Rechazo de la demanda de daños y perjuicios deducida por muerte de la hija de la actora por intoxicación con monóxido de carbono, al haberse probado la culpa exclusiva de la víctima

Partes: Avalos Clotilde Dolores c/ Galea Gustavo Hernán y otros s/ ordinario – daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú

Sala/Juzgado: Primera – Civil y Comercial

Fecha: 19-jun-2017

Cita: MJ-JU-M-105784-AR | MJJ105784 | MJJ105784

Rechazo de la demanda de daños y perjuicios deducida a raíz de la muerte de la hija de la actora por intoxicación con monóxido de carbono, al haberse probado la culpa exclusiva de la víctima por hacer funcionar un equipo electrógeno dentro de la vivienda cerrada.

Sumario:

1.-Debe revocarse la sentencia que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios deducida a raíz de la muerte de la hija de la actora por intoxicación con monóxido de carbono, al haberse probado la culpa de la víctima quien hizo funcionar el equipo electrógeno dentro de la vivienda cerrada, sin aporte de aire del exterior, y ello fue la causa adecuada de la tragedia, y desplazó la responsabilidad del dueño (o presunto dueño) de la cosa riesgosa, liberándolo de responder.

2.-No existen constancias relativas a que la casa habitación en la que falleció la víctima por intoxicación con monóxido de carbono haya estado comprendida en la relación laboral entre su concubino -también fallecido- y la sociedad codemandada, ni menos que ésta conociera que su empleado tenía mujer a cargo; así, ni está acreditado que la vivienda fuera asignada por el empleador, ni menos éste tenía una obligación de seguridad en relación a la misma para con él y su familia, a la que nada hace suponer que conociera.

3.-No resulta válido llevar al extremo la ficción legal para decir que el dueño debió enseñar a las víctimas los cuidados y precauciones que merecía el uso de la cosa riesgosa, cuando nada indica estuvieran éstos en el lugar con el conocimiento o aceptación del demandado, siendo además poco seria la imputación referida a una supuesta instrucción del dueño a los infortunados, para que mantuvieran el grupo electrógeno funcionando dentro de la vivienda.

Fallo:

En la ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, a los diecinueve días del mes de junio de dos mil diecisiete, se reúnen los Señores Miembros de la Excma. Sala Primera en lo Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú, Dres. Ana Clara Pauletti, Gustavo A. Britos y Guillermo Oscar Delrieux para conocer del recurso interpuesto en los autos caratulados: “AVALOS CLOTILDE DOLORES C/ GALEA GUSTAVO HERNÁN Y OTROS S/ ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia de fs. 312/319. De conformidad al sorteo oportunamente realizado, la votación tendrá lugar en el siguiente orden: PAULETTI, DELRIEUX y BRITOS.

Estudiados los autos la Excma. Sala propuso las siguientes cuestiones a resolver:

¿Es justa la sentencia apelada?, y ¿qué resolución corresponde dictar? A LAS CUESTIONES PLANTEADAS LA SRA. VOCAL DRA. ANA CLARA PAULETTI, DIJO:

1.- Apelaron los herederos de la actora Clotilde Dolores Avalos (fallecida durante el transcurso del juicio), Sres. Patricia Noemi García, Juan Pablo Abelardo García, Néstor Víctor Fabián García, Angel Rafael García y Natanael Agustín García, como también los demandados Gustavo Hernán Galea y Arroyo Carqueja SA, la sentencia dictada a fs. 312/319, la cual hizo parcialmente lugar a la demanda por daños y perjuicios condenado solidariamente a los accionados a abonarles en partes iguales a los mencionados García, la suma total de $134.000 más intereses desde la fecha de producción del hecho. Distribuyó las costas en un 33% a cargo de la actora, y 67% restante a las demandadas, y reguló los honorarios profesionales.

