Se responsabiliza al demandado por los daños y perjuicios producidos a raíz del incendio ocurrido en el campo del actor, cuando aquel se encontraba soldando cerca del lugar

Partes: Martin Francisco c/ Olabe Jose Luis s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Fecha: 9-oct-2017

Cita: MJ-JU-M-107402-AR | MJJ107402 | MJJ107402

Procedencia de la demanda por los daños y perjuicios derivados del incendio que afectó al campo del actor por aplicación del art. 1113 del CC, y en tanto el demandado no acreditó que se originó en un hecho de la naturaleza, o bien que comenzó en el inmueble vecino o en cualquier otro hecho al que resulte ajeno. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia en cuando acogió parcialmente la demanda de daños y perjuicios deducida a raíz del incendio ocurrido que afectó al campo del actor, pues por aplicación de los principios generales y en orden a lo dispuesto en el art. 1113 CCiv., es al demandado a quien incumbe acreditar que el incendio se originó en un hecho de la naturaleza, o bien que comenzó en el inmueble vecino o en cualquier otro hecho al que resulte ajeno y que pudo ser evitado mediante las debidas medidas de prevención; en caso de duda, debe mantenerse la responsabilidad del deudor, toda vez que el caso fortuito constituye un supuesto de excepción y es, por tanto, de hermenéutica estricta.

2.-La responsabilidad por los daños ocasionados a raíz del incendio de una cosa que se propaga y lesiona a personas o bienes de terceros presenta diferentes matices, pues cuando es intencional o se produjo por una falla humana, es decir, cuando ha sido provocado por el hombre y es posible identificar al agente, la solución se resuelve en base a los factores subjetivos de atribución, ya se la encuadre en el marco del hecho del hombre con la cosa (art. 1113 parte 2ª párr. 1º CCiv.) o bien en la responsabilidad común por dolo o culpa, según el caso; si, por el contrario, no se conoce el origen o fue generado por la predisposición de los materiales o por alguna causa anónima que provocó la ignición, tanto en los fallos como en la doctrina prevalece la opinión según la cual el caso se rige por el art. 1113 párr. 2º parte 2ª CCiv.

Fallo:

En la ciudad de Mendoza, a los nueve días del mes de octubre de dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Acuerdo de esta Excma. Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza las Juezas de Cámara Dras. Alejandra Orbelli, Silvina Miquel y Marina Isuani trajeron a deliberar para resolver en definitiva los autos Nº 148.462/52.360, caratulados: “MARTIN, FRANCISCO C/ OLABE, JOSE LUIS P/ D. Y P. “, originarios del Segundo Juzgado Civil, venidos a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto por la actora, por la demandada San Antonio S.A. (antes Pride International S.A. y por la citada en garantía, a fs. 683, 685 y 686, respectivamente, contra la sentencia de fs.660/681.

La causa quedó en estado de resolver a fs. 826. Practicado el sorteo de ley, se estableció el siguiente orden de estudio: Juezas de Cámara: Orbelli, Miquel, Isuani.

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160 de la Constitución Provincial y 141 del C.P.C., se plantearon las siguientes cuestiones a resolver.

Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?

Segunda cuestión: costas.

Sobre la primera cuestión propuesta la Sra. Jueza de Cámara Alejandra Orbelli dijo:

I. En primera instancia se hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por Francisco Martín (hoy sus herederos), contra José Luis Olabe Gachinat y Pride International SRL, y se extendió la condena contra la aseguradora Boston Cía. Argentina de Seguros S.A., en la medida del seguro. La demanda prosperó por la suma de pesos ochenta y siete mil seiscientos setenta y dos ($ 87.672) con más intereses. Se impuso costas y se reguló honorarios.

Aclaró en forma previa que no media un supuesto de prejudicialidad en el caso, puesto que en el AEV penal N° 1910/03 – 47803, se sobreseyó la causa por haber operado la prescripción de la acción penal (fs. 42)

Encuadró normativamente el caso en el art.1113, especificando que se aplica aunque la cosa esté accionada por la mano del hombre sin que sea necesario que tenga un vicio, pero se requiere que haya intervenido activamente en la causación del daño.

Tuvo como no controvertida la existencia del hecho o el incendio ocurrido el día 05/09/2003, difiriendo las partes en el origen del hecho.

Tuvo como prueba fundamental el AEV penal, en la declaración espontánea efectuada en el momento y en el lugar del hecho por el Sr. Olabe, quien reconoce haber estado soldando en ese momento y que las chispas que emanaba del trabajo que estaba realizando produjeron el incendio, teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrollaba la terea, donde además corría viento zonda. Observó que a pesar de que no fue redargüido, tampoco se aportó prueba que desvirtuara lo allí expuesto.

Consideró que no se tomaron las precauciones necesarias con el uso de una cosa riesgosa como es la máquina de soldar en uso, ya que existe el peligro que la misma ocasione incendios si no se adoptan las medidas de seguridad o se realiza un incorrecto uso de la misma. Advirtió que es de notorio conocimiento que ante el viento zonda, que es muy común en la provincia de Mendoza, se debe ser precavido con el manejo de materiales inflamables y elementos que pueden provocar chispas o fuego.

Ponderó que en otra causa ofrecida como prueba, autos N° 168.324 “Prato, Ida Esther y ots. c/ Gachinat Olabe, José Luis y ots. p/Daños y Perjuicios”, si bien no se reconocieron los hechos, concluyó por transacción.

Entendió que el demandado no demostró en debida forma ninguna de las causales precedentemente detalladas, que determinarían su exoneración de responsabilidad. Manifestó que en el caso, la solución no cambia si se analizara el caso desde la óptica del art. 1109 del CC.Remarcó que, pesaba sobre el demandado PRIDE INTERNATIONAL SRL la prueba de desvirtuar que la persona que estaba allí trabajando no estaba soldando bajo su dependencia en los términos del derecho civil o bajo sus órdenes.

Consideró en conclusión que el demandado no acreditó ninguna de las eximentes de responsabilidad permitidas para estos casos, en virtud de lo dispuesto por el art. 1.113 2° párr. del Cód. Civ.

Por otra parte, juzgó como no acreditada del Sr. Santín, persona traída al proceso por PRIDE INTERNATIONAL SRL, por entender que no se demostró su participación en el hecho, y que no resulta suficiente la factura acompañada por el demandado para constatar alguna unión del operario con el Sr. Santín.

Luego, entró en el análisis de los rubros reclamados.

