Crítica a la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe: Las costas en la caducidad de instancia. Acosta, Gustavo A.

Autor: Acosta, Gustavo A. – Ver más Artículos del autor

Fecha: 7-jul-2017

Cita: MJ-DOC-11688-AR | MJD11688

Sumario:

I. Introducción. II. Aspectos previos sobre la Caducidad de Instancia. III. Aspectos previos sobre los sistemas de imposición de costas. IV. Análisis crítico de la Reforma.

Doctrina:

Por Gustavo A. Acosta (*)

I. INTRODUCCIÓN

La Ley 13.615 introdujo varias modificaciones a la regulación del instituto de la Caducidad de Instancia del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, de todas ellas, en el presente comentario se analizará particularmente la que respecta a la imposición de costas.

El anterior art. 241 del CPCC expresaba lo siguiente: «Las costas del juicio perimido serán en el orden causado si fuere en primera instancia. Si la perención se produjere en segunda, las costas de esta serán a cargo del recurrente»; texto que fue reemplazo por el que reza: «Las costas del juicio perimido serán a cargo del actor. En caso de demanda y reconvención, respectivamente, al actor y al reconviniente. Si la perención se produjera en segunda instancia, las costas de ésta serán a cargo del o los recurrentes». Los argumentos de la reforma de este artículo se sustentan en que siendo el actor quien generó la actividad judicial de la que luego se desinteresó, corresponde que sea este quien cargue con las costas del proceso perimido.

Como se puede observar, se le atribuyó a la imposición de costas una naturaleza netamente sancionadora hacia quien «provocó» la instancia. Sin embargo, son varios los interrogantes que surgen del análisis de estos argumentos, entre los que se pueden destacar los siguientes:

1. ¿Se condice esta solución con el concepto y la finalidad del instituto de la caducidad?

2. ¿La caducidad de instancia se produce por responsabilidad exclusiva del actor?

3. ¿El fundamento sobre la imposición de costas, encuadra en el sistema de costas de nuestro código procesal?

Antes de responder estos interrogantes, se hace necesario determinar ciertos aspectos tanto de la caducidad de instancia, como de los criterios sobre imposición de costas.

II. ASPECTOS PREVIOS SOBRE LA CADUCIDAD DE INSTANCIA

En este punto, se pretende establecer el concepto y la finalidad de este instituto, como así también fijar qué se entiende por impulso procesal, marcando su ubicación dentro de los denominados imperativos jurídicos del proceso.

1.Concepto de Caducidad de Instancia

Respecto del concepto de la Caducidad de Instancia, tanto autores nacionales e internacionales, como la jurisprudencia local, ponen en acento en el comportamiento de ambas partes procesales.

Así Alvarado Velloso la define como «el medio bilateral tácito, que utilizan las partes procesales para lograr, con su propia reciproca inactividad durante un cierto lapso, la finalización del proceso» (1).

Para Chiovenda, es el modo de extinguirse la relación procesal, que tiene lugar al transcurrir un cierto período de tiempo en estado de inactividad (2).

Según Palacio, la caducidad o perención de la instancia constituye un modo de extinción del proceso que tiene lugar cuando, en él, no se cumple acto de impulso alguno durante los plazos establecidos por las leyes (3).

A su turno, la jurisprudencia local la definía sosteniendo esto: «La caducidad de instancia es un medio bilateral y tácito de extinción del proceso, por la inactividad durante el lapso legal» (4).

2.Finalidad de la Caducidad de Instancia

En cuanto a la finalidad de la caducidad, hay opiniones diversas, a simple manera ejemplificativa se puede mencionar a los que sostienen que si el demandante demuestra negligencia al abandonar el proceso por él iniciado, el derecho debe sancionarlo, y esta sanción no puede ser otra que la perención; tal es la posición, por ejemplo, de autores como Devis Echandía (5). Otros, ven en la finalidad de este instituto, la de liberar a los órganos jurisdiccionales de la necesidad de proveer sobre la demanda y todas las obligaciones que se derivan de la existencia de una relación procesal.

No obstante lo anteriormente reseñado, si se analiza con más profundidad la presente cuestión, se aprecia con claridad la vinculación que existe entre la caducidad de instancia con otro instituto del derecho de fondo, que no es ni más ni menos que la prescripción liberatoria.

