De los menores, su capacidad y representación dentro del procedimiento laboral santafesino. Fiorenza, Alejandro A.

Título: De los menores, su capacidad y representación dentro del procedimiento laboral santafesino.

Autor: Fiorenza, Alejandro A. –

Fecha: 24-jul-2017

Cita: MJ-DOC-11922-AR | MJD11922
Doctrina:

Por Alejandro A. Fiorenza (*)

El art. 15 del Código de Procedimiento Laboral de la provincia de Santa Fe (en adelante, CPL) establece que «. los menores, desde los catorce años, tendrán la misma capacidad que los mayores para estar en juicio por sí, y podrán otorgar mandato en la forma indicada por este Código, con intervención, en el juicio, del Defensor General».

Dicha disposición se refiere a la capacidad de ejercicio procesal de los trabajadores menores de edad que ya han cumplido los 16 años. Siendo la misma consecuencia de lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo, en cuanto dispone -primero- que los menores de entre 16 y 18 años pueden celebrar contrato de trabajo, siempre que cuenten con la autorización de sus padres, responsables o tutores (art. 32 de la LCT); y -segundo-, que también desde los 16 años están facultadas para estar en juicio laboral en acciones vinculadas al contrato o relación de trabajo y para hacerse representar por mandatarios mediante el instrumento otorgado en la forma que prevén las leyes locales (art. 33 de la LCT).

La única excepción, al menos en lo que respecta a la celebración del contrato de trabajo, la encontramos en los arts. 189 y 189 bis de la misma LCT, conforme a los cuales queda prohibido a los empleadores ocupar personas menores de dieciséis años en cualquier tipo de actividad, persiga o no fines de lucro, salvo que aquellos sean ocupados en empresas familiares, o sea, cuyo titular sea su padre, madre o tutor, en jornadas que no superen las tres horas diarias, y las quince horas semanales, siempre que no se trate de tareas penosas, peligrosas y / o insalubres, y que cumplan con la asistencia escolar.

Sobre la base de lo dicho, puede apreciarse una diferencia entre la edad mínima establecida por la ley de fondo y la que surge de la norma ritual que comentamos.Lo que ocurre es que, al momento de reformarse el CPL, no se tuvieron en cuenta las modificaciones que trajo aparejada la Ley 26.390 del año 2008, referida a la prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, que -precisamente- elevó la edad mínima de admisión al empleo y para estar en juicio a 16 años (1).

De cualquier manera, en este aspecto, fue clara la mencionada normativa, ya que en su art. 2 , establece expresamente que toda ley, convenio colectivo o cualquier otra fuente normativa que establezca una edad mínima de admisión al empleo distinta de la fijada se considerará a ese solo efecto modificada por esta norma.

Por consiguiente, debemos leer el artículo citado al inicio del presente de la siguiente manera: Los menores, desde los 16 años, tendrán la misma capacidad que los mayores para estar en juicio por sí, y podrán otorgar mandato en la forma indicada por este Código, con intervención, en el juicio, del Defensor General.

Aclarado lo anterior, debe tenerse presente que, como bien lo ponen de resalto Villarruel y Viana, de aquel artículo no surge una sola capacidad para el menor, sino dos:una para estar en juicio por sí (como parte, personalmente, con mero patrocinio letrado, por ejemplo); y otra para otorgar poder a un abogado o procurador que lo represente (2). Surgiría entonces -de la norma- que los menores que han cumplido 16 años se hallan equiparados a los mayores a los efectos de poder estar en juicio por sí y otorgar los instrumentos de procura respectivos (3).

En otras palabras, se produce una equiparación a la mayoría de edad a los efectos de estar en juicio por sí, y del mismo modo para otorgar las procuras respectivas, en función de la plena capacidad que se les reconoce para tal fin (4).