En sus fundamentos el Juez dijo era aplicable el Código Civil vigente al momento de los hechos, pasando al estudio de la pretensión de la actora, consistente en la indemnización por daños y perjuicios causados por el fallecimiento de su hija Fátima García el 29 de agosto de 2011, aproximadamente a la hora 0, en la estancia “La Mamanca”, ubicada en el km 8, Ruta 14, Dpto.Gualeguaychú, por intoxicación con monóxido de carbono dentro de la vivienda. Destacó que no se discutió esa circunstancia. Respecto de las defensas opuestas, evaluó que según Galea el lugar donde ocurrió la muerte, no era de su propiedad, pero que ello luego lo admitió (declaración de parte fs. 189) y quedó acreditado con la pericia de fs. 224/226. Interpretó también que el contrato de arrendamiento con la firma “Arroyo Carqueja”, que citó en su defensa no lo exime de responsabilidad en tanto no dio una explicación satisfactoria de por qué la fallecida García y su pareja Cano ocupaban el lugar de su propiedad. Tampoco lo excusaba -dijo- la circunstancia de que no hubiese otorgado el grupo electrógeno a la arrendataria, empleadora de Cano, pues el hecho de que allí se encontrara autorizaba a presumir que era de propiedad de Galea, a lo que sumó que la ocupación era con su consentimiento, ese “permiso” aunque sea tácito dijo debe apreciarse como generador de responsabilidad, conforme a la obligación genérica de seguridad por la que debía mantener indemnes a quienes ingresaran al lugar o utilizaran sus elementos (art. 1113 del CC), con fuente contractual, consensual o convencional. Tocante a la responsabilidad de “Arroyo Carqueja SA” observó que la relación laboral que lo vinculó con Cano, al tiempo del fallecimiento de García, cuando éstos tenían una relación de pareja socialmente reconocida, hacía a la víctima merecedora de los cuidados y recaudos que la ley 22.248 pone en cabeza del empleador rural, específicamente art. 92 sobre las “prestaciones de alojamiento”, y art. 93, del que surge que la obligación no se agota en la persona del empleado, sino que se transmite a su grupo familiar. Concluyó que la vivienda que ocupaban Cano y Garcia les era provista como consecuencia de la vinculación contractual entre los demandados, ocupación permitida por Galea a instancias del contrato que tenía con Arroyo Carqueja SA, lo que indicó los hacía solidariamente responsables.Sin perjuicio de ello, admitió que existió por parte de la víctima una contribución en la producción del siniestro (art. 1111 del CC) por el inadecuado empleo del aparato, aún existiendo una conminación del dueño a su utilización en el interior, ya que de modo razonable debió anteponerse el valor vida. En función de ello fijo su parte de responsabilidad en un 33% y el 67% restante en cabeza de las demandadas. Estudió luego las indemnizaciones reclamadas, y descartó la procedencia del concepto de valor vida que se conformó en la pretensión como una perdida de chance, esperanza de ayuda económica futura y daño psicológico, por ser inherentes a la persona de la actora Avalos hoy fallecida, no transmisible a sus herederos. Por el daño moral entendió ajustada la suma peticionada, y de acuerdo a los porcentajes de responsabilidad la fijo en la suma de $134.000.

2.- En memorial de fs. 340/341 vta., la demandada “Arroyo Carqueja S.A”, concretó seis agravios. En el primero de ellos criticó la interpretación que realizó el juez de la responsabilidad asignada. Refirió que en la sentencia no se objetó la investigación penal y de ella emerge que los decesos de Cano y García se habían producido por la propia negligencia. Destacó que según el juez no parecía lógica la explicación de los hermanos de García, y que ésta antepusiera la vida para evitar un posible robo, pero de todos modos no descartó la responsabilidad de las demandadas, por lo cual se afirmó que los fundamentos del fallo no fueron jurídicos, ya que Cano y García fueron los responsables de lo acontecido. El segundo planteo indicó en relación a la responsabilidad de tipo contractual que se le adjudicó, que el contrato que tuvo la empresa con Cano no incluyó vivienda. Que si bien el arrendamiento que tenía con Galea incluía una vivienda, ésta no era la del episodio, que no se probó de quién era, ni la propiedad del equipo electrógeno.En el tercer planteo se cuestionó que se haya dado por cierta la existencia de un vínculo estable entre García y Cano, contando con el solo aval de dos testimonios de personas con domicilio en Zárate, quienes declararon que la madre les habría contado que Fátima vivía con su concubino. Por otra parte, de la causa penal no surgieron indicios de la convivencia, tales como prendas de vestir femeninas en el lugar, y según el informe de AFIP Cano se encontraba formalmente registrado hasta junio de 2011 para REPAS SA, sin contar cargas de familia. En la cuarta queja se afirmó que la sentencia está basada en infundadas conjeturas y presunciones, relativas a que se le proveía la vivienda, que existía un convenio al efecto con Gadea, y no se investigó en cambio de quien era ese bien. El quinto agravio se destinó al daño moral, señalando que no es pacífica la postura de reconocerlo a los herederos, mientras que el monto condenado no fue justificado. Finalmente, se insistió en que lo decidido tuvo una base conjetural despojada de sustento probatorio, tomando como válida la narración de un hecho doloroso y trágico como lo es la muerte de dos jóvenes. Se pidió la revocación de la sentencia con costas.

