Banco debe indemnizar el daño moral causado a quien fue demandado por cumplimiento de un contrato de fianza celebrado con su firma falsificada

Partes: Rodríguez Laura Marcela c/ Plan Rombo S.A. de Ahorro para Fines Determinados s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 6-jun-2017

Cita: MJ-JU-M-105300-AR | MJJ105300 | MJJ105300

El banco debe indemnizar el daño moral causado a quien fue demandado por cumplimiento de un contrato de fianza celebrado con su firma falsificada. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

 

1.-No es suficiente con demostrar que hubo alguien que fraguó la identidad de la actora y convirtió a la misma compañía en víctima de su ilícito, pues basta con observar los anales de jurisprudencia para confirmar cuán lamentablemente asidua es tal maniobra ilícita, por lo que no puede suponerse que la concesionaria no se encontrara advertida de que los documentos que le estaban siendo presentados podían ser falsos, o estar siendo invocados por quien careciera de derecho a hacerlo.

2.-No es posible aceptar,como pretende la recurrente, que su parte haya arbitrado todas las diligencias a su alcance para evitar esa pretendida estafa, máxime cuando, en su calidad de sociedad esencialmente profesional y empresaria, ella se encontraba sujeta a estándares de conducta mucho más severos que los que deben ser aplicados al común de las gentes. En tales condiciones, pretender que, por haber sido dolosamente inducida, su equivocación no puede ser invocada como fuente de su responsabilidad frente a terceros, es afirmación que se disocia de los principios basilares que fundan esta materia; principios a resultas de los cuales el prestador sólo puede ser relevado de tal responsabilidad cuando se configuran los presupuestos del caso fortuito o fuerza mayor, los que en el caso no han sido probados.

3.-En ejercicio de esa calidad de prestadora profesional de servicios, titular de una hacienda especializada en razón de su objeto, la empresa demandada asume riesgos que no pueden ser trasladados a terceros. Esos riesgos son inherentes a la actividad que ella desarrolla con fin de lucro, por lo que parece razonable tratarlos como parte de sus costos, sin la pretensión de que sean absorbidos por quienes son ajenos a esa operatoria; operatoria que, del mismo modo que no produce beneficio alguno a esos terceros, tampoco puede provocarles perjuicio.

4.-La sana crítica judicial y las reglas de la experiencia me habilitan a suponer que el episodio de autos, consistente en demandar a una persona – supuesta fiadora de la operación bancaria – cuya firma había sido falisificada, provocó en la demandante un sufrimiento espiritual susceptible de justificar la procedencia de la indemnización que ha reclamado.

5.-El agravio moral importa una lesión a las afecciones legítimas, entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad física, los afectos familiares, hallándose vinculado con el concepto de desmedro extrapatrimonial o lesión en los sentimientos personales.

6.-Para que la indemnización por daño moral resulte procedente, no se requiere la producción de prueba directa, sino que puede tenérselo por configurado ante la razonable presunción de que el hecho que motiva el juicio generó un padecimiento espiritual susceptible de justificar la indemnización reclamada.

7.-No es posible imaginar siquiera que a la actora no le haya importado haber tenido injustamente embargado su salario durante años; y, si bien es verdad que esto hubiera podido evitarse o atemperarse si ella hubiera contado con ese apoyo técnico jurídico que necesitaba para obtener el levantamiento de tal medida, este razonamiento no puede conducir a tapar otra obviedad, cual es que, si las demandadas no hubieran procedido del modo en que lo hicieron, la demandante no hubiera tenido que pasar por nada de todo esto. En tales condiciones, y dado que la sola descripción de los hechos es idónea para exhibir la situación de impotencia y angustia que cabe presumir padeció la nombrada, es mi conclusión que el daño moral debe entenderse acreditado.