Sin embargo, entendemos que ello no es del todo correcto, porque tratándose de un ordenamiento de rito, solo debería preocuparse por lo que tiene que ver con la capacidad de ejercicio procesal, es decir para actuar por sí mismo en el juicio; y no de la capacidad para otorgar mandato, ya que esta depende en realidad de lo que disponga al efecto el CCivCom, puesto que se trata de una cuestión atinente a la capacidad de ejercicio en general, particularmente de los menores, para celebrar un contrato como lo es el mandato, o, si se quiere, para valerse de un representante convencional que actúe por él en el procedimiento.

De ahí que tampoco comulguemos con la postura adoptada por Pastorino, quien entiende que la modificación que trajo aparejada la Ley 26.390 solo resultaría aplicable a lo que es la capacidad de ejercicio procesal del menor, pero no a la capacidad para otorgar mandato, resultando ajustado a derecho -por tanto- que el menor de 16 años, mayor de 14, otorgue por sí poder para actuar en juicio, independientemente de la regulación de fondo (5).

También, vale recordar que el menor de entre 16 y 18 años cuenta con la posibilidad reconocida en el art.14 del CPL, es decir, de hacerse representar por entidad gremial o sindical, si es que se encuentra afiliado a alguna.

Luego, aunque pueda parecer una obviedad, creemos que no está de más aclarar -como lo hace Rivera Rúa- que debe tratarse de un menor que sea trabajador, lo que excluye a los menores citados a juicio en virtud de otro título o razón (herencia, donación, etc.) (6). Esa aclaración también es hecha por Mana, quien explica que quedan excluidos de la norma aquellos menores que actúan en juicios laborales, pero no en calidad de trabajadores, sino por ejemplo por razones de herencia, resultando ser derechohabientes de un trabajador o empleador fallecido, ya que sus bienes no tienen origen en su trabajo personal, y en ese caso solo podrán actuar en el juicio a través de sus representantes legales (7).

Debe quedar claro, entonces, que la capacidad procesal reconocida a los menores se otorga en función de su propia actividad laboral, y que cuando ello no es así, los mismos deberán ser representados por sus representantes legales (8).

Cualquiera sea el caso, se deberá notificar al «defensor general» de la presencia del menor en el proceso -en el primer proveído-, en orden a su intervención en el juicio. No así, en lo que respecta al acto de otorgamiento del poder (9). Es decir, que deberá darse necesaria intervención durante todo el proceso al defensor general, en resguardo de los derechos e intereses del menor (10); tanto cuando actúe por sí, como cuando lo haga por medio de representante (11).

Ello así no solo porque surge de la norma en comentario, sino además porque, de conformidad al art. 33 «in fine» de la LCT, siempre que un menor participe en un juicio laboral se deberán cumplir las garantías mínimas de procedimiento en los procesos judiciales y administrativos establecidos por el art.27 de la Ley 26.061, que crea el sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Además, en caso de no darse la intervención indicada al Ministerio, podría plantearse la nulidad de las actuaciones realizadas sin su intervención. Esa nulidad tendría el carácter de relativa, susceptible de ser subsanada por la ulterior confirmación de las actuaciones realizadas sin su intervención por parte del funcionario correspondiente, o si de las actuaciones realizadas surge que la falta de intervención del Ministerio no produjo perjuicio a los intereses del menor (12). En efecto, se ha resuelto sobre tal punto que no importa la nulidad de lo actuado, la omisión de darle intervención al Ministerio Público, si con ello no se trajo aparejado ningún perjuicio al menor (13).

También debemos destacar, en este sentido, que todo lo relativo a la edad se encuentra entre las condiciones de vulnerabilidad determinadas por las llamadas «Reglas de Brasilia», que tanta trascendencia vienen adquiriendo en todo lo referido al acceso a la justicia. Al respecto, Lorenzo ha dicho que se considera «niño, niña y adolescente» a toda persona menor de 18 años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad en virtud de la legislación nacional aplicable; debiendo aquel ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo, porque aunque no deseado, es muy común que se desarrolle trabajo dependiente de menores, resultando necesaria la consiguiente regulación no solo en la norma de fondo (donde hemos visto que se limita expresamente), sino también en la adjetiva, donde pudimos apreciar que se establece un sistema especial de representación en juicios laborales de menores que no resulta del todo convincente (14).

