El rechazo de la ejecución de un pagaré es improcedente al no existir elementos suficientes que permitan concluir que se trata de una relación de consumo

Partes: Banco Santander Río S.A. c/ Romero León Marydoug Carolina s/ ejecutivo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 18-may-2017

Cita: MJ-JU-M-104785-AR | MJJ104785 | MJJ104785El rechazo de la ejecución de un pagaré es improcedente al no existir elementos suficientes que permitan concluir que se trata de una relación de consumo.

Sumario:

 

1.-Es procedente revocar la resolución que rechazó la ejecución hasta tanto no se desvirtuara la presunción de que se trata de una operación de crédito para el consumo ni se optara por preparar la vía ejecutiva mediante el acompañamiento del instrumento previsto por el art. 36 de la Ley 24.240, si de las constancias de la causa y de la literalidad del pagaré, no se advierte la existencia de elementos de convicción suficientes que permitan inferir sin margen de dudas que la relación pueda ser encuadrada en una relación de consumo.

2.-Toda vez que las circunstancias aludidas en primera instancia para rechazar la ejecución al presumir que se motiva en una operación de crédito para el consumo, son una mera hipótesis conjetural, no cupo presumir en este estadio embrionario del proceso, que el ejecutado sea un consumidor o usuario en los términos de la Ley 24.240 cuando aún no ha sido oído y, menos aún, concluir definitivamente sobre la invalidez del pagaré que se pretende ejecutar pues ello requiere de un acabado análisis de la materia litigiosa, del derecho aplicable y de los elementos que eventualmente puedan arrimar los litigantes.

3.-Cuando la relación subyacente que vinculó a las partes no aparece manifiesta como para someterla a las disposiciones de la Ley 24.240, es pertinente concluir que resultó apresurado presumir la existencia de un crédito para el consumo o una operación aprehendida por el art. 36 del mencionado plexo normativo.

Fallo:

Buenos Aires, 18 de mayo de 2017.

1. La entidad bancaria ejecutante apeló en fs. 16 la decisión de fs. 12/14, en cuanto rechazó la ejecución promovida con sustento en el pagaré copiado en fs. 8.

Los fundamentos del recurso fueron expuestos en fs. 18/21.

La Fiscal General ante la Cámara emitió dictamen en fs. 27/43.

2. Liminarmente cabe señalar que el decisorio impugnado rechazó la presente ejecución, al menos hasta tanto no se desvirtuara la presunción de que se trata de una operación de crédito para el consumo, ni se optara por preparar la vía ejecutiva mediante el acompañamiento del instrumento previsto por el art. 36 de la ley 24.240.

Para decidir de tal modo, el juez de grado concluyó que la institución bancaria ejecutante era una persona que revestía la calidad de “proveedor” en los términos del art. 2 de la ley 24.240, en tanto que el ejecutado era un “consumidor o usuario” según lo establecido por el art. 1 del mencionado plexo normativo. En tal situación, el a quo presumió que el documento copiado en fs. 8 era, en realidad, un “pagaré de consumo” y, como tal, su ejecución resultaba inadmisible; desde que su libramiento habría tenido como único fin eludir el cumplimiento del deber de información previsto en la LDC, y se habría efectuado como un “acto de cobertura” para obtener la vía expedita de cobro del crédito.

Dicha decisión fue recurrida por el ejecutante y motiva la actual intervención de la Sala.

3. Descripto el escenario fáctico del caso, corresponde señalar que, como principio, la facultad del juez en esta etapa liminar del proceso debe limitarse al análisis formal del instrumento con que se deduce la ejecución (arg.cpr 531); siendo claro que su rechazo queda reservado para aquellos supuestos en que la confrontación de los aspectos formales de la pretensión con el derecho positivo resulte evidente.

Sentado ello, cabe señalar que de las constancias obrantes en la causa y de la literalidad del documento traído a ejecución (pagaré copiado en fs. 8) no se advierte la existencia de elementos de convicción suficientes que permitan inferir sin margen de dudas que la relación que vinculó a las partes pueda ser encuadrada en una relación de consumo de conformidad con las disposiciones de la ley 24.240.

En efecto, las circunstancias señaladas en el decisorio recurrido no dejan de ser, al menos por ahora, una mera hipótesis conjetural; y frente a ello, no cupo presumir en este estadio embrionario del proceso, que el ejecutado sea un “consumidor o usuario” en los términos de la LDC:1, cuando éste aún no ha sido oído y, menos aún, concluir definitivamente sobre la invalidez del pagaré que se pretende ejecutar pues, en definitiva, ello requiere de un acabado análisis de la materia litigiosa, del derecho aplicable a la cuestión (CN: 43 y ley 24.240:36, 37 y 65) y de los elementos que eventualmente puedan arrimar los litigantes (conf. esta Sala, 14.07.16, “Banco Santander Río S.A. c/ Sinnot, Gastón s/ ejecutivo”; íd., CNCom., Sala E, 18.3.15, “BBVA Banco Francés S.A. c/ González, Cristian Hernán s/ ejecutivo”; íd., Sala A, 8.7.14, “Banco de la Ciudad de Buenos Aires c/ Pinto, Andrea s/ ejecutivo”).

En síntesis, dado que en el sub lite la relación subyacente que vinculó a las partes no aparece manifiesta como para someterla a las disposiciones de la ley 24.240, conclúyese que resultó apresurado presumir la existencia de un crédito para el consumo o una operación aprehendida por el art. 36 del mencionado plexo normativo (conf. esta Sala, 10.11.16, “Banco Santander Río S.A.c/ Ovalle, Lucas Ariel s/ ejecutivo”; íd., 17.9.15, “Banco Santander Río S.A. c/ Dallochio, José Daniel s/ ejecutivo”; íd., CNCom, Sala A, 9.12.14, “Comafi Fiduciario Financiero S.A. c/ Sosa, Natalia s/ ejecutivo”).

4. Por último, obsérvese que el instrumento en que se basó la acción se encuentra mencionado por el inc. 5° del art. 523 del Código Procesal y su examen revela que, prima facie, cumple con los requisitos de admisibilidad de la ejecución.

En tales condiciones, y sin perjuicio de lo que pudiera resolverse ante eventuales planteos defensivos del ejecutado, júzgase pertinente revocar la decisión impugnada y ordenar se provea la causa de conformidad con la naturaleza de la pretensión.

5. Por todo lo expuesto, y oída la Representante del Ministerio Púbico Fiscal, se RESUELVE:

Admitir la apelación de fs. 16 y revocar la decisión de fs. 12/14; sin costas por no mediar contradictorio.

Cúmplase con la comunicación ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ley 26.856 y Acordadas 15 y 24/13).

Notifíquese a la Fiscal General mediante la remisión de los autos a su despacho y, oportunamente, devuélvaselos sin más trámite, confiándose al juez de primera instancia las diligencias ulteriores (cpr 36: 1º) y las notificaciones pertinentes.

Gerardo G. Vassallo

Juan R. Garibotto

Pablo D. Heredia

Horacio Piatti

Prosecretario de Cámara