Señaló cierta deficiencia probatoria por parte del actor en lo que respecta a la total extensión de los daños materiales, originada en el hecho de no haberse producido una prueba más específica, o haber elementos además del informe del Crycit y algunas testimoniales un tanto imprecisas. Dijo que, si bien ello impide admitir lisa y llanamente el monto reclamado, existe prueba del daño producido a raíz de un gran incendio, donde de las testimoniales se extrae que se observaron “algunos animales muertos” (fs.526), y que el actor tenía y vendía animales y miel, lo cual lleva a su estimación con los elementos obrantes, aunque apreciados con rigidez y estrictez que suponen tales circunstancias

De tal manera, valoró que según el informe de IADIZA y las testimoniales rendidas, posteriormente al hecho y a la presencia policial se vieron animales muertos, que las testimoniales dieron cuenta de la tarea que realizaba el actor en su campo y qué animales tenía, que el Sr. Martín acompañó credencial de apicultor, de la cual surge que tenía y vendía animales y miel y que según el acta policial, los daños fueron totales.Tuvo presente que, según el A.E.V., el incendio se expandió a otros terrenos. Apreció el informe realizado por el Ing. Stasi. Advirtió que, si bien el acta policial manifiesta que no se constatan daños en animales, no fue clara en determinar si la inspección se realizó en el total de las 500 ha. Interpretó que de la prueba examinada, se deduce que los daños fueron de gran magnitud en el campo. Juzgó que a raíz de los mismos, si el campo por el incendio mismo no permite el pastoreo, causa daños a los animales que están en el lugar, teniendo efectos presentes y futuros.

Fijó la indemnización por el rubro en cuestión en la suma de $ 24.362, con más los intereses desde la fecha del hecho hasta el 31/07/2015, calculados con tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.), y a partir del 01/08/2.015 hasta su efectivo pago, la tasa activa mencionada en virtud de lo normado por el art. 768 inc. b del CC y C, haciendo aplicación de lo resuelto por la S.C.JM. en el plenario “Aguirre” que declara la inconstitucionalidad de la ley especial 7198

Luego, examinó la procedencia del rubro lucro cesante.Se pronunció por la disminución del monto solicitado, adaptado a lo concedido precedentemente, en el rubro daño material.

Coincidió con lo planteado por la contraria, en cuanto al exceso de reclamación por parte del peticionante, que se desprende de haber incluido ya que al estimar su cálculo no solo las ganancias, sino también el valor de cada animal, lo cual resultó resarcido en el rubro precedente, además de no haber deducido los gastos de mantención de los mismos.

Negó que haya quedado determinado que el daño se produjo en tres años, atento a que el informe se dijo estimarlo en dos o tres, por lo cual juzgó adecuado circunscribirlo a dos años.

Fijó el rubro en la suma de $ 33.310 más los intereses determinados al tratar el rubro precedente.

Finalmente, analizó la procedencia y monto del daño moral.

Tuvo en cuenta que la prueba pericial psicológica calificó al hecho como un hecho lesivo a los derechos inherentes a la esfera íntima de la personalidad del actor, acarreándole dificultades, alterando su modo de vida, y generándole angustia y temor.

Trajo a colación un fallo de cámara Nº 157.007/51.306, “Zapata, German y ots. C/ Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam) P/ D. Y P” en que elevó la suma a $ 30.000 por inundación de una vivienda con desechos cloacales, estimando dicha incomodidad, sufrimiento en ese momento manifestándose que surge in re ipsa de los daños admitidos y circunstancias del caso

Tuvo por cierto entonces, que la víctima sufrió daños en su inmuebles de productividad laboral, malestares, incomodidades, el momento allí vivido, angustias, antecedentes jurisprudenciales, lo que según precisó, conllevan a fijar por dicho concepto la suma de $ 30.000 (art.90 inc.7 del CPC), estimado al momento de la sentencia, más los intereses previstos por la Ley 4087 desde la fecha del hecho hasta su dictado y desde allí en adelante y hasta su efectivo pago la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.), haciendo aplicación de lo resuelto por la S.C.JM. en el plenario “Aguirre”

II. A fs. 793/796 funda el recurso la apelante actora.

Se agravia en primer lugar por no haberse admitido la suma reclamada en la demanda ($ 323.310), en concepto de daño emergente.

Aduce que el sentenciante no explica como fija la suma, desconoce que al demandar su parte determinó el valor de cada uno de los animales perdidos (fs. 43, 45), y omitió sumar la pérdida por el incendio de fs. 104 de colmenas, y extinción de 30T de guano de cabra.

Cuestiona la consideración relativa a la deficiencia probatoria de su parte. Afirma que es prueba específica tanto la instrumental de fs. 35, respecto de los materiales avícolas emitida por Miel Transancos, el valor de la colmena standart, y el precio de los núcleos de cada colmena, no cuestionado por los demandados; como el informe de IADIZA de fs. 28 in fine, y las declaraciones testimoniales de fs. 252. Agrega que el propio Juez reconoció que son daños “in re ipsa”, es decir que no hace falta probarlo.

En segundo lugar, se agravia del monto fijado en concepto de lucro cesante.

Expone que, si existe daño emergente, y atento a la calidad d e explotador agrícola – apicultor – ganadero del actor, se deriva la existencia de lucro cesante al incendiarse el campo.

Señala que en el informe de IADIZA (fs. 28), se reconoce que el productor dejará de percibir los ingresos que p producían 212 cabras durante el tiempo estimado de recuperación del recurso.

Denuncia que el Juzgador no consideró la prueba ofrecida en los autos n° 168.324 “Prato c/ Gachinat p/ D. y P.”, en especial la de fs.11 (acta de procedimientos de Policía); fs. 12/14 (informe técnico de daños por incendio, realizados por profesionales)

Pone en relieve que, del informe del ingeniero a fs. 12/13, se habla de daños totales, de una sensible disminución de la producción y de la imposibilidad de pastoreo en el campo en los próximos dos o tres años ni tampoco productividad apícola; mientras que del informe del Ingeniero agrónomo Bertger surgen los valores estimados de la explotación apícola en general, útiles para cuantificar el daño.

Plantea que el a quo no tuvo en cuenta que la prueba fue proporcionada por puesteros o productores rurales precarios, que no llevan contabilidad formal y por ende, no existía otra forma de probar el rubro que a partir de estimaciones de profesionales de la actividad. Agrega que, a su entender tampoco se tuvo en cuenta la frustración de ganancias por la actividad apícola. Subraya que según las testimoniales, el puesto mantenía un kiosco, que principalmente vendía chivos y miel.

Plantea como ilógico fijar una indemnización por daño emergente y luego rechazar el lucro cesante, que es un efecto directo del daño producido.

Subraya que los demandados no desconocieron las pruebas mencionadas, y además realizaron con el actor un acuerdo conciliatorio y el pago de lo reclamado.

II. A fs. 799/802 funda el recurso la apelante San Antonio S.A. (antes Pride International S.A.)

Se agravia de la atribución del incendio en forma exclusiva al Sr. Gachinat.

Asevera que se valoró erróneamente el AE.V. penal 47.803. Explica que a fs. 1 del AEV penal se menciona a las chispas de soldadura, según dichos de Gachinat, pero ni el oficial interviniente constató el hecho ni el Sr. Gachinat fue parte en el acto, puesto que no firmó el acta.

