Suspensión cautelar de la aplicación del art. 32 inc. 1º del decreto-ley 9020/78, en cuanto establece como causal de inhabilidad para el ejercicio de la profesión de escribano el haber alcanzado la edad de setenta y cinco años

Partes: Harguinteguy Francisco Jose c/ Provincia de Buenos Aires s/ inconst. dec. ley 9020/78

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 8-mar-2017

Cita: MJ-JU-M-105242-AR | MJJ105242 | MJJ105242

Suspensión cautelar de la aplicación del art. 32 inc. 1º del decreto-ley 9020/78, en cuanto establece como causal de inhabilidad para el ejercicio de la profesión de escribano el haber alcanzado la edad de setenta y cinco años.

Sumario:

 

1.-Corresponde ordenar a la demandada, a título cautelar, que se abstenga de aplicar en relación al escribano reclamante lo dispuesto por el art. 32 inc. 1º del dec-ley 9020/78, pues al establecer como causal de inhabilidad para el ejercicio de su profesión el haber alcanzado la edad de setenta y cinco años, lesiona las garantías constitucionales a trabajar libremente y a recibir un trato igualitario ante la ley, además de violar el derecho a la propiedad.

2.-Si bien la verosimilitud del derecho debe ser examinada con mayor rigor cuando lo que se procura a través de una medida cautelar es la suspensión de los efectos de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, en atención a la presunción de constitucionalidad y legalidad que ostentan tales actos, este principio reconoce excepción cuando ya ha sido declarada la invalidez constitucional de la disposición puesta en crisis, dado que tal circunstancia habilita a suponer una razonable probabilidad de éxito al resolverse la cuestión de fondo

Fallo:

La Plata, 8 de marzo de 2017.

AUTOS Y VISTOS:

Los señores jueces doctores Genoud, Kogan, Pettigiani, de Lázzari, Soria dijeron:

1. El escribano Francisco José Harguinteguy acciona ante esta Suprema Corte en los términos de los arts. 683 y sig. del CPCC y 161 inc. 1º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su condición de notario titular del Registro de Escrituras Públicas N°45 del Partido de La Matanza, persiguiendo la declaración de inconstitucionalidad del art. 32 inc. 1° del decreto-ley 9020/78 (t.o. decreto N°8527/86).

2. Sostiene que esta disposición, al establecer como causal de inhabilidad para el ejercicio de su profesión el haber alcanzado la edad de 75 años, lesiona las garantías constitucionales a trabajar libremente y a recibir un trato igualitario ante la ley, además de violar el derecho a la propiedad y tratarse, en definitiva, de una norma irrazonable (arts. 10, 11, 27, 31 y 57, Const. prov.)

Funda también su pretensión en la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en oportunidad de expedirse en la causa “Franco” (Fallos 325:2968), en la cual declaró la inconstitucionalidad de la norma impugnada.

Solicita, como resguardo cautelar, que se disponga la suspensión de los efectos del inciso 1º del art. 32 del decreto-ley 9020/78, en cuanto lo privará de seguir ejerciendo el notariado a partir del 01-V-2017, día en el que cumplirá la edad con la que se producirá su inhabilitación de pleno derecho.

3. Ante la proximidad de este acontecimiento, corresponde sin más trámite dar tratamiento a la medida cautelar requerida por el actor.

a.Si bien la verosimilitud del derecho debe ser examinada con mayor rigor cuando lo que se procura a través de una medida cautelar es la suspensión de los efectos de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, en atención a la presunción de constitucionalidad y legalidad que ostentan tales actos, este principio reconoce excepción, conforme consolidada doctrina de este Tribunal, cuando ya ha sido declarada la invalidez constitucional de la disposición puesta en crisis, dado que tal circunstancia habilita a suponer una razonable probabilidad de éxito al resolverse la cuestión de fondo (cfr. causas I. 1531 “Alet Laboratorios”, res. del 6-X-1992; I. 1584 “Boehringer”, res. del 4-V-1993; I. 2380 “Moledo”, res. del 4-XI-2002; I. 3064 “Rosende”, res. del 23-IV-2003, I. 69.045 “Larumbe”, res. del 21-II-2007, entre otras).