8.-La procedencia del daño moral obliga, a su vez, a fijar una indemnización que no resulte meramente simbólica, sino razonable en los términos previstos en el art. 1740 del CCivCom., en cuanto exige que la reparación del daño sea plena e incluya los daños derivados de la lesión al honor que hayan sufrido las víctimas y si bien los hechos que me ocupan sucedieron con anterioridad a la entrada en vigencia del mencionado código, esas disposiciones contienen prescripciones que no resultaban ajenas al ordenamiento anterior, como se desprende del hecho de que la nueva legislación procuró, según paradigma hoy aceptado por toda la doctrina que se ha ocupado del tema, permitir la constitucionalización del derecho privado (arts. 1 y 2 CCivCom.). En tales condiciones, y aplicando al efecto lo dispuesto en el art. 52 del mismo código en cuanto manda reparar todo daño causado a la honra o reputación de las personas, forzoso es concluir que la dignidad de las personas no puede ser menospreciada por vía de la fijación de reparaciones simbólicas, se estima procedente condenar a las demandadas por el íntegro monto de $30.000. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 6 días del mes de junio de dos mil diecisiete, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos “RODRIGUEZ LAURA MARCELA C/ PLAN ROMBO S.A. DE AHORRO P/F DETERMINADOS S/ ORDINARIO” (expediente N° 54283/2009), en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Julia Villanueva (9) y Eduardo R. Machin (7).

Firman los doctores Julia Villanueva y Eduardo R. Machin por encontrarse vacante la vocalía 8 (conf. art. 109 RJN).

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 360/76?

La Señora Juez de Cámara Doctora Julia Villanueva dice:

I. La sentencia.

La sentencia dictada a fs. 360/76 hizo parcialmente lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Laura Marcela Rodríguez contra Plan Rombo S.A.de Ahorro para fines determinados (en adelante “Plan Rombo”), admitiendo sólo en parte el daño moral y rechazando los demás rubros reclamados.

Para así resolver, la señora juez de primera instancia tuvo por cierto que, al no haber sido acreditado cómo se había producido la falsificación de marras pero sí el hecho ilícito respectivo -la certificación falsa de una firma-, quien debía responder era quien había asumido el riesgo, dado que nos hallábamos frente a una obligación de resultado.

Concluyó, entonces, que el referido hecho ilícito era imputable a “Plan Rombo”, quien había asumido la realización de esa tarea como acreedora prendaria y la había delegado en la concesionaria.

A ello agregó que, de todos modos, la responsabilidad de Plan Rombo surgía de que había continuado con el juicio ejecutivo iniciado en contra de la aquí actora con base en ese título, e incluso trabado un embargo sobre el salario de esta última, pese a que sabía o debía saber que en sede penal se había demostrado la falsedad de su firma.

No obstante, y en lo vinculado al análisis de los daños que la actora había invocado, encontró que su relación de causalidad con los actos ilícitos recién descriptos sólo había sido probada en forma parcial.

Por ello, y en lo que aquí interesa, estimó el daño moral en la suma de $ 30.000, pero, tras ponderar que ese daño había sido sufrido por la demandante no sólo a causa del accionar de Plan Rombo, sino también por la actitud pasiva o directamente omisiva de la nombrada en ocasión de defenderse en la ejecución, concluyó que se había configurado un supuesto de culpa concurrente que habilitaba a poner sobre la actora un 30% y sobre “Plan Rombo” el 70% restante, todo lo cual la condujo a fijar la condena en la suma de $ 21.000, más intereses.

En lo que respecta a la concesionaria también demandada, consideró queesa condena sólo debía alcanzarla en un 50%, dado que a ésta última sólo se le podía imputar la certificación falsa de la firma, pero no la prosecución del proceso ejecutivo.

II. Los recursos.

1. La sentencia fue apelada por todos los contendientes.

La actora expresó agravios a fs. 425/7, los que fueron contestados a fs. 454/9 sólo por “Plan Rombo”. De su lado, ésta última hizo lo propio a fs. 437/48, que no fueron contestados; y, finalmente, M. Tagle (H) y Compañía S.A. sostuvo su recurso a fs. 431/33 que tampoco mereció respuesta.

2. La actora se agravia por considerar que, pese a que del desarrollo del fallo surge que la señora magistrada tuvo por acreditada la responsabilidad de las demandadas, ello no se condijo con lo que fue resuelto en la parte dispositiva.

Sostiene que su parte fue demandada, le fue embargado el salario, y fue incluida en el registro de morosos por una obligación que jamás había contraído, por lo que estima inadmisible que la sentencia no haya reflejado el daño ocasionado.

Afirma que el pronunciamiento ni siquiera coincide en las cifras que refiere, pues mientras fija la indemnización en cuestión en $30.000 en el curso de los considerandos, la condena aparece dictada sólo por la suma de $21.000.

De otro lado, refiere que su parte fue intimada bajo responsabilidad de quien revestía la calidad de demandante en el juicio ejecutivo en un domicilio que no era el suyo, de lo que deduce que, dado que sólo existían cinco días para oponer excepciones, es claro que su parte fue perjudicada.

