Excusación de un magistrado por haber efectuado un juicio de valor acerca de la causa en examen, respecto de la designación de funcionarios del Ministerio Público Fiscal

Partes: Será Justicia Asociación Civil c/ Estado Nacional – Procuración General de la Nación s/ amparo Ley 16.986

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 11-may-2017

Cita: MJ-JU-M-104973-AR | MJJ104973 | MJJ104973

Excusación de un magistrado por haber efectuado un juicio de valor acerca de la causa en examen, respecto de la designación de funcionarios del Ministerio Público Fiscal.

Sumario:

 

1.-La excusación del magistrado para decidir acerca de la constitucionalidad de dos resoluciones emanadas de la Procuración General de la Nación relativas a la designación de funcionarios del Ministerio Público Fiscal debe admitirse, ya que si bien participó en un procedimiento concursal para cubrir dichos cargos diferente al que se cuestiona y no elaboró dichas normas, lo cierto es que de sus alegaciones se extrae un juicio de valor sobre el criterio consagrado en la normativa en examen, de carácter positivo en la medida en que resultó beneficiado.

Fallo:

Buenos Aires, 11 de mayo de 2017.

VISTA:

La presentación efectuada por el Sr. Juez de esta Sala, Rogelio W. Vincenti, mediante la cual solicita que se lo excuse de intervenir en este pleito, de conformidad con lo estatuido en los arts. 17, inc. 2º, y 30 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; y CONSIDERANDO:

1º) Que, como fundamento de su petición, el juez Vincenti pone de relieve el objeto del presente juicio -la declaración de inconstitucionalidad de las resoluciones 337/12 y 751/13 de la Procuración General de la Nación- y recuerda que, hasta su designación como vocal de esta Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, se desempeñó “en el Ministerio Público Fiscal, integrando su planta permanente como magistrado fiscal y funcionario de la Procuración General de la Nación”.

En particular, precisa que en “esa Institución me inscribí y participé del concurso público de antecedentes y oposición convocado por resolución PGN 64/00 (26/10/00). En dicho procedimiento de selección (concurso Nº 7/00), obtuve el primer lugar en el orden de méritos e integré la terna para cubrir una de las vacantes (resolución PGN 54/01) y, tras obtener el acuerdo del H. Senado de la Nación, fui designado Fiscal General Adjunto de la Procuración General de la Nación (decreto 425/02). Aquel concurso fue sustanciado bajo las disposiciones del reglamento entonces vigente (aprobado por resolución PGN 61/98) que, al igual que el que se impugna en esta causa, no contemplaba que la integración del jurado se realizara por sorteo público (v. arts. 5º y 6º del regl.cit.)” -énfasis añadido-.

En consecuencia, el juez aduce que “Esta circunstancia provoca que cualquier decisión que adopte sobre la cuestión de fondo en el sub lite se encuentre condicionada por mi anterior participación en un concurso regido por una disposición igual a la que ahora se cuestiona y justifica que me aparte de la causa con fundamento en las disposiciones normativas invocadas” (cfr. fs. 479/vta., énfasis añadido).

