Resulta procedente expulsar a un extranjero que fue declarado irregular y condenado por el delito de homicidio simple, aun cuando se encuentra en grave estado de salud, ya que no lleva adelante ningún tratamiento

Partes: A. L. J. c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior DNM s/ recurso directo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 22-jun-2017

Cita: MJ-JU-M-105981-AR | MJJ105981 | MJJ105981

Resulta procedente expulsar a un extranjero que fue declarado irregular y condenado por el delito de homicidio simple, aun cuando se encuentra en grave estado de salud, ya que no lleva adelante ningún tratamiento.

Sumario:

1.-Corresponde declarar la irregular permanencia del país del actor y proceder a su expulsión, dado que fue condenado a la pena de prisión por la comisión de un delito, y si bien el art. 29 de la Ley 25.871 prevé una excepción por razones humanitarias, lo cierto es que, aun cuando el peticionante se encuentra grave de salud, este no concurre al nosocomio, no lleva adelante ningún tratamiento, por lo que la medida expulsiva no presupone impedimento alguno a su respecto.

2.-La declaración de la irregular permanencia en el país del actor no viola el principio non bis in ídem, atento que la condena por homicidio simple tiene carácter judicial y aquella fue dictada dentro del orden administrativo.

Fallo:

En Buenos Aires, a 22 de junio de dos mil diecisiete, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de conocer el recurso de apelación interpuesto en los autos “A. L. J. c/ EN- Mº Interior- DNM- Resol 520/12 (EX 2311959/07) s/recurso directo DNM”, contra la sentencia de fs. 274/278, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara Rogelio W. Vincenti dijo:

1º) Que la señora juez de la anterior instancia rechazó el recurso que, en los términos el art. 84 de la ley 25.871, interpuso la Defensoría Pública Oficial, en representación del señor J. A. L., por el que solicitó que se dejara sin efecto la resolución 520/12, dictada en el expte. 2.311.957/2007, por la que se declaró irregular su permanencia en el país, ordenó su expulsión y prohibió su reingreso por el término de quince años. Impuso las costas al actor (fs. 274/278). Para así decidir, señaló que la Dirección Nacional de Migraciones había aplicado el art. 29 de la ley 25.871, porque el actor había sido condenado en territorio nacional por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de San Justo, por el delito de homicidio simple con pena privativa de libertad de ocho años (fs.274). Indicó que de las pruebas agregadas a la causa, surge que el actor no concurre al Hospital Muñiz a fin de llevar a cabo el tratamiento contra su enfermedad y ello impedía exceptuarlo de la medida expulsiva con fundamento en razones humanitarias, por lo que no se desprendía ilegalidad alguna que permitiera al órgano judicial dejar sin efecto la decisión de la Administración dictada en uso del ejericicio de sus facultades.

Finalmente, sostuvo que la sanción de expulsión no afectaba el principio non bis in idem, pues la duplicidad de penas resultaba admisible, toda vez que era doctrina del Alto Tribunal que en tanto se tratara de sanciones de diferente índole no implicaba su afectación, ya que ninguna disposición constitucional se oponía a puniciones de diverso carácter.

