Multa para el abogado que conociendo el deceso de uno de sus clientes y la incapacidad del otro omitió informarlo en el proceso judicial iniciado en representación de aquellos

Partes: J. M. M. N. s/ denuncia

Tribunal: Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados

Sala/Juzgado: Segunda

Fecha: 4-may-2017

Cita: MJ-JU-M-104365-AR | MJJ104365 | MJJ104365Es sancionable con multa la conducta del abogado que, conociendo el deceso de uno de sus clientes y la incapacidad del otro, omitió informarlo en el proceso judicial iniciado en representación de aquellos y siguió invocando esa representación.

Sumario:

 

1.-Las razones ensayadas por el abogado denunciado para justificar su accionar, prolongando una representación procesal que había concluido, esto es, que había conversado con la hija de su cliente y no quería presentarse en la querella criminal a pesar de ser nombrada como curadora y que por ello continuó interviniendo sin representación y además … porque no renunciaría a su trabajo de tanto años ni a sus honorarios , son argumentos que no favorecen a exculpar o atenuar la responsabilidad del letrado.

2.-Surgiendo de autos que el abogado denunciado conocía la realidad, tanto el fallecimiento de su mandante, como la existencia de un expediente de inhabilitación respecto de su representada, esposo del anterior, resulta una conducta reñida con le ética que dicho letrado se haya mantenido en silencio durante más de cinco años, sin ponerlo en conocimiento del Juez a cargo de la acción penal como en las derivaciones civiles, lo que lo coloca en una posible confrontación de intereses defendidos en la causa cuyo objeto es la declaración de inhabilitación de su representado y la otra -causa penal- donde invoca la representación de quien el propio profesional expone que resulta inhábil.

3.-El hecho de que el abogado denunciado haya conversado con la hija de su representado y que recibió expresas instrucciones de no ventilarlo y que en protección del secreto profesional, no lo haría, son explicaciones que se contraponen con la obligación de anoticiar la perdida de legitimación que surge de la ley – (art. 53 inc. 5° del CPCCN.) – y que no tiene vinculación alguna con la obligación de guardar secreto profesional.

4.-Resulta cuestionable y contrapuesto con las normas (art. 53 inc. 5° del CPCCN.) – el hecho de que el matriculado siguiera actuando, durante casi seis años y se notificara de resoluciones trascendentes del proceso, pese al deceso de uno de sus poderdantes y al pedido de incapacidad del otro, como por ejemplo las pruebas producidas, audiencias, embargos, etc., sin dar cuenta de ello en la querella, ni la acción civil pendiente, ni en el expediente de insania.

5.-Se violan los deberes profesionales cuando se presentan en un proceso escritos judiciales suscriptos por personas que al momento de su presentación ya han fallecido, habida cuenta que el deber de lealtad exige al abogado un particular cuidado en la realización de sus actos, a efectos de evitar que éstos puedan llevar al juez o a las partes a creer que son algo distinto o que parezcan lo que no son, sin que importe, desde el punto de vista disciplinario, que con ello pueda haberse ocasionado o no perjuicio concreto a persona alguna, ni la invocada falta de intencionalidad, particularmente tratándose de una conducta que afecta gravemente el decoro profesional, estorbando la buena y expedita administración de justicia, con engaño de la confianza que ella debe necesariamente depositar en los auxiliares.

6.-Corresponde la imposición de una sanción cuando la conducta del matriculado ocasionó el dispendio innecesario para la administración de justicia y todo un despliegue de tiempo y actividades desarrolladas, que culminaron con la nulidad absoluta de los actos realizados invocando una personería y legitimación caduca e inexistente.

7.-Resulta reprochable la actuación del abogado denunciado, como representante de una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas, realizando en nuestro país las mismas actuaciones que había llevado a cabo en representación de sus representados a título personal, presentando dicho ente todas las características que exhiben en el mundo las sociedades off shore (falta de identificación de los fundadores, objeto amplísimo, capital insuficiente, omisión de identificar a los suscriptores del referido capital etc.) y cuyos únicos directores titulares eran las mismas personas representadas por el abogado denunciado, habiendo obedecido, la constitución de dicha sociedad, a la … recomendación que le efectuó la entidad bancaria para que por su intermedio y para su seguridad, transfiriera los fondos de su cuenta personal a la sociedad para luego llevar a cabo las inversiones que se celebraron con la Compañía General de Negocios en las oficinas del Banco General de Negocios… .

8.-Al haber fallecido los dos únicos accionistas de la sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas, pero con actividad exclusiva en la República Argentina, y gobernarse esta compañía por lo dispuesto por el artículo 124 de la ley 19550, se trataría en realidad, para la legislación nacional, de una sociedad sin socios , fenómeno que constituye un acto que entra sin dificultades en la categoría de actos inexistentes, que por obviedad no puede ser representada por nadie, al carecer esa empresa , como la llama el denunciado, del carácter de sociedad y de persona jurídico, con los efectos que ello supone.

9.-Siendo de toda obviedad concluir, atento las constancias de la causa y reconocimientos efectuados por el abogado denunciado, que éste no podía ignorar que la sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas e integrada por sus dos mandantes era una sociedad regida por el art. 124 de la Ley 19.550, el cual prescribe que La sociedad constituida en el extranjero que tenga su sede en la República o su principal objeto esté destinada a cumplirse en cumplirse en la misma, será considerada como sociedad local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución o de su reforma y contralor de su funcionamiento . De tal modo, las sociedades que exhiben las especiales características de dicho ente, esto es, constituida por ciudadanos argentinos para actuar en la República Argentina, deben ser consideradas como sociedades irregulares y de hecho, gobernadas, para la fecha de la actuación procesal de la referida sociedad en las causas promovidas por la misma, con las normas previstas en los arts. 21 a 26 de la Ley 19.550, en su versión anterior a la modificación de la Ley 26.994 , vigente a partir del 1º de Agosto de 2015.

10.-Si la sociedad off shore debe ser considerada como una sociedad local, por aplicación de la norma específica del art. 124 de la Ley 19.550, en tanto ella no cumplió con el requisito de inscripción ante el registro local, como lo impone el art. 118 tercer párr. de la Ley 19.550, dicha sociedad debe ser considerada como irregular y si a ello se le suma que la sanción a la infracción a lo dispuesto por el art. 118 de la Ley 19.550, no puede ser otra que la ininvocabilidad de la existencia de la sociedad extranjera en nuestro país, o en otras palabras, su falta de legitimación para reclamar los derechos y obligaciones emergentes de los contratos celebrados en la República Argentina resulta inadmisible que el abogado denunciado invoque la actuación como apoderado de la referida sociedad para justificar su legitimación procesal en las acciones judiciales promovidas por dicha sociedad contra los directivos responsables de los bancos y entidades financieras demandadas, a los fines de la recuperación de los depósitos en dólares efectuados por dicha sociedad, máxime cuando, además, dicho letrado ha reconocido expresamente que esa sociedad – constituida formalmente en un paraíso fiscal pero considerada legalmente como local, por imperio de lo dispuesto por el art. 124 de la Ley 19.550 – estaba integrada y dirigida exclusivamente por sus también defendidos.