Niega que existan pruebas que corroboren la intervención de Gachinat. Señala que la testigo Miguez reconoce que le contaron sobre el origen del incendio (fs.478, 2° sust.) y la testigo Salas nada dice sobre dicho origen (fs. 525/526)

Alega que además de ello, la inexistencia de condena penal torna inconsistente la conclusión del a quo. Expresa que se omitió valorar la circunstancia esencial, reconocida en la demanda, cual es que el incendio se propagó en razón de una concausa que fue el viento zonda que corría en el momento (fs. 44 párrafo tercero), y que las chispas no hubieran tenido ninguna virtualidad sin la presencia del mismo, erigiéndose como única causa eficiente de la extensión del fuego a las 500 Has.

Insiste en que el daño es inexistente y que el valor fijado no tiene fundamento. Entiende que a dicho efecto se omitió valorar prueba en la sentencia, la cual enumera:

El AEV penal, tanto el acta de procedimiento (fs. 5, línea 16°), como el informe del Fiscal (fs. 10), demuestran no se ha detectado pérdida de alguna cabeza de ganado. Indica que en el Expte. n° 168.324, “Prato c/ Gachinat p/ D. y P.2, en el acuerdo conciliatorio se dejó constancia de que no implicaba reconocimiento de los hechos invocados, se formalizó en interés directo de Vintage Oil Argentina INC., de quien su mandante era contratista, por lo que el mismo no debió ser valorado en la sentencia.

El artículo “Receptividad de las pasturas naturales de la llanura de Mendoza” (fs. 29/34)

La testimonial del ingeniero Stasi (fs. 477), en donde expresó que en el sector del campo que sufrió el incendio no había animales y/o colmenas activas (4° sustitución), que no recuerda haber visto animales en el resto del campo que no se incendió.

La testigo Miguez (fs. 478) en cuanto reconoce que el viento zona fue el origen del incendio, según se lo contaron (2° sust), que el actor vendió siempre miel y cabras (3° sust) en el campo de él (4° Sust)

La testigo Salas (fs. 525), en cuanto dijo que:se fue a vivir a la casa de los Martín y vive en la casa de al lado que le dieron para vivir (1° y 2° sust.), que el Sr. Martín se dedicaba a cuidar animales, vender su guano y tenía colmenas y miel (2° sust.), que el incendio no dejó nada y no siguió con su actividad , que tenía aproximadamente 200 animales (8° sust.) y que en la actualidad no hay animales ni colmenas (7° Ampl.), que no ha recorrido el campo (2° rep.) y no sabe cuantas Has. tiene (1° rep.), que salvo la casa, lo demás se incendió todo (3° rep.), que no vio a los 200 animales muertos sino algunos (5° rep.)

El informe de IADIZA (fs. 530), según el cual el negocio de la cría de animales en la zona era riesgoso. Denuncia que la testigo tenía interés directo, pues fue llevada a vivir con el Sr. Martín.

El informe del ingeniero Stasi y de IADIZA, de los cuales surge que en las 500 has. cuestión podían criarse diez vacas con sus respectivos terneros, pero no tendrían cabida las 220 cabras de las que habla el Ing. Stasi.

Insiste en que en la causa no se probó la muerte de los animales, ni la existencia de colmenas ni restos de animales, y que se demostró la imposibilidad de que en el predio incendiado existieran tantos animales. Argumenta que, de haber existido, los animales ante el fuego se hubieran dirigido a sectores no incendiados o ca campos vecinos, pues no se trataba de un predio alambrado. Reitera que el acta del AEV penal es prueba indubitable deque no hubo animales muertos.

Agrega que, la credencial de apiccultor del actor referida en la sentencia data del año 1.978 pero no acredita que al 2.003 se haya encontrado en la actividad.

Plantea la inexistencia de prueba absoluta en lo relativo al daño moral.

En subsidio, entiende como arbitrario el monto de condena, en tanto se cuantificaron los daños sin justificar su importe.Señala que no se precisó en que consiste el daño emergente que tuvo por cierto (ej. Cuantas cabezas de ganado), ni el lucro cesante, que no determinó las bases tomadas en cuenta para la cuantificación.

II. A fs. 805/808 funda el recurso la citada en garantía.

Formula su queja en términos coincidentes con los vertidos por la co demandada apelante. Se queja de la valoración de prueba, por entender que tuvo por cierto el daño invocado sin que exista prueba del mismo. Sostiene que no hay constancias probatorias de que los animales hayan existido o muerto en el incendio, ni que se hayan destruido colmenas.

Remarca que la única prueba que permite fundar el daño es el informe del Crycit y la genérica referencia a las testimoniales, pero que ninguna de ellas alcanza para presumir la efectiva existencia en el momento del incendio de los animales y colmenas, ni afirmar que murieron.

Destaca que la testigo Salas no recorrió el campo, ni vio animales muertos luego del incendio, y que la testigo Miguez se limita a decir que el actor vendió miel y cabras en el campo de él, en una declaración vaga que no alcanza a probar la cantidad de animales detallados en la demanda ni la muerte de los mismos.

Entiende que la instrumental tampoco alcanza a probar los extremos referidos. Pone en relieve que la inscripción como habilitado para las actividades no equivalen a probar la posesión de los animales y colmenas, ni la práctica de la actividad a la fecha del hecho, y que la documentación es de vieja data.

Afirma que por el contrario, sí existe prueba que desmiente la versión de la muerte de los animales: el expediente penal. Advierte que el acta de procedimientos expresó que no se detectó perdida de cabeza de ganado.Expresa que existen hechos que demuestran la inverosimilitud de la versión de la actora, como por ejemplo, que el actor reconoce que su campo tiene casi mil hectáreas, y que no explica la razón por la que su producción n se realizó en las 500 Has que se incendiaron, más teniendo en cuenta que en la fracción incendiada se desarrollaba mucha actividad petrolera, que perjudica la producción agropecuaria.

Indica que en la constatación de daños no se encontró ningún cadáver de los animales.

Arguye que no existía alambrado (informe IADIZA fs. 218 y testigo Stasi a fs. 477), por lo que los animales podrían desplazarse hacia la zona donde no llegó el fuego

Esgrime que la existencia de la cantidad de colmenas referida en la demanda colmenas no surge avalada por ninguna prueba. Refiere que la testigo, al decir que el actor vendió miel hasta el invierno pasado (2012), nueve años después del accidente, da cuenta de la incoherencia de la versión de aquel. Apunta que el accionante obtuvo credencial anual en el Registro de Productores Avícolas (fs,. 40) en el 2005, luego del incendio y de interponer la demanda, pero no malogrado acompañar prueba concreta de la actividad apícola a la época del incendio.