3.- El demandado Galea fundó su recurso a fs. 343/347, donde se quejó de la atribución de responsabilidad fundada en premisas no probadas. En esa línea afirmó que no se probó que el inmueble donde ocurrió el hecho fuera de su propiedad, ni que el grupo electrógeno formara parte del contrato de arrendamiento que celebró con Arroyo Carqueja SA, cuando se acreditó que dicho elemento no fue objeto del contrato de arrendamiento, en el que se incluyeron elementos de menor valor, lo que permite inferir que se introdujo después de celebrado el contrato.Desestimó que la causa cuente con prueba sobre su carácter de dueño de la morada donde ocurrió el hecho luctuoso, y que en su declaración de parte aclaró que ese inmueble se encuentra en un puesto ubicado en un campo vecino, lindero, que no forma parte del predio arrendado a Arroyo Carqueja SA, mientras el informe elaborado por el Agr. Macchi, solo afirmó que la casa está dentro del “Paraíso Grande”, predio que está afuera del inmueble arrendado propiedad de Galea, por lo que dichos elementos no eran suficientes para concluir acerca de la propiedad, ya que debió al menos contar con informe del Registro de la Propiedad Inmueble. Insistió en la ausencia de presupuestos que asignarle responsabilidad civil, ya que es ajeno al inmueble, y el que sí es de su propiedad, cedió el uso y goce, por lo que ni siquiera tenía una obligación ni facultad como arrendador de vigilar o supervisar el predio y los elementos que allí se ingresan, que no hay nexo causal, dado que no es propietario ni arrendador del inmueble, sostiene además que la responsabilidad debe endilgarse a Cano y García que encendieron un grupo generador a combustión en un lugar cerrado, pretendiendo disimularlo con excusas. Recalcó que el elemento nocivo no es parte ni accesorio del inmueble que se arrendó. Luego criticó la admisión del daño moral, señaló que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 1078 del Código Civil éste corresponde al damnificado directo, y a los herederos forzosos, que los actores no resultan herederos forzosos, por lo que se pidió el rechazo del rubro.Por último, cuestionó la regulación de honorarios al agrimensor Isidoro Macchi, indicando que no actuó como perito, no fue designado por orden de lista, que la actora ofreció esa prueba, seguramente por ser de su confianza, para que informen si el inmueble en que fallecieran Cano y García formaban o no parte del inmueble arrendado, y de la presentación que realizó ni siquiera quedó claro quién era el propietario del inmueble, expone que no corresponde la regulación de honorarios en carácter de perito, que esos honorarios debe soportarlos la actora, y a todo evento cuestionó por alta la suma regulada.

4. A fs. 351/354 obra expresión de agravios de la parte actora, donde se objetó la atribución de responsabilidad concurrente asignada a la víctima. Destacaron que la responsabilidad de los accionad os es objetiva (art. 1113 del CC) y, toda eximente debe ser interpretada con criterio restrictivo, que no se realizó prueba categórica que determinara la culpabilidad de las víctimas para desplazar el factor de atribución objetivo. Y en segundo término se disconforman con el rechazo del rubro “valor vida”, sosteniendo que el razonamiento del juez fue erróneo porque desde el momento del fallecimiento de la menor (29/08/11), ingresaron automáticamente los derechos a una eventual indemnización al patrimonio de Avalos, y a su vez, de conformidad a lo normado por el art. 3417 del CCiv, a los herederos de ésta se le transmiten los eventuales derechos que le correspondían, por lo que el deceso de Avalos no impedía su reconocimiento. Que lo contrario provocaría un desplazamiento patrimonial sin causa a favor de los responsables civiles de lo ocurrido, por lo que solicita se revoque la sentencia admitiendo el rubro valor vida-perdida de chance, en la suma de $200.000.