11.-El denunciado, atento su carácter de abogado, no podía desconocer la improcedencia absoluta de invocar su actuación como apoderado de una sociedad que carecía de socios, desde el año 2011, no existiendo prueba alguna que la referida sociedad, constituida en las Islas Vírgenes Británicas haya subsanado sus irregularidades en torno a la incorporación de nuevos integrantes, máxime cuando la misma no se encontraba inscripta en los registros mercantiles locales, lo que hubiera permitido tener algún conocimiento sobre el funcionamiento interno de aquella sociedad formalmente constituida en exterior pero sustancialmente argentina, a tenor de lo dispuesto por el art. 124 de la Ley 19.550. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires 4 de mayo de 2017

VISTO Y CONSIDERANDO:

A) La presente causa nro. 28252 en trámite por ante la Sala II del Tribunal de Disciplina, en la que se analiza la conducta profesional del Dr. José Manuel Moyano Nores (T° 18, F° 0633 CPACF) de cuyas constancias resulta:

Que se recibe en esta sede disciplinaria la comunicación cursada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, Secretaría N° 2, por medio de la cual se remiten testimonios del decisorio adoptado por la Sala II de la Cámara del Fuero, en fecha 6 de noviembre de 2014, a fin de que el Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal tome conocimiento y valore la conducta del matriculado José Manuel Moyano Nores.

De la resolución de fs. 2/7, surge que los Sres. Antonio Luis Grosso y su cónyuge Nilda Martiarena de Grosso en su carácter de directores de Edgemere Limited confirieron poder al Dr. Moyano Nores, el 8 de abril del año 2003, para formalizar una querella acusatoria contra los responsables directivos del Banco General de Negocios S.A., Credit Suisse y la Compañía General de Negocios SAIFI y SA por depósitos en dólares en la entidad cuya recuperación se tornó incierta, dando origen a la causa “Rohm Carlos Alberto y otros s/ asociación ilícita”.

Posteriormente Antonio Luis Grosso por derecho propio y patrocinado por el Dr. Moyano Nores solicitó legitimación procesal activa por aquellos depósitos que, a título personal, y en conjunto con su cónyuge y su hija Ana María Grosso, poseía en la citada Compañía General de negocios, ratificando su presentación.

Se indica que el 2 de noviembre del año 2004, el Dr. Moyano Nores se presentó en la causa acreditando su personería con poder General de Administración y Judicial otorgado en su favor por el Sr. Grosso y solicitó ser tenido como actor civil, siendo reconocido en dicho rol. Articulando idéntica pretensión respecto de la empresa Edgemere Limited, con resultado favorable.En razón de dicha legitimación -en nombre de la Compañía Edgemere Limited-el letrado fue realizando varias presentaciones tanto en el sumario principal como en los incidentes, ejerciendo también facultades recursivas.

Para el año 2006 el Dr. Moyano Nores inició demandas civiles, en representación de Edgemere Limited y del Sr. Grosso.

Para el año 2011, el letrado apoderado por Credit Suisse – una de las querelladas -, denunció, en el marco de los incidentes de demanda civil, el fallecimiento del Sr. Antonio Luis Grosso, ocurrido el 31 de agosto del año 2011.

Tras el requerimiento cursado al Dr. Moyano Nores, el mismo informó el nombre de los herederos y sus domicilios, quienes se presentaron en el mencionado incidente patrocinados por el Dr. Moyano Nores, comunicando su participación en la causa y ratificando lo actuado hasta ahí por la parte actora.

Se destaca que en el mes de febrero del año 2012 el Dr. Moyano Nores renunció a las representaciones conferidas en los incidentes civiles instados.

Surge en el punto IIb – del decisorio que se ha tenido a la vista los autos caratulados: “Grosso Antonio Luis S/ insania de tramite ante el Juzgado Civil N° 26, en el que la Sra. Ana María Grosso patrocinada por el Dr. Moyano Nores peticionó la declaración de inhabilitación de su padre, el 9 de mayo del año 2008- en los términos del art. 152 bis inc. 2 del CC incluyendo dentro de sus bienes, los créditos que formaban parte del reclamo en sede penal.

En fecha 20 de junio del año 2008, se designó curador provisorio al Dr. Juan Luis Arito y se dispuso la inhibición general de bienes del Sr. Antonio Luis Grosso y tras la realización de los informes de rigor se lo declaró incapaz el 11 de marzo del año 2010.

El día 21 de mayo del año 2012, el Dr. Moyano Nores renunció al patrocinio de la Srta. Ana Maria Grosso, en su carácter de iniciadora del juicio de insania y posterior curadora definitiva.Con relación a la querella criminal, el Sr. Luis Antonio Grosso, en ocasión de ejercer su derecho, se presentó por sí actuando el Dr. Moyano Nores como abogado patrocinante. Siendo que el Dr. Moyano Nores solo contaba con un poder general de administración y judicial otorgado por el accionante Antonio Luis Grosso, su legitimación resultaba insuficiente como para continuar por sí solo con la acusación instaurada, luego de haberse dictado la inhabilitación de su cliente.

En punto a la representación invocada respecto de la Compañía Edgemere Limited, la Cámara Criminal y Correccional Federal refirió: que “debe decirse que para ejercer el rol de acusador privado en nombre de la sociedad los directores: Antonio Luis Grosso y Nélida Martiarena de Grosso confirieron poder al Dr. Moyano Nores para querellar criminalmente, conforme surge del acta notarial glosada a la causa principal”.

Concluye la Cámara Criminal, “que según los antecedentes glosados a los actuados, se evidencia que el Dr. Moyano Nores se encontraba en conocimiento de los avatares verificados, sin perjuicio de lo cual no informó ni el fallecimiento de la Sra. Nilda de Grosso, ni la promoción de la inhabilitación y posterior declaración de insania del Sr. Antonio Luis Grosso, de los cuales tenía conocimiento”.

Se desprende de las constancias remitidas a esta sede disciplinaria, que finalmente se resolvió “declarar la nulidad de la intervención del Dr. Moyano Nores en todos aquellos actos del proceso principal -querella- y de sus incidencias -acción civil- que no hayan estado acompañados de la firma del actor, a partir del 20 de junio del año 2008.” (Ello en cuanto a lo efectuado en representación del Sr. Luis A. Grosso).

Con relación a la querella intentada en representación de la Sociedad Edgemere Limited, se dispuso ordenar alguna medidas probatorias supletorias, en tanto la cuestión no resultaba del todo aclarada.

A) 1.- Luego de sorteo de la causa disciplinaria que fuera asignada a esta Sala II; la Unidad de Instrucción solicita como medidas previas la remisión de los autos caratulados:”GROSSO ANTONIO LUÍS S/ SUCESIÓN AB-INTESTATO” y de los autos: “Rohm Carlos Alberto y otros s/ asociación ilícita”.

A fs. 23 se recibe el expediente sucesorio, la Unidad de Instrucción extrae copias y procede a su devolución.

A fs. 29/79 se adjuntan copias de la causa penal Rohm Carlos Alberto y otros s/ asociación ilícita”.

A fs. 83/85 obra dictamen de la Unidad de Instrucción por medio del cual se propone el traslado al Dr. Moyano Nores por encontrarse “prima facie” vulnerados los arts. 6 inc. e), y art. 44 incs. e) g) y h) de la ley 23187 y arts. 10 inc. a) y 24 del Código de Ética. Ampliado el dictamen a fs. 87 se agregan los arts. 19 inc. a) y 6 del Código de ética.