III. A fs. 812/814 contesta el traslado la citada en garantía, solicitando el rechazo del recurso de apelación impetrado por la actora, por los fundamentos que expone, a los cuales remito en honor a la brevedad. A fs. 817/818 hace lo propio la actora, respecto de los recursos incoados por la co demandada y por la citada en garantía. A fs. 823 contesta agravios la titular de la Décima Defensoría de Pobres y Ausentes, por el demandado de ignorado domicilio José Luis Gachinat Olabe, manifestando no afirmar ni negar los hechos invocados en la demanda y solicitandos e resuelva conforme a la prueba rendida y a derecho.

IV.La solución.

La entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación obliga a determinar en primer lugar, si el presente debe analizarse a la luz de sus normas.

Conforme lo preceptuado por el art. 7 CCCN. dado que en los presentes el objeto del litigio (daños y perjuicios) surge de una relación extinguida antes de la entrada en vigencia del Códi go Civil y Comercial de la Nación Argentina, su análisis debe efectuarse a la luz de la normativa que regía en aquel momento (Código Civil Argentino), ya que el hecho antijurídico dañoso se produjo el 07/04/2.009. (Kemelmajer de Carlucci, La aplicación del C.C.y C. a las situaciones jurídicas existentes (Rubinzal Culzoni de. 2015, pág. 100 y sgtes).

a.En nuestro ordenamiento actual, la responsabilidad por los daños ocasionados a raíz del incendio de una cosa que se propaga y lesiona a personas o bienes de terceros presenta diferentes matices. Cuando es intencional o se produjo por una falla humana, es decir, cuando ha sido provocado por el hombre y es posible identificar al agente, la solución se resuelve en base a los factores subjetivos de atribución, ya se la encuadre en el marco del hecho del hombre con la cosa (art. 1113 parte 2ª párr. 1º CCiv.) o bien en la responsabilidad común por dolo o culpa, según el caso. Si, por el contrario, no se conoce el origen o fue generado por la predisposición de los materiales o por alguna causa anónima que provocó la ignición, tanto en los fallos como en la doctrina prevalece la opinión según la cual el caso se rige por el art. 1113 párr.2º parte 2ª CCiv.

Recuérdese que si nos ubicamos en las normas de la responsabilidad por riesgo, para exonerarse, el dueño y el guardián debe demostrar la fractura del nexo causal, esto es, que el daño se produjo por culpa de la víctima, de un tercero por quien no deben responder, por caso fortuito o fuerza mayor. De modo que la carga de la prueba sobre la configuración de la causal de exoneración recae irremediablemente sobre el demandado, quien está precisado a acreditar el evento y que éste reúne todos los requisitos del casus, pues no existe motivo para apartarse en este punto del precepto general que contiene el art. 1113 párr. 2º CCiv. Como se dijo, el hecho al que se asigne la virtualidad del caso fortuito debe ser exterior, imprevisible e inevitable, vale decir, ajeno a las actividades del agente, a su empresa, a sus cosas y a su propiedad. Si por el contrario fuera interior, no podría exonerarse al demandado pues debió tenerlo en cuenta, contar con su concurrencia y sus efectos, prevenirlo, anticiparlo y evitarlo.

En suma, por aplicación de los principios generales y en orden a lo dispuesto en el art. 1113 CCiv., es al demandado a quien incumbe acreditar que el incendio se originó en un hecho de la naturaleza, o bien que comenzó en el inmueble vecino o en cualquier otro hecho al que resulte ajeno y que pudo ser evitado mediante las debidas medidas de prevención. En caso de duda, debe mantenerse la responsabilidad del deudor, toda vez que el caso fortuito constituye un supuesto de excepción y es, por tanto, de hermenéutica estricta.

Existe en la actualidad consenso en que para la procedencia de la responsabilidad por aplicación del factor riesgo es menester que aquélla tenga una intervención activa y que haya escapado al control del dueño o del guardián. Así, puede leerse en un fallo que “el art. 1113 CCiv.no alude a cosas riesgosas por naturaleza, sino a daños causados por el riesgo de la cosa, del que deriva un daño. Se torna innecesario efectuar un catálogo de cosas riesgosas o peligrosas, desde que extremando el análisis cualquiera de ellas podría serlo, mientras que otras, atendiendo a su naturaleza y empleo potencial, dan lugar a una mayor probabilidad de ocasionar daño, susceptible de ser considerado en abstracto”. La ponderación del rol que ha tenido la cosa en el resultado se realiza ex post facto, esto es, luego de sucedido el hecho generador del menoscabo. El juez deberá preguntarse de qué manera se produjo el daño y si de acuerdo al curso natural y ordinario (art. 901 CCiv.) la cosa, por cualquier circunstancia, generó un riesgo en el que pueda ser comprendido el daño sufrido por la víctima o, en otros términos, si aquélla era idónea por sí misma para producirlo. Como puede apreciarse, la solución transita por el carril de la causalidad, pues lo decisivo y esencial es la actividad causal de la cosa y no su actividad mecánica.

En síntesis, se trate de una cosa normalmente peligrosa o bien de cosa inerte, para que funcione esta responsabilidad contemplada en el art. 1113 párr. 2º in fine CCiv., es necesario verificar los siguientes presupuestos: a) intervención activa de la cosa en el resultado; b) la conexión causal entre la “acción o hecho de la cosa” y el daño. Es decir, sólo encuadran en la noción legal aquellos menoscabos en cuya producción las cosas han tenido un rol determinante.

Consecuentemente, la víctima del daño no se ve obligada a acreditar la culpabilidad de quien causa el perjuicio, le basta con probar la relación causal entre la acción de la cosa y el daño. En otras palabras, pesa sobre la víctima la carga probatoria de la existencia del daño, de la intervención de la cosa riesgosa en el caso, y de la relación causal entre tales extremos.Antitéticamente, es sobre el demandado que pesa la carga procesal de acreditar la configuración del eximente de responsabilidad capaz de fracturar el nexo causal que sustenta la atribución de responsabilidad con base a un factor puramente objetivo, es decir, el deber de responder por los daños causados a otro atento a ser propietario de una cosa riesgosa. Si dicho extremo no logra ser debida y acabadamente acreditado por el accionado, la demanda prospera. Así, le compete al demandado probar la intervención de una causa extraña en la producción del daño, la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder, a los fines de la exención de su responsabilidad (cfr. C8CC de Cba., 28/8/1993, Semanario Jurídico, 959, 18/11/1993; cfr. ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde, Doctrina Judicial Solución de Casos 1, Alveroni, Córdoba, 1998, p. 162/3).

Ante una cosa incendiada no se está frente a un supuesto de cosa inerte, pues el riesgo resulta del hecho de la cosa, por lo que sus dueños o guardianes no pueden, en los términos del art. 1113 del CC, eludir la responsabilidad por los daños causados a menos que prueben la culpa de la víctima, de un tercero por quien no deben responder, o el caso fortuito (cfr. SCMendoza, Sala I, in re Fernández, Paulino c/ Campos, Adolfo, del 08/05/2002, LLGran Cuyo 2002, 545, AR/JUR/477/2002; FERNÁNDEZ, Leonardo J., Responsabilidad del dueño de un inmueble y su locatario por los daños ocasionados a un inmueble lindero LA Ley 12/10/2006, AR/DOC/3246/2006).