Cita jurisprudencia vinculada con la procedencia del daño moral y sus alcances.

3. Por su parte, M.Tagle (H) y Compañía se agravia de la condena que fuera pronunciada en su contra por considerar que ella no tuvo participación en los hechos que justificaron tal pronunciamiento ni causó ningún daño a la actora.

Sostiene que en sede penal no pudo determinarse a quién correspondía atribuir la falsificación de la firma de la actora, resaltando que es llamativo que la señora juez no haya ponderado que la demandante era sobrina de la deudora afianzada, todo lo cual conduce a la recurrente a sostener que la certificación de la referida suscripción se produjo en condiciones más que dudosas.

Niega, de todos modos, que los hechos del caso hayan sido idóneos para producir en la demandante el daño reclamado, pues, según considera, para probar la falsedad de la firma, no era necesario promover ningún juicio penal, dado que ese extremo bien hubiera podido ser probado en el marco de la referida ejecución.

4. Finalmente, también “Plan Rombo” se agravia de que le haya sido atribuida responsabilidad por los hechos del caso.

Afirma que el contrato de prenda que originó el conflicto se confeccionó y firmó en la sede del concesionario, sin intervención de su parte.

Sostiene, además, que la demandante sufrió el daño invocado por causa sólo a ella imputable, dado que no opuso en su debido tiempo las excepciones que hubieran evitado que la ejecución continuara y que, de haber actuado aquélla en forma diligente en el ejercicio de sus derechos, sus haberes jamás habrían sido embargados, pues muy probablemente la sentencia ejecutiva no la hubiera alcanzado.

III. La solución.

1.Como surge de la reseña que antecede, la actora reclamó en autos la indemnización de los daños que alegó haber sufrido a causa de la actuación ilícita que imputó a las demandadas en ocasión de permitir que su firma fuera falsificada en el contrato de prenda con registro que refirió en la demanda.

Los contendientes se encuentran contestes en la configuración de varios de los aspectos que conforman la plataforma fáctica que dio origen al conflicto.

En tal sentido, se halla fuera de controversia que Plan Rombo promovió ejecución prendaria contra la aquí actora en su calidad de fiadora solidaria de quien había celebrado con aquélla un contrato de prenda con registro, hallándose todas las firmas estampadas en ese contrato certificadas por el concesionario interviniente.

También fuera de cuestión se encuentra que, tras haberle sido declarada extemporánea la presentación efectuada en el referido juicio ejecutivo, la señora Laura Marcela Rodríguez -aquí actora- promovió una querella criminal en la que se llevó a cabo un peritaje caligráfico sobre su firma, determinándose que no pertenecía a la querellante.

Y quedó demostrado -según consideraciones efectuadas en la sentencia de grado que no han recibido ningún cuestionamiento- que, mientras tanto, la ejecución prendaria continuó avanzando y, como ninguno de los ejecutados había opuesto excepciones en término, el 22 de abril de 2005 se dictó sentencia de trance y remate contra todos ellos.

La señora juez de primera instancia tuvo también en consideración que, con posterioridad , esto es, el 2 de octubre de 2007, a pedido de Plan Rombo se ordenó trabar embargo sobre los salarios de la aquí actora, medida que comenzó a ejecutarse sobre la remuneración correspondiente a noviembre de 2007, y se extendió ininterrumpidamente hasta el período correspondiente a septiembre de 2009, dado que la embargada recién se presentó a solicitar el levantamiento del embargo el 27 de noviembre de 2008, según pretensión que fue admitida por resolución del 19 de agosto de 2009.

Es dentro deese marco que, como bien señaló la magistrada, debe ser resuelto el caso.

2. A estos efectos, cabe comenzar por reiterar que hoy no es hecho controvertido que la firma atribuida a la señora Laura Marcela Rodríguez como fiadora solidaria del contrato de prenda con registro celebrado por su tía fue falsificada, pese a que se encontraba certificada por dos representantes del concesionario interviniente en la operación, habilitados para cumplir dicha función.

Es también relevante recordar que no pudo determinarse quién o quiénes habían sido los responsables de la aludida falsificación, ni existen pruebas que permitan admitir la participación en el evento ni de los empleados de la concesionaria, ni de los representantes de la administradora del plan, ni de los familiares de la actora.