2º) Que, contra ese pronunciamiento, el Defensor Público Oficial interpuso recurso de apelación a fs. 279, que fue concedido a fs. 280. Puestos los autos en la Oficina (fs. 282/vta.), fundó su recurso a fs. 283/290, que fue replicado por su contraparte (v. fs. 292/299). En el memorial se indica que el derecho a la integridad personal contemplado en el art. 5º de la Convención Americana de los Derechos Humanos -comprensivo de la integridad física, psíquica y moral-, no podía entenderse sino como configurador de las razones humanitarias a las que hace referencia el art. 29, último párrafo, de la ley 25.871, pero que la jueza deconoció el delicado estado de salud del actor debido a la tuberculosis que padece y que habilita la aplicación de la excepción. Agrega que los tratamientos médicos de enfermedades crónicas insumen largos períodos de tiempo e importantes recursos económicos, de los que carece el actor por ser integrante de un grupo vulnerable. Sobre esa base, entiende que mal podía endilgársele la falta de cumplimiento y que la decisión adoptada no hace más que profundizar su fragilidad, por lo que por aplicación del principio pro homine se debía revocar la sentencia.Subraya que el impedimento de regresar al país por 15 años afecta el principio de universalidad, así como los derechos de igualdad ante la ley y de permanencia en el país contemplado en el art. 14 de la Constitución Nacional, el principio de resociabilización de los condenados y el ne bis in idem. Asimismo, aduce que por ser una medida restrictiva de derechos humanos resultaba necesario que se acreditara su razonabilidad. Sostiene que la a quo no valoró el test de razonabilidad que había formulado en su alegato, en el que se señalaba que para tomar una decisión expulsiva se debía ponderar la fecha de la llegada del migrante al país, el tiempo transcurrido desde la actividad delictiva, su reinserción a la sociedad a través del trabajo y la construcción de su grupo familiar. Por otro lado, señala que se ha omitido decidir sobre la afectación del fin resociabilizador de la pena, ya que la expulsión implica, en rigor, una nueva sanción que lo priva del apoyo y la comprensión de los miembros de la sociedad. Sobre ello, dice que el procedimiento administrativo tenía como consecuencia la aplicación de una sanción de naturaleza penal que implicaba el extrañamiento del extranjero y que ello implicaba la reiteración del ejercicio del ius punendi del Estado y una violación al principio de ne bis in idem que le impedía reingresar al país por quince años, lapso mayor al que estuvo privado de su libertad.

4º) Que, antes de ingresar al estudio de los agravios de la apelante, conviene recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino solamente aquellos que estimen conducentes para la solución del caso (conf. Fallos: 310:1835; 324:3421 ; 326:4675 ; 329:1951 y esta Sala, “Larraburu, Juan Pedro c/ Estado Nacional”, sent.del 7/4/92, entre muchos otros).

5º) Que, de las constancias de autos y de los expedientes administrativos agregados surge que, mediante disposición 184401/09, se denegó la solicitud de residencia de J. A. L. por aplicación del art. 29, inc. c, de la ley 25.871 -atento a que poseía una condena judicial en el país por haber sido considerado responsable del delito de homicidio simple-, se canceló la residencia precaria, se declaró irregular su permanencia en el país y se le prohibió el reingreso por el plazo de 15 años (fs. 81/83). Producida la notificación, el actor manifestó su voluntad de quedarse en el país porque tenía trabajo (fs. 86), pedido que fue rechazado por no aportar elementos que lograran conmover los fundamentos de la solución adoptada (conf. disposición 2922/10, agregada a fs. 94/97). Contra tal resolución, presentó recurso de alzada (fs. 110/135 vta.), que fue rechazado por resolución 520/12 de Ministerio del Interior (fs. 160/165).

6º) Que, reseñado ello, corresponde tratar del agravio referido a la falta de razonabilidad del acto impugnado. Sobre el particular, cabe recordar que el artículo 29, inc. c, de la ley 25.871 -vigente al momento de la resolución 520/12- disponía que era impedimento para que un extranjero ingrese o permanezca en el país “haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más”. En el caso, no hay dudas en cuanto a la aplicación al actor de la citada previsión normativa, pues fue condenado por la comisión de un delito a cumplir una pena de ocho años de prisión (fs.88), sin embargo el recurrente pretende permanecer en el país fundado en la parte final de este artículo que establece que, como excepción, la Dirección Nacional de Migraciones “previa intervención del Ministerio del Interior, podrá admitir, excepcionalmente, por razones humanitarias o de reunificación familiar, en el país en las categorías de residentes permanentes o temporarios, mediante resolución fundada en cada caso en particular, a los extranjeros comprendidos en el presente artículo.”