En cuanto a la relación causal entre el daño sufrido por el actor y el incendio del campo, en función de las constancias de autos, no es posible exigírsele al actor que acredite de manera indubitable la materialidad de dicho nexo causal.Igual temperamento ha seguido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos similares, en los que consideró: Al encontrar dos causas generadoras del siniestro es necesario optar por la más verosímil, para resolver el caso con mayores probabilidades de acierto. Este enfoque no exige la obtención de una prueba directa e indubitable del incedio de imposible obtención en la mayoría de los casos sino que utiliza presunciones convincentes acerca del origen de aquél y, de ese modo, arribar a conclusiones sobre el nexo de causalidad. (Fallos: 325:210).

b. Aplicando los conceptos vertidos al caso en estudio, advierto que la demandada apelante fundamenta su agravio en la errónea valoración de las actuaciones sumariales contenidas en el AEV penal, por parte del juez de grado.

En lo pertinente a los instrumentos públicos judiciales es necesario distinguir dos ámbitos: el constituido por las actuaciones judiciales en general que conformarían documentos públicos u oficiales pero no instrumentos públicos stricto sensu como las pericias, dictámenes, etc., en los que no hay hechos objeto de autenticación y el de aquellas actuaciones judiciales en las cuales o hay ejercicio de la fe pública por la atribución de potestad fedante del funcionario judicial como las actas de audiencias, las certificaciones y testimonios firmadas por el secretario, o actuación del imperium judicial como las sentencias, resoluciones etc., que exteriorizan la actividad de un poder del Estado.

Con relación a los escritos judiciales para la postura amplia, son instrumentos públicos porque junto con los informes, diligencias de toda clase, etc.se desenvuelven en un expediente que forma un todo único e indivisible, constituido por piezas que se acumulan con la intervención del secretario y del juez mientras que para una tesitura más restringida sólo conforma esa categoría el cargo actuarial inserto en los escritos y que goza de autenticidad.

En lo atinente a la unilateralidad o bilateralidad del ofrecimiento del expediente penal se ha resuelto que si lo efectuaron actora y demandada “puede ser invocado por cualesquiera de ellos en beneficio propio o en perjuicio del adversario” porque “las actas y diligencias policiales del sumario tienen un valor que no puede desconocerse sin razones importantes y en concurrencia con otros elementos de convicción permiten una conclusión fundada y razonable”. Las constancias del sumario penal deben apreciarse con sana crítica y si no existe prueba en contrario acordárseles eficacia probatoria. (CSJ Fallo 325:2109

En relación a las constancias que constituyen instrumentos públicos el criterio predominante expresa que las comprobaciones efectuadas en el proceso criminal reúnen un caudal probatorio que no puede ser desechado” ya que tienen la fe que la ley asigna a la actuación de los funcionarios públicos dentro de la órbita de sus atribuciones (arts. 979, inc. 2°, 993, 994, Cód.Civil) porque aunque su exactitud no fue objeto del control recíproco de las partes, tiene en cambio el mérito de reflejar la impresión directa e inmediata de los hechos, expresados con espontaneidad por las personas que las presenciaron y recibidas por funcionarios sin interés en desfigurarlas; no se viola el principio de defensa en juicio pues además del valor legal que ellas representan, las partes tienen la razonable oportunidad de arrimar al proceso civil cuantas pruebas de descargo juzguen convenientes.

Tienen el valor probatorio de los instrumentos públicos si no han sido redargüidas de falsedad por lo que son válidas y hacen plena fe sin requerir ratificación respecto de los actos que el funcionario público declara haber realizado por sí o pasados ante él pero no de la verdad de lo expresado por quien formula la declaración.

Cuando la constancia que integra el expediente penal es un instrumento público sea que se lo considere en sentido amplio o limitado se aplican los principios generales que rigen ese instituto lo que no significa que se le asigne automáticamente valor probatorio pleno. Por ello es necesario diferenciar los aspectos extrínsecos de los intrínsecos del instrumento. En lo relativo a los primeros gozan de la presunción de autenticidad que merece la actuación del oficial público interviniente abonada por su firma y sellos. Con relación al contenido deben distinguirse: 1) los hechos que el oficial público denuncia como cumplidos por él mismo, o pasados en su presencia, tienen respecto de las partes y de terceros carácter de plena prueba sólo desvirtuable mediante la redargución de falsedad (art. 993, Cód.Civil); 2) las enunciaciones que se refieren al objeto del acto reflejado en el instrumento denominadas cláusulas dispositivas tienen el valor de prueba completa que puede ser desvirtuada mediante la simple prueba en contrario, 3) las manifestaciones accesorias o superfluas de las partes que podrían suprimirse sin alterar el objeto del acto o sea las declaraciones simplemente enunciativas sólo valen como principio de prueba por escrito en contra de quien hizo la enunciación superflua.

Siguiendo a Galdós en este punto, pueden extraerse las siguientes conclusiones: 1) Las constancias del expediente penal tienen valor probatorio pleno en el juicio civil cuando: a) fueron ofrecidas como prueba por ambas partes sin reservas o si se impugnó algún elemento formativo de convicción en particular, no se logra acreditar su verosimilitud en sede civil mediante prueba en contrario; b) cuando el litigante al que se le oponen controló en sede penal la producción de las pruebas o, si pudiendo ejercer esa fiscalización, resulta clara e indubitable la abdicación del ejercicio de ese derecho (v. gr. el particular damnificado que omitió concurrir a las audiencias testimoniales celebradas en el fuero criminal); c) las probanzas son reiteradas o ratificadas en el juicio civil; 2) En todos los demás casos o sea v. gr. ofrecimiento unilateral de un litigante, ausencia de control en el proceso penal, falta de ratificación, etc. tienen el valor probatorio que resulta de la aplicación de los medios de prueba civiles análogos a los penales, de conformidad a las reglas de la sana crítica. Su eficacia presuncional es variable según la entidad, razonabilidad y concordancia de las pruebas penales entre sí y de éstas con las producidas en sede civil, pudiendo alcanzar valor probatorio completo y pleno; 3) Si se trata de instrumentos públicos tendrán automáticamente la eficacia probatoria que le es propia respecto de los hechos presenciados o relatados por el funcionario público interviniente (arts. 993, 994, 996 y concs., Cód. Civil; v. gr.acta de constatación, acta de secuestro o inspección ocular); 4) Es admisible que cualesquiera de las partes junto al ofrecimiento probatorio formule impugnaciones o reservas respecto del valor de algún medio en particular teniendo en sede civil amplias facultades para su acreditación; 5) Al tercero civilmente responsable le es oponible el expediente penal en los términos en que es extensible a la parte por la cual debe responder; 6) Las declaraciones del inculpado importan reconocimiento personal de los hechos que lo perjudican; 7) Si bien el juez civil goza de plena libertad de apreciación según las reglas interpretativas de su fuero las pruebas deben haberse recepcionado e incorporado al proceso penal en consonancia con los principios que le son propios. (GALDÓS, Jorge Mario, “El valor probatorio del expediente penal en sede civil”, 2ª parte, LA LEY, 1992E, 918; ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, Resarcimiento de daños. “El proceso de daños”, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 1993, t. 3, p. 158 y siguientes).

