Se reconoce a los reclamantes el derecho de retribución por ser actores intérpretes de películas, programas de televisión y unitarios en los términos del art. 56 de la Ley 11.723 sin importar cual sea el procedimiento de su reproducción

Partes: Cocola Carlos Gabriel y otros c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. s/ cobro de sumas de dinero

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 10-may-2017

Cita: MJ-JU-M-106050-AR | MJJ106050 | MJJ106050

Se reconoce a los reclamantes el derecho de retribución por ser actores intérpretes de películas, programas de televisión y unitarios en los términos del art. 56 de la Ley 11.723 sin importar cual sea el procedimiento de su reproducción.

Sumario:

 

1.-Corresponde confirmar la sentencia y condenar a la demandada a abonar a los actores una suma de dinero, en virtud del reconocimiento de sus derechos a retribución por ser intérpretes de películas, programas de televisión y unitarios en los términos del art. 56 de la Ley 11.723, habiendo realizado la accionada, a través de una señal de cable de la que es titular, actos de comunicación pública de algunas de las obras en las que actuaron los reclamantes.

2.-Atendiendo a la fecha en que tuvieron lugar los hechos que la originaron la litis, resulta de aplicación lo dispuesto la normativa contenida en el Código Civil, hoy derogado, por aplicación de lo dispuesto en el art. 7 del CCivCom., actualmente vigente, sin perjuicio de señalar, claro está, que a idéntica solución se arribaría aplicando las normas pertinentes de este último cuerpo legal.

3.-El objeto genéricamente protegido por art. 1° de la Ley 11.723 se advierte en la parte final de la norma, al indicar que la protección del derecho intelectual se extiende a toda producción científica, artística o didáctica sea cual fuere el procedimiento de reproducción, por lo que, resulta también comprensiva la retransmisión televisiva.

4.-Si bien es cierto que el productor de las obras tiene legitimación para actuar, dicha legitimación no es de carácter excluyente y los derechos de los intérpretes tienen valor intelectual o artístico, independiente de la obra interpretada o ejecutada.

5.-Los programas contenidos en las señales satelitales están dirigidos al público, destacándose además que la demandada obtenía beneficios económicos al difundir las obras en las que habían participado los actores, de modo tal que es irrelevante que la señal se envíe encriptada al satélite en atención a que lo que verdaderamente importa es su contenido, el cual es retransmitido por el operador de cable sin ningún tipo de injerencia (conf. Bauleo, Ricardo Vicente y otros c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A s/ cobro de sumas de dinero Exp. 96.462/2009 y Díaz Lastra, José Angel y otros c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A s/cobro de sumas de dinero Exp. Nº 116.379/2005).

6.-Debe aplicarse al caso la prescripción decenal dispuesta en el art. 4023 del CCiv., pues no se trata de una acción vinculada con el cobro de salarios adeudados ni con un reclamo por daños y perjuicios, siendo los plazos de prescripción especiales de aplicación restrictiva.

7.-Ante la ausencia total de pautas concretas que me permitan arribar a una determinación precisa de la cuantía del daño, en base a las constancias del dictamen pericial y sus aclaraciones, el informe de Argentores y demás elementos conducentes, corresponde establecer prudencialmente el resarcimiento, tal como lo ha hecho el a-quo, debiendo confirmar las sumas acordadas por derechos de exhibición.

8.-El reclamo de autos se dirige más al reconocimiento de la retribución que genera utilización sin consentimiento de la imagen, que a la lesión que pudiera causarles a los sentimientos de los actores la retransmisión de estos filmes y programas, ya que el intérprete de una obra no puede oponerse a que se la retransmita públicamente, cuando ese fue, precisamente, el fin tenido en mitras al filmarla y, especialmente, los producidos mucho tiempo atrás, cuando ellos mismos han reconocido que el canal que los reproduce posee la clara misión de recuperar los momentos de nuestro pasado reconstruyendo nuestra historia audiovisual.

9.-El vencido actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho invocado, pues la originalidad de la cuestión introducida por las partes, las diferentes posiciones que en la materia tiene el debate, aún en lo relativo a la excepción, hace que el apartamiento del principio objetivo de derrota en juicio se imponga, debiendo todas las costas procesales, incluidas las generadas con motivo del rechazo del planteo de prescripción, deben ser establecidas en el orden causado.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 10 días del mes de mayo de 2017, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos “Cocola, Carlos Gabriel y otros C/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. S/ cobro de sumas de dinero” y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Fajre dijo:

I.- Contra la sentencia de primera instancia dictada a fs. 672/679, que desestimó la excepción de prescripción deducida por Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., con costas a su cargo, e hizo lugar a la demanda por cobro de sumas de dinero entablada por Carlos Gabriel y Betina Laura Cocola, Bety Rebeca Cosoy, Osvaldo Carlos Brandi, Javier Enrique Iriberry, Gustavo Alberto Rey, Marcos Woinski, José Néstor Guerrise y Juan Carlos Uccellatore en contra de Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., apelan las partes, quienes, por los motivos que exponen en sus presentaciones de fs. 690/693 y 695/711, intentan obtener la modificación de lo decidido. A fs. 713/715 y 717/719 fueron contestados los pertinentes traslados, encontrándose los autos en condiciones de dictar un pronunciamiento definitivo.

II.- En el fallo se rechazó una excepción de prescripción articulada por Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., condenándose a la demandada a abonarles a los actores una suma de dinero, para cuya determinación deberán practicarse las liquidaciones respectivas. Para así decidir, el Sr. juez a quo tuvo por cierto que los reclamantes eran actores intérpretes de películas, programas de televisión y unitarios en los términos del art. 56 de la ley 11.723 y que la demandada, a través de la señal “Volver” de la que es titular, realizó actos de comunicación pública de algunas de las obras en las que habían participado.

Ahora bien, sobre la cuestión en debate ya se ha pronunciado ésta Sala en los autos:”Díaz Lastra, José Ángel c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.” , del 10 de septiembre del 2009. En aquella época integraban el tribunal los Dres. Jorge A. Mayo, Silvia A. Díaz y Claudio M. Kiper. La Dra. Díaz fue quien votó en primer término, estimando que los reclamantes eran actores intérpretes en los términos del art. 56 de la ley 11.723 y que correspondía que la accionada les abone una suma de dinero.

Su opinión fue compartida por mi distinguido colega el Dr. Kiper, quedando en disidencia el Dr. Mayo. Con posterioridad, esta sala, en su anterior composición, vuelve a pronunciarse en el mismo sentido sobre esta cuestión, el 27 de marzo de 2014, en los autos “Bauleo, Ricardo Vicente y otros c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A s/ cobro de sumas de dinero” , con el voto preopinante del Dr. Kiper, al que adhirieron la Dra. Abreut de Begher y el Dr. Sebastián Picasso.

III.- Sentado ello, cabe en primer término señalar que en cuanto al encuadre jurídico que habrá de regir esta litis, atendiendo a la fecha en que tuvieron lugar los hechos que la originaron, entiendo que resulta de aplicación al caso lo dispuesto la normativa contenida en el Código Civil, hoy derogado, por aplicación de lo dispuesto en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, actualmente vigente, sin perjuicio de señalar, claro está, que a idéntica solución se arribaría aplicando las normas pertinentes de este último cuerpo legal.

Debo señalar también que en los precedentes citados se analizaron todos los temas que se plantean en éste proceso.

Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. cuestiona que les haya reconocido a los peticionarios un derecho que, a su entender, no les asiste.

Manifiesta que los artistas que actúan en obras cinematográficas o series, novelas y unitarios para televisión no pueden ser considerados intérpretes en los términos del art.56 de la ley 11.723, concebido desde un inicio para los intérpretes de las obras literarias o musicales, y no audiovisuales.

Refiere a que la Convención de Roma de 1961 no se aplica a las actuaciones en obras audiovisuales, en los términos del art. 19.

IV.- De acuerdo con lo que dispone el art. 1° de la ley 11.723 (texto según art. 1° de la Ley N° 25.036): “A los efectos de la presente Ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto; las compilaciones de datos o de otros materiales; las obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales; las cinematográficas., en fin, toda producción científica, literaria, artística o didáctica sea cual fuere el procedimiento de reproducción. La protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí”. Incluidas las producciones cinematográficas entre las obras en colaboración, el art. 16 dispone que, salvo convenios especiales los colaboradores de una obra disfrutan derechos iguales, lo que es reiterado por art. 20 (texto según Ley N° 25.847), considerándose tales al autor del argumento, al productor y al director de la película. A su vez, el art. 21 establece que el productor de la película cinematográfica, tiene facultad para proyectarla, aun sin el consentimiento del autor del argumento o del compositor, sin perjuicio de los derechos que surgen de la colaboración, así como el autor del argumento tiene la facultad exclusiva de publicarlo separadamente y sacar de él una obra literaria o artística de otra especie y el compositor tiene la facultad exclusiva de publicar y ejecutar separadamente la música. Además, aclara el art.22 que “El productor de la película cinematográfica, al exhibirla en público, debe mencionar su propio nombre, el del autor de la acción o argumento o aquel de los autores de las obras originales de las cuales se haya tomado el argumento de la obra cinematográfica, el del compositor, el del director artístico o adaptador y el de los intérpretes principales”.

