Improcedencia de la suspensión cautelar del cobro de la tasa por inspección de seguridad e higiene y el adicional para la promoción del turismo en relación a la explotación de máquinas tragamonedas

Partes: Necochea Entretenimientos S.A. c/ Municipalidad de Necochea s/ inconst. ordenanza 9011/16

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 28-jun-2017

Cita: MJ-JU-M-106788-AR | MJJ106788

La suspensión cautelar del cobro de la tasa por inspección de seguridad e higiene y el adicional para la promoción del turismo en relación a la explotación de máquinas tragamonedas, es improcedente al no mediar peligro en la demora.

Sumario:

1.-Es improcedente la medida cautelar suspensiva de los efectos de los títulos V y VI de la ordenanza 9011/16 y del dec. 9011/16 de la Municipalidad de Necochea en cuanto establecen una tasa por inspección de seguridad e higiene y el adicional para la promoción del turismo en relación a la explotación de máquinas tragamonedas, puesto que no se acreditó la razón por la cual la imposición de tasas municipales sobre las actividades desarrolladas en las salas de juego estaría en pugna con la reserva efectuada por la Provincia de Buenos Aires para ejercer su administración y explotación, máxime cuando el dictado de ordenanzas impositivas es una atribución que el mismo régimen municipal consagrado en el texto fundamental le otorga a los gobiernos locales (arts. 192, incs. 5 y 6°° 193, inc. 2° , Constitución provincial).

2.-Debe ser rechazada la suspensión cautelar de los efectos de los títulos V y VI de la ordenanza 9011/16 y del dec. 9011/16 de la Municipalidad de Necochea en cuanto establecen una tasa por inspección de seguridad e higiene y el adicional para la promoción del turismo en relación a la explotación de máquinas tragamonedas, pues no está acreditado el peligro en la demora toda vez que las constancias agregadas en la causa no demuestran cómo el cobro de una alícuota del 2% sobra la suma de los ingresos brutos devengados durante el período fiscal impacta sobre el giro comercial de la empresa accionante, generando un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior.

Fallo:

La Plata, 28 de junio de 2017.

AUTOS Y VISTOS:

1. El apoderado de Necochea Entretenimientos SA promueve la presente acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1° de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Corte declare la invalidez de los títulos V y VI de la ordenanza fiscal e impositiva 9011/16 dictada por la Municipalidad de Necochea y del respectivo decreto de promulgación del Intendente municipal 3244/16, al considerar que éstos infringen los arts. 3, 10, 11, 15, 25, 27, 31, 37, 45, 56, 57 y 190 al 197 de la Carta local.

En este sentido, explica que mediante la normativa impugnada se gravó con la tasa por inspección de seguridad e higiene (art. 156) y el adicional para la promoción del turismo (art. 189) a los servicios de explotación de maquinas tragamonedas a partir del 1° de enero de 2017, afectando así sus derechos patrimoniales dada su condición de concesionario y administrador de la Sala de Bingo de Necochea.

Sostiene que el tributo creado por la normativa local quebranta las disposiciones de la ley 13.063, la que luego de autorizar el funcionamiento de máquinas electrónicas de juegos de azar exclusivamente en las salas de bingo (art. 1) y de establecer el canon para la explotación de máquinas tragamonedas y su distribución entre el Fisco provincial, los municipios y los titulares de estas salas (art. 3), determina que las comunas no podrán imponer tasas o contribuciones a esta actividad, debiendo entenderse que el reparto determinado en el artículo anterior incluye los gravámenes municipales que pudieren devengarse respecto a las utilidades del juego, salvo el correspondiente abono de la tasa por alumbrado, barrido y limpieza y la contribución por mejoras (art. 4).

Agrega que ello debe leerse junto con lo que disponen los arts.37 y 190 a 197 de la Constitución provincial y 121 y 123 de la Constitución Nacional que ponen en cabeza de la Provincia la administración y explotación de todos los casinos y salas de juegos, siendo ésta la titular del ejercicio del poder de policía en la materia como consecuencia del esquema de distribución de competencias que fijan estas normas y sin que ello obste a la autonomía municipal allí consagrada. En esa inteligencia, considera que el Concejo Deliberante de Necochea carece de potestad para dictar una norma que establezca una tasa como la impugnada.

Finalmente, solicita el dictado de una medida cautelar suspensiva de los efectos de los títulos V y VI de la ordenanza 9011/16 y del decreto 9011/16 hasta el momento del dictado de la sentencia.

2. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento a la presunción de constitucionalidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 3024 “Lavaderos de Lanas El Triunfo SA”, res. de 8-VII-2003; B. 67.594 “Gobernador de la Provincia de Buenos Aires”, res. de 3-II-2004; I. 68.944 “UPCN”, res. de 5-III-2008; I. 71.446 “Fundación Biosfera”, res. de 24-V-2011 e I. 74.048 “ATE”, res. de 24-V-2016, entre otras).