Para el caso, cabe tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre la invalidez constitucional de la norma aquí impugnada al dictar sentencia en la causa I. 1658 “Franco”, sent. del 12-XI-2002 -revocando el decisorio de este Tribunal de fecha 16-II-2000-, postura que ha sido adoptada por esta Corte al pronunciarse en la causa B. 65.124 “Glaria”, sent. del 16-VI-2004.

En consideración a tales precedentes y ante una situación similar a la planteada en autos, se hizo lugar a la solicitud de medidas cautelares (cfr. causas B. 65.124 “Glaria”, res. del 19-II-2003; I. 3017 “Ripa”, res. del 26-II-2003; I. 3598 “Mollo Villanueva”, res. del 17-XII-2003; I. 67.852 “Forchetti”, res. del 2-VI-2004; I. 67.959 “Ferrarello”, res. del 4-VIII-2004; I. 3624 “Hoffman”, res. del 6-X-2004; I. 68.083 “Bru”, res. del 9-XII-2004; I. 68.101 “Galay”, res. del 22-XII-2004; I. 68.349 “Tamborenea”, res. del 14-III-2005; I. 68.972 “Molina”, res. del 13-XII-2006, I. 69.045 “Larumbe”, res. del 21-II-2007; I. 69.271 “Carrere”, res. del 22-VIII-2007; I.70.906, “Farini”, res.del 04-VIII-2010; B. 71.680 “Hournou”, res. del 19-X-2011; I. 72.374 “Gerchunoff”, res. del 17-IV-2013; I. 72.869 “Sola”, res. del 30-X-2013 e I. 73.298 “Asorey de Gargaglione”, res. del 3-IX-2014) o se resolvió mantener la dispuesta por el órgano que previniera (cfr. causa B. 65.237 “Garibaldi”, res. del 5-III-2003).

b. En cuanto al peligro en la demora, cabe tenerlo por configurado.

En efecto, la demanda ha sido interpuesta con carácter preventivo puesto que, como ya se remarcó, el 01-V-2017 el escribano Francisco José Harguinteguy cumplirá 75 años de edad.

En estas condiciones, es inminente la afectación de los derechos por los cuales se agravia y, dadas las características del proceso abierto a ese fin, es previsible que la norma impugnada se aplique al actor antes de la conclusión del mismo.

Por ello, el Tribunal

RESUELVE:

Ordenar a la demandada, a título cautelar, que se abstenga de aplicar en relación al escribano Francisco José Harguinteguy, notario titular del Registro de Escrituras Públicas N°45 del Partido de La Matanza, lo dispuesto por el art. 32 inc. 1º del decreto-ley 9020/78, hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en autos (arts. 230, 232 y concs. del CPCC). A cuyo efecto, ofíciese.

Lo anterior, bajo responsabilidad del accionante, quien previamente deberá dar caución juratoria, en Secretaría, por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs. del CPCC).

Regístrese y notifíquese.

Luis Esteban Genoud

Hilda Kogan

Eduardo Julio Pettigiani

Eduardo Néstor de Lázzari

Daniel Fernando Soria

Juan José Martiarena

Secretario

POR SU VOTO:

El señor juez doctor Negri, dijo:

En oportunidad de emitir opinión en la causa I. 1.658, “Franco”, sent. del 12-II-2000, sostuve -en voto minoritario- la inconstitucionalidad del art. 32 inc. 1º del decreto-ley 9020/78 y sus modificatorias.

Tal pronunciamiento fue luego receptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el decisorio de fecha 12-XI-2002 (CSJN in re “Recurso de hecho deducido por Blanca Teodora Franco en la causa Franco, Blanca Teodora c/ Provincia de Buenos Aires”) al revocar la sentencia de este Tribunal mediante la cual, por mayoría, se había rechazado la demanda.

Expuesto ello y toda vez que lo decidido por mis colegas preopinantes en el punto 3 ha sido adoptado conforme la doctrina expuesta en aquel precedente, doy mi voto en igual sentido.

Héctor Negri

Juan José Martiarena

Secretario