Es precisamente ese el basamento de los agravios que ambas codemandadas han levantado en contra de la sentencia que les atribuyó la señalada responsabilidad, según desarrollo argumental que, en lo sustancial, consiste en sostener que no existe ningún factor de atribución que autorice a responsabilizarlas del modo en que lo fueron en tal pronunciamiento.

A mi juicio, no les asiste razón y no advierto que los argumentos que condujeron a la señora magistrada a concluir en sentido opuesto al pretendido por las quejosas hayan siquiera sido objeto de razonable impugnación.

Así lo juzgo, pues, comprobado -como ha sido en el caso- que al instrumentarse el préstamo de marras, fue falsificada la firma de la actora, algo es claro:el resultado que debía alcanzarse -esto es, que el préstamo respectivo no fuera canalizado bajo una falsa identidad- no se logró.

En tales condiciones, y sin perjuicio de que, como es obvio, estamos ante una obligación de resultado que diluye la necesidad probar la imputabilidad con el alcance que pretenden las recurrentes, lo cierto es que, aun si la cuestión fuera analizada desde otra perspectiva, la conclusión no habría de ser distinta.

Y esto, pues, planteadas las cosas del modo en que fueron más arriba, ellas acarrean una forzosa consecuencia procesal, que se deriva -esa consecuencia- de las reglas que gobiernan la relación jurídica sustancial de que aquí se trata: si las demandadas pretendían que, pese a ese malogrado resultado, ellas habían igualmente cumplido con todas las obligaciones que sobre ellas pesaban, hubieran debido probarlo (esta CNCom., Sala D, “Vagatay, Ana c/ Banco Provincia de Buenos Aires s/ ordinario”, 18/06/2008; ídem, “Zangara, hector c/ Citibank NA”, 10.09.04, Sala F, “Laurita, Juan C.c/Banca Societe Generale SA”, 2.10.2007, entre otros).

No era suficiente, a estos efectos, con demostrar que hubo alguien que fraguó la identidad de la actora y convirtió a la misma compañía en víctima de su ilícito, pues basta con observar los anales de jurisprudencia para confirmar cuán lamentablemente asidua es tal maniobra ilícita, por lo que no puede suponerse que la concesionaria no se encontrara advertida de que los documentos que le estaban siendo presentados podían ser falsos, o estar siendo invocados por quien careciera de derecho a hacerlo.

En tales condiciones, no es posible aceptar, como pretende esa recurrente, que su parte haya arbitrado todas las diligencias a su alcance para evitar esa pretendida estafa, máxime cuando, en su calidad de sociedad esencialmente profesional y empresaria, ella se encontraba sujeta a estándares de conducta mucho más severos que los que deben ser aplicados al común de las gentes.

En tales condiciones, pretender que, por haber sido dolosamente inducida, su equivocación no puede ser invocada como fuente de su responsabilidad frente a terceros, es afirmación que se disocia de los principios basilares que fundan esta materia; principios a resultas de los cuales el prestador sólo puede ser relevado de tal responsabilidad cuando se configuran los presupuestos del caso fortuito o fuerza mayor (art. 10 bis de la citada ley), los que en el caso no han sido probados.

Y aunque lo hubieran sido, es dudoso que esa prueba hubiera habilitado una solución diversa.

Y ello, por lo ya dicho:en ejercicio de esa calidad de prestadora profesional de servicios, titular de una hacienda especializada en razón de su objeto, la demandada asume riesgos que no pueden ser trasladados a terceros.

Esos riesgos son inherentes a la actividad que ella desarrolla con fin de lucro, por lo que parece razonable tratarlos como parte de sus costos, sin la pretensión de que sean absorbidos por quienes son ajenos a esa operatoria; operatoria que, del mismo modo que no produce beneficio alguno a esos terceros, tampoco puede provocarles perjuicio.

En tales condiciones, y toda vez que los razonamientos hasta aquí expuestos alcanzan a la restante codemandada por aplicación de lo dispuesto en el art. 40 de la ley 24.240, forzoso es concluir que los recursos interpuestos por éstas deben ser rechazados, dado que, como surge de cuanto digo a continuación, tampoco encuentro procedentes sus críticas enderezadas a cuestionar la imputabilidad de los daños reclamados por la demandante.

3. Así las cosas, paso a ocuparme de tratar la apelación deducida por la actora.

Destaco, en primer lugar, que, más allá de alguna consideración muy general, mediante el recurso bajo examen no se ha traído a consideración de la Sala ninguna crítica de los fundamentos que llevaron a la señora juez de grado a rechazar los rubros reclamados en la demanda.

