, se concluyó: “Tratándose de consumidores especialmente vulnerables, en razón de concretas condiciones personales tales como la minoridad, la ancianidad, la po-breza o la marginalidad, entre otras, debería acentuarse el principio protectorio…”. Se ha destacado, en este sentido, que en la práctica los proveedores que se relacionen con esta clase de consumidores deberán cumplir con un estándar de conducta más alto inclusive que el exigible a cualquier proveedor ordinario. Teniendo presente esta particular asimetría que se da en esta tipo de relaciones de consumo, cualquier paso en falso podría ser considerado como una violación a la obligación de trato digno y equitativo prevista en el art. 8 bis de la Ley 24.240. (CHAMATRÓPULOS, Demetrio Alejandro, “Estatuto del consumidor comentado”, Buenos Aires, La Ley, 2.016, Tomo I, pág. 102/104)

De conformidad con el art. 184 del Código de Comercio, el transportador de-berá resarcir los daños que el pasajero sufriere durante el transporte, “a menos que pruebe que el accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien la empresa no sea civilmente responsable”. En puridad, aun cuando la norma —al igual que el art. 1113, segundo párrafo del Código Civil— se refiere a la culpa de la víctima, no es, en principio, la gravedad de su culpa, sino la operatividad causal de su conducta, la que excluye o limita el deber indemnizatorio de terceros. Sin embargo, cuando se trata de víctimas en situación de vulnerabilidad, se verifica una ten-dencia a exigir, para que proceda la exoneración, una culpa calificada del dañado, como una forma de aumentar su protección. Tal cosa es lo que sucede, de hecho, en materia de accidentes de tránsito, donde la jurisprudencia nacional suele exigir una culpa grave del peatón para que su conducta tenga virtualidad exoneratoria.En las relaciones de consumo, sólo podrá predicarse su existencia si el consumidor no tomó, en el caso, las mínimas precauciones que estaba en condiciones de adoptar y le eran exigibles a un sujeto de esa clase particularmente vulnerable constituida por los consumidores y usuarios. (PICASSO, Sebastián, “La culpa de la víctima en las relaciones de consumo. Precisiones de la Corte Suprema”, LA LEY 2008 – C, 562)

Apunto que la pericia mecánica rendida parte de los datos consignados en el expediente, y que aún cuando no hubiera sido observada, puede ser valorada por el juz-gador conforme a las reglas de la sana crítica racional (Art. 207 del C.P.C.); en este punto, entiendo que el perito seriamente propone una alternativa y una probabilidad de que la niña hubiera estado recostada debajo del micro, conforme a su altura y demás precisiones allí vertidas. Se advierte que los testigos no han podido aportar luz acerca de cómo se produce el accidente, razón por la que debe reforzarse la posición de los actores, en lo relativo a la responsabilidad que le cabe a la accionada.

No soslayo que los padres deben velar por el cuidado de sus hijos, en ejercicio de la responsabilidad parental que la ley regula, y que en el caso analizado pudo existir algún descuido; pero ese descuido en el marco fáctico señalado no puede cargarse sobre los progenitores aquí actores. Piénsese que el accidente se produce en un lapso de tiem-po mínimo – quizás segundos -, en que la madre estaba con dos de los hijos del matrimo-nio, mientras que el Sr. R. se ocupaba de abrir la bodega del colectivo para extraer sus pertenencias, cuando debió existir personal de la empresa que se encargara de esto.Por último, la queja de la Cooperativa Andina de Transporte Automotor (CATA) Internacional Limitada respecto de los montos adjudicados en la sentencia, en concepto de daño extrapatrimonial, deviene improcedente, toda vez que su crítica no se vincula con la procedencia del rubro y su cuantificación, sino que mezcla esta cuestión con la responsabilidad sobre la que vuelve a insistir (Art. 137 del C.P.C.). Me explico: al tratar su queja sobre los montos, la recurrente sostiene que el perjuicio denunciado no se ha oca-sionado por el obrar negligente del chofer sino en la actuación de los padres; que de exis-tir culpa del chofer, esta última ha sido concurrente con la de los padres, por lo que los montos otorgados son excesivos. En definitiva, la sola lectura de este agravio es elocuen-te acerca de su desacierto, en tanto que vuelve a traer el análisis de la atribución de res-ponsabilidad, confundiendo el daño y la cuantificación con la condena que se ha efectuado en la sentencia apelada, por las circunstancias ya expresadas.

Voto por desestimar los agravios y confirmar la sentencia apelada.

VI.- Tratamiento de los agravios relativos a la legitimación de los hermanos para reclamar daño moral. Que la citada en garantía se queja de la admisión de la acción interpuesta por los hermanos de la menor fallecida en orden al daño moral (consecuencias no patrimoniales), estimando su improcedencia en virtud de no revestir la calidad de herederos forzosos de acuerdo a lo establecido en el art. 1.078 del Código Civil.

En la sentencia, la juez sostiene que la corta edad de Enrique Antonio no obsta a la procedencia del daño reclamado toda vez que ello no le niega el registro de situacio-nes dolorosas, aunque esta circunstancia y la carencia de prueba acerca de sus condiciones personales se verán reflejadas en la estimación del perjuicio moral; que en relación a D.R., se observa que padece como consecuencia del accidente narrado un trastorno de estrés postraumático, según emana de la pericia psicológica de fojas 284/285; que en el caso, además, no hay razones para pensar que los hermanos no hubieran convivido con la damnificada directa recibiendo trato familiar ostensible; que sus padres se encontraban casados (fojas 93/94), los hermanos tenían, a la época del accidente, 1 y 5 años y la convivencia del grupo familiar fue señalada en la pericia psicológica; que la cuantificación de este ítem procura, tal como se explicitó precedentemente, brindar al lesionado otros goces que sustituyen al perdido; se admite este rubro por la suma de $ 100.000 a favor de Daniel José y la de $ 80.000 para Enrique Antonio para cada uno de los hermanos, considerando las conclusiones periciales antes expuestas y el estrecho vínculo que tenían con V.