2º) Que es menester señalar, a modo de introducción, que este Tribunal no desconoce ni pasa por alto la existencia de diversos motivos, de rigurosa evidencia, que impedirían hacer lugar a la petición en examen. Ello, aun sin considerar el criterio restrictivo que, como principio, se ha sostenido en este ámbito, en función del contundente deber que emerge e impone a todo juez la primera parte del actual art. 116 de la Ley Fundamental, que hace a la esencia de su misión y razón de ser. En este orden de ideas, la Sala ha sentado una línea directriz puntual en la materia, siguiendo -a su entender- la mejor jurisprudencia: que, aun cuando pueda considerarse ponderable la actitud de aquellos magistrados que, frente a circunstancias que puedan arrojar un manto de sospecha sobre su imparcialidad y buen juicio, denuncian razones de decoro o delicadeza o un eventual “interés en el pleito”, “la integridad de espíritu, la elevada conciencia de su misión y el sentido de la responsabilidad que es dable exigirles los colocan por encima de tales sospechas y, en defensa de su propia estimación y decoro, les imponen cumplir con la función que la Constitución nacional y las leyes les han firmemente encomendado” (Fallos: 326:1609, voto del juez Fayt, y 330:251. Asimismo, esta Sala, Exp. 10.955/2011, “Linskens, Susana c/ UBA – resol. 2241/09 – Facultad Farmacia y B (Exp. 725808/09) s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 22.02.12; Exp. 36.549/2012, “HSBC Bank Argentina S.A. c/ UIF – resol. 141/12 sum. 672/10”, sentencia del 23.08.2013; y Exp.5.705/13, “HSBC Bank Argentina S.A. c/ UIF – resol. 239/12 (Expte 1526/09)”, sent. del 19.09.2013, entre otros).

3º) Que, en el sentido indicado cabría señalar, en primer lugar, que los actos administrativos cuestionados en estos autos no son los mismos que el que gobernó el procedimiento concursal al que se sujetó el juez que se excusa. En efecto, mientras que en el sub examine la actora impugna las resoluciones PGN 337/12 y 751/13, como lo recuerda el Dr. Vincenti en su presentación, el concurso en que participó se rigió y fue sustanciado -como él mismo lo apunta- según un ordenamiento distinto: el fijado por resolución PGN 61/98. Vale destacar que, en sustento de su pretensión, la demandante alegó que, mediante la argucia de aprobar un nuevo reglamento de selección de magistrados del Ministerio Público -a través de las resoluciones cuestionadas-, se desnaturalizó el método de selección del jurado respectivo hasta entonces vigente.

La divergencia antedicha se trasladó, también, a los órganos emisores de esos actos, pues no fueron dictados por las mismas autoridades: los primeros citados, criticados en estos autos, lo fueron por la Dra. Alejandra Gils Carbó, mientras que el último fue suscripto por el Dr. González Warcalde.

A lo expuesto se suma el extenso lapso transcurrido entre ambos reglamentos -de aproximadamente 15 años-; la sanción de distintas regulaciones en ese ínterin (resoluciones PGN 119/03; 101/04; 101/07 y 74/12); y, muy especialmente, que el Dr. Vincenti no participó en la elaboración, confección, redacción final, aprobación o aplicación de ninguna de ellas.Por el contrario, y sólo en lo atinente a la resolución PGN 61/98, el nombrado se limitó a sujetar su accionar a un procedimiento ya dispuesto que, en principio y como postulante, no habría podido impugnar por los mismos motivos que invoca la actora en estos autos, so pena de que semejante planteo hubiera sido declarado inadmisible por ausencia de agravio concreto, dado su carácter “conjetural”. Es más, justamente por dicha condición de “postulante” jamás hubiese podido aplicar el criterio normativo en crisis.

Desde otra perspectiva, vale poner de relieve que el Dr. Vincenti es -como lo rememora en su escrito- juez de esta Excma. Cámara Nacional de Apelaciones desde septiembre de 2011 (decreto PEN 1381/11), por lo que tampoco podría alegarse a su respecto un “interés” en la declaración de legitimidad o de ilicitud del estándar consagrado en las disposiciones sub discussio, dado que hace ya más de cinco años que no integra el Ministerio Público Fiscal (arg. Fallos: 329:5900 ), ni ha manifestado intención de hacerlo, con lo que no hay posibilidad de que su revisión lo afecte o pueda hacerlo en un futuro.

Sobre el particular, es necesario tener presente que la noción de “interés” que contempla el inc. 2º, del art. 17 CPCCN e invoca el magistrado, tiene que ver con la idea de “provecho”, “ventaja” o eventualmente “perjuicio”, que debe ser posterior a la promoción del pleito, directo, inmediato y actual (cfr.Falcón, Enrique M. “Tratado de Derecho Procesal Civil, Comercial y de Familia”. Rubinzal Culzoni Editores. Santa Fe. 2006. Tomo I, pág. 261 y ss.; Fenochietto, Carlos E. – Arazi, Roland. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”. Editorial Astrea. Buenos Aires. 1993. Tomo I, pág.107 y ss., entre otros).