A) 2.- A fs. 86 la Sala ordena correr traslado de la denuncia al Dr. Moyano Nores, por encontrarse prima facie vulnerados los arts. 6 inc. e); 44 incs. e); g) y h) de la ley 23187; 10 incs. a) y 19 a), 22 inc. a) y 24 del Código de Ética.

A fs. 118 el Dr. Moyano Nores contesta el traslado. Señala que la Cámara Criminal negándole el derecho constitucional de la defensa en juicio, resolvió enviar copia a este Colegio Profesional a efectos de que se evaluara su conducta.

Añade que niega todos y cada uno de los hechos y la calificación.

Señala que adjunta copias de las presentaciones que efectuara ante la Cámara Criminal de las cuales surge en detalle su actuación a las que se remite expresamente.

A fs. 104/116 acompaña un escrito titulado SE PRESENTA TOMA PARTICIPACIÓN ACOMPAÑA DOCUMENTACIÓN HACE RESERVA DE INTERPONER RECURSO DE CASACIÓN Y PLANTEAR CASO FEDERAL.

En dicho escrito presentado en el incidente de nulidad iniciado por Credit Suisse, el Dr. Moyano Nores manifiesta que tomó conocimiento del incidente de nulidad a través de la denuncia disciplinaria, porque antes nunca se le dio vista del mismo.Señala que la sociedad Edgemere Limited tiene como única titular y presidente a la Ingeniera Ana María Grosso, la cual además es heredera de Antonio Luís Grosso y Nilda Martiarena de Grosso y titular de varios bonos reclamados en el incidente N° 115 y a su vez fue curadora definitiva de su padre.

Añade que los actos jurídicos de una persona de existencia ideal son válidos hasta que los mismos hayan sido revocados por los órganos societarios correspondientes o se haya producido la desaparición legal de la misma.

Refiere que todos los escritos como querellante se presentaron invocando ambas representaciones.

Señala que existió una acumulación de errores, que obviamente resultaron funcionales a la querellada que tiene embargada la suma de $ 100.000.000, y que hizo de todo para tratar de liberarlos, como por ejemplo, pedir la nulidad de todo lo actuado.

Agrega que la jueza cometió el error de no correrle traslado o vista de este planteo de nulidad a él como letrado apoderado de Edgemere Limited y de Antonio Luis Grosso.

En cambio sí les corrió traslado a la Sra. Nilda María Grosso, heredera de Antonio Luís Grosso, pero representada por otro letrado, el Dr. Ortiz de Marco.

Explica que por estrategia profesional en beneficio de Antonio Luis Grosso, de sus hijos y posteriores herederos, y la negativa de los curadores, se decidió no dar a conocer el estado de incapacidad de Grosso, aunque exigió una ratificación expresa de la curadora, la cual con fecha 11 de junio del 2010 la efectuó por escrito.

Señala que no estaba obligado a denunciar el fallecimiento de la Sra. Martiarena de Grosso ya que el mismo no alteraba la situación social y representación de Edgemere Limited.

Asegura que jamás su mandato dejó de existir y siempre mantuvo vigencia.

Manifiesta que no existe en la causa constancia alguna de la defunción del Sr. Grosso antes de la denuncia que efectuara el Dr. Ortiz de Marco en el incidente de nulidad.Agrega que, tanto el fiscal como el Juez de grado, entendieron que en virtud del art. 53 inc. 5° del CPCCN debía seguir defendiendo y continuar ejerciendo su personería hasta que el representante tomase la intervención que correspondía en el proc eso.

Refiere que la Curadora Definitiva, la Ingeniera Ana María Grosso, hija del Sr. Antonio Luis Grosso, ratifico su actuación en el incidente civil n° 115, a fs. 1079, sumado a la circunstancia de que en ninguna ocasión, los herederos de Grosso alegaron la falta de legitimación del letrado para obrar en autos.

A fs. 117 obra escrito de ratificación.

A fs. 93/103 obra resolución de la Jueza Federal Servini por la cual se resuelve rechazar el planteo de nulidad introducido por Credit suisse respecto de la actuaciones del Dr. Moyano Nores en representación de la Compañía Edgemere Limited.

A fs. 129 se ordena un oficio a la Cámara Federal de Casación Penal a fin de que remita copias de la resolución del recurso interpuesto por el Dr. Moyano Nores en el marco del incidente “Credit Suisse AG”, en la causa 22437/2001/165, Cámara 35911.

A fs. 155/159 obra resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, por medio de la cual se resuelve declarar inadmisible el recurso de queja interpuesto por el Dr. Moyano Nores, con costas.

A-3) A fs. 163 se abren a prueba las actuaciones. Y se fija audiencia de vista de causa.

Como prueba informativa reunida, corren por cuerda copias de los expedientes: “Grosso Antonio Luis s/ insania” y el incidente de nulidad formado en la causa “Rohm Carlos Alberto y otros s/ asociación ilícita”.

A fs. 182 se reitera el pedido remisión del expediente penal principal, informándose que no es posible su remisión no obstante poseer 150 cuerpos.

En oportunidad de la audiencia señalada en autos comparece el Dr. Moyano Nores.A preguntas del Tribunal manifiesta que la querella criminal es una causa compleja, posiblemente la defraudación más grande de la historia, en cuyo tema estuvieron implicados seriamente, el Morgan Bank, el Dresdner Bank y el Credit Suisse.

Refiere que esta causa se originó por una denuncia de un político. El Banco General de Negocios pertenecía a estos tres Bancos y por una cuestión estatutaria podía llegar a tener la dirección de la empresa. Señala que aquí se produjo una estafa internacional.

La Sala le solicita al letrado que se ciña a la cuestión de la comunicación del Juzgado.

Señala que el Sr. Grosso tenía un crédito contra estos Bancos y se presentaron en la querella y iniciada, y también lo hizo a través de Edgemere Limited, cuya titularidad era de Grosso y su esposa.

Refiere que en la causa solicitó que se embarguen fondos a las sociedades y la Sala II de la Cámara Federal confirmó el embargo, por el monto de 150 millones de pesos.

Manifiesta que la Compañía General de Negocios tomaba depósitos en Argentina que consistían en el alquiler de bonos.

Se le aclara al letrado Moyano Nores que deberá circunscribirse al tema de la denuncia.

Señala que tiene poder otorgado por Edgemere Limited y por el matrimonio Grosso, refiere que se invocó la teoría de la penetración del órgano para defender los intereses de sus clientes.

Preguntado acerca de cómo vincula la teoría invocada con su falta de legitimación, no contesta.

Añade que los embargos pedidos por el, han sido otorgados, inclusive confirmados por la Cámara de Casación. Agrega que intentaron decir que Grosso había sido declarado incapaz, lo cual es cierto, y que posteriormente falleció, siendo ello cierto también, pero según refiere, no implica que la sociedad hubiese revocado su mandato que aún sigue vigente.

Preguntado quién representaba a la sociedad, responde que el poder que le otorgaron los firmaron los únicos dos socios el Sr. Grosso y la Sra.Martiarena de Grosso.

Posteriormente la Sociedad fue asumida por Ana María Grosso en Agosto del año 2010. Señala que su mandato siempre fue válido.

Preguntado acerca de a nombre de quién fue solicitada la medida cautelar, responde que a nombre del Sr. Antonio Grosso.