5. La firma “Arroyo Carqueja SA” replicó a fs.356/357, que si alguien asumió en su caso alguna responsabilidad temporal de cuidado respecto de la menor Fátima García, fue Cano, que no se acreditó que fueran convivientes, y que la parte actora confundió el factor de atribución que en su caso fue contractual, por lo que no es aplicable lo sostenido respecto de la responsabilidad objetiva. En relación a la indemnización “valor vida”, señala que el rechazo es adecuado y se encuadra en antecedentes de la Corte Suprema, que Avalos era titular de una acción no de una indemnización, y el hecho de que en la vejez (tal como se planteó en la demanda) fuera asistida económicamente por su hija, se trata de una cuestión intransferible, un derecho personalísimo no transmisible a los herederos, puesto que la perdida de chance o ayuda futura no son frutos o un producto de la herencia.

6. En escrito de fs. 358/360, respondió el demandado Galea, reiterando que fue la acción de García y Cano (encendido de un grupo electrógeno en un lugar cerrado) constitutiva de conducta culposa que contribuyó de manera eficiente en el hecho, cuestión distinta habría sido un deficiente funcionamiento del aparato. El origen de atribución de responsabilidad emerge de la omisión en aquélla diligencia conforme la naturaleza de las cosas -art. 512 y 901-, por lo que su responsabilidad resultó excluyente. Tocante al rechazo de la indemnización del rubro valor vida por perdida de chance, se afirmó que tal como sostuvo al tratarse de un derecho intransferible, el heredero sucede únicamente en sus bienes, no ocupa el lugar del difunto, por lo que resulta irrazonable pretender transferir atributos de las personas vía sucesoria.

7.-Así resumidos los antecedentes del caso, comenzaré estudiando la atribución de responsabilidad asignada.

Repaso que en la demanda se explicó que la hija de la actora Ávalos, Fátima Rosa García, residía en el establecimiento La Mamanca, propiedad del demandado Gustavo Hernán Galea, con su pareja el Sr.Angel Eduardo Cano en una casa habitación para el puestero que éste tenía asignada por su empleadora para vivir con su familia, pero que dicha vivienda carecía de servicios y que requerían de un generador de electricidad para las necesidades mas elementales, por lo que contaban con un grupo electrógeno que era de propiedad y guarda compartida “tanto de la empleadora como del explotador del campo, la arrendataria Arroyo Carqueja SA”. Que en ese contexto el 29/08/2011, siendo aproximadamente las 24 hs., mientras la pareja dormía, por problemas de funcionamiento del aludido equipo, que tenía vicios y riesgos que lo hacían impropio para su destino y perjudicial para la integridad física de las personas, se produjo la muerte de ambos debido a la intoxicación de monóxido de carbono que emanó del aparato, hecho que comunicó el encargado del campo (Abel Rinaldi) a la Policía de Entre Ríos, motivando la causa penal que obra apiolada a los presentes.Se dijo al demandar que Cano y García no obraron con culpa porque no tenían ni la propiedad ni guarda de la cosa, y que por la corta edad de ambos (ella 17 y él 22) como la escasa instrucción, sumado al poco tiempo que llevaban allí, era obvio que carecían de conocimientos sobre el uso del “grupo electrógeno”, sobre lo que no fueron anoticiados, e ignoraban por ello sus riesgos.

Según esa posición, la responsabilidad civil de las accionadas era contractual por la relación laboral que tenía Cano, y extracontractual, por el incumplimiento a la obligación tácita de seguridad que habrían asumido los accionados al proveerlos de un elemento que generó el daño.

En la causa penal 1595/11, “Cano Angel Eduardo y García Fátima Rosana – Sus Muertes”, el entonces Juez de Instrucción Nro.3, concluyó que “…los decesos de ambas víctimas se han producido por la propia negligencia de estos, no habiendo tomado los recaudos que las circunstancias del caso requerían, toda vez que se encontraban en el interior de un inmueble cerrado, sin ventilación y con un grupo electrógeno -que consume oxígeno e irradia monóxido de carbono-, lo que en definitiva les provoca el deceso -cfr.los informes médicos agregados a fs.7/8 de autos-, y del que emanaba mucho olor a combustible -tal lo puesto de resalto por el preventor al momento de elaborar el parte de novedad. A ello se debe sumar que el cuerpo de los occisos -Cano y García- no presentaban signos de violencia, y el lugar del hecho tampoco lo evidenciaba…” -fs.50/51-. Por esas razones, dispuso el archivo de la causa.