Ese rechazo, por ende, debe considerarse firme, por lo que sólo habré de abocarme al tratamiento de la desestimación parcial del daño moral fijado en la sentencia, que parece ser -dada la dudosa claridad que exhibe la expresión de agravios- la única queja que conserva entidad actual.

4. Pues bien: la señora magistrada fijó tal rubro en la suma de $30.000, al que ascendía el importe reclamado en la demanda.

No obstante, tras considerar -en los términos que más arriba expuse- que había existido culpa concurrente en la causación de tales daños, sólo lo atribuyó a “Plan Rombo” en la suma de $21.000, generando el agravio que ahora trato.

5.A mi juicio, el recurso debe considerarse procedente.

La sana crítica judicial y las reglas de la experiencia me habilitan a suponer -tal como lo estimó la sentenciante sin que, en este punto, hubiera mediado agravio- que el episodio de autos provocó en la demandante un sufrimiento espiritual susceptible de justificar la procedencia de la indemnización que ha reclamado.

Tiene dicho esta Sala que el agravio moral importa una lesión a las afecciones legítimas, entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad física, los afectos familiares, hallándose vinculado con el concepto de desmedro extrapatrimonial o lesión en los sentimientos personales (esta Sala, “Gonzalez Arrascaeta, María c/ ScotiaBank Quilmes S.A.”, 19.3.10; id., “Noel, Alejandro c/ Banco Hipotecario S.A.”, 4.6.10; id., “Navarro de Caparrós, Aída c/ Suizo Argentina Cía. de Seguros S.A.”, 20.12.10; entre muchos otros).

Y ha sostenido también que, para que este rubro resulte procedente, no se requiere la producción de prueba directa, sino que puede tenérselo por configurado ante la razonable presunción de que el hecho que motiva el juicio generó un padecimiento espiritual susceptible de justificar la indemnización reclamada (cfr. Llambías, Jorge J., “Tratado de Derecho Civil”, t. I, p. 331; CNCom, Sala A, ” Gonzalez, Sandra c/ Transportes Metropolitanos Gral. Roca s/ ordinario”, del 19.05.08; íd., en “Piceda, Gustavo Alberto c/ Transportes Metropolitanos Gral. San Martín S.A. s/ ordinario”, del 10.07.07, entre otros).

Todo esto, reitero, ya fue dicho en la sentencia y no ha generado agravio por parte de las condenadas.

En ese contexto, la cuestión litigiosa ha quedado circunscripta a la necesidad de dilucidar si la detracción en el monto reconocido a la demandante es o no apropiada.

Aun cuando la cuestión no deja de ser dudosa, tengo por cierto que esa duda debe ser sometida al régimen que para ella contempla la citada ley 24.240, decidiendo ese aspecto dubitativo en favor de la actora (art.3).

Es verdad que ella no se presentó en tiempo a ejercer sus derechos, pero también lo es que su parte fue colocada en la necesidad de hacerlo y mal notificada en el juicio ejecutivo.

En ese contexto, encuentro que el interés que en esa defensa su parte demostró al iniciar la acción penal en forma inmediata es suficiente para descartar que corresponda en el caso adoptar un temperamento demasiado rigorista, que haga recaer sobre quien fue demandado sin derecho las consecuencias de esa inadecuada defensa, cuyo carácter técnico denota la presencia de aspectos cuyo manejo escapa al común de las personas.

Por lo demás, no es posible imaginar siquiera que a la actora no le haya importado haber tenido injustamente embargado su salario durante años; y, si bien es verdad que esto hubiera podido evitarse o atemperarse si ella hubiera contado con ese apoyo técnico jurídico que necesitaba para obtener el levantamiento de tal medida, este razonamiento no puede conducir a tapar otra obviedad, cual es que, si las demandadas no hubieran procedido del modo en que lo hicieron, la demandante no hubiera tenido que pasar por nada de todo esto.

En tales condiciones, y dado que la sola descripción de los hechos es idónea para exhibir la situación de impotencia y angustia que cabe presumir padeció la nombrada, es mi conclusión que ese daño debe entenderse acreditado.