Aclara que tenía dos formas de actuar, era querellante y actor civil. Preguntado si tenía un poder especial, otorgado por el Sr. Luis Antonio Grosso responde que no, que poder especial para querellar no poseía.

Refiere que el estaba convencido que lo tenía y “acepta que fue su un error”; pero que tenía un poder general judicial. Añade que de la Sociedad si tenía un poder especial.

Preguntado porque decretaron la nulidad, responde que no decretaron la nulidad que actualmente los embargos se encuentran firmes, confirmando su actuación.

Señala que con relación al Sr. Grosso, cuando inicia el proceso de insania lo hace a pedido de su hija. Aclara que se inicia por art. 152 bis inc. 2), y se nombra un curador provisorio al Dr. Juan Luis Arito, pero éste no quería intervenir en la querella, y luego se nombra a la Sra. Ana María Grosso, pero tampoco quería involucrarse y debió seguir actuando el, sin representación.

Explica el letrado, que no podía denunciar la situación real por el secreto profesional, refiere que perdía sus honorarios. Manifiesta que el código de ética lo obliga a no revelar su secreto profesional. Preguntado acerca de cual era el secreto, responde que era la situación real de Grosso, su cliente, que no podía ventilar que había un juicio por inhabilitación.

Relata que con el mandato otorgado por Edgemere Limited era suficiente, a partir de agosto del año 2010 había cambiado la titularidad de la sociedad.

Agrega que la sociedad estaba constituida bajo las leyes de las Islas Vírgenes.

Señala que de la muerte del Sr. Grosso se entera por los Bancos, porque nadie le avisó.

Añade que cuando nombran curador definitivo a la Sra.Ana María Grosso, debía presentarse en la querella y ella no quería hacerlo. Manifiesta que habla con la Sra. Ana María Grosso y ella le dice que no debía denunciar esta situación en la querella, pero el se sentía obligado a denunciar la situación del Sr. Grosso, su insania.

Explica que decidió seguir las órdenes de sus clientes y no hacer saber esto en la causa penal.

Relata que cuando tomó conocimiento acerca de la resolución de la Cámara declarando la nulidad de sus actos, se enteró por el Colegio de Abogados y decidió intervenir pero no se lo permitían porque había renunciado a la causa.

Manifiesta que presentó una queja porque no lo dejaban defenderse, y la Cámara de Casación le informa que ya el tema estaba resuelto y no tenía motivo de queja.

Terminado el acto el matriculado Moyano Nores ejerce su derecho de alegar oralmente.

El Dr. Andres Iacuzzio dijo:

B) Resulta probado a tenor de las constancias de autos que:

El matriculado Moyano Nores fue apoderado por el matrimonio Grosso y por la Sociedad Edgemere Limited , a los fines de iniciar acciones penales y civiles contra Rohm Carlos Alberto, Credit Suisse, -First Boston Corparation, Securities Europe Limited, Securities USA LLC y otros por la defraudación de valores en Bonex que ascendían a la suma de u$s 1.415.000 dólares estadounidenses.

Según refiriera el propio letrado, el poder otorgado por el Sr. Luis Antonio Grosso y la Sra. Martiarena era general de administración y judicial y el poder que recibiera de la Sociedad, era especial para querellar. También aclaró que la sociedad Edgemere Limited estaba constituida por dos únicos socios, vgr., el matrimonio Grosso.

Según se desprende del incidente de nulidad que corre por cuerda, el Dr. Moyano Nores inició el 8 de abril del año 2003, la encomendada acción penal, en representación de la firma Edgemere Limited, haciendo lo propio, hacia el mes de octubre, pero en nombre de Antonio L. Grosso.No surgiendo de las constancias arrimadas a la causa si también firmaba la presentación la Sra. Martearena o bien solo lo hacía el Sr. Grosso.

Asimismo inició acciones civiles derivadas del perjuicio causado por el injusto penal denunciado, que dieran origen a dos incidentes, no contando con mayores detalles acerca de los mismos.

Hacia el año 2010, el Dr. Moyano Nores logró la traba de un embargo sobre los títulos y/o valores negociables públicos o privados emitidos para ser ofertados públicamente contenidos en cuentas y subcuentas a nombre de Credit Suisse obrantes en la caja de valores SA hasta cubrir la suma de $100.000.000.

Es de hacer notar que la Sra. Nilda Martearena de Grosso, había fallecido el 17 de enero del año 2005, quedando la Sociedad Edgemere Ltd., con un solo socio.

Se desprende de las constancias de autos, que el 6 de agosto del año 2008, mucho tiempo antes del dictado del embargo ordenado, la Sra. Ana María Grosso con el patrocinio letrado del Dr. Moyano Nores solicitó la inhabilitación de su padre, en virtud de problemas mentales que éste padeciera.

Finalmente el Sr. Grosso fue declarado incapaz el 22 de marzo del año 2010, siendo todos estos elementos silenciados por el Dr. Moyano Nores en la querella criminal en trámite.

El 31 de agosto del año 2011, el Sr. Antonio Luis Grosso falleció y su deceso tampoco fue informado por el Dr. Moyano Nores ni en el expediente sobre asociación ilícita, ni en la acción civil iniciada.

Esta circunstancia sólo fue puesta en conocimiento del Juez penal mediante un pedido de nulidad presentado por la Empresa Credit Suisse el 11 de diciembre de 2013, y que diera lugar al incidente de nulidad que corre por cuerda, denunciando así la falta de personería para continuar interviniendo en la querella criminal en atención a la caducidad del mandato otorgado al Dr. Moyano Nores.Como primera medida el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1, solicitó la remisión de los expedientes de insania y el sucesorio y se corre vista de todo ello al Fiscal a cargo.

Así, el 2 de julio del año 2014, la Jueza Servini resolvió no hacer lugar al planteo de nulidad introducido por la representación de Credit Suisse.

Esta resolución fue apelada por la incidentista y la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, resolvió revocar la resolución que no hizo lugar al pedido de nulidad deducida respecto de la querella ejercida por Luis A. Grosso y declarar la nulidad de la intervención del Dr. Moyano Nores, en todos aquellos actos proc esales que no hayan estado acompañados de la firma del actor.

Con relación a la acción civil promovida también se declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del 20 de junio del año 2008.

Cabe distinguir aquí los actos realizados por el Dr. Moyano Nores en representación de la firma Edgemere Ltd., tanto en la querella criminal como en la acción Civil, respecto de los cuales la Cámara dispuso que sean evaluados y definidos por la Sra. Jueza de grado, distinguiendo cuales deberían ser alcanzados por la dictada sanción de nulidad.

El 16 de marzo del año 2015 la Jueza Servini resolvió, no hacer lugar al planteo de nulidad respecto de la actuación del matriculado en nombre y en representación de Edgemere Limited.

Así pues, valoró que “son por demás razonables las dudas que se albergan cuando nos encontramos frente a un poder otorgado por las únicas dos personas titulares de una sociedad, una de las cuales falleció en el año 2005 y la otra fue inhabilitada en al año 2008 para administrar sus bienes, y luego declarada incapaz en el año 2010”. (fs.125 del incidente de nulidad).

Consideró así la Jueza, que la Sociedad constituida bajo las leyes de Compañías Comerciales Internacionales de las Islas Vírgenes Británicas, sólo realizó algún acto aislado en la República Argentina, por lo que podría subsistir con un único socio y la vigencia del mandato otorgado por sus directores mantendría su vigor aún después de la muerte del la Sra. Martiarena.