Los civilistas entienden que la prescripción liberatoria importa la extinción de las acciones que permiten exigir el cumplimiento de una obligación (6); siendo preciso remarcar que en realidad no se extingue la obligación en sí misma, sino que simplemente, pasado un cierto lapso de tiempo, se le otorga al deudor una defensa (excepción) tendiente a repeler la pretensión para exigir su cobro, puesto que aquella aún sobrevive con el carácter de obligación natural.

Cabe recordar que uno de los efectos de la interposición de la demanda, fue desde siempre, la interrupción del curso de la prescripción, esto ya se encontraba establecido en el art. 3986 del CCiv derogado, disposición que se reitera con mayor claridad en el art.2546 del actual CCivCom, ya que este otorga ese efecto a toda petición ante autoridad judicial que dé cuenta de la intención de no abandonar el derecho del que se trate, adoptando de esta manera la interpretación amplia que la jurisprudencia nacional había hecho del anterior artículo.

Como contrapartida a ese efecto, y con la finalidad de no tornar imprescriptibles los derechos, a reglón seguido el art. 2547 limita los alcances del artículo anterior expresando lo siguiente: «Los efectos interruptivos del curso de la prescripción permanecen hasta que deviene firme la resolución que pone fin a la cuestión, con autoridad de cosa juzgada formal. La interrupción del curso de la prescripción se tiene por no sucedida si se desiste del proceso o caduca la instancia».

De esta manera, se puede apreciar, que la finalidad de la caducidad de instancia se desprende del derecho de fondo vigente, y no es otra, más que otorgar operatividad al instituto de la prescripción liberatoria, y de la mano de este a la seguridad jurídica.

3. Impulso procesal

Por último, resta precisar qué se entiende por impulso procesal. Así Chiovenda llama «impulso procesal» a la actividad que tiende a obtener el progresivo movimiento de la relación procesal hacia el fin; existiendo un reparto de iniciativa entre las partes y el juez, en cuya regulación se distinguen los diferentes sistemas procesales, pudiendo concebirse confiado a los órganos jurisdiccionales (impulso de oficio) o a las partes (impulso de parte) (7).

Para Alsina, el proceso es un organismo sin vida propia, que avanza al tiempo que se construye por virtud de los actos de procedimiento que ejecutan las partes y el juez.Esa fuerza externa que lo mueve se llama «impulso procesal», y este, en sistema dispositivo corresponde a las partes (8).

Según Palacio, consiste en la actividad que es menester cumplir para que, una vez puesto en marcha el proceso mediante la interposición de la demanda, aquel pueda superar los distintos períodos de que se compone y que lo conducen hasta la decisión final; refiriéndose la doctrina a los principios de impulso de parte y de impulso oficial, según que, respectivamente, la actividad proceda de las partes o del tribunal (9).

Finalmente la jurisprudencia local lo ha definido como «aquellos actos que llevan al proceso hacia la próxima etapa procesal camino a la sentencia, sea que fuesen hechos por el juez, o las partes o por funcionario judicial» (10).

Sin embargo, en lo que tiene que ver con este punto, no solo nos debemos limitar a resumir qué conceptos nos brindan sobre el mismo los más destacados juristas de la materia procesal, y la jurisprudencia de los tribunales locales, sino que además se hace imprescindibles ubicar a este dentro de los imperativos jurídicos del proceso, entendiendo por tales a los diversos vínculos que se originan con motivo de un proceso, concebido el mismo como una relación jurídica, o situación o situaciones jurídicas, y los cuales se pueden agrupar en tres categorías: deberes, obligaciones y cargas.

Es ampliamente mayoritaria, la postura doctrinaria que ubica al impulso procesal dentro de la categoría de las cargas procesales; entendiendo por carga, la necesidad de una determinada actuación para prevenir un perjuicio procesal y, en último término, una sentencia desfavorable. A diferencia de los deberes, que siempre representan imperativos impuestos en el interés de un tercero o de la comunidad, las cargas son imperativos del propio interés. Según expresa Goldschmidt (11), como la carga procesal es un imperativo del propio interés, no hay frente a ella un derecho del adversario o del Estado.Al contrario, el adversario no desea otra cosa sino que la parte no se desembarace de su carga de fundamentar, de probar, de comparecer, etcétera. Se encuentra aquí el fenómeno paralelo al de los derechos procesales, frente a los cuales no hay obligación. En cambio, existe una relación estrecha entre las cargas procesales y las posibilidades, es decir, los derechos procesales de la misma parte, porque cada posibilidad impone a las partes la carga de aprovecharla con el objeto de prevenir su pérdida.