En cambio el Juez de esta causa civil consideró que medió concurrencia causal, eximiendo solo de modo parcial de responsabilidad a los demandados por culpa de la víctima.Para eso tuvo que el lugar del hecho era de Galea y que permitió aunque lo fuera de modo tácito, la ocupación por la pareja, infiriendo que por estar en ese lugar, podía presumirse que también el grupo electrógeno era de propiedad de aquél. De allí desprendió la responsabilidad de ese accionado, basado en que la autorización del titular o propietario del predio provoca la obligación genérica de mantener indemnes a quienes ingresen al lugar o utilicen sus elementos, mientras que a Arroyo Carqueja SA, la responsabilizó porque reconoció que Cano era empleado suyo, y por ello debía cuidados y obligaciones para con el y su familia conforme al Régimen del Trabajador Rural y en particular sobre la vivienda que le asignaba como parte de su paga, en relación a la cual también tenía una obligación de seguridad.

No comparto tal análisis. A mi modo de ver, desde la perspectiva de la responsabilidad civil, el triste caso aquí ventilado, impone similar respuesta a la brindada en sede penal, en función de la entidad del reproche que merecen las víctimas por su actuar negligente.

Ello por cuanto, conforme lo explicitaré a continuación, si bien la vivienda en la que ocurrió el hecho era de Galea, no se probó la tesis actoral conforme a la cual, Cano y García estaban allí por la relación laboral aceptada por Arroyo Carqueja SA, de donde no cabe asignarle a ésta responsabilidad de ningún tipo por lo acontecido con García en función de ese contrato. Pienso además que si, infiriendo el carácter de dueño del grupo electrógeno del propietario del inmueble, llegamos a detectar un factor objetivo de atribución de responsabilidad a ese presunto dueño de la cosa riesgosa (Galea), la culpa o hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, tiene suficiente potencialidad dañosa como para interrumpir el nexo causal.

8.- Me explico.No hay controversia acerca de que poco tiempo antes del suceso fatal, Cano había sido contratado de modo informal para desempeñarse en tareas rurales por la empresa Arroyo Carqueja SA, en el predio por ella arrendado al codemandado Galea, correspondiente a unas parcelas del establecimiento La Mamanca de propiedad de éste último.

Según el contrato de arrendamiento celebrado entre dichas accionadas agregado en sendos legajos de prueba documental por ellas aportadas, y la lectura del lugar efectuada por el Agr. Isidoro A. Macchi a fs.224/225, la vivienda del infortunio, no está ubicada dentro de los límites de ese contrato circunscripto a cuatro potreros del campo, sino dentro del protrero denominado “Paraíso Grande”. Dicho profesional acompañó a los fines ilustrativos, un relevamiento con coordenadas del Establecimiento superpuesta en imágen de Google Earth, que lo deja aclarado.

El contrato mencionado, al describir las mejoras existentes en la propiedad arrendada -cláusula séptima-, solo enunció el puesto existente en el potrero “Buen Abrigo”, de dimensiones diferentes al ilustrado en la causa penal, y no incluyó ningún equipo portátil como el encontrado con los muchachos muertos, lo cual no es extraño, ya que la vivienda donde estaba que carecía de luz eléctrica -fs.1 causa penal-, era un puesto en el que Galea tenía como “puestero” un empleado suyo -testimonio Sr. Robredo-.

En efecto, según la arrendataria empleadora, cuando Cano no se presentó a trabajar el 29 de Agosto de 2011, un compañero de trabajo Rinaldi, se apersonó al lugar donde recientemente se había instalado a vivir con un amigo, Jorge Abelardo Vargas, con quien compartiría la vivienda, y allí advirtió el desgraciado episodio. El testigo Sebastián Robredo -fs.174 y vta.- respaldó esa versión.Dijo ser productor agropecuario y que concurría al establecimiento a pedido de Arroyo Carqueja SA a ver animales, por una cuestión comercial, narró que mientras esa firma arrendó La Mamanca solo Rinaldi, su mujer e hija vivieron ahí, detallando que la vivienda donde murió Cano y García era el puesto de Jorgito Vargas, un puesto de Galea, al lado de donde alquilaba Arroyo Carqueja SA.

Esos elementos permiten recrear una explicación de por qué Cano estaba viviendo desde hacía algunos días (ya que hasta Junio inclusive laboró para otra firma) en la casa propiedad de Galea donde murió, y esto se fundaría en un acuerdo o amistad con esa persona Vargas. A su vez, puede in ferirse que la visita de García en esa hipótesis ha sido ocasional, ya que ningún elemento objetivo sostiene la versión actoral de la convivencia en el lugar de los jóvenes fallecidos.