Enfatizó la Magistrada, que “conforme la resolución 2/2005, la Inspección General de Justicia tiene la facultad de iniciar juicios para solicitar la cancelación registral de las sociedades extranjeras “off shore”, y las constituidas en jurisdicciones consideradas de baja o nula tributación, o en aquellas “no colaboradoras” en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen trasnacional.” Aunque reconoce que dicho “contexto normativo resulta posterior a la fecha en que los representantes de Edgemere Limited otorgan poder a favor del letrado José Moyano Nores, siendo que, el documento data del 8 de octubre del 2002, como así también resulta posterior a la fecha de la constitución de las inversiones que dieron lugar al presente reclamo judicial en nombre de la mencionada sociedad”. (ver fs. 126/127 del incidente de nulidad).

Concluyó pues, que la flexibilidad de las normas que rigen el funcionamiento y constitución de las sociedades “off shore”, que permiten incluso su formación unipersonal, le impiden determinar con certeza si la sociedad mantuvo su vigencia tras el fallecimiento de la Sra. Martiarena o si con posterioridad hubieron modificaciones de sus miembros, lo que además, tampoco ha sido declarado por sus herederos en el expediente sucesorio.

Por ello, consideró que “aún con posterioridad a que la sociedad se convirtiera en unipersonal la actuación del Dr.Moyano Nores ha de ser tenida por válida, tanto en lo que atañe a la querella entablada por Edgemere Limited, como a la acción civil y posterior demanda instauradas en nombre de esta, por carecer de elementos que me lleven a concluir que al tiempo la sociedad poderdante ya no existía”.

B-1) Los argumentos ensayados por el Dr. Moyano Nores para justificar su accionar, esto es, que “había conversado con la hija del Sr. Grosso y no quería presentarse en la querella criminal a pesar de ser nombrada como curadora y que por ello continuó interviniendo sin representación y además porque no renunciaría a su trabajo de tanto años ni a sus honorarios”, no favorecen a exculpar o atenuar la responsabilidad del letrado.

De las propias declaraciones, actuación y dichos del Dr. Moyano Nores, se desprende que éste conocía la realidad, tanto el fallecimiento en el año 2005 de la Sra. Martiarena, como que en el año 2008 se había iniciado un expediente por inhabilitación del Sr. Grosso. Tanto es así que resulta el propio profesional quien lo iniciara patrocinando a la hija del presunto insano.

No obstante conocer estas dos cuestiones, se mantuvo en silencio durante más de cinco años, sin ponerlo en conocimiento del Juez a cargo de la querella, invocando la representación del Sr. Grosso, tanto en la acción penal como en las derivaciones civiles, lo que lo coloca en una posible confrontación de intereses defendidos en la causa cuyo objeto es la declaración de inhabilitación de su representado y la otra -causa penal- donde invoca la representación de quien el propio profesional expone que resulta inhábil.

Argumentó también que nunca supo del fallecimiento del Sr. Grosso en el año 2011, aunque, al unísono refirió que el 11 de noviembre del año 2011 los herederos del Sr. Grosso ratificaron su actuación en el incidente de demanda civil y el que 1° de febrero del 2012, renunció al patrocinio.Agregó que la denuncia del fallecimiento, fue conversado con la hija del Sr. Grosso y que recibió expresas instrucciones de no ventilarlo y que en protección del secreto profesional, no lo haría.

Es dable poner de relieve que la explicación excusatoria narrada por el Dr. Moyano Nores, se contrapone con la obligación de anoticiar la perdida de legitimación que surge de la ley – (art. 53 inc. 5° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) – y entiende la Sala que no tiene vinculación alguna con la obligación de guardar secreto profesional.

Si bien el letrado arguye que los herederos de Luís A. Grosso ratificaron todo lo actuado en el proceso, ello no se encuentra refrendado con ninguna de las constancias de autos, ni surge de la querella criminal, tornando la conducta del matriculado confrontativa con el ordenamiento ético que rige para el ejercicio profesional según la colegiación.

Resulta cuestionable y contrapuesto con las normas (art. 53 inc. 5° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) – el hecho de que el matriculado siguiera actuando, durante casi seis años y se notificara de resoluciones trascendentes del proceso, pese al deceso de uno de sus poderdantes y al pedido de incapacidad del otro, como por ejemplo las pruebas producidas, audiencias, embargos, etc., sin dar cuenta de ello en la querella, ni la acción civil pendiente, ni en el expediente de insania, o bien efectuar algún informe al curador provisorio o definitivo.

Finalmente, todo este proceso culminó con la nulidad de todo lo actuado en representación de la persona física del Sr. Luís A. Grosso, desde el 20 de junio del año 2008, aunque subsistieron los actos cumplidos por el Dr. Moyano Nores en representación de la Sociedad Edgemere Limited por considerar la Jueza, que no era posible determinar si la misma había dejado de existir por encontrarse constituida bajo leyes extranjeras.Así ha tenido oportunidad de expedirse la Sala I de la Cámara Nacional Contenciosa Administrativo Federal en la causa “Ramón Joaquín del Valle c/ C.P.A.C.F, causa nro. 37. 569/98 y ha dicho “.se violan los deberes profesionales cuando se presentan en un proceso escritos judiciales suscriptos por personas que al momento de su presentación ya han fallecido habida cuenta que el deber de lealtad exige al abogado un particular cuidado en la realización de sus actos, a efectos de evitar que éstos puedan llevar al juez o a las partes a creer que son algo distinto o que parezcan lo que no son, sin que importe, desde el punto de vista disciplinario, que con ello pueda haberse ocasionado o no perjuicio concreto a persona alguna, ni la invocada falta de intencionalidad, particularmente tratándose de una conducta que afecta gravemente el decoro profesional, estorbando la buena y expedita administración de justicia, con engaño de la confianza que ella debe necesariamente depositar en los auxiliares. (Consid. V.2.). V.2.).

Con relación a la sanción de nulidad que sufrieron los actos cumplidos en representación del Sr. Grosso, el Dr. Moyano Nores solo contaba con un poder general de administración y judicial otorgado por el accionante, el cual resultaba insuficiente de conformidad con los previsto por el art. 83 del Código Procesal Penal de la Nación, concluyéndose que las presentaciones que no tenían la firma del Sr. Antonio Luís Grosso no fueron validas con independencia de la fecha en que su poderdante dejó de administrar sus bienes. Y dicho error fue reconocido por el Dr. Moyano Nores en la audiencia de vista de causa celebrada en autos, ante la Sala y sus miembros.

Así pues, la actuación del Dr. Moyano Nores, confronta con las previsiones en materia de legitimación y personería para accionar, reconociendo el Dr.Moyano Nores dicho error, aún sabiendo que lo estaba cometiendo al pretender seguir adelante con una querella criminal sin el correspondiente poder especial, a pedido de la curadora designada y considerando que se trataba de una cuestión de estrategia procesal.

Más allá de lo resuelto por la Jueza Servini desde el punto de vista procesal y la validación parcial de lo actuado, la conducta profesional del letrado, en cuanto a la intervención de éste Tribunal, no puede dispensarse si se meritúa que el mismo mantuvo silencio en torno a la situación que atravesaba su poderdante, no dio intervención al curador provisorio motivando que los jueces continúen atendiendo sus pretensiones, cuando ya no detentaba legitimación para atender los intereses que decía representar.