En el caso, si bien la juez cita el art. 1.078 del Código derogado, con jurisprudencia en torno a la interpretación de la expresión “herederos forzosos” allí contenida, parece aplicar el art. 1.741 del Código Civil y Comercial de la Nación cuando referencia a que no hay duda que los reclamantes convivían con la menor fallecida teniendo ostensible trato familiar. Por lo demás, la juez admite el reclamo, aunque no declara la inconstitucionalidad en el caso concreto. Es sabido que la legitimación sustancial queda determinada por la ley vigente al momento del hecho dañoso (KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, La aplica ción del Cód. Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, Rubinzal Culzoni Editores, pág. 100/101), lo que aquí ocurrió en fecha 14/02/2.011, en que regía el Código Civil derogado y su art.1.078 en orden a la legitimación para reclamar el daño moral, que excluía a los her-manos por no ser “herederos forzosos” (IRIARTE, Alejandro L., “Legitimación activa para reclamar daño moral”, LA LEY2014 – A, 569), aspecto que aún en el régimen actualmente vigente con el Código Civil y Comercial de la Nación admite discusiones a partir de la redacción del art. 1.741 (WEINGARTEN, Celia, “Daños extraeconómicos o consecuencias no patrimoniales en el nuevo Código. Los legitimados activos”, LA LEY 2015 – E, 498; MEZA, Jorge Alfredo – BORAGINA, Juan Carlos. “El daño extrapatrimonial en el Código Civil y Comercial”, RCyS 2015 – IV, 104).

Puntualmente en lo que a este caso interesa, destaco que mientras que en materia de daño material, la legitimación activa es amplia, el Código Civil introduce limi-taciones a la titularidad de la acción por daño moral; expresa el último párrafo del art. 1.078, modificado por la ley 17.711 que “la acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo; si del hecho hubiese resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos.”

Como regla, la ley acuerda legitimación activa únicamente al damnificado di-recto (víctima inmediata del hecho); por excepción, si el hecho produjo la muerte de la víctima, la ley otorga legitimación activa sólo a ciertos damnificados indirectos: los here-deros forzosos (ascendientes, descendientes y cónyuge de la víctima inmediata) (ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, “Resarcimiento de Daños, Presupuestos y funciones del Derecho de Daños”, Tomo 4, Bs. As., Hammurabi, 1.999, pág. 184 y sgtes.).

La norma impide que los damnificados indirectos puedan obtener un resarci-miento, aun en supuestos en los que no quepan dudas acerca de que se han visto perjudicados. Así, no faculta a reclamar, por ejemplo, a la pareja de una persona que padece una seria incapacidad o al progenitor de un niño abusado sexualmente.La única excepción tiene lugar cuando la víctima fallece como consecuencia del hecho, en cuyo caso sólo se le permite accionar a los herederos forzosos. Por ende, quedan excluidos, entre otros, hermanos, tíos y concubinos. La limitación se aplicó sin mayores cuestionamientos durante un tiempo, a pesar de que algunos profesores propiciaban la ampliación del número de legitimados. Las primeras críticas vinculadas con la constitucionalidad del art. 1078 llegaron de la mano de juristas de la talla de Matilde Zavala de González y Ramón Daniel Pizarro. Este último incluso advirtió que, en ciertos casos, la rigidez de la limitación produce una grotesca conculcación de la esencia del derecho a la reparación que la vuelve inconstitucional. Desde la óptica judicial, cada vez es más frecuente que los magistrados, recurriendo a distintos argumentos, eviten aplicar estrictamente el límite fijado. En suma, la verdad es que hoy en día se encuentra bajo discusión si la solución prevista en el Código Civil es respetuosa de los principios constitucionales. (IRIARTE, Alejandro L., “Legitimación activa para reclamar daño moral”, LA LEY 2014 – A, 569)

Siguiendo a Galdós, puede decirse que la doctrina y la jurisprudencia, desde hace tiempo, se viene ocupando activamente de la arbitrariedad e irrazonabilidad de la restricción legal del art. 1.078 del Código Civil, y ha brindado numerosos fundamentos, especialmente al analizar los supuestos en los quienes reclaman son la pareja convivien-te, los padres y los hermanos. Sintetizando y sistematizando esos argumentos se afirma que:

— La exclusión como titular de la pretensión resarcitoria por daño moral del damnificado directo si la victima vive, y la limitación de los indirectos en caso de muerte sólo a los herederos forzosos, vulnera los principios de igualdad —art. 16, CN— de no dañar a otro, el de la indemnización plena e íntegra del daño injustamente sufrido —art.19, CN— y discrimina a los víctimas indirectas morales, a quienes —en comparación con las patrimoniales en los que la legitimación es muy amplia (art. 1.079, Código Civil)— se les deniega igual tratamiento, apartándose de los principios generales del derecho y de la equidad. También se somete a diferente tratamiento a las víctimas de los daños morales contractuales, dado que el art. 522, Código Civil, no reitera la restricción que sí tiene el art. 1.078 para los legitimados por daños extracontractuales.

— La tutela de la integridad psicofísica de la persona humana tiene jerarquía constitucional y está protegida por los tratados internacionales de idéntico linaje (art. 75, inc. 22, CN y Convención Americana de Derechos Humanos) y las leyes reglamentarias no pueden alterar ni suprimir eso derechos (arts. 14 y 28, CN) estableciendo dife-renciaciones arbitrarias y restricciones injustas carentes de sustrato axiológico.