III. ASPECTOS PREVIOS SOBRE LOS SISTEMAS DE IMPOSICIÓN DE COSTAS

A lo largo de la historia se fueron perfilando dos criterios sobre imposición de costas, uno subjetivo y otro objetivo, según sea la opinión sobre la fuente que origina esa obligación.

El criterio más antiguo es el subjetivo, según el cual las costas eran consideradas como una pena al litigante que promovía o se oponía al juicio sin razón fundada, como mencionaban las Partidas.Es decir, que se veía en la imposición de costas una sanción a quien ha mostrado dolo o al menos culpa en el mantenimiento del proceso, por haber actuado en la emergencia con imprudencia o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones (12).

Más tarde, se observó que el solo hecho del vencimiento no suponía mala fe en el litigante, ya que pudo haber creído justa su demanda o su resistencia, y entonces se estimó necesario dejar librado a la apreciación subjetiva del juez el grado de temeridad que ha de servir de base para la imposición de las costas, lo q ue no siempre resulta posible (13).

Las notorias injusticias que acarreaba la aplicación de teorías extraídas del derecho privado que, como la fundada en la presunción de culpa, no se avenían con la licitud que reviste, en principio, el ejercicio del derecho de acción, ni con el alcance de dicha condena, que se limita a los gastos directa e inmediatamente producidos por el proceso y no comprende otros daños que puedan ser consecuencia de aquel; hicieron imprescindible replantearse el origen de la obligación de reembolsar las costas, y esto dio nacimiento al criterio objetivo de imposición, según el cual, el fundamento de dicha condena no es otro que el hecho objetivo de la derrota, situando de esta manera a la institución en el terreno exclusivamente procesal.

Asimismo Chiovenda, al explicar este nuevo criterio, expresa que la justificación de este instituto se encuentra en que la actuación de la ley no debe representar una disminución patrimonial para la parte en favor de la cual se realiza, siendo interés del comercio jurídico que los derechos tengan un valor posiblemente puro y constante (14).

En este orden de ideas, el Código Procesal Civil y Comercial santafesino adoptó el criterio objetivo de imposición de costas, esto según se desprende de los arts. 250 y primera parte del 251 , que rezan así:

Art. 250 del CPCC:«Cada litigante debe satisfacer las costas causadas a su instancia y la parte que le corresponde en las comunes».

Art. 251 del CPCC: «La parte vencida será siempre condenada a pagar las costas del juicio o incidente aunque no mediare pedido de parte».

Por lo tanto, como regla general, en nuestra provincia para imponer las costas a una de las partes, se hace necesario que esta tenga el carácter de vencida; es decir, que exista un pronunciamiento haciendo lugar o rechazando la pretensión objeto del proceso; consecuentemente, hasta tanto no se cuente con este pronunciamiento, las costas deben ser satisfechas según el orden causado.

IV. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA REFORMA

Ya desarrollados todos los aspectos previos que son considerados necesarios, se puede realizar un análisis crítico de la reforma que introdujo la Ley 13.615 en materias de imposición de costas en la caducidad de instancia, anticipando que la misma dista de ser satisfactoria, tanto del punto de vista teórico-doctrinario como desde el punto de vista práctico.

En cuanto al aspecto teórico, el análisis se puede realizar dando respuesta a los interrogantes propuestos al comienzo del presente artículo.

Así, respecto del primer interrogante propuesto, se puede observar que la reforma se apartó del concepto que la doctrina mayoritaria acepta sobre este instituto, ya que resalta una función sancionadora hacia la inactividad de quien «provocó» la instancia, en contraposición con la citada doctrina que hace hincapié en la inactividad de ambas partes, desprendiéndose de los conceptos oportunamente mencionados que para poder acusar la caducidad de instancia, se hace imprescindible que ambas partes se hayan abstenido de realizar cualquier acto de impulso procesal durante el plazo previsto por la ley.Además, como quedó demostrado con los argumentos vertidos en el punto 2.2., la finalidad de la caducidad de instancia no es sancionar la negligencia del demandante, ni liberar a los órganos jurisdiccionales de las obligaciones que se originan del proceso, sino que su verdadera finalidad consiste en otorgarle operatividad a la prescripción liberatoria y en última instancia brindar seguridad jurídica.

En lo que tiene que ver con el segundo interrogante, claramente se puede sostener que la caducidad de instancia no se produce por exclusiva culpa de actor, ya que si bien este tiene la iniciativa en cuanto es quien decide cómo y cuándo comenzar el proceso, la actitud que toma el demandado dentro del mismo es de vital importancia, pues con la simple negativa, con la oposición de excepciones o con la reconvención, está aportando elementos que hacen necesario un despliegue de actividades a los fines de atravesar las diferentes etapas del proceso hasta llegar a una sentencia que resuelva el conflicto; incluso en la hipótesis del sometimiento del demandado a la pretensión del actor, a través del allanamiento, puede quedar abierto el debate en cuanto a la imposición de costas.

Es decir, que si el demandado con la conducta que toma en lo que hace a su defensa, contribuye a la formación de la efectiva controversia; y si a esto se suma que tal como sostiene la doctrina mayoritaria posee además la carga de impulsar el proceso conjuntamente con el actor, su inactividad es esencial a los fines de que se produzca la caducidad de instancia.Por último, en relación con el tercer interrogante, encuadrar el fundamento de la imposición de costas del caso en análisis en un elemento subjetivo como es la supuesta culpa o negligencia del actor, no se condice con el criterio netamente objetivo adoptado por el Código procesal santafesino en materia de imposición de costas, criterio este que se desprende de los artículos mencionados anteriormente.

Más aún, si se acepta que el criterio objetivo de imposición de costas puede tener excepciones, en este caso fundar la excepción en la «culpa o negligencia del actor» no parece del todo correcto, pues como ya se dijo, la producción de la caducidad de la instancia depende de la inactividad de ambas partes, y esto tiene sustento en que, como quedó sentado en el punto 2.3, en un sistema dispositivo, el impulso procesal se encuentra en cabeza tanto del actor como del demandado, consecuentemente, de existir «culpa o negligencia» en la falta de impulso del proceso, esta es al menos compartida por los dos.

Además, como ya se examinó precedentemente, siendo que el impulso procesal se ubica dentro de lo que se denomina «cargas procesales», y que, por definición, la falta de cumplimiento de estas no es sancionable porque no existe frente a ella un derecho del adversario o del Estado, sino que constituye un imperativo del propio interés, por lo tanto el incumpliente solo pierde una facultad, derecho o chance por la falta de ejercicio oportuno de la actividad requerida; mal podría establecerse la imposición de costas al actor como sanción ante el incumplimiento de su «carga» de impulsar el proceso.

Por último, desde un punto de vista práctico, la reforma también es desacertada, pues ocasiona una serie de nuevos inconvenientes, entre los que se pueden destacar los siguientes:

1.Genera una doble imposición de costas al actor, ya que si bien establece que las costas del proceso principal perimido serán a su cargo, por otro lado difícil es pensar que el actor no cargue además con las costas del propio incidente de caducidad, ya que a pesar de poder allanarse dentro del término legal para contestar (primera parte del art. 251, inc. 1), no lograría obtener costas según el orden causado, debido a que, según los nuevos fundamentos ya vistos siempre «su culpa» dará lugar a la reclamación (segunda parte del art. 251, inc. 1).

2. Crea una situación de desigualdad entre el actor y demandado, esto debido a que sanciona imponiéndole las costas al actor que generó la actividad judicial de la que luego se desinteresó; sin embargo, al mantener vigente el art. 240 , que expresa que el incidente de caducidad no caduca, no sanciona de la misma manera al demandado que luego de plantear el incidente de caducidad se desentiende del mismo al no realizar ningún acto de impulso en el mismo.

3. Anula la salida autocompositiva que posibilitaba la anterior redacción a través de la distribución de las costas, que favorecía la reducción de causas y trámites judiciales, debido a que permitía salir con suma facilidad de un proceso que ambas partes no tenían mayor interés en continuar, pero que tampoco estaban dispuestas a transigir o bien no encontraban la oportunidad para hacerlo. En efecto, en la actualidad, el actor incluso en el caso de que no se vea favorecido con el resultado de las pruebas producidas, no tiene otra alternativa más que continuar con el proceso, ya que difícilmente pueda obtener un acuerdo transaccional, y si opta por desistir de este, cargaría con las costas, al igual que si deja caducar al mismo.

4.Podría generar masivos incidentes de caducidad de instancia de procesos que hace mucho tiempo, y por diversas razones ambas partes dejaron a un lado, logrando de esta manera un efecto contrario al buscado con la reforma, ya que lejos de descomprimir los juzgados, se alienta la actividad en expedientes que llevaban una prolongada inactividad.

5. Puede ocasionar un caso absurdo en la siguiente situación: supongamos que el demandado se allana a la pretensión del actor dentro del término legal para contestar, solicitando que, en virtud de lo establecido en el art. 251, inc. 1, se impongan las costas según el orden causado; corrido el traslado de esta petición al actor, este se oponga manifestando que el demandado se encontraba en mora o que por su culpa haya lugar a la reclamación, situaciones, ambas, que neutralizan la petición del demandado; luego transcurre el plazo legalmente previsto sin que se realice actividad impulsoria alguna, y si el proceso caduca, se impondrían las costas al actor; es decir, que a pesar de ostentar el carácter de vencedor, y que el demandado solo peticionó la imposición de costas por su orden, debería soportar la totalidad de las costas ocasionadas por ambas partes en el proceso.

En resumen, se podría llegar a la conclusión de que la reforma implementada, tanto en su concepción como en su redacción es desafortunada, ya que lejos se encuentra de mejorar el instituto de la caducidad de instancia, el que, no está de más recalcar, no originaba mayores críticas ni descontentos en el foro con relación al régimen de costas de los procesos caducos vigentes, sino, más bien, todo lo contrario.Se arriba a esta conclusión no solo porque desde el punto de vista teóri co, la citada reforma va en retroceso de la opinión doctrinaria mayoritaria, sino que además desde el punto de vista práctico, da origen a una serie de efectos colaterales que no fueron tenidos en cuenta a la hora de su redacción, y como se observó, desata varios eventos, que si bien no fueron queridos, resultan disvaliosos para el proceso.

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(1) ALVARADO VELLOSO, Adolfo: Introducción al Estudio del derecho Procesal, Tercera Parte. Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2008, p. 141.

(2) CHIOVENDA; Giuseppe: Principios de Derecho procesal Civil, Tomo II, Madrid, Reus, 1925, p. 383.

(3) PALACIO, Lino: «Manual de Derecho Procesal Civil». Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2003, p. 555.

(4) CSJSF, 16.09.81, Z, 26-J/124. CSJSF, 4/7/2001, «Fiat Diesel S. A. c. Prov. Santa Fe», Lexis N.º 18/21490.

(5) DEVIS ECHANDÍA, Hernando: Teoría General del Proceso, t. 2. Buenos Aires, Universidad, 1985, p. 664.

(6) BORDA, Guillermo: Manual de Derecho Civil. Parte General. Buenos Aires, Emilio Perrot, 1998, pp. 560 y 561.

(7) CHIOVENDA, Giuseppe: Principios de Derecho procesal Civil, t. 2. Madrid, Reus, 1925, p. 226.

(8) ALSINA, Hugo: Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, t. 1. Buenos Aires, Ediar, 1957, pp. 448 y 449.

(9) PALACIO, Lino: Manual de Derecho Procesal Civil. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2003, p. 64.

(10) CSJSF: 9/10/2002, «Lapaz Ojeda c. Prov. de Santa Fe», Lexis N.º 18/23.248.

(11) GOLDSCHMIDT, James: «Derecho Procesal Civil», Madrid, Labor, 1936, pp. 201-204.

(12) ALVARADO VELLOSO, Adolfo: Introducción al Estudio del derecho Procesal, Tercera Parte. Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2008, p. 479.

(13) ALSINA, Hugo: Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, t. 4. Buenos Aires, Ediar, 1957, p. 526.

(14) CHIOVENDA; Giuseppe: Principios de Derecho procesal Civil, t. 2. Madrid, Reus, 1925, p. 226.

(*) Abogado, UNR. Profesor adscripto de Derecho Procesal Civil, Catedra «C» UNR. Coordinador y Profesor adscripto de Teoría General del Proceso de la Maestría en Derecho Procesal, UNR. Miembro del Centro de Estudios Procesales. UNR.