La conducta del matriculado ocasionó el dispendio innecesario para la administración de justicia y todo un despliegue de tiempo y actividades desarrolladas, que culminaron con la nulidad absoluta de los actos realizados invocando una personería y legitimación caduca e inexistente. Más allá de subsistir las cuestionadas actuaciones que realizara en representación de la Sociedad Edgemere Limited. Las que no se reprochan en el presente.

B-2) Cabe adunar que el matriculado refirió que no quería renunciar al juicio porque estaban pendientes sus honorarios.

Al respecto y más allá de dejar a salvo su derecho a cobrar los honorarios por la labor desarrollada, no se alcanza a comprender de qué modo hubie se perdido sus honorarios si manifestaba al Jueza la perdida de incapacidad de su cliente y solicitaba la citación del curador provisorio y luego definitivo.

Por otro lado su propia declaración aparece como una evidencia o reconocimiento de la anteposición de su propio interés al de sus clientes infringiendo lo normado por los arts. 19 inc. a) y 10 inc. a) del Código de Ética.

B-3) Desde la perspectiva analizada, el Dr. Moyano Nores aparece confrontando lo dispuesto en los arts. 6 inc. e); 44 incs. e); g) y h) de la ley 23187; 10 incs. a) y 19 a), 22 inc.a) y 24 del Código de Ética, por lo que hace aplicable una sanción, dado que su obrar generó las incidencias aquí analizadas y el Tribunal de Disciplina no puede justificar el proceder del letrado.

La falta analizada debe ser calificada de leve, según lo previsto en el art. 26 inc. a) y 28 inc. a) del Código de Ética.

Por ello propongo un Imponer la Sanción de LLAMADO DE ATENCIÓN al Dr. Dr. José Manuel Moyano Nores (T° 18, F° 0633 CPACF) en los términos del Considerando E).

C) El segundo Voto correspondió al Dr. Ricardo Nissen quién dijo:

C-1). Concuerdo con el voto del Vocal preopinante Dr. Andrés Iaccuzzio, en lo que respecta al fundamento de condena impuesta al abogado José Manuel Moyano Nores, basado en el hecho de haber iniciado una querella criminal sin el correspondiente y necesario poder especial para hacerlo y continuar, aún después del fallecimiento de uno de los poderdantes y la incapacidad del otro, ejerciendo la representación de los mismos en el juicio y cumpliendo actos procesales, sin dar a conocer al tribunal interviniente la existencia de esos acontecimientos, obstativos de su actuación. Todo ello, como sostuvo el Dr. Andrés Iaccuzzio en su voto, implicó un dispendio jurisdiccional innecesario, que llevó fatalmente a la declaración de la nulidad de los actos realizados por el denunciado, invocando una personería caduca.

C-2). Sin embargo, discrepo con la sanción impuesta, pues el “llamado de atención” sugerido por mi colega resulta una sanción sumamente leve para la infracción cometida por el letrado José Manuel Moyano Nores, pues si, como se afirmó en el voto precedente “Resulta cuestionable y contrapuesto con las normas (art. 53 inc.5° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) – el hecho de que el matriculado se notificó durante seis años de resoluciones trascendentes del proceso, pese al deceso de uno de sus poderdantes y al pedido de incapacidad de otro, sin dar cuenta de ello en la acción civil pendiente ni en el expediente de insana, ni efectuar algún informe al curador provisorio o definitivo”, no parece que dicha sanción sea congruente con la naturaleza y gravedad de la ilegítima actuación profesional que le cupo al referido abogado.

Pero además de ello, el voto precedente no se refiere a otro hecho de extrema gravedad incurrida por el Dr. José Manuel Moyano Nores, que tiene decisiva influencia para la imposición de una sanción de mayor gravedad, como propondré como conclusión de mi voto. Me refiero a la actuación profesional que le cupo a dicho abogado como representante de la sociedad “Edgemere Limited”, también representada por el abogado Moyano Nores y en cuya representación realizó las mismas actuaciones que había llevado a cabo en representación de los Sres. Antonino Luis Grosso y su cónyuge Nilda Martinena de Grosso, a título personal.

Se trata, dicha sociedad, “Edgemere Limited”, a tenor de su estatuto, de una “sociedad comercial internacional” – categoría inexistente en nuestra legislación – organizada de acuerdo con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con domicilio en Road Town, Tórtola, Islas Vírgenes Británicas, cuyo acto constitutivo, insuficientemente traducido en autos (se ha omitido traducir las cláusulas 1 a 45 y 61 a 62 ) , se encuentra acompañado a fs. 100 a 114 del expediente caratulado “Credit. Suisse First Boston Corporation y otros” sobre Incidente de nulidad”, causa nº CFP 22437/2001/165/CA 126, que tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 1, Secretaría nº 2, que el suscripto ha tenido a la vista y que se encuentra en este Tribunal al momento de dictar sentencia.Surge precisamente de dicho expediente, que se trata de una sociedad constituida en un paraíso fiscal, con todas las características que exhiben en el mundo las sociedades “off shore” ( falta de identificación de los fundadores, objeto amplísimo, capital insuficiente, omisión de identificar a los suscriptores del referido capital etc. ) y cuyos únicos directores titulares eran el Sr. Antonino Grosso como presidente y Nilda Martinena de Grosso como vicepresidente, esto es, las mismas personas representadas por el abogado denunciado, lo cual es hecho no controvertido en autos, pues fueron los propios Antonino Luis Grosso y su cónyuge Nilda Martinena de Grosso quienes en su carácter de directores de dicha sociedad, confirieron poder al Dr. Moyano Nores el 8 de Abril de 2003, para formalizar una querella criminal contra los responsables directivos del Banco General de Negocios SAIFI y SA, por depósito en dólares realizado en la entidad bancaria antes referida, cuya recuperación se tornó incierta, dando origen a la causa “Rohm Carlos Alberto y otros sobre asociación ilícita”, promoviendo asimismo, el Dr. Moyano Nores sendas demandas civiles en representación de la sociedad Edgemere Limited y su mandante Antonino Grosso.

C -3)Pero ello no es todo, pues además de esos hechos, están acreditados en la presente causa y reconocido incluso por el denunciado, las siguientes circunstancias, que el suscripto estima de suma importancia destacar:

a) Que los titulares exclusivos del capital y únicos dos socios de la sociedad “Edgemere Limited” eran los Sres. Antonino Grosso y su esposa.

a) Que el letrado José Manuel Moyano Nores tenía poder otorgado por “Edgemere Limited” y por el Sr. Antonino Luis Grosso.

b) Que la Sra. Nilda Martinena de Grosso falleció el día 17 de enero de 2005 y el Sr. Antonino Luis Grosso el día 31 de Agosto de 2011.

c) Que en todos los escritos presentados por el Dr. Moyano Nores, éste se presentó invocando ambas representaciones.

d) Según se desprende del incidente de nulidad que corre por cuerda, el Dr.José Manuel Moyano Nores inició el 8 de Abril de 2003, la encomendada acción penal por asociación ilícita en representación de la firma “Edgemere Limited”, haciendo lo propio, hacia el mes de Octubre del mismo año, en nombre de Antonino L. Grosso, con contar con poder suficiente.

e) Asimismo, está suficientemente probado, como lo ha destacado la Sala II de la Cámara de Casación Penal, en los autos “Credit Suisse AG y otros sobre nulidad” ( fs. 72 a 78, que obra agregado por cuerda al presente ), conforme resolución del 6 de Noviembre de 2014, que “De acuerdo con lo señalado por Grosso al prestar declaración testimonial a fs. 15.553/4 bis, la única finalidad de su creación ( se refiere a la sociedad “Edgemere Limited” ), obedeció a la recomendación que le efectuó la entidad bancaria para que por su intermedio y para su seguridad, transfiriera los fondos de su cuenta personal a la sociedad para luego llevar a cabo las inversiones que se celebraron con la Compañía General de Negocios en las oficinas del Banco General de Negocios.”.