El art. 1° de la ley 11.723 no contiene una enumeración taxativa sino meramente enunciativa de los elementos amparados por la ley, otorgándose protección a “toda producción científica literaria, artística o didáctica” que constituye una expresión personal, original y novedosa de la inteligencia “sea cual fuere el procedimiento de su reproducción”.

El objeto genéricamente protegido se advierte en la parte final de la norma mencionada, al indicar que la protección del derecho intelectual se extiende “a toda producción científica, artística o didáctica sea cual fuere el procedimiento de reproducción”, por lo que, a mi modo de ver, resulta también comprensiva la retransmisión televisiva. La jurisprudencia se ha expresado en el sentido que el art. 1° de la ley 11.723 “no introduce diferencias de ningún tipo al respecto y, por el contrario, alude a las obras de toda naturaleza y extensión. Basta, pues, que se trate de una ‘creación personal’ cualquiera sea el valor artístico”.

De acuerdo con lo normado por el art. 56 de la ley 11.723 el intérprete de una obra literaria o musical tiene el derecho de exigir una retribución por su interpretación difundida o retransmitida mediante la radiotelefonía, la televisión o bien grabada o impresa, sobre disco, película, cinta, hilo o cualquier otra sustancia o cuerpo apto para la reproducción sonora o visual.No llegándose a un acuerdo, el monto de la retribución quedará establecido en juicio sumario por la autoridad judicial competente.

En lo personal, habré de adherir a la postura mayoritaria sostenida en los mencionados precedentes de esta sala, en cuanto a considerar que los reclamantes son actores intérpretes de películas, programas de televisión y unitarios en los términos del art. 56 de la ley 11.723.

Se ha dicho que el autor originario de la película es el productor, o sea el que organiza el trabajo técnico, industrial y artístico, concerniente a la realización material e intelectual de la obra. “La concibe y la crea, desarrolla todas las actividades indispensables para que se exteriorice y se lo menciona en calidad de tal en el título” (Conf. Satanowsky, Isidro, Derecho Intelectual, Tomo I, p. 232).

Una de las consecuencias más importantes de la solución legislativa que acepta la titularidad original del productor es el de reconocerle derechos más importantes como la posibilidad de afectar la integridad de la obra para permitir su explotación televisiva mediante cortes publicitarios o la “colonización” de las películas en blanco y negro o el derecho a comercializar y alquilar versiones videográficas de las obras originales. El derecho de proyección a que alude el art. 21 incluye el de la exhibición televisiva y otras formas de difusión (Conf. Emery, Miguel Ángel, Propiedad intelectual, p. 149).

Esta sala ha sostenido con criterio que comparto que si bien es cierto que el de productor de las obras tiene legitimación para actuar dicha legitimación no es de carácter excluyente y los derechos de los intérpretes tienen valor intelectual o artístico, independiente de la obra interpretada o ejecutada (conf. “Bauleo, Ricardo Vicente y otros c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A s/ cobro de sumas de dinero”).

Otra de las quejas de la accionada consiste en que la sentencia se condenó al pago de derechos a la comunicación pública a quien no hace comunicación pública de obras.Refiere que el contenido de “Volver” no llega en forma directa al público y que la señal no es emitida en simultáneo por algún organismo de radiodifusión. Refiere que esas señales se reciben a través de un operador de cable o de televisión satelital codificada que la adquiere y difunde.

Al respecto habré de remitirme a lo dicho en los precedentes citados “Bauleo, Ricardo Vicente y otros c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A s/ cobro de sumas de dinero” (Exp. 96.462/2009).- “Díaz Lastra, José Angel y otros c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A s/cobro de sumas de dinero (Exp . Nº 116.379/2005)”, en cuanto a que los programas contenidos en las señales satelitales estaban dirigidos al público, destacándose además que la demandada obtenía beneficios económicos al difundir las obras en las que habían participado los actores, de modo tal que es irrelevante que la señal se envíe encriptada al satélite en atención a que lo que verdaderamente importa es su contenido, el cual es retransmitido por el operador de cable sin ningún tipo de ingerencia.