En efecto, no existen constancias en el juicio relativas a que esa casa habitación haya estado comprendida en la relación laboral aquí aceptada entre Cano y Arroyo Carqueja SA, ni menos que ésta conociera que su empleado tenía mujer a cargo. Sí es claro que según la información remitida por AFIP -fs.148/151- entre el mes de Enero y hasta Junio de 2011, Cano fue dependiente de la firma REPAS S.A., que el domicilio del mismo para esa entidad era Perdices, constando asimismo el fallecimiento del trabajador el día 29/08/2011.

En sí, la condición de convivientes de Cano y García no la aprecio probada. No me parece confiable el aporte que al respecto efectuaron los testigos que declararon en la ciudad de Campana.

En efecto, Moltrassio – fs.249/250- dijo saber por Avalos lo ocurrido a Fátima en un campo donde su concubino era puestero, y que creía que esa relación databa de cuatro o cinco años, cuando aquella tenía 17 años al momento de morir y su padre dijo a fs.170 y vta., que la relación con Cano había durado un año, sin mas detalles. Lucero -fs.258 y vta.-, también supo lo ocurrido por comentarios de la actora, incluyendo que Fátima vivía en pareja, aunque aseguró haberlo conocido al yerno de Clotilde cuando la visitaban.

De modo que ni está acreditado que la vivienda fuera asignada por el empleador, ni menos éste tenía una obligación de seguridad en relación a la misma para con él y su familia, a la que nada hace suponer, conociera. No se verifican pues en relación a Arroyo Carqueja SA, los presupuestos factor de atribución ni antijuricidad, y la acción a su respecto debió ser rechazada.

Queda entonces la responsabilidad del dueño de la cosa riesgosa (art.1113, 2do párr. CCiv), carácter que presumo por el resultado con el que se cuenta, esto es, el conjeturado a partir elementos objetivos en el expediente penal acerca de la causa de las muertes (el grupo electrógeno que consume oxígeno e irradia monóxido de carbono, estaba funcionando en interior de un inmueble cerrado, sin ventilación, lo que provocó los decesos). El aspecto vicioso del aparato no se abordó probatoriamente.

Como ocurrió en este caso, la cosa o máquina, no siendo peligrosa en sí misma, puede convertirse en una amenaza latente y crear o generar riesgos, al ser puesta en funcionamiento por aplicación de la actividad humana desplegada, lo cual no quita el papel principal que juega la cosa. Como es sabido basta la lesión al derecho ajeno (resultado dañoso), el dueño debe responder aun por el empleo lícito de la cosa que extrañe peligro a otras personas (Trigo Represas-López Mesa: “Tratado de la Responsabilidad Civil”, Ed.La Ley, año 2005, T.III, págs. 344/348). La responsabilidad emana de una garantía legal desvinculada de la noción de culpa (Belluscio-Zannoni: “Código Civil y Leyes Complementarias.Comentado, Anotado y Concordado”, Editorial Astrea, año 2002, T.5, pág.463).

El accionado Galea invocó la culpa de la víctima como causal de eximición de responsabilidad, que solo de modo parcial fue admitida en la sentencia. Con ese segmento de la decisión se disconformaron ambas partes.

En mi criterio la exclusión de responsabilidad debió ser total.

No creo válido llevar al extremo la ficción legal para decir (como lo sugiere la parte actora) que el dueño debió enseñar a Cano y García los cuidados y precauciones que merecía el uso de la cosa riesgosa, cuando nada indica estuvieran éstos en el lugar con el conocimiento o aceptación de Galea. Es además poco seria la imputación referida a una supuesta instrucción del dueño a los infortunados, para que mantuvieran el grupo electrógeno funcionando dentro de la vivienda.

En ese punto, estimo merecen nula credibilidad las declaraciones de parte (interesadas), donde quisieron justificar que las personas fallecidas hicieron funcionar el grupo electrógeno dentro de la vivienda cerrada por orden del dueño.