Por el contrario, no está acreditado en ninguno de los expedientes acompañados a esta denuncia, como prueba documental, que la hija del matrimonio Grosso, Sra. Ana María Grosso, se haya convertido en “titular” de la sociedad “Edgemere Limited”, como lo manifestó reiteradamente el denunciado, el abogado José Manuel Moyano Nores, conforme surge de las constancias obrantes a fs. 104 vuelta de la presente denuncia, pues el mero carácter de heredera de los Sres.Antonino Luis Grosso y Nilda Martinena de Grosso – aunque no la única – no implica necesariamente que ella haya adquirido, automáticamente el carácter de accionista de dicha compañía off shore, y la mejor prueba de ello es que las acciones de la sociedad “Edgemere Limited” nunca fueron denunciadas en el expediente sucesorio de su padre, caratulado “Grosso Antonino Luis sobre sucesión ab intestato”, Expediente nº 81.372/2011, que tramitan por ante el Juzgado Nacional en lo Civil nº 66 de esta Ciudad, y cuya copia obra agregada a esa denuncia y en el cual el propio Moyano Nores denunció posteriormente, como bienes omitidos, ocultos o no denunciados por los herederos ( el subrayado es del abogado denunciado ), la existencia de un juicio civil por cobro de dólares e intereses, promovido por “Edgemere Limited”, “pertenecientes al causante por ser el único socio y titular de todas las acciones de la empresa unipersonal “Edgemere Limited”, últimamente dirigida por Ana María Grosso, en su calidad de curadora del causante” ( el destacado es también del denunciado ).

Todas estas manifestaciones, en especial, aquellas vertidas por el denunciado, abogado José Manuel Moyano Nores, que no se destacan por su coherencia, revisten, a mi juicio, importancia decisiva para fundamentar la resolución a dictarse en la causa, pues al haber fallecido los dos únicos accionistas de la sociedad “Edgemere Limited”, y gobernarse esta compañía por lo dispuesto por el artículo 124 de la ley 19550, se trataría en realidad, para la legislación nacional, de una “sociedad sin socios”, fenómeno que constituye un acto que entra sin dificultades en la categoría de actos inexistentes, que por obviedad no puede ser representada por nadie, al carecer esa “empresa”, como la llama el denunciado, del carácter de sociedad y de persona jurídico, con los efectos que ello supone. Repárese que el propio abogado José Manuel Moyano Nores también lo reconoce en el escrito cuya copia obra a fs.104 vuelta de esta denuncia, cuando, refiriéndose a Ana María Grosso textualmente sostuvo y destacó que ella era “la única titular y Directora o Presidente de Edgemere Limited, en reemplazo de los antiguos titulares, hasta donde el suscripto conoce”, afirmación inverosímil, si se tiene en cuenta que era el propio Moyano Nores quien debió aportar la prueba de la existencia de los nuevos integrantes de dicha sociedad, luego del fallecimiento de sus socios originales, para justificar la vigencia y subsistencia legal del poder invocado por el denunciado, lo cual nunca probó, como sin embargo pudo hacerlo, al acompañar la documentación que obra a fs. 106, mediante el cual acreditó que la Sra. Ana María Grosso había asumido el cargo de director de la sociedad “Edgemere Limited” en fecha 23 de Agosto de 2010, pero no el carácter de accionista.

Era precisamente al letrado Moyano Nores quien tenía a su cargo demostrar que la sociedad off shore “Edgemere Limited” no carecía de socios, y así lo entendió aquel cuando a fs. 127 de esta denuncia, y a pedido del Tribunal, Moyano Nores justificó el ofrecimiento de Ana María Grosso como único testigo en la presente causa, para demostrar el carácter de “titular” de dicha sociedad en reemplazo de sus padres, prueba que – como hemos dicho – nunca se produjo, al hacer el Tribunal efectivo el apercibimiento en autos respecto de la testigo Ana María Grosso, dándosele por decaída la producción de dicha probanza ( fs. 195 de esta denuncia ).

3. En consecuencia con todo lo expuesto, es de toda obviedad concluir que el Dr.José Manuel Moyano Nores no podía ignorar que la sociedad “Edgemere Limited”, constituida en las Islas Vírgenes Británicas, fue, al menos hasta el año 2011, fecha del fallecimiento de Antonino Luis Grosso, una sociedad regida por el artículo 124 de la ley 19550, el cual prescribe que “La sociedad constituida en el extranjero que tenga su sede en la República o su principal objeto esté destinada a cumplirse en cumplirse en la misma, será considerada como sociedad local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución o de su reforma y contralor de su funcionamiento”. De tal modo, las sociedades que exhiben las especiales características de “Edgemere Limited”, esto es, constituida por ciudadanos argentinos para actuar en la República Argentina, deben ser consideradas como sociedades irregulares y de hecho, gobernadas, para la fecha de la actuación procesal de la referida sociedad en las causas promovidas por la misma, con las normas previstas en los artículos 21 a 26 de la ley 19550, en su versión anterior a la modificación de la ley 26994, vigente a partir del 1º de Agosto de 2015.

La mejor prueba que la defensa efectuada por el abogado José Manuel Moyano Nores, respecto a los intereses de su cliente Antonino Luis Grosso y su esposa, así como la efectuada a favor de la sociedad “Edgemere Limited”, de las Islas Vírgenes, era la misma, y que existía identidad inescindible de intereses entre todos esos representados, es que aquel abogado, en la audiencia de vista de causa, hizo expresa alusión, con respecto a dicha sociedad, de la aplicación de la doctrina del “disregard” o del allanamiento de la personalidad jurídica, guardando llamativo y sugestivo silencio ante la pregunta efectuada sobre el tribunal en torno a la aplicación de dicha doctrina al caso que nos ocupa.

La jurisprudencia de nuestros tribunales comerciales y la jurisprudencia administrativa de la Inspección General de Justicia ha avalado este criterio, al disponer que “Si la sociedad off shore debe ser considerada como una sociedad local, por aplicación de la normaespecífica del artículo 124 de la ley 19550, en tanto ella no cumplió con el requisito de inscripción ante el registro local, como lo impone el artículo 118 tercer párrafo de la ley 19550, dicha sociedad debe ser considerada como irregular ( CNCom, Sala A, Abril 18 de 2006, en autos “Boskoop Sociedad Anónima sobre quiebra, Incidente de apelación”; ídem, Resolución IGJ nº 201/2006, Marzo 1º de 2006, en el expediente “Máximo Battisti y otro – Hindi Corporation N.V. sobre denuncia”; ídem, CNCom, Sala C, Junio 26 de 2012 en autos “Inspección General de Justicia contra Plátano Sociedad de Hecho, sobre Organismos Externos” etc. ).