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ha afirmado que “el aprovechamiento útil y valioso de prueba producida en el sumario penal exige como presupuesto la adecuada y razonable posibilidad de contradecir, en el juicio civil posterior, su resultado adverso. Así, se garantiza una actividad de ofrecimiento y producción de prueba tendiente a demostrar o neutralizar esos resultados ya adquiridos e incorporados al expediente penal”. (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I, 18/04/1997, “Calderón, Ricardo D. c. Calderón Villarreal, Sergio A. y otros”, LA LEY 1997D, 543 VJ 19974, 95 DJ 19973, 342)

El expediente penal constituye un instrumento público, con suficiente base para fundar una sentencia condenatoria en sede civil, pues es útil para la reconstrucción del hecho controvertido, en la medida en que no experimente impugnaciones ni resulte contrariado por otros medios de prueba (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Matanza, sala I, 19/12/2006, “Saravia, Marcela R. c.Costa, Adrián Oscar, De Lara, Carlos y De Lara, Carlos Ariel”, LLBA 2007 (junio), 561).

La apelante sólo se limita a demostrar su disconformidad con la merituación del expediente penal, sin acreditar un eximente idóneo para desvirtuar la presunción de causalidad en su contra, lo cual sella la suerte adversa del agravio en trato.

c. De la detenida lectura de los tres recursos de apelación incoados se advierte, que tanto la parte actora como la demandada y citada en garantía se agravian de la procedencia de los rubros que integran la indemnización solicitada y de los montos por los cuales prosperan los mismos, razón por la cual, los mismos serán tratados en forma conjunta.

El daño debe ser acreditado no sólo a los efectos de la procedencia misma de la reparación, sino también para fijar su extensión y límites, pues su certeza o realidad atañe a su existencia y composición, por lo que no basta la prueba de que se han producido daños, si se ignora qué circunstancias, modalidad o gravedad revisten, lo que significa que la carga probatoria debe satisfacerse en concreto y no de un modo vago genérico o impreciso. (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contenciosoadministrativo de 2a Nominación de Río Cuarto, “Gomez, José Raúl c. Marcelino Horacio Barrotto”, 30/04/2010, La Ley Online, AR/JUR/25854/2010)

Ante una situación como la ocurrida en autos, es claro que la parte actora, en cumplimiento de la carga establecida en el art.179 del C.P.C., cuenta con alguna dificultad probatoria para acreditar exactamente la cantidad de animales, de colmenas afectados y la merma en la producción de ese daño (daño emergente) como de las utilidades de que se vio privado como consecuencia del incendio (lucro cesante).

Advierto que no se puede exigir, en este contexto, una prueba categórica de los daños que exactamente se produjeron; compárese la inspección ocular que hace la Policía con los testimonios rendidos a los fines de la prueba de la extensión del daño. Entiendo que del informe del IADIZA y de los elementos de prueba señalados, puede tenerse por acreditada la afectación de los animales y colmenas, como punto de partida para la cuantificación de los rubros reclamados.

d.Daño emergente: en este rubro el actor reclama por los animales muertos, por las colmenas destruidas y por la destrucción de pastos y hierbas que servía de alimento a los animales.

La existencia de animales y colmenas está discutido por la demandada y citada en garantía. Ello no puede ser sostenido, atento a las pruebas aportadas por el actor a los fines de acreditar las mismas, especialmente las testimoniales rendidas en autos. Lo que si puede ser controvertido es la cantidad de animales y colmenas existentes y destruidas por el incendio.

Se trata de un daño efectivamente sufrido, un daño emergente, cuya extensión no está acreditada; por ello, el juez de primera instancia, con dificultad, se esfuerza en el recurso a la facultad prevista por el art. 90 inc. 7° del C.P.C., para admitir el rubro y cuantificarlo con los elementos de prueba con que cuenta.

No hay prueba directa del daño; ni la cantidad de colmenas destruidas ni el valor de cada una de ellas; simplemente, el juzgador, como esta Cámara, tiene el dato objetivo del siniestro y de la destrucción de las colmenas y de los animales.Sin embargo, se desconoce, más allá de los datos que expone el actor en su demanda, cuál es el valor de la colmena; y la cantidad de animales muertos; por ello, no queda otra alternativa que tomar en cuenta esos datos meramente indicados (ver fs. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42), que, por lo demás, son razonables, teniendo una mera noción de los valores de mercado. En algunos casos, la jurisprudencia ha sido terminante: “Si la existencia o cuantificación del daño emergente que dijo padecer el titular del vehículo dañado en un accidente de tránsito, no ha sido acreditada por su negligencia al no probarlo, corresponde rechazar el rubro pues dicha negligencia no es excusa para que el Juez fije prudencialmente el monto pretendido o difiera su determinación para la etapa de ejecución de sentencia”. (Cámara 4a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, 25/03/2008, “Heredia, Roberto Eduardo c. Dal Bello, José Antonio y Otro”, La Ley Online).

No obstante la estrictez de este criterio jurisprudencial, estimo, entonces, que, en el caso, sería un excesivo rigor formal de este Tribunal rechazar el rubro, si está probado, al menos, la existencia de animales y colmenas, lo cual se infiere de documentación acompañada a fs. 35 y ss. de autos y según informes de organismos técnicos y testi monios incorporados a la causa . Es por ello que, entiendo que el monto fijado por el juez de grado resulta insuficiente, considerando que el mismo debe proceder en la suma de $ 50.000 en los mismo términos en que fue fijado por el juez de grado.

e.Lucro cesante Pérdida de chance: Con relación a este rubro, las partes, actora y demandadas, congregan sus críticas en sus escritos recursivos; está claro que la certeza del daño significa que debe existir; es decir, ser real, efectivo y no meramente posible, conjetural o hipotético.El daño es cierto cuando cualitativamente resulta constatable su existencia, aún cuando no pueda determinarse su cuantía con exactitud. La certidumbre del daño se relaciona con la consecución que genera la acción lesiva y también con la índole del interés lesionado. Un daño puramente eventual o hipotético no es idóneo para generar consecuencias resarcitorias. –

No debe confundirse el lucro cesante con la pérdida de chance. El lucro cesante es la ganancia o utilidad de la que se vio privado el acreedor a raíz del acto ilícito, lo cual implica una falta de acrecentamiento patrimonial que razonablemente hubiera podido obtener de no haberse producido el hecho, de modo que el reclamo debe hacerse sobre una base real y cierta y no sobre una pérdida probable o hipotética.