No altera esta conclusión las disposiciones sobre imparcialidad judicial consagradas en los tratados internacionales incorporados a la Constitución nacional, en la medida en que resultan complementarias de las prerrogativas reconocidas por esta última así como por las leyes que reglamentan su ejercicio (arts. 14, primera parte; 31 y 75, inc. 22, segundo párrafo, in fine, CN; art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y Fallos: 319:3241 , en especial, consid. 12). Tampoco lo resuelto por la Corte federal en el precedente de Fallos: 330:1457, porque la situación allí ocurrida fue claramente distinta: en tal ocasión se evaluó, grosso modo, si un tribunal de apelación podía mantener imparcialidad “objetiva” en una segunda intervención en un mismo pleito a pesar de ya haberse expedido sobre una cuestión en debate, lo que no sucede en el sub lite.

4º) Que, esta Sala ya ha dicho que aun admitiendo -por hipótesis- un criterio de evaluación más flexible que el que corresponde para las recusaciones, no puede soslayarse que la causal de “interés en el pleito” del art.

17, inc. 2º, CPCCN requiere, por su gravedad y “para surtir efectos, una argumentación fundada, basada en circunstancias objetivamente comprobables, precisas y concretas, con aptitud suficiente para avalar el alejamiento del juez, y no en acontecimientos hipotéticos o inciertos”. Lo contrario podría vulnerar la garantía constitucional del “juez natural” y dar lugar, eventualmente, a una situación de privación de justicia, con directa afectación de la garantía de defensa de la persona y de sus derechos (cfr. esta Sala, Exp.10.955/2011, cit., fallo del 22.02.2012).

En este orden de razonamiento, si lo que le priva de actuar de modo independiente al juez Vincenti en estos autos es, como lo afirma, su participación en el referido concurso, ello es porque entiende que un resultado desfavorable a la validez de la norma podría extenderse a los hechos pasados en los que funda su excusación; o, de lo contrario, porque uno favorable validaría el beneficio obtenido.

Como en autos no se ha cuestionado la aplicación ex tunc del criterio normativo en crisis, no se advierte cuál podría ser el “interés” del excusante que no sea una mera apreciación subjetiva de las consecuencias que pudieran derivarse a su respecto, pues no podría verse afectada su designación en el ministerio público fiscal por una normativa distinta. Por tal motivo, no se aprecia la configuración del “elemento objetivo” que requiere el supuesto del inciso 2º, del art. 17 CPCCN.

Sin embargo, esa apreciación subjetiva que trasuntan los términos en que la excusación ha sido propuesta debe entenderse, implícita pero ineludiblemente, como la formulación de un juicio de valor sobre el criterio consagrado en la normativa en examen, de carácter positivo en la medida en que resultó beneficiado (arg. art. 18, primera parte, C.N.), lo que se asemeja más a la causal del inc. 7º, del art. 17 CPCCN que a la situación que contempla la norma que el magistrado invo ca (inc. 2º, del mismo artículo. Cfr. Fallos: 328:3550). Es en esta situación en que encuentra sostén lo afirmado por el juez en cuanto a que “cualquier decisión que adopte sobre la cuestión de fondo en el sub lite se encuentr[a] condicionada por mi anterior participación en un concurso regido por una disposición igual a la que ahora se cuestiona”, del que resultó ganador.

En función de tales circunstancias, el Tribunal considera que corresponde aceptar la excusación del juez Rogelio W. Vincenti para actuar en estos autos, por hallarse configurada la causal del art. 17, inc. 7º, CPCCN. ASI SE RESUELVE.

Regístrese, notifíquese, y sigan los autos según su estado.

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORAN