Ley 27.348, complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo: Análisis y perspectivas. Segunda parte. Schick, Horacio

Título: Ley 27.348, complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo: Análisis y perspectivas. Segunda parte

Autor: Schick, Horacio –

Fecha: 11-jul-2017

Cita: MJ-DOC-11906-AR | MJD11906

Sumario:

I. Representación letrada. II. Un nuevo obstáculo al ejercicio de la acción civil. III. Procedimiento administrativo: plazos del trámite administrativo, homologación y cosa juzgada. IV. Actuación del cuerpo médico forense y la modificación retroactiva de la regulación de honorarios de los peritos médicos a las causas por infortunios laborales anteriores. Inconstitucionalidad. Discriminación. V. Cuestiones sobre vigencia y adhesiones.

Doctrina:

Por Horacio Schick (*)

I. REPRESENTACIÓN LETRADA

La incorporación de un patrocinio letrado obligatorio al damnificado, en los arts. 1 y 2, último párrafo de la ley , con prohibición del pacto de cuota litis, conspira contra su transparencia, ya que pareciera que, en vez de protegerlo, está destinado a consolidar la pérdida de sus derechos, porque ahora los acuerdos celebrados con respecto a las incapacidades permanentes definitivas y por fallecimiento, homologados administrativamente ante las CC. MM., adquieren carácter de cosa juzgada, con los alcances del art. 15 de la LCT e irrevisables en instancias judiciales ulteriores. Incluso el propio Decr. 1475/15 crea un servicio jurídico gratuito a cargo de la SRT, para «defender a los trabajadores en CC. MM.», lo que evidentemente pone en duda la idoneidad y la tutela de sus representados, por parte de estos profesionales.

Si bien «prima facie» podría considerarse una medida positiva para el resguardo de los intereses del trabajador, tal como ha sido formulado, plantea serios interrogantes. Se trata más que nada de un maquillaje cosmético del sistema, intentando una complicidad de los operadores jurídicos ante un procedimiento lleno de los vicios de constitucionalidad que se vienen señalando. Se busca al abogado para legitimar los seguros abusos, los acuerdos lesivos que se llevarán a cabo con los trabajadores que estarán inducidos a aceptar las decisiones de las ART -como ya referimos inducidos- por el carácter suspensivo de la mayoría de los recursos a las decisiones de las CC. MM.

Si el abogado del damnificado en la instancia administrativa legitima y consiente liquidaciones o incapacidades insuficientes, desajustadas y desvalorizadas, puede configurarse un perjuicio definitivo a su patrocinado, porque esas actuaciones administrativas, son irrevisables en instancias judiciales ulteriores, por el carácter de cosa juzgada que adquiere la decisión de la Comisión Médica.

Estamos frente a un camuflaje de mayor tutela que busca legitimar las actuaciones inconstitucionales de las CC. MM.pretendiéndoles dar un viso de legalidad, objetivo no logrado.

Otro de los interrogantes -ya anticipado- es sobre la contraprestación de los servicios profesionales. La regulación de honorarios de los letrados de los damnificados surge confusa.

Si lo designa el trabajador, la resolución reglamentaria se refiere a la regulación de los honorarios a cargo de la ART en el art. 37 de la Res. SRT 298/17 de la siguiente manera: «Respecto de los honorarios profesionales de los abogados patrocinantes de los trabajadores o sus derechohabientes que se encuentran a cargo de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo o Empleadores autoasegurados, por su labor profesional conforme lo descripto en el párrafo anterior, resultarán de aplicación los porcentajes previstos en las disposiciones de las leyes de aranceles de cada jurisdicción, de corresponder. Ello, únicamente en el caso de que su actuación profesional resultare oficiosa y se hubiera reconocido total o parcialmente la pretensión reclamada por el damnificado en el procedimiento ante las Comisiones Médicas. Lo expuesto, deberá notificarse a las partes y a los letrados intervinientes que tramiten los procedimientos regulados en la presente. En ningún supuesto los honorarios profesionales precedentemente aludidos se fijarán o regularán en el ámbito de las Comisiones Médicas ni del Servicio de Homologación».

Como se observa, no se insiste en la situación un tanto inaudita de que los médicos, en sus polivalentes funciones, tuvieran la función de regular los honorarios de los letrados de los trabajadores; sin embargo no se especifica ni en la ley ni en la reglamentación, quién se hará cargo de dicha función. ¿Lo establecerá una nueva reglamentación? Según opinión generalizada la revisión será judicial una vez finalizadas las actuaciones.Una nueva demora y trámite adicional para alejar a los abogados del patrocinio a los damnificados por accidentes del trabajo.

Si el damnificado no tiene abogado al promover la denuncia o efectuarse por parte de los obligados del sistema, se le designa uno de gestión gratuita a cargo de la SRT conforme el cuerpo de letrados del mismo ente regulador (Decr. 1475/15, art. 20 vigente). Esta categoría de nuevos letrados pueden llegar a tener una clara incompatibilidad con los damnificados consintiendo resoluciones en contra de sus patrocinados, generando una eventual contradicción de intereses entre el letrado y su cliente, el damnificado.

Como se observa, se crea una suerte de creación de «fuero paralelo», ideado por el Decr. 1475/15, legitimado además por la figura de un Secretario Técnico Letrado designado por la SRT -que emite dictámenes jurídicos- y la construcción ficticia de un proceso pseudo-judicial para avalar una estructura condenada por sus innumerables inconstitucionalidades.

Además, parece difícil encontrar en este contexto de gratuidad solventada por la SRT letrados con idoneidad y profesionalismo que, con seriedad, defiendan al trabajador en la inmensa maraña legislativa del sistema de daños laborales.

Indudablemente, también aquí se ejerce cierta restricción perjudicial, que impide al trabajador o cuando menos condiciona la libre elección de su representación profesional. Esta normativa, en última instancia, atenta contra una auténtica, genuina y plena defensa jurídica que necesariamente involucra la libre elección de un abogado especializado con preparación suficiente para la defensa de sus derechos.

El alcance y realización del derecho de defensa no puede estar subordinado o depender del carácter obligatorio de una postulación oficial con arreglo a la legislación de un procedimiento administrativo.Hay en juego no solo ciencia y saber, sino también valores como la confianza e, indudablemente, la experiencia y la autonomía de criterio.

El ejercicio regular del derecho en la gran mayoría de los casos de los trabajadores jamás podría haber llegado a percibir sus créditos, sino a través de la actuación de sus abogados, que durante largos años, y soportando vicisitudes y demoras en los tribunales, por todos conocidas, llevan adelante las causas asumiendo junto a sus representados el alea del resultado del pleito.

La prohibición del «pacto de cuota litis» resulta claramente arbitrario y violatorio de los derechos consagrados en la Constitución Nacional a una retribución justa y a la igualdad ante la ley, ya que, en los restantes reclamos laborales y en los accidentes civiles no laborales, se permite la celebración de pactos de cuota litis, teniendo en cuenta además el carácter alimentario de los honorarios de los abogados, los mismos no deben ser disminuidos afectando la libertad de contratación del abogado y su cliente, al no permitir el «pacto de cuota litis», desalentando el acceso a la justicia, impidiendo que los abogados defendamos el derecho de los trabajadores accidentados, fomentando la intervención de los abogados gratuitos de la SRT.

Muy en particular, vale la pena traer a colación la larga lucha tribunalicia llevada adelante por un conjunto de abogados enfrentando la Ley de Riesgos del Trabajo, logrando a través de esos planteos la jurisprudencia definitiva consagratoria por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hizo colapsar los pilares de inconstitucionalidad de la Ley 24557. Todo ello ante el silencio, y la omisión de los demás poderes de la Nación y la inacción de otros sectores sociales involucrados en esta delicada cuestión que afecta a alrededor de 700.000 trabajadores que, año a año, se accidentan.Los trabajadores jamás hubieran tenido resarcimiento económico adecuado para la reparación integral por los daños y perjuicios que sufrieron si no hubieran existido abogados laboralistas que representaron sus derechos a costo y riesgo de su actividad profesional exclusivamente.

Hay discriminación y menoscabo del trabajo profesional de los abogados laboralistas que, con su esfuerzo, han logrado relevantes conquistas para sus representados, abandonados y traicionados por las ART, sus representantes naturales los sindicatos; como se ha visto con la posición de la CGT en la discusión de esta ley y antes con la Ley 26.773 , y mucho antes con el aval que le dieron a la Ley 24557, y toda la legislación precarizadora al firmar junto a la UIA y el Gobierno en julio de 1994 el «Acuerdo Marco para el Empleo, la productividad y la equidad social», donde se establecieron las bases programáticas de las leyes de desprotección laboral, entre ellas la Ley 24.557 que eran sancionadas por los legisladores, invocando el aval sindical, igual que en el 2016-2017. Fuimos los abogados con nuestros planteos quienes quebramos esos hechizos de inconstitucionales con nuestros planteos que llegaron a la Corte que dictó los históricos fallos que modificaron el sistema pretoriamente por uno nuevo, que se viene demoliendo desde 2012 y se quiere terminar de destruir volviendo, a la ignominia de la ley original.

Prohibir solo el Pacto de cuota litis a los abogados laboralistas mientras se les permite a los letrados de los demás fueros constituye una discriminación que solo se explica desde la perspectiva corporativa de alejarnos de la representación letrada de los damnificados y que estos recurran a los letrados gratuitos provistos por la SRT, conforme lo dispone el art. 20 del Decr. 1475/15.Se estigmatiza al abogado laboralista desconociendo que lo percibimos como coronación de nuestro esfuerzo personal de años de trabajo (a veces decenas en un caso en la Corte sin cobrar un peso asumiendo todos los gastos de sostener esas causas) por afán de justicia entrega, creatividad, pasión y estudio frente al cambiante escenario legislativo y jurisprudencial.

La realidad demuestra que los clientes, los trabajadores, en su inmensa mayoría se encuentran satisfechos con nuestros éxitos profesionales que los benefician y sin los cuales hubieran, continuado con la ignominia de la ley original.

La prohibición del PCL es parte de la campaña en contra de los abogados laboralistas, a quienes se discrimina, no por sus defectos, sino por sus virtudes porque son los únicos que desde los orígenes de la Ley 24.557 han luchado contra las inconstitucionalidades de la ley.

Se busca desalentar el patrocinio genuino y solvente. Las sumas que puede ahorrar un damnificado en caso de no abonar un eventual pacto de cuota litis resultan insignificantes en comparación con aquellas de las que puede verse privado, cuando solo goza de un patrocinio jurídico aparente, que constituye un mero instrumento para otorgarle fuerza homologatoria a un acto que, en rigor de verdad, lo puede perjudicar y le puede quitar derechos.

II. UN NUEVO OBSTÁCULO AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL

La ley, con la avidez de sus inspiradores de encorsetar al damnificado en las CC. MM., llega al extremo de imponer en su art. 15 al damnificado que ha optado por la vía civil, a ese «héroe» que ha renunciado a la indemnización de la ley especial, a que también deba agotar la vía administrativa previa de las CC. MM., constituyendo un absurdo y otra restricción irrazonable, por cuanto el art. 4 de la Ley 26.773 prescribe que el damnificado que eligió la vía civil debe regirse por toda la normativa procesal y de fondo del régimen de derecho común.

Dice el art. 15 de la Ley 27.348 lo siguiente:«Sustitúyese el cuarto párrafo del art. 4 de la Ley 26.773 por el siguiente texto: Las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad solo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en este artículo y agotada la vía administrativa mediante la resolución de la respectiva comisión médica jurisdiccional o cuando se hubiere vencido el plazo legalmente establecido para su dictado».

Mal puede imponérsele, ahora, agotar una vía administrativa previa, propia de la ley especial a quien optó por la vía civil. Otra absurda limitación de acceso a la jurisdicción que solo puede interpretarse como un adicional obstáculo instalado para dificultar el acceso de trabajador a la reparación civil del daño ya retaceada por el régimen de opción del art. 4 y la disposición de remitir las causas a la Justicia Civil, (que rige en la CABA y en la provincia de San Juan, por Ley por Ley provincial 8452 ).

En consecuencia, primero la Ley 26.773 y, ahora, este nuevo escollo benefician a las empresas dañantes, porque la denominada «opción civil con renuncia» ha logrado en los hechos desalentar la iniciación de demandas por accidentes del trabajo contra los empleadores.

La irrazonabilidad e incongruencia de esta disposición modificatoria del art. 4 de la Ley 26.773 demuestra que la verdadera intención de esta reforma es «crear obstáculos al acceso judicial, crear barreras que impidan la judicialización de los conflictos generados en el ámbito de los accidentes de trabajo», sin contemplar la violación de las elementales garantías constitucionales del debido proceso de la garantía de defensa en juicio de acceso a la jurisdicción, del principio de igualdad entre otros.

III. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: PLAZOS DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO, HOMOLOGACIÓN Y COSA JUZGADA

El art. 3 de la Ley 27.348, párr. 3 . establece lo siguiente:«La comisión médica jurisdiccional deberá expedirse dentro de los sesenta (60) días hábiles administrativos, contados a partir de la primera presentación debidamente cumplimentada y la reglamentación establecerá los recaudos a dichos efectos. Dicho plazo será prorrogable por cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, debidamente fundadas. Todos los plazos resultarán perentorios y su vencimiento dejará expedita la vía prevista en el artículo 2 de la presente ley. La demora injustificada que pudiere imputarse a la respectiva comisión médica jurisdiccional hará [que] incurrieren [en] falta grave a los responsables».

Esta disposición que fue muy defendida por diferentes diputados, especialmente los justicialistas y de extracción gremial, rescatando la celeridad que le impone la ley al procedimiento ante las CC. MM. en comparación con los plazos judiciales, desconoce en primer lugar la realidad actual que estos trámites lejos están de cumplir estos plazos, salvo que el trabajador se allane a las propuestas indemnizatorias de las ART cuando las haya. Pero frente al conflicto, la negativa de enfermedades, y a reconocer la existencia de infortunios o el nexo de causalidad, el trámite suele alargarse tiempos muy superiores a los indicados, con el agravante de que, en el interior del país, los trabajadores deben recorrer largas distancias para acudir a los lugares donde están instaladas las mismas.

La norma habla de un plazo de 60 días perentorios, pero que pueden ser prorrogables por cuestiones de hecho, y aquí está la trampa, que hoy mismo ya padecen los trabajadores, porque la excepcionalidad se convertirá muy probablemente en regla, por la cantidad de siniestros por procesar y por la escasez de CC. MM. existentes. Claro, si no cuestionan la propuesta de las ART, se ahorran tiempo, pero en desmedro de sus derechos.

El art. 7 de la Res. SRT 298/17 que reglamenta el art.3 de la Ley 27.348 establece que el plazo legal de 60 días hábiles administrativos solo se podrá prorrogar por única vez por otros 30 días con el objeto del producir la prueba ofrecida por las partes o dispuesta de oficio, como las diligencias destinadas a esclarecer las cuestiones de hecho relacionadas con el accidente de trabajo o con la enfermedad profesional.

Como se observa, se ratifica el absurdo de que los médicos asumen funciones jurisdiccionales para la cual no están preparados, deben abrir a prueba para recibir la testimonial, oral e informativa sobre la existencia del infortunio, todas cuestiones ajenas a las incumbencias profesionales de los galenos

«Además, estos plazos se pueden extender aún más, por cuanto el art. 29 de la reglamentación permite a la autoridad de aplicación [que pueda] suspender el curso del plazo máximo de sustanciación de 60 días por demoras imputables a las parte».

De hecho, el art. 38 de la reglamentación reconoce esta falencia cuando señala lo siguiente: «Habilitación de Comisiones Médicas Jurisdiccionales. Dentro del plazo de noventa (90) días corridos de hallarse debidamente cumplidos todos los recaudos exigidos para formalizar la adhesión al Título I de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, esta Superintendencia deberá arbitrar los medios necesarios para asegurar la aplicación del procedimiento establecido en dicha norma legal y en la presente Resolución, en el territorio de la respectiva provincia adherente».

En otras palabras, ponen en vigencia apresuradamente la ley y antes el inconstitucional DNU 54/17 , pero no existe aún la infraestructura suficiente para hacer frente a los centenares de miles de casos que se presentarían ante las CC. MM. Recordemos que anualmente, solo en el sector formal, se registran más de 660.000 siniestros, a los que hay que sumar las decenas de miles de enfermedades rechazadas hasta el presente por las ART y CC. MM. que ingresarán formalmente al sistema.Se nota improvisación, o peor aún, una voluntad implícita de denegación de justicia, pues no habrá capacidad material para procesar administrativamente las decenas de miles de reclamos, que hasta el presente se tramitaban en una elevada proporción ante la justicia, con las garantías del debido proceso, que ahora las víctimas, se enfrentarán a un panorama incierto.

Pero, a lo dicho, cabe destacar que el inicio del plazo no comienza desde que la ART o el damnificado efectúan la denuncia ante la Comisión Médica. Así lo regula el art. 32 de la Res. 298/17 cuando señala lo siguiente:

Art. 32 : «A los efectos del cómputo del plazo de “sesenta” (60) días establecido por el artículo 3 de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, entiéndase como “debidamente cumplimentada la presentación”, en los términos siguientes»:

»1. Para los procedimientos del Capítulo I del presente Título: cuando se hallaren cumplidos los recaudos exigidos por el artículo 4 de la presente resolución para el inicio del trámite por parte de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo o el empleador autoasegurado, con el requisito del patrocinio letrado obligatorio para el damnificado que preceptúa el art. 36 del Capítulo IV de la presente».

»2. Para los procedimientos del Capítulo I del presente Título iniciados por el damnificado, previstos en el art. 1 y 3: cuando se encuentren cumplidos los recaudos establecidos en el punto 9.1 del Anexo I de la Resolución SRT 179/2015 , o la que en el futuro la reforme o sustituya, correspondientes al trámite de rechazo de enfermedades no listadas y en el caso de los trámites por rechazo de denuncia de la contingencia; y, una vez cumplido el requisito del patrocinio letrado obligatorio para el damnificado que preceptúa el art.36 del Capítulo IV de la presente, cuando concluya la intervención del Secretario Técnico Letrado con dictamen favorable a la pretensión del trabajador y se deriven las actuaciones a la Comisión Médica para el inicio del trámite médico».

En los casos en que, además de los requisitos establecidos, la SRT efectúe a las partes requerimientos necesarios para dar inicio al trámite, cuando los mismos sean cumplimentados.

Es decir, no basta la denuncia del siniestro para que se inicie el cómputo del plazo, sino que deben haber cumplimentado los requisitos que exige la reglamentación en las presentaciones, la presentación del patrocinio letrado y todo otro requisito que requiera la SRT. Hasta tanto se satisfagan estos recaudos, no se inicia el cómputo de los plazos administrati vos que prevé la ley.

Como vemos, lejos estamos de esos 60 días perentorios que reclamaba enérgicamente el Secretario de la CGT y diputado Daer en su exposición en el recinto de la Cámara de Diputados. Esta disposición es una llave abierta para estirar el proceso «a piacere» del funcionario de turno. Sobre todo conociendo los antecedentes del funcionamiento previo de las CC. MM., y el desborde de causas que tendrán que abordar a partir de ahora, con una estructura -a todas luces- insuficiente.

Ahora que establece la Ley en caso de incumplimiento de los plazos legales. El art 3, párr. 5, dice lo siguiente: «Todos los plazos resultarán perentorios y su vencimiento dejará expedita la vía prevista en el art. 2 de la presente ley».

Esto significa que no habilita la acción judicial plena, que sería lo lógico frente al fracaso de la Administración, sino la pobre vía recursiva del art.2 de la misma ley.

Se trata de un verdadero acto de ficción, porque solo se le ofrece como remedio ante la grave falta la utilización del recurso de apelación en relación y con efecto suspensivo de un proceso que no culminó, no haciendo más que dejar en estado trunco la posibilidad resarcitoria del damnificado.

La norma es inconstitucional, porque en verdad debería interpretarse que, en caso de vencimiento de los plazos máximos del proceso administrativo, el trabajador tendría derecho a la acción judicial ordinaria ante la justicia laboral, retrotrayendo a cero todo lo actuado en sede administrativa, que a todo evento podría ser utilizada como prueba solicitando las actuaciones.

Vencidos los holgados plazos otorgados a la Administración, deja al trabajador en estado de indefensión porque se lo pretende igualmente someter al mismo recurso de apelación como si el proceso de conocimiento hubiera culminado normalmente, cuando existe un fragrante incumplimiento

De hecho, el art. 38 de la reglamentación reconoce esta falencia cuando señala lo siguiente: «Habilitación de Comisiones Médicas Jurisdiccionales. Dentro del plazo de noventa -90- días corridos de hallarse debidamente cumplidos todos los recaudos exigidos para formalizar la adhesión al Título I de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, esta Superintendencia deberá arbitrar los medios necesarios para asegurar la aplicación del procedimiento establecido en dicha norma legal y en la presente resolución, en el territorio de la respectiva provincia adherente.

La Res. SRT 326/17 determinó la existencia de 55 CC. MM. en todo el territorio de la República Argentina con 8 delegaciones y una Comisión Médica Central. Sin embargo, todavía no fueron habilitadas todas. Como se puede observar, la cantidad de CC. MM. es a todas luces insuficientes para absorber los centenares de miles de reclamos que el sistema -se espera- recibirá.

Sin embargo, se apura la adhesión de las Provincias sin contar con el número suficiente de comisiones cercanas a las localidades que no fueran las capitales de las provincias.Mucho menos, en el conurbano bonaerense, que se ha apurado la adhesión de la provincia de Buenos Aires, en sesiones plenarias sobre tablas, sin contar la infraestructura mínima, ni la cantidad de CCM; equivalentes al mapa judicial de la provincia. La improvisación es la nota. No hay voluntad de resolver los conflictos, ni de darles un cauce, solo que no ocurran a la justicia. Después que se arreglen como puedan.

Este diseño de la Res. 326/17 que establece pocas CC. MM. en relación con la cantidad de damnificados y que no coincide con el mapa judicial de las provincias, traerá efectos nocivos sobre los tribunales, algunos de los cuales estarán saturados de causas por los efectos de apelación de las CC. MM. de sus jurisdicciones, mientras dejarán vacías otras.

Asimismo, los trabajadores deberán efectuar extensos traslados dado las escasas CC. MM., donde en muchas provincias de extensa superficie solo existe una sola Comisión Médica en la Capital de la Provincia. Lo mismo ocurre en la Provincia de Buenos Aires, con un pobladísimo conurbano, escasas Comisiones Médicas.

El art. 7 de la Res. SRT 298/17 establece taxativamente las funciones eminentemente judiciales que se les asignan a los médicos de las CC. MM., cuando señala así: «Las partes ofrecerán la prueba de la que intenten valerse en su primera presentación o hasta el momento de la audiencia médica. Podrá rechazarse la prueba ofrecida que se considere manifiestamente improcedente, superflua o meramente dilatoria. En las resoluciones, no se tendrá el deber de expresar la valoración de toda la prueba producida, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para la resolución. La Comisión Médica, de oficio, podrá disponer la producción de prueba respecto de los hechos invocados y que fueren conducentes para resolver. Las partes podrán designar peritos médicos de parte para participar en la audiencia. Los honorarios que estos irroguen estarán a cargo de los proponentes.Estos profesionales tendrán derecho a ser oídos por la Comisión Médica, presentar los estudios y diagnósticos realizados a su costa, antecedentes e informes; una síntesis de sus dichos será volcada en las actas que se labren, las que deberán ser suscriptas por ellos, haciéndose responsables de sus dichos y opiniones, pero no podrán plantear incidencias en la tramitación de los expedientes. Las Comisiones Médicas podrán indicar la realización de estudios complementarios y / o peritaje de expertos, cuando los antecedentes no fueran suficientes para emitir resolución. Se establece que serán a cargo de las aseguradoras, aquellas que no se hubieren realizado con la debida diligencia. Caso contrario, se financiarán conforme a lo establecido en el art. 15 de la Ley 26.425. Cuando las Comisiones Médicas lo consideren necesario para resolver el conflicto planteado, podrán solicitar la asistencia de servicios profesionales o de Organismos técnicos para que se expidan sobre áreas ajenas a su competencia profesional. Las facultades establecidas en el presente artículo serán ejercidas conforme a las disposiciones que establezca la SRT».

Se establecen las facultades y procedimientos de las CC. MM. para homologar con autoridad de cosa juzgada y con los alcances del art. 15 de la LCT los acuerdos celebrados respecto a las incapacidades permanentes definitivas y por fallecimiento entre trabajadores y aseguradoras. A tales efectos, la SRT designa un funcionario administrativo con las facultades homologatorias para cerrar los acuerdos y para evitar su revisión ulterior.

En un cambio copernicano respecto del régimen anterior, se establece carácter definitivo e irrevisable al acuerdo homologado por el funcionario designado por la SRT, en un procedimiento cuyo cuestionamiento e inconstitucionalidad hemos desarrollado precedentemente.

Respecto de las facultades otorgadas al nuevo funcionario designado por el PEN para que disponga la homologación de los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios llevados a cabo por las partes respecto de un infortunio laboral, en el desfavorable y cuestionado marco de las CC. MM., presenta serias dudas sobre el cumplimiento del mandato legal del art.15 de la LCT respecto de la existencia de una justa composición de intereses en el acto homologatorio.

Se trata de una pseudolegitimación de facultades jurisdiccionales, el funcionario designado por la SRT, o sea, por una dependencia del PEN, obviamente es un adepto al sistema de las CC. MM., con solo caracteres aparentes al de un juez, pero seguramente muy alejado de su imparcialidad, capacidad, idoneidad y estabilidad que poseen los magistrados, como se ha demostrado hasta el presente en el funcionamiento restrictivo de las CC. MM.

También la experiencia del Ministerio de Trabajo y de los conciliadores privados del SECLO ha demostrado que tienen una posibilidad muy limitada de determinar seriamente que se hayan alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes; y esto porque, a diferencia de la instancia judicial, el exceso de trabajo en esas instancias donde los representantes de las ART «juegan de locales» determinará que, además, los funcionarios elegidos para supervisar la homologación de los acuerdos, no podrán asumir en plenitud su labor, limitándose a homologar mecánicamente los convenios que se les presenten, que serán usualmente a iniciativa de las ART.

No parece que, en este contexto, existan las garantías constitucionales de defensa en juicio para los damnificados, ya que a las resoluciones homologatorias de los acuerdos celebradas ante estos órganos se les otorgan por primera vez carácter de cosa juzgada, en la que los derechos de los damnificados no parecen resguardados, ni existen posibilidades serias de revisión judicial posterior, ante los seguros vicios de lesión que presentarán estos acuerdos, que, en el contexto procesal que se desenvuelven y la extrema necesidad de los trabajadores recuperándose de un infortunio laboral, significan más que nada una explotación del estado de necesidad de los mismos, abusando de un posición de poder de las aseguradoras, respaldadas por las CC.MM., y un régimen procesal que -como veremos- promueve la aceptación de las propuestas reparatorias de las ART, porque el escenario apelatorio, con efecto suspensivo del recurso judicial, es insostenible para la víctima.

Para homologar un acuerdo en los términos del art. 15 de la LCT, la autoridad tiene que dictar una resolución fundada que acredite que mediante tal convenio se alcanzó una justa composición de los derechos e intereses de las partes. Frente a tal premisa, lo que debe ser requerido -entonces- en el caso concreto es que se corrobore el hecho de que el trabajador, al momento de la celebración del acuerdo, no haya tenido un derecho adquirido a la percepción de los rubros que, en cada caso, se pretendan transar. Se está en presencia de una cuestión dudosa o litigiosa, verificable a simple vista con e l contenido del acuerdo; de lo contrario, no se estarían negociando o conciliando derechos litigiosos, sino renunciando a derechos irrenunciables (art. 11, inc. 1 , de la Ley 24.557), lo que podría invalidar el acuerdo.

Podría argüirse que estamos en un típico caso de lesión objetiva subjetiva del art. 332 del CCivCom (art. 954 del Código velezano) porque hay una objetiva y clara inducción a que el trabajador acepte lo que le ofrece la aseguradora. El damnificado no puede esperar. El diseño legal propuesto abusa del estado de necesidad de la víctima, lo induce, lo fuerza aceptar la propuesta de la aseguradora, porque el régimen de apelación diseñado, le veda el acceso de cobrar a cuenta y discutir en apelación el derecho a un resarcimiento mayor.

Este derecho estuvo vigente hasta el presente fue cercenado. Pero frente al principio de la integralidad del ordenamiento jurídico, no cabe desdeñar la frecuente existencia de situaciones lesivas que den lugar a la nulidad de los acuerdos o eventuales reajustes equitativos de los acuerdos, como autoriza el mismo (art. 332 del CCivCom):

En el párr. 4.° del art.3 del Anexo I se establece lo siguiente: «En ningún caso, se homologará una propuesta de convenio que contenga un monto de reparación dineraria menor a la que surja de la estricta aplicación de la normativa de la Ley 24.557 y sus modificatorias.

Esta expresión de deseos -esto es bien sabido por los abogados que transitamos los tribunales- puede ser fácilmente burlada con una simple modificación de la estimación de la incapacidad laborativa de la víctima, siempre sujeta a las dictámenes subjetivos de los galenos de las poco confiables CC. MM. De modo tal que es otro ejercicio de semántica que contradice 20 años de observar el funcionamiento restrictivo de las aseguradoras y de las CC. MM.

Como mencionamos anteriormente, el art. 7 de la Res. SRT 298/17 establece taxativamente las funciones eminentemente judiciales que se les asignan a los médicos de las CC. MM., cuando señala lo siguiente: «Las partes ofrecerán la prueba de la que intenten valerse en su primera presentación o hasta el momento de la audiencia médica. Podrá rechazarse la prueba ofrecida que se considere manifiestamente improcedente, superflua o meramente dilatoria. En las resoluciones no se tendrá el deber de expresar la valoración de toda la prueba producida, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para la resolución. La Comisión Médica, de oficio, podrá disponer la producción de prueba respecto de los hechos invocados y que fueren conducentes para resolver. Las partes podrán designar peritos médicos de parte para participar en la audiencia. Los honorarios que estos irroguen estarán a cargo de los proponentes. Estos profesionales tendrán derecho a ser oídos por la Comisión Médica, presentar los estudios y diagnósticos realizados a su costa, antecedentes e informes; una síntesis de sus dichos será volcada en las actas que se labren, las que deberán ser suscriptas por ellos, haciéndose responsables de sus dichos y opiniones, pero no podrán plantear incidencias en la tramitación de los expedientes.Las Comisiones Médicas podrán indicar la realización de estudios complementarios y / o peritaje de expertos, cuando los antecedentes no fueran suficientes para emitir resolución. Se establece que serán a cargo de las aseguradoras, aquellas que no se hubieren realizado con la debida diligencia. Caso contrario, se financiarán conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 26.425. Cuando las Comisiones Médicas lo consideren necesario para resolver el conflicto planteado, podrán solicitar la asistencia de servicios profesionales o de organismos técnicos para que se expidan sobre áreas ajenas a su competencia profesional. Las facultades establecidas en el presente artículo serán ejercidas conforme a las disposiciones que establezca la SRT».

En el art. 8, se establecen las facultades para que las partes «aleguen» (sic) sobre la prueba producida. Los médicos, cual jueces, evaluarán las pruebas testimoniales oficios etc., con el auxilio de los alegatos de los abogados. Un verdadero disparate de simulacro de proceso administrativo, que es dirigido por inidóneos médicos, no aptos para ejercer las típicas funciones jurisdiccionales descriptas en el art. 7 de la reglamentación.

Como se observa al otorgarle el carácter de cosa juzgada, e imponérsele siempre un patrocinio jurídico al damnificado, voluntariamente elegido por él o designado por la SRT, de acuerdo con el cuerpo de abogados gratuitos conforme al Decr. 1475/15 (art. 36 Res. SRT 298/17), se busca inhibir cualquier reclamo ulterior.

En el art. 13 de la reglamentación se prescribe lo siguiente: «. si las partes arribaran a un acuerdo y prestaran su conformidad con lo actuado, el agente del servicio constatará la libre emisión del consentimiento del trabajador o derechohabientes y su discernimiento sobre los alcances del acuerdo. En el mismo acto, se suscribirá un acta dejando expresa constancia de ello y del ejercicio de la opción prevista en el artículo 4 de la Ley 26.773. El agente designado a tal efecto, emitirá opinión acerca de la legalidad del procedimiento y la pertinencia del dictado del acto homologatorio del acuerdo.Finalmente, se remitirán las actuaciones al Titular del Servicio de Homologación de la Comisión Médica, para que dentro de los cinco -5- días emita el correspondiente acto de homologación, con los alcances previstos en el artículo 15 de la Ley 20.744 (t. o. 1976), dejando expresa constancia del porcentaje de incapacidad determinado en el dictamen médico. A partir de la notificación del acto de homologación, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, el empleador autoasegurado o el empleador no asegurado, deberá poner a disposición del damnificado el importe de la indemnización en la cuenta bancaria oportunamente declarada, dentro del plazo de CINCO -5- días, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Anexo I de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo».

Modificándose lo dispuesto en el art. 4, párr. 1.°, de la Ley 26.773, aun antes de ponerse a disposición los fondos que según la ART le corresponderían al damnificado en el marco de las actuaciones obligatorias ante el Servicio de Homologación de las CC. MM., debe ejercitar la opción del art. 4 de la referida Ley 26.773 y previo a que el damnificado conozca las indemnizaciones ofrecidas. El abuso de la posición dominante de las Aseguradoras avaladas por todo el sistema procesal construido no tiene límites ni impudicia alguna.

Es decir, el acuerdo cierra todo ulterior reclamo administrativo o judicial sobre los montos acordados, como la posibilidad de también cuestionar con posterioridad la constitucionalidad del régimen de opción civil excluyente del art. 4 de la Ley 26.773, ya que según lo establece la última parte del art. 13 ratificando lo dicho en la ley dice lo siguiente:«Los actos de homologación asumirán autoridad de cosa juzgada administrativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Anexo I de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y las incapacidades allí consignadas deberán ser incorporadas a los registros de la SRT».

En caso de disconformidad con la incapacidad fijada por la comisión médica los arts. 14 y 15 del decreto reglamentario determinan que «el agente designado a tal efecto» emitirá un dictamen sobre la legalidad de las actuaciones y elevará al titular del Servicio de homologación de las CC. MM. quien dictará el correspondiente acto que dejará habilitada la acción judicial recursiva o bien la celebración de un acuerdo.

Si la disconformidad versara sobre el importe de la indemnización, las partes podrán arribar a un acuerdo solo por un monto superior, el cual deberá ser homologado por el Servicio de Homologación de la Comisión Médica, caso contrario, también quedará expedita la vía recursiva judicial prevista en el art. 2 de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo.

El plazo para interponer el recurso de apelación a la resolución de las CC. MM. es de 15 días de notificado el acto y deberán interponerse ante el Servicio de homologación, debiéndoselo presentar por escrito ante la sede de la CC. MM. interviniente debidamente fundado, de dicha expresión de agravios, se dará traslado a la contraparte por el término de 5 días.

La regulación del recurso de revisión ante la Comisión Médica Central se encuentra en el art. 17.

En el art. 18, se registra el procedimiento recursivo ante la Justicia Ordinaria Laboral que corresponda al de la Comisión Médica que intervino, obligando al Servicio de Homologación a elevar, en el plazo de 10 días de recibidas las contestaciones de agravios, los expedientes al juzgado competente (art. 18).

En los arts.19, 20 y 21 de la reglamentación, se regula el procedimiento de la homologación del acuerdo y la audiencia respectiva haciendo hincapié que la propuesta de convenio no podrá sustentarse en una valuación del daño o una indemnización inferior al monto indemnizatorio que surja de la aplicación de la normativa de la LRT, el que deberá ser homologado por el funcionario Titular del Servicio de Homologación, designado por la Res. SRT 298/17, art. 30). Dicho acto con los alcances del art. 15 de la LCT, tendrá los efectos de cosa juzgada administrativa, irrevisable judicialmente, sin perjuicio de la reserva que hicimos respecto a la eventual existencia de vicios de lesión comentado más arriba.

La inexistencia de acuerdo dará lugar a la determinación de incapacidad, dejando constancia el agente del servicio de homologación de la conclusión del servicio del trámite obligatorio sin acuerdo, quedando expedita la vía judicial.

IV. ACTUACIÓN DEL CUERPO MÉDICO FORENSE Y LA MODIFICACIÓN RETROACTIVA DE LA REGULACIÓN DE HONORARIOS DE LOS PERITOS MÉDICOS A LAS CAUSAS POR INFORTUNIOS LABORALES ANTERIORES. INCONSTITUCIONALIDAD. DISCRIMINACIÓN

1. El art. 2, penúltimo párrafo

El art. 2, en su penúltimo párrafo, establece que en las causas judiciales por infortunios laborales deberá intervenir el Cuerpo Médico Forense, señalándose específicamente lo siguiente:«En todos los casos los peritos médicos oficiales que intervengan en las controversias judiciales que se susciten en el marco de la Ley 24.557 deberán integrar el cuerpo médico forense de la jurisdicción interviniente o entidad equivalente que lo reemplace, y sus honorarios no serán variables ni estarán vinculados a la cuantía del respectivo juicio, y su regulación responderá exclusivamente a la labor realizada en el pleito».

»En caso [de] que no existieren profesionales que integren los cuerpos médicos forenses en cantidad suficiente para intervenir con la celeridad que el trámite judicial lo requiera como peritos médicos, los tribunales podrán habilitar mecanismos de inscripción de profesionales médicos que expresamente acepten los parámetros de regulación de sus honorarios profesionales conforme lo previsto en el párrafo precedente».

Se altera, por lo menos en el ámbito de la Justicia nacional, el artículo de la Ley 18.345 que dispone el nombramiento de peritos de oficio por parte del juez.

Históricamente en la Justicia Nacional del Trabajo, en los juicios de accidentes, solo intervino el Cuerpo Médico Forense como una segunda opinión médica. La experiencia en este sentido en el fuero capitalino ha sido negativa porque la intervención del Cuerpo Médico Forense, además de ser extremadamente lenta, por la sobrecarga de trabajo de los restantes fueros, se caracterizó por ser muy restrictiva y desconocedora de la especificidad del mundo de la accidentología laboral.

Se verifica improvisación y apuro porque esos cuerpos no están conformados, requerirán miles de médicos que no están incorporados.Por ese motivo, admite que los tribunales incorporen peritos que acepten la regulación de honorarios de acuerdos a los trabajos realizados y no a la cuantía de los reclamos, lo que entra en contradicción con las regulaciones provinciales de honorarios y zona de reserva de las provincias no delegadas, traerá enormes conflictos con los afectados, y eventualmente un riesgo de paralización de las causas, por deserción de los peritos en caso de no resultar remuneratoria su labor profesional.

Sin perjuicio de que las disposiciones generales de la Ley 27.348 (CC. MM. obligatorias previas y excluyentes) -mutiladoras de derechos e inconstitucionales-, serían aplicables a las causas iniciadas a partir de su entrada en vigencia de la ley, es decir, desde el 5 de marzo de 2017. Tampoco estas disposiciones son aplicables a las causas en trámite, ya que es ilegítima la pretensión del legislador de aplicar esta regulación a los procesos judiciales anteriores, en trámite, porque gozan del amparo de la jurisprudencia en «Castillo», «Venialgo», «Marchetti» y «Obregón» de la Corte federal que habilitó a los damnificados a recurrir directamente ante la Justicia, por haber sido declarada inconstitucional la vía administrativa previa de las Comisiones Médicas (art. 21, 22 , 46 y cctes. LRT y Decr. 717/96 ).

Sin perjuicio de que no se les aplica a estos procesos el régimen general del tránsito previo, excluyente y obligatorio de las CC. MM., para reclamar las pretensiones de la LRT, lo que está pretendiendo el legislador a través de los párrafos del art.2 precedentemente transcritos de la Ley 27.348, es que cesen, en las causas en trámite anteriores a la vigencia de la Ley 27.348, la intervención de los peritos de oficio, tal como estaban rigiendo hasta el momento; y de continuar, modificar su régimen regulatorio.

En consecuencia, es inconveniente que las pericias médicas sean llevadas adelante por el Cuerpo Médico Forense, toda vez que la función de ese organismo se halla limitada actualmente a las causas del fuero criminal y correccional, lo que se halla en concordancia con la autorización de la Excma. Cámara de Apelaciones del Fuero (nota 870 del 17/12/1997) en los términos del art. 108 bis del Reglamento del Fuero, y por las razones que más abajo se expondrán y está vedada por la Acordada 47/09 de la CSJN. Por lo menos, en el ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo.

También el art.2 de la Ley 27.348, en el penúltimo párrafo, establece que en caso de que no existieren profesionales que integren los cuerpos médicos forenses, podrán intervenir peritos médicos del fuero laboral que acepten los parámetros de regulación de sus honorarios conforme la labor realizada y no según las leyes de aranceles o el sistema de regulación judicial vigente.

Esta regulación, que implica una nueva modalidad de regulación de los honorarios de los galenos intervinientes afecta derechos adquiridos de los actores damnificados a proseguir el desarrollo del proceso en los términos normales y estables, sino que vulnera los derechos adquiridos de los actores a procesos judiciales en curso ordenados y con reglas claras y determinadas, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte vigente para las causas en trámite, tal cual fueran iniciadas, implicando la intromisión retroactiva de la nueva ley, una eventual «anarquización» de los procesos por un eventual abandono de la función de los peritos existentes, por irrisorias regulaciones que no compensen los trabajos realizados.

Sin perjuicio del viejo principio de aplicación inmediata de nuevas normas procesales dictadas, cabría interpretar que el mismo no se podría aplicar automáticamente cuando la nueva disposición legal prevé una acción que, en el anterior régimen, no exigía, asignándole un trámite específico.De modo que no pueden impugnarse los trámites cumplidos durante la vigencia del anterior régimen y debería mantenerse la validez de los actos cumplidos y los efectos cancelatorios que los mismos poseen.

No resultaría aplicable a los procesos en trámite, cuando el damnificado sin considerar ni imaginar que gozaba de derechos adquiridos y de los beneficios de la jurisprudencia pacífica de la Corte, se encuentra ante intempestivos cambios legislativos que afectan sus derechos a un proceso con reglas estables y permanentes.

En definitiva, frente al nuevo régimen instituido por la Ley 27.348, no sería admisible aplicar el régimen procesal propuesto respecto de los infortunios que hayan comenzado a promoverse actos procesales para el cobro de las acreencias a los obligados del sistema, bajo el anterior régimen.

El art. 2 de la Ley 27.348, en los párrafos comentados, infringe este principio afectando la seguridad jurídica de los actores de los juicios por infortunios laborales en trámite anteriores a la vigencia de la Ley 27.348, desestabilizando el proceso en perjuicio de ellos, modificando el «status» de la prueba clave de este procedimiento que es la pericia médica.

El principio de irretroactividad es una regla general que el legislador puede modificar en algunas circunstancias, dictando normas retroactivas a condición de que no se afecten derechos protegidos por garantías constitucionales.

No se trata, pues, de transgredir el principio de aplicación inmediata de las disposiciones procesales, sino de efectuar un análisis que contemple la no afectación de los derechos adquiridos por las víctimas cuando, respecto a infortunios laborales anteriores a la vigencia del nuevo régimen normativo, comenzaron a ejercitar actos procesales bajo el régimen tutelar que con anterioridad los amparaba.

Una interpretación contraria implicaría afectar derechos adquiridos por los damnificados, vulnerando, en especial, el consagrado principio constitucional de progresividad (art. 26 de la CADH y art. 2.1 del PIDESC) y de aplicación de la norma más favorable (art.5.2 del PIDCP y 9 de la LCT).

Este es el principio general de mayor hincapié que se efectúa desde lo interpretativo, porque es el que representa el valor «seguridad jurídica» por sobre el principio de aplicación inmediata, que representa el valor justicia; pero esa valoración ya no surge tan evidente, porque vivimos en tiempos no de progresividad, sino de regresividad, de la cual la Ley 27.348 es patente demostración. En este caso, la regresividad se da por desestabilizar la pericia médica porque el art. 2 en los párrafos cuestionados afecta severamente la producción de este medio crucial de prueba en los juicios de infortunios laborales en dos formas: con la intervención restrictiva del CMF o con la modificación del sistema de regulación de honorarios de los peritos médicos que, por irrisorio, puede determinar montos exiguos.

Se ha señalado que el principio general de irretroactividad está estrechamente vinculado con la seguridad jurídica. Saber a qué atenerse y poder actuar en consecuencia supone tener conocimiento de los efectos y consecuencias de nuestra conducta. El principio de irretroactividad constituye un resguardo fundamental de la libertad humana reconocido en el art. 19 de la CN (1).

2. Cuerpo Médico Forense

La primera opción del art. 2 de la Ley 27.348 de dar intervención al Cuerpo Médico Forense es inviable en la Justicia Nacional del Trabajo.

El Cuerpo Médico Forense no está en condiciones materiales de hacerse cargo de las miles de causas por accidentes de trabajo, por falta de infraestructura y especialización en la materia, como también por la expresa indicación de la Acordada 47/09 de la CSJN, que vedó la intervención de dicho cuerpo.Además, cabe recordar que, antes de la disposición de la Corte federal y su justificación, la intervención de este Cuerpo Médico exclusivamente como revisor de las pericias de oficio fue extremadamente restrictiva y negadora de incapacidades así como también afectaba el principio de celeridad procesal por los extensos plazos que se tomaba en emitir sus informes retrasando desmedidamente la finalización de los procesos.

Se altera, por lo m enos en el ámbito de la Justicia Nacional, el art. de la Ley 18.345 que dispone el nombramiento de peritos de oficio por parte del Juez.

Es significativa la consideración y argumentos del Dr. Miguel A. Maza en el fallo «Moreno, José María c/ Pizzería Centro S. A. s/ Accidente», donde para desestimar las conclusiones del Cuerpo Médico oficial señaló lo siguiente: «. en el presente caso, me debo manifestar decepcionado no solo porque el dictamen de marras no emana del prestigioso cuerpo al que se le pidió opinión, sino, sobre todo, porque el breve y dogmático informe del Dr. Márquez no me permite ver y comprender por sus ojos. Pareciera que ha pretendido con su dogmatismo que deba atenerme a lo que él ha visto y comprendido y eso, claro está, no es la función de la consulta al cuerpo que integra. En efecto, el citado integrante del CMF dice lo siguiente: «Luego del análisis de las constancias médicas obrantes en autos surge que el actor presentaba “a.cardiopatía coronaria Estadio III” y, sin más, estimó el déficit en el 45%. El mencionado médico ha dado su muy respetable opinión, pero no ha peritado porque no ha dado los fundamentos de tal opinión, lo que impide que los jueces de la causa podamos decidir si compartimos esa estimación o no porque nos ha privado, seguramente a causa del enorme y excesivo recargo de tareas que su función sufre, de los elementos de juicio que nos permitan hacer un juicio crítico y racional para tomar la decisión que -hay que subrayarlo- la Constitución Nacional y las leyes reglamentarias encomiendan a los jueces y no a los peritos ni asesores científicos. Nótese, incluso, que el profesional del CMF ni siquiera ha dicho por qué discrepa de la valoración de la incapacidad que efectuara el perito médico actuante en el proceso. Como conozco y me consta personalmente la sobrecarga de trabajo y responsabilidades que pesan sobre el Cuerpo Médico Forense, quiero expresar que hubiera preferido que dicho cuerpo, en tal caso, se hubiera excusado de colaborar con el Tribunal antes que producir una pieza que no resulta científica ni procesalmente conducente para formar la convicción de los magistrados» (2).

La designación del Cuerpo Médico Forense es, a todas luces, inconveniente a fin de entender en actuaciones por infortunios laborales, en razón de que dicho cuerpo médico, como es público y notorio, se halla trabajando actualmente con un atraso de aproximadamente un año, un año y medio, en razón de la gran cantidad de causas que le provee a la justicia penal y civil, motivo por el cual, la mayoría de los jueces de este último fuero, son conscientes del problema que aqueja a esa repartición, siendo remisos a enviar un expediente a dicho cuerpo médico, excepto cuando hay una gran discordancia en torno a los daños sufridos por la parte accionante y / o la existencia de una pericia de contenido dudoso, y es solicitada la evaluación de ese organismo porel Juzgado interviniente como medida para mejor proveer, previo al dictado de sentencia.

El atraso que posee a los fines de efectuar la revisación, diagnóstico y tratamiento, en la práctica se traduce en una implícita denegación de justicia, durante la totalidad del tiempo en que se halle el expediente en ese organismo.

En razón de que la indemnización por accidentes posee naturaleza alimentaria, el tiempo durante el cual se desarrolla el proceso, en los casos en que este se alarga indebidamente, dificulta que dicha indemnización sea oportuna a los fines de que la víctima no se vea compelida a no poder sufragar los gastos que le demandan las curaciones y, por otra parte, a tener que esperar un tiempo que más allá de cualquier plazo normal de proceso, lo que en definitiva se traduce en una verdadera denegación de justicia a raíz del retardo.

El Cuerpo Médico Forense beneficiará con su demora a la futura obligada al pago -la ART-, que verá paralizada la obligación de pagar la reparación de los daños que se produjeron como consecuencia de un infortunio laboral en un tiempo prudencial, beneficiando a la parte más poderosa que es la ART. Por ello, esta parte se opone a la designación de ese organismo.

En definitiva, la Acordada de la CSJN 47/09 deniega la intervención del Cuerpo Médico para supuestos que excedan a esa acotada excepcionalidad y que inhibe la intervención de CMF en otros fueros, y solo excepcionalmente puede ser reexaminada por la Cámara.

Lo cierto es que al obstaculizarse el asesoramiento del Cuerpo médico Forense en lo que refiere a causas no penales, podría obligar al Consejo o a la Corte, a implementar rápidamente otro organismo de similar idoneidad para suplir la incumbencia prevista en las leyes de fondo y de forma, lo que también implicaría una desestabilización del proceso, planteando desde ya el mismo cuestionamiento constitucional a que dicho organismo forense dictamine en sustitución de los peritos de oficio.

3.Nuevo sistema regulatorio para los peritos médicos

El legislador dispone que los peritos médicos de oficio que acepten la regulación de honorarios «de acuerdo con los trabajos realizados» y no de a acuerdo con la cuantía de los reclamos y la regulación actual según las pautas y parámetros vigentes establecidos jurisprudencialmente para la regulación de los honorarios sobre la base de los montos tal como ocurre con los demás peritos, lo que entra en contradicción con las normas de regulaciones nacionales y locales de honorarios de los profesionales médicos, y que conllevará conflictos con los afectados, y un eventual un riesgo de paralización de las causas, por deserción de los peritos en caso de no resultar adecuadamente remunerada su labor profesional.

Aun más, se corre el riesgo de que el plantel de peritos al ser objeto de una labor no remuneratoria, sea desbordado por galenos provenientes de las ART o sus prestadores que así una vez más desnivelarán la balanza y el equilibrio procesal, sin que los jueces puedan controlar esa circunstancia, ya que lo previsible es que frente al nuevo escenario exista una probable renuncia de los peritos de oficio ante el cambio intempestivo de las reglas del proceso, aplicadas en forma retroactiva.

4.4. Discriminación del medio de prueba seleccionado

En efecto, existe una notoria disparidad y discriminación injustificada en las causas en que los trabajadores damnificados sigan por la vía civil o por la acción común laboral del art.75 de la RCT en relación con la acción sistémica de la Ley 24.775.

En este orden, solo a los trabajadores que insten sus reclamos en las acciones sistémicas de la LRT se les aplicarán estas arbitrarias e inconstitucionales normas.

Otra modalidad de esta discriminación se puede advertir en los demás damnificados del ordenamiento jurídico que insten sus acciones en otros fueros a los cuales no se les aplica la cuestionada norma que demorará la finalización de las causas desnaturalizando el carácter alimentario de ellas mismas. En los otros fueros, este sistema de regulación de los emolumentos abiertamente perjudicial para los damnificados no se aplica.

Por otra parte, el perito médico es el único perito al que se le impone esta modificación del régimen de honorarios a diferencia de los demás peritos intervinientes provocando una desmotivación y deserción de aquellos del Fuero del Trabajo, y ello con el riesgo de la consiguiente integración de un Cuerpo Médico Forense con el «staff» de nuevos médicos de prestadoras de las ART o de integrarse al organismo con peritos oficiales ya intervinientes y de similar origen a los anteriores, solventados por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, que no garantizarán, desde luego, la imparcialidad, favoreciendo a la parte más poderosa, esto es, las ART.

5. Inconstitucionalidad

En resumen, el art. 2 de la Ley 27.348 en los aspectos cuestionados es inconstitucional porque afecta el derecho de defensa y debido proceso (art. 14 bis, 16, 18 y cctes. de la CN) bajo la tutela de la jurisprudencia de la Corte federal y se afecta la celeridad procesal. Además, es abiertamente discriminatorio al imponer al trabajador damnificado unas reglas perjudiciales para el desenvolvimiento de la producción de la prueba vital y crucial del proceso, que no son aplicables en otras causas laborales ni civiles.

V. CUESTIONES SOBRE VIGENCIA Y ADHESIONES

1. Vigencia de la Ley. Cuestiones constitucionales.Adhesión de la provincia de Córdoba

En cuanto a la vigencia de la nueva ley, no se ha establecido plazo específico alguno en el régimen general; por lo tanto, rige el art. 5 del CCivCom que dice: Vigencia. Las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen.

A su vez, el art. art. 6 del mismo CCivCom dispone lo siguiente: «Modo de contar los intervalos del derecho. El modo de contar los intervalos del derecho es el siguiente: día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. En los plazos fijados en días, a contar de uno determinado, queda este excluido del cómputo, el cual debe empezar al siguiente. Los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día de ese mes. Los plazos vencen a la hora veinticuatro del día del vencimiento respectivo».

Siendo que la Ley 27348, comenzará a regir en el ámbito nacional después del octavo día de su publicación en los términos del art. 5 del CCivCom, siendo publicada en el BORA el 24 de febrero, comenzará a regir, a las cero horas del 5 de marzo de 2017.

La única excepción ya mencionada es el Art. 20 que modifica el cálculo del Valor Mensual del Ingreso Base de la Ley 24.557que establece lo siguiente: «La modificación prevista al artículo 12 de la Ley 24.557 y sus modificatorias se aplicará a las “contingencias” cuya primera manifestación invalidante resulte posterior a la entrada en vigencia de la presente ley».

Con respecto a la reg lamentación, la Res. 298/17, en su art. 41 , si bien establece sobre la aplicación temporal esto:«Las disposiciones contenidas en la presente resolución solo resultarán aplicables al trámite de las actuaciones y los procedimientos administrativos iniciados a partir del 1 de marzo de 2017», ello por un lado implica que no serían aplicables a los trámites en curso, sino a aquellos que se inicien a partir del 1 de marzo de 2017 y, por otro lado, dicha regulación presenta un exceso reglamentario toda vez que paradójicamente, la reglamentación comenzaría a regir antes que la propia ley que reglamenta. En efecto, como señalamos precedentemente, la ley regiría a partir del 5 de marzo, y la reglamentación estaría en vigor el 1 de marzo, lo cual sin perjuicio del breve lapso, es un inexplicable error de técnica legislativa, modificatorio de la ley, que solo se explica por la reglamentación fue publicada un día anterior a la ley y estaba diseñada para reglamentar el DNU 54717.

Sin embargo, además de la publicación en el BORA, hay que considerar que, para que rijan la modificaciones impuestas en los arts. 1 a 3, en cada jurisdicción, cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben adherir expresamente al nuevo régimen establecido en el Título I de la Ley 27.348 -De las Comisiones Médicas- que establece la modificación al régimen procesal de la Ley 24.557, Las demás normas, por ser de modificación a normas de fondo, rigen en todo el país a partir de su publicación.

En efecto, dice el art. 4 lo siguiente: «Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente título.La adhesión precedentemente referida importará la delegación expresa a la jurisdicción administrativa nacional de la totalidad de las competencias necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 2 y 3 del presente, y en el apartado 1.° del artículo 46 de la Ley 24.557 y sus modificatorias, así como la debida adecuación, por parte de los estados provinciales adherentes, de la normativa local que resulte necesaria».

La lectura atenta del fallo «Castillo» revela que, «a contrario sensu» de lo que se señala tanto en el mensaje de elevación del Proyecto de Ley complementaria de la Ley sobre Riesgos de Trabajo como en los fundamentos del Decreto de Necesidad y Urgencia 54/17, en ningún momento la Corte Suprema señaló que los reproches constitucionales efectuados al sistema (en particular, al art. 46, apdo. 1 de la Ley 24.557) eran subsanables con la cesión de las competencias no delegadas por las provincias al Gobierno nacional.

La Corte Suprema no expresa como se pretende interpretar en la ley, esto es, que la inconstitucionalidad que deriva de la pretensión de sustraer de la jurisdicción provincial a la materia regulada por la Ley de Riesgos de Trabajo y sus modificatorias, asignándola a la jurisdicción federal que pueda ser subsanada con una «adhesión expresa» al régimen legal por parte de las provincias. Y mucho menos alude a la posibilidad (en términos de validez constitucional) de que estas últimas cedan por ley facultades no delegadas por el poder constituyente (3).

El Dr. Gialdino en oportunidad de exponer ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Honorable Senado de la Nación, criticando la invitación contenida en el art. 4 del proyecto, sostuvo lo siguiente: «Se trata, en realidad, de una invitación constitucionalmente inadmisible pues induce a que los estados provinciales realicen actos claramente repudiados por los artículos 5 , 75 -inc. 12- , 121 y 122 de la Constitución Nacional.Tiene juzgado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el célebre caso Jiménez [Giménez] Vargas que los poderes no delegados o reservados por las provincias no pueden ser transferidos a la Nación en tanto no lo sean por la voluntad de las provincias expresada en Congreso General Constituyente. Además, esta inválida y grave delegación también menoscabará el derecho constitucional de toda persona a su juez natural»(4).

No es suficiente que, a través de una ley, la provincia delegue en el PEN su poder jurisdiccional y la facultad que detenta de dictar las normas procesales y competencias que constituyen zonas reservadas por el poder constituyente, que hacen a la vigencia de nuestro sistema federal de gobierno. El quebrantamiento del régimen constitucional se exterioriza nítidamente en la medida que el art. 4 de la ley determina que la adhesión a la que se invita importará la delegación expresa a la jurisdicción administrativa nacional de la totalidad de las competencias necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los arts. 1, 2 y 3 del presente y en el apdo. 1 del art. 46 de la Ley 24.557, así como la debida adecuación de la normativa local que resulta necesaria y, asimismo, que en el art. 3, párrafo segundo se dispone que será la Superintendencia de Riesgos del Trabajo la que dictará las normas de procedimiento de actuación ante las comisiones médicas jurisdiccionales y la Comisión Médica Central.

De modo tal que la requerida adhesión del art. 4 de la Ley 27.348 importaría entonces también la cesión total y absoluta de la competencia para legislar en un organismo administrativo nacional, como lo es la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, quien en los hechos se convierte un nuevo poder constituyente para las provincias. Un verdadero absurdo y una alteración de nuestro régimen federal y división de poderes de nuestro sistema republicano.

«La autonomía provincial es un principio indisponible de Derecho Público.Lejos deberá ser marginada o desconocida por los poderes constituidos. No podemos olvidar que nuestra Constitución es una constitución de estructura rígida, y que -en tanto ello- no corresponde que sea modificada por los poderes constituidos. Esto no veda ni impide su reforma constitucional. De manera alguna. Simplemente para ello exige que medie un procedimiento más complejo que el estatuido para sancionar cualquier ley común, siendo este -de concurrir consenso suficiente- el único conducto del cual en derecho es dable echar mano a fin de ensanchar o restringir la competencia local» (5).

Señala agudamente Machado lo siguiente: «El mecanismo por el que ahora se intenta volver al plan original es simple. Consiste en “invitar” a las provincias a que se “adhieran” al régimen, decisión que implicará transferir a la nación todas las capacidades de las cuales están constitucionalmente investidas. “En otras palabras: si los jueces no nos dejaron ir por las malas, probemos yendo por las buenas”. Me privo de subrayar que, desde luego, la tal invitación constituye un catálogo de eufemismos destinados a vestir lo que seguramente ha de ser para las provincias una oferta que no podrán rechazar, para decirlo en términos de una filosofía al uso de Di Corleone» que, para ser justos, no inventaron este gobierno, ni el anterior, y que tiende a infectar de muerte al ya precarizado federalismo argentino. Se ha naturalizado de modo escandaloso que la realización de obras o, peor aún, el pago de los sueldos, dependen para muchas provincias del discrecional apoyo del tesoro nacional. Pero ¿es constitucionalmente admisible que las provincias, mediante una ley ordinaria de sus legislaturas, renuncie de las atribuciones que se reservaron mediante la Constitución? En sentido material, nuestra Constitución supone un reparto del poder en el doble sentido que dimana de la adopción de la forma de gobierno republicana y federal. Afirma con razón J. V.Solá que «el sistema de distribución de competencias entre el gobierno nacional y las provincias es otra forma de la separación de poderes”. Así, todo cuanto concierne a las capacidades “delegadas y no delegadas” supone un principio arquitectónico -acaso un contenido pétreo, según pensaba Bidart Campos- del que no cabe prescindir sin dejarla a ella misma de lado. Máxime cuando, conforme al art. 5 de la CN, la administración de justicia constituye, junto con el régimen municipal y la educación primaria, una de las funciones esenciales que hacen a la existencia misma de las provincias como entes autónomos» (el subrayado es nuestro) (6).

La falta de autonomía financiera de las Provincias y su dependencia del Estado nacional condiciona su autonomía, y el autentico federalismo (7).

La cesión de «la totalidad de las competencias necesarias» a una SRT cebada y golosa- viene a resultar que la renuncia implica conferir a los médicos la atribución de ejercer funciones de indiscutible contenido jurídico, con la posibilidad eventual de que lo hagan «con autoridad de cosa juzgada» y sin que esté garantizada una revisión judicial ulterior de amplitud consistente con el debido proceso legal (8).

Esta cesión «en blanco», supeditada por supuesto a que las provincias adhieran a la ley nacional, no solo implica una renuncia de carácter general a dictar las normas de procedimiento sino, consentir que sea la Nación quien la sustituya en ese cometido lo cual, francamente, no supera el test de constitucionalidad (9).

Sin perjuicio de la decisiva salvedad constitucional señalada la ley establece que, mientras las legislaturas de cada una de las provincias y la CABA no adhieran al nuevo régimen en los términos del art.4, la ley no será de aplicación por carecer de uno de los requisitos que establece la propia ley para su vigencia y de esa forma sortear el recaudo de constitucionalidad establecido en el fallo «Castillo» de la Corte Suprema, como se invoca en el Mensaje de elevación del Proyecto de Ley por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

Ya señalamos las mejoras que tiene el régimen procesal de la ley 18345 (arts. 14, 20,21y cctes.) y sus modificatorias en el ámbito de la CABA, por lo que a ella nos remitimos. El nuevo régimen las empeora, con la salvedad de que los legisladores y luego los jueces, en caso de adhesión, deberán contemplar esta vuelco regresivo del nuevo régimen respecto de la le y procesal vigente. En consecuencia, al decidir la adhesión deberán considerar la aplicación de la norma más favorable del régimen procesal vigente y aplicando los principios generales del derecho del trabajo (art. 9 de la LCT) y principio de progresividad (art. 75.22 de la CN).

De igual forma en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires el art. 39 establece: «El trabajo es un derecho y un deber social.1. En especial se establece: derecho al trabajo, a una retribución justa, a condiciones dignas de trabajo, al bienestar, a la jornada limitada, al descanso semanal, a igual remuneración por igual tarea y al salario mínimo, vital y móvil.A tal fin, la Provincia deberá: fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones del empleador y ejercer en forma indelegable el poder de policía en materia laboral; propiciar el pleno empleo, estimulando la creación de nuevas fuentes de trabajo; promover la capacitación y formación de los trabajadores, impulsar la colaboración entre empresarios y trabajadores, y la solución de los conflictos mediante la conciliación, y establecer tribunales especializados para solucionar los conflictos de trabajo».

La Ley 11653 de Procedimiento Laboral Bonaerense establece otra limitación a la adhesión irrestricta al Título I de la Ley 27.348 porque la Ley 11653 (arts. 1 y 3 ) dispone la competencia excluyente de la justicia del trabajo para intervenir en los conflictos derivados de infortunios laborales.

Como puede observarse, tanto en la Constitución bonaerense como en la ley procesal laboral de dicha jurisdicción y en el procedimiento vigente en la CABA, se verifican disposiciones con mayor tutela y protección que las que previene la Ley 27.348, las que deberán tener preeminencia en el momento de la adhesión de las provincias, determinando como una opción para los legisladores la adhesión aunque sea parcial de las provincias, permitiendo la subsistencia de las normas adjetivas en vigor más favorables.

En definitiva, según la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos «Obregón» -soslayada completamente tanto por el Poder Ejecutivo al elaborar su proyecto como por el Congreso de la Nación al convertirlo en ley- «la habilitación de los estrados provinciales a que la aplicación de la LRT dé lugar no puede quedar condicionada o supeditada al previo cumplimiento de una vía administrativa ante «organismos de orden federal» como son las comisiones médicas.Por ende, resulta inconstitucional exigir al trabajador que transite tal instancia como paso previo al reclamo por ante el juez natural (10).

Por lo tanto, el dictado de una normativa legal que insiste 20 años después de sancionada la Ley 24557, con algunas modificaciones, la intervención obligatoria, previa y exclusiva de las comisiones médicas que ya se encontraba en vigor en el régimen sistémico, no puede tornar en constitucional aquella exigencia cuestionada por la Corte.

Y que, de concretarse la delegación expresa de poderes reservados desde las provincias hacia la «jurisdicción administrativa nacional» (cf. art. 4 de la Ley Complementaria) se verificaría un acto extraño a las atribuciones de las legislaturas provinciales y, por ende, inconstitucional, por violatorio del sistema federal de gobierno (arts. 1,5, 75, inc. 12, 121, 122 de la CN).

En definitiva puede concluirse lo siguiente (11):

1. Que en las provincias que no adhieran al Título I del nuevo régimen, lo dispuesto en los arts. 1 a 4 del nuevo cuerpo legal y en el art. 46 en su nueva versión no resulta aplicable.

2. Y que de concretarse la delegación expresa de poderes reservados desde las provincias hacia la «jurisdicción administrativa nacional» (cf. art. 4 de la Ley Complementaria), se verificaría un acto extraño a las atribuciones de las legislaturas provinciales y, por ende, inconstitucional, por violatorio del sistema federal de gobierno (arts. 1, 5, 75 -inc. 12-, 121 y 122 de la CN).

3. Que según la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos «Obregón» -soslayada completamente tanto por el Poder Ejecutivo al elaborar su proyecto como por el Congreso de la Nación al convertirlo en ley- «la habilitación de los estrados provinciales a que la aplicación de la LRT dé lugar no puede quedar condicionada o supeditada al previo cumplimiento de una vía administrativa ante «organismos de orden federal» como son las comisiones médicas.Por ende, resulta inconstitucional exigir al trabajador que transite tal instancia, como paso previo al reclamo por ante el juez natural.

4. Que el dictado de una normativa legal que reitera, con algunas modificaciones, la intervención obligatoria, previa y exclusiva de las comisiones médicas que ya se encontraba en vigor en el régimen sistémico, no puede tornar en constitucional aquella exigencia.

5. El resto de las regulaciones de la Ley 27.348 por ser modificación sustantiva del régimen rigen para todo el país desde su sanción con las peculiaridades de cada instituto.

2. Actos procesales en curso de ejecución bajo la tutela de la jurisprudencia de la Corte

Sin duda, se suscitarán conflictos respecto de la aplicación de la ley en el tiempo, en relación con los trámites procesales iniciados o culminados en diferentes etapas, con anterioridad al momento que entre efectivamente en vigencia el nuevo régimen establecido en el Título I de la Ley 27.348, una vez cumplidos todos los recaudos previstos en el art. 4.

Tengamos primeramente en cuenta que los efectos de la ley en el tiempo están contemplados en el art. 7 del CCivCom, que se transcribe a continuación:

Art. 7: «Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.

El nuevo art.7 contiene entonces cuatro reglas, que son las siguientes:

– aplicación o efecto inmediato de las nuevas leyes a las situaciones y relaciones jurídicas en curso;

– principio de irretroactividad salvo disposición legal en contrario;

– límite de la retroactividad dado por los derechos amparados por la Constitución;

– inaplicabilidad de las nuevas leyes supletorias a los contratos celebrados con anterioridad a ellas. Con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.

Sin perjuicio del viejo principio de aplicación inmediata de nuevas normas procesales dictadas, cabría interpretar que el mismo no se podría aplicar automáticamente cuando la nueva norma procesal prevé una acción que en el anterior régimen no exigía, asignándole un trámite específico. De modo que no pueden impugnarse los trámites cumplidos durante la vigencia del anterior régimen y debería mantenerse la validez de los actos cumplidos y los efectos cancelatorios que los mismos poseen.

Bajo la vigencia del sistema anterior, el régimen de CC. MM. era optativo y existía una vía recursiva común con medidas de prueba, procedimiento y presunciones que ahora están desestimados por el cambio procesal.

El Título I de la ley con la intervención obligatoria de las CC. MM. implica una reformulación del acceso mismo a la jurisdicción de los trabajadores que antes no estaban obligados a ello, pero en muchos casos habían iniciado trámites preparatorios para promover acciones judiciales, habilitadas por la jurisprudencia de la Corte, pero que no estarán culminados al momento de la vigencia de la ley: denuncia del siniestro al empleador y a la ART; inicio y / o finalización del trámite ante la ART; inicio de los trámites ante el SECLO en el ámbito de la CABA, según lo prescribe la Ley 24.635 , etcétera.Todos estos se consideran trámites preparatorios, en algunos casos indispensables, en otros no, pero que claramente lo habilitaban sin impedimento alguno a iniciar una acción judicial de acuerdo con el régimen anteriormente vigente.

Siendo que, además, esos casos corresponden a eventos dañosos ocurridos con anterioridad a la vigencia a la Ley 27.348, surge palmario que los actos procesales cumplidos antes de la vigencia plena de la nueva ley en cada jurisdicción son completamente válidos y deben completarse sin necesidad de ejercerse reiteradamente los actos procesales que exige la nueva normativa.

Por lo tanto, interpretamos que, en los casos de iniciación de actos procesales bajo el régimen anterior no correspondería el agotamiento de una instancia administrativa previa y obligatoria como única manera de acceder a la justicia laboral, ni tampoco la abrogación a su vez de la triple opción del art. 24 de la Ley 18.345, en el caso de la CABA, sino que cabe completarse dentro del régimen amparado por la jurisprudencia de la Corte.

No resultaría aplicable a los procesos en trámite, cuando el damnificado sin considerar ni imaginar que gozaba de derechos adquiridos y de los beneficios de la jurisprudencia pacífica de la Corte, se encuentra ante los intempestivos e inconstitucionales cambios legislativos comentados.

La jurista Kemelmajer de Carlucci (12) señala que Roubier distingue dos tipos de leyes relativas a la prueba: las vinculadas a la administración de la prueba (cómo se rinde la prueba pericial o instrumental, por ejemplo) de naturaleza procesal y regidas por la regla de la aplicación inmediata y las que se vinculan directamente al derecho de fondo, como son las que admiten o prohíben determinado tipo de prueba, las presunciones legales, etc. En este último caso, la regla de la aplicación inmediata no es aplicable (por caso, una regla que exige una cierta prueba que no requería la antigua podría privar de su derecho a una persona que no se proveyó de esa fuente probatoria porque no pudo considerarlo necesario.Por lo tanto -continúa afirmando- no se aplican de forma inmediata leyes procesales cuando ello supone dejar sin efecto actuaciones pasadas o conlleva un cambio indebido en las potestades de alegación, prueba y defensa que vulnere garantías fundamentales de las partes. Agrega a su vez lo siguiente: «Si las leyes gobiernan la constitución o extinción, no pueden afectar, sin retroactividad, a los hechos ya acaecidos que han implicado la adquisición o la extinción. Si las leyes gobiernan el contenido y los efectos, los que ya han sucedido, también deben ser considerados hechos cumplidos y por lo tanto no pueden ser afectados por la nueva ley».

Dice también la Dra. Kemelmajer de Carlucci, respecto de los efectos y consecuencias del acto, que debe distinguirse: a. si ya han sucedido y han sido agotados, la nueva ley es inaplicable, a menos que se disponga expresamente y ello no afecte derechos constitucionales; b. si no sucedieron o se encuentran en curso, se rigen por la nueva ley, en su totalidad o en el tramo no sucedido. En los procesos judiciales en trámite, cuando entra en vigencia el CCivCom, es necesario diferenciar las normas procesales de las referidas al derecho de fondo que aplicará el juez para resolver el litigio; las primeras se rigen por la nueva ley, con excepción de los trámites, diligencias y plazos cumplidos o que hayan tenido principio de ejecución o comenzado su curso, los cuales se regirán por las disposiciones entonces vigentes. Lino Palacio, comentando el art. 2 de la Ley 22.434 decía que por principio de ejecución debe entenderse el cumplimiento del acto o actos procesales que constituyen el presupuesto inmediato de otro posterior. Y da el siguiente ejemplo:si se ofreció la declaración de doce primeros testigos (número autorizado por el Código antes de la reforma que lo redujo a ocho) y el juez proveyó de conformidad fijando las fechas de las audiencias correspondientes, no puede luego disponer que se tome declaración solo a los ocho, en cambio, no existiría principio de ejecución si solo hubiese mediado el ofrecimiento de la prueba testimonial y aun no se hubiese proveído (13).

Como ejemplo, la referida jurista cita jurisprudencia sobre el art. 3 del Código Civil como antecedentes con motivo de la vigencia de la Ley 17.711, que pueden servir de orientación para la aplicación del CCivCom: «La citada ley amplió el ámbito de aplicación del artículo 1078 del Código Civil que con anterioridad solo reconocía indemnización por daño moral a la víctima de un hecho ilícito si este era un delito del derecho criminal. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en un fallo plenario dictado el 21 de diciembre de 1971 resolvió que la reforma no regía para los hechos ocurridos con anterioridad» (14).

La Ley 27.348 impone una nueva acción procesal de carácter previo, excluyente y obligatorio de recurrir a CC. MM., cuando el sistema preexistente las había convertido en voluntaria y había habilitado el acceso directo a la justicia del trabajo.

Ante esta situación, en los supuestos en que, habiéndose cursado la vía administrativa, y / o habiendo sido rechazado el siniestro en los términos del art. 6 de la Ley 24.557, no corresponde someter nuevamente al damnificado a un trámite administrativo que irrogaría una demora significativa y en el cual el trabajador reclamó sin tomar en cuenta elementos y reglas que, en su oportunidad, no pudo ponderar ni contar como herramientas de defensa.

Por lo tanto, en estos casos de trámites administrativos ante ART y CC. MM.inconclusos, o rechazados por las ART y estando en preparación la vía judicial, la misma quedó plenamente expedita.

Así lo interpreta el Fiscal General en el Dictamen 71.869, 5 de mayo de 2017, cuando señala lo siguiente: «En efecto, de estar a lo que surge del escrito de inicio, al que cabe ceñirse (ver fs. 9/28), el actor dice haber sufrido un accidente el 8 de septiembre de 2016, y lo cierto es que transitó por la Comisión Médica, que desestimó su posición el 22 de noviembre de 2016 y otorgó una constancia de alta médica el 30 de noviembre de 2016, que el trabajador firmó en disconformidad (ver instrumental agregada en el sobre de fs. 4). Estas circunstancias cronológicas revelan la imposibilidad de encauzar el reclamo en el nuevo diseño de acceso a la jurisdicción, porque cuando el accionante se anotició de lo actuado ante la Comisión Médica, o sea en la fecha mencionada en último término todavía no había sido dictado, ni el Decreto 54/2017 , del 20/1/2017, ni la Ley 27.348, promulgada con ulterioridad, ni la reglamentación emanada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que se emitió el 23 de febrero de 2017, que es esencial en la aplicación del sistema, porque regula el procedimiento mismo e incluso la vía recursiva judicial de revisión. No es correcto, entonces, sostener que es aplicable en la presente contienda una norma como el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley 27.348, que ha sido estructurada para el conocimiento de un recurso que presupone la vigencia de la Comisión Médica local o central, en una vía de reexamen que, en el momento en que el trabajador estaba en condiciones de formular el reclamo, no solo no se había implementado, ni siquiera existía.Destaco que no se trata de contradecir el principio de aplicación inmediata de las normas procesales, pero este debe entenderse supeditado a la puesta en vigencia del sistema adjetivo que la Ley crea. Adviértase que el actor el 30 de noviembre de 2016, o sea a la fecha que estaba en condiciones de instar la revisión, no existía el recurso a cuya competencia territorial se aferra la decisión recurrida. Lo expresado me inclina a propiciar, como ya lo he sugerido, la admisión de la queja por las razones puntuales reseñadas y sin que la iniciativa signifique sentar una pauta general acerca de la hermenéutica posible de la nueva normativa». Eduardo O. Álvarez. Fiscal General.

En consecuencia no resultaría aplicable a los procesos en trámite, cuando el damnificado sin considerar ni imaginar que gozaba de derechos adquiridos y de los beneficios de la jurisprudencia pacífica de la Corte, se encuentra ante los intempestivos e inconstitucionales cambios legislativos comentados.

No podría desconocerse la jurisprudencia laboral que ha determinado que no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de los infortunios ocurridos con anterioridad a la vigencia de una norma, en este caso la Ley 27.348, cuyas acciones y procedimientos se hallaban pacíficamente amparados por el régimen más protectorio de la jurisprudencia del Supremo Tribunal de la Nación de los precedentes «Castillo», «Venialgo», «Marchetti» y «Obregón».

En consecuencia, no podría sometérselos retroactivamente al régimen procesal compulsivo, restrictivo, que impone la nueva ley inexistente al ocurrir los infortunios anteriores a la vigencia de la norma y cuyos trámites para obtener su cobro se habrían iniciado con anterioridad.

Esta afirmación es coherente con lo dispuesto por la inveterada y reiterada jurisprudencia del Superior en el Fallo Plenario 277 de la CNAT en «Villamayor, José Domingo c/ La Franco Argentina S. A.» , del 28/2/1991, donde se expresó así: «. la reforma dispuesta por la Ley 23.643 al art.8 de la Ley 9688, no es aplicable a los infortunios laborales ocurridos con anterioridad a la fecha de su vigencia».

También en la causa plenaria «Prestigiacomo, Luis c/ Haroldo Pinelli S. A.» , del 19 de mayo de 1981, se dispuso lo siguiente: «La ley 21.034 no es aplicable a los accidentes anteriores a su vigencia, aun cuando la incapacidad de ellos derivada se haya consolidado con posterioridad».

En ambos Acuerdos Plenarios, la CNAT sostuvo el criterio pacífico de que la ley vigente al momento de ocurrir el evento dañoso, es el que fijaba los alcances de la responsabilidad del dañante y su aseguradora de indemnizar a la víctima, diferenciando claramente el hecho generador de las consecuencias ulteriores que consolidan el daño.

Concordantemente, en el fallo «Espósito, Dardo Luis c. Provincia ART S. A. s/ Accidente», la Corte Suprema revocó el pronunciamiento de la Sala VI de la CNAT en relación con un accidente «in itinere» ocurrido el 26 de marzo de 2009, determinando que las mejoras establecidas por el Decr. 1694/09 y por la Ley 26.773 no eran aplicables a los siniestros ocurridos con anterioridad a su vigencia (15).

En definitiva, frente al nuevo régimen instituido por la Ley 27.348, no sería admisible aplicar el régimen procesal propuesto respecto de los infortunios que hayan comenzado a promoverse actos procesales para el cobro de las acreencias a los obligados del sistema, bajo el anterior régimen.

El principio de irretroactividad es una regla general que el legislador puede modificar en algunas circunstancias, dictando normas retroactivas a condición de que no se afecten derechos protegidos por garantías constitucionales.

La Ley 27.348 en ninguna parte de su articulado prevé una retroactividad expresa del Título I, arts. 1 a 3, cuando quiso hacer referencia expresa a la vigencia, lo hizo en el art. 4, y en el art. 20 referente a la vigencia de la modificación del art.12 de la Ley 24.557, solo para eventos dañosos ocurridos después de la entrada en vigor de la ley.

No se trata, pues, de transgredir el principio de aplicación inmediata de las disposiciones procesales, sino de efectuar un análisis que contemple la no afectación de los derechos adquiridos por las víctimas cuando, respecto a infortunios laborales anteriores a la vigencia del nuevo régimen normativo, comenzaron a ejercitar actos procesales bajo el régimen tutelar que, con anterioridad, los amparaba.

Una interpretación contraria significaría la retroactividad de la norma e implicaría afectar derechos adquiridos por los damnifica dos, afectando, en especial, la vulneración del consagrado principio constitucional de progresividad (art. 26 de la CADH y art. 2.1 del PIDESC), de aplicación de la norma más favorable (art. 5.2 del PIDCP y 9 de la LCT), por todas las razones expuestas a lo largo de este comentario.

Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario, inexistente en la Ley 27.348.

Este es el principio general de mayor hincapié que se efectúa desde lo interpretativo, porque es el que representa el valor «seguridad jurídica» por sobre el principio de aplicación inmediata, que representa el valor justicia; pero esa valoración ya no surge tan evidente, porque vivimos en tiempos no de progresividad, sino de regresividad, de la cual la Ley 27.348 es patente demostración.

Se ha señalado que el principio general de irretroactividad está estrechamente vinculado con la seguridad jurídica. Saber a qué atenerse y poder actuar en consecuencia supone tener conocimiento de los efectos y consecuencias de nuestra conducta. El principio de irretroactividad constituye un resguardo fundamental de la libertad humana reconocido en el art. 19 de la CN (16).

El Máximo Tribunal en el conflicto negativo de competencia en los autos «Urquiza, Juan Carlos c. Provincia ART S. A.s/ daños y perjuicios» (17), remitiéndose al dictamen de la Procuración General de la Nación, si bien estableció la competencia del fuero civil para conocer en la demanda de un trabajador por reparación de los daños derivados de un accidente laboral (ocurrido el 15/10/2011) fundada en el Código Civil (arts. 1074 y cctes.), dirigida contra la aseguradora de riesgos y deducida ante la Justicia Nacional del Trabajo, los votos se fundaron en el dictamen del Procurador Fiscal que expuso que las leyes modificatorias de la jurisdicción y competencia, aun en caso de silencio, se aplican de inmediato a las causas pendientes, sin que pueda argumentarse un derecho adquirido a ser juzgado por un determinado sistema adjetivo, pues las normas sobre procedimiento y jurisdicción son de orden público, circunstancia que resulta compatible con la garantía del art. 18 de la Carta Magna, «pero efectuando la advertencia de que siempre que no se prive de validez a los actos procesales cumplidos, ni se deje sin efecto lo actuado de conformidad con las leyes anteriores».

3. Adhesión de la provincia de Córdoba

La provincia de Córdoba, la Legislatura de la Provincia, en los términos del art. 4 de la Ley 27.348 adhirió a la ley, pero con singulares diferenciaciones.

Obsérvense las siguientes notas distintivas y artículos claves:

1. Se ordena celebrar convenios de colaboración con la SRT a los fines de crear y constituir Comisiones Médicas en las cabeceras de cada circunscripción judicial existente, que conforman el Mapa Judicial de la Provincia de Córdoba (art. 2, inc. a);

2. Art. 2, inc. g: Agotamiento de la vía administrativa ante la comisión médica de la jurisdicción, prescindiendo de la obligatoriedad para el trabajador afectado de interponer recurso ante la Comisión Médica Central, de conformidad con lo dispuesto en el art.46 de la Ley 24.557 (texto según modificación introducida por la Ley 27.348). Los recursos que interpongan las aseguradoras de riesgos del trabajo no tendrán efecto suspensivo respecto de la incapacidad determinada y del monto de capital correspondiente y solo lo tendrán al efecto devolutivo. El trabajador podrá optar por promover la acción ante los tribunales ordinarios en materia laboral según el art. 9 de la Ley 7987, atrayendo el recurso que eventualmente interponga la aseguradora de riesgos del trabajo ante la Comisión Médica Central y la sentencia que se dicte en sede laboral resultará vinculante para ambas partes. Si las partes consintieran los términos de la decisión emanada de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, tal resolución hará cosa juzgada administrativa, quedando definitivamente concluida la controversia. La homologación de los acuerdos estará a cargo del Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba.