El lucro cesante, entendido como la ganancia dejada de percibir por el damnificado, no se presume, razón por la cual quien reclama la indemnización debe probar fehacientemente su existencia (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E, 27/02/1997, “Giménez, Pablo M. y otros c. Schuartz, Eduardo”, LA LEY 1997C, 262 DJ 19972, 656). “A diferencia de un lucro cesante efectivo que supone pérdida real de ingresos, lo resarcible en materia de chance frustrada es la privación de oportunidades económicas regidas por probabilidades futuras”. (Cámara 8a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, 07/02/2006, “Palacios, María del R. c. Lopez, Juan R. y otro”, LLC 2006, 838); “el lucro cesante es la ganancia o utilidad de la que se vio privado el damnificado a raíz del acto ilícito, lo cual implica una falta de ganancia o de acrecentamiento patrimonial, que razonablemente hubiere podido obtener de no haberse producido el hecho, de modo que el reclamo debe hacerse sobre una base real y cierta y no sobre una pérdida probable o hipotética”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala C, 07/06/2007, “Arroyo, Carlos Alfredo c.Rearte, Julio César”, La Ley on line)

En el caso si bien está probada la actividad apícola por testimonios y ciertas certificaciones técnicas, relacionadas con dicha actividad, no se acompañaron registros contables que acreditaran el movimiento contable del actor. Similar apreciación debe hacerse con la venta de guano alegada. Por ello, entiendo que, lo que el actor reclama como un lucro cesante, aparece, en todo caso, como una pérdida de chance. Esto resulta definitorio a los fines de rechazar el eventual lucro cesante reclamado, pues no está probado cuál fue la ganancia de que fue privado, más allá de las elucubraciones que formula el actor en la demanda.

La pérdida de una oportunidad o chance constituye una zona gris o limítrofe entre lo cierto y lo incierto, lo hipotético y lo seguro; tratándose de una situación en la que media un comportamiento antijurídico que interfiere en el curso normal de los acontecimientos de forma tal, que ya no se podrá saber si el afectado por el mismo habría o no obtenido una ganancia o evitado una pérdida de no haber mediado aquél; o sea que para un determinado sujeto había probabilidades a favor y en contra de obtener o no cierta ventaja, pero un hecho de un tercero le ha impedido tener la oportunidad de participar en la definición de esas probabilidades. –

La chance es la posibilidad de un beneficio probable futuro que integra las facultades de actuación del sujeto, conllevando un daño aun cuando pueda resultar dificultosa la estimación de su medida. En esta concurrencia de factores pasados y futuros, necesarios y contingentes existe una consecuencia actual y cierta. A raíz del acto imputable se ha perdido una chance por la que debe reconocerse el derecho a exigir su reparación. La doctrina aconseja efectuar un balance de las perspectivas a favor y en contra. Del saldo resultante se obtendrá la proporción del resarcimiento. La indemnización deberá ser de la chance y no de la ganancia perdida.La chance debe ser real y seria, y no una mera ilusión o conjetura de la mente del damnificado. Este requisito no siempre resulta de fácil comprobación en la práctica; la idea de frustración de chance está ligada estrechamente al interés conculcado, cuya ponderación constituye un elemento de fundamental importancia a los fines de la reparación. (PIZARRO, Ramón – VALLESPINOS, Carlos G., “Instituciones de Derecho Privado Obligaciones”, op. cit., Tomo II, pág. 649); desde esta perspectiva, la chance, para ser indemnizada, debe tener un parámetro objetivo y cierto; algunos testimonios indican que la actividad del actor es actual, aunque resulta insuficiente si ello no está apoyado en alguna prueba directa, como un libro de registro de las actividades comerciales, la emisión de facturas, etc.; les asiste razón a los demandados cuando cuestionan este rubro; indemnizar el mismo a título de lucro cesante equivale a otorgar una indemnización a un daño meramente hipotético y conjetural, sin ningún apoyo objetivo en la causa.

La jurisprudencia ha destacado que “a pesar de que el art. 165 del Cód. Procesal permite que la cuantía del daño sea suplida por la prudente estimación judicial, el damnificado debe tratar de establecer con la aproximación que sea factible, la magnitud del mismo, ya que cualquier deficiencia en la prueba referente al monto cierto, gravita en contra de quien tenga la carga de la prueba”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A, 07/12/1994, “M., A. T. c. C., E.”, La Ley on line).

En orden a la prueba producida, y la dificultad en su valoración conforme a las reglas de la sana crítica racional (art.207 del C.P.C.), estoy convencida de que, en el afán de no dejar sin reparación a la víctima, la flexibilización probatoria, incluso recurriendo a indicios y presunciones, no puede llevar a admitir la pretensión indemnizatoria tal como fue planteada, más allá de ciertos márgenes razonables de apreciación, y sin dejar de aplicar, al menos en el rubro aquí analizado, el principio general que rige la carga de la prueba (art. 179 del C.P.C.); aquí, debe tenerse, particularmente, en cuenta los testimonios de los testigos (ver el testimonio de la Sra. Miguez de fs. 478 y de la Sra. Zulema Salas de fs. 525/6, testimonios de los cuales es dable extraer la realización de la actividad en cuestión; la venta de productos apícolas, animales y guano, esto no implica tener por probada la efectiva realización de la misma, sino que es un indicio cierto a los fines de determinar la pérdida de la chance de obtener el lucro correspondiente.

Por ende, entiendo que el rubro debe ser calificado como pérdida de chance (art. 46 inc. 9° del C.P.C.), debiendo indemnizarse el 30 % del monto reclamado en la demanda por las pérdidas de venta de animales, miel, propóleo, por lo que el rubro procede por $ 60.000 en los mismos términos que los fijados en la sentencia de grado .

f.Por ultimo debo decir que la demandada se agravia de la procedencia del rubro daño moral.

Como ya se sabe, la indemnización por daño moral no se reduce al precio del dolor o a la pérdida de afecciones, sino que se apunta a toda modificación disvaliosa del espíritu, sea en la capacidad de sentir, de querer, y de entender. A partir del carácter resarcitorio de tal rubro, éste desempeña la función de satisfacer perjuicios que no sean mensurables con exactitud, teniendo en cuenta las condiciones personales de la víctima y la gravedad objetiva del perjuicio, como así también el resto de las circunstancias del caso.(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E, 1997/02/27, “Giménez, Pablo M. y otros c. Schuartz, Eduardo”, LA LEY, 1997C, 262 DJ, 19972656).

El principio de individualización del daño requiere que la valoración de la indemnización del daño moral compute atentamente todas las circunstancias del caso, tanto las de naturaleza objetiva la índole del hecho lesivo y de sus repercusiones, como las personales o subjetivas de la propia víctima. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H, 2000/03/07, “De Agostino, Nélida I. y otros c. Transportes 9 de Julio”, LA LEY, 2000D, 882 DJ, 2001272) .

La fijación de sumas indemnizatorias en concepto de daño moral no está sujeta a reglas fijas: su reconocimiento y cuantía depende del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión. (Art. 90 inc. 7º del C.P.C.). Sobre esta cuestión, se ha advertido que “en la fijación del monto por resarcimiento del daño moral debe actuarse con suma prudencia, toda vez que son obvias las dificultades que existen para mensurar en dinero un detrimento de naturaleza no patrimonial, razón por la cual ha de tratarse que atienda apropiadamente a la magnitud del menoscabo espiritual y procure mitigar el dolor causado por la conducta antijurídica”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III, 1984/11/21, “Díaz de Paratian, Inocencia y otros c. Empresa Ferrocarriles Argentinos”, LL, 1985A, 408 DJ, 19851799).

Esttimo que, en el caso, la indemnización de $ 30.000 en concepto de daño moral es razonable y prudente atendiendo a las circunstancias particulares del mismo; se produjo un daño material a un inmueble, lesionándose los bienes de goce y, en cierta medida, la actividad desarrollada, actualmente o no, por el actor en el mismo; los bienes económicos son necesarios para la subsistencia y el desenvolvimiento digno de la vida; en este punto, cabe decir que es factible que haya intereses espirituales vinculados a determinados bienes patrimoniales.En tales casos, el hecho lesivo ocasiona un daño moral con independencia del valor económico de esos objetos (ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, “Resarcimiento de daños. Presupuestos y funciones del Derecho de Daños”, Buenos Aires, Hammurabi, Tomo 4, 1.999, pág. 178 y sgtes.), por lo que debe ser mantenido en este punto la sentencia apelada.

Por todo lo expuesto y si mi posición es compartida por mis colegas, propiciaré el rechazo de los recursos de apelación incoados por la demandada y citada y garantía y por el acogimiento parcial del recurso de la parte actora.

Así voto.

Las Juezas de Cámara Dras. Miquel e Isuani adhieren, por sus fundamentos, al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión la Sra. Jueza de Cámara Alejandra Orbelli dijo:

Las costas correspondientes a la alzada deberán ser soportadas por las apelantes vencidas en la proporción que se rechazan los recursos interpuestos (arts. 35 y 36 del C.P.C.).

Así voto.

Las Juezas de Cámara Dras. Miquel e Isuani adhieren, por sus fundamentos, al voto que antecede.

Con lo que se dio por concluido el presente acuerdo, dictándose sentencia, la que en su parte resolutiva dice así:

SENTENCIA:

Mendoza, 9 de octubre de 2017.

Y VISTOS: Por lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE:

1°. No hacer lugar a los recursos de apelación incoados por la citada en garantía a fs. 685 y por la demandada a fs. 752.

2°. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de fs. 683 y en consecuencia modificar el resolutivo de la sentencia de fs. 660/681 el cual quedará redactado de la siguiente manera:”. Hacer lugar parcialmente a la demanda por daños y perjuicios promovida por FRANCISCO MARTIN (hoy sus herederos) en contra de JOSÉ LUIS OLABE GACHINAT Y PRIDE INTERNATIONAL SRL en forma concurrente a los demandados y la citada en garantía BOSTON COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA, en la medida del seguros, a pagar a la parte actora, en el plazo de DIEZ DÍAS de firme la presente sentencia, la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA MIL ($ 140.000), con más los intereses determinados en los considerandos precedentes. II. Imponer las costas a los demandados vencidos por lo que se admite, y a la actora por lo que se rechaza, conforme a los considerandos precedentes. III. Regular los honorarios profesionales, por lo que prospera la demanda, a: Dr. Alejandro M. Duo en la suma de $ …, Dr. A. Alejandro Duo en la suma de $ …, Dr. Gonzalo Barrio en la suma de $ …, Dr. Guillermo Duo en la suma de $ …; Dr. Osvaldo José Lima en la suma de $ …, Dr. Osvaldo José Lima (h) en la suma de $ …, Dr. Mariano Marzari en la suma de $ …, Dr. Javier Urrutigoity en la suma de $ …, Dr. Ignacio Argumedo en la suma de $ …, Dra. María Verónica Lima en la suma de $…, sin perjuicio de los complementarios que correspondan (arts. 2, 4, 13, 3 y 31 ley 3641, modificada por D.L. 1304/75). IV. Regular los honorarios profesionales, por el rechazo de la demanda, a Dr. Alejandro M. Duo en la suma de $ …, Dr. A. Alejandro Duo en la suma de $ …; Dr. Gonzalo Barrio en la suma de $ …, Dr. Guillermo Duo en la suma de $ …; Dr. Osvaldo José Lima en la suma de $ …, Dr. Osvaldo José Lima (h) en la suma de $ …, Dr. Mariano Marzari en la suma de $ …Dr. Javier Urrutigoity en la suma de $ …, Dr. Ignacio Argumedo en la suma de $ …, Dra. María Verónica Lima en la suma de $ …, sin perjuicio de los complementarios que correspondan (arts. 2, 4, 13, 3 y 31 ley 3641, modificada por D.L.1304/75).”2°. Costas en la alzada a la actora, demandada y citada en garantía en la medida de sus vencimientos (arts. 35 y 36 C.P.C.).

3°. Regular los honorarios de la segunda instancia a los Dres. Alejandro M. Duo, Alejandro Duo, María Verónica Lima, Ignacio Argumedo, Mariano Marzari y Javier Urrutigoity, en las sumas de Pesos ($ …), Pesos ($ …), Pesos ($ …), Pesos ($ …), Pesos ($ …) y Pesos ($ …) a cada uno respectivamente a cargo de las demandada y citada en garantía vencida, (arts. 15, 4 y 31 ley 3641) más I.V.A. respecto de los profesionales que acrediten su condición de responsables inscriptos ante la A.F.I.P.

4°. Regular los honorarios de la segunda instancia a los Dres. Alejandro M. Duo, Alejandro Duo, María Verónica Lima, Ignacio Argumedo, Mariano Marzari y Javier Urrutigoity, en las sumas de Pesos ($ …), Pesos ($ ….), Pesos ($ …), Pesos ($ …), Peos ($ …) y pesos ($ .,.) a cada uno respectivamente a cargo de la actora vencida, (arts. 15, 4 y 31 ley 3641) más I.V.A. respecto de los profesionales que acrediten su condición de responsables inscriptos ante la A.F.I.P.

NOTIFÍQUESE Y BAJEN.

Alejandra Orbelli

Silvina Miquel

Marina Isuani