La parte demandada también dice que se trata de un error que se haya rechazado la excepción de prescripción. Asegura que el reclamo formulado es consecuencia de una eventual responsabilidad civil extracontractual por falta de pago de ciertos derechos económicos y que corresponde aplicar el plazo bianual previsto en el art. 4037 del Código Civil.

Una vez más habré de remitirme, brevitatis causae, al criterio sentado por la mayoría en los autos “Díaz Lastra” y “Bauleo” en los que se decidió que debía aplicarse al caso la prescripción decenal dispuesta en el art. 4023 del Código Civil.Ello, en base a la interpretación de las normas específicas insertas en el Código y en la ley de propiedad intelectual, a que la presente no se trata de una acción vinculada con el cobro de salarios adeudados ni con un reclamo por daños y perjuicios y, por último, a que los plazos de prescripción especiales son de aplicación restrictiva.

Finalmente, en cuanto a la queja de la demandada relacionada con la valoración parcial, arbitraria y contradictoria de la prueba, en cuanto se haya considerado que por la señal “Volver” se emitieron películas, series y unitarios, en las fechas y oportunidades indicadas en la demanda, y en las que actuaron los reclamantes, debo señalar que comparto la decisión del a quo a mérito de la certificación emitida por la Asociación Argentina de Actores, elaborada sobre la base de sus registros, revistas y publicaciones, cuya impugnación, deducida sobre la base de idénticos argumentos a los del agravio, fue desestimada a mérito de lo dispuesto a fs. 374, así como de la peritación contable que enuncia las películas y fechas de emisión por el canal Volver con detalle de los segundos e ingresos totales netos de publicidad paga, sin que se advierta por parte de la quejosa actividad concreta tendiente a desacreditarlos.

Además, y con criterio que comparto, se ha sostenido que resulta sumamente dificultoso fijar el monto debido. En Argentina, impera un sistema con carencia de normas que asuman directa o indirectamente el problema del derecho a la indemnización de los daños por infracción a los derechos de autor, por lo que en principio, se considera que debe aplicarse el derecho común (Conf. Lipszyc, Delia, “Derecho de autor y derechos conexos”, Unesco, n° 11.4, p.573). En tal sentido ha dicho Cifuentes en términos elocuentes que “si dificultosa le puede resultar al abogado, cuando patrocina una causa, estimar el daño y llevar elementos de su cuantificación al proceso, verdadera tribulación suelen tener los jueces para decidirlo, sobre todo si no se arrimaron aquellas pruebas y tiene el grave ministerio de juzgar con ponderación subjetiva. Bien se ha señalado, de acuerdo con la omisión expuesta, que la ley de propiedad intelectual argentina, no tiene escuela para dirigir los pasos en este aspecto civilístico de la reparación.se desentiende casi por completo del resarcimiento económico al autor plagiado, lesionado o que soportó la falsificación” (Conf. Cifuentes, Santos, Los daños en materia de propiedad intelectual, ( . pdf).

Doctrinal y jurisprudencialmente se ha coincidido en señalar que las particularidades de los derechos “inmateriales” exigen que se valoren todas las circunstancias que tengan incidencia sobre el monto del resarcimiento sin fórmulas rígidas. El titular del derecho de autor o del derecho conexo tiene que poder reclamar como resarcimiento el beneficio que hubiera podido obtener de no mediar la utilización ilícita o la mejor remuneración que hubiera podido percibir de haber autorizado la explotación. Se agrega que de esta forma se evita que sea más rentable, en el caso, infringir el derecho de autor y los derechos conexos que observarlos, pues si el utilizador consigue un precio más bajo en juicio que negociando con el titular del derecho se alientan las infracciones (Conf. Lipszyc, ob. cit., p. 577; Emery, ob. cit., p. 203; Acosta de los Santos, Hermógenes, “Criterios para la determinación del perjuicio en materia del derecho de autor”, en Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Año XIX, N° 47/48, Enero-Junio 2008, p. 61; C.N.Civ., sala G, “Moreno, Norberto V. c/ Iglesias, Julio y otros”, del 21/3/94, en La Ley 1995-C, p. 557; íd., sala C, “Gribman, Hugo A. c/ Carrizo, Cecilio”, del 7/3/02, en La Ley 2005-D, p.367 y L. 495.083, “Anejo Producciones S.R.L. c/ S.A. La Nación” , del 22/5/08, en elDial AA4A3C; íd., sala I, “Guebel, Norberto Daniel c/ Fernández Musiak, Diego Marcelo” , del 5/8/99, en El Derecho 186-427) (Conf. esta Sala, L. 557.998, 18/10/2010, voto del Dr. Carranza Casares).