— Los adherentes a la postura restrictiva sostienen que la ampliación de la legitimación por daños morales altera la seguridad y la previsibilidad jurídica al ensanchar desmedidamente los habilitados para reclamar, lo que daría lugar a una “catarata de damnificados” o “a un semillero de juicios” (otros parientes, vecinos, amigos, socios, etc.), aumentando la litigiosidad, sobrecargando a los tribunales e indemnizando consecuencias dañosas muy extendidas, desconociendo que la legitimación por daños es una decisión de política legislativa. Estos argumentos son respondidos afirmándose que la indemnización del daño requiere la existencia de un perjuicio cierto que tenga adecuada relación causal con el hecho nocivo, lo que descarta que se puedan avalar supuestos de daños ficticios, irrisorios o con relación causal más bien difusa. No debe confundirse la legitimación por daño moral, que debe equipararse a la patrimonial con la prueba concreta del daño porque el damnificado indirecto debe probar el perjuicio espiritual extrapatrimonial que debe ser significativo.Por otra parte debe mirarse a la víctima y no al dañador y no se afectaría el desenvolvimiento económico normal ya que hoy está muy difundido el seguro para afrontar los daños y además los damnificados indirectos acumularían sus pretensiones a las del directo, en el mismo expediente y con sentencia única, lo que no gravitaría en contra del funcionamiento de la justicia. (GALDÓS, Jorge Mario, “La legitimación de padres y hermanos por daño moral en importante preceden-te”, RCyS 2014 – V, 95)

Respecto a la regulación en el art. 1.741 del Código Civil y Comercial de la Na-ción, la norma consagra una mayor amplitud en orden a la titularidad de la acción resarcitoria por daño moral, ya que, de manera expresa, reconoce al conviviente legitimación para reclamar el resarcimiento de las consecuencias no patrimoniales que pueda provocar la muerte del compañero, al referirse a quien haya convivido con el damnificado directo recibiendo trato familiar ostensible. Más aún, admite que los damnificados indirectos puedan reclamar indemnización por daño moral en caso de supervivencia de la víctima cuando el infortunio le ha provocado una gran discapacidad (como sucede con el dolor real y profundo infligido a los progenitores de quien ha sufrido una lesión irreversible). Sin embargo, el artículo no incluye a los colaterales como legitimados activos. El Proyecto de Unificación de 1998, en su art.1.689 preveía que “los tribunales tienen atribuciones para asignar legitimación a otros sujetos, en los casos especiales en los que el hecho tiene un grado de repercusión en el reclamante que excede del ordinario, habida cuenta de su vinculación con el damnificado y demás circunstancias”. Conforme a la redacción empleada por esta norma, se habilitaba a los jueces a otorgar legitimación a los hermanos para reclamar el resarcimiento del perjuicio espiritual padecido cuando las circunstancias particulares del caso así lo justificaran, posibilidad que no ha sido contemplada en el Código Civil y Comercial, y que hubiera permitido sortear las vacilaciones que se registran en la jurisprudencia sobre el tema. (JUANES, Norma – OVIEDO, Paula, “Algunas pautas que habilitan la legitimación de los hermanos para reclamar indemnización por daño moral”, La Ley on line; FERNÁNDEZ, Silvia E., “Nuevas tendencias en materia de reparación del daño moral. Amplificación de la legitimación de los damnificados indirectos”, SJA 2014/06/11-3; JA 2014-II)

Dicho lo anterior, recuerdo que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ad-mitió el reclamo por daño moral deducido por la víctima que había perdido en un acci-dente a sus padres y a su única hermana; aquí, la Corte declaró inconstitucional el art. 1.078 del Código Civil. Puede leerse en la sentencia que “el Juez está facultado para exa-minar de oficio, en cualquier momento la legitimación de las partes, por ello aún cuando la citada no hubiese articulado cuestión alguna al respecto, el Tribunal se encontraba habilitado para ingresar en el análisis. La expresión herederos forzosos se refiere a los legitimarios potenciales o en abstracto que invistieren tal carácter según la ley con pres-cindencia del hecho que en el caso concreto fueron desplazados por la existencia de otros herederos de mejor derecho”; dijo que “en autos debe examinarse si resulta subsumible en la previsión del art.1.078 C.C., y en su caso si ha devenido inconstitucional en su apli-cación al caso concreto, encontrándose este Tribunal habilitado para ingresar en el con-trol difuso de constitucionalidad de la norma. En el caso concreto la aplicación de la nor-ma arriba a una solución por demás injusta, reñida con normas constitucionales como son el art. 19 y 75 inc. 22 C.N., y desconoce la jerarquía constitucional del derecho a obtener una reparación íntegra del daño. En efecto, la disposición normativa lleva a negar la indemnización por daño moral al reclamante por la muerte d e su única hermana, que además convivía con él y que a raíz del hecho ilícito fue arrebatado de toda su familia”.

La sentencia concluye diciendo que “la nueva concepción del derecho de da-ños y la doctrina sentada por nuestro Máximo Tribunal colisiona con la restricción im-puesta por el art. 1.078 C.C. La disposición, guarda relación con el criterio restrictivo im-perante cuando se sancionó la Ley 17.711, pues se tenía en cuenta el viejo art. 1.078 en el que sólo procedía admitir el perjuicio en los actos ilícitos extracontractuales cuando eran delitos o cuasidelitos civiles, que al mismo tiempo configuraba un delito criminal. Actual-mente la evolución del derecho de daños y su jerarquización constitucional pone de resal-to el anacronismo de la norma. Las restricciones al daño moral se justificaban por ser una sanción represiva o punitiva. Hoy se orienta a tomar como centro a quien sufre injusta-mente el daño. Si el perjuicio espiritual es cierto y se niega la indemnización, además de la justicia se lesiona la seguridad jurídica, porque esta nunca deja de estar comprometida frente a la certeza del daño injusto.Es evidente que el sufrimiento por la muerte de una persona no se limita a los herederos forzosos, aunque sea razonable presumir que serán estos quienes estén más expuestos a padecerlo. Sin embargo, la norma del 1.078 C.C., excluye la posibilidad de que otras personas que puedan acreditar debidamente un daño ejerzan acción indemnizatoria” y que “la norma del art. 1078 del Código Civil ha devenido inconstitucional en el caso concreto, habida cuenta que vulnera el derecho constitucional del recurrente de no ser dañado y (en caso de serlo) a obtener una reparación integral del daño sufrido. Ello así teniendo en cuenta que a raíz de la muerte de la hermana, el recurrente a sus 22 años se quedó no sólo sin sus padres sino también sin vínculo colateral alguno, desde que la víctima era su única hermana, destruyéndose así toda su familia de origen. Ello quedó acreditado con las constancias del expediente sucesorio en el que el recurrente fue declarado único y universal heredero de sus padres y de su hermana. En tal contexto la aplicación de la norma arriba a un resultado por demás injusto al negarle la reparación de un daño que surge patente de las circunstancias del caso. En el ocurrente surge además que la ratio legis de la norma en acotar el número de posibles damnificados, no se violenta desde que el recurrente es el único heredero de su hermana fallecida.” (Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala I, expte. N° 98.009, “Zonca, Roberto Ángel en J° 10.388/106.963 Zonca, Roberto A. c/César Rodríguez Ruiz y Coop. De Seguros P/D. Y P.S/Cas.”, 07/09/2010, LS 417 – 036).