Por excepción, y en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230, inc. 1°, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., entre otras), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590 “Saisi”, res. de 5-III-2003; I. 72.634 “Frigorífico Villa Olga SA”, res. de 30-IV-2014 e I.73.986 “Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell”, res. de 22-XII-2015, entre otras), ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521 “Bravo”, res. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183 “Del Potro”, res. de 4-V-2005, entre otras) y por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061 “Romay”, res. de 4-V-2016 y sus citas).

Sobre la base de tales parámetros, se impone considerar los extremos requeridos por la ley procesal (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC) inherentes a la petición cautelar, sopesando la concurrencia de éstos en el asunto traído a conocimiento del Tribunal.

3. Dado lo peticionado por la empresa accionante, es necesario analizar si en este estado del proceso corresponde suspender el íntegro cobro de la tasa por inspección de seguridad e higiene y del adicional para la promoción del turismo regulados en los títulos V y VI de la ordenanza fiscal e impositiva 9011/16, con el argumento de que, al incluir entre el cúmulo de las actividades gravadas con el tributo los servicios de explotación de máquinas tragamonedas, se estaría infringiendo el art. 4 de la ley 13.063 y, con ello, la reserva efectuada por la Provincia en el art. 37 segundo párrafo y el régimen municipal previsto en los artículos 190 a 197 de la Carta local.

El análisis preliminar de esta cuestión impone una respuesta negativa.

4. En efecto, el desarrollo elaborado en punto a demostrar la ilegitimidad con la que estarían afectadas las normas impugnadas, a la luz de las disposiciones de la ley 13.063, escapa del marco de impugnación reservado a la acción originaria regulada en el art. 161 inc.1° de la Constitución provincial, puesto que remiten a agravios ligados a una norma infraconstitucional (cfr. art. 683, CPCC y doctr. causas I. 2213 “El Popular SAIC”, sent. de 24-XI-2010; I. 2321 “Itoiz” , res. de 29-II-2012; B. 72.098 “Mariano Emilio Furt SA” , res. de 10-IV-2013; B. 73.318 “Simón”, res. de 2-IX-2015 e I 74.070 “Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel”, res. de 28-XII-2016, entre otras).

Por lo demás, no se advierte el menoscabo constitucional que se denuncia en referencia al art. 37 y al régimen municipal instaurado en la sección séptima de la Constitución provincial. Ello, puesto que la parte actora no logra demostrar -al menos en esta instancia liminar del juicio- la razón por la cual la imposición de tasas municipales sobre las actividades desarrolladas en las salas de juego estaría en pugna con la reserva efectuada por la Provincia de Buenos Aires para ejercer su administración y explotación, máxime cuando el dictado de ordenanzas impositivas se trata de una atribución que el mismo régimen municipal consagrado en el texto fundamental le otorga a los gobiernos locales (arts. arts. 192 incs. 5° y 6° 193 inc. 2°, Const. prov.).

De este modo si, finalmente, la incorporación de una tasa como la impugnada no alcanza un razonable umbral de satisfacción del mandato constitucional, es un asunto que precisa un mayor caudal de elementos de valoración, los cuales sólo podrán ser integrados al proceso como resultado de su propio desarrollo, permitiendo así un juicio razonado sobre bases sólidas (doctr. causas I. 70.772 “Asociación de Usuarios de Motovehículos de Argentina”, res. de 14-VII-2010 e I. 71.307 “Garibaldi” , res. de 11-VII-2012, entre otras).

De allí que no pueda postularte de momento -sin un mayor análisis- la desviación constitucional por parte del municipio demandado al dictar la ordenanza cuestionada.

5. Finalmente, tampoco se halla suficientemente fundado en el escrito de demanda el peligro en la demora requerido por el ordenamiento procesal. Ello, toda vez que con las constancias agregadas en la causa no logra demostrar cómo el cobro de una alícuota del 2% sobra la suma de los ingresos brutos devengados durante el período fiscal (v. fs. 39 y 58) impacta sobre el giro comercial de la empresa accionante, generando un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior. Siendo así, no se evidencia la urgencia necesaria para el otorgamiento de una medida de este tipo.

Por ello, el Tribunal

RESUELVE:

Rechazar la medida cautelar solicitada por Necochea Entretenimientos SA (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).

Regístrese y notifíquese.

Hilda Kogan

Eduardo Julio Pettigiani

Héctor Negri

Eduardo Néstor de Lázzari

Daniel Fernando Soria

Luis Esteban Genoud

Juan José Martiarena