De la norma surge que es facultativo para la Dirección Nacional de Migraciones aplicar la dispensa y, en el caso, se observa que para fundar su rechazo se evaluaron los hechos y se justificó fundadamente al sostener que no podía priorizarse el derecho humanitario, de acuerdo a como la norma lo permite. En efecto, el actor invoca razones humanitarias por padecer una enfermedad, pero de las pruebas acompañadas a la causa -v. los informes producidos por el Hospital Muñiz (fs. 231 y 241)-, como de la expresión de agravios surge con claridad que no concurre al nosocomio, ni está llevando adelante tratamiento de salud alguno para paliar su estado aduciendo falta de tiempo, por lo que la medida expulsiva no presupondría impedimento alguno a su respecto. Tal circunstancia permite aseverar que la decisión adoptada no resulta ser arbitraria o irrazonable, ya que en los actos administrativos dictados se hizo mérito de la gravedad del hecho por el que el migrante había sido condenado y la pena que le fue impuesta (ocho años de prisión, conf. fs. 88), por lo que correspondía rechazar la dispensa pretendida (v. fs.81/83, 94/97 y 160/165).

7º) Que, por lo demás, medidas como la recurrida constituyen el ejercicio de un poder propio de la Administración y dentro de ella, la competencia ha sido asignada a un órgano estatal altamente especializado (creado al efecto) cuyos actos han de ser controlados por el Poder Judicial en orden a su razonabilidad, sin que esto habilite a los jueces para sustituir el criterio administrativo por el suyo propio, salvo que se demuestre que ha mediado error (de hecho o de derecho), omisión, o vicio con entidad suficiente para invalidar el acto dictado (conf. esta Sala, “Contreras Trujillo, Edward Rafael c/ EN – Mº Interior – RL 1237/11 -DNM-DP 140388/09EX 2412125/08 s/ recurso directo para juzgados”, resol del 4/05/17 y Sala II, in re, “Lin Yu c/ EN – DNM – Disp. 69130/08 s/recurso directo DNM”, sent. del 13/11/14; y “A. L. M. D. y otro c/ EN – DNM – Resolución nº 1859/10 (expte. nº 2058815/06) y otros s/recurso directo para juzgados”, sent. del 28/5/15), extremos que no se han invocado. Tal circunstancia permite comprobar que, en el caso, el Ministerio del Interior resolvió conforme los preceptos de la Ley de Migraciones. Máxime, si se tiene en cuenta que en ella el legislador exhorta a los migrantes a “cumplir con las obligaciones enunciadas en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales adheridos y las leyes vigentes” (art. 18) y pretende entre sus objetivos “promover el orden internacional y la justicia, de negando el ingreso y/o la permanencia en el territorio argentino a personas involucradas en actos reprimidos penalmente por nuestra legislación” (art. 3º, inc. j).

8º) Que, en cuanto al agravio referido a la afectación del principio non bis in ídem, corresponde estar a lo resuelto por esta Sala in re “CONTRERAS TRUJILLO, Edward Rafael c/ EN – Mº Interior – RL 1237/11 -DNM-DP 140388/09 EX 2412125/08 s/ recurso directo para juzgados”, sent.del 04/05/17, cuyos fundamentos resultan aplicables al sub lite, a los que cabe remitirse en mérito a la brevedad y a fin de evitar innecesarias reiteraciones. Se hace saber a los letrados que el texto de las sentencias citadas se encuentra a su disposición en la Mesa de Entradas del Tribunal, y que puede ser consultado en la página de internet http://www.cij.gov.ar/sentencias.html.

Por ello, en virtud de las razones expuestas, VOTO por: rechazar el recurso intentado, confirmando la sentencia apelada, sin costas (cfr. art. 22, inciso d, de la ley 27.149).

Los señores jueces de Cámara Marcelo Daniel Duffy y Jorge Eduardo Morán se adhieren al voto precedente.

En virtud del resultado que instruye el acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso apelado, confirmando la sentencia apelada, sin costas (cfr. art. 22, inciso d, de la ley 27.149). Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORÁN

ROGELIO W. VINCENTI