En consecuencia en esta materia debe recurrirse al art. 12 de la ley 11.723 por el cual son aplicables “las disposiciones del derecho común bajo las condiciones y limitaciones establecidas en la presente ley”. Dicho artículo debe entenderse en el sentido que las normas de derecho común sólo se aplican cuando no contradigan la ley especial, y en tanto se avengan con los principios propios de la materia (Conf. Villalba, Carlos A. y Lipszyc, Delia, “El derecho de Autor en la Argentina”, La Ley, 2° reimpresión, 2006, p. 283). Es decir que las normas de fondo del derecho común “deben ser interpretadas y aplicadas teniendo en cuenta las peculiaridades de la propiedad intelectual y su operabilidad” (Conf. CNCivil, Sala F, 19/3/81, ED, 93-411).

La característica más destacada del resarcimiento de daños al derecho de autor es el principio por el cual la indemnización resulta del solo hecho de la violación del derecho de autor, ampliamente reconocido por la jurisprudencia y la doctrina (Conf. Satanovsky, Isidro, “Derecho Intelectual”, Buenos Aires, 1954, t. II, p. 181 a 182; Mouchet, Carlos y Radaelli, Sigfrido A., “Los derechos del escritor y del artista”, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1957, p. 89 a 90; Cifuentes, Santos, “Daños. Como evaluar el resarcimiento por la utilización no autorizada de las obras.

Su incidencia en la jurisprudencia, desde la perspectiva del magistrado”, y Villalba, Carlos Alberto, “Daños, Cómo evaluar el resarcimiento por la utilización no autorizada de las obras. Su incidencia en la jurisprudencia (desde la perspectiva del abogado)”, en Memorias del V Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales, Zavalía, Buenos Aires, 1990, p. 301 y sgtes. y p.322 y sgtes; Cifuentes, Santos, “Daños. Como evaluar el resarcimiento por la utilización no autorizada de las obras. Su incidencia en la jurisprudencia (desde la perspectiva del magistrado)”, en Responsabilidad por Daños. Homenaje a J. Bustamante Alsina, obra colectiva coordinada por Bueres, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, T. I, p. 401 y sgtes.).

El daño “fluye naturalmente de la invasión del derecho, sin que sea necesaria la demostración” (Conf. CNCivil, Sala I, 15/06/1999, ED 185- 550).

La dificultad de establecer exactamente la extensión del resarcimiento que pueden pretender los autores, los productores cinematográficos, los editores, etcétera, dio lugar al tratamiento del tema en la Conferencia Continental del Instituto Interamericano de Derecho de Autor celebrado en Buenos Aires en 1981. Sostuvo Villalba que la aplicación de la ley de probabilidades determina que la actividad correctiva de la justicia desarrollada conforme a los cánones usuales sea ilusoria. Si la reparación del daño tiene que cumplir algún otro objetivo que el resarcimiento pleno, tiene que consistir en una condena cuyo monto sea tal que tenga un efecto disuasivo (Conf. Cifuentes, Santos, “Daños. Como evaluar el resarcimiento por la utilización no autorizada de las obras. Su incidencia en la jurisprudencia, desde la perspectiva del magistrado”, y Villalba, Carlos Alberto, “Daños, Cómo evaluar el resarcimiento por la utilización no autorizada de las obras. Su incidencia en la jurisprudencia (desde la perspectiva del abogado)”, en Memorias del V Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales, Zavalía, Buenos Aires, 1990, p. 301 y sgtes. y p. 322 y sgtes.). También Emery se inclina por aceptar que la reparación del daño debe cumplir no sólo con el objetivo de resarcir al titular del derecho, sino que también la condena debe ser de tal entidad que tenga un efecto disuasivo (Conf. Emery, “Propiedad intelectual. Ley 11.723 comentada, anotada y concordada con los tratados internacionales”, Astrea, Buenos Aires, 1999, p.119).

Por todo ello, ante la ausencia total de pautas concretas que me permitan arribar a una determinación precisa de la cuantía del daño, las constancias del dictamen pericial y sus aclaraciones, el informe de Argentores y demás elementos conducentes, estimo que corresponde establecer prudencialmente el resarcimiento, tal como lo ha hecho el juez de grado, por lo que propicio la confirmación de las sumas acordadas por derechos de exhibición conforme surge del considerando 6 a).

V.- Los actores se agravian por el rechazo de la indemnización solicitada en concepto de daño moral. Para así decidir, el magistrado de la instancia anterior consideró que el intérprete de una obra no puede oponerse a que se comunique públicamente su interpretación, que es el fin tenido en miras al filmar una película, o un programa o una serie de televisión, por lo que ello importa la aceptación de la utilización de su imagen.

Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales comprende aspectos materiales o patrimoniales que confieren al actor la facultad de obtener los beneficios económicos de su obra y otros, de carácter extrapatrimonial, que configuran los llamados derechos morales de autor originados en la necesidad de proteger la personalidad creativa. El propósito protector otorga la prerrogativa de defender la paternidad de la obra, el derecho de publicarla o mantenerla inédita y a su integridad evitando que se altere o deforme (cf. Fallos:312:2257).

Sin embargo, en el caso advierto, como bien lo destaca el sentenciante, que el reclamo de autos se dirige más al reconocimiento de la retribución que genera utilización sin consentimiento de la imagen, lo cual ha sido tratado en el considerando anterior, que a la lesión que pudiera causarles a los sentimientos de los actores la retransmisión de estos filmes y programas, ya que el intérprete de una obra no puede oponerse a que se la retransmita públicamente, cuando ese fue, precisamente, el fin tenido en mitras al filmarla y, especialmente, los producidos mucho tiempo atrás, cuando ellos mismos han reconocido que el canal “Volver” posee la clara misión de recuperar los momentos de nuestro pasado reconstruyendo nuestra historia audiovisual.

Al respecto debo destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re “Casiraghi”, claramente ha distinguido entre “el derecho de los autores al disfrute patrimonial exclusivo de su creación intelectual” y el “derecho a que se les reconozca la paternidad espiritual de la obra que, dada su intrínseca naturaleza moral, resulta inseparable de su personalidad”, al tiempo que también aclaró que tal distinción no afecta “la condición unitaria del derecho intelectual, de manera que los derechos patrimoniales y morales del autor deben entenderse como categorías interdependientes con características diversas” (Conf. CSJN “Casiraghi”, Félix y otros c/ La Rioja, Provincia s/ daños y perjuicios” , 23/11/1989, Fallos 312:2257), lo que se ha puesto de manifiesto en el presente considerando.

VI.- Finalmente, la demandada se agravia por la imposición de las costas.

La eximición que autoriza el art.68 del Código Procesal procede, en general, cuando “media razón fundada para litigar”, expresión ésta que contempla aquellos supuestos en que, por las particularidades del caso, cabe considerar que el vencido actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho invocado.

Entiendo que tal es el supuesto de autos pues la originalidad de la cuestión introducida por las partes, las diferentes posiciones que en la materia tiene el debate, aún en lo relativo a la excepción, hace que el apartamiento del principio objetivo de derrota en juicio se imponga. Por ello, y tal como se sostuvo en los precedentes de esta sala, la cuestión bajo estudio es, sin dudas, una materia muy compleja, discutida y sobre la cual aún versan opiniones encontradas. De modo tal, considero que todas las costas procesales, incluidas las generadas con motivo del rechazo del planteo de prescripción, deben ser establecidas en el orden causado.

Igualmente, las costas generadas en esta instancia se impondrán en el orden causado (conf. arts. 68, 69 y conc. del CPCCN).

VII.- Por todo lo expuesto, y recordando que los jueces no tienen la obligación de analizar todas las pruebas y planteos introducidos sino aquellos que consideran relevantes, propongo al Acuerdo de mis distinguidos colegas que se modifique parcialmente la sentencia de grado, imponiéndose todas las costas procesales en el orden causado; debiendo confirmarse el fallo recurrido en todas las demás cuestiones que decide y que han sido materia de apelación y agravios. Con costas de la Alzada en el orden causado.

El Dr. Kiper y la Dra. Abreut de Begher, por las consideraciones expuestas por el Dr. Fajre, adhieren al voto que antecede. Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.

FDO.

José Benito Fajre

Liliana E. Abreut de Begher

Claudio M. Kiper.

Buenos Aires, 10 de mayo de 2017.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide modificar parcialmente la sentencia de grado, imponiéndose todas las costas procesales en el orden causado; confirmándose el fallo recurrido en todas las demás cuestiones que decide y que han sido materia de apelación y agravios. Con costas de la Alzada en el orden causado.

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

FDO.

José Benito Fajre

Liliana E. Abreut de Begher

Claudio M. Kiper.