Esto obliga, a su vez, a fijar una indemnización que no resulte meramente simbólica, sino razonable en los términos previstos en el art. 1740 del CCyC, en cuanto exige que la reparación del daño sea plena e incluya los daños derivados de la lesión al honor que hayan sufrido las víctimas (esta Sala “Sciarra, Liliana Beatriz c/ Banco Itaú Argentino S.A.s/ ordinario del 17.04.2017.

Si bien los hechos que me ocupan sucedieron con anterioridad a la entrada en vigencia del mencionado código, esas disposiciones contienen prescripciones que no resultaban ajenas al ordenamiento anterior, como se desprende del hecho de que la nueva legislación procuró, según paradigma hoy aceptado por toda la doctrina que se ha ocupado del tema, permitir la constitucionalización del derecho privado (arts. 1 y 2 CCyC).

En tales condiciones, y aplicando al efecto lo dispuesto en el art. 52 del mismo código en cuanto manda reparar todo daño causado a la honra o reputación de las personas, forzoso es concluir que la dignidad de las personas no puede ser menospreciada por vía de la fijación de reparaciones simbólicas, por lo que propongo a mi distinguido colega revocar la sentencia y condenar a las demandadas por el íntegro monto de $30.000 más arriba aludido, bien que, respecto de la concesionaria, en la medida -no cuestionada- fijada en la primera instancia.

IV. La conclusión.

Por lo expuesto propongo al Acuerdo: a) rechazar los recursos articulados por las demandadas, sin costas por no haber mediado contradictorio; b) hacer lugar al recurso deducido por la actora y, en consecuencia, modificar la sentencia apelada con los alcances previstos en los considerandos que anteceden, con costas a cargo de las vencidas (art. 68 del código procesal).

Por análogas razones, el Señor Juez de Cámara, doctor Eduardo R. Machin, adhiere al voto anterior.

Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores: Julia Villanueva y Eduardo R. Machin. Ante mí: Rafael F. Bruno. Es copia de su original que corre a fs. del libro de acuerdos N° Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Sala “C”.

Rafael F. Bruno

Secretario

Buenos Aires, 6 de junio de 2017.

Y VISTOS:

I. Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve:a) rechazar los recursos articulados por las demandadas, sin costas por no haber mediado contradictorio; b) hacer lugar al recurso deducido por la actora y, en consecuencia, modificar la sentencia apelada con los alcances previstos en los considerandos que anteceden, con costas a cargo de las vencidas (art. 68 del código procesal).

II. Atento lo dispuesto por este Tribunal precedentemente y lo normado por el art. 279 CPCC, corresponde a éste fijar los estipendios de la totalidad de los profesionales intervinientes.

En consecuencia, déjanse sin efecto las regulaciones obrantes en fs. 360/76.

Así se decide.

III. En mérito a la importancia, calidad, eficacia y extensión de los trabajos desarrollados por los profesionales beneficiarios de la regulación apelada, habiéndose considerado las pautas porcentuales que habitualmente utiliza el Tribunal para casos como el de autos, se fijan en ($.) los honorarios de la letrada patrocinante de la actora, Dra. Patricia Martínez Valarino, en ($.) los del letrado patrocinante de la misma parte, Dr. Edgardo Gregorio Ventura, en ($.) los de la letrada apoderada de Plan Rombo S.A., Dra. Verónica A. Voynes, en ($.) los del letrado patrocinante del tercero Agüero, Dr. Marcos A. Tosato, en ($.) los del letrado apoderado del tercero M. Tagle, Dr. Daniel E. Gibert, en ($.) los del letrado patrocinante de la misma parte, Dr. Olegario Rodríguez, en cinco mil setecientos ($5.700) los del perito contador Hugo Moreno, y en ($.) los de la mediadora Marcela Cortines; por la incidencia resuelta en fs., 340/1, se fijan en ($.) los estipendios de la Dra. Patricia Martínez Valarino, y por la incidencia resuelta en fs. 104/6, en ($.) los de la Dra. Verónica A. Voynes (arts. 6, 7, 9, 19, 33, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432, decretos ley 16.638/57 y 2536/15).

IV. Asimismo, se fijan en ($.) los emolumentos de la Dra. Patricia Martínez Valarino por sus tareas inherentes a esta instancia (art. 14, ley cit.).

Notifíquese por Secretaría.

Oportunamente, cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del

21.5.2013.

Hecho, devuélvase al Juzgado de primera instancia.

Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 8 (conf. art. 109 RJN).

Julia Villanueva

Eduardo R. Machin

Rafael F. Bruno

Secretario