La declaración de inconstitucionalidad de un dispositivo legal constituye un acto de suma gravedad que debe ser considerado como “ultima ratio” del orden jurídico, por lo que esa declaración requiere no sólo el aserto de que la norma impugnada causa agravio sino también la demostración de tal agravio, que sirve de fundamento a la im-pugnación en el caso concreto. (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1981/04/09, “Aranda de Casanova, Ana P. y otros c. Hermida, Baldomero D.”, CS Fallos, 303-531; tam-bién puede verse entre muchos: 1992/05/12, “Bruno Hnos. S. C. y otro c. Estado nacional -A.N.A. LL 1992-E, 480 – DJ, 1993-1-987; del 1989/08/29, “Disco, S.A. c. Provincia de Mendoza”, LL 1990-A, 363 – DJ, 1991-2-48).

El control judicial de constitucionalidad es un derecho y un deber para la judicatura de una tarea suprema y fundamental para los magistrados judiciales y de una función moderadora a cargo del Poder Judicial, esto es de control respecto de los demás poderes del Estado, circunstancia que confiere a tal quehacer matices políticos constitucionales, de índole gubernativa. El Poder Judicial realiza un autocontrol de constitucionalidad de sus propios actos y en este sentido puede mencionarse la revisión administrativa y jurisdiccional de los órganos judiciales superiores sobre los inferiores, donde también debe resguardarse la supremacía de la Constitución; la doctrina de la sentencia arbitraria puede ser un buen ejemplo de ello. El perfil del control de constitucionalidad en la Argentina cuando es operado por el Poder Judicial, tiene los siguientes matices: difuso, letrado en su mayor parte, permanente, reparador y preventivo, opera por vía de acción y excepción, es incondicionado en función de los sujetos es amplio; actúa a pedido de parte, es parcial, vigila actos, normas y omisiones; tiene efectos decisorios, no implica la derogación de normas, tiene eventualmente efectos restitutivos y retroactivos y está sujeto a control supranacional. (SAGÜÉS, Néstor Pedro, “Derecho procesal constitucional.Recurso extraordinario”, Astrea, Buenos Aires, 2.002, Tomo I; 4 edición actualizada y ampliada, pág. 95 y sgtes.)

En general, debe probarse la existencia de un perjuicio efectivo sufrido por el impugnante; la declaración de inconstitucionalidad de una ley no debe hacerse en térmi-nos genéricos o teóricos; no basta, en consecuencia, con la aserción de que la norma im-pugnada puede causar agravio constitucional, sino que debe afirmarse y probarse que ello ocurre en el caso. El perjuicio debe ser alegado por el propio titular del derecho afectado. (Bianchi, Alberto B., “Control de constitucionalidad. El proceso y la jurisdicción constitucionales”, Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 1.992, pág. 164 y sgtes.; puede verse la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: 1998/05/07; “Prodelco c. Poder Ejecutivo Nacional”, LL 1998 C, 574 DJ, 1998 2 738; criterio reiterado en fecha 07/05/1.981, “Orgaz Ahumada, Jorge”, LL 1981 L, 177 DT, 980 1261 ED, 94 247; 07/12/1.982, “Liguori, Angel P.”, CS Fallos, 304 1796; 02/12/1.982, “Esquivel, Rubén H. c. Banco de la Provincia del Chaco”, CS Fallos, 304 1740; Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1991/05/07, “Rallín, Hugo F. y otros.”, LL 1991 D, 474 DJ, 1991 2 785).

Ahora bien, la limitación a la reparación del daño moral de los damnificados indirectos prevista en el art. 1078 del Código Civil no solo conspira contra el principio de reparación integral del daño y el derecho a la integridad personal sino que resulta discri-minatoria frente a gravámenes de igual naturaleza, como los previstos en segundo párra-fo de la norma citada, vulnera los preceptos constitucionales de protección familiar y, atento su irrazonabilidad, viola lo dispuesto por el art. 28 de la Constitución Nacional. (Cámara 3a de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza, 23/09/2014, “C., P. M. c.Gobierno de la Provincia de Mendoza s/ d y p.”, LLGran Cuyo 2015 (marzo), 203; LLGran Cuyo 2015 (agosto), 735 con nota de Claudio Fabricio Leiva).

No desconozco el reciente precedente de la Corte Federal; en el mismo, a raíz de un accidente de tránsito, la damnificada directa, su padre y sus hermanos reclamaron varios rubros indemnizatorios. La Cámara modificó la sentencia de la instancia anterior, que había condenado a la demandada a indemnizar los daños sufridos por los actores. Así también, respecto de los damnificados indirectos del accidente, declaró la inconstitucio-nalidad del art. 1078 del Cód. Civil y, en consecuencia, ordenó la reparación del daño moral sufrido por aquellos. Interpuesto recurso extraordinario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó parcialmente la sentencia apelada.

El Máximo Tribunal de la Nación sostuvo: “El art. 1078 del Cód. Civil no importa una restricción inconstitucional al principio de reparación integral establecido por el art. 19 de la Constitución Nacional, pues la decisión del legislador de acotar la legitimación para reclamar el daño moral obedece a criterios objetivos y razonables y procura la realización de un fin legítimo vinculado con la previsibilidad de los riesgos y la cobertura de los daños de los hechos ilícitos, criterio mantenido por el art. 1741 del Cód. Civ. y Com., que amplió la legitimación activa, pero únicamente para los casos de muerte o de gran discapacidad de la víctima” (del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hace suyo) (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 05/09/2017, “Lima, Maira Joana y otros c. Agon, Alfredo; Sastre, María Patricia y otros s/ daños y perjuicios”, LA LEY 27/09/2017, 10).

La lectura del fallo permite extraer que allí no se estaba frente al reclamo indemnizatorio de los damnificados indirectos ante la muerte de su hermano, como ocu-rre en el presente; allí, la Procuradora subrogante expresamente sostiene que se ha pronunciado, en otro caso, a favor de la inconstitucionalidad del art.1.078 del Código Civil, en el dictamen de los autos caratulados “S.C. G. 112, L. L., “G., M. G. y otros c. Estado Nacional —Minist. De Just. y Der. Hum.— Gendarmería Nac. s/ daños y perjuicios”, emitido el 8 de septiembre de 2015, sosteniendo que “en esa oportunidad, se consideró que la distinción para reclamar la indemnización por daño moral entre el hijo biológico y un niño que tenía un vínculo filial de hecho con quien había resultado ser la víctima fatal de un ilícito violaba el derecho a la igualdad. En este caso, en cambio, la discusión gira en torno a la distinción de trato acordada de conformidad con la naturaleza del daño sufrido por el damnificado indirecto. Por ello, las consideraciones expuestas en aquella oportunidad no resultan aplicables a esta controversia”.

Ahora bien, el dictamen de Fiscalía de Cámaras de fojas 492/494 se pronuncia por la declaración de inconstitucionalidad en el caso concreto del art. 1.078 del Código Civil, en tanto vulnera el derecho de los menores D. J. y E. A. R. C. – hermanos de la víctima – a no ser dañados y en su caso, obtener una reparación, conclusión que comparto, a lo que debe agregarse la protección de la familia (arts. 14 bis, 17, 27 y ccs. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”, arts. 10 y 23 del “Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

El quiebre de los principios de razonabilidad y proporcionalidad que proscriben soluciones disvaliosas y carentes de contenidos axiológicos se fortifica porque debe atenderse a la realidad existencial y vivencial que protege a la familia y a la integridad familiar, lo que no se materializaría en caso de desconocer el dolor y sufrimiento de los pequeños hermanos.Asimismo, se conculcaría el interés superior del Niño, en cuanto desprotegería aspectos inherentes a esta tutela vinculada con su persona y sus bienes (Constitución Nacional arts. 18, 75 inc. 22°: Constitución Provincial arts. 10, 11, 15, 36 incs.1 y 2; Declaración Americana de los derechos y Deberes del Hombre XVIII; Conven-ción de los Derechos del Niño arts. 2, 3 .1, 3.2, 4, 5, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 12, 16, 18.2, 27.3, y 39; Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Ado-lescentes arts. 1, 2, 3, 7, 10, 11, 14, 17, 29, 33, 34, 35, 37, 39, entre otras normas protec-toras). (JUANES, Norma – OVIEDO, Paula, “Algunas pautas que habilitan la legitimación de los hermanos para reclamar indemnización por daño moral”, La Ley on line).

En el caso analizado, se observa que la inconstitucionalidad aparece evidente, pues se le denegaría a los actores, hermanos menores de la víctima fatal, acceder a la reparación de un daño no patrimonial, cuando, indudablemente, el perjuicio ha existido, aún teniendo en cuenta la escasa edad de los reclamantes y el impacto emocional que la trágica muerte de su hermanita debe haber producido.

Es más, destaco que la edad parecería ser determinante para patentizar el perjuicio irreparable que requiere una declaración de inconstitucionalidad. Los menores Daniel José y Enrique Antonio integraban el grupo familiar con la niña fallecida, y sin duda alguna, su desaparición de una manera tan trágica y repentina, como violenta y hasta absurda, quebranta la vida familiar, y una niñez que venía desarrollándose en un ámbito en el que la pequeña hermana debe haber cumplido un rol vital en ese contexto particular. Desde esta perspectiva, se advierte la injusticia que se cometería si se dejara sin reparación el daño no patrimonial padecido, por una cuestión de legitimación emer-gente de la norma de fondo ya referida.El Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza que entrará en vi-gencia el 01/02/2.018 dispone en el art. 2 ap. II: “Cuando una norma jurídica o acto de autoridad pública resulten en el caso manifiestamente contrarios a las normas superiores en la jerarquía mencionada, los Jueces podrán, previo dar oportunidad a las partes de ser oídas e intervención del Ministerio Público Fiscal, declarar de oficio o a pedido de parte su inconstitucionalidad o su inconvencionalidad. Esta facultad deberá ejercerse con suma prudencia en la interpretación que realicen y en caso de duda se estará por la constitucionalidad o convencionalidad de la norma o acto. Les está vedado a los Jueces realizar tales declaraciones en abstracto”.

El nuevo ordenamiento procesal no hace más que concretar la tendencia de la Corte Federal en materia de declaración oficiosa de inconstitucionalidad de las normas. En este orden de ideas, se precisa que si bien los tribunales no pueden efectuar declara-ciones de inconstitucionalidad de leyes en abstracto, no se sigue de ello la necesidad de petición expresa de parte interesada, pues se trata de una cuestión de derecho, hallándose comprendida en la potestad de suplir el derecho no invocado o invocado erróneamente el deber de mantener la supremacía constitucional (Entre muchos otros precedentes, pueden consultarse: Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Banco Comercial Finanzas s/quiebra”, 19/08/2004, LA LEY 2005 – F, 453; Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c. Ejército Argentino s/daños y perjuicios”, 27/11/2012, LA LEY 2012 – F, 559).

En conclusión, en el caso concreto, resulta procedente la declaración de inconstitucionalidad del art. 1.078 del Código Civil, que fuera planteada oportunamente en la demanda y soslayada en la sentencia de primera instancia, teniendo en cuenta la excepcionalidad de las circunstancias aquí analizadas.La juez no trata la cuestión constitucional expuesta en la demanda, entendiendo que la pretensión resarcitoria de los hermanos estaba incluida en una interpretación amplia del art. 1.078 del Código Civil, por lo que esta Cámara, coincidiendo en la solución contenida en la sentencia, aunque discrepando en los argumentos de la juez de primera instancia, dispuso la correspondiente vista al Ministerio Fiscal en la alzada a los fines de que se pronunciara respecto a dicha inconstitucionalidad. Hecha esta aclaración, los agravios de la citada en garantía, en este aspecto, deben ser desestimados, debiendo mantenerse la admisión del rubro aquí tratado y agregarse a la parte resolutiva la declaración de inconstitucionalidad de la normativa analizada.

VII.- Tratamiento de los agravios vinculados a la imposición de daños punitivos. Que la citada en garantía se agravia de la imposición de daños punitivos a su parte; alega que este no es el caso que justifique la aplicación de tal instituto, pues se trata de un supuesto en que la responsabilidad del transportista es dudosa, sin que se observe una conducta dolosa de parte del autor del daño. La sentencia impone la suma de $ 100.000 en concepto de daños punitivos, de acuerdo al art. 52 bis de la Ley 24.240.

Preciso que, desde la doctrina, algunas voces habían propiciado la incorpora-ción de los daños punitivos en materia de protección de los derechos de los consumidores y usuarios ; ahora, la reciente ley 26.361 introduce el art. 52 bis a la ley 24.240, consagrando los daños punitivos en materia de defensa del consumidor en estos términos: “Al proveedor que no cumpla con sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan.Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el art. 47 inciso b) de esta ley.”

A partir de este texto normativo, que ha sido objeto de críticas por parte de la doctrina, se han ido delineando dos posturas respecto de los recaudos de procedencia del daño punitivo. Una, que podría llamarse “amplia”, ajustada al texto del artículo 52 bis; y otra, restrictiva, producto de la interpretación doctrinaria y acorde a su configuración en el derecho comparado.

Dentro de la primer postura, se señala que la inclusión de esta figura es absolutamente compatible con la finalidad de las normas de consumo, las que despliegan su actividad tanto en el área de la prevención como de la reparación; para que la actuación del proveedor merezca la citada sanción, la norma sólo exige el incumplimiento por parte de éste de sus obligaciones legales o contractuales para con el consumidor. Nada más. En consecuencia, el daño punitivo resulta aplicable a todos los casos en los que se de cualquiera de los citados extremos, es decir, a todo vínculo jurídico dentro de la relación de consumo. Entonces, allí donde haya un reclamo por un derecho violado, dentro de esta relación, existirá a la par la potestad de exigir daños punitivos. En este orden de ideas, se ha señalado que la ley 26.361, evidentemente, se apartó del restrictivo criterio que sostenía que sólo debía condenarse a pagar daños punitivos cuando existiera un previo cálculo de que los beneficios a pagar eran superiores al costo de hacer el producto más seguro.El artículo 52 bis dice que se pueden imponer daños punitivos “Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor”. La norma tiene un indudable acierto que es la mención de obligaciones legales para terminar de despejar las dudas sobre si la responsabilidad por daño punitivo es contractual o legal.

Por su parte, dentro de la postura restrictiva o subjetivista, se propicia que no cualquier incumplimiento contractual o legal puede dar curso a la petición de este tipo de pena que condena al incumplidor a reparar más allá del daño producido. La amplitud dada por el legislador a los requisitos de procedencia, es extremadamente peligrosa al no brindar al juez un marco o parámetro de referencia al que atenerse a la hora de sopesar la conveniencia y oportunidad de condenar a pagar daños punitivos. En el derecho nor-teamericano se ha aludido a una conducta caracterizada por la “malicia”, entendida esta como una actuación dolosa. También así se la caracterizaba cuando el demandado actua-ba de una manera despreciable con indiferencia voluntaria y consciente de los derechos y seguridad de los demás. No es posible exigir únicamente el aspecto objetivo del incumplimiento sino que además es necesaria una particular subjetividad. La institución de las “penas privadas” propende al establecimiento de un derecho más igualitario y más justo. En ese marco no parece respetar elementales exigencias de justicia, la circunstancia de tratar igualitariamente a aquel que ha causado un daño por una mera negligencia o imprudencia, que a aquel que comete graves transgresiones, de manera consciente y aún, en ocasiones, obteniendo pingües ganancias con su reprochable accionar. (ÁLVAREZ LARRONDO, Federico M., “La tesis restrictiva en daños punitivos. Necesidad probatoria”, LA LEY 2014-C, 54; ÁLVAREZ LARRONDO, Federico M. , “La necesaria actividad probatoria en materia de daños punitivos. Una asignatura pendiente”, DJ 03/07/2013, 11).

Los daños punitivos surgen ante aquellos c asos en que la aplicación estricta del ordenamiento, permitiría la convivencia de conductas antisociales.Es decir, cuando la aplicación del derecho no es suficiente como para desalentar una conducta verdadera-mente reprochable, éste —el ordenamiento jurídico— faculta al magistrado para que aplique una multa sancionando dicho accionar. Se puede encontrar, ante lo dicho, un tinte socializador con el que carga este instituto, ya que busca del algún modo desalentar conductas perjudiciales a la sociedad en su conjunto. Se observa que el instituto persigue dos finalidades fundamentales: por un lado la preventiva o disuasoria, y por otro la sancionadora. Será preventiva respecto del impacto que generará su aplicación al caso concreto, con relación a los demás integrantes de la comunidad intentando de este modo desalentar conductas similares. Además, será sancionadora en cuanto intenta punir una conducta que considera altamente reprochable, intentando desbaratar la acción de la demandada. Sin duda los tribunales en reiterados precedentes se han adherido a la com-prensión del instituto como su origen lo recepta y plasmando su real esencia, sin dejarlo desvirtuar por el art. 52 bis, que introduce de un modo deficiente el instituto de los daños punitivos en el Derecho Argentino. (MÉNDEZ ACOSTA, Segundo, “La conducta requerida en los daños punitivos”, DJ 23/04/2014, 21; COLOMBRES, Fernando Matías, “Daño Puni-tivo. Presupuestos de procedencia y destino de la multa”, DJ 19/10/2011, 1).

Los daños punitivos han sido definidos como aquellas sumas otorgadas en adi-ción a cualquier daño compensatorio o nominal, usualmente como castigo o disuasorio impuesto contra un demandado encontrado culpable de una particularmente agravada inconducta, unida a un malicioso, temerario o de cualquier manera equivocado estado mental. Algunas veces esos daños son llamados ejemplares en referencia a la idea de que son un ejemplo para el demandado. Como bien señala la definición, se trata de una suma otorgada en adición al daño compensatorio, por lo tanto, su naturaleza no es compensatoria o indemnizatoria.La norma que acoge, dentro de nuestro derecho, los denominados daños punitivos establece que si se produce un incumplimiento del proveedor de bienes y servicios respecto de las obligaciones legales o contractuales que asuma, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar esta multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Los daños punitivos, como su nombre lo indica, persiguen la punición de determinadas inconductas caracterizadas por un elemento axiológico o valorativo agravado. Existe acuerdo tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, de que tales daños tienen una doble finalidad: punitiva y disuasiva. De tal modo, una norma de responsabilidad civil no siempre tiene exclusivamente una finalidad compensatoria. (OTAOLA, María Agustina, “La Justificación de los Daños Punitivos en el Derecho Argentino”, La Ley on line, Revista de la Facultad -UNC- 2014-1, 135; BERSTEN, Horacio L., “Procedencia de la multa civil del art. 52 bis LDC”, LA LEY 2013 – A, 235; puede verse el interesante trabajo de Demetrio Alejandro CHAMATROPULOS, “Soluciones posibles para la escasa aplicación de los daños punitivos en Argentina”, LA LEY 2013 – D, 1079).

Efectuadas estas precisiones, ingresaré en el análisis de la procedencia o no de los daños punitivos en el caso traído a resolución en esta instancia; anticipo que me enrolo en la postura restrictiva en orden a la conceptualización de los daños punitivos, en el sentido de que se exige un elemento subjetivo en el proveedor del producto o servicio, además del incumplimiento de la obligación legal o contractual, para que se puedan imponer estas condenaciones pecuniarias.

No comparto la decisión de primera instancia.Aquí si bien existe un incumplimiento obligacional imputable a la empresa de transporte, vinculado a la obligación de seguridad, sea emergente del contrato de transporte, sea derivado de la relación de consumo, tal como se analizara más arriba para determinar su responsabilidad, lo cierto es que no está configurado el elemento subjetivo suficiente para que se impongan daños punitivos. La admisión de la pretensión resarcitoria derivada de la responsabilidad civil no conlleva, por sí sola, la configuración de la pretensión punitiva. Así, en el caso analizado, no se observa la gravedad de una conducta desaprensiva ni negligente de parte de la demandada, Transporte Automotor de Provisión de Servicio Internacional CATA Internacional Ltda., que justifique la imposición de la condena por este concepto.

Vale insistir en que no es suficiente el mero incumplimiento de una obligacional convencional o legal a los fines de imponer esta sanción. Por el contrario, se requiere que el proveedor haya incurrido en una conducta reprochable de cierta relevancia, que se identifica con la culpa grave o dolo, traduciendo un grave menosprecio respecto de los derechos de terceros, de otro modo no se justificaría que se determine una sanción pecuniaria como la previste por el art. 52 bis de la Ley 24.240.

En función de lo expuesto, y la valoración de las circunstancias particulares del caso, propongo, entonces, hacer lugar al agravio de la citada en garantía aquí tratado, y proceder al rechazo de los daños punitivos admitidos por la sentencia de grado, con la consideración que haré a continuación respecto de las costas.Tal como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, “no lleva imposición de costas el rechazo del rubro daño punitivo en materia de defensa del consumidor, teniendo en cuenta la especialidad de la materia, el orden público involucrado, el espíritu tuitivo de la ley, el carácter aleccionador de los daños punitivos, la dificultad de su cuantificación, la necesidad de que se priorice el acceso a la justicia de los consumidores y el hecho de que la concesión del daño punitivo sea una facultad judicial”. (Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala I, expte. N° 108.977, “Castillo, Julio Daniel en J° 149.520/14.364 Castillo, Julio Daniel c/Banco Patagonia S.A. s/Daños y Perjuicios s/Casación”, 11/03/2.014; Puede verse: FIORENZA, Alejandro Alberto, “Dudas y certezas en torno al criterio adoptado por la CSJN con respecto al alcance del beneficio de justicia gratuita reconocido a los consumidores”, DJ 03/06/2015, 24; RITTO, Graciela B., “El alcance de la justicia gratuita en la Ley de Defensa del consumidor y la defensa del débil jurídico”, RCyS 2013-IV, 199; puede verse: KRIEGER, Walter F., “El beneficio de gratuidad en la Ley de Defensa del Consumidor y el proceso eficaz”, LA LEY 2014 – D, 407); en este mismo orden de ideas, se ha sostenido que “el rechazo del daño punitivo en materia de defensa del consumidor no lleva imposición de costas. El principio de “justicia gratuita” contenido en la Ley de Defensa del Consumidor, comprende no sólo impuestos, tasas y contribuciones, sino también las costas del proceso” (Segunda Cámara de Ape-laciones en lo Civil y Comercial de Mendoza, expte. N° 52.134, “Herrera, Leandro Nicolás c/El Santo S.A. P/Daños y perjuicios”, 22/03/2.017; de esta Cámara: expte. N° 52.140, “Copia, Aldo Antonio C/Mapfre Argentina Seguros de Vida S.A.p/Cuestiones derivadas de contrato de seguro”, 21/12/2.016).

VII.- En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de apelación de 444 in-terpuesto por la demandada y admitir parcialmente el recurso de apelación promovido a fojas 447 por la citada en garantía contra de la sentencia de fojas 431/439, conforme se ha expuesto en las consideraciones vertidas en la presente resolución; asimismo, se in-cluye como agregado la declaración de inconstitucionalidad del art. 1.078 del Código Civil respecto del reclamo de los hermanos de la menor fallecida.

ASÍ VOTO.

Sobre la primera cuestión, los Dres. MARÍA SILVINA ÁBALOS y CLAUDIO ALEJANDRO FERRER adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

SOBRE LA SEGÚNDA CUESTIÓN, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. CLAUDIO F. LEIVA DIJO:

Las costas deben imponerse a las recurrentes que resultan vencidas. (arts. 35 y 36 del C.P.C.).

ASÍ VOTO.

Sobre la segunda cuestión, los Dres. MARÍA SILVINA ÁBALOS y CLAUDIO ALEJANDRO FERRER adhieren al voto precedente.

Con lo que se dio por concluido el presente acuerdo dictándose sentencia, la que en su parte resolutiva dice así:

SENTENCIA:

Mendoza, 25 de octubre de 2.017.

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal

RESUELVE:

1° Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada a fojas 444 y admitir parcialmente el recurso de apelación promovido a fojas 447 por la citada en garantía y en consecuencia, modificar la sentencia de fojas 431/439, que queda redactada del siguiente modo: “1.- Admitir la acción instada, declarar la inconstitucionalidad del art. 1.078 del Código Civil en lo relativo a la legitimación de los hermanos de la víctima para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, en el caso concreto, y en consecuencia, deberán los demandados: Sr. Daniel Alfredo Escobares Moreno, la Cooperativa Andina de Transporte Automotor de Provisión de Servicio Internacional CATA Internacional Ltda.y Mutual Rivadavia de Seguro del Transporte Público de Pasajeros, ésta última en los límites de la cobertura, abonar en el plazo de DIEZ DIAS de firme y ejecutoriada la presente a los Sres. J. A. R. y M. I. C., las siguientes sumas: a) pesos DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS ($ 267.500) a cada uno, con más los intereses calculados según la Ley 4.087 desde el 14 de febrero de 2.011, fecha del accidente, hasta la fecha de la presente resolución y desde allí y hasta el efectivo pago, los intereses a la tasa prome-dio que resulte de aplicar el art. 768 inc. c) del CCCN a la fecha de la liquidación; b) en representación de su hijo D. J. R. C. la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL ($ 110.000), con los intereses de la Ley 4.087 desde el 14 de febrero de 2.011, hasta la fecha de la presente resolución y desde allí y hasta el efectivo pago, los intereses a la tasa promedio que resulte de aplicar el art. 768 inc. c) del CCCN al momento de practicar liquidación; y c) en representación de su hijo E. A. R. C., la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000) más los intereses de la Ley 4.087 desde el 14 de febrero de 2011 hasta la fecha de la presente resolución y desde allí y hasta el efectivo pago, los intereses a la tasa promedio que resulte de aplicar el art. 768 inc. c) del CCCN al momento de practicar liquidación; d) desestimar los daños punitivos reclamados contra la empresa demandada (Art. 52 bis de la Ley 24.240). 2- Imponer las costas a los demandados y a la citada en garantía, esta última en la medida del seguro (Arts. 35 y 36 del C.P.C.); omitir pronunciamiento sobre costas en el rechazo del daño punitivo reclamado (Art. 53 de la Ley 24.240).

3- Regular los honorarios profesionales de la siguiente manera: Dr. Facundo Lionel Casais, en la suma de pesos ($ …); Dr.Luciano Bosco, en la suma de pesos ($ …); Dras. María Alejandra Fernández de Farrugia y María Elina Benegas, en la suma de pesos ($ …), a cada una; Dres. Marcela I. Amarillo y Juan Pablo Flores, en la suma de pesos ($.), para cada uno; Dres. Pedro Farrugia y Diego Boulin, en la suma de pesos ($ …), para cada uno; Dres. Lorena Torres y Juan Pablo Vallone, en la suma de pesos a ($ …), a cada uno; y Dra. Violeta Arancibia, en la suma de pesos ($.); a la fecha y sin perjuicio de los complementos y el IVA que corresponda a los profesionales que acrediten tal calidad (arts. 2, 3, 11, 13 y 31 LA y Ley 24.432).

4- Regular los honorarios de los peritos Ing. Héctor Eduardo Roitman y Lic. Valeria Lemme, en la suma de pesos ($ …), para cada uno. Adicionar a los honorarios del perito Héctor Eduardo Roitman el aporte previsto en el art. 30 de la Ley 7.361 y el I.V.A. que corresponda atento la calidad que denuncia a fs. 348. 5- Desestimar la incidencia de tacha promovida a fs. 276/277 por la parte demandada con costas a su cargo (arts. 35 y 36 ap. I) del C.P.C.). 6- Regular los honorarios correspondientes al incidente de tacha de los Dres. Juan Pablo Vallone, Juan Pablo Flores, Facundo L. Casais y Luciano Bosco en las respectivas sumas de pesos ($.), ($.), ($ …) y ($.) (arts. 2, 3, 14 y 31 L.A.).”

2° Imponer las costas de alzada a la parte recurrente vencida (Arts. 35 y 36 del C.P.C.).

3° Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta vía impugnativa de la siguiente manera: a) Por lo que se rechaza el recurso de la parte demandada: a los Dres. Facundo Lionel Casais y Luciano Bosco en la suma de Pesos Diecisiete Mil Cuatrocientos ($.) a cada uno de ellos respectivamente y a las Dras. María Alejandra Fernandez en la suma de Pesos ($.) y Violeta C. Arancibia en la suma de Pesos ($.) y b) Por lo que se rechaza el recurso de apelación de la citada en garantía: a los Dres. Facundo Lionel Casais y Luciano Bosco en la suma de Pesos ($.) a cada uno de ellos respectivamente y a los Dres. María Elina Benegas en la suma de Pesos ($.) y Juan P. Vallone en la suma de Pesos ($.) (Art. 2, 3, 4, 13, 15 y 31 L.A.) Los honorarios regulados son sin perjuicio de los complementarios que correspondan, dejando expresamente establecido que al momento de practicarse liquidación deberá adicionarse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) a los profesionales que acrediten la calidad de responsables inscriptos.

Cópiese, Regístrese, Notifíquese Y Bajen.

Claudio F. Leiva

María Silvina Ábalos

Claudio A. Ferrer

Andrea Llanos – Secretaria de Cámara