Me refiero a cuando Patricia Noemí García, Juan Pablo Abelardo García, Néstor Víctor Fabián García, Juan Pablo García, Angel Rafael García -fs.167/172-, dijeron que los dueños de la Mamanca eran también propietarios del grupo electrógeno, quienes le habrían dicho que tenía que estar en la casa porque había muchos robos.Esa última afirmación solo fue relativizada por Juan Pablo García (progenitor de Fátima) quien si bien en un comienzo dijo que no dejaron afuera la máquina por miedo a que se lo robaran, y deslizó que lo habrían dejado adentro por una orden, luego al analizar la factibilidad física de dejarlo afuera, contestó: “Yo creo que no, porque él al venirse de la estancia y quedar solo, no podía dejarlo afuera”.

La intención de explicar lo inexplicable, y con ello exculpar a los fallecidos, parece diáfana, no solo porque es raro que en el corto tiempo en que habrían estado en el aislado lugar hubieran tenido ocasión de comentar ese detalle a toda la familia, sino porque la supuesta advertencia sobre probables robos, no condice con la descripción del lugar hecha en la demanda, donde se dijo que la vivienda era de difícil acceso, alejada de la ruta y en el interior del campo, a mas de 5 km del casco, y que se accedía con enormes dificultades, luego de una hora de caballo y atravesando arroyos y bañados -fs.6 y vta.-.

Esa circunstancia fue corroborada por el personal policial que actuó en la emergencia, quienes dejaron constancia que para acceder al lugar donde estaban los cuerpos de las personas muertas, debieron llegar a caballo, debido a que el campo presenta numerosos esteros y bañados que impedían avanzar en vehículo, cabalgando aproximadamente una hora hasta llegar al puesto (fs.2 causa penal Nº1595/11).

La negligencia extrema cometida por los jóvenes no tiene que ver con el nivel de educación con el que contaban (extremo del que no hay ninguna probanza para cotejar), pues es de público y notorio, que la gente de campo, y en particular la que habita la zona del hecho, habitualmente debe recurrir a fuentes de energía o calefacción con motor a combustión, siendo por ello conocida su toxicidad, tanto como la necesidad de contar con suficiente entrada de aire.

De allí que ha sido la omisión culposa detoda precaución al hacer funcionar el equipo electrógeno dentro de la vivienda cerrada, sin aporte de aire del exterior, causa adecuada de la tragedia, que desplazó la responsabilidad del dueño (o presunto dueño) de la cosa riesgosa, liberándolo de responder.

El art. 1111 del CCiv, establecía que: “El hecho que no cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella, no impone responsabilidad alguna”, y en este supuesto, el hecho u omisión de la víctima, revistió causalidad adecuada con el evento de daño, no fue una situación provocada por el dueño (conforme al razonamiento antes expresado), y la actitud asumida (dejar dentro de la casa el aparato sin ingreso de aire del exterior), es un hecho cierto y relevado con las pocas constancias recogidas en la causa penal, presentado con carácter de imprevisible e inevitable en el marco dado.

De modo que se encuentran aquí presentes los requisitos para que opere esa causal de eximente plena (conf.: BELLUSCIO-ZANNONI: ob.cit., págs. 390/393).

Finalmente, descarto que el acuerdo arribado entre el progenitor de Fátima García y los demandados en instancia prejudicial de mediación -acta traída con el escrito de fs.206, reservada en legajo parte actora-, depare implicancias a la hora de juzgar conforme a derecho los hechos probados en proceso judicial. Ante el mediador, se busca alcanzar la satisfactoria composición de los intereses, y no puede interpretarse la voluntad conciliatoria como un reconocimiento de la responsabilidad asignada, porque ello sería contrario a los fines que inspiran ese instituto de solución alternativa de conflictos, caracterizado por su funcionamiento bajo el principio de confidencialidad, que incluye la motivación para acordar.

En mérito a lo expuesto, creo que los agravios vertidos por los accionados en torno a la atribución de responsabilidad son procedentes, no así los de la actora, y que las quejas de ambas partes en relación a los daños, devienen de abstracto tratamiento, como también, el recurso arancelario interpuesto y fundado por los Dres. Leissa a fs.330 y vta.

10.-Con lo dicho estimo me encuentro en condiciones de expedirme sobre las cuestiones propuestas, y lo hago por la negativa. Auspicio en consecuencia se dicte sentencia haciendo lugar a los recursos de los demandados, con lo que corresponde revocar la sentencia apelada, rechazando íntegramente la demanda. Operativo el art. 271 CPCC, sugiero también dejar sin efecto la imposición de costas y regulación de honorarios, dejando propuesto que las costas de ambas instancias sean soportadas por los actores (con la salvedad que expondré), y que se regulen nuevos honorarios por las instancias atravesadas.