Si a ello se le suma que la sanción a la infracción a lo dispuesto por el artículo 118 de la ley 19550, no puede ser otra que la ininvocabilidad de la existencia de la sociedad extranjera en nuestro país, o en otras palabras, su falta de legitimación para reclamar los derechos y obligaciones emergentes de los contratos celebrados en la República Argentina ( fundamentos del dictamen de la Dra. Gabriela Boquín, como Fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en autos “Viajes Ecuador Argentina SRL sobre quiebra, Incidente de restitución de bienes de Narade S.L.” ), resulta inadmisible que el abogado José Manuel Moyano Nores invoque la actuación como apoderado de la sociedad “Edgemere Limited”, para justificar su legitimación procesal en las acciones judiciales promovidas por dicha sociedad contra los directivos responsables del Banco General de Negocios, Credit Suisse y la Cía.General de Negocios SAIFI, a los fines de la recuperación de los depósitos en dólares efectuados por dicha sociedad, máxime cuando, además, dicho letrado ha reconocido expresamente que esa sociedad – constituida formalmente en un paraíso fiscal pero considerada legalmente como local, por imperio de lo dispuesto por el artículo 124 de la ley 19550 – estaba integrada y dirigida exclusivamente por sus también defendidos, los ciudadanos argentinos Antonino Luis Grosso y Nilda Martinena de Grosso, quienes al perder legitimación en sus reclamaciones particulares contra las referidas entidades bancarias y financieras, como consecuencia de su declaración de insania y fallecimiento, respectivamente, han provocado el mismo e idéntico efecto respecto de la sociedad “Edgemere Ltd”, que desde el año 17 de enero de 2005, al fallecer la Sra. Nilda Martinena de Grosso, se había convertido en una sociedad unipersonal, inadmisible para nuestro derecho para esa fecha, para luego, con el posterior fallecimiento de Antonino Luis Grosso, el día 31 de Agosto de 2011, quedó aquella compañía huérfana de todo socio, siendo la existencia de pluralidad de socios requisito esencial imprescindible para la actuación de cualquier sociedad constituida en la República Argentina o considerada tal, a tenor del artículo 124 de la ley 19550.

C- 4). En definitiva, el Dr. José Manuel Moyano Nores, atento su carácter de abogado, no podía desconocer la improcedencia absoluta de invocar su actuación como apoderado de una sociedad que carecía de socios, desde el año 2011, no existiendo prueba alguna en las presentes actuaciones, que la sociedad “Edgemere Limited” haya subsanado sus irregularidades en torno a la incorporación de nuevos integrantes, máxime cuando la misma no se encontraba inscripta en los registros mercantiles locales, lo que hubiera permitido tener algún conocimiento sobre el funcionamiento interno de aquella sociedad formalmente constituida en exterior pero sustancialmente argentina, a tenor – como hemos visto – de lo dispuesto por el artículo 124 de la ley 19550.

A ello no obsta la resolución dictada por la Sra.Juez Federal María Romilda Servini el día 16 de Marzo de 2015, obrante en el Incidente nº 165 de nulidad, promovido por Credit Suisse AG, en el marco de la causa nº 22437/2001, en cuanto rechazó el planteo de nulidad introducido por la presentación de dicha entidad bancaria, respecto de la actuación del Dr. José Manuel Moyano Nores, en nombre y representación de “Edgemere Limited” en este incidente, confirmada el día 22 de Septiembre de 2015 por la Sala II Cámara Federal, ni pueden, dichos fallos, convalidar la actuación profesional del abogado Moyano Nores en representación de dicha sociedad, toda vez que dichas resoluciones no tuvieron en cuenta, para así resolver, lo dispuesto por el artículo 124 de la ley 19550, que prescribe la aplicación de la ley local a las sociedades constituidas para cumplir su objeto o desarrollar la totalidad de su actuación en la República Argentina, denominadas “sociedades constituidas en fraude a la ley”, y no haber acreditado, el denunciado, como se había comprometido, la existencia de nuevos socios de la referida sociedad, luego del fallecimiento de su integrante o integrantes originales.Con otras palabras, y con esto concluyo estos razonamientos, mal podía el abogado Moyano Nores ignorar que se trataba, “Edgemere Limited” de una sociedad constituida por ciudadanos argentinos y radicados en la República Argentina, fundada en el extranjero por imposición del banco Credit Suisse, para mayor comodidad en la operatoria mantenida con el Banco General de Negocios, que operó con exclusividad en la República Argentina, esto es, una sociedad encuadrada en el artículo 124 de la ley 19550, y que se quedó sin socios por fallecimiento, en los años 2005 y 2011, de sus dos únicos integrantes, dejando de ser, con ello, una persona jurídica, susceptible de ser representada en forma alguna.

C- 5). Por todo lo expuesto y atento la gravedad de las faltas incurridas, es que propongo imponer al abogado José Manuel Moyano Nores la sanción de multa, en tanto la falta analizada debe ser calificada como grave, ya que el matriculado infringió deberes de trascendental importancia para el correcto ejercicio de la abogacía, según lo previsto en el art. 26 inc. b) y 28 inc. b) del Código de Ética.

D) Los Dres. Manuel Cuiñas Rodríguez y Álvaro Pérez de Castro adhieren al voto del Dr. Ricardo Nissen.

E) Por su parte la Dra. Virginia Carmen Badino expreso:

Que adhiere a los fundamentos vertidos por su colega preopinante Dr. Iacuzzio, aunque considera que la conducta desplegada por el Dr. Moyano Nores – quien durante cinco años indujo a error a la Jueza interviniente prosiguiendo en las actuaciones a pesar de carecer de representación suficiente- refleja gravedad en el comportamiento profesional desplegado, lo que aunado a la excusa de que intentaba no perder su derecho al cobro de honorarios, para justificar una actuación desleal, merece el reproche de esta Sala siendo pasible de la aplicación de una multa, por considerar, la falta, como grave.

F) En mérito a las consideraciones y votos que anteceden, se encuentra probado que el Dr. José Manuel Moyano Nores (T° 18, F° 0633 CPACF), ha vulnerado los arts. 6 inc. e); 44 incs.e); g) y h) de la ley 23187; 10 incs. a) y 19 a), 22 inc. a) y 24 del Código de Ética de Ética en orden a lo cual corresponde imponer una sanción al nombrado ponderando la antigüedad en la matrícula y sus antecedentes disciplinarios. (art. 26 C.E).

Por todo lo expuesto y citas legales, la Sala II del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por Mayoría:

RESUELVE:

Aplicar al Dr. José Manuel Moyano Nores (T° 18, F° 0633 CPACF) la sanción disciplinaria de MULTA (art. 45 inc. c) de la ley 23187) por el importe de pesos noventa y cuatro mil quinientos ($ 94.500 ), que deberá hacerse efectiva dentro del quinto día de quedar firme la presente resolución. En caso de mora en el pago, se aplicará la tasa activa en pesos promedio mensual del Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento de documentos comerciales u otros equivalentes.

Regístrese, Notifíquese y una vez firme, póngase en conocimiento del Consejo Directivo, y Cumplido, archívese.