Finalmente, corresponde remarcar y recordar que la facultad que consagra la disposición contenida en el art.16 del CPL en modo alguno excluye la representación en ejercicio de la responsabilidad parental que corresponde a los padres, por aplicación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, quienes también se encuentran autorizados a promover las acciones vinculadas al contrato de trabajo que celebra el hijo menor, siendo necesario, en tal caso, acreditar adecuadamente el vínculo familiar como presupuesto de la personería invocada (15). Incluso, ha llegado a decir algún tribunal, hace algún tiempo, que no es imprescindible la intervención del representante pupilar en los juicios en que el hijo es representado por el padre (16). Con este último criterio no estamos de acuerdo, pues consideramos que, aun en tal supuesto, se hace necesaria la intervención promiscua del Ministerio de Menores a través de la figura del «defensor general».

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(1) RIVERA RÚA, Néstor H.: Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe. Doctrina y Jurisprudencia, t. 1. Santa Fe, Panamericana, 2010, p. 349.

(2) VILLARRUEL, Juan M., y VIANA, Oscar D.: Comentarios al Código Procesal Laboral del la Provincia de Santa Fe. Rosario, Zeus, 1982, p. 36.

(3) CARRILLO, Hernán G.: Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe. Comentado. Concordado con el CPL de Corrientes, de VITANTONIO, Nicolás J. R. (dir.), y EGUREN, María C. (coord.a), t. 1. Rosario, Nova Tesis, 2006, p. 199.

(4) RIVERA RÚA, Néstor H.: «Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe. Doctrina y Jurisprudencia», t. 1. Santa Fe, Panamericana, 2010, p. 352.

(5) PASTORINO, Eduardo E.: Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe comentado. Rosario, Juris, 2014, p. 43.

(6) RIVERA RÚA, Néstor H.: «Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe. Doctrina y Jurisprudencia», Tomo I, Panamericana, Santa Fe, 2010, p. 350; PASTORINO, Eduardo E.: Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe comentado. Rosario, Juris, 2014, p. 43.

(7) MANA, Adriana M.: Código Procesal Laboral de la provincia de Santa Fe comentado, de MACHADO, D. (dir.), t. 1.Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2010, p. 106.

(8) MARTÍNEZ VIVOT, Julio J.: Los menores y las mujeres en el derecho del trabajo. Buenos Aires, Astrea, 1981, pp. 56 y 57.

(9) CARRILLO, Hernán G.: Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe. Comentado. Concordado con el CPL de Corrientes, de VITANTONIO, Nicolás J. R. (dir.), y EGUREN, María C. (coord.a), t. 1, Nova Tesis, Rosario, 2006, p. 200.

(10) GIRARDINI, Enrique A.: Actos y diligencias procesales. Rosario, Juris, 2007, p. 39.

(11) RODRÍGUEZ, Pedro M.: Código Procesal del Trabajo de la provincia de Santa Fe. Rosario, Molachino, 1954, p. 25.

(12) CARRILLO, Hernán G.: Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe. Comentado. Concordado con el CPL de Corrientes, de VITANTONIO, Nicolás J. R. (dir.), y EGUREN, María C. (coord.a), t. 1. Rosario, Nova Tesis, 2006, p. 200.

(13) CTR, Sala II, 26-19-87, JLSF, 6-69.

(14) LORENZO, Pablo A.: «Las reglas de Brasilia y las condiciones de vulnerabilidad en el derecho laboral y la justicia santafesina», en Juris On Line, Doctrina, Djuris 144.

(15) MANA, Adriana M.: Código Procesal Laboral de la provincia de Santa Fe comentado, de MACHADO, José D., t. 1, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2010, p. 106.

(16) CTR, 24/2/1953, Juris, 2-205.

(*) Abogado, UCA Rosario. Ayudante de las cátedras de Teoría General del Proceso y Derecho Procesal Civil y Comercial, UCA Rosario. Auxiliar, Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario. Autor de publicaciones sobre temas de su especialidad.