El Sr. Galea en su recurso cuestionó que tuviera que soportar los honorarios del Agrimensor Macchi que contestó el informe merituado en esta sentencia, basado en que no fue un perito designado y que eventualmente debía soportarlo quien pidió la prueba.

A fs. 227 Macchi cuantificó los gastos que le deparó la encomienda, en la suma de ($.), aclarando que ello no incluía honorarios que se adjuntarían con otro escrito certificado por el Colegio de Agrimensores de Entre Ríos. La sentencia reguló le honorarios como perito, con cita a los arts. 1251 y 1255 CCyC.

En rigor esa prueba fue ofrecida por Arroyo Carqueja SA, mientras que el art. 387 CPCC permite establecer una compensación por los gastos efectuados para presentar el informe, que en el caso fue de neto corte pericial, y ordenado judicialmente sin objeción de las partes. En definitiva la prueba se incorporó al proceso y sirvió para dirimir el pleito.

Pudo haberse prescindido de esa tarea profesional si el dueño de la estancia La Mamanca hubiera colaborado procesalmente poniendo en claro lo que debió establecerse por ese medio probatorio, pues era el propietario del fundo, quien contaba con mayor información fáctica y posibilidad probatoria.

Por esa razón propongo que se regulen honorarios al Agr. Isidoro Macchi, por el informe encomendado, y que los mismos sean soportados por el accionado Gustavo Hernán Galea -art.65, 2do. párr. CPCC-.

ESE ES MI VOTO.

A LAS MISMAS CUESTIONES PLANTEADAS EL SR. VOCAL DR. GUILLERMO O.DELRIEUX, DIJO:

Que adhiere al voto precedente por iguales fundamentos.

A LAS MISMAS CUESTIONES PLANTEADAS EL SR. VOCAL DR. GUSTAVO A. BRITOS, DIJO:

Que existiendo mayoría hace uso de la facultad de abstenerse de emitir su voto, conforme lo autorizado por el art. 47 de la L.O.P.J. (texto según Ley 9234).

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordada la Sentencia siguiente:

ANA CLARA PAULETTI

GUILLERMO O. DELRIEUX

GUSTAVO A. BRITOS

(Abstención) ante mi

DANIELA A. BADARACCO

Secretaria SENTENCIA:

GUALEGUAYCHÚ, 19 de junio de 2017.

Y VISTO:

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, por mayoría; SE RESUELVE:

I.- HACER lugar a los recursos interpuestos a fs. 323 y 325, en representación de “Arroyo Carqueja Sociedad Anónima” y Gustavo Hernán Galea, contra la sentencia de fs. 312/318, la que se revoca y, en consecuencia, SE RECHAZA íntegramente la demanda articulada a fs. 6/12 vta.

II.- DEJAR sin efecto la imposición de costas decidida en la última parte del punto 1.- de la sentencia apelada, IMPONIENDO las de ambas instancia a cargo de los actores, a excepción de los honorarios del Agr. Isidoro Macchi, los que serán a soportados por el accionado Gustavo Hernán Galea (art.65, 2do. párr. CPCC).

III.- DEJAR sin efecto la regulación de honorarios practicada en el punto 2.-, y REGULAR los correspondientes a la instancia de grado, a favor de los Dres. María José LEISSA y Luis E. LEISSA en la suma de ($.), para cada uno de ellos, a Carlos Miguel CARBALLO y Roberto Alfredo BARROS en la suma de ($.), a cada uno de ellos, y al Agr. Isidoro Macchi en la suma de ($.); y por la actuación ante esta Alzada, a los letrados María José LEISSA en la suma de ($.), Luis E. LEISSA en la suma de ($.), y a Carlos Miguel CARBALLO y Roberto Alfredo BARROS en la suma de ($.), para cada uno de ellos, valor jurista ($.) (arts. 2, 3, 5, 14, 29, 30, 31, 32, 64 y concs. de la Ley 7046, arts. 1627 CCiv y 1255 del CCyC).

REGISTRAR, notificar y, oportunamente, bajar.

ANA CLARA PAULETTI

GUSTAVO A. BRITOS

GUILLERMO O. DELRIEUX

ante mi:

DANIELA A. BADARACCO

Secretaria En ././2017 se registró en soporte informático (Acuerdo S.T.J Nº 20/09 del 23/06/09 Punto 7). Conste.

DANIELA A. BADARACCO