3. Los recursos que interpongan las aseguradoras de riesgos del trabajo no tendrán efecto suspensivo respecto de la incapacidad determinada y del monto de capital correspondiente y solo lo tendrán al efecto devolutivo. El trabajador podrá optar por promover la acción ante los tribunales ordinarios en materia laboral según el art. 9 de la Ley 7987, atrayendo el recurso que eventualmente interponga la aseguradora de riesgos del trabajo ante la Comisión Médica Central y la sentencia que se dicte en sede laboral resultará vinculante para ambas partes.

Art. 3: «Entiéndase que los recursos ante el fuero laboral aludidos en el artículo 2 de la Ley 27.348 y 46 de la Ley 24.557 (texto según modificación introducida por Ley 27.348), deberán formalizarse a través de la acción laboral ordinaria, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 7987».

4. Art. 50:«La entrada en vigencia de las disposiciones contenidas en los artículos 1, 3 y 4 de esta ley quedará supeditada hasta tanto se instrumenten los convenios a los que alude el artículo 2».

Como puede observarse el proyecto de la Legislatura Provincial y es diametralmente opuesto al de Cambiemos que propone la adhesión lisa y llana a la ley, y plantea dentro del contexto regresivo de la ley opciones mejorativas:

Como se observa, la adhesión cordobesa, una vez agotada la vía administrativa se modifica el ridículo e inconstitucional recurso con efecto suspensivo y en relación del art. 2 de la Ley 27.348, se lo sustituye por la «acción judicial plena» ante la Justicia Laboral, respetando así el Código de Procedimiento Provincial; y el principio de revisión judicial pleno de los actos administrativos del fallo de Corte «Ángel Estrada». Todos los recursos de las ART tienen carácter devolutivo no los restringidos y excepcionales previstos por el art. 2 de la Ley 27.348; se deben crear tantas CC. MM. como jurisdicciones judiciales existan en la Provincia, para asegurar el derecho de defensa en juicio de los damnificados.

De este modo, coinciden el mapa judicial de la provincia con la existencia equivalente de Comisiones Médicas, evitando el caos que trae aparejado la creación de Comisiones Médicas en inferior número a los Tribunales existencias, y sobre todo, sin concordancia con la jurisdicción, anarquizando la justicia al colapsar algunos Tribunales y vaciando otros, y, peor aún, obligando a los damnificados a deambular por lejanas zonas distantes de sus lugares naturales.

Hasta tanto no estén cumplidos estos requisitos, no empieza a funcionar el nuevo sistema.

Homologa los acuerdos entre ART y damnificados el Ministerio de Trabajo Provincial, no el Servicio de Homologación de las CC. MM., cooptado por la SRT, o sea las ART.

Auspicioso dentro del contexto regresivo de la ley y la Res. SRT 298/17.

Esperemos que otras provincias, de adherirse, efectúen reservas similares.

4. Dictamen Fiscal Gral. CNAT. Adhesión Pcia. de Buenos Aires

En cambio, en Provincia de B.A. el PRO y el Frente Renovador presentaron sendos proyectos de adhesión a la Ley 27.348 simples e incondicionales que fueron aprobados por las legislaturas en sendas sesiones sobre tablas en la Cámaras de Diputados y Senadores, (al momento de escribir esta nota no se trató, pero no son auspiciosas las noticias) sin ninguna limitación, a pesar de que no se ha cumplido con la creación de las numerosas CC. MM. que requiere la provincia para atender a los miles de casos que se le presentarán, y menos aún que respeten la concordancia con el mapa judicial de la provincia para que el trabajador pueda apelar con alguna cercanía porque, además, se ha prohibido presentar los casos del conurbano en las CC. MM. de la CABA, como ocurría antes de sanción de la ley, para una vez más, evitar que se la intervenga como instancia de apelación a la Justicia Nacional del Trabajo.

Esta aceleración del tratamiento de adhesión de la provincia de Buenos Aires fue desencadenada a consecuencia del dictamen del Fiscal General ante la CNAT, que determinó la admisibilidad de las acciones judiciales en los términos del art. 24 de la LO, para las causas provenientes de la Provincia de Buenos Aires, por entender que rige la norma procesal que admite demandar ante el domicilio del deudor atento que el infortunio laboral ocurrió en la Provincia de Buenos de Aires, que al momento de promoverse la acción judicial no había adherido al régimen procesal de los art. I a III de la Ley 27.348.

El dictamen dice así: «Dictamen 71.920, Expte. 18961/17, 9 mayo de 2017. «Veron José Antonio c/ Omint ART S. A. s/ Accidente-Ley Especial». CNAT Sala 4. Excma. Cámara»:

«V. E. solicita mi opinión acerca del recurso deducido por la parte actora a fs. 35/36vta., destinado a cuestionar la resolución de la Sra.Juez “a quo” que declaró la incompetencia territorial para conocer en las presentes actuaciones porque, en su tesis, no se encontrarían reunidos ninguno de los supuestos previstos por el artículo 2 de la Ley 27.348, ya que, tanto el domicilio del trabajador como el lugar de la efectiva prestación del trabajo o la sede en la cual se reporta, tendría lugar en la Provincia de Buenos Aires, (ver fs. 33/34vta. y 40). A mi juicio, y más allá del parecer que podrían suscitar las argumentaciones del pronunciamiento recurrido que, en principio, no lucen irracionales, la particularidad de este caso concreto, impone la revocatoria de lo resuelto». Y el Fiscal General termina con estas palabras: «Hago esta afirmación, porque todas las facetas a las que alude la norma, tienen lugar en la Provincia de Buenos Aires (ver fs. 5 y sgtes.) y lo cierto es que este Estado local, aún no ha emitido la adhesión que exige el artículo 4 de la ya mencionada Ley 27.348. Adviértase que todavía no se habrían habilitado las Comisiones Médicas jurisdiccionales, en los términos del artículo 38 de la Resolución 298/2017 de la Superintendenc ia de Riesgos de Trabajo, y no podría imponerse al actor un diseño de acceso a la jurisdicción, con una competencia que presupone la vigencia de las referidas comisiones. En síntesis, no se ve desplazado el artículo 24 de la Ley 18.345, al menos en el conflicto que nos reúne y ante el domicilio de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo, corresponde dejar sin efecto lo resuelto, sin que la iniciativa implique sentar posición acerca de los distintos planteos que confluyen». Eduardo O. Álvarez, Fiscal General

Lamentablemente, el dictamen trajo como respuesta corporativa y parcial que la Cámara de Diputados de la Provincia de buenos Aires, aprobara apresurada una respuesta de la legislatura provincial del tratamiento sobre tablas y aprobación por amplia mayoría la adhesión sin reservas a la Ley 27348.Lamentable apresuramiento, cuando no están constituidas las CC. MM. suficientes para atender los centeneras de miles de damnificados que se presentarán con sus reclamos, pues hasta antes de dictarse la ley, se les permitía en alguna de las 10 delegaciones de las CC. MM. con sede en CABA, lo que se ha prohibido a efectos de que no se presenten recursos ante la Justicia Nacional del Trabajo, conforme la ingeniería recursiva de la ley. Pero esta adhesión apresurada sin existencia suficiente de CC. MM. -y mucho menos que coincidan con el mapa judicial de la provincia- traerá innumerables problemas a los damnificados por la lejanía de las CC. MM. (18).

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(1) FERREIRA RUBIO, Delia M.: «CC y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial». Alberto Bueres (dir.) y Elena Highton (coord.), Buenos Aires: Hammurabi, 1995 (comentario al art. 3).

(2) Véanse los siguientes enlaces web: ; .

(3) SOAGE, Laura: «Persistencia de la inconstitucional exigencia legal del tránsito previo por ante las comisiones médicas», Rubinzal-Culzoni, Boletín Diario, 24/2/2017.

(4) Cfr. Versión taquigráfica de la Reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores de la Nación, 23/11/2016, publicación de la Dirección General de Taquígrafos.

(5) SPOTA (h), Alberto A.: «Aproximación a la autonomía provincial a través de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», Sup. Const. 2011 (febrero), 1, L.L. 2011-A, 902.

(6) MACHADO, José D.: «Las provincias no pueden abdicar por ley ordinaria a una facultad que les reservó la Constitución Nacional», en Revista Derecho Laboral, Actualidad On Line.

(7) URIEN, Paula: «Los ingresos propios de las provincias no alcanzan para pagar sueldos», en La Nación, 2 de mayo de 2017.

«La relación entre el empleo estatal y las finanzas públicas en las provincias demostró una emergencia en el caso de Santa Cruz, pero, igual que en otros aspectos de la economía, no es ese el único caso.Con la única excepción de la ciudad de Buenos Aires, ningún distrito logra cubrir con recursos tributarios propios el gasto que les demanda el pago de los sueldos a los empleados estatales. Si se incluyen en el cálculo los ingresos que reciben de la Nación derivados de la coparticipación de impuestos nacionales, la situación es menos crítica, aunque la proporción entre gasto en personal y recursos totales excede el 50% en la mitad de los distritos».

»Un informe de la consultora Economía y Regiones (E&R) analizó caso por caso. El resultado es que solo lo logra la ciudad autónoma de Buenos Aires, que usa solo parte de sus ingresos propios para pagar salarios, aunque esa parte es alta: el 72%. En el otro extremo, Formosa necesitaría multiplicar por siete (771%) su recaudación para cumplir a fin de mes con los sueldos de los empleados provinciales. En condición similar, están La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco. Cuando se incorporan los fondos de la coparticipación, las provincias gastan, en promedio, el 55,9% de sus ingresos totales en solventar el empleo público, llegando al extremo de Tierra del Fuego, donde el 67% del ingreso total se va en pagar salarios públicos».

(8) Ibídem.

(9) Ibídem.

(10) CSJN: 17/4/2012, «Obregón, Francisco Víctor c/ Liberty ART», con voto de los Dres. Lorenzetti, Highton de Nolasco, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni.

(11) En coincidencia con SOAGE, op. cit.

(12) KEMELMAJER DE CARLUCCI, A.: «La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes», en: .

(13) Ibídem.

(14) Ibídem.

(15) CSJN: 7/6/2016, «Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S. A. s/ accidente – ley especial».

(16) FERREIRA RUBIO, Delia M.: «CC y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial». Alberto Bueres (dir.) y Elena Highton (coord.), Buenos Aires: Hammurabi, 1995 (comentario al art. 3).

(17) CSJN: «Urquiza, Juan Carlos c. Provincia ART S. A.s/ daños y perjuicios»,11 de diciembre de 2014, MJJ92383 .

(18) La Superintendencia de Riesgos del Trabajo a través del dictado de la Res. 326/17 creó recientemente 8 Delegaciones, asignándoles competencia en localidades distintas al de las comisiones médicas a las que pertenecen (art. 3 ), con el objetivo de abarcar una mayor superficie territorial en la prestación de servicios. Así, por ejemplo, la Comisión Médica 37 con asiento en la localidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires, cuenta con dos -2- Delegaciones en las localidades de Esteban Echeverría y Quilmes; la Comisión Médica 38 con asiento en la localidad de Morón, Provincia de Buenos Aires, posee tres (3) delegaciones en las localidades de Ramos Mejía, General San Martín y Luján; la Comisión Médica 39, con asiento en la localidad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, cuenta con una -1- delegación en la localidad de Pilar; la Comisión Médica 11 con asiento en la localidad de La Plata cuenta con una -1- Delegación en la localidad de Saladillo y la Comisión Médica 35, con asiento en General Roca, Provincia de Río Negro, cuenta con una -1- Delegación en la localidad de San Carlos de Bariloche. La creación no significa que las mismas estén funcionando correctamente hasta el presente, hay apuro en poner en funcionamiento el sistema, para abortar la vía judicial pero no se construye la infraestructura administrativa para absorber los miles de casos que tendrán que dirimir las CC. MM.

(*) Abogado especializado en derecho del trabajo. Profesor en la Maestría de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, Universidad de Tres de Febrero, y en el Posgrado de Derecho del Trabajo, Facultad de Derecho, UBA. Exasesor legislativo de la Cámara de Diputados de la Nación. Expresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Autor de numerosos artículos y de los libros: Ley de Riesgos del Trabajo, Análisis Crítico y Propuestas, 2007; Riesgos del Trabajo, Temas Fundamentales, 4 ediciones, 2009/el 2012; Riesgos del Trabajo, Ley 26773, Una interpretación protectores frente a un viraje regresiva en materia de daños laborales. Tres ediciones, 2013,2014 y 2015. Expositor en diversos cursos, paneles y jornadas de su especialidad.